AGLI Recortes de Prensa   Sábado 13  Junio  2020

El gasto público de 2020: el riesgo de convertirlo en estructural
José María Rotellar okdiario 13  Junio 2020

Nos encontramos en un momento económico muy complicado derivado de la vertiente económica de la crisis provocada por el coronavirus. El Gobierno no adoptó medidas tempranas, como habría sido el cierre de fronteras con China en enero, por ejemplo, además de otras medidas suaves, para evitar, así, un contagio exponencial, que habría permitido no tener que tomar después las duras medidas que han hundido la economía al decretar su cierre productivo en marzo.

Una vez paralizada la actividad económica, comenzaron a diseñarse planes de actuación que paliasen la caída y tratasen de sostener la actividad y el empleo. Todo ello supone gasto -no el de los avales para la financiación siempre que no necesiten ser ejecutados por fallar el avalado, aunque riesgo alto de ejecución, en las actuales circunstancias, hay-, que tensa el déficit. Adicionalmente, sólo el juego de los estabilizadores automáticos, que incrementa el gasto por aumentar el número de prestaciones por desempleo y disminuye los ingresos por la menor recaudación derivada de la pérdida de actividad, impacta de manera muy importante en el saldo presupuestario, agrandando el déficit.

Todo ello, nos lleva a una situación que en 2020 dibuja un déficit superior al 10%, como estiman el conjunto de organismos nacionales e internacionales, como son el Banco de España, la AIReF, la Comisión Europea o el recientemente publicado informe semestral de la economía mundial de la OCDE, entre otros. En él, la OCDE estima que España cerrará 2020 con un déficit de entre el 10,3% y el 12,5% del PIB, según no haya rebrote o haya que cerrar de nuevo la economía, respectivamente, con el mantenimiento de un déficit muy elevado en 2021, entre el 6,2% y el 9,6% en ambos escenarios.

Eso hará que la deuda sobre el PIB en 2020 se coloque entre el 117,8% y el 129,5% del PIB -que hará que, en magnitudes comparables con el resto de países de la OCDE fuera de la zona euro, la deuda española, con este criterio, esté entre el 139,5% y el 151,2%-.

Todos -déficit y deuda- son datos que no pueden sostenerse en el tiempo, por lo que hay que poner medios para no colapsar. No quiere ello decir que la economía española esté en peligro -entre otras cosas, por el respaldo del BCE-, pero sí que podría llegar a estarlo si no se ataja el gasto.

Atajar el gasto significa, tal y como decían el Banco de España y la AIReF, así como la Comisión Europea, que en 2020 hay que tomar las medidas de gasto necesarias para sostener coyunturalmente el cierre productivo, pero que paralelamente hay que implantar reformas estructurales que permitan hacer crecer la economía y equilibrar las cuentas. Y en este equilibrio de las cuentas públicas es fundamental no generar gasto estructural.

Ya en 2021 vamos a tener todavía un peso importante de los estabilizadores automáticos, pues hasta que no se recobren los niveles de actividad y empleo de 2019 no vamos a eliminar del todo ese impacto. Ahora bien, lo que no se puede hacer es realizar actuaciones de gasto en 2020 que no sean coyunturales, de un único ejercicio, porque si con los fondos para combatir la caída de 2020 se genera una estructura de gastos duradera en el tiempo, no lograremos equilibrar nuestras cuentas, tardaremos mucho más en recuperarnos y la situación económica y laboral permanecerá estancada en bajos niveles durante mucho tiempo.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez está avanzando peligrosamente por el camino del gasto estructural: aprueba el ingreso mínimo vital de manera permanente, que, como poco, tendrá un impacto de 3.000 millones de euros cada ejercicio, si no más, dado el carácter desincentivador y el efecto llamada que puede generar; la ministra de Trabajo hace unas declaraciones en las que parece querer decir que hay que extender el subsidio del desempleo a toda persona que esté registrada como parado sin acotar su extensión; y por último, anuncia el reparto de 16.000 millones de euros a las regiones para combatir la situación derivada del coronavirus, pero insistiendo en que no pedirá una justificación al respecto de cada gasto que realicen.

