AGLI Recortes de Prensa   Martes 16  Junio  2020

El informe que acorrala a Simón: la UE alertó el 2-M del peligro de las reuniones masivas y lo ocultó
Carlos Cuesta okdiario 16  Junio 2020

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, será investigado por la juez Mónica Aguirre por un delito de imprudencia temeraria. Y la querella, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, incorpora un documento clave que le acorrala: se trata de un informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) de la UE fechado el 2 de marzo y donde se advirtió al director del CCAES de que se debía «evitar la asistencia a las reuniones masivas» -tal y como hoy se puede leer en el documento que reproduce este diario-.

La querella subraya que esa alerta llegó directamente al organismo que dirige Simón y, pese a ello, fue silenciada. Todo ello, a falta de seis días para el 8-M.

La querella subraya la importancia de este informe europeo del ECDC. «El 3 de marzo de 2020, cuando España había pasado en nueve días de 2 afectados declarados a 114 y siendo obvio la velocidad del crecimiento de las cifras de contagio, se conoció un informe fechado el día anterior del ECDC […] del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades», destaca el texto de la querella.

El informe europeo comunicado al organismo de Fernando Simón incluye un apartado decisivo en materia de «Medidas relacionadas con las reuniones masivas». Y allí se advierte de que «las reuniones masivas como eventos deportivos, conciertos, eventos religiosos y conferencias aumentan el número de contactos entre personas por largos períodos y a veces en espacios reducidos».

«Por lo tanto, -continúa el texto- las reuniones masivas pueden conducir a la introducción del virus en la comunidad anfitriona del evento y/o facilitar la transmisión propagación el virus. Las medidas para reducir el riesgo que presentan las reuniones masivas incluyen medidas de distanciamiento interpersonal para evitar el hacinamiento y medidas organizativas, como la cancelación o aplazamiento de un evento».

Esas exigencias se incumplieron por completo al permitir e impulsar el acto del 8-M.

Prohibir eventos
La querella contra Fernando Simón aclara que «tras la recepción de esta comunicación del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, los querellados deberían de haber informado tanto a la opinión pública en la rueda de prensa que diariamente ofrecían como al Gobierno de la nación sobre la necesidad de prohibir los eventos políticos, religiosos, culturales y deportivos convocados hasta ese momento. Nada de esto hicieron poniendo así a la población española en grave peligro».

La querella puntualiza, además, que en esta comunicación a los estados miembros, informa que de «la evidencia de los análisis de casos hasta la fecha es que la infección por Covid-19 causa una enfermedad leve en aproximadamente el 80% de los casos y la mayoría de esos casos, se recuperan, el 14% tiene una enfermedad más grave y el 6% experimenta una enfermedad crítica».

Porque, efectivamente se trataba de una alerta severa y grave. Tanto, que el texto continuaba señalando que «basados en las características epidemiológicas observadas, se supone que el riesgo de transmisión afecta a toda la población» y que «un sencillo cálculo indica que potencialmente más de 2.700.000 personas en España son susceptibles de padecer esta enfermedad en su modo crítico. No es preciso hacer más comentarios, dado que no hay sistema de salud que soporte esa presión, ni siquiera en un 10% del número estimado si se produce de modo súbito, o si se va duplicando el número de afectados cada día o cada dos o tres días como mucho, tal y como sucedía hasta el 3 de marzo de 2020. Estas cifras hablan por sí mismas sobre la gravedad de la situación».

«Crucial interrumpir las cadenas de transmisión»
El informe de la agencia de la UE «argumenta que es crucial interrumpir las cadenas de transmisión al ser humano para evitar una mayor propagación y ‘… disminuir el pico de brotes y ralentizar el aumento de casos…’ además es crucial para enfrentar la epidemia y ‘…salvar vidas así como minimizar el impacto socioeconómico…'».

