AGLI Recortes de Prensa   Lunes 15  Junio  2020

La terrible realidad de la economía española que reflejan el Banco de España y la OCDE
José María Rotellar Libertad Digital 15  Junio 2020

Ningún país caería tanto como España si se produjese un rebrote de la enfermedad que llevase a efectuar un segundo cierre productivo.

El Gobierno, que en febrero e incluso en marzo se resistía a revisar el cuadro macroeconómico, lo hizo en abril, cuando tuvo que enviar la actualización del programa de estabilidad, pero siguió dibujando un escenario algo benigno, pese a la magnitud de las cifras de caída que representaban. Fue entonces cuando la vicepresidenta Calviño habló de la recuperación en uve asimétrica, que para el Gobierno significaba que hasta el último trimestre de 2021 no se podría estar en condiciones de volver a los niveles económicos de 2019.

Sin embargo, día tras día, en gran parte por la mala gestión de Sánchez no sólo en la gestión sanitaria, que por falta de previsión y actuación temprana con medidas mucho más suaves decretó, a mediados de marzo, el cierre productivo de gran parte de la economía nacional -y quince días de toda la economía nacional no esencial-, sino también además en el ritmo de reapertura -eso que llaman "desescalada", término que no existe-. La lentitud adoptada asfixia a las empresas, muchas de las cuales no pueden abrir por las restricciones impuestas por el Gobierno, especialmente la hostelería, el turismo y el ocio, que provocará su cierre definitivo y la pérdida de miles de empleos.

Todo ello, ha llevado al Banco de España a revisar sus estimaciones, con tres escenarios, que nos llevan a una caída del PIB en 2020 del 9%, del 11,6% o del 15,1%, según nos encontremos en un escenario de recuperación rápida, lenta, o con un nuevo cierre productivo por un rebrote de la enfermedad, respectivamente.

Eso implicaría una tasa de paro en 2020 del 18,1%, del 19,6% y del 23,6%, respectivamente. Es decir, en el peor de los escenarios nos acercaríamos a los 5,5 millones de parados.

En 2021, dependiendo del escenario en el que se mueva, finalmente, la economía nacional, podría producirse un crecimiento del 7,7%, 9,1% ó 6,9%, respectivamente, insuficiente, en todos los casos, para recobrar en un año los niveles anteriores, elemento que le lleva al Banco de España a considerar que hasta 2023 no podrá alcanzarse el nivel anterior de actividad económica.

Ahora bien, una vez más, el mayor problema reside en el mercado laboral español, puesto que en cualquiera de los escenarios la tasa de paro queda muy lejos del 13,78% del cierre de 2019 (ya de por sí muy elevada). De esa manera, en 2021 el Banco de España estima que la tasa de paro será del 18,4%, 18,8% ó del 24,7%, respectivamente. En este último caso, el número de desempleados sería de 5,7 millones de personas.

Es más, se mantendría en 2022 en niveles muy altos, superiores al 17% en todos los casos, y en el peor escenario superior al 20%.

La OCDE, en la misma línea
Por otra parte, la OCDE ha publicado su informe semestral de perspectivas de la economía mundial, en el que recoge las predicciones sobre los efectos económicos esperados por la crisis derivada del coronavirus, así como un segundo escenario en el que se llegase a dar un rebrote.

Los datos son demoledores. Nunca se había visto nada igual desde la II Guerra Mundial. De esta manera, el conjunto de economías de la OCDE caerá entre un 6% y un 7,6% en 2020, dependiendo de que no haya rebrote o de que haya que cerrar de nuevo la actividad productiva, respectivamente. La tasa de paro podría llegar a ser, en este segundo caso, del 9,2%, casi el doble que en 2019.

Todas las economías presentan caídas importantes, moviéndose en la horquilla de los dos escenarios (sin rebrote y con rebrote): Francia caerá ente un 11,4% y un 14,1%; Italia entre un 11,3% y un 14%; el Reino Unido entre un 11,5% y un 14%; la zona euro entre un 9,1% y un 11,5%; Alemania entre un 6,6% y un 8,8%; y Estados Unidos entre un 7,3% y un 8,5%.

