AGLI Recortes de Prensa   Viernes 12  Junio  2020

¿La abogacía del Estado y la fiscalía al servicio del Gobierno?
Ahora la principal preocupación de Sánchez y de su gobierno se centra en procurar tergiversar la historia del coronavirus
Miguel Massanet diariosigloxxi 12  Junio 2020

Artículo 117 CE.
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la Ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan…

Es conveniente, en este país en el que los políticos están sujetos a la tentación de intervenir en todos los ámbitos de la vida de sus ciudadanos y en cuantas instituciones, derivadas de la Constitución, mediante las cuales se ejerza algún tipo de poder sobre el pueblo español, y cuando, con pleno desconocimiento y desprecio por la separación de los poderes del Estado que, según la teoría de Separación de Poderes del Estado de Montesquieu, “se trata de un principio político en algunas formas de gobierno, en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. Esta es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia representativa”. Es oportuno recordar que nuestra vigente Constitución tiene muy claro que existe una independencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para que, cada uno de ellos, ejerza las funciones específicas que tiene asignadas con plena independencia y autonomía, de modo que cada uno de ellos, tenga derecho a actuar libremente sin que, ninguno de los restantes, tenga la posibilidad de intentar coartar, intervenir o entorpecer el normal funcionamiento y la plena libertad de tomar sus propias decisiones sin interferencia alguna por parte de los otros dos.

Claro que, cuando se trata de un gobierno especialmente proclive al autoritarismo, capaz de cualquier método que le sirva para defenderse de sus irresponsabilidades sin que, para conseguirlo, tenga el más mínimo escrúpulo o cargo de conciencia si precisa de utilizar métodos poco ortodoxos, presionando al legislativo o al judicial para intentar impedir que pudieran actuar de forma que le pusieran en un compromiso con sus electores o, en su caso, pusieran en peligro su objetivo primordial que es, sin duda alguna, mantenerse en el poder a toda costa; entonces, señores, si hay que mentir, se miente; si hay que chantajear, se chantajea; si lo que hace falta es amedrentar a los representantes de la Justicia, se hace y si lo que intentan conseguir es que un juez o un magistrado deje de respetar lo que es su deber de hacer cumplir la Ley y, para ello, lo que precisan es movilizar a la abogacía del Estado o a la propia fiscalía, pues no tengan la menor duda de que van a hacerlo, pese a quien pese y a si es necesario remover Roma con Santiago para conseguirlo.

En estos momentos una juez, la señora Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado número 51 de Madrid, investiga la manifestación del 8-M, considerando que es “clave” conocer desde cuándo supo el señor José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, “que mantener la distancia social evita el riego de contagio del coronavirus”, una información básica “a efectos de valorar si, en su caso se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia”. Dicha juez se ha encontrado con la oposición sistemática y extraordinariamente agresiva de la Abogacía del Estado (evidentemente a las órdenes del Gobierno) y la Fiscalía ( la señora Dolores Delgado, exministra de Justicia del gobierno de Sánchez, fue nombrada a dedo por el señor Sánchez, para el puesto de fiscal General del Estado, pese a las críticas que suscitó el hecho de que un miembro destacado del gobierno socialista y especialmente adepto a la figura de su secretario general, ocupara un cargo tan importante al frente de todos los fiscales del Estado) ya que, en ambos casos, dichas instituciones se han manifestado a favor de que se archivasen las diligencias contra el señor Franco ( un directivo del PSOE); pese a lo cual y a las furibundas críticas recibidas de ambos colectivos, la señora Rodríguez Medel no se ha dejado amilanar y ha decidido continuar las diligencias emprendidas, por considerar que tiene suficientes motivos para creer que, en el caso de la manifestación feminista del 8-M, existen suficiente indicios, avalados por los informes del forense, de que el señor Franco pudiera haber prevaricado.

En todo caso, el toque a rebato del Gobierno para que todos los miembros del ejecutivo salieran a defender al señor Franco, cargando las tintas sobre la señora juez que se “ha atrevido” a encausar a uno de sus dirigentes (todos sabemos que para comunistas y socialistas sólo pueden ser acusados a los miembros de las derechas ya que, los suyos, tienen patente de corso para obrar como les salga de las narices, si se trata de defender al partido, a los suyos y su permanencia en el poder. Qué es vergonzoso que en una democracia ocurran cosas como esta, nadie lo puede negar; qué estamos en manos de una serie de sectarios sin escrúpulos cuando se trata de actuar contra las derechas, no es más que una obviedad; que cada día resulta más evidente que vamos caminos de una nueva dictadura de las izquierdas inspirada en la de Venezuela, todos los indicios parecen inducirnos a pensar que es cierto.

Una cosa es obvia y es que, el señor Pedro Sánchez, parece dispuesto a avanzar a marchas forzadas en su empeño de acabar con el actual sistema de Monarquía Parlamentaria por el que nos hemos estado rigiendo desde el fallecimiento del general Francisco Franco, disponiendo a estos efectos de la colaboración, no sabemos si interesada o, simplemente, mientras no se encuentre lo suficientemente fuerte para derrocar a Sánchez con el objetivo de erigirse en un nuevo dictador, al estilo del señor Stalin, quizá no en cuanto a su inteligencia y visión política, pero sí por lo que de radicalismo comunista y de capacidad demagógica para convencer a todos aquellos que todavía siguen creyendo en aquello de la lucha de clases, pese a que la Historia (qué pocos la conocen) ha demostrado ampliamente que todas las naciones en las que se ha implantado el comunismo bolchevique, han terminado en la ruina y con sus ciudadanos sumidos en la miseria.