Entre las medidas referidas a la estrategia para enfrentar la pandemia, el ECDC establece la necesidad de «asegurar que el público en general sea consciente de la seriedad del Covis. La comprensión por un alto grado de población de la participación comunitaria y la aceptación de las medidas implementadas (incluyendo el más estricto distanciamiento social) son clave para evitar una mayor propagación. Proceder a la implementación de un distanciamiento social (por ejemplo, la suspensión de reuniones a gran escala y el cierre de escuelas y lugares de trabajo) para interrumpir las cadenas de transmisión».

La querella destaca que «a pesar de esta obligación de advertir a la población el peligro que entrañaba el virus Covid-19 para evitar contagios y fallecimientos, los querellados no sólo no avisaron, sino que quitaron importancia a la pandemia, cuando no animaron a los ciudadanos a seguir reuniéndose en masas».

Querella contra Simón
En España son más de 40.000 los fallecidos por el Covid-19. La juez titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha reactivado la querella contra Fernando Simón presentada a finales de marzo por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena.

En un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, la juez comunica que admite la personación de la asociación e impone una fianza de 500 euros.

Hasta este lunes, la magistrada no había realizado nuevos movimientos en la causa. Sin embargo, tres días después de archivarse provisionalmente la denuncia contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, esta instructora ha dado pasos decisivos.

La asociación presidida por José María Mena presentó a finales de marzo una querella contra Simón y otros miembros de su equipo: la directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio y el secretario General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco.

El pastor Sánchez pone al lobo Iglesias a cuidar de las ovejas
OKDIARIO 16  Junio 2020

Pedro Sánchez ha salido en ayuda de Pablo Iglesias para lograr que el vicepresidente segundo del Gobierno se siente en las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia (CDGAI) como miembro pleno derecho. Una solicitud-orden personal del jefe del Ejecutivo causada ante la secretaria de Estado y directora del CNI, Paz Esteban, ha funcionado como aval. Sánchez responderá por Iglesias, lo que significa que el secretario general de Podemos no tendrá que rendir cuentas sobre sus vínculos con Venezuela o Irán. Sánchez le ha facilitado la obtención de la Habilitación Personal de Seguridad sin someterse al minucioso examen de la Oficina Nacional de Seguridad.

Todo el procedimiento para colar a Iglesias en el CNI es una demostración de cómo el Ejecutivo socialcomunista es capaz de sortear la ley con malas artes y recurriendo a artimañas: la ley vigente no recogía la posibilidad de que hubiera más de un vicepresidente en la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos de Inteligencia -Carmen Calvo ya forma parte de la misma-, además de los ministros de Interior, Defensa, Economía y Exteriores, el secretario de Estado de Seguridad y el propio director/a del CNI.

¿Qué hizo Sánchez para sortear el escollo? Pues ni más ni menos que incluir una disposición final segunda en el Real Decreto del Estado de Alarma para modificar la ley de 2002 que regula el CNI. O sea, Sánchez utilizó el Estado de Alarma para, de tapadillo, lograr que el dirigente podemita entrara en el Centro Nacional de Inteligencia. Es así como funciona el socialcomunismo que nos gobierna: sortear la ley y las instituciones del Estado recurriendo a estratagemas opacas y muy poco democráticas.

De modo, que la incompatibilidad manifiesta que arrastra Pablo Iglesias -sus conexiones con Venezuela e Irán son evidentes- para entrar en el CNI se ha resuelto al modo venezolano o iraní. O sea, trampeando la democracia y el Estado de Derecho. Lo de Pablo Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia es como poner al lobo a cuidar de las ovejas. Y el pastor es Pedro Sánchez.

Vox carga contra Alberto Núñez Feijóo por tratar como "apestados" a Madrid y Barcelona al pedir limitar su movilidad
ÁLVARO CARVAJAL El Mundo 16  Junio 2020

Vox ha cargado este lunes contra el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por actuar con el discurso del "nacionalismo excluyente" después de que haya pedido limitar la movilidad de los habitantes de Madrid o Barcelona a partir del 21 de junio, para que no puedan moverse con total libertad por cualquier parte del país con el final del estado de alarma, dado que sus territorios están en peor situación epidemiológica.

El portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, ha recriminado a Núñez Feijóo que con esa petición considera a los madrileños y barceloneses como "apestados" y ha afeado que es "un síntoma de la insolidaridad innata de un Estado de las autonomías que convierte a los presidentes en caudillos de sus reinos de taifas".

A partir de este domingo, el estado de alarma decaerá definitivamente y todas las comunidades autónomas concluirán de golpe el proceso de desescalada, pasando de la fase en la que se encuentren a la llamada 'nueva normalidad'. Lo que implica que se levantará la prohibición de moverse a otras comunidades autónomas.

Ante esta situación, y al hecho de que Madrid o Barcelona hayan comenzado la semana en Fase 2, Feijóo alertaba el pasado sábado del riesgo que suponía permitir ahora los movimientos de personas procedentes de zonas con un número de contagios aún elevado.

Vox ve con "gran alarma" este planteamiento del presidente gallego y ha replicado que los españoles tienen "todo el derecho a circular sin restricción alguna". "Para Vox no hay españoles apestados. Ni un solo", ha subrayado Buxadé, que ha ironizado con lo ridículo que sería que un madrileño pudiera ir a Bruselas o Berlín y no a Santiago de Compostela.

El portavoz de Vox ha advertido de un intento electoralista por parte de Feijóo para "aprovechar" la situación de cara a las elecciones gallegas del 12 de julio, pero ha destacado que ante todo se trata de un discurso propio del "nacionalismo excluyente e identitario", el que proclama "que no vengan los de fuera". Algo que ha calificado como "extraordinariamente grave".

En lugar de pedir restricciones, Vox ha reclamado que lo que tiene que hacer Feijóo es adoptar las medidas sanitarias suficientes para garantizar la salud pública, en lugar de caer en una "deriva" con "discursos parecidos a los de Cataluña o el País Vasco".

Galicia se ha convertido este lunes en la primera comunidad autónoma que levanta el estado de alarma. A lo largo de la semana podrían ser otras y, como muy tarde, el domingo todo el país se encontrará en la misma situación.

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Los inversores extranjeros huyen de España
OKDIARIO 16  Junio 2020

Antes de que empezara la crisis del coronavirus, las grandes potencias ya le habían puesto una cruz al Gobierno de Pedro Sánchez . Los datos no engañan: la inversión extranjera bruta en España se hundió a cierre de 2019 a la mitad y países como Alemania, Holanda, Italia, Luxemburgo o Singapur colocaron a España al nivel de de país con nulo atractivo.

Y como muestra, un botón: frente a los 49.549 captados en 2018, 2019 finalizó con menos de la mitad: 22.376 millones. Y ese año fue el primero de mandato pleno de Pedro Sánchez con el apoyo de comunistas, separatistas y el respaldo de proetarras. Por tanto, con independencia de los destrozos que para la economía española ha supuesto el Covid-19, antes de la pandemia ya estábamos en la lista de los países poco recomendables para invertir.

Unos cuantos ejemplos bastan: Italia bajó sus inversiones brutas desde los 2.316 millones de euros hasta los 751. Alemania, otro tanto, desde 14.973 millones en 2018, a sólo 793. Holanda la rebajó desde los 6.120 hasta 3.973 millones. Irlanda redujo sus inversiones de los 631 millones de 2018, hasta 151 millones en 2019. Hong Kong fue aún más allá: de 1.638 millones a 88 millones. Luxemburgo, por el estilo: de 14.607 millones a 6.553 millones. Singapur, erre que erre: desde los 1.577 millones de 2018 hasta los 95 de 2019. Y Estados Unidos, pasó de los 989 millones de euros hasta los 609.

Sólo Francia y Japón incrementaron su inversión bruta, pero en una proporción incapaz de amortiguar el durísimo golpe del resto de naciones. El balance es aterrador: España perdió en un año 27.173 millones de euros en captación de inversión bruta. Y eso que el Gobierno socialcomunista estaba aún por llegar, pues se concretó en enero de 2020, en vísperas de la temible pandemia que ha devastado nuestra ya renqueante economía. Si con Pedro Sánchez la situación ya pintaba oscura, con Pablo Iglesias en el Gobierno de España la cosa se pone negra.

