AGLI Recortes de Prensa   Domingo 14  Junio  2020

La “marchenada” de Medel y la buena marcha del proceso constituyente
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 14  Junio 2020

El proceso constituyente, en realidad un "debate constituyente" del Gobierno social-comunista con la ERC golpista de Junqueras no empezó esta semana, cuando lo ha anunciado nada menos que en las Cortes y el Ministro de Justicia, sino con la sentencia sobre el 1-O de Marchena y sus Unánimes en el Supremo, la peor injusticia que se podía infligir a la Nación que se echó a la calle, al Rey que la defendió y al Estado de Derecho que tenía en la Sala Segunda el encargo de defendernos. Fue al revés: nos abandonó.

Me remito a la crítica demoledora que los cuatro fiscales del propio Tribunal Supremo han hecho de esa sentencia, monumento a la cobardía que algunos denunciamos entonces, porque fatalmente debía acarrear gravísimas consecuencias para el orden constitucional, en cuya cúspide debe estar siempre la Ley, no los jueces y sus personales destinos. Mucho menos, ante un Golpe de Estado, donde gana el Golpe o el Estado, sin más. La sentencia daba el triunfo al Golpe al cambiar el delito de "rebelión" por el jibarizado de "sedición"; y éste, matizado por el estado de "ensoñación". Ahí están los resultados.

El proceso constituyente después del 1-O
Su significado político se ve mejor ahora, sin el humo biempensante de tantos medios engañados por las propias filtraciones del Tribunal: si el Supremo, cima del Estado de Derecho español, no podía o quería condenar el Golpe, España debía convivir con él, hacerle sitio derribando desde dentro lo que el golpe no había podido derribar desde fuera. Y a eso llaman "proceso constituyente": como los jueces no son capaces de imponer que se cumpla la Constitución, haremos otra en la que los mismos jueces sigan en sus puestos defendiendo todo aquello que juraron combatir. Ese era el fatal resultado de la marchenada por unanimidad, ¡sin un solo voto particular".

Cuando el juicio del 1-O se dijo que, si el Supremo no veía clara la condena por rebelión, debía apostar por las penas más altas por sedición y asegurarse una condena ejemplar en años de cárcel. Sucedió al revés; ni rebelión, ni apenas sedición, y encima la mamarrachada de la ensoñación. En el juicio al Delegado del Gobierno y el experto Simón por la juez Medel cabe plantearse lo mismo: si no lo tenía claro, ¿por qué imputó a Franco? ¿Y por qué descartó la imputación de Simón, que tenía mucho más material probatorio en contra? En ese momento, ha contado Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, los peritos en lidias de presiones judiciales dieron el caso por perdido.

Las infinitas excusas de la juez Medel
Si se leen las 45 páginas de la juez sobre las negligencias de Franco lo único inexplicable es que dé carpetazo al caso, lo sobresea o lo digiera con bicarbonato "Tecnical", la ayuda de la cal para las buenas digestiones. Me recordó el penúltimo discurso sobre el Estado de Alarma de Casado, tan inapelable, brillante e indiscutible que lo único incomprensible es que al final votara sí a lo que tan brillantemente explicó que se debía votar no. Medel parece disculparse ante los medios que tanto confiaron en ella, pero el efecto es el contrario. Si no ha sido capaz de mantener la imputación, al menos podía haberse impuesto cierta brevedad. Cuanto más acusa a Franco folio tras folio, más se inculpa ella. Ni eficiente ni frugal. Una calamidad.

Pero el caso no lo pierde la juez Medel, que se tapa en el burladero del carácter provisional del sobreseimiento y hay medios que se lo quieren creer, sino la Guardia Civil, depurada por el Gobierno al servirla, el forense que de forma inequívoca apuntaló la responsabilidad de Franco, y, sobre todo, las 47.000 víctimas de la criminal negligencia de un Gobierno en el que Franco era el último eslabón. La sensación generalizada en la opinión pública es que los jueces garantizarán la impunidad absoluta de Sánchez e Iglesias en la crisis sanitaria, porque ni el Gobierno vacila en presionar a los jueces con ferocidad ni éstos en dejarse presionar con pareja docilidad.

Si traigo a colación el carácter marchenil de la decisión de Medel es porque abunda en la misma sensación que produjo la sentencia del 1-O en el Supremo: nuestros jueces no se atreven a defendernos del Gobierno. Y si no se atreven con una pieza menor como Franco Pardo, ¿cómo se van a atrever a frenar ese "proceso constituyente" en marcha, que busca liquidar la Constitución "constitucionalmente", pero sin acudir a los medios legales y democráticos de reforma de la propia Constitución? Antes de los Reyes Católicos era famosa en Castilla la frase "allá van leyes do quieren reyes". Aquí y ahora, nuestra monarquía constitucional parece seguir la misma vía muerta de la Ley: de una discreta anulación a una pomposa liquidación. No les será fácil a las bandas socialistas y comunistas, si la Oposición se resiste, pero ese es, inequívocamente, el The End del "proceso constituyente".

Marchena aún puede salvar su alma
Marchena tiene talento suficiente, quizás demasiado, para saber que su sentencia del 1-O fue una paletada de fango sobre la monarquía parlamentaria. No sé si Medel sabe tanto, aunque de valor anda igual. Pero en la situación española, cada paso atrás de la justicia es un paso más hacia el abismo. Como siempre en Justicia hay alguna instancia de apelación, el Supremo tiene la posibilidad de remediar la sensación de injusticia de su sentencia ensoñatoria, semejante a la que ahora se cierne sobre los miles de víctimas de la letal gestión de la crisis sanitaria: hay pendiente un recurso de Jaime Ignacio del Burgo contra todo el Gobierno, no el Franquillo, por los presuntos delitos que tantas vidas han costado. ¿Se atreverá a redimirse el Supremo de lo de Franco y el 1-O? ¿O vamos, de la mano de nuestros propios jueces, a enterrar definitivamente el Estado de Derecho en España?

Campeones del mundo en todo lo malo
EDUARDO INDA okdiario 14  Junio 2020

Que Pedro Sánchez no es un tipo de fiar es algo que no sólo conocemos los españoles. Su mala fama se extiende allende nuestras fronteras. Al punto que en estos momentos es poco menos que un apestado por tres razones: su inempeorable gestión del coronavirus, su lamentable conducción de la economía precoronavirus, que se traduce en una caída a casi la mitad del crecimiento del PIB desde que okupó La Moncloa y, por encima de cualquier otra consideración, su inquebrantable alianza con los comunistas bolivarianos de Pablo Iglesias. Esto último es algo que no le perdonan la Unión Europea ni muy especialmente los Estados Unidos. La Administración Trump no lo traga, como tampoco lo tragará Joe Biden si finalmente es el que se lleva el gato al agua. La línea que separa a un republicano y un demócrata en las cosas de comer es mucho más fina que la existente entre un socialista y un popular español.

Pero si hay algo que ha provocado un descalabro en nuestro prestigio son las nulas medidas puestas en marcha a priori para atajar o, al menos, paliar un coronavirus cuyos contundentes efectos se podían adivinar sin necesidad de ser catedrático de Biología o Medicina. Tampoco hacía falta poseer una bolita de cristal o ser la Bruja Lola. Bastaba con ver un ratito, no mucho, la televisión. Las escenas de Wuhan y Lombardía cerradas a cal y canto deberían haber bastado para que nuestro Gobierno se hubiera puesto las pilas comprando test y mascarillas a discreción y para habernos confinado dos semanas antes. En una economía tan globalizada como la actual el que primero mueve ficha, gana.

Las consecuencias de haber hecho los deberes a tiempo serían antagónicas: estaríamos en no más de 10.000 muertos y el daño económico sufrido oscilaría entre la mitad y la tercera parte. Y nos jactaríamos de disfrutar de guarismos similares a los de Grecia, Corea del Sur, Alemania o Portugal. Por cierto, la experiencia de este último país demuestra que para hacerlo bien no hace falta ser liberal o de derechas, gobiernan los socialistas con apoyo externo de los comunistas, basta con echar mano del sentido común y de los mejores.

Este mentiroso, manipulador, maquiavélico y psicópata a nivel subclínico que tenemos de presidente nos aproxima a velocidades supersónicas al Tercer Mundo. En algunos apartados ya lo estamos. Las cifras del Covid-19 son para echarse a temblar. Somos los terceros del mundo en número de muertos por cada 100.000 habitantes: 57, muy lejos de la primera del ránking, que es Bélgica con 84. Reino Unido es el segundo con 62 e Italia nos sigue en la lista negra con 56. Sea como fuere, esta estadística tiene trampa toda vez que Bélgica cuenta tanto los decesos confirmados con test como los sospechosos o probables, al igual que el Reino Unido. Elemental, querido Watson: hasta un recién licenciado en Medicina sabe colegir si un paciente se ha ido por Covid-19 o no, sin necesidad de realizar un PCR. Conclusión: teniendo en cuenta este nada insignificante detalle, continuamos siendo los primeros de esta macabra clase. Conviene no olvidar que los 27.000 fallecidos de los que habla Sanidad son otro embuste de marca mayor. El Instituto Nacional de Estadística (INE), dependiente del Gobierno, revela que entre el 15 de marzo y el 11 de mayo, con casi todo dios en su casa, se registraron 47.000 muertos más que en el mismo periodo de años anteriores. Blanco y en botella.

En número de contagios per cápita no somos los número 1 del mundo, pero tampoco es ningún consuelo que ocupemos la segunda posición. Estados Unidos lidera la tabla en infectados por cada 100.000 habitantes (627), frente a los 528 de nuestro país y los 405 del tercero en discordia, que no es otro que el Brasil de un Bolsonaro que echó mano de genialidad locoide a la hora de afrontar la pandemia y por eso le ha ido como le ha ido. Y todo ello tomando como ciertas las cifras de un Gobierno, el nuestro, que las falsifica día sí, día también. A diario se produce una sonrojante paradoja: mientras las comunidades desvelan nuevos óbitos, el caradura de Fernando Simón habla de “cero muertos”. Y no es, precisamente, porque hayan resucitado sino porque mienten como bellacos. La primer ministra belga, Sophie Wilmès, lo pudo decir más alto pero no más claro cuando la pusieron en la picota por un método estadístico que, entre otras cosas, espanta el turismo: “Hemos elegido una política de total transparencia por respeto a las víctimas y a la verdad”. Igualica que Pedro Sánchez.

