AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 17  Junio  2020

'Ley Celaá': vuelta al sectarismo
Editorial El Mundo 17  Junio 2020

Si hay un ámbito en España inasequible al consenso, ese es por desgracia el educativo. Que es precisamente el que debería concitar una mayor altura de miras, porque el futuro de un país en la economía global del conocimiento lo determinará cada vez más el valor añadido que aporte el nivel formativo de su población. Cada vez que un gobierno socialista llega al poder se apresura a derogar la ley educativa anteriormente aprobada por el PP, aunque esta apenas haya echado a andar. Y en eso está Isabel Celaá, cuya reforma parece inspirada por un único principio: desandar todo lo andado en lugar de buscar una base compartida sobre la que construir un horizonte educativo capaz de sobrevivir una legislatura.

Si José Ignacio Wert intentó promover la excelencia a pesar de los errores y disfunciones de la LOE, Celaá ha echado mano del nuevo pedagogismo que descree de la cultura del esfuerzo y traiciona la función progresista de la enseñanza como ascensor social. Su proyecto supone un ataque sectario a la educación concertada -desarrollada por los gobiernos de Felipe González- por la vía de eliminar el requisito de demanda social que protege el derecho constitucional de los padres a la libertad de enseñanza para sus hijos. No corresponde al Estado restringir la oferta educativa por rancios motivos ideológicos. Ni tampoco es buena idea sacrificar la exigencia en aras de la sobreprotección, pues el mercado laboral se encargará finalmente de hacer la criba que no haga la escuela. Así, la ley Celaá prevé que por primera vez se pueda obtener el título de bachillerato con un suspenso, y se obstaculiza la posibilidad de repetir curso todo lo posible. El fruto de este abaratamiento es lo contrario de la cohesión y el progreso: se ampliará la brecha social entre los alumnos cuyos padres puedan permitirse un colegio privado de calidad y los condenados a educarse en centros públicos menos exigentes en lo académico y más condicionados por lo político.

La norma, asimismo, desampara a la lengua española que todo ciudadano tiene el deber de conocer. A fin de granjearse el apoyo de los separatistas, toda la responsabilidad es transferida a las autonomías, a quienes corresponderá fijar el número de horas de castellano. Lo cual, en la comunidades gobernadas por el nacionalismo, equivale a confiar el gallinero al cuidado del zorro y a blindar la inmersión. Por lo demás, Celaá tiene pendiente tranquilizar a padres con hijos necesitados de educación especial, cuyo desarrollo quedará truncado si se reduce la oferta. Para redondear el tic sectario, la religión pierde peso en favor de una asignatura de valores éticos a la que nada habría que objetar si no fuera porque Podemos espera colar en la materia sus obsesiones identitarias radicales.

De este modo serán los alumnos -y la sociedad, a la larga- los que volverán a pagar el alto precio de la obsesión de la izquierda por la ingeniería social.

Evitar la «pandemia» presupuestaria
Editorial ABC 17  Junio 2020

Sánchez se enfrenta a una sola oportunidad para salvar la recuperación económica de España tras la crisis del coronavirus. Ante la doble alternativa de someter a nuestro país a un diseño presupuestario estricto y avalado por Europa, que en definitiva es quien deberá rescatar nuestra economía, y la opción de un modelo de populismo extremo basado en los caprichos sectarios y estatalistas de Podemos, Sánchez no debería dudar. Europa no regala nada, y cualquier hipotético rescate llegará convenientemente condicionado por férreas medidas de control. Pero será el único modo de que el endeudamiento masivo al que forzosamente tendrá que someterse España no choque con ningún absurdo programa bolivariano de salvación nacional, o con un caciquismo fiscal inasumible para recuperar el empleo, la industrialización o reactivar el turismo. El desesperado llamamiento del empresariado español a la lógica de las cosas y a que Moncloa rectifique está más que justificado. Sánchez debe renunciar a unos presupuestos ideologizados, y sometidos a un gasto público desmesurado, a un déficit masivo y a un endeudamiento que lastre a una generación de españoles. Europa no va a aportar dinero sin una garantía de control real sobre nuestra política presupuestaria, y en ese sentido Sánchez debe asumir cuanto antes que chocará con Podemos. Esta coalición de gobierno es un error, pero Sánchez aún está a tiempo de rectificar con criterios de pragmatismo. España no puede convertirse en una economía dogmática y subsidiada sobre una bolsa cautiva de votos a base de pagas vitalicias del Estado. No necesitamos más adoctrinamiento de una izquierda radical como si el dinero creciese en los árboles. Ni tampoco más discursos falaces sobre la idea de que el Estado penaliza a los ricos para premiar a los pobres. La economía productiva es lo relevante.

Sánchez sabe que sus Presupuestos solo tendrán viabilidad si son avalados por Europa, y sostener que bastará con una mayoría suficiente en el Congreso es hacerse trampas al solitario. Además, esa hipotética mayoría está en el aire. Solo con Podemos, el PNV y ERC puede no ser suficiente, ya que el problema no sería el veto de Europa a unas cuentas expansivas e ineficientes. El giro de Sánchez hacia Ciudadanos ya ha sido bloqueado de antemano por ERC, y a su vez Ciudadanos no apoyará unos presupuestos podemitas. Por eso, tres meses después, Sánchez necesita mirar hacia el PP. Ayer el Gobierno sostuvo que no es tiempo de «matices ni de vetos cruzados». A buenas horas inicia el viraje tras haber despreciado sistemáticamente al PP, y a buenas horas olvida Sánchez que es el rey de los «vetos cruzados». Es hora de la responsabilidad, sí, pero Sánchez tiene la pésima costumbre de enfocar su política de la peor manera: nunca hace autocrítica y siempre exige claudicación a los demás.

Presupuestos inviables con Podemos
Editorial larazon 17  Junio 2020

El artículo 134 de la Constitución se aplica de manera automática y silenciosa. En su punto 4 dice que «si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos». Por primera vez España alargó las cuentas por dos veces, algo inédito en nuestra democracia, lo que explica la debilidad política del Gobierno para encontrar apoyos suficientes, poniendo en duda al programa político –si lo hubiere– con el que llegó a La Moncloa, aunque en el caso de Pedro Sánchez no hizo falta. Y ese es el problema. A pesar de que su alianza con Pablo Iglesias se basaba en un aumento desorbitado del gasto y una política fiscal impositiva en sectores tan nebulosos como las «grandes fortunas», no fue capaz de alcanzar la mayoría. Pero las cosas han cambiado radicalmente y ni los Presupuestos de Montoro sirven ya por más moderados que fuesen y como salvación última con la crisis abierta por el coronavirus.