Ahora la principal preocupación de Sánchez y de su gobierno se centra en procurar tergiversar la historia del coronavirus, vender que los culpables de los daños que ha ocasionado la pandemia no eran ellos, los que gobernaban y los encargados de enfrentarse al virus, los directamente responsables, sino los señores de la oposición a los que no se los consultó, se ignoraron todas sus propuestas y se los mantuvo apartados, como apestados, en cualquier decisión que se tomara por quienes se atribuían los méritos de saber el mejor recurso para luchar contra el Covid 19, pese a que los resultados han sido catastróficos, vergonzosos, delictivos, incontrolados y, evidentemente, consecuencia de una gestión incompetente, desafortunada, manipulada y carente de la más mínima planificación, como se ha ido demostrando a través de los meses que hemos estado sufriendo los efectos, no sólo del coronavirus, sino también de un desgobierno sectario, improvisador, lleno de errores y de rectificaciones, que sólo ha conseguido que los previsibles efectos de la pandemia se multiplicaran varias veces, con lo que ello ha supuesto en el número real de personas fallecidas por esta enfermedad ( pese a que el Ejecutivo ha hecho de mangas capirote para evitar que se conocieran las cifras reales de fallecidos por la pandemia).

Hasta ahora, a los socialistas les convenía alargar el miedo a la epidemia. Pero parece que ha llegado el momento en el que se van dando cuenta de que los efectos en la economía del país empiezan a ser evidentes y se están empezando a poner nerviosos, por lo que buscan la vuelta a lo que ellos denominan “la nueva normalidad”, como si la normalidad pudiera ser otra cosa distinta que la vuelta a la situación previa a la crisis sanitaria. Evidentemente que, la normalidad que para socialistas y comunistas parece que es deseable, no lo es en forma alguna para los que diferimos sustancialmente del sistema de gobierno que intentan implantar en España, basado en la llamada “igualdad”, en la estatalización de la economía, en el control estatal de las industrias y la regulación de las rentas, la nacionalización de las empresas y supresión de las libertades individuales.

Por desgracia, no parece que la ciudadanía española esté en condiciones de reaccionar ante esta nueva situación en la que nos han situado los nuevos gobernantes, quizá porque nunca se han encontrado en un contexto político como el que, desafortunadamente, tenemos en estos momentos y no son capaces de poder entender el grave peligro de involución marxista al que estamos a punto de quedar sometidos. En estos casos no se puede pensar en unas nuevas elecciones que den la oportunidad de regresar a un tipo de gobierno democrático, porque cuando se cae bajo la zarpa opresora del comunismo internacional (véase el caso de Cuba o el de Venezuela) no es posible que la voluntad popular sea ejercida libremente, porque los regímenes de tipo totalitario no entienden de esta sutilezas y sus métodos no permiten que el poder absoluto que ejercen sea puesto en cuestión bajo ningún tipo de sistema democrático.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, cuando empezamos a ver cómo se van debilitando las instituciones, se pone en cuestión el régimen democrático, se intenta acabar con la oposición, se limitan las libertades, se imponen leyes opresivas o se suprimen los controles a la acción del Gobierno mediante el acaparamiento, por parte de éste, de todos los poderes que hacen que, una nación, mantenga el equilibrio democrático gracias al hecho de que cada uno de ellos puede controlar que los dos restantes no se excedan en sus propias atribuciones. Mal vamos si quienes, hasta ahora, garantizaban la independencia de los jueces van a ser los que puedan inmiscuirse en sus funciones jurisdiccionales. Es una señal, un principio de lo que la crisis financiera que nos amenaza nos tiene preparado y, a la vez, una mala noticia para España, su unidad y el actual sistema de gobierno, basado en una monarquía parlamentaria. Mucho nos tememos que los años que le quedan a nuestra familia real y a nuestro Rey, Felipe VI, de mantener su estatus como jefe de Estado, puede que ya sean pocos. Y un proverbio chino: “No puedes impedir que las aves de la tristeza vuelen hacia ti, pero puedes impedir que aniden en tus cabellos".

La unión populista
Emilio Campmany Libertad Digital 12  Junio 2020

El Gobierno se queja de la crispación del PP. La prensa destaca el ambiente bronco que se respira en la vida política. La oposición denuncia las inclinaciones autoritarias del Gobierno. Sánchez pide a la oposición unidad y Casado le acusa de no querer negociar nada con él. Se mientan al padre, a la madre y a los abuelos. Se tachan de mentirosos los unos a los otros. Pero cuando llega el momento de decidir sobre la medida más populista que tomarse pueda, votan como procuradores. Ni un ‘no’ en el hemiciclo. Ni siquiera Vox se ha atrevido a soportar la acusación de querer dejar atrás a los que la pandemia ha golpeado. Entre otras cosas porque la apoyó en un principio, y si ahora se abstiene es sólo por distanciarse un poco del PP. Éste, por su parte, reclama la paternidad del populista invento y exige ser reconocido como más populista que los populistas mismos. Nadie se ha atrevido a acusar al parto de lo que en realidad es, un medio para generar un grupo de electores que unir a los que ya dependen de los subsidios del Estado y a los que poder manipular bajo la amenaza de perder su medio de subsistencia si votan a tal o cual partido. Nadie quiere ser ese partido susceptible de ser acusado de eliminar la congrua y perder así los votos de quienes pudieran estarse beneficiando de ella. Y todo, por supuesto, con nuestro dinero.