La moraleja de esta estadística es perogrullesca: somos de largo los que peor han afrontado la crisis sanitaria. Porque si bien es cierto que la gran nación que dirige Donald Trump nos golea en número de contagiados en términos absolutos y por habitante no lo es menos que han registrado casi la mitad de defunciones que nosotros en términos relativos: 34 cada 100.000 ciudadanos. Por eso experimento un mix de ira profesional e hilaridad personal cuando veo a algunas televisiones esforzarse en subrayar lo malo-malísimo que es Trump y lo penosa que está resultando su labor en la lucha contra el virus mientras no dicen ni pío de un hecho que se sitúa más allá de toda duda razonable: estamos peor que la superpotencia en prácticamente todos los apartados. Los muertos y los contagios en EEUU son noticia principal en no pocos telediarios pero los que acontecen en España, no. Es más, ni siquiera cuestionan las cifras oficiales. Faltaría plus.

Tampoco estamos para dar lecciones a nadie a la hora de cuidar a nuestros sanitarios. En este apartado, desgraciadamente ganamos a todo quisqui por goleada. España tiene desde que se desencadenó la pandemia más profesionales del sector contagiados que nadie en el planeta tierra no en términos porcentuales sino, ojo al dato, ¡¡¡absolutos!!!: 51.849 a día de ayer. Lo cual demuestra que los dejaron a los pies de los caballos, que los mandaron a la guerra desarmados, que a nuestros politicuchos les importan más las fotos que la salud de quienes arriesgaban su vida para salvar las de los demás. Por eso entiendo perfectamente el cabreo de muchos de ellos cuando les comunicaron que les otorgaban el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020.

El apartado económico tampoco es para tirar de orgullo patrio. El informe de la OCDE hecho público el miércoles hace temblar al misterio: si hay un rebrote, el Producto Interior Bruto (PIB) de España será el que más se hunda de las economías occidentales: un 14,4%, por el 14,1% de Francia, el 14% del Reino Unido y el 8,8% de Alemania. El último informe del Fondo Monetario Internacional también prevé que en España vengan más curvas que en ningún otro Estado de nuestro entorno, excepción hecha de Italia. Nuestro PIB se contraerá un 8% y el de nuestros hermanos transalpinos un 9%, según el organismo con sede en Washington.

En paro volveremos a ser los campeones del planeta: la OCDE pronostica que la tasa se situará en el 20,1% este año y en el 21,9% en 2021. Unos guarismos que dicen mucho más si cabe si aportamos la media que la OCDE prevé para la Eurozona: un 10%. La comparación es odiosa, amén de escandalosa. Doblaremos a nuestros socios. Los augurios del Banco de España son aún más tremendistas: sitúa el nivel de desempleo a 31 de diciembre en el 23,6%. La consecuencia pone los pelos como escarpias: ostentaremos el lamentable honor de ser el país del primer mundo con mayor número de ciudadanos sin trabajo. Vamos, que lo estamos haciendo peor aún que en la anterior crisis cuando Grecia superó con un 27,4% las cifras españolas (26%). Números, por cierto, idénticos a los de Estados Unidos cuando sobrevino el crack de 1929. Números a los que, mucho me temo, nos aproximaremos nuevamente.

Las cosas se pueden poner más negras aún si cabe si reparamos en el hecho de que el 14% del PIB depende directamente del turismo y cerca del 20% indirectamente. En regiones como Baleares tres de cada cuatro euros salen de esta gran industria nacional que ahora algunos políticos más tontos que Pichote ponen en solfa. En este epígrafe es imposible hacer las cosas peor: el turismo extranjero no volverá hasta el 1 de julio salvo excepciones, 15 días más tarde que en Portugal y Francia y 27 después que Italia. El presidente del Gobierno continúa sofocando los focos del incendio con queroseno.

El mismito 15 de marzo escribí en este mismo hueco una columna premonitoria: “En las peores manos en el peor momento”. Las consecuencias ya las palpamos. Tenemos más muertos por habitante que nadie, somos los número 2 en infectados, nuestro PIB se desplomará más que el de nuestros socios, seremos los campeones del mundo occidental en paro y el turismo lo van a dejar hecho unos zorros para mucho tiempo. A este último respecto conviene no olvidar que recuperar un turista cuesta lo mismo que a un restaurante recuperar a un comensal cabreado cuando le has dado de comer basura. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pasarán por la crisis pero la crisis no pasará por ellos. El primero se irá por donde ha venido con pensión, coche, chófer, secretarias y escoltas vitalicios hasta el día que se muera. Y el otro se reirá de nosotros porque tiene la vida resuelta hace mucho tiempo gracias a sus infames amigos venezolanos. Y los que les pagamos el sueldo nos tendremos que ajustar el cinturón hasta la asfixia, cerrar o jibarizar nuestros negocios, llorar impotentes a nuestros muertos y cruzar los dedos a ver si un juez se atreve a meterles mano.

El plan de Pablo Iglesias para comprar millones de votos
Manuel Llamas Libertad Digital 14  Junio 2020

Podemos pretende disparar el número de prestaciones por tres vías diferentes para lograr el ansiado voto cautivo, al más puro estilo peronista.

De todos es sabido que uno de los grandes objetivos que tenía Pablo Iglesias a la hora de entrar en el Gobierno era hacerse con el codiciado control de la Seguridad Social. No es ninguna casualidad. Su objetivo no era otro que poder gestionar el pago de más de 10 millones de pensiones, siendo éste, además, un colectivo en el que su partido tiene poco predicamento. El objetivo, evidentemente, era contentar a los jubilados, uno de los grupos demográficos más nutridos del país, con falsas promesas de revalorizaciones imposibles para hacerse un hueco entre el electorado de mayor edad.

Tanto es así que la anterior cartera de Empleo, en la que se insertaba la Seguridad Social, fue una de las principales exigencias del líder morado a Pedro Sánchez para conformar la actual coalición de Gobierno. Lo que no se podía esperar entonces es que el presidente, en una hábil jugada tras cerrar el acuerdo con Podemos, dividiría el Ministerio en dos, Trabajo por un lado y Seguridad Social por otro, para que el ansiado organismo se mantuviera en manos del PSOE.

Esta treta, sin embargo, no ha impedido que Iglesias ponga en marcha su particular plan de compra masiva de votos. Su modelo no es original ni novedoso, puesto que se ha aplicado en numerosos países y en múltiples ocasiones a lo largo de la historia, pero sí constituye una peligrosa deriva en el actual contexto político al abrir de par en par las puertas del populismo en España. La estrategia consiste en generar una población cada vez más dependiente del Estado para, de este modo, captar votos.

No en vano, si los ingresos de una familia pasan a depender de la voluntad de un determinado partido, no sólo es mucho más fácil convencer a sus miembros de las bondades de tu proyecto, sino que, igualmente, resulta sencillo blandir la amenaza de que el oponente político te dejará sin sustento en caso de vencer en las urnas. Los ejemplos de Andalucía, Extremadura o Asturias, tradicionales feudos socialistas, donde una parte muy sustancial de la población depende del empleo público y el cobro de prestaciones de diversa índole, evidencian que el sistema clientelar funciona desde el punto de vista político, cosa distinta es que sea ruinoso para la economía y la prosperidad. Lo que pretende ahora el Gobierno de PSOE y Podemos, siendo Iglesias su principal impulsor, es implantar dicho modelo a nivel nacional.

El primer pilar ya está en funcionamiento. El Ingreso Mínimo Vital ha sido aprobado esta semana por unanimidad en el Congreso. Se trata de una nueva prestación a cargo de la Seguridad Social que, en la práctica, viene a sustituir a las rentas mínimas de inserción que las comunidades autónomas venían abonando desde hace lustros. Esta paga, situada entre los 460 y 1.015 euros al mes, se extenderá a cerca de 850.000 hogares, unos 2,3 millones de personas, y costará más de 3.000 millones de euros al año, según las estimaciones iniciales del Ejecutivo. Esto supone multiplicar casi por tres los 290.000 perceptores que, hoy por hoy, cobran la renta mínima, así como duplicar la factura presupuestaria destinada a su financiación.

El segundo pilar es el que acaba de anunciar la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consistente en reformular el subsidio de desempleo para aumentar de forma significativa tanto su cuantía como el número de beneficiarios. Actualmente, lo cobran unas 980.000 personas, pero la rebaja de los criterios de acceso que propone Podemos junto con el fuerte incremento del paro que traerá la crisis del coronavirus acabarán engordando este colectivo.

Y el tercer pilar será la reforma de las prestaciones de paro, ideada también para incrementar su cobro y duración, incluyendo, además, incentivos perversos a la hora de buscar empleo. La prestación contributiva del paro la reciben hoy 3,5 millones de personas, pero su número seguirá creciendo en los próximos meses.

En total, un mínimo de 7 millones de personas cuyo mantenimiento pretende arrogarse Podemos. Esta es la "justicia social" que quiere implantar la izquierda española, una gran red clientelar de gente dependiente de las paguitas del Estado y que, fruto de los desincentivos para trabajar y las enormes trabas impuestas a la creación de riqueza y empleo, tendrán que agradecer su maltrecha subsistencia a la bondad del amado líder con su voto, sin posibilidad de labrarse un futuro por sus propios medios.

Es lo mismo que lleva haciendo el peronismo en Argentina desde hace décadas, donde más del 40% de la población recibe dinero del Estado, o lo que hizo Hugo Chávez al llegar al poder en Venezuela con sus misiones y cartillas de racionamiento, con los desastrosos resultados por todos conocidos. El proyecto político de este Gobierno se resume en pobreza y sumisión.