El Gobierno ha comprendido que con los PGE que le pedía Unidas Podemos no es posible y, tal y como el grupo de Iglesias alardeó en la presentación de las cuentas –nunca aprobadas– de 2019, es un buen paso para «superar el marco de austeridad». Pero es que, además, abogaba por «cuestionar la lógica» del artículo 135 de la Constitución en la que todas las administraciones están obligadas a adecuar sus políticas al principio de estabilidad presupuestaria, lo que choca de lleno con el criterio de la UE. Es decir, las cuentas que Podemos quería sacar adelante eran inviables entonces y más ahora, a pesar de que se aceptaría que la deuda pública se superase en caso de catástrofe natural, recesión económica o «situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado». Situar el tipo mínimo del impuesto de sociedades en el 15%, aumentar el IRPF para las rentas altas y un alza del 1% en patrimonio son recetas de la ortodoxia izquierdista, pero que no es lo más eficaz en un parón productivo como el que está sufriendo la economía española. Otra cosa es cómo Sánchez sortea esta situación después de comprender que los PGE para el próximo capítulo deben ser excepcionales y estarán monitorizados desde Bruselas y, a la vez, mantener el equilibrio en una situación tan políticamente precaria. Cruzará el río poniendo un pie en «modular» lo pactado con Unidas Podemos, otro en una «transversalidad» que rompa –si es que alguien se lo cree– el pacto de la moción de censura y de nuevo hacer equilibrio en esa «geometría variable» en la que aspira a combinar sin caerse a Ciudadanos y ERC. En una situación normal, sería posible, es decir, que ambos compartieran la misma lealtad constitucional, pero a los independentistas, no lo olvidemos, los presupuestos no les quitan el sueño porque su aspiración es seguir manteniendo al Gobierno, conseguir que se siente en una mesa de negociación, poner encima la libertad de los golpistas presos y, en función del calendario electoral en Cataluña, hacerlo caer. Sánchez lo sabe y se apoya en Arrimadas, pero con la misma precariedad: es imposible un acuerdo serio si no va presuponiendo su ruptura con Iglesias y los independentistas y se vuelve a coser un pacto constitucional leal y duradero. Nunca es tarde para que este PSOE irreconocible acabe entendiendo que si quiere gobernar con sosiego y aportar grandes dosis de calma a una sociedad española que ha crispado con una actitud radicalizada deberá volver al centro. Paso a paso. Aun siendo una situación de emergencia, no puede pedir al PP que apoye unos PGE si antes no hay muestras evidentes, por más pequeñas que sean, pero ciertas, de que con Podemos no se puede ir muy lejos.El artículo 134 de la Constitución se aplica de manera automática y silenciosa. En su punto 4 dice que «si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos».

Por primera vez España alargó las cuentas por dos veces, algo inédito en nuestra democracia, lo que explica la debilidad política del Gobierno para encontrar apoyos suficientes, poniendo en duda al programa político –si lo hubiere– con el que llegó a La Moncloa, aunque en el caso de Pedro Sánchez no hizo falta. Y ese es el problema. A pesar de que su alianza con Pablo Iglesias se basaba en un aumento desorbitado del gasto y una política fiscal impositiva en sectores tan nebulosos como las «grandes fortunas», no fue capaz de alcanzar la mayoría. Pero las cosas han cambiado radicalmente y ni los Presupuestos de Montoro sirven ya por más moderados que fuesen y como salvación última con la crisis abierta por el coronavirus. El Gobierno ha comprendido que con los PGE que le pedía Unidas Podemos no es posible y, tal y como el grupo de Iglesias alardeó en la presentación de las cuentas –nunca aprobadas– de 2019, es un buen paso para «superar el marco de austeridad». Pero es que, además, abogaba por «cuestionar la lógica» del artículo 135 de la Constitución en la que todas las administraciones están obligadas a adecuar sus políticas al principio de estabilidad presupuestaria, lo que choca de lleno con el criterio de la UE. Es decir, las cuentas que Podemos quería sacar adelante eran inviables entonces y más ahora, a pesar de que se aceptaría que la deuda pública se superase en caso de catástrofe natural, recesión económica o «situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado». Situar el tipo mínimo del impuesto de sociedades en el 15%, aumentar el IRPF para las rentas altas y un alza del 1% en patrimonio son recetas de la ortodoxia izquierdista, pero que no es lo más eficaz en un parón productivo como el que está sufriendo la economía española. Otra cosa es cómo Sánchez sortea esta situación después de comprender que los PGE para el próximo capítulo deben ser excepcionales y estarán monitorizados desde Bruselas y, a la vez, mantener el equilibrio en una situación tan políticamente precaria. Cruzará el río poniendo un pie en «modular» lo pactado con Unidas Podemos, otro en una «transversalidad» que rompa –si es que alguien se lo cree– el pacto de la moción de censura y de nuevo hacer equilibrio en esa «geometría variable» en la que aspira a combinar sin caerse a Ciudadanos y ERC.

En una situación normal, sería posible, es decir, que ambos compartieran la misma lealtad constitucional, pero a los independentistas, no lo olvidemos, los presupuestos no les quitan el sueño porque su aspiración es seguir manteniendo al Gobierno, conseguir que se siente en una mesa de negociación, poner encima la libertad de los golpistas presos y, en función del calendario electoral en Cataluña, hacerlo caer. Sánchez lo sabe y se apoya en Arrimadas, pero con la misma precariedad: es imposible un acuerdo serio si no va presuponiendo su ruptura con Iglesias y los independentistas y se vuelve a coser un pacto constitucional leal y duradero. Nunca es tarde para que este PSOE irreconocible acabe entendiendo que si quiere gobernar con sosiego y aportar grandes dosis de calma a una sociedad española que ha crispado con una actitud radicalizada deberá volver al centro. Paso a paso. Aun siendo una situación de emergencia, no puede pedir al PP que apoye unos PGE si antes no hay muestras evidentes, por más pequeñas que sean, pero ciertas, de que con Podemos no se puede ir muy lejos.