En principio es irreprochable hacer cuanto sea necesario para que quienes se queden sin ingresos a consecuencia de la crisis económica dispongan de unos mínimos con los que hacer frente a sus necesidades. Y estaría muy bien si no fuera porque ya hay medios con los que cumplir ese objetivo, o si al menos se añadieran medidas eficaces para estimular la creación de empleo y que los electores más desfavorecidos no tuvieran que depender de éste ni de otros subsidios. Nada de eso se ha hecho ni se va a hacer. Al contrario, lo que hay es el propósito de desincentivar la creación de puestos de trabajo por medio de la derogación de la reforma laboral y mediante subidas de impuestos. Unas subidas que encima se presentarán como necesarias para poder pagar el Ingreso Mínimo Vital. Y eso en un país en el que, a pesar de que el paro es el más alto de Europa, tienen que venir cientos de miles de inmigrantes para que realicen los trabajos que los españoles desdeñan.

Para convencerse de la verdadera naturaleza de la medida, baste recordar que es igual a la adoptada por Trump y por el Partido Comunista Chino en Hong Kong, donde Pekín pretende comprar con moneda contante la libertad de los hongkoneses. O sea, nuestros políticos sólo se ponen de acuerdo para imitar a Trump y al Partido Comunista Chino. Con doscientos diputados populistas, ya estaríamos perdidos. Con trescientos cincuenta, vamos derechos al descalabro.

La Fiscalía del 8M se comporta como el abogado defensor del Gobierno
ESdiario 12  Junio 2020

Por segunda vez en pocos días, la Fiscalía ha instado a la juez Carmen Rodríguez Medel a que archive la causa que instruye para determinar su hubo responsabilidad del Delegado del Gobierno en el contagio masivo que se sospecha hubo en Madrid al permitirse las manifestaciones del 8M. Algo que, más allá de sus consecuencias legales, parece fuera de duda con los datos en la mano.

El escrito fiscal, que se conoció por TVE para terminar de ahondar en la sensación de que todo responde a las necesidades del Gobierno; parece más el de un abogado defensor que el de la institución acusadora en los juicios en España: se centra más en atacar a la instructora que en atender la denuncia, con una actitud incomprensible y de evidente intención política.

Sorprende especialmente el interés en cerrar el caso cuando éste ya acumula más de 3.000 folios con documentación y testimonios y tiene citadas a una veintena de testigos. Es decir, cuanto más avanza la juez, más hace la Fiscalía por enterrar las pesquisas.

Y no parece sencillo que lo logre a tenor de declaraciones en el Juzgado como la del Jefe del Servicio de Riesgos Laborales, entre otros declarantes, que se ratificó ante el juez en su declaración previa a la Guardia Civil: a su juicio, la manifestación del 8M no debía haberse celebrado.

Algo que coincide con las comunicaciones internas que, antes de aquel día, ya se han documentado en incontables organismos públicos: en todas ellas se aconsejaba a los funcionarios y empleados de la Administración que evitara aglomeraciones y mantuviera la distancia social. Explicar por qué no se le dijo a los ciudadanos lo que sí se comunicaba a los trabajadores va a ser muy difícil a poco que haya jueces preguntando como Rodríguez Medel.

La actitud de la Fiscalía, por último, pone en tela de juicio la supuesta independencia de los fiscales frente a su máximo responsable, la exministra del PSOE Dolores Delgado. Siempre se dijo que, por mucho que su nombramiento fuera político, la independencia de sus subordinados era una garantía frente a sus injerencias. Y en este caso, cuando menos, parece que eso tampoco es ya cierto.

Dos imágenes valen más que mil palabras: la desvergüenza de Marlaska
OKDIARIO 12  Junio 2020

Entre la fotografía publicada por OKDIARIO, en la que 28 guardias civiles protegen el chalet de Galapagar del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la imagen de los 25 antidisturbios que formaban la primera línea del operativo desplegado en Barcelona para hacer frente a la violencia de los CDR hay una misma realidad: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior. Algo falla cuando el despliegue policial frente a la residencia privada del vicepresidente segundo es similar al que hizo frente a la violencia extrema de los independentistas catalanes que pretendieron tomar por la fuerza la Jefatura Superior de Policía en Barcelona el pasado octubre.

En democracia, el número de efectivos y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está sujeto al principio de proporcionalidad; cuando mayor sea la amenaza y el peligro, mayor despliegue de efectivos para garantizar los derechos de la mayoría de la sociedad. Estas dos fotografías son la prueba del nueve de que los criterios del Ministerio de Interior a la hora de establecer los operativos policiales son discrecionales, sectarios, absurdos y caprichosos. Marlaska envió a Barcelona a un operativo policial diezmado en número para tratar de contener la brutalidad de los CDR, que prendieron fuego a todo lo que encontraron a su paso y convirtieron la ciudad en un campo de batalla.

El mismo Marlaska ha enviado a la residencia privada del vicepresidente del Gobierno y su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, un contingente de guardias civiles desproporcionado por exceso, porque la propia Benemérita reconoció que la presencia de un grupo de ciudadanos con cacerolas no constituía peligro alguno. Y, sin embargo, Marlaska ha ordenado un despliegue policial propio de situaciones de altísimo riesgo. Será porque hacer sonar las cacerolas representa para el ministro de Interior un mayor peligro que los adoquines y las barras de hierro que lanzaron por cientos los CDR.

Una calle de Galapagar con varios vecinos con cacerolas y pancartas ante el chalet de Iglesias y Montero representa para Marlaska una mayor amenaza que las calles de Barcelona tomadas por grupos de violentos independentistas. La democracia, según el ministro de Interior, es eso. Para echarse a temblar.