Proceso destituyente
Ignacio Camacho ABC 14  Junio 2020

Una constitución no es sólo un texto normativo. Es la expresión epocal de un conjunto de valores compartidos sobre los que una nación define su soberanía y organiza su convivencia a través de un gran acuerdo social y político. El gran mérito del constitucionalismo democrático consiste en acoger bajo ese gran compromiso una serie de paradigmas ideológicos y morales distintos y construir con ellos un escenario de entendimiento colectivo. Las constituciones son reglas de juego para arbitrar conflictos mediante el mutuo reconocimiento de respeto a unos mismos principios cuya importancia no radica tanto en la letra, siempre revisable, como en el espíritu.

Cuando el ministro de Justicia dijo el miércoles en el Congreso que España está en una «crisis constituyente» no aludía al eterno debate sobre la reforma del articulado. Estaba sugiriendo, admitiendo más bien, la existencia de un proyecto global que no es de reajuste o de enmienda sino de reemplazo. Un proceso que va más allá del horizonte inmediato para apuntar a un salto sobre las bases de relación política de los últimos cuarenta años, y que no necesita de la formulación explícita de un trámite parlamentario porque se está desarrollando ya en una dinámica de hechos consumados. El objetivo no es derogar el régimen del 78, como pretenden los socios de investidura más arriscados, sino ignorarlo, diluirlo en un entorno de cambios prácticos que simplemente lo arrumben en la conciencia de la sociedad como un trasto. Cambiar el cuadro sin tocar el marco.

En realidad, la estructura intangible de la Carta Magna ha sido ya desguazada a conciencia. Se trata del consenso, el pacto fundacional de la Transición, que constituía su núcleo de cohesión interna, la línea maestra que integraba a todos los españoles en un modelo de Estado y de convivencia. La polarización de la vida política, su transformación en un campo de batalla lleno de trincheras, tiene como finalidad la impugnación del liberalismo y la derecha, a los que se etiqueta como fascistas para expulsarlos en la práctica del sistema y establecer una legitimidad unívoca en torno al credo de la izquierda. La autoasignación de una hegemonía moral por parte del bloque de investidura -sanchismo, nacionalistas y Podemos- invalida el presupuesto primordial de la restauración democrática y rescata el mito cainita de las dos Españas entregadas a una perpetua confrontación sectaria. La tardía acta de paz de la contienda civil -como la definió Alfonso Guerra- que sirvió para abrir la nueva etapa ha quedado anulada de facto bajo un impulso retroactivo de revancha que aspira a volver al punto de partida de la fracasada experiencia republicana. Más que a una crisis constituyente, como dijo Juan Carlos Campo, asistimos a un período destituyente, a la deconstrucción de la vieja -y fecunda- alianza de concordia transversal, interpartidaria, como paso previo a la creación de una atmósfera proclive para una posdemocracia que más pronto o más tarde reclame su propia Constitución de nueva planta.

Ese clima va avanzando a través de la deslegitimación de las instituciones -la Corona, la oposición, la justicia, las fuerzas de seguridad- y de los pilares de la sociedad autónoma como el empresariado, la prensa o cualquier otro elemento capaz de interferir la interlocución plebiscitaria entre ciudadanos y Gobierno. Engolfado en los poderes de un estado de excepción encubierto, el presidente Sánchez ha acabado por asumir la estrategia de Podemos, cuyo líder ha visto en la pandemia ese cúmulo de condiciones objetivas que los politólogos conocen como el «momentum»: la oportunidad de acelerar y consolidar un proceso. Para ese salto adelante no hace falta abordar una revisión de la norma fundamental que tropezaría con su complejo blindaje interno y la falta de masa crítica en el Parlamento; basta con rodearla mediante leyes que instituyan un orden paralelo vacío de cualquier atisbo de consenso.

Arrinconada la oposición liberal bajo el exitoso estigma del fascismo y descartada la fiabilidad institucional del PSOE pese a los esfuerzos del felipismo tardío, la independencia del poder judicial se perfila como única posible garantía frente al asalto anticonstitucionalista. El pulso por controlar la magistratura, planteado ya por el Ejecutivo de manera inequívoca, adquiere en la agenda de este mandato una importancia cenital, decisiva. Es en ese contexto en el que debe interpretarse la acusación cada vez más explícita de que las togas forman parte de una sombría trama golpista, un «lawfare» de beligerancia ilegítima. Tomadas sin complejos la Abogacía del Estado y la Fiscalía, se trata de ablandar la resistencia de la de los jueces intimidando su autonomía. Por eso resultaba especialmente inquietante que la declaración de crisis de régimen proviniese del ministro… de Justicia. La renovación del CGPJ y de un tercio del Tribunal Constitucional será la prueba de fuego de esta legislatura; exigiendo ambos trámites mayoría cualificada, el papel del Partido Popular se vuelve absolutamente estratégico. De su capacidad para mantener el statu quo depende en gran parte el equilibrio sistémico, amenazado sin tapujos por el empuje expansivo del Gobierno. Aislado de cualquier acuerdo, el centro derecha conserva en su mano una esencial capacidad de bloqueo; su fortaleza ante la presión va a determinar a plazo medio el futuro del concepto de nación y de Estado que hemos venido conociendo.

De forma más o menos planificada -en el sanchismo todo es improvisación aunque Iglesias tenga las ideas claras-, la fase deconstituyente se ha puesto en marcha. E irá adelante si no encuentra topes o diques porque en una sociedad atemorizada por una grave crisis económica y de salud pública es fácil abrir paso a la falsa seguridad de una deriva autoritaria. Frente al narcótico clientelar, los mitos populistas y el esplendor pirotécnico de la propaganda se hace más necesaria que nunca una verdadera pedagogía de la democracia. El verdadero peligro para la libertad proviene siempre de la resignación, la autocomplacencia y el exceso de confianza.

Un Gobierno serio ante un futuro crítico
Editorial larazon 14  Junio 2020

El primer Gobierno «bonito» de Pedro Sánchez duró apenas una semana. No sólo nombró ministros, sino personalidades que tuviesen una proyección social, aunque de notoria inexperiencia política, e incluso ineficacia, visto lo visto. Hace ahora exactamente dos años que el titular de Cultura, Maxim Huerta, presentó su dimisión al conocerse que había defraudado más de 200.000 euros a Hacienda y condenado por ello. Una condena ejemplarizante para un delito que se puede considerar menor –tributó ciertas cantidades a través de una sociedad en vez de como persona física, un truco muy extendido en determinadas profesiones liberales–, pero que Sánchez consideraba inaceptable cuando estaba en la oposición. Tres meses después, cesó como ministra de Sanidad Carmen Montón por un trato de favor en un master. Cuando se puso en duda la autoría de la tesis doctoral de Sánchez, ahí se marcó el límite y el Gobierno «bonito» quedó monstruosamente desfigurado.

El límite era resistir como fuese, dar por falso cualquier hecho que pueda afectar al Ejecutivo, trasformar a la oposición en una máquina de fabricar «fake news» –cuando no golpes de Estado– y cualquier crítica que pueda hacerse en el ejercicio de control parlamentario, pura crispación. Sin embargo, le guste o no a los estrategas de La Moncloa, el actual Gobierno está seriamente averiado y no aporta ni rigor, ni tranquilidad, ni capacidad reformista para afrontar los próximos años que, según todos los indicadores, serán muy complicados en términos económicos. Es un Gobierno radicalizado, cuyo mensaje está monopolizado por la facción izquierdista de Iglesias dispuesta a inclumplir los acuerdos con la Unión Europea, que, aunque sea pura propaganda, no es lo que necesitan los organismos financieros para inyectar miles de millones de euros en las mejores condiciones. Por contra, Sánchez, en vez de contrarrestar el nefasto influjo de Podemos se siente cómodo en esos excesos verbales guerracivilistas y otros disparates ideológicos, mientras Bruselas tiene claro que las condiciones para acceder a la ayuda europea deberá reflejarse en unos Presupuestos que no permitan gastos que no estén vinculados a la Sanidad y a otros sectores que afecten a la recuperación económica. Por otra parte, se exigirá un plan de reducción de la deuda en los próximos años con recortes específicos. Sin embargo, la responsable político con más responsabilidad y valedora de los criterios de la UE, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, debe aguantar las presiones de un Iglesias que ha convertido el Ejecutivo en una tribuna de captación. Como muestra, es alarmante que Sánchez no haya definido todavía cuál es la posición de España ante la candidatura de Calviño para presidir el Eurogrupo, aunque confiamos en que no se deba a exigencias de Iglesias, que ha tomado a la titular de Economía como su adversaria máxima para poder mantener su peso en el Gobierno.

La crisis de Gobierno será inevitable –no por la duplicidad de cargos: el actual presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno, lo es la vez de Economía en su país– porque, una vez superado la epidemia sanitaria, la recesión económica en la que entraremos, con indicadores de caída del PIB de hasta el 15% y niveles de paro del 20%, necesita un Gobierno eficaz, con menos dependencias sectarias y capaz de sellar acuerdos con la oposición. Ministros con José Luis Ábalos, implicado en un caso tan turbio como el del viaje de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez, saltándose todos los tratados internacionales y que ha afectado al prestigio diplomáticos de España, es insostenible. Como lo es Fernando Grande-Marlaska, enfrentándose innecesariamente con la Guardia Civil. O el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como gestor directo de la crisis del coronavirus. España necesita un gobierno fuerte y serio, no una reunión de 23 carteras sin objetivo común alguno.

"Sanidad quería que quitásemos las mascarillas a los policías"
Después de 36 años de servicio a la Policía, de imprevisto, fue cesado el pasado 13 de marzo, sin explicaciones claras y sin poder defenderse
Nacho Abad elconfidencial 14  Junio 2020

José Antonio Nieto se jubiló el pasado viernes. Ese día tuvo que acudir a la sede policial de Canillas en Madrid para firmar los papeles. Cuando llegó, ocurrió algo inusual, todos los policías con los que se cruzó a su paso se cuadraron como en señal de agradecimiento y respeto. Sabe que los agentes están con él porque se lo han dicho en persona y porque ha recibido cientos de mensajes en su correo de parte de policías de todas las graduaciones reconociendo su trabajo. Muestra un mensaje de una agente de Lanzarote que le trasmite su gratitud: "Por evitar que yo me haya contagiado y por tanto evitar que yo se lo pegase a mi familia". Sus compañeros le están organizando una comida de despedida. En el mundo de la prevención de riesgos, todos aplauden su labor y le quieren dar un premio, los sindicatos policiales quieren unirse para un gran acto en su honor. En 2006, creó de la nada el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Participó en la elaboración del real decreto que los regula. Le ha dado 36 años de trabajo a la Policía. De imprevisto, fue cesado de forma injusta el 13 de marzo, el mismo día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el decreto del estado de alarma.