¡ Dimisión ya !
Nota del Editor 17  Junio 2020

El PSOE tiene que desaparecer, previo levantamiento de alfombras y pago de deudas y penas. Cualquier apaño solo consigue que persista el tinglado que nos ha birlado la democracia durante los últimos cuarenta años y que nos lleva a que pensemos que Venezuela es un paraíso comparado con lo que puede ocurrir aquí que ni tenemos petróleo.

IMV, la derechita y la derechota cobardes
Diego Vigil de Quiñones Otero okdiario 17  Junio 2020

La semana pasada tuvo lugar en el Congreso el debate sobre ingreso mínimo vital (IMV). Como es sabido, el Partido Popular votó a favor y Vox se abstuvo. Son varios los lectores que me han manifestado su desconcierto y desacuerdo con la posición de ambos partidos, especialmente la del PP. Los trabajadores a los que reiteradamente se les priva de un alto porcentaje de su sueldo (sumando IRPF y SS), y que además deben pagar IVA, Transmisiones, Sucesiones (…) cada vez que hacen algún movimiento en su patrimonio, comprenden mal que sus impuestos sirvan para que alguien viva sin hacer nada a cambio, por muy necesitado que esté y muy complicado que le resulte tener empleo. A nadie escapa, por otra parte, que la compatibilidad con la economía sumergida será el pan nuestro de cada día del IMV, y que puede desincentivar la búsqueda de empleo.

No es que los contribuyentes sean egoístas ni insensibles. Simplemente consideran que lo razonable no es financiar la falta de empleo, sino promover la empleabilidad. El votante medio de derechas considera que, si hay dinero para pagar cada mes a quienes carecen de otro ingreso, lo razonable sería favorecer fiscalmente el mantenimiento o creación de empleo para que cobren por hacer algo, pues ello es mucho más acorde a la dignidad de la persona. Por ejemplo, en tiempos de Zapatero, había una deducción del 20% en la base liquidable del IRPF/actividades económicas para quien no despedía o creaba nuevos empleos. Esa medida amortiguó el aumento del paro en los años duros de la crisis. ¿No sería razonable recuperar algo así? ¿Acaso no se podría declarar (por ejemplo) deducible el gasto que las familias realizan en contratar personas para la ayuda doméstica, el cuidado de menores o dependientes etc (consiguiendo seguramente hacer emerger parte de la economía sumergida)? ¿Acaso no se podría exigir a los perceptores del IMV alguna contraprestación en forma de servicio a la Cruz roja, dependientes, protección civil o lo que sea (como propone el economista Gonzalo Bernardos –no sospechoso de ser conservador-)?

El IMV, tal y como está diseñado, puede cuestionarse legítimamente. Y la negativa a apoyarlo no tiene por qué ser un no destructivo, sino que puede ir seguido de la formulación de una alternativa. Mucha gente lo piensa así. Y quien, por su papel de oposición, debía representar a esa parte de la población, ha decidido callar o votar a favor. Y lo peor es que seguramente no lo ha hecho por convicción de la bondad de la medida, sino por pura cobardía.

Se lleva tiempo hablando de la derechita cobarde. La semana pasada el PP confirmó su cobardía, y Vox dejó mucho que desear. Y es que el episodio del IMV demuestra que la derecha en España no se atreve a formular su alternativa. Y no hablamos únicamente de los valores familiares o patrióticos que, por su potencial identificación con el régimen anterior, podrían ser causa de complejo. Hablamos de cuestiones meramente políticas y técnicas de las que la derecha no se atreve a hablar: tales como la independencia de los Jueces, la coordinación o recentralización de competencias autonómicas, la reducción del gasto público o la impugnación de un Estado-providencia en el que los ciudadanos más productivos son reiteradamente privados de la mitad o más de lo que producen.

Si la derechita y la derechona piensan que a base de contar el cuento del bolivarianismo, el advenimiento de la República y la destrucción de España, aliñado con un poco de crisis económica, van a alcanzar el poder, van listas. Los electores conservadores son mucho menos sectarios que los socialistas. Si se les decepciona, retirarán su apoyo. Si las derechas quieren gobernar (cosa que a veces dudamos) deben formular su alternativa y defenderla sin miedo. Se lo deben a sí mismos, y se lo deben a su gente.

La policía judicial y otras menudencias
Fernando Gómez de Liaño ABC 17  Junio 2020

Catedrático de derecho procesal

Ya sé qué es un caso manido pero antes de que se cierre no me resisto a repetirme una vez más, por gravedad de los sucedidos con ocasión del cese de Pérez de los Cobos, de su importante cargo en la Guardia Civil, y que por afectar al respeto debido por parte del Gobierno al Poder Judicial se han conmovido otra vez los cimientos de nuestro inestable Estado de Derecho. El ejecutivo quiere enterarse de cómo se hacen las cosas en un determinado juzgado. Protesta la jueza titular, las asociaciones de jueces –no todas, pues hasta ahí podíamos llegar-, partidos políticos, colegios profesionales, la prensa y hasta comunidades autonómicas, como la de Madrid que a través de su Consejero de Justicia, otro personaje bien situado políticamente, afirma que no ha visto «un caso tan grave» en sus «casi 30 años ejerciendo de juez» como la destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, justificada por «pérdida de confianza».

Estamos ante unos hechos derivados de la inexistencia de una policía judicial dependiente los jueces y fiscales, tal como exige el art. 126 de la Constitución, como algunos venimos predicando hace tiempo, y que no es otra cosa que la repetición del contenido de dicho artículo: «La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca». Otra vez a repetirlo. A lo mejor a fuerza de oírlo, algo se consigue, aunque no lo creo, porque a los gobiernos de cualquier signo les gusta tener el máximo control posible sobre los temas que le puedan interesar, incluso los judiciales, de los que no acaba de sacar sus manos pecadoras. Que se viola Constitución. ¿Y qué? Una vez más. ¿Que se ha jurado o prometido cumplirla?. Si solo fuera ese artículo el incumplido estaríamos de enhorabuena. El desorden jurídico determina un estado de cosas como el presente.