"Irene Montero ha muerto": por qué piensan así en La Moncloa
Antonio Martín Beaumont esdiario 12  Junio 2020

El 8M es la cruz más pesada e imborrable que carga Pedro Sánchez. Aunque no teme repercusiones penales, sí sufre las consecuencias políticas. Solo por detrás de su ministra de Igualdad.

Al igual que, bajo la batuta de Mariano Rajoy, el PP arrastró hasta su final una imagen asociada a la corrupción, el Gobierno de Pedro Sánchez llevará sobre sus hombros la cruz (batalla en los tribunales incluida) de la sospecha de haberle importado más la pancarta feminista que la vida de los españoles. La "pasada" del “¡Viva el 8 de Marzo!” del presidente en el Congreso de los Diputados simplemente echó más gasolina a un fuego de por sí ya muy vivo.

La contienda comenzó este 10 de junio con el desfile por los juzgados de Plaza de Castilla, como imputado, del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. El Gobierno, torpemente, ha intentado torpedear la instrucción todo lo que ha podido. Ni siquiera ha dudado en dejar al descubierto el control que ejerce sobre la Fiscalía y la Abogacía del Estado, poniéndolas a su servicio particular, y no al del interés general.

En La Moncloa se empeñan en convencer a todo el que pregunta de que todo va a terminar en un archivo de las actuaciones judiciales. Sostienen una y otra vez que las investigaciones carecen de recorrido.

Marlaska y… ¡Viva el 8M!: el descaro de un presidente debilitado
“No hay caso 8-M”, repiten entre bambalinas estrechos colaboradores del presidente. E insisten, sobre todo, en que “en ningún caso" acabará con la imputación del titular de Sanidad, Salvador Illa, ni del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Según fuentes gubernamentales, la juez Carmen Rodríguez-Medel, al indagar en las posibles instrucciones recibidas por Franco sobre la celebración de la marcha del Día Internacional de la Mujer, solamente perseguiría esa “patada hacia arriba”. El mismo delegado del Gobierno, bien aleccionado, ha venido negando con rotundidad que desde las más altas instancias recibiese órdenes sobre las concentraciones.

Otra cosa, desde luego, más allá de las repercusiones legales, es la preocupación que hay en La Moncloa por las consecuencias políticas. Es un secreto a voces que va a resultarles una cuesta arriba pronunciada gobernar bajo el permanente indicio de haber soslayado por motivaciones políticas la gravedad del peligro que corría la gente.

La ministra calcinada
“Irene Montero ha muerto”, se señala desde los aledaños del despacho del presidente del Gobierno en alusión a la furtiva "pillada" del vídeo que recogía el miedo de la ministra de Igualdad al coronavirus por haber acudido al 8-M. Esa idea ha calado en la ciudadanía, por mucho que la doctrina oficial monclovita se empeñe en lo contrario.

El temor, ahora mismo, es que el estigma de la pésima gestión de la pandemia vaya calando en la sociedad. En esto, desde luego, de poco le va a servir al entorno de Sánchez acusar a la juez Rodríguez-Medel de estar al frente de una causa general contra el PSOE.

No obstante, arrecian las campañas en su contra desde las filas socialistas. De hecho, y para engatusar a los más convencidos, han empezado a echar a rodar las comparaciones con Mercedes Alaya, instructora de los ERE en Andalucía

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Dos años de Gobierno Frankenstein
Juan Francisco Martín Seco republica 12  Junio 2020

Ideologías aparte, hay que reconocer que Pérez Rubalcaba ha sido uno de los políticos más hábiles surgidos en España desde la Transición. De una perspicacia y sagacidad nada comunes. Pocas metáforas podrían haber sido más elocuentes que la de gobierno Frankenstein para describir el proyecto que, en su ambición desenfrenada, Pedro Sánchez estaba ya acariciando en 2016, y que llevaría a cabo en el 2018 con 85 diputados y tras una moción de censura deshonesta.

El personaje Frankenstein, sin nombre propio pero que adopta el nombre de su creador, es, según la novela de Mary Shelley, un monstruo construido a base de retazos de cadáveres, piltrafas humanas diseccionadas en la sala de autopsias de un hospital por la demencia y loca ambición de un doctor, que pretende construir clínicamente la vida. El resultado del experimento es sin duda trágico. No solo es que su apariencia y su constitución interna, elaborada con despojos y partes de individuos diversos y por lo tanto totalmente heterogéneos, sean repelentes y deformes, hasta el punto de que su creador reniegue de él y lo abandone, sino que a lo largo de toda la novela resulta palpable que la criatura artificialmente construida no es funcionalmente apta para la vida humana e integrarse en la sociedad.

Lo acertado de la metáfora radica ciertamente en que lo que salió de aquella moción de censura de mayo de 2018, y lo que se ha vuelto a repetir en enero de este año, con la investidura de Pedro Sánchez, aunque legal, es algo, desde el punto de vista democrático, contra natura, repulsivo, un engendro, un monstruo fruto de los intereses más dispares, muchos de ellos bastardos. Golpistas, independentistas, herederos de terroristas, regionalistas, populistas, etc., aunados con objetivos diversos, y a menudo contradictorios y contrarios al interés general. Pero la metáfora va más alla y es que este engendro, al igual que el monstruo de Mary Shelley, no es funcionalmente viable, no es operativo, no sirve para moverse en un sistema democrático. De ahí las rectificaciones, los desmentidos, las falsedades e incluso las contradicciones de los que está enlosada todas sus actuaciones.