Pregunta. ¿Cómo está?
Respuesta. Durante un par de meses solo me he preocupado por vivir, porque a los dos días de mi cese caí enfermo por el coronavirus. Por primera vez en mi vida pensé que me podía morir y eso asusta. Me he recuperado hace poco y ahora estoy cabreado y triste. Quería haberme despedido de la policía de otra manera. Le he dedicado toda mi vida. No me merezco salir por la puerta de atrás, sobre todo de una forma tan injusta.

P. Vayamos al comienzo. Repasemos todos los acontecimientos que provocan su cese: ¿cuándo se da cuenta del peligro que supone el coronavirus?
R. A mediados de enero, una persona de mi equipo que había estado de viaje de ocio, me advierte de que en algunos países asiáticos se están haciendo controles de temperatura en los aeropuertos y que es por un virus del que se sabía poco en España. Indago, veo las alarmas sanitarias de la OMS y me doy cuenta de que es el covid-19. En ese momento estoy seguro que va a llegar a España. Por eso el 21 de enero, sin que en España haya oficialmente todavía ningún infectado por coronavirus, emito la primera nota informativa de advertencia. De esa nota me borran la expresión "potencialmente mortal". Finalmente, la instrucción se envía a todas las comisarías a nivel nacional el 24 de enero. En el documento se explica qué es el covid-19 y los países que estaban afectados por el virus que ya eran unos cuantos, no solo China. También recomiendo evitar aglomeraciones y la utilización de guantes y mascarillas FFP2. Esto motiva que el 26 de enero en los aeropuertos y puestos fronterizos, los policías españoles empiecen a usar mascarillas y guantes.

P. ¿La policía disponía de mascarillas y de guantes?
R. En enero teníamos una dotación de 20.000 de guantes, pero mascarillas faltaban. Había 300 disponibles. Se liberó una partida para comprar y poco después me comentaron que era difícil comprarlas, que encontraron algunas, pero que los proveedores habituales no tenían. Me llegan a confesar que mascarillas que antes se vendían por 0,80 céntimos la unidad, en ese momento valían dos euros y medio. Finalmente, acaban consiguiendo 14.000 unidades.

P. ¿Su iniciativa levantó alguna suspicacia?
R. Sí, el día 24 de enero por la mañana salió la nota que yo redacté sobre el coronavirus. Por aquel entonces, el Ministerio de Sanidad no había sacado ningún informe. Horas después, curiosamente, sacaron ellos una nota y manifestaron su protesta porque nos hubiéramos adelantado. Esa fue la primera queja, pero hubo más.

P. ¿Cuándo se produjo la segunda queja de Sanidad?
R. En una reunión que se celebró en el Ministerio de Interior con Sanidad, la número dos de Fernando Simón me dice que las medidas que estábamos imponiendo en la Policía no son las adecuadas y despiertan alarma social. Me comenta que eso de que los policías lleven mascarillas en aeropuertos no está bien visto. Nos sugiere que eliminemos la orden y que les quitemos las mascarillas. Me negué. Le dije que en mi opinión estábamos haciendo lo adecuado. Entonces se quejó de que llevasen FFP2 y apuntó a que era suficiente con una mascarilla quirúrgica. Le expliqué que los policías no eran tontos y que Sanidad podía jugar a no crear alarma social, pero que yo me dedicaba a los riesgos laborales y mi responsabilidad era proteger la salud y seguridad de cada uno de los agentes de policía de este país: seguirían usando mascarillas FFP2. Me respondió que la probabilidad de contagio era muy baja a lo que yo le recordé que era una medida básica: "Si las consecuencias del contagio son graves, hay que adoptar medidas preventivas". Por ejemplo, es poco probable que a un policía le disparen, pero si lo hacen las consecuencias pueden ser mortales. Por eso se usan los chalecos y por esa razón no cedí y los policías siguieron usando mascarilla. No quedó convencida y me preguntó que si mi propuesta era que todos los policías llevasen mascarillas y guantes. Le dije que sí, que evaluando cada situación, pero sí. Respondió que eso era alarmar a la sociedad y yo le contesté que mi actitud era la responsable.

P. ¿Pasó algo más en esa reunión?
R. La número dos de Simón nos dijo que los policías y a los guardias civiles iban a ser clasificados como profesión de bajo riesgo de contagio. Le expliqué que eso era una barbaridad, porque decir que pueden detener manteniendo los dos metros de distancia de seguridad, es no saber nada. Esta es solo una de las decisiones de Sanidad que me parecen un escándalo.

P. ¿Está Sanidad detrás de tu cese al frente de Riesgos Laborales de la Policía?
R. Sanidad se quejó de mis actuaciones. Varias veces. Desconozco si Salvador Illa o su equipo pidieron mi cabeza. De lo que me he enterado recientemente es que mi superior inmediato, el comisario Guillermo Blázquez, reconoció que no quería problemas con el Ministerio. Probablemente Sanidad pidió mi cese, porque pasaron pocos días desde la reunión con la número dos de Fernando Simón hasta que me destituyeron. Yo era una persona molesta para Sanidad. Estaba dando órdenes a los policías diferentes a las del Ministerio de Sanidad.

P. ¿Cómo puede ser que viera el peligro el 24 de enero y Sanidad, a pesar de sus advertencias, no se diera cuenta de la que se nos venía encima?
R. Sanidad estaba tranquila porque el virus estaba en Wuhan y no había vuelos directos. Por eso pensaron que no había riesgo y de ahí las declaraciones de Simón de que no tendríamos ningún caso, salvo uno o dos importados. Ese planteamiento es no saber nada de epidemiología. Los virus no entienden de fronteras y se lo avisé, pero no me hicieron caso. Minusvaloraron el riesgo.

P. ¿Si le hubieran hecho caso, España se podría haber nutrido antes de guantes, mascarillas y EPI?
R. No soy un visionario ni un héroe. Solo hay que saber cómo evoluciona la expansión de un virus y ya teníamos experiencia. En prevención hay que anticiparse a los hechos. Si desde el primer momento se hubieran adoptado las medidas preventivas que sugerí, probablemente nos podríamos haber ahorrado muchos muertos, muchos dramas familiares, muchos problemas de compras de material y nos habríamos ahorrado mucho dinero, porque los precios subían cada día.

P. ¿Cómo le cesan?
R. Mi comisario, Guillermo Blázquez, me convoca a una reunión el día antes de mi cese. Me dice que están muy cabreados en la dirección general, que la culpa es por un documento que se ha filtrado, que saben que lo he filtrado yo y quieren saber cómo me había llegado a mí. Quiero hacer dos puntualizaciones. El contenido del documento era una nadería sin importancia, nada confidencial ni de especial relevancia, y yo se lo envío con mi nombre y apellidos a los técnicos de prevención de riesgos laborales en toda España, no a la prensa, sino a policías. Si quiero filtrar algo, no me identifico con nombre y apellidos en el correo. Es de lógica. Dicho esto, compruebo en el 'mail' quién me lo ha mandado y se lo digo a mi comisario: "Has sido tú quien me lo ha enviado el documento. Es más, me dices: te envío instrucciones del covid-19". Su respuesta fue: "¡No me digas! A ver si ahora me van a cortar la cabeza a mí". Hizo sus gestiones y me dijo que no me preocupara que estaba todo solucionado. ¿Sabe cómo me acabé enterando de mi cese? A través de una nota de prensa de un sindicato la tarde del viernes 13 de marzo. Nadie me llamó. Nadie dio la cara.

P. ¿Por qué no han destituido al comisario que se lo mandó a usted?
R. No lo sé. A mí me han tratado como en la inquisición: juzgado y condenado sin escucharme. Le dije al comisario que quería hablar con la superioridad para darles una explicación, pero claro eso implicaba informar de que él fue quien me envió el correo a mí. Me respondió que no insistiera que no querían saber nada de mí. Probablemente, este comisario no se sinceró a la Subdirectora General de RRHH, y el engaño llegó al director General de la Policía y al director Adjunto Operativo. Al final, la mentira llega al ministro del Interior. Yo le dije a Blázquez: "Tengo derecho a defenderme y a declarar lo que ha pasado". Él me respondió: "No quieren saber de ti". Quizá salvar su cuello fue la razón por la que no me dejó que hablase con nadie.

P. ¿Cuándo lo cesan?
R. El mismo día que el presidente Pedro Sánchez declara el estado de alarma, el 13 de marzo.

P. ¿Y en una situación tan grave para España dejan a la policía sin el máximo responsable de riesgos laborales sabiendo que sus policías quedaban desprotegidos?
R. Sí. Así es. Prescinden del único experto en riesgos laborales. No había sustituto para mí. Ahora han puesto accidentalmente a un inspector jefe, al que tengo estima personal, pero que acaba de terminar el máster en riesgos laborales. Cuando yo ocupé ese puesto me exigieron ser funcionario A1, el máster y ser especialista en medicina del trabajo. Mi sustituto tiene poca experiencia y solo máster. Debería tener la titulación adecuada.

P. ¿Qué le parece la actuación del Gobierno frente al covid-19?
R. Hay muchas cosas que no entiendo. No entendí porque en el resto de Europa había controles de entrada en los aeropuertos y en España no, tampoco por qué se autorizó que el Valencia viajara a jugar un partido de fútbol a la zona dura de la epidemia y al volver no se tomase ninguna medida preventiva. Hoy, todavía sigo sin entender por qué en los aeropuertos no se han establecido medidas de control, ni de medición de la temperatura. Yo, sin duda, habría endurecido los controles en los aeropuertos.