En este escenario demoledor, el Gobierno tendrá que hacer equilibrios para cuadrar las cuentas. Una tarea que se antoja imposible si se tiene en cuenta el afán desmedido de socialistas y comunistas por darle a la manivela del gasto público. Los cuadros remitidos por la Dirección General de Análisis Macroeconómico e incluidos en el Programa de Estabilidad enviado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a Bruselas muestran una evolución -tomando como base 100 el año 2015, tal y como indica el organismo oficial en su propio gráfico- que dan como resultado un hundimiento del PIB en 2020 del 14,36% y una pérdida en un año de 178.831 millones de euros.

Las empresas son el motor de la economía
José María Rotellar okdiario 16  Junio 2020

En estos momentos en los que la economía se tambalea debido al cierre productivo sufrido, a la lentitud en la reapertura y a la inseguridad jurídica creada por los cambios de criterio del Gobierno y las manifestaciones constantes de algunos de sus miembros en lo referente a las nacionalizaciones, subidas de impuestos o derogación de la reforma laboral, las empresas han inaugurado una cumbre empresarial (“Empresas españolas liderando el futuro”), organizada por la CEOE, para poner de manifiesto por dónde debe ir la economía y qué se precisa para que se remonte de manera rápida y robusta.

En primer lugar, y aunque en esta cumbre veremos a las grandes compañías, lo que se necesita es que la liquidez pueda llegar a tiempo a las pymes y autónomos, que son los que más dificultades de financiación tienen y quienes más complicado acceden a la misma, además de en condiciones menos favorables. Desgraciadamente, el Gobierno se ha quedado corto tanto en el montante como en la agilidad, y eso ha podido hacer que muchas empresas vayan a terminar cerrando.

En segundo lugar, todas las empresas han pedido seguridad jurídica y certidumbre, porque son dos elementos esenciales para captar la confianza de los agentes económicos: para que los inversores inviertan, los consumidores consuman, se adelanten así, unas buenas expectativas y, con ello, una mejora en la actividad económica y el empleo.

En tercer lugar, han pedido reformas que permitan agilizar todo el entramado económico, para que pueda expandirse un efecto multiplicador mayor de las inversiones que realizan las empresas y su impacto económico. Las empresas se han comprometido a apostar por la inversión, pero deben tener seguro el marco económico en el que se va a desarrollar, en el que no puede haber ni una duda ni intromisión pública.

En cuarto lugar, han pedido que no se toque lo que ha funcionado, como ha sido la reforma laboral de 2012. Cada vez que el Gobierno insiste en la idea de derogarla -y ahí está el compromiso que el PSOE firmó con Podemos y Bildu para hacerlo- incorpora reticencias a la inversión, la actividad y la creación de puestos de trabajo.

En quinto lugar, insisten en que no se puede llevar a cabo una subida de impuestos: ni de Sociedades, que frenará inversiones y las expulsará; ni de IRPF, que mermará el poder adquisitivo de los consumidores, con lo que al disminuir su consumo provocará una caída de la actividad y del empleo; ni de los servicios bancarios o digitales, pues lo único que se conseguirá con ello, es que termine repercutiéndose al usuario o que la empresa afectada se marche, que desembocaría en menos actividad y menos empleo.

En definitiva, se requiere un cambio completo de la política económica del Gobierno, secuestrada por el dogmatismo de Podemos, ya que sus ministros insisten, una y otra vez, en incorporar un intervencionismo a la economía muy preocupante, con el ánimo de intervenir en todo lo que puedan. Eso sólo nos conduciría a la ruina y al paro masivo. Tenemos por delante un horizonte sombrío, pues la caída de este año va a ser importante, la mayor desde la Guerra, con un desempleo que va a estar cerca de los cinco millones de personas, y un déficit y deuda desorbitados. O se cambia la política económica hacia una de flexibilidad, reformas, seguridad, certidumbre e impuestos bajos, o lo peor será el largo período en el que permaneceremos estancados tras la abrupta caída, que haría que el desempleo se mantuviese en niveles elevadísimos durante largo tiempo. Todavía se puede evitar, pero, para ello, el Gobierno tiene que rectificar.