Ahora bien, ninguno caería tanto como España si se produjese un rebrote de la enfermedad que llevase a efectuar un segundo cierre productivo. De esa manera, la OCDE pronostica para España una caída del PIB en 2020 de entre el 11,1% y el 14,4%. No es la que más caerá en el escenario sin rebrote -aunque de manera similar a las que más- pero sí que sería el país más afectado si se volviese a cerrar la economía.

Los elementos básicos que componen el descenso son el consumo privado, que caerá entre un 13,4% y un 17,3%, y la inversión, que descenderá entre un 20,1% y un 24,7%, elementos que muestran tanto la pérdida de poder adquisitivo como el empeoramiento de expectativas.

Todo ello, llevará a una tasa de paro de entre el 19,2% y del 20,1%, que significa que tendremos un número de parados que se situará alrededor de los cuatro millones y medio de personas, entre los 4,4 millones y los 4,6 millones, que es más benigno que la estimación del Banco de España, que como hemos dicho antes, eleva el número de parados, en el peor escenario, a 5,4 millones en 2020.

Siendo muy preocupante la caída de la actividad económica y, sobre todo, del empleo en España en 2020, lo más inquietante es que si se diese un segundo cierre productivo el ritmo de recuperación de la economía española en 2021 no sería el esperado 7,5% sino del 5%, con la particularidad de que en dicho caso de un rebrote seguiría subiendo la tasa de paro, hasta el 21,9%, equivalente a más de cinco millones de desempleados. Para el Banco de España, recordemos, en ese peor escenario la tasa de paro sería mayor en 2021, un 24,7%, con 5,7 millones de parados.

En cualquier caso, aunque no haya rebrote el crecimiento económico no conseguirá recuperar gran parte del empleo perdido, pues en ese supuesto más optimista la tasa de paro descendería hasta el 18,7%, es decir, 4,3 millones de parados, un millón cien mil más personas desempleadas que a cierre de 2019 para la OCDE. Para el Banco de España, en el mejor escenario la tasa de paro sería algo inferior, un 18,4%, 4,2 millones de desempleados. Son unas cifras muy elevadas, que incrementarán el gasto por prestaciones, disminuirán la recaudación y lastrarán la recuperación.

Déficit y deuda también se desbordarán en España, tal y como contempla la OCDE: el déficit se moverá entre un 10,3% y un 12,5% del PIB en 2020, cifras muy preocupantes.

Su consecuencia, la deuda, se moverá entre un 117,8% y un 129,5%, sí, han leído bien, y eso que el tratado de Maastricht excluye muchos pasivos financieros que sí se recogen en otros países de la OCDE, porque, de incluirlos para hacerlo comparable con otros países que no sean de la eurozona, entonces la deuda española sobre el PIB llegaría a moverse entre un 139,5% y un 151,2%.

Una vez más, el gran problema es el carácter estructural de gran parte del gasto, que junto con una lenta recuperación de los ingresos hará que el déficit español siga siendo enorme en 2021: entre el 6,2% y el 9,6%, que hará que la deuda sobre el PIB apenas se reduzca, al estar en el siguiente ejercicio entre el 115,8% y el 128,8%.

La OCDE muestra, así, una gran debilidad de la economía española: elevado endeudamiento, alto déficit estructural que sale a la luz en cuanto el componente coyuntural positivo del saldo presupuestario desaparece (siendo también negativo) y un mercado de trabajo que destruye empleo a borbotones en cuanto la economía cae, que denota una baja productividad.

Lo mismo refleja el Banco de España, que por eso pide reformas de profundidad en 2021 en la economía española, para que se pueda generar actividad de manera estructural en España y se retorne a la estabilidad presupuestaria, que era lo mismo que también solicitaba la AIReF, debido al crecimiento exponencial del endeudamiento español.

Por eso, España necesita reformas, muy profundas y urgentes: lo dice la Comisión Europea y lo reflejan estos datos de la OCDE. Sólo con reformas estructurales podrá España recuperarse antes y de manera sólida. Reformas es lo que precisa la economía española, y no la amenaza de la derogación de la reforma laboral, deseos de nacionalización y ansia de confiscatoriedad, que es lo que muestra el Gobierno engullido por Podemos. Calviño debe plantarse e imponer las reformas necesarias porque si no la economía española no se recuperará a tiempo y millones de personas permanecerán años en el desempleo, debido a un estancamiento prolongado de la actividad económica.