P. ¿Hubiera prohibido 8-M?
R. No tenía ese poder, pero yo hubiera prohibido todo: el 8-M, el fútbol, Vistalegre... Todas las aglomeraciones en sitios cerrados y al aire libre. Ya lo advertí el 24 de enero en mi primera instrucción por el covid-19.

P. Por analogía, ¿qué le parece la destitución de Pérez de los Cobos?
R. Es llamativo que una persona que ha sido premiada por diferentes gobiernos, haya sido cesada por falta de confianza. Me parece mal. Creo que es porque no informó al Gobierno de la investigación del 8-M. Tan injusto como lo mío. Marlaska adolece de dos características necesarias para un juez: justicia y equidad. En mi caso, él no sabe quién soy. Me llama comisario, no soy comisario, soy facultativo médico. Me conoce de terceras. Además, dijo sobre mí algo que me dolió mucho. Aseguró que yo había cometido una falta de lealtad. Equivoca lo que es la lealtad. La lealtad de un funcionario es con la Constitución y con la norma vigente y eso yo siempre lo he respetado. Fíjese que en mi cese aparece en blanco la motivación. En teoría es por falta de confianza. ¿Falta de confianza cuando tres días antes de mi cese mi subdirectora general me dice que me va a comer a besos por lo bien que lo está haciendo mi grupo? ¿Qué me voy a coronar por la lucha frente al coronavirus? ¿Falta de confianza cuando mi comisario, Guillermo Blázquez, me dice que con lo que estaba haciendo seguro que nos daban a los dos una medalla roja? El mismo día que me cesan, el director general de la Policía presenta ante los sindicatos el Plan de Actuación frente al covid-19. Asegura públicamente que es un gran plan. Un sindicato policial le pregunta: "¿Sabe quién lo ha hecho?”. "No", responde. "La persona que usted acaba de cesar", le informan. Ese plan, de 28 páginas, hay países sudamericanos que lo han pedido como referente sanitario del control de la epidemia. Con eso te lo digo todo.

P. ¿Cómo le podrían resarcir de lo sucedido?
R. Me vale con una disculpa pública del ministro Marlaska o del director general de la Policía. Se confundieron probablemente porque alguien les engañó, pero ellos deberían haberme dejado darles mi versión.

El peligro de acostumbrarse a que nos tomen el pelo
“Los hombres son tan simples y están inclinados a obedecer a las necesidades inmediatas que un tramposo nunca carecerá de víctimas para engañarlos” N. Machiavelli
Miguel Massanetdiariosigloxxi 14  Junio 2020

Se dice que los españoles somos temperamentales, que el carácter de nuestra raza es indómito y poco disciplinado, un pueblo difícil de dirigir y, en ocasiones, propicio a la rebeldía. Puede que tengan algo de razón los que piensen de esta manera pero, visto lo visto, quizá porque haya más izquierdistas de lo que nos creíamos o porque la derecha no ha sabido nunca vender sus éxitos ni tampoco defenderse de la propaganda pertinaz, demagógica, basada en tópicos de siempre y en magnificar lo que son defectos de algunos, que se desacreditan a sí mismos y a la mayoría del empresariado que, en general, está compuesto de personas trabajadoras, emprendedoras, respetuosas con sus empleados, cumplidores de las leyes y con una sólida formación; identificándolos a todos, con esta minoría deplorable de comportamiento insensible, falto de humanidad, egoísta, despótico e intolerante. Esta sinécdoque en la que basan la propaganda los que intentan, a toda costa, desprestigiar al empresariado, valiéndose de tomar el comportamiento odioso de una parte para intentar generalizarlo atribuyéndoselo a todos aquellos emprendedores en los que se basa la economía de un país y, gracias a los cuales, los ciudadanos tienen trabajo, pueden ganarse la vida y gozan de un bienestar que, para sí, quisieran aquellos que han tenido la desgracia de vivir en países dirigidos por gobiernos totalitarios y absolutistas.

Sin embargo, si tenemos que dejarnos guiar por lo que ha estado ocurriendo en España desde que la crisis del coronavirus ha afectado a cientos de miles de personas que han quedado contagiadas y cuarenta y cuatro mil fallecidos como consecuencia del virus ( en cifras reales, no las oficiales maquilladas por nuestros gobernantes), por la desvergüenza de quienes teniendo la responsabilidad sanitaria de proveer de medios de protección a los profesionales, como médicos, enfermeras, celadores, policías etc., habiéndose mostrado incapaces, durante meses, de conseguir los medios de defensa contra el Covid 19 para los españoles, cometiendo la torpeza de negociar con irresponsables que les han engañado, estafado y, en muchas ocasiones, han enviado material que ha tenido que ser desechado por ser inservible para los fines para los que fueron adquiridos. Sobre todo ello, el Gobierno y estos personajes que se han hecho tristemente famosos por manipular los datos, negar las realidades, mentir con toda desfachatez y negar las evidencias, ha añadido el haber cometido el gravísimo error de permitir la celebración de actos públicos con la presencia de cientos de miles de personas, como fue la metida de pata de autorizar la concentración feminista del 8 de marzo pasado conociendo, como conocían nuestras autoridades, que el virus ya estaba presente en España y ya existían las recomendaciones de la OMS de que se evitase el contacto entre personas, por la posibilidad de contagios que ello podía comportar.

Pero nuestros gobernantes, en lugar de buscar apoyo de todos los partidos de derechas y de izquierdas, en vez de olvidar las diferencias de carácter político ante una pandemia de tal magnitud, para hacer un frente común que redujese al máximo los efectos de la enfermedad, demostraron a las claras que no estaban dispuestos a escuchar las opiniones de nadie; que no querían, en modo alguno, dar ni una pizca de protagonismo a los partidos conservadores, mientras les exigían que, cuando fingían pedir su colaboración y pedían su apoyo, se tragasen sin rechistar todo lo que dispusiera el Gobierno, sin permitir otras opiniones o rectificaciones que, seguramente, hubiesen evitado los continuos bandazos del Ejecutivo, se ha visto obligado a ir rectificando sobre la marcha cada vez que la decisión que había tomado se ha demostrado que era errónea, inviable y contraproducente.

No han querido reconocer que, un gran número de personas que se han visto afectadas por la pandemia, lo han sido por las meteduras de pata del ministro de sanidad, o los consejos desafortunados y pretendidamente tranquilizadores de la opinión pública, dados por quien tenía la obligación de alertar a todos los españoles de los peligros de no estar preparados ante la epidemia, el señor Fernando Simón, un sujeto que, a la postre, ha demostrado ser un simple monigote en manos de un Gobierno sin escrúpulos, cuando ha reconocido públicamente que si no se recomendaba el uso de mascarillas ( ahora obligatorias para todos) era porque no tenían suficientes para todos los españoles, ¿cuántos españoles se contagiaron estando en la creencia que las mascarillas no eran necesaria? Ustedes mismos pueden hacer el cálculo, sin necesidad de tener estudios universitarios, seguramente serían todos aquellos que ahora nuestras autoridades se niegan a reconocer pero que, según fuentes solventes, puede que sumen más del doble de las que oficialmente se han dado.

Y ¿qué ha sido de todos estos españoles que, según nuestra Historia, se atrevieron a enfrentarse con todos aquellos invasores, dictadores, oligarcas, monarquías absolutistas y repúblicas criminales que, a lo largo de los siglos han venido dominando periódicamente a las sucesivas generaciones de españoles? Ya no los hay. Por lo visto todos estos años de bienestar que hemos estado viviendo en España, incluidos los que vivimos bajo la dictadura del general Franco ( solamente los que intentaron derrocarla, los que nunca admitieron que el periodo de paz de cuarenta años fue una bendición para las personas de orden, que no se metían en política, que trabajaban y que podían circular por las carreteras y las calles de las ciudades, a cualquier hora, sin tener miedo de ser acuchillado para ser robados, ni tener que enfrentarse al vandalismo callejero o soportar las reivindicaciones separatistas de Cataluña y el País Vasco, además de tener la ventaja de disponer de una Seguridad Social y una Asistencia sanitaria de primer orden y, para los trabajadores, la protección de un sindicato, el Sindicato Vertical, y de unas Magistraturas de Trabajo que garantizaban los derechos de los menos favorecidos por la fortuna, con una rapidez y un celo envidiables, además de una legislación laboral más garantista que la actual y unas dificultades para poder despedir a la gente, mil veces más eficaces y más costosas, para aquellos empresarios que pretendieran despedir a sus empleados. Y esto señores, nadie me lo ha explicado, nadie me ha aleccionado porque, personalmente, fui testigo de todo ello en los años en los que me dedicaba a la legislación laboral durante el llamado “franquismo”.

Es evidente que las nuevas generaciones, aquellas que se consideran pobres si no tienen un coche, no pueden viajar al extranjero o no disponen de un piso en propiedad, sin hablar del privilegio de poder estudiar que tiene cualquier persona en una universidad, toda una serie de ventajas, que muchos españoles no tuvieron durante aquella post guerra, gracias la propaganda negativa contra el régimen de aquellos españoles que, en el exilio, en lugar de ayudar el pueblo español que pasaba los efectos de la posguerra, se dedicaron a pedir a todas las naciones, que dicho de paso se dedicaron a cometer barbaridades y crímenes de lesa humanidad durante la contienda de la II Guerra Mundial, pero que cuando se traba de reprochar al general Franco por haberse levantado en armas contra la oprobiosa dictadura de los dirigentes de la II República, no escatimaban acusaciones por hechos de guerra similares o menos graves que lo que los generales aliados, ya no hablamos de Hitler, cometieron contra Alemania, como los famosos bombardeos sobre Berlín que, evidentemente, causaron cientos de miles de víctimas en la población civil alemana y, sin embargo, parece que todo el mundo lo aplaudía cosa que no ocurrió en el caso del bombardeo de los aviones de la Lufwaffe sobre la localidad de Guernica que, si es cierto que fue una acción reprochable, ni por la dimensión de la operación ni por el número de fallecidos tuvo comparación alguna con la gran masacre cometida por “los aliados” contra el pueblo alemán, en la capital del Tercer Reich. Pero ellos fueron unos héroes y Franco un “asesino”

Pero aquí estamos, los belicosos españoles, como corderitos inofensivos, mientras desde el Gobierno filocomunista de socialistas y comunistas, aprovechando un estado de alarma injustificado, que se ha alargado muy por encima de lo que hubiera sido razonable, gracias a las izquierdas y a los separatistas vascos y catalanes, últimamente con el apoyo de Ciudadanos (convertidos en meros figurantes dispuestos a traicionar a España solamente para seguir subsistiendo) como si el utilizar una crisis sanitaria para hacer cambios políticos, prescindiendo de la oposición. Lo cierto es que la pandemia del coronavirus ha sido utilizada por nuestros gobernantes para ir introduciendo, de matute, sin que el parlamento, dominado por todos ellos, hiciera otra cosa que votar a favor, en todos los casos en los que les ha sido sometida una nueva norma para ser validada, fuera cual fuese la ignominia que se aprobase y sin que, en ningún momento, se atendiese a las propuestas o correcciones que llegaban desde las bancadas de la oposición. No se extrañen que, ante una pasividad semejante de los españoles, ante la evidencia de una manipulación encaminada a instaurar un nuevo régimen político de vocación comunistoide y antimonárquico, con la obvia intención de convertir a este país en una más de las repúblicas comunistas bolivarianas que tanto mal han causado en Suramérica y tanta miseria han creado en aquellos pueblos sometidos a el yugo de sus dictadores.