En el primer caso, el gasto estructural está claro, siendo, además, perjudicial para el desarrollo profesional de las personas, creando una dependencia. No se puede dejar a la intemperie a las personas que lo estén pasando mal en un momento determinado, pero no puede hacerse estructural, porque invita a no buscar trabajo -por mucho que en parte se quiera hacer compatible- o a incrementar la economía sumergida-. Tiene que ser una red que proteja, no unos barrotes que impidan salir de esa situación terrible.

En el segundo caso, es otro disparate que lo único que hará será alargar artificialmente la estancia en el desempleo de muchas personas y que también aumentará la economía sumergida.

En el tercer caso, el Gobierno debe exigir la justificación a las regiones de los gastos que consuman del fondo que transfieran, porque si esos 16.000 millones fuesen excesivos sobre el gasto realizado debido al coronavirus, deberían devolver la parte que no se correspondiese con ello. Si no se hace así -y el Gobierno no va a hacerlo, por lo que ha dicho públicamente- entonces se estará invitando a muchas CCAA a que gasten más de lo que les ha supuesto presupuestariamente el hecho del coronavirus. Es decir, les están incentivando que incorporen nuevas actuaciones de gasto. Mal está este incentivo a gastar lo que no sea necesario, pero lo que tiene todavía un riesgo mayor es que esas nuevas actuaciones que implanten sean estructurales, es decir, que generen una dependencia de ese gasto para el futuro. Eso sería insostenible, pues en 2021 no sólo no habrá este fondo extra, sino que los ingresos serán menores debido a la caída de la recaudación, y en 2022 las CCAA tendrán que devolver las que serán muy negativas liquidaciones del Sistema de Financiación Autonómica de 2020. Si al menos esos excedentes los dedicasen a tener superávit y amortizar deuda, el gasto no estaría del todo mal, ya que aliviaría el endeudamiento, pero estoy seguro de que no lo harán así: hay una probabilidad mucho mayor de que si hay excedentes los apliquen a cualquier nueva actuación de gasto, que después será difícil eliminar para ejercicios venideros, que la que existe de que los dediquen a disminuir la deuda.

España debe iniciar, a todos los niveles, un exhaustivo programa de ajustes, dirigido por el diseño de una austeridad inteligente, que si la hacemos nosotros podrá permitir equilibrar las cuentas, crecer con fuerza, recuperar el empleo y salvar gastos esenciales, como las pensiones, pero que si, por no hacer las cosas bien y seguir aumentando el gasto, déficit y deuda, tiene que ser la Comisión Europea la que diga dónde ajustar, entonces sí que habrá recortes duros, por ser todavía peor la situación, en elementos muy sensibles.

No podemos gastarnos lo que no tenemos, porque, al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestra prosperidad, nuestro futuro, nuestra fortaleza como economía. La responsabilidad debería imperar, máxime ahora que los políticos pueden aprovechar que no hay un calendario electoral cercano -País Vasco y Galicia celebrarán elecciones de inmediato, con lo que muy pronto estarán también en esa situación de lejanía para próximas convocatorias electorales-, lo que debería ahuyentar la tentación política de querer ofrecer medidas electorales de gasto a los votantes. Por su parte, la sociedad debería entender definitivamente que nada es gratis, que cada vez que un político anuncia un gasto, está anunciado, simultáneamente, mayor deuda y mayores impuestos, y que no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, o pasaremos, si no se corrige, a vivir mucho peor.

Sólo el gasto necesario, nada estructural adicional, eliminar trabas, no subir los impuestos y llevar a cabo un control riguroso para que coyunturalmente en 2020 no se gaste ni un céntimo más de lo que se necesite. Eso es lo que hay que hacer si queremos mantener nuestra economía a flote en el medio y largo plazo.