Esta ausencia institucional ha ordinado a lo largo de nuestra historia postconstitucional, escándalos tan sonados como el del 23 F, o el 11 M, en los que no se ha podido saber lo que pasó, porque fue la propia policía del caso la que, según se afirmó, destruyó pruebas. Las de los ERES andaluces enfangó al partido gobernante sustituyendo policías, y acosando a la jueza que pidió el traslado aburrida de que la tomaran el pelo. Por ahí han quedado sus protestas. Con una verdadera policía judicial, los resultados hubieran sido muy diferentes, aunque quedando en mal lugar el gobierno de turno. Y en el caso del 11 M ocasionó nada menos un vuelco electoral memorable. Miremos pues si tienen importancia a no, las golferías gubernamentales, y la inocuidad del cumplimiento de preceptos constitucionales. Ya sé que el precepto en cuestión ha sido desarrollado reglamentariamente, para llegar a dónde estamos. Pero para ese viaje no habríamos precisado alforjas.

La jueza Alaya se despachó en la portada de un periódico nacional para que enterase todo el mundo, del atropello jurídico padecido en la tramitación del ya vetusto caso de los ERES andaluces, y sus reiteras protestas que ni siquiera consiguieron el apoyo del Consejo General del Poder Judicial. Caso tan grave y suficiente para que alguien hubiese caído. Pero tranquilos que aquí no ha pasado nada Está durmiendo la siesta con otro caso principal como es el del presidente Pujol, como lo dormirá dentro de unos días el del coronel destituido.

Papel fundamental habría tenido en este asunto el Consejo General del Poder Judicial, lo que ocurre es que está mising, afectado también por el incumplimiento de otro precepto constitucional relativo a su renovación que lleva año y medio de retraso, para gozo de sus vocales cobrando un sueldo suculento, porque nuestros gobernantes no quieren ceder en el consenso preciso, poniendo delante otra vez sus propios intereses a los del pueblo, que como una gran paradoja, es el soberano. Es posible qué si nos pusiésemos a desojar el árbol de la Constitución, hoja por hoja, no quedaría más que el tronco, y eso que todos los responsables han jurado o prometido guardar y defender nuestro principal texto legal. Ahora todos hablan de reformarla, ¿Para qué? Si están gobernando algunos salidos de urnas democráticas, que jamás pensaron poder estar en un gobierno. Entonces ¿Qué es lo que falla? Un afamado politólogo encuentra una solución en las listas abiertas y segunda vuelta. Parece ser que este sistema es del agrado de un alto porcentaje de votantes, pero no del gusto de los que han tenido el poder de adoptarlo, con lo cual seguiremos perteneciendo al pueblo soberano, que es el que manda según nuestra Constitución, pero la verdad es que aguanta lo que le echen, pero decidir y opinar, eso es otra cuestión. Perdón por las repeticiones, pero ya cierro de verdad, antes que nos den otro susto.

La novísima normalidad
Amando de Miguel Libertad Digital 17  Junio 2020

La solución ante los posibles rebrotes de la pandemia del virus chino ha sido la de mantenernos en una especie de confinamiento limitado (un oxímoron, como "nueva normalidad"). Consiste en limitar el aforo de los espacios públicos y en marcar la distancia física mínima que deben mantener los asistentes a tales concentraciones. Es el mítico metro y medio (unos cinco pies según la tradicional medida castellana o inglesa). Se añade, a veces, la cláusula de la cita previa, un pleonasmo. Todo es retórico. No queda claro cómo se va a pagar el coste extra de tales prescripciones.

La idea parece simple y utilísima; solo que con ella se hace imposible que funcionen con tranquilidad multitud de expresiones colectivas: espectáculos, centros educativos, centros comerciales, ferias y mercadillos, acontecimientos deportivos, lugares de esparcimiento, iglesias, etc. En síntesis, la organización social, tal como viene funcionado durante siglos, resulta inviable, o al menos se hace carísima. Lo que faltaba ante una situación de la economía colectiva tan amenazante como la que se nos anuncia.

La propaganda nos reitera con atractivas imágenes que las escuelas o las universidades pueden funcionar muy bien con aulas semivacías. Hasta parece que queda más bonito un diseño así, tan minimalista. ("Lo poco es mucho"). Pero requiere una condición elemental: que aumente considerablemente y de golpe el número de profesores y de otros recursos. Sencillo parece el caso, pero resulta que el Gobierno no parece dispuesto a asumir tal aumento del gasto público, que ya crece desmesurado por otros conceptos. Tampoco la sociedad se puede permitir el lujo de pagar más caras las matrículas de la enseñanza. La aporía es clara: el asunto no tiene solución.

El argumento expuesto se opone a la tradición de soberbia que caracteriza al mundo moderno, una creación característica de Europa o, si se prefiere, de la cultura occidental. Se traduce en el rechazo de la idea de que hay problemas sin solución. Pero ni las matemáticas pueden asegurar que todos los problemas se puedan resolver. Claro es que en la organización de la vida pública son muchos los laberintos sin salida, o por lo menos con desenlaces muy costosos. Este es el caso en el que nos ha dejado la dichosa pandemia, que es algo así como una maldición de algún hado impenetrable. Cunde el desánimo en todas las esferas de la vida.

Se vislumbra un posible apaño ante las dificultades que presenta la nueva normalidad. Consiste en acentuar por todos los medios la inveterada tendencia al intervencionismo estatal. Esa es la razón por la que los comunistas (aunque se llamen con etiquetas más presentables) cuentan tanto en la actual coalición gubernamental. Así se explica, por ejemplo, lo de la renta mínima garantizada, o como se llame. Más parece una gigantesca tentación a la pigricia laboral, junto a otras de la misma calaña, que seguirán a continuación conforme arrecien los vientos de la crisis económica.

En medio de tanta confusión, pasó inadvertida la reciente ley de la eutanasia, que más bien tendría que apodarse de la distanasia. Se aplicó de forma sarcástica con el paso de la guadaña sobre la población asilada en las residencias de ancianos. Esto es lo que se llama kairós, el don de la oportunidad con el que los dioses premian a los gobernantes. Llegado aquí, me acojo al famoso diálogo entre Babieca y Rocinante. Comenta Babieca: "Metafísico estáis". Replica Rocinante: "Es que no como".