Hete aquí que, estos españoles con fama de intratables, vamos encajando sin protestar como los gobernantes, poco a poco, paso a paso, van introduciendo cambios básicos en nuestras instituciones, cambios que cada vez son más atrevidos y más encaminados a establecer un control exhaustivo sobre los ciudadanos, los medios de producción, las religiones ( con el propósito de irle cortando cada vez más su ámbito de actuación) y la economía en general, algo que, ante el anuncio de la grave crisis que se nos anuncia desde todas las instituciones económicas del país y de fuera de él, no parece que haya quién se muestre preocupado y, si lo está, que se atreva a protestar ante el peligro de que España acabe siendo una más de estas naciones en la que las libertades se hayan perdido y la pobreza iguale a todos los ciudadanos bajo el nivel de la más insostenible miseria.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos con estupor como aquellos partidos que tendrían que alzar la voz contra la balcanización de la nación española, parecen conformarse con alguna que otra discusión, más o menos aparatosa en el Parlamento, pero luego aprueban por unanimidad una Ley de Salario Mínimo Vital, con un coste para el país de más de 3.000 millones de euros que, aparte de la repercusión en los impuestos de los españoles, ya sobradamente elevados, sin duda va a producir, como ya mencionamos en un comentario anterior, el renacer de la habitual picaresca de los avispados de siempre, que van a intentar aprovecharse para vivir sin dar golpe a expensas del resto de españoles, convertidos en paganos a la fuerza por obra y gracia de este Gobierno de perfectos inútiles. Y aquí viene como anillo al dedo aquella frase de un anónimo, que dice: “Trampeando y mintiendo, vamos viviendo, mintiendo y trampeando, vamos pasando.”

Marlaska intenta desactivar la cacerolada de Galapagar aplicando la ‘Ley Mordaza’ con multas de 600€
OKDIARIO 14  Junio 2020

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, intenta desactivar las caceroladas que decenas de personas protagonizan a diario ante la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero en la Navata (Galapagar), obligando a la Guardia Civil a imponer multas de 600 euros a los manifestantes.

Los agentes del Instituto armado han impuesto estas sanciones en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana, la denostada «Ley mordaza» que tanto el PSOE como Podemos prometían derogar en su programa electoral. Ahora sí les gusta la «Ley mordaza».

Siempre siguiendo las instrucciones de Marlaska, esta semana la Guardia Civil ha dado un paso más: desde el lunes advierte a los manifestantes que serán sancionados si tocan las cacerolas, por causar molestias a la fauna protegida del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, junto al que está construida la mansión de Iglesias y Montero.

Pese a estas advertencias de sanción, medio centenar de personas ha celebrado este sábado una protesta simbólica portando banderas españolas y golpeando platos de plástico en las inmediaciones del casoplón de Pablo Iglesias. Una decena de agentes de la Guardia Civil han acordonado la calle del vicepresidente del Gobierno y protegido todo el perímetro de su sanción. Al lugar han acudido dos furgones de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), los antidisturbios de la Guardia Civil.

Los agentes han notificado este sábado multas a varios manifestantes, simplemente por permanecer detenidos mostrando carteles con lemas contra el Gobierno. El vicepresidente Pablo Iglesias, que importó los escraches para acosar a los políticos hasta la puerta de su casa, no quiere ser importunado en su mansión de Galapagar.

Pablo Iglesias envió esta semana a La Navata al candidato de Podemos y ex Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) José Julio Rodríguez, para que vigilara si la Guardia Civil cumplía adecuadamente las órdenes impartidas desde el Ministerio de Interior.

El digital que Podemos ha creado para difamar a sus rivales políticos, La Última Hora, había sugerido que uno de los motivos de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid era que la Guardia Civil no ha puesto suficiente celo para acabar con las caceroladas de Galapagar.

En un intento de acabar con estas protestas, la web que dirige la ex asistente de Pablo Iglesias Dina Bousselham difundió el miércoles datos personales de uno de los asiduos a la cacerolada de La Navata: su nombre y el de su mujer, sus cuentas de Facebook y Twitter, fotos robadas de sus redes sociales, su modelo de coche, la población y urbanización en la que vive, las características de su vivienda e incluso que lleva a sus hijos a un colegio concertado. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, intenta de este modo, violando la Ley de Protección de Datos, intimidar a los manifestantes que acuden a Galapagar.

Este no es país para viejos
Gregorio Morán. vozpopuli  14  Junio 2020

Carecemos de sociedad civil. Nos movemos al impulso de los partidos. Se sale a la calle, se protesta, nos irritamos, pero todo se hace a iniciativa de esos instrumentos políticos nacidos para conquistar el poder, porque nos incitan o nos convocan. Quizá fueron muy raros y breves los períodos de nuestra historia donde se manifestaba una conciencia civil. Hoy es inencontrable. Si a eso añadimos que las individualidades intelectuales que otrora mantenían un cierto nivel ético han desaparecido tragadas por sus intereses, nos queda un panorama desolador. Ha vuelto el intelectual militante de Estado, seguro y bien pagado, y los aspirantes voraces a la búsqueda del resquicio que los convierta en exégetas del mando. Me gustaría echar la culpa al mercado y a la globalización, pero lo nuestro es de mesa camilla: no llames la atención si no tienes quien te respalde y abone tus servicios.

No encuentro otra explicación de mayor enjundia para analizar ese silencio de los corderos ante el holocausto de viejos en nuestro país. ¡Quién no es lo suficientemente cool para aparecer ante el mundo, que se limita a su pueblo y su chabolo, para no inclinar la rodilla ante el asesinato de un negro en Minneápolis! Al fin y a la postre el reclinatorio solidario apenas dura diez minutos y no merece la pena ni apagar el móvil. Toda esta faramalla solidaria en Madrid y Barcelona me recuerda lo de aquel falangista que dirigía el semanario “Sábado Gráfico”, Eugenio Suárez por buen nombre, cuando, afectado por la negativa a una de sus triquiñuelas económicas, le espetó al reticente interlocutor: “¿Para esto hemos muerto un millón de españoles?”

La epidemia de coronavirus golpeó de manera brutal al ejército inmóvil de viejos encerrados en las residencias. Casi el 80 por ciento de los muertos, siete de cada diez. El Gobierno del Poder Absoluto trasfiere la responsabilidad a las autonomías, si son del PP mejor; Madrid y Castilla León llevan las de perder y sus muertos, por clara incompetencia cuando no irresponsabilidad, tapan lugares que no deben citarse, entre otros Cataluña, un desastre sin paliativos. Pero ya se sabe que cuando nuestros socios delinquen es sin mala intención, a diferencia del adversario que es por esencia un delincuente perverso. Entre todos lo mataron y él solo se murió, según el dicho popular.

Dentro del espanto, lo que más llama la atención es la falta de datos fidedignos; sólo en algún caso las familias gimen y protestan, pero las cubre el silencio. Desde el 8 de marzo murieron en el abandono 19.400 ancianos, pero no hay rodillita que les homenajee. A estos solidarios de sudadera en el fondo les importa una higa que desaparezcan los viejos, incluso mejor que se retiren de los presupuestos; imagínense que algunos tuvieran memoria y además votaran: qué pintan ellos en la 'nueva normalidad'. Nuestra cultura social, especialmente la española, rompió con los abuelos en el tránsito de los dos siglos. Quedaron en un vago eco de tiempos que mejor no recordar. Cuando la precariedad fue convirtiendo la casa de abuelos en guarderías low cost, tuvieron un sentido solidario; unos aguantaban los reproches mientras otros salían corriendo tras dejar a los niños a buen recaudo. Yo no tuve abuelos y lo considero una carencia de imposible consuelo, pero nosotros pertenecemos no a otra generación, sino a otra época, como no me canso de repetir. Ahora no se pasa página, se abre otra pantalla y eso lo cambia todo, porque los libros de familia se conservaban, a menos de quemarlos, pero el ordenador te abre mundos a voluntad y lleva a la nube lo que no se mira nunca.

“El racismo es una pandemia” decía una pancarta en el Madrid del holocausto viejuno. Hay que ser simple y estúpida -la llevaba una adolescente- para confundir el culo con las témporas. Se creen que el racismo se corrige con vacunas y el BOE cuando en realidad resulta como la estupidez, la ignorancia y la xenofobia: están en el ADN de la sociedad y eso incluso explicaría por qué conmueven las imágenes de un negro asesinado por un policía y no provocan sino gestos de rechazo -¡que no, que no quiero verlo!- las camas de esa residencia donde en demoledor y valiente descripción de Cinta Pascual, presidenta de las Residencias de Ancianos de España, un médico con el juramento de Hipócrates en la entrepierna entraba en la sala y declamaba su sentencia: “¡Mórfico!” (dosis de morfina), adelanto del “éxitus” (fallecimiento inminente).