Examen a la merma de libertades de Sánchez
Editorial ABC 13  Junio 2020

Cuando el 21 de junio haya vencido por fin el estado de alarma, nadie podrá negar que ha supuesto la merma flagrante de muchos derechos y libertades de los españoles. Para imponer esa vulneración consciente de garantías constitucionales esenciales, el Gobierno ha llegado al punto de pervertir la labor del Congreso, clausurándolo de facto durante más de dos meses y negando las explicaciones que todo presidente, en cualquier democracia, debe ofrecer. Tan autoritario ha sido todo durante la excepcionalidad del estado de alarma, que un abogado español ha conseguido que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debata el próximo martes una iniciativa para saber si estaba justificado que en plena pandemia el Gobierno suspendiese el Portal de Transparencia. Y también, para debatir hasta qué punto es lícito políticamente que la Secretaría de Estado de Comunicación, en connivencia con Sánchez y con todos los ministros, estableciese un sistema tan burdo de filtrado de preguntas periodísticas. Desde muchos puntos de vista se ha vulnerado el derecho a la información: se ha engañado a los españoles ocultando y falseando datos sobre la crisis; se han reinterpretado preguntas incómodas de la prensa para reformularlas de un modo suavizado; y se ha ofrecido una información confusa o incluso disparatada, como atribuir miles de muertes de dudosa causa a los «accidentes de tráfico» cuando estaba prohibido circular. Sánchez ha utilizado RTVE para su propaganda, y el cierre del Portal de Transparencia ha impedido conocer la chapuza que durante semanas supuso la compra de material. La Carta de Derechos Fundamentales de la UE existe por algún motivo, y ningún Gobierno puede imponer políticas autoritarias que contravengan sus postulados. Pero es evidente que España vive en un cerrojazo informativo jamás conocido en democracia.

La juez acredita la negligencia, no el delito
Editorial El Mundo 13  Junio 2020

Por más que el Gobierno intente sacar pecho por el archivo de la causa del 8-M, ni la Justicia ha dicho aún la última palabra ni con el auto de la juez Rodríguez-Medel desaparecen las responsabilidades políticas por la actitud temeraria del Gobierno al autorizar una manifestación multitudinaria a pesar de las advertencias de la OMS, que el 11 de febrero elevó de "emergencia internacional" a "amenaza muy grave" el avance del Covid-19 en todo el mundo.

En primer lugar, porque la decisión de la juez es recurrible por las asociaciones personadas en la acusación y porque el sobreseimiento de la investigación no es definitivo sino solo provisional, lo que quiere decir que podría volver a reactivarse en caso de que aparecieran nuevos datos. En su auto, la magistrada concluye que ninguna autoridad sanitaria dio la información necesaria al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por lo que éste no pudo prevaricar ya que "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones". Quedaría aún por dilucidar si los que disponían de esa información -Salvador Illa y Fernando Simón, entre otros- no la trasladaron a todas las instituciones del Estado. El Ministerio del Interior, por ejemplo, tal y como ha publicado este periódico, sabía ya desde el 4 de febrero que se debían tomar medias de precaución para evitar el contagio masivo. Y así lo hizo, al establecer protocolos claros contra el coronavirus en los centros penitenciarios como el distanciamiento social o el uso de mascarillas y guantes por parte de los funcionarios de prisiones.

Por eso, la magistrada recrimina duramente a José Manuel Franco por su actitud pasiva e imprudente en el desempeño de sus funciones, ya que, aun autorizando la manifestación feminista, no "adoptó medida alguna de prevención del contagio", como aconsejar la distancia entre personas o el uso de prendas protectoras. No quiso disuadir a los posibles asistentes al acto para que éste fuese lo más multitudinario posible, en la línea de lo que hizo Fernando Simón, bromeando de manera insensata sobre la participación o no de su hijo, o como reconoció cínicamente Irene Montero a una periodista de ETB, a la que pidió que no vinculara la menor afluencia de gente con el miedo al contagio del Covid-19.