Después de dos años se está poniendo en evidencia que Pedro Sánchez no puede gobernar, al menos democráticamente. Que este periodo está lleno de irregularidades y desvaríos. Ha estado siete meses en funciones. Continúa con los presupuestos de Montoro, que en otro momento tanto criticó, sin que hasta ahora haya podido aprobar unos nuevos. Para aplicar los ERTE ha tenido que utilizar la reforma laboral de Rajoy que prometió derogar. Del mismo modo, se ha visto obligado a utilizar la denostada ley mordaza, para mantener el orden durante los estados de alarma. En todo este tiempo apenas ha sido capaz de aprobar una ley en el Parlamento. Ha tenido que instrumentar toda la actividad legislativa mediante decretos leyes, que constitucionalmente están reservados para los asuntos de urgente y grave necesidad.

Pero quizás donde mejor se hace presente la debilidad del Gobierno y de su presidente es en los apuros en los que se ve envuelto y en las múltiples concesiones que debe hacer cuando tiene que aprobar cualquier asunto en el Congreso. Algún periodista, de manera un tanto acertada, le ha calificado de “Pedro el de las mercedes”, basándose en el título que la historia otorgó al primer Trastamara por la cantidad de dádivas y favores que se vio obligado a conceder para que los nobles le coronasen rey (Enrique II), en detrimento de su hermano Pedro el cruel o el justiciero. También Sánchez se ha visto forzado a otorgar toda clase de mercedes para ser elegido tanto en la moción de censura como en la investidura, pero es que además se ve en la tesitura de continuar concediéndolas para poder dar cualquier paso en la gobernanza.

Lo grave de tal situación es que estas cesiones están insertas en un sistema de suma cero, de modo que lo que se otorga a unos se les quita a los demás, y se crea todo tipo de injusticias y de diferencias entre las Comunidades Autónomas. En muchas ocasiones, se llega aún más lejos, pues se entra en un claro compadreo con aquellos que han dado un golpe de Estado o continúan amenazando con darlo, o incluso con quienes no condenan la violencia de una banda terrorista por sentirse sus herederos. La situación en Cataluña sigue siendo esperpéntica, y causa rubor y vergüenza ajena ver al Gobierno de la nación tratando con algodones por miedo a ofenderles -al tiempo que acceden a todas sus peticiones- a los que afirman claramente que pretenden destruir el Estado.

El culmen de la farsa es cuando el reparto de las mercedes llega incluso antes de haber cazado la pieza. Así, Pedro Sánchez ha tenido que prometer al golpismo catalán que le permitirá participar en la gestión de ese fondo de recuperación, quimera que está pendiente de aprobarse en Europa y que no se conoce todavía, de forma definitiva, ni la cuantía, ni las condiciones, ni la forma en que se va a recibir.

En esta subasta de sinecuras en que se ha convertido cada votación parlamentaria tiene un puesto preeminente el PNV, de rancia tradición mercantil, dispuesto siempre a venderse al mejor postor, y a traicionar al anterior si le conviene, tal como demostró en la moción de censura. Estos tiempos convulsos son ideales para los mercenarios, y el PNV está sabiendo explotarlos sacando tajada de cada sesión parlamentaria. Su virtualidad petitoria la ha extendido últimamente sobre Navarra en un gesto simbólico de enorme trascendencia, aparentar que existe un protectorado de Euskadi sobre esa Comunidad, con el silencio cómplice del PSOE y de la señora Chivite, que gobiernan también, en una especie de entramado Frankenstein, la Autonomía.

La última canonjía conseguida es el privilegio de que los gobiernos del País Vasco y Navarra puedan manejar a su antojo en el ámbito de sus respectivas Autonomías el recientemente aprobado ingreso mínimo vital (IMV). Es comprensible que el resto de las Comunidades solicitasen inmediatamente la misma prerrogativa, a lo que el Gobierno central se ha negado. Como colofón, el ministro que se jactaba de ser independiente (y ahora, como el resto del gabinete, es dependiente de los golpistas), para justificar la negativa de su señorito dependiente del PNV, no ha tenido ningún reparo en insultar y menospreciar al resto de las Comunidades, afirmando que la razón de la diferencia se encuentra en que las únicas que saben gestionar adecuadamente esa renta mínima (o como se llame en cada sitio) son Navarra y el País Vasco. Tendría que haber dicho más bien que son las únicas que han tenido dinero para hacerlo, ya que cuentan con un sistema de financiación privilegiado, anacrónico, y que crea una situación de clara iniquidad entre Autonomías.

La dependencia de los nacionalistas ha influido también en el diseño del IMV. El ministro independiente, en sus peroratas triunfalistas, ha citado a menudo la referencia que los organismos internacionales habían hecho acerca de la pobreza en España. Lo que quizás no ha señalado suficientemente es que todos ellos indicaban la situación de injusticia que se produce al ser las prestaciones de carácter autonómico y muy diferentes en la cuantía y en el diseño. Se echaba en falta una prestación nacional que terminase unificando la ayuda. La fórmula adoptada, sin embargo, y sin duda por presión de los nacionalistas e independentistas, no corrige en absoluto la disparidad ya que, en lugar de completar las prestaciones autonómicas igualando todas en el nivel estatal, crean una ayuda de tipo general compatible con las de las Autonomías, subsistiendo por la tanto la misma disparidad territorial.

La decisión de Pedro Sánchez de gobernar a cualquier precio y la imposibilidad de hacerlo, con 120 diputados y un gobierno Frankenstein, según los cauces normales, le ha conducido a saltarse, allí donde ha podido, los diques democráticos. Ha pretendido acallar toda crítica. Anatematiza cualquier censura con el argumento de que se crispa la vida política. Intenta por todos los medios controlar los medios de comunicación. Somete a TVE a un régimen sectario y partidista, olvidándose de todas las exigencias y requerimientos que hacía en la oposición. Igual ha hecho con puestos que tradicionalmente habían gozado de cierta profesionalidad como por ejemplo la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas, nombrando a uno de los militantes más sectarios del PSOE, que ha terminado por convertir este organismo en el hazmerreir de toda la ciudadanía, pues ya nadie se cree sus estudios y sus encuestas.