A los viejos no sólo les quitan el futuro, aciago y efímero, sino que ahora les arrancan el presente. Criterios científicos, dicen, como si se tratara de prácticas de tanto Dr. Mengele como anda suelto en esa comunidad humillada y militarizada que es el equipo médico, un ejército del que han desaparecido los mandos y que pelea con escasos medios. ¡Tenemos la mejor Sanidad de Europa!, decía el Gran Trilero antes de que la realidad le hiciera volver a remover los cubiletes. El 14-M fue una frivolidad y un Gobierno no cae por frívolo; de ser así no habría presidentes en España desde hace siglos. Los Gobiernos pueden caer, eso sí, por mentirosos, pero es tan amplio nuestro muestrario que estamos curados de espantos. Pasa todo.

¿Cuándo empezamos a llevar a nuestros viejos a las residencias? Yo diría ¡sin criterios científicos! que sería hacia los 90 del pasado siglo, al tiempo que la ancianidad se prolongaba y había cierta holgura económica. Mis padres tuvieron una agonía cruel, pero nos los fuimos turnando entre los hermanos hasta que él se fue muriendo por un tumor cerebral y ella, que le sobrevivió un tiempo, se desmochó como un árbol caído; un agravamiento cardiovascular obligó primero a la amputación de una pierna y luego de la otra; un sufrimiento que pasó entre hospitales y las casas de sus hijos. Nunca estuvieron en una residencia; ni ellos ni nosotros lo hubiéramos entendido. Murió en enero de 1988, mal, como había vivido.

Por aquellos años el director de cine japonés Shohei Imamura estrenó una emocionante desolación que tituló “La balada de Narayama”. La historia de los viejos de un pueblo, pobre hasta la hambruna, que a finales del siglo XIX se retiraban a la montaña a esperar la muerte, en soledad y abandono. Sus vecinos no podían acarrear más miseria para sostener a quien hubiera cumplido los 70. Entonces, recuerdo, que me dejó aventado esa historia antigua. ¿Quién podía imaginar que podía ser nuestro futuro?


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Caer en la indefinición
Jorge Mestre okdiario 14  Junio 2020

En España hay quienes han pasado de exigir todas las responsabilidades al Gobierno, a pedírselas a la oposición. Según el color del partido político que gobierna el listón de buen comportamiento y actuación es tan elástico que puede alcanzar niveles cósmicos cuando es el PP quien gobierna o situarse a ras de suelo cuando es el PSOE quien maneja las riendas políticas del país.

En unos días en los que se ha hablado del segundo aniversario de la moción de censura que aupó al ‘sanchismo’ a la Moncloa, poco se ha abordado la estrategia de acoso y derribo iniciada desde Ciudadanos a Mariano Rajoy y que, precisamente, posibilitó la caída del líder popular. En aquel entonces, la formación de Albert Rivera se presentaba ante la ciudadanía como el ‘pepito grillo’ de la política española, el partido que decía que venía a «limpiar» las instituciones y el partido que quería impedir que los nacionalistas condicionasen a los gobiernos.

Qué queda de aquel Ciudadanos ahora mismo. Bien poco se habla ahora en un momento en que España ha sufrido la mayor sacudida sanitaria del último siglo con importantes consecuencias a nivel económico y social.

La misma dignidad con la que la formación de Albert Rivera se llenaba la boca para exigir la dimisión de Rajoy y la convocatoria de nuevas elecciones parece no funcionar ahora ante un Gobierno que por su nefasta gestión de la crisis del coronavirus ha convertido España en el país con más muertos del mundo, con la mayor tasa de sanitarios enfermos, con miles de personas en las colas del hambre y con un país sumido en la incertidumbre más absoluta. Tras todo ello, como bien es sabido, no ha habido ni destituciones, ni ceses, ni rendición de cuentas por parte del Gobierno.

Antes bien, al contrario. Hemos pasado del momento en que el presidente Sánchez solicitara en varias ocasiones que la petición de cualquier clase de responsabilidad se pospusiera a una vez pasada la pandemia, a que ahora el presidente saque pecho por una gestión que o no ha existido o ha sido muy deficiente.

Después de varias semanas sin registrarse un número importante de víctimas, siempre según el Gobierno de Sánchez e Iglesias, la formación de Inés Arrimadas parece haber reducido su listón de la decencia hasta la misma indecencia.

Lo que en su día valía para el PP en el Gobierno, ahora no importa para un Ejecutivo que, como digo, se permite el lujo de presumir de una labor inexistente y de seguir contando con el apoyo de comunistas, batasunos e independentistas. Incluso este pasado viernes, Ciudadanos acudió a una reunión con el Gobierno en Moncloa para escenificar su nueva relación y de la que, desde luego, saca más rédito el propio Ejecutivo que el partido liderado por Arrimadas.

El electorado de Ciudadanos ni entiende ni acabará por entender que su partido se convierta en la muleta de otro que pacta con formaciones dispuestas a romper con el espíritu de consenso nacido en 1978. Buena parte de los votantes naranjas fueron antiguos votantes socialistas o populares que abandonaron sus anteriores formaciones por hacer precisamente lo que está haciendo ahora la sustituta de Albert Rivera.

El hecho de que Edmundo Bal como número dos de Ciudadanos vaya a la Moncloa a reunirse solamente con la cara socialista del Ejecutivo, le acerca más que le aleja de todos esos partidos que llevaron Sánchez a la Moncloa, desde Podemos a Bildu, pasando por PNV y ERC. Y todo ello pesará mucho en las próximas citas electorales sobre los votantes naranjas, a pesar de que sus líderes nos lo quieran vender como el primer partido de la oposición que se brinda al diálogo y al consenso. Lo peor que le puede pasar a un partido político es caer en la indefinición. Y ese es el riesgo que ahora corre Ciudadanos.

Cuando Guerra mató a Montesquieu… y Sánchez lo plagió
Manuel Cerdán okdiario 14  Junio 2020

Alfonso Guerra acuñó en 1985 aquel aforismo que se ha perpetuado hasta nuestros días: “Montesquieu ha muerto”. Guerra siempre negó que hubiera proferido aquella frase premonitoria sobre las veleidades de los socialistas, pero el tiempo y Pedro Sánchez han confirmado el desprecio de los gobiernos del PSOE a la independencia judicial y la división de poderes. El tercer presidente socialista de la Democracia, además de su tesis, también plagió al padre del guerrismo. Y, no digamos ahora, en pleno himeneo socialista con Podemos, partido por el que circula sangre con el ADN de Lavrenti Beria, el sanguinario jefe de la policía política y de los servicios secretos de Stalin.

Desde sus respectivas lubiankas, tanto Marlaska como Sánchez se han sumado a la inhumación de Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, con una purga al estilo estalinista en la Guardia Civil y con una campaña denigratoria hacia la juez instructora del caso 8-M. Podemos completó el enterramiento de la división de poderes con una feroz persecución de la magistrada Rodríguez-Medel. ¿El resultado final?: conseguir el finiquito de la investigación del 8-M y mandar mensajes a navegantes, a aquellos togados que intenten salirse del guion social-comunista.

El PSOE y la izquierda, en general, siempre han tenido la tentación de maniatar a la Magistratura. Los trece años de felipismo se manifestaron como los más vitaminados en el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. En material judicial, siempre les “ha ido la vida en ello” –Carmen Calvo, dixit. Pero no se han conformado con atar en corto a los miembros de la Judicatura sino que, además, cuando les han salido contestones, han acudido a la guerra soterrada del desprestigio y la maquinación.

Eduardo Inda destacaba hace unos días en una de sus epístolas televisivas en OKDIARIO “los intentos de matar civilmente a la juez del 8-M«. Y no es la primera vez que la división panzer propagandística de Ferraz/Moncloa y la brunete mediática del PSOE ha contraatacado para mediatizar y socavar la independencia judicial de un magistrado incómodo.

La lista de magistrados y fiscales que tuvieron que soportar las presiones socialistas es larga: Ángel Márquez, Marino Barbero, Javier Gómez de Liaño, Baltasar Garzón, Miguel Moreiras, Mercedes Alaya, Coro CIllán, Luis Navajas, Jiménez Villarejo, José María Mena y muchísimos más.

Todos ellos sufrieron en sus propias carnes, como la juez Rodríguez-Medem y los altos cargos de la Guardia Civil, los métodos de amedrentamiento y persecución del agitprop del aparato socialista. Esa maquinaria que accionó el ventilador de la ignominia y que se ha mantenido desde la llegada del PSOE al poder, en octubre 1982, y durante los casi 23 años de legislaturas de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero –en menor escala– y Pedro Sánchez. ¿Recuerdan la pregunta de Sánchez sobre la extradición de Puigdemont y la Fiscalía General del Estado?: “¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?«, al son del recordado Pau Donés. O lo que es lo mismo: “El Estado soy yo”. El Rey Sol, Pedro Luis XIV. De la dinastía de los Sánchez.

Uno de los primeros jueces que se vio afectado por el asesinato socialista de Montesquieu fue el juez Ángel Márquez, que instruyó la causa contra Juan Guerra, el hermanísimo del vicepresidente socialista, por un caso de corrupción. El magistrado, con apenas 35 años y sin buscarlo, se vio desamparado y solo ante el peligro como Gary Cooper en la película de Fred Zinnemann. El homicida del ilustrado francés, el vicepresidente del primer Gobierno de Felipe González, tuvo que dimitir más tarde por los cafetitos que se tomaba su hermano en la Delegación del Gobierno de Sevilla.

Pero mucho peor lo pasó el magistrado del Tribunal Supremo Marino Barbero, que había accedido al alto tribunal por el conocido como “cuarto turno” para juristas de prestigio y se convirtió sin pretenderlo en el instructor del caso Filesa. Se trataba de una red corrupta a través de la cual el PSOE ingresó mil millones de las antiguas pesetas para financiar sus campañas electorales y otros gastos del partido. Aquellos años de instrucción –entre 1991-1995–, que afectaban en un caso de financiación ilegal al partido del Gobierno, coincidían con la época de descomposición del felipismo y Barbero pagó el pato.