Pero una cosa son las responsabilidades penales, que Rodríguez-Medel ha descartado por el momento -desautorizando a la Abogacía del Estado, que la acusó de instruir una "causa general" por oscuros intereses- y otra las implicaciones políticas. Cada vez hay más datos que demuestran la negligencia de un Gobierno que retrasó lo más posible la toma de medidas drásticas para combatir la pandemia. De ahí el empeño de Sánchez en impedir la investigación a cualquier precio, purgando incluso a mandos de la Guardia Civil y lanzando una sombra de sospecha sobre la institución, o instrumentalizando a la Fiscalía para que se conozca lo menos posible de lo ocurrido. Rodríguez-Medel ha sabido resistir esas presiones, dando un ejemplo de defensa del Estado de derecho y de la separación de poderes.

Ningún Franco salvará a Sánchez
Javier Somalo Libertad Digital 13  Junio 2020

Sostuve aquí la semana pasada que, en mi opinión, sí había dolo, entendido como intencionalidad a sabiendas del daño, en la gestión gubernamental de la pandemia en torno a la manifestaciones del 8-M. Y sospeché también que habría reticencias a verlo como tal porque, como suele pasar en España, el político gobernante no es igual ante la Ley que el resto de los ciudadanos. Y así empieza a suceder otra maldita vez.

De momento –me cabe a empujones una mínima esperanza–, José Manuel Franco ha hecho de dique de contención, como buen delegado del Gobierno del PSOE –como el Fiscal o la Abogacía General, siempre al servicio–, a lo que debería ser un procesamiento casi masivo del Ejecutivo de Iglesias y Sánchez. La cronología de lo acontecido en España desde enero corrobora que el Gobierno tenía pleno conocimiento del riesgo de una concentración masiva y, de hecho, aplicó algunos de los mensajes provenientes de instancias europeas a congresos de médicos o las cárceles. Pero nunca para los fastos de su aberrante –en fondo y forma– Ley de Libertad Sexual, para su jornada de reafirmación pública.

La tesis de la izquierda gobernante y mediática –tan redundante como cierto– es que Franco, el pobre, no sabía nada pero Ayuso lo sabía todo y dejó morir a los ancianos en residencias mientras paseaba por una suite de lujo. Para esto encuentran todo tipo de documentos que aconsejarían una moción de censura en la Comunidad de Madrid, único objetivo tan real como ya confesado. Pero contra el pecado original todo son conspiraciones, machismos y fascismos.

Lo resumió impunemente Sánchez con su "Viva el 8 de marzo", quizá la fecha que marca ese periodo "constituyente" que se le escapó al ministro de Justicia, no a Lastra, a la se disculparía desconocimiento, sino al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Y todavía quiere hacernos creer que le entendimos mal o que hasta quiso decir lo contrario. Si los liberales –ellos sí, constituyentes– gritaron "Viva la Pepa" para celebrar la Constitución de Cádiz de 1812, hoy el "Viva el 8 de marzo" es ya la mejor consigna de la involución, "crisis constituyente" para el ministro Campo, música para los oídos de Pablo Iglesias, el segundo instigador de nuestros males, siempre después de Zapatero aunque termine aventajando al maestro.

La juez Carmen Rodríguez-Medel no ha querido dictar sobreseimiento libre para no dar la partida por perdida pero estas angustias eternas que se reservan algunos jueces de buen arranque y repentina parada tienen que terminar de una vez, diga lo que diga la izquierda o el nacionalismo o la mezcla de ambos como le sucedió al magistrado Manuel Marchena. Si no acaba sucediendo así, todo esto nos aboca a una dramática conclusión: que algunos jueces sucumben sistemáticamente a la presión de la izquierda. No hay otra forma de explicar que prosperen causas como la Gürtel –en la que hay delitos que deberían ser instruidos correctamente– y decaigan otras, en general, mucho mejor instruidas y con más elementos de juicio.