Las exigencias de sus socios golpistas le han hecho intervenir descaradamente en la Abogacía del Estado con la finalidad de que los informes jurídicos se hiciesen a su dictado y, sobre todo, que se modificasen de acuerdo con sus conveniencias las calificaciones penales que se debían mantener ante los tribunales, removiendo incluso de sus puestos de trabajo a los funcionarios que se negaban a cumplir sus indicaciones sectarias. Algo similar intentó con el Ministerio Fiscal, aunque hasta ahora le ha resultado más difícil de conseguir, pero por eso mismo ha situado al frente de la Fiscalía General del Estado, a quien de ministra de Justicia había dado ya suficientes muestras de parcialidad y de no tener ningún reparo en torcer la legalidad para conseguir los intereses políticos del Gobierno.

La última hazaña en ese querer utilizar las instituciones estatales para su propia pervivencia ha sido la obstrucción de la labor de la policía judicial, con cese incluido del funcionario que se negó a cometer una ilegalidad, descubriendo el contenido de la investigación que estaba bajo secreto sumarial. A los sanchistas, con tal de solventar sus problemas, no les ha importado originar toda una crisis en la cúpula de la Guardia Civil, que veía con escándalo cómo se pretendía utilizar la institución como jamás se había hecho.

No es la primera vez que este Gobierno recurre a la pérdida de confianza y a la libre designación. Pero la libre designación no es la libre remoción. Es ya doctrina del Tribunal Supremo que los ceses en los puestos de los empleados públicos de cierto nivel deben ser motivados. Actualmente en la Administración abundan los puestos de libre designación afectando a los niveles de responsabilidad. Permitir arbitrariamente la libre remoción por el poder político es deteriorar de forma grave la ecuanimidad de la que debe estar dotada la Administración.

En esta misma línea de patrimonialización de la función pública, el Gobierno Frankenstein está multiplicando los puestos de alto nivel, todos ellos clasificados como de confianza, carentes de contenido y de competencias, y orientados a colocar a amigos o a miembros de los respectivos partidos sin conexión alguna con la Administración. Una de las garantías de la imparcialidad y objetividad de la función pública radica en que los puestos de trabajo sean ocupados por funcionarios públicos, reclutados según procedimientos reglados en los que se puedan determinar los méritos y la capacidad. Está establecido que la provisión de las direcciones generales se realice entre funcionarios y solo cuando el puesto sea tan específico que no haya ningún empleado público capacitado se permite nombrar a alguien ajeno a la Administración.

El Gobierno Frankenstein está convirtiendo la excepción en la regla y, a veces, de la forma más descarada, pueblerina y cutre posible. Un presidente de gobierno que crea una dirección general sin contenido para hacer un huequito profesional a su amigo de la infancia. Encima quieren justificarlo por eso del currículum. Los currículos son todos excelentes. El papel lo aguanta todo. Menos mal que a la Administración no se entra por el currículum, sino por las oposiciones. En cualquier caso, no se trata de demostrar que Iñaki Carnicero puede desempeñar muy bien el puesto (seguro que sí, no tiene contenido), sino que no había ningún funcionario capacitado para ocuparlo, tal como indica la norma.

La obra de Mary Shelley tiene un subtítulo que casi nadie cita, “El nuevo Prometeo". La autora pretende relacionar a su protagonista con el titán de la mitología griega que, arrastrado por su ambición, lleva su osadía al extremo de retar a los dioses y es torturado por ellos. La soberbia del doctor Frankenstein le conduce a desafiar las leyes de la naturaleza y es castigado por su propia obra, ese engendro grotesco e incontrolable que se vuelve contra su creador. Pedro Sánchez, llevado por su orgullo y ambición, violentando el orden lógico de la política y de la ética y en contra de lo que era la voluntad de su propio partido, ha creado también un monstruo patético y deforme difícil dominar, el gobierno Frankenstein. La obra de Mary Shelley tiene una moraleja: el castigo que acarrea a quien, en función de la soberbia y el orgullo, traspasa los límites éticos y del orden natural. Dudo mucho de que eso se aplique al pie de la letra a la política. No sé cuál será el final de Pedro Sánchez, pero me temo y creo intuir que las consecuencias negativas serán para los españoles.

www.martinseco.es

Lo que va de Iglesias a Díaz Ayuso
EDITORIAL Libertad Digital 12  Junio 2020

El odio de personajes como la condenada Serra o su controlador Iglesias a la presidenta madrileña es, en realidad, una suerte de elogio involuntario a quien no deja de ponerles en bochornosa evidencia.

La izquierda miserable instalada en el Gobierno de la Nación, la izquierda de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Carmen Calvo y el ominoso etcétera, sigue tratando de rehuir su tremenda responsabilidad en la devastadora expansión del coronavirus por el repulsivo método de poner en la mira a los Gobiernos autonómicos que la dejaron en pavorosa evidencia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid es el objetivo preferido de esta izquierda siniestra buena para nada. Así, para apartar el foco del macho alfa Iglesias, la lacayesca podemarra Isabel Serra ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de haber dado una "orden política" para que no se trasladara a los hospitales de la región a los ancianos contagiados residentes en centros de mayores.