Las ‘cloacas’ del GAL
Fue todo tan deleznable y chusquero que le acortó la vida al magistrado. Tuvo que enfrentarse a todo tipo de presiones, descalificaciones y menosprecios. Incluso, el secretario de Organización del PSOE, Txiki Benegas, se atrevió a negarle la entrega de la contabilidad ilegal de su partido.

Baltasar Garzón ha sido quizás el juez que más se vio perseguido por los sicarios de los GAL. Fue sometido a una presión agobiante. Incluso, llegaron a entrar en su casa y dejarle una monda de plátano encima de la cama. También le robaron documentos de su despacho en la Audiencia Nacional y Villarejo, con el visto bueno de la cúpula socialista del Ministerio Interior, elaboró un informe fake en el que se afirmaba que consumía drogas y se relacionaba con unas prostitutas marroquíes. Yo me encargué de desvelarlo y denunciarlo. Aquello sí que eran “cloacas”, financiadas con fondos reservados del Estado.

Otro juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, se convirtió en el pim, pam, pum fuego del felipismo y del Grupo Prisa por investigar la guerra sucia y las irregularidades de Sogecable. Lo sentaron en el banquillo y acabaron con su horizonte judicial. Como luego también lo lograron con la jueza Coro Cillán, por culpa de meter la nariz en las alcantarillas del 11-M. Antes habían quedado enredados en las telarañas del poder el juez Moreiras por unas inocuas declaraciones al ABC y los fiscales Jiménez Villarejo y José María Mena, por investigar el escándalo Banca Catalana y el molt deshonorable Jordi Pujol.

Y, hablando de fiscales, mucho peor lo pasó el fiscal Luis Navajas que se atrevió a elaborar un informe, que llevaba su mismo apellido, contra una trama corrupta del cuartel de la Guardia Civil de San Sebastián. Con tan mala suerte de que aquellos guardias compartían sus horas libres con el contrabando y con acciones sucias en el sur de Francia contra ETA. Navajas recibió amenazas de muerte y vivió en Donosti en medio de una atmósfera de terror.

Los ‘papeles’ de Bárcenas
En contraposición a los socialistas, el PP siempre se ha mostrado más timorato en sus relaciones con la judicatura, tanto que Mariano Rajoy fue el primer presidente que tuvo que declarar en un juicio –el de la Gürtel– como testigo y después se dejó birlar La Moncloa por una conspiración jurídico-masónica liderada por Sánchez. Si el PSOE sorteaba los escándalos como las balas al general Prim, los populares veían como sus grandes affaires hacían tambalear sus cimientos mientras detentaban el poder. Casos como la Púnica o Lezo se llevaron por delante a una generación de dirigentes mientras Rajoy mandaba en La Moncloa.

En cambio, el Tribunal Supremo jamás se atrevió a citar a Felipe como testigo por el caso GAL. ¿Saben cómo regateó Bacigalupo aquel entuerto? Que citando al presidente del Gobierno se perpetraba su “estigmatización”.

El colmo llegó cuando los agentes de la UDEF se tiraron doce horas registrando la sede de Génova buscando los papeles de Bárcenas. La misma unidad que avisó al presidente socialista del Senado, Francisco Javier Rojo, cuya hija trabajaba en el Ayuntamiento de Estepona, en medio de la redada de la operación Astapa. Si el juez Barbero levantara la cabeza se daría cabezazos contra el estrado por lo que le hicieron sudar con los papeles de Filesa.

Otras veces, por una gestión insignificante, los populares quedaron con el culo al aire por su torpeza, como cuando Carmen Sánchez-Cortés, la secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, llamó por teléfono a la jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, única y exclusivamente, para preguntarle por la situación procesal de Pablo Casado. Aquel desliz venial sirvió para que los artilleros de Ferraz y sus acólitos mediáticos disparan obuses del calibre 914. En cambio, Marlaska –elevado a consejero del CGPJ por el PP– se cepilla a dos coroneles –Corbí y Pérez de los Cobos– y dos generales y no pasa nada.

Sánchez resucita a Maquiavelo
Quien escribe estas líneas tiene experiencia, pues sufrió en sus propias carnes el rodillo del felipismo por sus investigaciones sobre los GAL, las escuchas del CESID, el caso Roldán y los fondos reservados, entre otros escándalos. Después, los malos modos del CNI por atreverse a desvelar el patrimonio exterior del Rey Juan Carlos. Y, por último, la lapidación en TVE tras la llegada de Sánchez e Iglesias a La Moncloa.

Está claro que cuando los socialistas tienen el poder lo primero que hacen es sepultar a Montesquieu y resucitar a Maquiavelo. Y si, además, eligen a Iglesias como compañero de viaje los tribunales corren el riesgo de convertirse en las checas de Fomento, Marqués de Riscal o Narváez.

La ‘kale borroka’ catalana prepara el regreso violento tras la pandemia: «No hay insurrección pacífica»
Los CDR tenían idéntico material al empleado por los yihadistas de la Rambla para hacer sus explosivos
Raquel Tejero okdiario 14  Junio 2020

El separatismo ha permanecido adormecido durante el confinamiento. Según las fases de desescalada han ido avanzando, los independentistas han vuelto a recuperar fuerzas para reanudar su objetivo rupturista. Los más radicales, organizados en grupos a través de aplicaciones de mensajería, animan ya a sus seguidores a ejercer la violencia para conseguir la declaración unilateral de independencia.

La ‘kale borrosa’ catalana quiere que los actos vandálicos como los acontecidos en octubre del 2019, principalmente en Barcelona, vuelvan a repetirse. Para ello, han comenzado a organizarse a través de grupos de Telegram mediante los cuales los más radicales siguen órdenes de los administradores de los canales cuyas ideas son claras: «No hay insurrección pacífica», tal y como puede leerse en los mensajes que difunden.

La ‘kale borroka’ catalana prepara el regreso violento tras la pandemia: «No hay insurrección pacífica»
Mensajes publicados en el grupo ‘Urquinaona, ho tornarem a fer’

Las redes sociales han sido un componente básico a la hora de organizar las grandes concentraciones vandálicas que asolaron las calles de Barcelona el pasado año. Suelos destrozados, fuego en las calles, grandes pérdidas turísticas y materiales, además de las graves lesiones que muchos policías sufrieron durante los disturbios, fueron el resultado de protestas masivas y perfectamente estructuradas. El separatismo más radical pretende replicar esas imágenes pronto y por ello ha comenzado a caldear el ambiente a través de mensajes donde se asegura que la intención es volver a «cerrar el aeropuerto, la autopista AP7 y el puerto de Barcelona».

Ahora, los vándalos pretenden dar un paso más y que estos cortes se alarguen durante varias semanas. «Que envíen policías o al Ejército o a quién quieran», añaden. A través de estos actos pretenden que Cataluña quede completamente aislada y detener la economía y actividad de la región y del resto del país.

«No hay insurrección pacífica, compañeraos. Sólo habrá violencia para defender la democracia, la libertad, los derechos y la vida. España no entiende ningún lenguaje más. ¿Empezamos?», plantean desde un grupo llamado ‘Urquinaona. Lo volveremos a hacer’.

Pero este no es el único canal que incita a la violencia. A través de otra cuenta denominada ‘Escamots de doc’ (Guerrillas de fuego) han querido aprovechar el tirón de las protestas estadounidenses contra el asesinado a manos de un policía de un ciudadano negro. De esta manera han difundido imágenes en las que aparece una comisaría en Minneapolis completamente cubierta por las llamas. Junto a las fotografías un mensaje directo: «¿Cuándo veremos la comisaría de Vía Layetana así? «, se preguntan sobre la Jefatura Superior de Policía situada en la nombrada vía y cuya desembocadura acaba precisamente en la Plaza Urquinaona. «Así todas las fuerzas de ocupación, Mossos, Brimo y Arro», añaden haciendo referencia a todos los cuerpos policiales.

La ‘kale borroka’ catalana prepara el regreso violento tras la pandemia: «No hay insurrección pacífica»
Mensaje publicado en #EscamotsDeFoc

Es precisamente este punto, la Jefatura, uno de los más odiados por los separatistas que aprovechan sus frecuentes manifestaciones para pasar frente al edificio y vejar a los agentes con insultos y amenazas.

‘Batalla de Urquinaona’
La Wikipedia catalana, la ‘Viquipèdia’, ha incluido entre sus términos el de ‘Batalla de Urquinaona’ refiriéndose así a los disturbios en Barcelona como si de un episodio bélico se tratase.

«La Batalla de Urquinaona fue un enfrentamiento violento entre agentes antidisturbios -del Cuerpo Nacional de Policía de España y del cuerpo de Mossos d’Esquadra- y miles de manifestantes catalanes violentos y radicales, la mayoría independentistas, por el control de la Plaza de Urquinaona de la ciudad de Barcelona la tarde del 18 de octubre del 2019», relata el artículo.

La ‘Viquipèdia’ es un apartado de la propia Wikipedia que incluye términos propios en catalán pero que parte de la famosa web de consultas.

La página relata lo ocurrido de tal manera que parece una batalla de una guerra. A pesar de que los disturbios fueron realmente violentos, la ‘Viquipèdia’ da un paso más y los califica como un intento de conquista de la plaza del centro de Barcelona.

Además, informa de que «el evento tuvo lugar durante la semana de las protestas contra la sentencia del juicio al proceso independentista catalán y fue la culminación de un ciclo de cinco días marcado por la violencia policial y graves disturbios en toda Cataluña desencadenados por la publicación de la propia sentencia el lunes 14 de octubre».

En otro de sus apartados, se resumen las «consecuencias de la batalla»: «La noche del viernes 18 de octubre terminó con 83 detenciones: 54 efectuadas por parte de los Mossos, 26 por parte de la Policía Nacional y tres por parte de la policía local».

También se recuerda que «el viernes se quemaron 300 contenedores, que junto a los dañados a lo largo de la semana ascendían a una cifra total de un millar».

Este concepto bélico es precisamente el que quieren volver a repetir los grupos organizados de separatistas que asediaron la ciudad durante días sin preocuparse de haber preocupado enormes pérdidas económicas a Barcelona.

 


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