Muchos expertos en las lides jurídicas sospecharon que el caso Franco murió precisamente cuando la juez Rodríguez-Medel rechazó el procesamiento de Fernando Simón, al que Podemos quiere condecorar y otros intentan comparar con Albert Einstein. El rechazo vendría lógicamente a la vista de las enormes presiones habituales, a saber: la Fiscalía General (del Gobierno), la Abogacía general (del Gobierno) y los medios de comunicación de la izquierda, esté quien esté en el Gobierno.

A la juez se le fue quedando pequeño el patio procesal y acabó archivando con 54 páginas de auto habiendo tomado declaración al principal imputado 48 horas antes e interrogando a 15 personas la víspera de redactarlo.

Pero la causa archivada, no cerrada, contra Franco no es la absolución del Gobierno aunque con esos cañones de la juris-imprudencia disparan ya muchas baterías mediáticas de subvención. No se puede acotar la Justicia a un instante erróneo que luego se eleva a definitivo como sucedió con el golpe de Estado de la Generalidad de Cataluña al enjuiciarlo mientras se producía. Parecemos empeñados en ofrecer victorias gratuitas a los que tienen claros planes contrarios a la convivencia democrática.

Han jugado con nuestra seguridad y la de los sanitarios que se han dejado la vida –63 según el Gobierno, al menos 76 según asociaciones médicas–, han recomendado y contraindicado las mascarillas, han aprovechado el estado de alarma para avanzar a pisotones legislativos con la ayuda de mucho tonto útil y han ocultado información de obligatoria difusión pública como la composición del comité de expertos o las cifras de fallecidos, que superan probablemente los 44.000 aunque sólo cuenten 27.136. Lo último es que los muertos están "congelados" y suponemos que aflorarán más tarde si hay deshielo, como los que relata Federico Jiménez Losantos en Memoria del Comunismo citando a Anne Applebaum.

Franco ha salvado a Sánchez sólo de momento, pero si el presidente manda sobre el delegado no deberíamos tardar en ver a ese presidente, a su gabinete y a todo aquel que lo merezca en un banquillo. Y, desde luego, ni un Franco ni el otro van a sacar a este gobierno de su responsabilidad histórica.

Iglesias lárgate, que no te echaremos de menos
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 13  Junio 2020

La mayoría de los ministros de Sánchez que juraron o prometieron ante el Rey y la Constitución servir a España, en conciencia y honor, parece no entender en qué consiste cumplir con la palabra dada. De los 22 miembros que integran el gabinete, apenas Margarita Robles, ministra de Defensa, ha demostrado ser una persona con pundonor. Los 21 mercaderes restantes, por no decir lacayos, se suman al lema del sanchismo: “Mentir sin parar”, sin valer, ni para estercolar una huerta. 21 enchufados incultos, más una noble dama, componen este inepto gobierno social-populista, que a Felipe González le recuerda “al camarote de los hermanos Marx”. Admitámoslo, sobra toda esa gentuza que pretende hundir a este país. Iglesias lárgate, que no te echaremos de menos. Ningún español desea vivir, bajo una triste réplica de Venezuela. Vete a plantar nabos a tu dacha de Galapagar.

“Trying to maintain good relations with a Communist is like wooing a crocodile. You do not know whether to tickle it under the chin or beat it over the head. When it opens its mouth, you cannot tell whether it is trying to smile or preparing to eat you up”. Sir Winston Churchill. Traducción express, adaptada a 2020: “Intentar mantener buenas relaciones con una hiena comunista, es como cortejar a un cocodrilo que ha decidido devorarte”. Sigo con Sir Winston: “Soy optimista, no parece de mucha utilidad ser cualquier otra cosa”. La alianza entre PSOE y C´s, cada vez más sólida, es una buena noticia. La muy inteligente Arrimadas, quizá logre que Sánchez recapacite. Pero para poder creer en el optimismo, al 100%, hay que sacar del mapa político a los comunistas. Son mala gente, además de gafes.