El juez sí señala al 8M y al Gobierno, digan lo que digan Sánchez y Podemos
ESdiario  15  Junio 2020

Desde un primer momento ya se había advertido de la dificultad de que prosperen acciones penales contra el Gobierno por su responsabilidad en la pandemia de coronavirus, incontestable con las cifras nacionales en la mano y su comparativa con la práctica totalidad de los países del mundo: aquí han llegado a morir más personas en un día que en Corea del Sur en toda la emergencia, pese a que ambos países tienen recursos similares y recibieron a la vez las mismas alertas internacionales.

Pero para ponerle un precio penal a una certeza estadística, hay que demostrar la relación de causa-efecto entre una decisión y el contagio concreto de una o varias personas: no basta con saberlo, hay que demostrarlo con la precisión necesaria para castigar hasta con cárcel un determinado comportamiento.

Esto es lo que viene a decir la juez Rodríguez Medel para archivar, provisionalmente, la denuncia contra el Delegado del Gobierno, José Manuel Franco. El Gobierno ha respirado aliviado antes de tiempo. Y alguna ministra, como Irene Montero, ha ido más lejos aún, utilizando la resolución para denunciar una supuesta campaña contra el feminismo y defender una gestión deplorable que antepuso la ideología a la salud pública.

Las pruebas de que el Gobierno conoció e ignoró las alarmas por coronavirus

Celebrar esta decisión como una victoria, con 43.000 muertos, es un bochorno. Y además una temeridad. Hay 50 denuncias interpuestas aún, muchas de ellas procedentes de sindicatos sanitarios que saben bien de lo que hablan. Y el Tribunal Supremo ya ha demostrado en el pasado que, por muchas presiones que sufra, es capaz de actuar con rectitud.

Pero no es una cuestión solo de qué digan los tribunales, en todo caso: las responsabilidades políticas, cuando son tan claras, tienen otras formas de dirimirse, y no hay más que ver los ejemplos parlamentarios de Francia o Italia, países con daños enormes fruto de la impericia de Gobiernos que, como en España, elevaron el riesgo con sus decisiones negligentes.

El propio auto de archivo de la juez es demoledor para Pedro Sánchez y dista mucho de la absolución que se ha pretendido vender. Dice cosas terribles que demuestran cómo el Gobierno miró para otro lado y dejó que en España cayera una bomba biológica por una única razón: para no tener que suspender el 8M, toleró cientos de eventos multitudinarios y perdió días preciosos en la contención de una pandemia cuya gravedad le constaba de manera fehaciente.

Un solo párrafo del auto es suficiente: “Entre el 5 y el 14 de marzo, se celebraron 130 concentraciones y manifestaciones en Madrid (…) que supusieron indiciariamente un riesgo para la salud pública”.

O este otro: “No consta, en definitiva, que [Franco] velara por los derechos y las libertades de los ciudadanos ponderando el riesgo para la salud pública que conllevaba la aglutinación de personas ante la gravísima situación sanitaria del COVID-19".

Y uno más, definitivo: “Es cierto y seguro que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad".

Las claras negligencias
La propia juez, en fin, señala las flagrantes negligencias, pero de algún modo las eleva de rango: hay que buscar al responsable más arriba. A Franco le dibuja como lo que es: un dirigente que o no se enteraba o no se quería enterar porque las órdenes venían de arriba.

Este auto, en fin, deja claro los hechos y señala las responsabilidades en el desastre que estamos padeciendo. Solo libra, de momento, a uno de los posibles responsables.

Digan lo que digan el Gobierno y sus altavoces mediáticos, consagrados a la propaganda de una manera casi sonrojante, Rodríguez Medel ha puesto negro sobre blanco lo que ya sabíamos todos: aquí nadie evitó un contagio masivo que nos ha convertido en récord mundial de muerte y ruina. Los hechos y las consecuencias están claros: para señalar a un culpable penal concreto, no obstante, habrá que afinar más.