La presidenta madrileña ha desmontado la patraña comunista de la mejor manera posible, tirando de datos como estos: hubo más de 10.000 traslados desde las residencias a los hospitales de la región, y sólo en el de La Paz el 32% de los ingresados en los días dantescos que siguieron al infame 8-M procedían de ese tipo de centros.

En efecto: estos ataques mendaces contra el Gobierno regional madrileño son una burda estrategia para tratar de desviar la atención del tan fanático como incompetente vicepresidente Iglesias, al que se confirieron plenos poderes sobre las residencias en fecha tan temprana como el 19 de marzo. ¿Qué hizo el potentado comunista para evitar la terrible mortandad provocada en ellas por el virus? Lo saben los podemarras mejor que nadie: nada.

El odio de personajes como la condenada Serra o su controlador Iglesias a la presidenta madrileña es, en realidad, una suerte de elogio involuntario a quien no deja de ponerles en bochornosa evidencia.

Eskerra Republikana de Katalunya
Sergio Fidalgo okdiario 12  Junio 2020

Fue delicioso eskuchar a una diputada de Eskerra Republikana de Katalunya en el Kongreso akusar de “racismo” a la “policía española”, aprovechando la ola de indignación mundial por la muerte de George Floyd a manos de un agente de la ciudad norteamericana de Minneapolis. Es de estas kosas ke demuestran ke la kara de cemento de algunos políticos es infinita, porque en el kaso de la formación que dirige Oriol Junkeras, hablar de “racismo” es como mentar la soga en casa del ahorkado, dado algunos de los precedentes de esta formación secesionista.

El sekretario general clave de Eskerra Republikana de Katalunya tras el fin de la diktadura y el komienzo de la Transición fue Heribert Barrera. Este dirigente separatista fue el que permitió, kon sus votos, que Jordi Pujol llegara a la presidencia de la Generalitat, kargo que ya no soltó en 23 años, y a kambio fue nombrado el primer presidente del Parlament tras la restauración demokrática. Este dirigente de ERC era un racista de manual, que no tuvo empacho en publicar en un libro de memorias deklaraciones del siguiente tenor: “Hay una distribución genética de la población katalana que estadístikamente es diferente a la población negra subsahariana”.

Otras afirmaciones de Barrera que alejan a Eskerra Republikana de Katalunya de la lucha antirracista fueron que “en Amérika, los negros tienen un koeficiente inferior al de los blancos” y ke “se debería esterilizar a los débiles mentales de origen genético”. En el momento de eskribir este artículo, 11 de junio de 2020, si ustedes visitaban la web oficial de ERK verían en la sección dedikada a la historia del partido un perfil laudatorio de este político racista, sin aludir, de manera autokrítica y pidiendo disculpas, a su pensamiento más supremacista. Insistimos, no hablamos de alguien de poko peso dentro del legado de esta formación, dado que fue sekretario general durante once años (1976-1987) y presidente durante otros kuatro (1991-1995).

Eskerra Republikana de Katalunya, por mucho que asegura que juega a “ensanchar la base”, intentado ampliar sus apoyos entre el elektorado kastelloparlante con orígenes familiares en el resto de España, ha tenido a lo largo de su historia a dirigentes que han koketeado con el racismo más abyecto. Por ejemplo, Pere Màrtir Rossell i Vilar, que fue diputado en el Parlament por Barcelona durante la Segunda Repúblika. En su libro ‘La Raça’, publicado en 1930, aseguraba que “las razas han de konservarse puras” y ke por eso se ha de evitar ke los katalanes se mezklen con los inmigrantes que provenían de otras regiones de España.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz le rekordó este miércoles en el Kongreso a Gabriel Rufián y a sus mariachis otros logros racistas en la trayektoria de Eskerra Republikana de Katalunya, komo los de la formación histórika ‘Nosaltres Sols!’, que akabó integrada en ERC y que durante la Segunda Repúblika protagonizó kampañas con lemas tan sugerentes komo “konservemos nuestra etnia. Fuera los españoles”. También gustaban de medir kráneos para demostrar la ‘superioridad’ de una teórika ‘raza katalana’.

Díaz mostró la portada de la revista ‘Kuadernos del sepatismo’ dedikado a los “fundamentos científicos del racismo”, en el que los chicos ‘progresistas’ de ‘Nosaltres Sols!’ defendían el supremacismo catalán. Por supuesto, no estamos diciendo que los actuales dirigentes de Eskerra Republikana de Katalunya se dediken a medir kráneos de katalanes y extremeños para kompararlos, pero sí que Junkeras y sus adláteres tienen un problema con algunos de sus referentes ideológikos, y ke antes de dar lecciones a los demás sobre antirracismo, deberían renegar abiertamente de su pasado. Por ejemplo, sakando a Heribert Barrera de sus altares. Por cierto, diskulpen la redacción de este artículo, el korrektor ortográfiko se me ha ‘rufianizado’, y funciona como le da la gana.

Informe de la Guardia Civil al juez
Los CDR tenían idéntico material al empleado por los yihadistas de la Rambla para hacer sus explosivos
‘La madre de Satán’: El explosivo que usan siempre los yihadistas se basa en productos de droguería
La Guardia Civil cree que los CDR tenían amonal, el explosivo de ETA
P. Barro y T. Gómez okdiario 12  Junio 2020

La Audiencia Nacional ha reactivado la instrucción del caso de los siete CDR detenidos con explosivos en septiembre de 2019. Lo ha hecho tras recibir un nuevo informe técnico del Servicio de Información de la Guardia Civil en el que se apunta a que los imputados tenían material suficiente como para fabricar ‘TATP’, el explosivo casero ‘favorito’ de los yihadistas. Una sustancia que recibe el sobrenombre de ‘La madre de Satán‘ y es tan inestable que puede detonarse accidentalmente durante su fabricación, como le ocurrió a la célula terrorista de Las Ramblas en su chalet de Alcanar (Tarragona).