El indeciso Sánchez, vitoreado por necios, se dio cuenta, tras hablar con Arrimadas y oír a González, del daño que el comunismo estaba causando a su gabinete. El lelo César, recuperó la razón y queriendo demostrar que tiene poco de lerdo, juró que, en el futuro próximo y lejano, prescindiría de piratas como Iglesias en sus gobiernos, pues él, el omnipotente César de Tetuán, solo busca la paz social. Entre tantas malas noticias, su declaración de buenas intenciones, destaca por increíble, pues viniendo de Sánchez, todo es camelo.

Del Burgo denuncia en el Supremo a Sánchez, Calvo, Iglesias, Illa y Marlaska por permitir el 8-M con 17 muertos
M.A. Ruiz Coll okdiario 13  Junio 2020

El doctor en Derecho y ex diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el presidente Pedro Sánchez, los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, y los ministros Salvador Illa, Fernando Grande-Marlaska e Irene Montero, por autorizar y animar a participar masivamente en las manifestaciones del 8M en plena pandemia, cuando España ya tenía 17 muertos por coronavirus.

La denuncia también se dirige contra el director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, y contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco Pardo (contra el que la juez Carmen Rodríguez-Medel acaba de archivar provisionalmente otra denuncia impulsada por una plataforma de afectados y por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil).

Jaime Ignacio del Burgo ha incorporado a su denuncia un extenso informe de 47 paginas, basado íntegramente en documentos oficiales del Gobierno, que llega a la siguiente conclusión: todos los miembros del Ejecutivo de Sánchez conocían desde el 24 de enero el grave riesgo que comportaba la epidemia de coronavirus y las medidas que debían adoptarse para evitar los contagios, que demoraron hasta después del 8M.

Y pese a ello, no sólo mantuvieron por motivos políticos la convocatoria de las manifestaciones feministas del 8M, sino que hicieron llamamientos a participar de forma masiva en estos actos, poniendo en riesgo la vida de miles de personas (en Madrid se congregaron más de 100.000 manifestantes).

«Minimizaron el riesgo para celebrar el 8M»
Los propios informes oficiales del Ministerio de Sanidad, que reflejaban el crecimiento exponencial del número de contagios, deberían haber disparado todas las alarmas. Y sin embargo, «desde finales de febrero se reforzó la política de minimización del riesgo para poder celebrar una manifestación que tendría efectos letales», indica Del Burgo en su denuncia, «no hubo ingenuidad ni imprevisión, sino minimización [del riesgo] consciente y por ello culpable, para poder celebrar la manifestación del 8 de marzo».

Ya en su informe del 24 de enero, el CCAES dirigido por Fernando Simón advertía de que la epidemia se había extendido a ocho países (China, Tailandia, Corea del Sur, Taiwan, Vietnam, Singapur y Estados Unidos) y detallaba las medidas necesarias para frenarla. Entre ellas, explicaba que el personal sanitario que tratara a los pacientes afectados debía utilizar equipos de protección individual con bata impermeable, mascarilla quirúrgica, guantes y protección ocular.

Aquel mismo 24 de enero, Fernando Simón anunció que el Gobierno había descartado «por ahora» realizar controles en los aeropuertos a los viajes procedentes de países de riesgo, y proclamó: «Es más probable coger una gripe en Wuhan que el coronavirus«.

El mismo día, 24 de enero, el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de Interior, José Antonio Nieto González, luego purgado por el ministro Marlaska, dictó un informe que describía las vías de contagio («por gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o hablan»), recordaba la recomendación de la OMS de «evitar aglomeraciones» y establecía el uso de mascarillas FPP2 y guantes de nitrilo para los agentes de Policía destinados en los controles del aeropuerto.