Prohibido reírse
Emilio Campmany Libertad Digital 17  Junio 2020

En España, cada vez hay más cosas prohibidas. Si no lo están legalmente, da igual, porque se prohíben de facto exponiendo a quien se salte la veda al escarnio público. Está prohibido, por supuesto, ser de derechas. Una persona de derechas oculta siempre a un fascista. Está también prohibido ser mujer o varón a secas. Hay que elegir entre ser las dos cosas a la vez o no ser ninguna de ellas, pero esa superada creencia de considerarse niño o niña ha de ser erradicada. Tampoco se puede decir la verdad si con ella se va a ofender la moral pública. Esto no sólo afecta a la verdad actual, sino muy especialmente a la verdad histórica. Está igualmente prohibido defender la libertad, ese insidioso pretexto con el que los ricos pretenden seguir siéndolo. Pero no sólo, está rigurosamente prohibido defender cualquier otro valor que no sea la igualdad. E incluso ésta sólo se puede defender cuando se refiera a la económica. Por lo tanto, está prohibido defender la igualdad ante la ley, la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades o cualquier otra. Está prohibido acusar a los políticos de izquierdas de ninguna conducta censurable, por palmaria que sea. En este caso, la prohibición está sobradamente disculpada, ya que el político de izquierdas defiende siempre el bien común y, siendo tan venerable el fin, cualquier medio está más que justificado. Correlativamente, está prohibido alabar el comportamiento de los de derechas, pues, siendo el objetivo último de éstos defender el interés particular de unos pocos, por encomiable que en apariencia pueda ser su comportamiento, la vileza del fin contamina inevitablemente toda su conducta.

Éstas son sólo algunas, porque hay muchísimas más. Está prohibido acusar de ser terroristas a los terroristas si son de izquierdas. Terroristas, terroristas de verdad sólo los hay de derechas. Está también prohibido llevar la bandera española de cualquier forma o manera, da igual que sea en los tirantes o en el corazón. Especial agravante será hacerlo con orgullo. Sí es cierto que aquí se admite la generosa excepción que alcanza a los espectáculos deportivos en los que juegue la selección. Está por supuesto prohibido hacer apostolado o incluso exhibición pública de la propia religión, cuando sea la católica. Los judíos tampoco están bien vistos. Los musulmanes sin embargo gozan de una amplia tolerancia. Está estrictamente prohibido vestir con decoro, no digamos con elegancia, y mucho menos lucir joyas.

Naturalmente, las prohibiciones se han extendido a las películas. Ya se habían prohibido aquellas en las que se fumara. Ahora se han incluido aquellas en las que salgan esclavos. No obstante, la prohibición más ominosa, la más lacerante, es la última dictada por el Gobierno. Desde que alcanzamos la pavorosa cifra de veintisiete mil muertos, está incluso prohibido morirse a causa del coronavirus. Podemos dar gracias al Cielo de que al menos todavía nos dejan morirnos de cualquier otra cosa.

Zapatero, presidente de la República
Pablo Planas Libertad Digital  17  Junio 2020

El siniestro José Luis Rodríguez Zapatero asoma la gaita en la "nueva normalidad", que es la normalización de las mentiras del Gobierno, la derogación de la separación de poderes y la abolición de la Monarquía constitucional en favor de una república bananera a la medida de los Ceaucescu de Galapagar.

La reaparición en estas fechas del nefasto expresidente que impidió la derrota policial, política y social de ETA y sumió a España en una de las peores crisis económicas de su historia es un signo mucho más inquietante que las previsiones del Banco de España sobre el PIB y el paro.

Tras las palabras del ministro de Justicia y enterrador mayor del Reino, Juan Carlos Campo, sobre la "crisis constituyente", la presencia de Zapatero en los medios es la confirmación de la catástrofe a la que se enfrenta España, carcomidos sus cimientos democráticos e institucionales por los partidos separatistas, los nuevos comunistas de Podemos, versión depurada de los peores comunistas, y los dos PSOE, el de los barones críticos que nunca hacen nada y el de Sánchez, que es la última destilación del zapaterismo de la nación como cosa discutible.

El cambio de régimen está en marcha y la intentona golpista tiene todos los visos de prosperar en medio del shock del coronavirus. Las arremetidas de la Fiscalía contra la Corona, las purgas en la Guardia Civil, las falsedades de Fernando Simón, las amenazas e insultos de Pablo Iglesias, las majaderías de Irene Montero y ahora Zapatero, quien tras ejercer de canciller volante de la dictadura chavista de Venezuela aspira a un lugar de privilegio en la tercera república, tal vez su primer presidente.

Zapatero es un personaje nefasto en el plano internacional, un gafe que no es bienvenido en la mitad del planeta por su mezcla de insensatez y frivolidad, cualidades que le han llevado a defender el hambre, la injusticia y las torturas en Venezuela. Es el tipo que habría organizado la tenida entre Ábalos y la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez en Barajas, el individuo que dice que nada sabe de los turbios manejos económicos de su embajador en Caracas, el inaudito sujeto que viene de declarar que China tiene que poner a los Estados Unidos en una situación "imposible". Es decir, China, la dictadura comunista que ha sembrado el caos en el mundo por sus mentiras sobre el virus.

Ese andoba, el peor presidente de la democracia en España, ha olido la putrefacción, el proceso de fermentación que él mismo inició con el Pacto del Tinell, con el Estatuto catalán, con las concesiones a ETA. Y sobrevuela en círculos, presto a lanzarse en picado sobre los restos de la nación.

¿Qué se esconde detrás de este antirracismo revolucionario, tan generalizado?
¿Cuánto hay de rechazo al racismo y cuanto de comunismo infiltrado?
Miguel Massanet diariosigloxxi 17  Junio 2020

La muerte de una personas, sea blanca o negra, siempre es algo reprobable y, si el fallecimiento ocurre en unas circunstancias tan brutales como fue el caso de este joven negro, Jeorg Lloyd, la indignación popular responde con la expresión masiva de lo que es un descontento ante la injustica de una muerte innecesaria y con atisbos de racismo.

Hasta aquí comprensible y, evidentemente justificado y justificable. Sin embargo como sucede en todos los acontecimientos que tienen lugar en cualquier nación, siempre existe un principio de proporcionalidad, una medida razonable de acción y reacción que distingue entre lo lógico y comprensible y aquello que excede de lo que se puede entender como moderado, prudente y sensato.