La incapacidad del centro-derecha español
Pedro de Tena Libertad Digital 15  Junio 2020

No sé qué más nos tiene que pasar a los españoles para que comprendamos que una democracia que respete a sus ciudadanos como seres libres e iguales ante la ley y ante las oportunidades (otra igualdad es sencillamente mentira) exige un marco claro de convivencia compartida con unas reglas de juego aceptadas por todos y unos márgenes de maniobra a derecha e izquierda. Sólo así puede cumplirse la regla de oro de la democracia, que es la alternancia en el Gobierno, y sólo con la división de poderes y la independencia, muy preferente, del Poder Judicial los de a pie tenemos alguna opción de justicia ante los grandes poderes económicos, sociales y políticos.

El actual y monstruoso –por las alianzas que lo sostienen y por las ideas que exhibe– Gobierno de Pedro Sánchez está rompiendo la baraja. De hecho, y ya lo habíamos anticipado desde hace mucho, se está destruyendo el marco constitucional de 1978 y se confiesa ya, y nada menos que por el Notario Mayor del Reino, que vivimos una "crisis constituyente". Hay quien espera que la socialdemocracia española vuelva a la sensatez constitucional y a la aceptación de los adversarios en la vida pública. Yo no. Los que hemos vivido 36 largos años de régimen socialista en Andalucía sabemos muy bien lo que se nos avecina.

La democracia liberal, que no hay otra porque todas las demás –la orgánica, la popular, la bolivariana o cualquier otra modalidad socialcomunista– son dictaduras o casi, nunca ha sido aceptada totalmente por el socialismo español. La socialdemocracia europea derivada de las tesis de Bernstein nunca arraigó en España.

Ni siquiera Julián Besteiro se opuso a la guerra civil por razones socialdemócratas sino por razones marxistas puras, no comunistas (no se daban las condiciones necesarias para edificar una España socialista). No existe, que yo sepa, una reflexión socialdemócrata al estilo alemán o sueco o danés, salvo en unas minorías descabalgadas. Lo que hubo y hay es un ejercicio de utilización de las reglas democráticas cuando convienen y su perversión o eliminación cuando no. Y así desde Pablo Iglesias, el de verdad.

Ahora lo estamos viendo con toda claridad. La izquierda socialcomunista y los separatismos, si hablan de democracia, es porque hablar de las dictaduras que pretenden no mola, pero en la práctica se va perpetrando la eliminación de todas las buenas prácticas democráticas en todas las instituciones a su alcance, con el derribo de la Monarquía como objetivo prioritario antes de establecer una nueva República, seguramente sin Cataluña ni el País Vasco. El resultado que se busca es una nueva Constitución que permita la continuidad de un régimen socialcomunista durante décadas, con una oposición que no pueda ganar elecciones.

Frente a este proceso contundente y sistemático, el centro-derecha español ha sido y es incapaz de articular una estrategia de resistencia y de fuerza activa. En 2011, el PP obtuvo una mayoría absolutísima, en el Congreso, en el Senado, en la mayoría de los Gobiernos autonómicos y en los Gobiernos municipales de las principales ciudades. Hubiera sido el momento de fortalecer jurídica, política, cultural y mediáticamente la democracia liberal española, pero se hizo todo lo contrario y en menos de diez años estamos como estamos.

Ahora, cuando evidentemente ya se va a por la Monarquía, símbolo y equilibrio de la unidad nacional; a por la Constitución reconciliadora de 1978; hacia un modelo que excluya de hecho a la oposición y termine con la alternancia política y con la economía de mercado, el centro-derecha sigue jugando a las casitas.

Lamentablemente, hay dos frentes. Entre ellos ya no cabe nada ni nadie. El centro-derecha debe fortalecer un marco democrático con reglas del juego claras y precisas que impidan la deriva autoritaria que algunos desean. Pero para lograrlo, el frente democrático liberal debe estar unido y activo en todos los campos donde la batalla se libra. Y, muy principalmente, debe movilizar y dar esperanza a la más de media España que se siente huérfana y abandonada.

No me gusta lo que pasa ni me gusta hablar de frentes. Pero esto es lo que hay.

“¿La conspiración contra el 8-M?”
Francisco Marhuenda larazon 15  Junio 2020

La propaganda es uno de los aspectos en los que resulta admirable la eficacia de la izquierda. Desde el siglo XIX hasta nuestros días ha conseguido apropiarse de algunas palabras que resultan enormemente atractivas. Durante el periodo isabelino, Salustiano Olózaga, un político corrupto y corruptor, fue uno de los avispados promotores del Partido Progresista y con alguno de sus camaradas se enriqueció con la Desamortización.