El Gobierno también distribuyó este material, al menos desde el 29 de enero, a los empleados de la Agencia Tributaria del barrio madrileño de Usera, que concentra una de las principales colonias de inmigrantes chinos de todo el país.

Laa Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 30 de enero la «emergencia de salud pública de importancia internacional«. Dos días después, se detectó el primer caso de coronavirus en España, en la isla de La Gomera, y fueron puestos en cuarentena 14 españoles repatriados desde Wuhan. Aunque no trascendió hasta varios días después, el 13 de febrero se registró la primera muerte por coronavirus en España, en el hospital Arnau de Vilanova de Valencia.

El 29 de febrero España ya tenía 50 infectados. Mientras la OMS advertía de la amenaza «muy alta» del coronavirus, Fernando Simón afirmó en rueda de prensa que «las mascarillas no son necesarias para ir por la calle«. Ahora es obligatorio utilizarlas, bajo amenaza de multa de 100 euros.

Pese a las recomendaciones del informe firmado por Simón el 24 de enero, el ministro Salvador Illa prohibió el 2 de marzo a la Comunidades autónomas adquirir mascarillas, alegando que el Ministerio iba a centralizar las compras. Pero no fue hasta casi un mes después, el 25 de marzo, cuando su Ministerio comenzó a realizar compras masivas de estos elementos, señala el informe.

«En el Gobierno todos lo sabían»
El 4 de marzo, Fernando Simón anunció tres «escenarios de contención» para frenar la epidemia: los tres incluían la recomendación de suspender todos los actos de participación masiva. El informe publicado por Fernando Simón el 8M a las 3 de la tarde ya indicaba que habían muerto 17 personas por coronavirus en España, ocho de ellas en Madrid, con un total de 589 casos de contagio. Ya no había ninguna excusa para minimizar la gravedad de la situación.

El ex presidente de la Diputación Foral Navarra Jaime Ignacio del Burgo detalla en su escrito la responsabilidad de cada uno de los altos cargos denunciados: «En el Gobierno todos lo sabían. La principal responsabilidad política corresponde al presidente Pedro Sánchez, que la comparte con la vicepresidenta primero Carmen Calvo«, quien el 4 de febrero asumió la presidencia del Comité de Coordinación Interministerial creado para vigilar la evolución de la pandemia.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, «tenía la última palabra en materia sanitaria y conocía minuto a minuto lo que estaba ocurriendo en el mundo y en España. A la vista de los datos sobre la extensión de la pandemia, con 17 muertos registrados entre el día 7 y el 8 de marzo, estaba obligado a aplicar las recomendaciones de los organizaciones internacionales de evitar las aglomeraciones«.

Respecto a la ministra Irene Montero, señala que «invirtió una ingente cantidad de dinero en la propaganda institucional de la manifestación feminista y arengó a las mujeres a acudir a la misma a sabiendas del riesgo corrían». Al igual que hicieron Pablo Iglesias y Carmen Calvo.

El informe dirigido al Tribunal Supremo indica, en cuanto a Fernando Simón, que «su función no fue la de informar de forma absolutamente veraz e independiente sobre la situación, sino la de un portavoz político que sirve fielmente a los intereses del Gobierno».

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Datos del Banco de España
Torra rompe récords de deuda: cada catalán debe el doble que un madrileño o un andaluz
Carlos Ribagorda okdiario 13  Junio 2020

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha roto en el primer trimestre del año todos los récords de deuda de la administración regional catalana. Según los datos del Banco de España, Cataluña acumula una deuda de 79.429 millones de euros, la cifra más alta de la historia. Es la mayor de todas las comunidades autónomas y supone que cada catalán debe 10.348 euros, el doble que un madrileño o un andaluz -tomando como referencia la población que marca el Instituto Nacional de Estadística (INE)-.