¿Da todo igual?
Conforta ver que en otros países europeos todavía no tragan con todo
Luis Ventoso ABC 16  Junio 2020

España. El presidente incurre en plagios en su tesis doctoral. Da igual. El ministro del Interior miente con descaro en el Parlamento. Da igual. El Gobierno coloca a un apparatchick del PSOE en el instituto público de sondeos para que cocine fantasiosas encuestas a su favor. Da igual. El Gobierno acosa a los jueces y el vicepresidente directamente los insulta. Da igual. El presidente enchufa a su mejor amigo inventándose un buen cargo para él. Da igual. El vicepresidente anima caceroladas contra el jefe del Estado. Da igual. El Gobierno coloca a una ministra del PSOE como fiscal general del Estado y el presidente se jacta de que ese órgano está sometido a él. Da igual. El Gobierno de España mantiene una mesa de diálogo con partidos antiespañoles que le exigen la «autodeterminación» de Cataluña. Da igual. El Ejecutivo del PSOE, partido que vio cómo once de sus militantes eran masacrados por ETA, acuerda la derogación de la reforma laboral con Bildu, formación heredera del grupo terrorista que mató a aquellos mártires del constitucionalismo. Da igual. El Gobierno omite a más de 20.000 españoles en sus cifras oficiales de muertos por coronavirus, ofendiendo así su memoria y a sus familias. Da igual. Sobre el vicepresidente planea en los juzgados un vidrioso caso que lo sitúa borrando la tarjeta del teléfono de una antigua colaboradora. Da igual. España es el país desarrollado con la economía más castigada por el virus, según la OCDE, con un desplome del PIB del 23,3%. Da igual. En la España del supuesto «escudo social» hay largas colas ante los comedores benéficos. Da igual.

España ha perdido su capacidad de reacción ante los desafueros del poder. Si lo hace la izquierda, todo da igual. ¿Cuál es la razón de esta anestesia de las conciencias? Pues que la política se ha convertido en una cuestión cuasi religiosa, que no admite una evaluación factual. El llamado «consenso progresista» domina la vida pública y mediática. El Gobierno vive por y para la propaganda, ha sabido okupar las televisiones y su discurso llega al público mucho más amplificado que el de los pocos francotiradores de la libertad que resisten. Los abusos y malas prácticas se van sobreponiendo, en una carrera tan vertiginosa que parece que ya nada importa.

Pero estas tragaderas lanares no son normales. Suponen una anomalía española, que debilita al país. Una sociedad que comulga con ruedas de molino y orilla la crítica al poder no está sana. ABC publicó ayer una exclusiva sobre el pago en 2010 de 3,5 millones por parte del chavismo al Movimiento Cinco Estrellas, partido populista-antisistema italiano, que entonces nacía y hoy cogobierna Italia. ¿Qué pasó? Nada más conocer la noticia de este periódico, los tres principales rotativos italianos -«Corriere», «La Repubblica» y «La Stampa»- abrían sus web con ella. La información copó además la mañana televisiva. Pongámonos en la hipotética situación de que un periódico italiano hubiese publicado una exclusiva dando cuenta de pagos del chavismo a Podemos. ¿Qué habría pasado en España? Nada. Una anécdota más en el país donde todo da igual.

"Esto se arregla con más descentralización"
Alejandro Tercero cronicaglobal 16  Junio 2020

Uno de los principales objetivos que se pretendían alcanzar con el proceso de descentralización de España tras la recuperación de la democracia era el contentamiento de los nacionalistas. Muchos confiaban en que así se integrarían en el proyecto común español. Cuatro décadas después, nadie duda de que ese propósito ha fracasado rotundamente.