Los CDR imputados por terrorismo estaban capacitados y disponían del material suficiente como para fabricar una cantidad significativa de triperóxido de triacetona, conocido por sus siglas como TATP. Un potente explosivo con el que podrían haber cometido grandes estragos.

Expertos en explosivos del Servicio de Información de la Guardia Civil, la unidad que siguió durante más de año y medio a los siete integrantes de la presunta célula terrorista de los CDR que busca actuar ante la sentencia del ‘procès‘, han aportado recientemente nuevas pruebas ante la Audiencia Nacional.

En un documento de 46 páginas que ya obra en manos del juez que instruye la causa, Manuel García-Castellón, detallan la lista de sustancias y artilugios que les fueron incautados en los registros de detención y presentan todas las opciones de explosivos que se pueden fabricar con ese material. OKDIARIO ha tenido acceso al informe.

«Manual de Cocina del Anarquista»
El objetivo de los investigadores con este nuevo análisis es determinar «en base a las sustancias químicas y efectos adquiridos por los investigados, exponer las síntesis caseras de explosivos que podrían estar llevando a cabo». Y apuntan a que los presuntos terroristas podrían haber tenido acceso a una copia del ‘Manual de Cocina del Anarquista‘, un archivo que lleva años circulando por internet y que detalla el proceso de fabricación de numerosos explosivos.

El informe recuerda que a los detenidos se les incautaron 25 litros de ácido sulfúrico, 25 litros de ácido nítrico, 25 litros de ácido clorhídrico, 25 litros de amoniaco, 1 litro de formol, nitrato de potasio al 99,8%, sulfato de socio y cocamida, entre otras sustancias. También se les intervino sustancias precursoras de explosivos como parafina, virutas de hierro, ralladura de óxido de hierro y abundante material de laboratorio.

Como figura en el informe de la Guardia Civil incorporado al sumario, el ‘taller’ en el que realizaban pruebas los tres integrantes del núcleo productor (Jordi Ros, Alexis Codina y Germinal Tomás Abueso, hoy en libertad) era semejante a otras ‘cocinas’ de explosivos que habían visto en otras células terroristas.

Los investigadores apuntan a que con todo ese material, este ‘comando’ CDR podría haber fabricado artefactos explosivos como nitrato de amonio, termita (reconocieron a OKDIARIO haber hecho pruebas con esta sustancia), ANFO, nitrocelulosa, RDX (citronito, de uso militar), nitro-almidón, ácido pícrico, botellas químicas de fuego (cócteles molotv avanzados) o, lo más sorprendente, triperóxido de triacetona. ‘La madre de Satán‘.

«La madre de Satán»
Este material, refleja el informe, «es una sustancia altamente explosiva que puede fabricarse con productos de uso doméstico«. «Se trata de un material muy inestable, que no necesita detonador para explotar. Normalmente se puede hacer explotar mediante una pequeña chispa o, simplemente, por percusión (un golpe). Además son muy difíciles de detectar en un control rutinario de acceso a un recinto, ya que se pueden ocultar de una forma bastante eficiente. El TATP tiene una potencia similar, o incluso superior, a la dinamita».

Según los expertos del Servicio de Información, «se detectó en la casa sita en la calle (…) a Alexis Codina sacando unos recipientes que puso a secar al sol, los cuales contenían una sustancia negra. Este procedimiento es coherente con la utilización de superficies planas para el secado. Además, se expone el uso de filtros por los investigados».

El explosivo favorito del yihadismo
‘La madre de Satán’ se ha hecho tristemente célebre en los últimos años, ya que es uno de los explosivos a los que han recurrido multitud de células yihadistas para cometer sus atentados por todo el mundo. Ha estado presente en algunos de los ataques más graves de la última década en suelo europeo, como el de Bataclán, el del aeropuerto de Bruselas o el del concierto de Manchester. Y a punto estuvo provocar una masacre en Barcelona.

La célula que atentó con un vehículo en Las Rambas el 17 de agosto de 2017, y que luego volvió a intentarlo en Cambrils, tenía previsto colocar una gran cantidad de explosivo en una zona turística de Barcelona y hacerlo estallar. El alcance del atentado pudo ser devastador, pero la inestabilidad del explosivo -por ello es conocido como ‘La madre de Satán- hizo volar por los aires el chalet de Alcanar donde la célula lo estaba fabricando. El atropello masivo en el centro de Barcelona fue, de hecho, un ‘plan B’ ante la inesperada detonación de su ‘cuartel general’.

La explosión de Alcanar
Los expertos en la lucha antiterrorista consideraron que la inexperiencia y las prisas de los yihadistas de Ripoll por secar el TATP les hizo cometer la imprudencia de mover en exceso la sustancia, provocando la explosión de la casa-laboratorio de Alcanar, donde tenían listos para su uso más de 100 kilos de explosivos.

Los terroristas de la célula que atentó en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto habían planificado un ataque sin precedentes en Europa utilizando el explosivo habitual en los atentados del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (ISIS) para, con ayuda de tres furgonetas, sembrar el caos en varios puntos turísticos de gran afluencia.

La explosión de la casa la noche anterior, el día 16, provocó que Younes Abouyaaqoub utilizara una de las furgonetas para precipitarse por La Rambla de Barcelona. Otros cinco terroristas fueron abatidos en el paseo marítimo de Cambrils cuando trataban de replicar las escenas de pánico con un coche Audi A-3.


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