A cierre de marzo, el líder independentista -con quién el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a sentarse en julio en la mesa bilateral- ha elevado la deuda de Cataluña hasta el 33,7% del PIB, porcentaje inferior al que registraba la comunidad en el primer trimestre de 2019 y en otros años de la crisis anterior -el récord se dio en 2015, con un 35,6% del PIB-. La deuda marca récord en valor, pero no en porcentaje por el incremento del PIB.

En el primer trimestre del año Torra ha aumentado la deuda en 369 millones de euros, lo que supone que cada catalán deba ya 10.348 euros. Es el doble de lo que debe un madrileño o un andaluz, mientras Torra acaba de aprobar una nueva subida de impuestos autonómicos. La comunidad de Madrid acumula una deuda de 34.052 millones de euros, inferior a 2019, lo que supone un 14,3% del PIB. Además de ser un tercio menos que la de Cataluña, cada madrileño debe 5.110 euros.

En el caso de Andalucía, la otra región con población similar a la de Cataluña, la deuda se sitúa en marzo en 35.244 millones de euros, un 21,3% del PIB. Es la cifra más baja desde septiembre de 2018, y en porcentaje sobre el PIB, la menor desde 2014. Cada andaluz debe ahora 4.210 euros. Todo, a las puertas de la mayor crisis económica desde la Guerra Civil por el impacto del coronavirus.

Valencia y Castilla-La Mancha
Ninguna región supera a Cataluña en el importe de su deuda. Pero hay dos regiones que le superan en porcentaje sobre PIB. Se trata de la comunidad valenciana y de Castilla-La Mancha, las dos gobernadas por el PSOE en los últimos años. Valencia debe ya 48.158 millones de euros, un 42,2% del PIB. En el caso de esta región, ninguna de las dos cifras supone romper el récord de la anterior crisis, en 2008.

Esto sí ocurre en el caso de la región manchega. La comunidad gobernada por Emiliano García Page está también en récord absoluto, con 15.395 millones de euros de deuda. Es un 36,2% del PIB. Aún así, cada castellano manchego debe 7.573 euros, menos que cada catalán. Las otras regiones que han superado el récord de deuda -a las puertas del coronavirus- son Cantabria, Aragón, Castilla y León, Galicia y Murcia.

El mayor problema de esta situación es que las regiones se queden sin margen para poder endeudarse más y responder así a los efectos de la crisis del coronavirus, que amenaza con durar al menos dos años con un incremento del paro y un fuerte aumento del déficit. En la anterior crisis, en 2008, las regiones en su conjunto registraban una deuda de 74.497 millones de euros, menos que ahora sólo Cataluña. Era un 6,7% sobre el PIB total. Ahora, aunque la crisis será más corta, el punto de partida general es el 24,1%, y el de Valencia, el 42%.

Pedro Sánchez
Lo mismo se puede aplicar al Gobierno central. La deuda hasta marzo de la administración central -sin Seguridad Social, ni regiones ni ayuntamientos- ha marcado también récord histórico en importe y en porcentaje de PIB.

Según los datos del Banco de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado la deuda hasta los 1,094 billones de euros, el 88,5% del PIB –en el conjunto de las administraciones se sitúa en el 98,9% del PIB-. Es la cifra más alta en porcentaje sobre PIB y en importe, lo que limitará las opciones de responder a la crisis. En la anterior crisis, en 2008, la deuda central era el 33% del PIB. La ventaja respecto a la anterior recesión es que ahora Bruselas está dispuesta a aportar dinero en vez de a exigir recortes a los gobiernos.

Además, crece también la deuda de las empresas públicas hasta superar los 30.000 millones de euros. La más endeudada es Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias que preside Isabel Pardo de Vera y que afronta las inversiones de la red del AVE. Adif acumula una deuda hasta marzo de 16.595 millones de euros, superando también el récord histórico de deuda de esta compañía pública. Aena debe 6.700 millones de euros y Renfe Operadora, 4.200 millones.


 


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