A pesar de que España es uno de los países más descentralizados del mundo --según los índices internacionales más prestigiosos--, los nacionalistas catalanes se han radicalizado de forma extrema, hasta el punto de llevar a cabo un intento de secesión unilateral y violento. Recordemos a las hordas de fanáticos que el 1-O atacaron a la policía --que tenía el encargo de un tribunal de justicia de impedir el referéndum ilegal-- y que diez días antes rodearon y asediaron a una comitiva judicial durante un día entero. Algunos de los responsables de aquel levantamiento están en la cárcel por ello, aunque ya disfrutan de generosos permisos y pronto ni siquiera dormirán entre rejas.

Constatado el fiasco del apaciguamiento de los nacionalistas, tal vez haya llegado el momento de analizar si la centrifugación sistemática, permanente e ilimitada de competencias sirve, al menos, para mejorar la vida de los ciudadanos, ya que se supone que también se aspiraba a eso. Y la pandemia del Covid-19 ha sido un buen banco de pruebas del Estado federal que disfrutamos.

En este contexto, cabe destacar la batalla de los últimos días entre PP y PSOE a costa de la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. Los populares atribuyen al Gobierno socialista la principal responsabilidad en la muerte de miles de ancianos, pues asumió el mando único nacional ante la crisis sanitaria. Mientras que el Ejecutivo apunta que la competencia sobre los geriátricos seguía siendo autonómica, y devuelve las culpas a la administración madrileña. Todo muy constructivo, sí señor.

Otro ejemplo de deslealtad institucional lo vimos hace poco más de un mes, cuando el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, rajó sin contemplaciones contra el Gobierno --en este caso, ambos son del mismo color-- por no permitirle avanzar cuando esperaba pasar a la fase uno de la desescalada. “Jugar con la vida y la economía de los valencianos tiene un límite”, añadió la líder del PP en la comunidad, Isabel Bonig. En fin.

De la misma manera, es bochornoso el descuadre entre las cifras diarias oficiales de fallecidos y contagiados por coronavirus ofrecidas por el Gobierno y las anunciadas por las CCAA. ¿De verdad no son capaces de coordinarse? En el caso de la Generalitat, la situación supera todos los límites razonables, hasta el punto de que el Ministerio de Sanidad no ha podido ofrecer los datos globales de todo el país en varias ocasiones (ocurrió el 21 y el 25 de mayo) por no tener cifras fiables de Cataluña. “No es baladí que no podamos saber qué está pasando ahora mismo en Cataluña”, llegó a declarar el 22 de mayo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Inaudito.

Aunque tampoco sorprende tanto el caso de la Generalitat cuando, durante los momentos más duros de la lucha contra la pandemia, el Govern ha puesto todo su empeño en torpedear la acción del Ejecutivo nacional. La administración Torra ha promovido discursos como el de España nos mata, por no hablar de episodios esperpénticos como el de la supuesta conspiración de las 1.714 miles de mascarillas​.

Una muestra inapelable de la ineficiencia del modelo de descentralización implementado en España se pudo constatar en un simple folleto de la Comisión Europea. El ejecutivo comunitario lanzó al principio de la pandemia un tríptico con información sobre el Covid-19. El impreso indicaba el número de teléfono de asistencia único al que llamar si se tenían síntomas de la enfermedad en cada uno de los estados miembros… salvo en el caso de España. Para España, la comisión instaba a “ver los números regionales" y ofrecía un enlace que dirigía a la web del Ministerio de Sanidad con un teléfono para cada una de las 17 CCAA y las dos ciudades autónomas. Ridículo.

Decía este domingo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad --y exministro socialista--, Josep Borrell, que la pandemia del coronavirus “era una ocasión para reforzar la unidad nacional” en España mediante la colaboración entre las fuerzas políticas y las administraciones. Y lamentaba que “no parece que haya sido el caso”.

Me temo que todavía habrá quien plantee que esto se arregla con más descentralización.


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