Cuando la reacción virulenta de una comunidad ante un suceso lamentable, sobrepasa los límites del sentido común, adquiere características revolucionarias, tipología de motín contra los gobernantes, indicios de intento de golpe de Estado; entonces, señores, hay que empezar a preocuparse y, mucho más cuando en muchas otras naciones, ajenas por completo a aquella en la que ocurrió el luctuoso suceso, en las que, curiosamente, nunca se han producido reacciones similares ante sucesos tan dramáticos como los de la Cuba de los Castro o la Venezuela de este sátrapa totalitario, el señor Nicolás Maduro.

El dictador venezolano que siempre se ha mostrado insensible ante la miseria de su pueblo, un personaje subido de la nada que se ha convertido en el padrino de todos los rebrotes comunistas que, recientemente, van teniendo lugar en naciones que parecía que ya habían renunciado para siempre a este tipo de veleidades retrógradas, entre ellas nuestra España que, desgraciadamente, parece que va a ser la avanzadilla de la revolución comunista exportada de la América latina, cuyo gobierno de comunistas y socialistas parece estar dispuesto a facilitar que se implante un nuevo Frente Popular en la vieja Europa. Grupos de progresistas que se comportan como cómplices, no de la simple protesta por solidarizarse por el hecho de haberse producido un suceso desgraciado y luctuoso, completamente reprobable; sino por la forma exagerada, desproporcionada y evidentemente cargada de un componente político de tipo propagandístico, propio de la extrema izquierda, con la que vienen actuando, con la finalidad no sólo de reclamar contra un hecho aislado, por grave que fuere, sino con la evidente intención de ir en contra de un régimen político determinado y, en el caso de los EE.UU de América, con el propósito declarado de acabar con un personaje, al que se le identifica como el líder mundial de la derecha y del mal, el señor Trump, sobre el que los demócratas han venido descargando todo su resentimiento por la derrota que sufrieron en las urnas ante él, debido a que han sido incapaces de digerir, acompañados en este caso de las izquierdas de todo el resto del mundo y, con especial virulencia, la española que, sistemáticamente, no paran de buscarle defectos y de achacarle todo lo que de malo sucede en la república americana, incluso en aquellos aspectos en los que no se le pueden achacar la responsabilidad a su presidencia, como es el caso de la epidemia del coronavirus que ha venido arrasando medio mundo.

Una pandemia que, si tenemos en cuenta las distintas modalidades con la que ha sido afrontada en cada nación en la que el coronavirus ha estado presente y los distintos modelos con la que ha sido combatida, con variada fortuna, lo que ha sido el tratamiento que, cada país, le ha ido dando a la pandemia, con variada fortuna, dicho de paso, con la particularidad de que ningún responsable de la lucha contra el Covid 19 podría atreverse, como se dice en los Evangelios, a tirar la primera piedra contra los demás y, ya no hablemos del el caso de España, cuyo Gobierno se ha hecho responsable, aunque paladinamente lo niegue, del reproche de la mayoría de organismos sanitarios europeos, por su retraso en tomar conciencia de la gravedad de la epidemia y por haber permitido, sabiendo el peligro que entrañaba para los españoles, que se celebraran actos públicos multitudinarios, con el gran peligro de contagio que suponía para los asistentes y sus familias el que, tales reuniones masivas, tuvieran lugar debido a la dificultad de que se mantuvieran las distancias de seguridad sanitaria entre todos los asistentes a los actos.

No olvidemos que, en la propia España, se han puesto en marcha campañas contra la policía y la Guardia Civil. Especialmente organizadas por los partidos de izquierdas de modo que, si fuera por ellos, no existiría policía alguna que se encargara de mantener el orden público. Tampoco tenemos que ser tan cándidos que, conociendo la historia de los EE.UU y sus antecedentes de la guerra civil entre el Norte y el Sur, vayamos a pensar que todos los ciudadanos negros son un ejemplo en su comportamiento con los blancos, ni que existan una serie de mafias integradas por grupos levantiscos de negros que tienen por objeto provocar a la policía para crear ambientes enrarecidos, como el que en estos momentos se está produciendo en la república norteamericana. Puede que, como sucede en todas partes, las provocaciones consigan acabar con la paciencia de los cuerpos de seguridad, pero no olvidemos que los comunistas y los defensores de los derechos de los negros, en la mayoría de los casos formando un solo grupo activista, lo que desean es precisamente hacerse con el poder en las calles, organizar algaradas y actos de vandalismo que requieran que la policía tenga que actuar y, en tales casos, es muy difícil pedir a grupos, siempre minoritarios, de fuerzas del orden que se limiten a contener a muchedumbres, solamente pidiéndoles cortésmente a los alborotadores que se retiren por las buenas o que les dejen de tirar cocteles molotov o mobiliario urbano para hacerlos retroceder, con una amable sonrisa en sus rostros.

El último caso que, recientemente, ha tenido lugar en los EE.UU para ayudar a mantener la tensión en las calles, ha sido un buen ejemplo de lo que significa una provocación. Un sujeto beodo dentro de un coche desoye las órdenes de la policía y, no solamente se abalanza sobre el agente que intenta reducirlo, sino que le arrebata la pistola Táser o la similar que se use por la policía norteamericana, e intenta utilizarla contra el agente que prueba de reducirlo. ¿Era necesario que la victima de este suceso se comportase como un energúmeno, cuando la policía le ordenó salir del coche o forma parte de unas instrucciones que han recibido de poner todas las trabas posibles a la actuación de la policía? ¿Sabemos las palabras que aquella persona, evidentemente fuera de sí, les dirigió a los agentes? ¿Por qué arrebatar la pistola eléctrica al policía? Finalmente la víctima echó a correr, intentando huir desoyendo las repetidas órdenes de los agentes de que se detuviera. Bueno, el resultado fue que, finalmente, uno de los policías disparó y el sujeto que intentó escapar fue abatido. Un hecho desgraciado, pero nos preguntamos ¿cómo deben actuar las fuerzas del orden ante quienes se resisten a obedecer y oponen una rebeldía a ser reducidos, utilizando incluso el arma defensiva arrebatada a los policías?