El término progresismo, por eso saco a colación al pícaro Olózaga, que era de familia acomodada con pretensiones como es habitual en la izquierda, ha sido siempre muy grato para este colectivo político al igual que el radicalismo, la revolución y tantos otros que han llegado a nuestros días o han incorporado a lo largo del tiempo como el feminismo, cuando el sufragismo estaba lleno de mujeres conservadoras y liberales, o el ecologismo.

Ha tenido un odio irracional a la Iglesia y, posteriormente, a la Monarquía, como sucedió en el 31, porque es un impedimento a su deseo de cambio de régimen. La izquierda, algo que diseñó con habilidad el comunismo soviético, ha dominado el mundo intelectual, artístico y periodístico. No es casualidad su habilidad a la hora de «asaltar» la Universidad y su especial interés por las Facultades de Ciencias de la Información.

Ahora tenemos una nueva campaña alrededor del 8-M, como si cualquier crítica a la gestión del Gobierno social-comunista estuviera motivada por un odio al movimiento feminista. Nada más alejado de la realidad. Una vez más asistimos a la apropiación indebida de ideas y planteamientos que nos conciernen a todos por un interés estrictamente sectario y partidista. Les incomoda a los neosanchistas que se critique la gestión del Gobierno durante la pandemia, pero en cambio cuestionan el derecho de los afectados a acudir a los tribunales como está sucediendo en toda Europa.

Sánchez ha decidido actuar en solitario buscando adhesiones inquebrantables y no ha querido o no ha podido, no hay que olvidar tanto a sus socios de Podemos como a sus aliados independentistas, colaborar con la oposición. Lo sorprendente es que rechazan que se cuestione lo que ha pasado y no lo entiendo porque si se ha hecho bien no hay nada mejor que dar explicaciones.

La reacción ha sido la «contraprogramación» nauseabunda con algo tan doloroso y terrible como las muertes que se han producido en las residencias madrileñas sólo para desgastar a Ayuso y su gobierno.

Sánchez sigue improvisando la desescalada
Editorial El Mundo 15  Junio 2020

Resignados a la improvisación y la incompetencia del Gobierno, los españoles atienden cada semana a las intervenciones del presidente como si fueran protagonistas de una distopía en la que la verdad se convierte en mentira y ésta en la única certeza posible. Con un rictus impasible, Pedro Sánchez se dedica a desmentir a sus ministros, sin pedir disculpas por las rectificaciones, y a presentarse como la única fuente autorizada del Ejecutivo. Si la semana pasada desmintió a las pocas horas a la ministra Reyes Maroto sobre la apertura de fronteras con Francia y Portugal, ayer, de nuevo, con apenas 36 horas de diferencia, corrigió a Salvador Illa. El espacio Schengen se abrirá el 21 de junio, no el 1 julio, como aseguró el ministro de Sanidad. Algo que podría ser anecdótico, si no se hubiese convertido ya en norma y fuese síntoma evidente de la falta de un proyecto claro y con propuestas concretas para minimizar los efectos de la pandemia sobre empresarios y trabajadores, y para despejar las dudas de los inversores internacionales y los posibles turistas para los que España sigue siendo un país sin seguridad jurídica, política ni económica.

Nada es casual, sin embargo. En lugar de nombrar un comité de expertos de probada reputación para elaborar una estrategia a partir de la cual salir reforzados de la pandemia, como se ha hecho en Italia y otros países de nuestro entorno, el Gobierno optó por una comisión parlamentaria -que apenas ha comenzado a debatir- no solo politizada, sino radicalizada ideológicamente, con Patxi López de presidente y Enrique Santiago de número dos, un declarado defensor del régimen chavista cuyo mayor mérito es haber sido negociador y representante de las FARC en las conversaciones de La Habana.

Nada que ver con la trayectoria profesional del empresario Vittorio Colao, ex CEO mundial de Vodafone que, como impulsor del comité de expertos italiano, ha presentado un plan con 102 propuestas concretas, a las que ha tenido acceso este periódico, de aplicación inmediata y urgente para contener la hemorragia económica a corto plazo, salvar lo que queda de año y sentar las bases de un proyecto económico para la era post-covid, centrado en el turismo, las infraestructura, la administración pública, la investigación y las familias.