La reacción inmediata de los políticos, ha sido despedir al policía e iniciar un expediente para depurar responsabilidades. Nos preguntamos lo que pensarían, algunos de estos señores que se muestran tan críticos con la fuerzas del orden si, como sucedió en Cataluña cuando se produjeron las algaradas del 1.O y aquellos policías y Guardias Civiles que, actuando en cumplimiento de su deber, fueron acosados, insultados, humillados y aguantando el tipo cuando se les orinaron encima, mientras eran ferozmente agredidos con objetos contundentes y cócteles molotov, por una multitud de fanáticos independentistas enloquecidos que gritaban como posesos en contra de España y de los defensores de la Ley si, a estos sujetos que pedían la independencia de Cataluña, que pedían la retirada de las fuerzas del orden y que se habían apoderado de las calles, haciendo destrozos en todos los lugares en los que se personaron como verdaderos bárbaros, los mandos de las fuerzas del orden les hubieran hecho retirar y hubieran permitido que los vándalos se hicieran dueños de la situación, dándoles vía libre a sus actos de brutalidad y desorden.

No dejemos de denunciar que, los medios que tienen, tanto estos partidos minoritarios como los separatistas catalanes y vascos, para mantener el ascua de la revolución proletaria viva, cuando no consiguen que los votos de la democracia los instalen en el poder o los chanchullos de la política les permitan hacer alianzas frente populistas; siempre consisten en buscar la “legitimidad” en las algaras callejeras que, para ellos y sus procedimientos totalitarios, sustituye a las mayorías conseguidas en las urnas. Y así tenemos hechos tan curiosos y deleznables como tener a un vicepresidente del Gobierno, comunista que pide el cumplimiento de la legalidad, por supuesto “su legalidad”, desde su escaño en el Parlamento de la nación y, paralelamente, incita a sus huestes del partido comunista a que ocupen las calles para pedir que se atiendan sus demandas partidistas al propio Gobierno del que su líder forma parte.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, contemplamos como lo que nosotros pensábamos que sólo era un fenómeno anormal que se producía en nuestra patria y, en el fondo, teníamos en convencimiento que, desde el resto de la CE o desde los mismos Estados Unidos, se pondrían trabas a que España entrara en la órbita de este comunismo progre bolivariano, importado desde Venezuela, nos vemos obligados a reconocer que, el grave problema que nos afecta, empieza a estar compartido por otras naciones que nunca hubiéramos podido pensar que se encontrarían en dificultades a causa de unas izquierdas, en este caso, movidas por su antirracismo mientras en España, en gran parte motivado por la entrada masiva de inmigrantes del tercer mundo, las izquierdas han encontrado una verdadera mina de votos que, si seguimos por este camino de aceptar a cualquiera que pise suelo español, es evidente que los gobierno progresistas, una verdadera lacra para la nación española, se van a eternizar en el poder. Y un solo comentario, rememorando al gran Cicerón: O tempora! O mores!

Un estudio abochorna a Sánchez e Illa por el drama vivido por los sanitarios
A.J. ESdiario 17  Junio 2020

Las cifras que deja la pandemia son desoladoras. No solo por el número de fallecidos, sino porque decenas de miles de enfermeros se han contagiado por las negligecias del Gobierno.

La falta de diligencia del Gobierno a la hora de adquirir material de protección para los sanitarios ha provocado que alrededor de 74.000 enfermeros se han contagiado del Covid-19 y 5.500 han sufrido la enfermedad de forma grave, según ha puesto de manifiesto un estudio realizado por Sondea para el sindicato de Enfermería (Satse), en el que se han encuestado, desde finales de mayo y hasta principios de junio, a 8.218 enfermeras.

Pero además, sólo tres de cada 10 enfermeros ha sido sometido a más de una prueba diagnóstica de la enfermedad y 8 de cada diez han tenido que reutilizar las mascarillas FPP-2 o FPP-3 para atender a los pacientes afectados por el coronavirus.

El demoledor estudio que retrata la "ineptitud" del Gobierno de Sánchez frente a la pandemia

Por ello, consideran desde Satse que "la alta afectación de la enfermedad dentro del colectivo enfermero, la falta de suficiente material y equipos de protección, así como de pruebas diagnósticas de la Covid-19, y las graves consecuencias que su lucha contra la enfermedad ha supuesto nivel personal y familiar son algunas de las principales conclusiones del estudio y que refrendan las sucesivas y reiteradas denuncias que desde la organización sindical se han realizado tanto a nivel nacional como internacional".

Y es que, según el estudio, 9 de cada 10 profesionales de enfermería encuestados han trabajado durante la crisis sanitaria y han tenido contacto con pacientes diagnosticados o sospechosos de coronavirus (91,60%). Asimismo, las pruebas que se les ha realizado han sido PCRs en el 56,22 por ciento de los casos, test rápidos en el 53,70 por ciento de los casos y estudios serológicos en el 46,41 por ciento.

Respecto a la protección con la que han contado para realizar su trabajo, la cantidad y calidad del material disponible ha sido valorado por los profesionales durante las peores semanas de la pandemia con 3,46 puntos sobre 10, siendo "muy mal" puntuada (de 0 a 4) por 2 de cada 3 enfermeras (67,08%).

Todo ello, debido a que la reutilización de material ha sido una práctica habitual ya que desde el Ministerio de Sanidad no se tuvo la previsión suficiente para su adquisición.

De hecho, el material que más han tenido que reutilizar las enfermeras ha sido la mascarilla FPP-2 o FPP-3 y ha sido así para cerca del 80% de las profesionales (77,30%), mientras que cerca del 60% han reutilizado mascarillas quirúrgicas (61,66%) y más de la mitad batas impermeables (53,59%), mientras que uno de cada cuatro profesionales tuvieron que reutilizar trajes de buzo de los de un solo uso (25,75%).

Por ello, un 27 por ciento de las enfermeras han realizado alguna denuncia, escrito de queja o similar respecto a las circunstancias de seguridad existentes durante las semanas de crisis sanitaria.

Así, con todos los datos encima de la mesa, Satse ha llegado a la conclusión de que no hay duda de que "la falta de previsión y diligencia de las autoridades competentes ha puesto en grave riesgo a la salud y seguridad de las enfermeras, así como la de las personas de su entorno. Todos los problemas, errores y deficiencias constatadas no pueden volver a producirse en caso de nuevos rebrotes de la enfermedad, porque sería una falta de respeto a la dignidad de los ciudadanos y de los profesionales".