En España, ante la alarmante pasividad del Gobierno, los empresarios han decidido ultimar hoy una estrategia de unidad de cara a la recta final de las negociaciones con Sánchez para forzarle a tomar decisiones en firme ante una crisis que ha provocado ya el cierre de 130.000 empresa y la suspensión de 3,4 millones de empleos. El Gobierno debe dejar de improvisar y ponerse a trabajar en serio, porque de ello depende la economía y el bienestar de los españoles.

Perder la vergüenza
Lejos de pedir perdón, imprimen camisetas de Simón sacando la lengua. Ni asomo de remordimiento por la tragedia
Ignacio Camacho ABC 15  Junio 2020

Pasado lo peor, al menos por ahora, de la pandemia, el Gobierno y sus sectores de apoyo han perdido la vergüenza. En el sentido literal: aprovechando el alivio de la población ante el fin de las restricciones impuestas, han decidido salir en tromba a presumir de su gestión y a arremeter contra las críticas sin cortarse un pelo y sin el menor escrúpulo de conciencia. A rienda suelta, aireando el monopolio de la decencia con ese desacomplejado sentido de superioridad que otorga proclamarse de izquierdas. Con los altavoces de su formidable aparato mediático a toda potencia y los resortes del poder apretados con máxima firmeza. Sin sonrojarse siquiera por la colección de fracasos y mentiras acumulados en tres meses de tragedia. Se necesita mucha arrogancia y mucho descaro para imprimir camisetas con la cara del portavoz que encarna el paradigma de la ciencia al servicio de una política embustera. Pues ahí las tenéis, convertido en un Einstein sacándoos la lengua; os toman por idiotas y encima os hacen cuchufletas.

Negaron las evidencias del contagio. Permitieron por intereses sectarios la bomba vírica del ocho de marzo. Dejaron sin protección al personal sanitario. Fracasaron en la compra de mascarillas y las desaconsejaron. Se negaron a efectuar test -porque tampoco los tenían- a pacientes con síntomas palmarios. Se desentendieron de la hecatombe en las residencias de ancianos. Nacionalizaron la sanidad pero despreciaron los recursos de los hospitales privados. Decretaron un estado de excepción camuflado y lo utilizaron para burlar la transparencia de los contratos y para nombrar de tapadillo una pléyade de altos cargos. Rectificaron sus propias órdenes y protocolos sembrando un descomunal caos. Hicieron de cada recomendación un engaño. Confundieron a la gente con mensajes antitéticos. Mintieron en la televisión, en las ruedas de prensa, en el Parlamento. Falsificaron las estadísticas de muertos. Ocultaron las imágenes de las UCIs saturadas y de las hileras de féretros para transmitir la imagen alegre de un país feliz en el confinamiento. Se mostraron casi hasta el último momento incapaces de un solo gesto de respeto por los fallecidos o de empatía por los enfermos. Convirtieron el pago de los ERTES en un descalzaperros. Presumieron de los millones de subsidios de desempleo. Y lejos de pedir perdón por todo eso, por una parte al menos, ahora salen pretendiendo blasonar de éxito.

Y les saldrá gratis, porque juegan con la memoria frágil de una sociedad permeable a la política indolora. De hecho saben que las encuestas no les pasan factura y piensan aprovechar la euforia para retomar la agenda de disrupción ideológica y crear con cargo a Europa una gigantesca red clientelar que agradecerá un tejido social en bancarrota. Por qué van a disculparse si pueden exhibir la lengua burlona de Simón como símbolo de la impunidad de sus trolas.

Illa admitió ante la UE 2 días antes del 8-M un «riesgo serio y preocupante» por el avance del coronavirus
Carlos Cuesta okdiario 15  Junio 2020

El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias asegura ahora que desconocía la gravedad del avance del coronavirus en España antes del 8-M. Pero el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su reunión ante la UE el 6 de marzo reconoció literalmente esas expresiones:

«La situación es preocupante y entraña un riesgo serio, no debemos subestimarlo», tal y como revela el vídeo que hoy publica OKDIARIO. Dos días después era él mismo quien lo subestimaba y su Gobierno permitía todas las manifestaciones feministas radicales.

Aquel 6 marzo de 2020 se celebró la sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores. El tema central por esas fechas ya era la COVID-19 porque, evidentemente, todos los países contaban con alertas más que de sobra para temer el avance del virus.