Corre por la bandera
Resiste España, un «movimiento cívico y civil», se cita por las calles de Madrid para hacer «running» como homenaje a las víctimas del coronavirus y por la unidad de España
Andrés Bartolomé larazon 17  Junio 2020

Si ha llegado a ver alguno de sus vídeos –llevan más de 300.000 visualizaciones– no le habrá pasado desapercibido el aire marcial de sus protagonistas, la cuidada estética, la música y el empaque profesional de las imágenes. Corren con una gran bandera de España y su lema es un «viva España» coreado a voz en grito. Su esfuerzo lo dedican a «homenajear a las víctimas por el coronavirus y llamar a la unidad de España». ¿Pero qué es Resiste España y quién está detrás de este movimiento?

El hombre que lo encabeza es Ignacio Trillo, de 33 años, empresario del sector financiero y «real estate», ex boina verde y nieto de Juan de Arespachoga, alcalde de Madrid entre 1976 y 1978. Le acompañan, dice, «varias personas cuya aportación es fundamental para nuestro crecimiento pero por ahora prefieren permanecer en el anonimato». Aún no están legalizados como asociación y afirman ser «un movimiento cívico y civil que no se alinea con ningún partido político». Según Trillo, ante la situación económica, social y política «intentamos hacer un llamamiento a la unidad de España a través de los valores que antaño nos unieron».

Asegura Ignacio Trillo que «no estamos pidiendo de forma activa la dimisión del Gobierno, todo llegará cuando tenga que llegar. El único grito que tenemos permitido es el “viva España”, no pedimos ninguna dimisión, simplemente rendimos homenaje a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a la bandera. Ya habrá tiempo de pedir explicaciones o cárcel».

Cuenta que su causa surgió «en plena pandemia», aunque «el sentimiento llevaba rondando mucho más atrás». Aficionado al deporte y con formación militar, dice Ignacio que sus conocidos le pidieron durante la cuarentena «que echara un cable», por lo que ofrecía «unas tablas de entrenamiento para que pudieran hacer en casa», con una frase motivadora, y todos los días lo acompañaba de «un texto o de un poema relacionado con la historia de España, filosofía o algo más beligerante también».

Cuando se permitió salir a la calle después de lo más crudo del estado de alarma, Trillo trasladó su deseo de aprovecharlo para correr. «Hablé con un primo y me dijo que él lo hacía por las víctimas y que escribía con tiza el número de muertos en el suelo». «Eso está muy bien», asegura, «pero me planteé llevarlo un poco más lejos, porque también están los que lo han pasado mal y lo están pasando por la gestión de esta debacle».

Así que propuso «salir a correr y di unas coordenadas iniciales para que se sumara el que quisiera. Fui con un chaleco táctico militar», indica, «pero porque lo lleno de peso, 18 kilos en concreto, para moverme y sentir además que he hecho un poco más de deporte». El primer día, «como experimento», marcharon en dirección a La Moncloa en lo que recuerda como «un trayecto muy bonito porque llevábamos la bandera atada en un mástil, gritando “viva España” cada equis tiempo, veíamos cómo la gente nos respondía y veía cierta esperanza y que la bandera está por encima de cualquier ideología», que es la idea que están intentando transmitir, que la enseña nacional «no pertenece a ningún partido, sino a todo el pueblo español».

Ese día grabaron un vídeo, hicieron un homenaje a todas las víctimas, «que no se había hecho aún», y «cantamos “La muerte no es el final”, que se ha usado mucho a nivel militar pero que es original de un sacerdote y se utiliza en muchos funerales», apostilla. «Nosotros simplemente cambiamos la palabra compañero por hermano, porque al final todos los que han fallecido son hermanos».

A partir de ese momento, tras colgar el vídeo por WhatsApp, sin haber creado la asociación, «vimos que tenía mucha repercusión, que la gente quería saber quiénes éramos», y ya les empezaron a colocar en determinada posición ideológica. «Fue divertido leer que la gente de operaciones especiales había tomado La Moncloa, pero decidimos mantenernos en silencio, preferíamos hablar con gestos».

Su propósito se ha ampliado, y además de «intentar hacer entender a la gente que llevar la bandera no es de fachas, sino que hay mucho más», están haciendo entregas solidarias a comedores sociales en Madrid. «El otro día salimos a correr y cada uno llevaba en la mochila entre 5 y 15 kilos de comida que había comprado». Casi alcanzaron los 600 kilos entre unas 60 personas.

El ohmio y la enseña de Borgoña, sus símbolos
Junto a la enseña rojigualda, sus símbolos son el ohmio, que ejemplifica la resistencia, y la bandera de Borgoña, «considerada por algunos historiadores como la primera enseña de España». Trillo es consciente de que se les va a identificar con la derecha. «Por supuesto ya lo han hecho y la izquierda va a ser la primera», afirma, pero «esto es un movimiento por y para todos». Porque «en los momentos de crispación España ha demostrado que puede salir unida», afirma.

Ignacio Trillo hizo público su número de teléfono porque «quería que la gente viera que detrás de esto hay una persona normal, un padre de familia», y en los diez primeros días tuvo «más de 25.000 mensajes, no todos amistosos, y de gente que quería participar. Me llevé bastantes broncas en casa, porque estuve siete días atendiendo más de 250 llamadas al día».

Con eso dice haber conseguido que se hayan puesto en contacto con él ciudades en las que ya han salido a correr con su ideario o lo van a hacer «a corto plazo»: Alicante, Toledo, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Cádiz, Huesca, Tarragona... A Barcelona y Pamplona van a ir con Trillo al frente, consciente de que «allí necesitarán algo más de apoyo». También han escrito de Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos, México, Perú,... «pidiéndonos si lo pueden replicar con su bandera».

En orden y con banda de música
Resiste España ha llegado a tener hasta 9.000 solicitudes para correr en Madrid, pero «no puedo convocar legalmente», explica Trillo, y normalmente han alcanzado una cifra de entre 40 y 80 participantes. Usan bicicletas también para que cuando alguien esté cansado no se quede atrás y se turne con el que usa dos ruedas. Siempre ponen al que va peor el primero, junto a la bandera. «Aprovechamos también los semáforos para descansar, que no viene mal». Una carrera de 17 kilómetros abarcó Ifema, el Palacio de Hielo... con una banda de música. Van en orden, sin entrar en ningún tipo de provocación, «que por supuesto las hay». Aunque son mayoría los hombres, no faltan mujeres, «poco a poco nos esforzamos en involucrar a más y la proporción va aumentando».
******************* Sección "bilingüe" ***********************


 


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