El ministro Salvador Illa intervino en el transcurso de la reunión. No comentó ninguna dificultad excepcional por parte de España. Y ello pese a que por esas fechas, y tal y como ha argumentado el propio equipo jurídico del Estado en las reclamaciones judiciales de los policías por la falta de material de protección, ya contaban con escasez y fuertes dificultades para comprar mascarillas, guantes, tests, etc.

Illa habló de la toma de decisiones basada en criterios técnicos y en la evidencia científica, mencionó la necesidad de contar con seguimientos de alerta, planteó la coordinación con las comunidades autónomas porque tienen transferidas las competencias en materia de Sanidad, y alardeó, por último de la transparencia informativa.

Situación real de alerta
En un determinado momento de su intervención, Salvador Illa no tuvo problema en reconocer la situación real de alerta que vislumbraba el Gobierno de España por esas fechas. Porque «la situación es preocupante y entraña un riesgo serio, no debemos subestimarlo», añadió.

Porque efectivamente era así. El único problema es que dos días después su Gobierno permitía sin miramientos ni condiciones las manifestaciones feministas radicales en toda España. Sólo en Madrid se celebraron 76.
La cronología de las alertas, de hecho, es difícil de sortear por parte del Gobierno. Porque desde enero no dejaron de recibir advertencias de la gravedad del virus.

Demasiado pronto
Así, el 23 de enero de 2020, las reuniones del Comité de Emergencia RSI de la Organización Mundial de la Salud (OMS) abrieron fuego en la carrera por alertar severamente de la COVID-19. Las actas de ese día en la OMS señalan que no se declaró ya en aquel momento la ESPII (emergencia de salud pública de importancia internacional) debido a que «varios miembros del Comité argumentaron que, debido a las limitaciones y la falta de matices del sistema actual relativo a las ESPII, es demasiado pronto para declarar este tipo de emergencia».

Se instó, pese a ello, a celebrar otra reunión en los 10 días posteriores para volver a valorar la posibilidad de declarar la ESPII.

El 30 de enero de 2020 el director general de la OMS declaró ya que el brote de COVID-19 constituía una ESPII. Además se remarcó a los distintos países la necesidad de promover medidas de distanciamiento social: «Es posible interrumpir la propagación del virus, si los países aplican medidas sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales que estén en consonancia con el riesgo».

España, por lo visto, prefirió hacer como que no había oído esa exigencia de distancia social: prefirió seguir adelante como si nada y permitir más de un mes después las manifestaciones y todo tipo de actos.

Medidas de contención
La OMS aconsejó, además, a todos los países que se prepararan para adoptar medidas de contención, como la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de los casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la propagación.

El 10 de febrero de 2020 el Informe Técnico CCAES que dirige Fernando Simón, con el título ‘Nuevo Coronavirus 2019-nCoV’, detalló cinco aspectos: la peligrosidad de la COVID-19; la alerta frente a la transmisión de secreciones de personas infectadas, y al contacto directo con gotas respiratorias capaces de trasmitirse hasta 2 metros; se alertó de la Alta Transmisión Intrahospitalaria; se plantearon medidas de prevención individual -aislamiento de gotas (por medio de mascarillas). Y, sólo por poner otro ejemplo, se planteó la actuación en los puntos de entrada de la enfermedad planteando las recomendaciones de la OMS, centradas en los vuelos directos procedentes de zonas afectadas.

Los días 18 y 19 de febrero de 2020 se celebraron las reuniones de la agencia ECDC de la UE, con asistencia de Fernando Simón. Las actas de la reunión reflejaron la preocupación de Fernando Simón por el riesgo de importación de la enfermedad y por la forma de abordar los contagios en grupos secundarios, dado que el rastreo de contactos y casos posibles era en ese momento una carga mayor para el sistema de salud pública.

El 4 de marzo de 2020, en otra reunión de la ECDC, también con asistencia de Fernando Simón, el acta del encuentro indica que se pide a los países que los test formen parte de la estrategia general de combate al brote; se notifican más casos sin ningún vínculo con los países previamente afectadas, y se alerta de que el virus está en la UE. Allí se pide igualmente a los países que se doten de material y se considera el riesgo ya de «moderado a alto» o «alto».

Y el 6 de marzo, por fin, en la sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, el ministro Salvador Illa admite que «la situación es preocupante y entraña un riesgo serio, no debemos subestimarlo».

El TC deja las manos libres al Gobierno ante un rebrote al demorar el recurso hasta 2021
La revisión del real decreto por parte del Constitucional no se resolverá antes de seis meses y puede abordarla un pleno con una composición más proclive al PSOE
Beatriz Parera elconfidencial 15  Junio 2020

La revisión del estado de alarma por parte del Tribunal Constitucional no se resolverá antes de seis meses. El recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra el real decreto que lo declaró se admitió a trámite en un reciente pleno, debido a que estos recursos se admiten siempre que cumplan el requisito de ir firmados por 50 diputados o senadores, como era el caso. Sin embargo, fuentes del tribunal de garantías especifican que su tramitación se encuentra en la fase inicial y que es materialmente imposible que se estudie y falle en al menos medio año. Los plazos han estado suspendidos y el cronómetro acaba de empezar a correr.

Los tiempos dejan las manos libres al Gobierno para volver a decretarlo ante un futuro rebrote. En ausencia de alarma, el Ejecutivo y las comunidades autónomas estudian nuevas formulas legales, cuestionables desde el punto de vista constitucional y que implican limitaciones selectivas del movimiento de los ciudadanos en caso de que se produzcan nuevos focos de contagio. Sin embargo, cualquier reforma legal lucha contra el reloj con la mirada puesta en el próximo otoño, cuando se teme un pico al alza de la difusión del virus. Si las modificaciones normativas no están listas, el Ejecutivo no encontrará trabas para recurrir de nuevo a la Ley de Alarma, Excepción y Sitio.

Vox fue quien recurrió, pero otros partidos de la oposición han cuestionado abiertamente las disposiciones del decreto y su prolongación. Las quejas han partido también de juristas de distintos signos con la advertencia común de que la alarma que acabará a finales de esta semana ha implantado, 'de facto', un estado de excepción, en el que se han venido aplicando medidas que exceden su naturaleza, lo que lleva, a su vez, a que el cauce legal elegido por las autoridades sea incorrecto.

El estado de alarma no permite la suspensión de derechos, pero sí la limitación de algunos, como el de circulación. Además, pese a que es el Gobierno quien adopta las disposiciones, es el Congreso quien avala su prórroga, como ha sucedido en seis ocasiones. La duda sobre la inconstitucionalidad no se limita al decreto en sí sino también a las órdenes ministerial dictadas bajo su sombra. Quien entendiera que con ellas se han violado derechos debe acudir también al Constitucional. Así lo aclaró hace unas semanas el Supremo, que recordó en un auto que la "posibilidad de control" es del TC "en ejercicio de sus competencias de control de la constitucionalidad de las leyes y normas con rango de ley".

Renovación paralela
En seis meses, pueden pasar muchas cosas. Entre ellas, que el Constitucional que decida sobre la cuestión no sea ya el mismo. En agosto de 2019, va a hacer un año, debía iniciarse el proceso de renovación del órgano para nombrar a cuatro nuevos magistrados a cargo del Congreso y por mayoría de tres quintos. El cambio, que se concibe como un 'paquete' que incluye también al Consejo General del Poder Judicial, permitirá al PSOE, dadas las actuales mayorías, compensar la superioridad numérica actual del pleno de magistrados propuestos por el PP.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por los 52 diputados de Vox se admitió por unanimidad. La formación de Santiago Abascal consideraba vulnerados 11 artículos de la Carta Magna. Recurrió el real decreto del estado de alarma y las prórrogas posteriores alegando un uso "abusivo e inapropiado" de la figura que condujo a ordenar medidas restrictivas de la libertad que, a su juicio, solo podrían tomarse con la declaración del estado de excepción.

Según el recurso, la alarma ha constituido una "flagrante violación en nuestro régimen constitucional y debió acudir al estado de excepción". Para los de Vox, la figura empleada ha incurrido en una "clara vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los españoles" y ha implicado la "suspensión de libertades, como la libertad de reunión, manifestación o el derecho a la educación". Por ello, considera que debió acudir al estado de excepción, ya que el estado de alarma solo contempla la limitación de la libre circulación de los ciudadanos.


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