AGLI Recortes de Prensa   Jueves 18  Junio  2020

La ley de la burramia
En plena crisis de la epidemia el Gobierno se dedica a la ingeniería social con la educación
Luis Ventoso ABC 18  Junio 2020

Algunos frikis pensamos que nada es más importante para el futuro de un país que la educación. La excelencia formativa es el combustible de la fábrica de las ideas. Y a su vez el pensamiento, en todas sus vertientes, mueve el mundo (por eso nada más ganar la II Guerra Mundial la inteligencia militar de Estados Unidos puso en marcha la Operación Paperclip, que se llevó a América a 700 de las mejores mentes alemanas: médicos, físicos, arquitectos, químicos, ingenieros aeroespaciales... incluido Von Braun, clave en la aventura lunar de la NASA). Pero esto de valorar la alta educación es algo bastante rancio. Probablemente una ensoñación «ultraderechista». Dejemos que coreanos, chinos, estadounidenses y británicos sigan ofuscados en su retrógrada fijación por los centros de excelencia y en la exigencia máxima a los alumnos que acceden a ellos. Nosotros estamos en el progresismo, que en Educación tiene cuatro máximas que molan mucho:

1.-Cuanto más burramia, mejor. La exigencia en las aulas va contra nuestros principios igualitarios, así que hay que permitir que todas y todos pasen los cursos con suspensos y eliminar reválidas antisociales. Pretender que «chicas y chicos» estudien puede dañar su delicada psique. Por último, un alumno que sea un cenutrio, sin interés y abocado al fracaso escolar, debe tener el mismo derecho a una beca que uno brillante y esforzado.

2.-La concertada, ¡vade retro! Aunque los colegios católicos son muy valorados en todo el planeta por su excelencia (en Inglaterra hasta las familias musulmanas intentan que sus hijos accedan a sus codiciadas plazas), nosotros, que somos progresistas y sabemos más, vamos a puñetearlos finamente. Y si las familias los prefieren, pues que les den. Ingeniería social y nuevas leyes hasta que dejen de preferirlos.

3.-El español no es progresista; el batúa, sí. España tiene uno de los idiomas más hablados del mundo y con mejor obra literaria. Pero nosotros, que somos progresistas, estamos descubriendo que tal vez lo inventó Franco. Así que en las comunidades donde haya una segunda lengua urge arrinconar el español, aunque se den situaciones tan surrealistas -o injustas- como niños de Bilbao forzados a estudiar todo en vasco, que en cuanto llega el recreo no dicen, por supuesto, una sola palabra en vasco.

Desde 1980, España ha tenido siete leyes de educación. Un trabalenguas: Loece, Lode, Lopeg, Logse, Loce, Laloe y Lomce. Cambiar la ley de educación cada vez que llega un partido al poder es propio de república bananera. Penoso que jamás se haya podido alcanzar un acuerdo en algo tan esencial. Ahora, en pleno cataclismo económico y peleando contra una epidemia, el rodillo ideológico no cesa y el Gobierno acelera en el Congreso para sacar adelante la Lomloe, o «ley Celaá» (o Ley de La Burramia). Consagración del mínimo esfuerzo, aversión al español, odio sectario a la educación católica e introducción con calzador en las aulas del catecismo progresista. Estudiando menos progresaremos más. Otro éxito. Y cuando el futuro se llame paro por baja cualificación, ingreso mínimo vital ¡y al bar!

El 'blanquismo' del Gobierno
Agapito Maestre Libertad Digital 18  Junio 2020

Toda la política española es fea, incluido el modo de vestir de estos chamarileros políticos. Todo es horrendo. Predomina el desaliño y el cultivo de lo feo. El feísmo asqueroso es nuestro insoportable destino. Pero lo peor no es la estética sino la política. PSOE-Podemos conforman un monstruo político imparable. Funciona como una maquinaría de destrucción terrible y siempre bien engrasada por los separatistas y los viejos terroristas. Destruye todo lo que se cruza en su camino. Destruye hasta las huellas de su última y aparatosa destrucción. La covid-19 les ha venido de cine.

Tienen asustados hasta a los liberales de Vox, que ni siquiera fueron capaces de oponerse al atraco ideológico y, por supuesto, económico de la Renta Mínima Vital. ¡Abstención! Como no espabilen los de Abascal, cuando los peperos les aprueben los Presupuestos al dúo Sánchez-Iglesias, pueden acabar como los de Cs. Aquí no hay más democracia que la impuesta por estos dos aventureros del poder. Y el resto a tragar. Una nación moribunda, España, asiste a un nuevo brote del viejo mal español, casi hispanoárabe, porque se han impuesto las cuadrillas, las partidas, los barones autonómicos y los jefes de unos y otros, incluso el nombre de los partidos ya no cuenta. ¿Qué dicen los partidos políticos sobre la democracia y la política? Nada y, además niegan la posibilidad de que alguien ajeno al cotarro institucional opine y construya alternativas políticas, culturales y sociales.

Aquí no se mueve nadie. ¿Debates políticos? Ninguno, y menos al margen de las montoneras partidistas y sindicalistas. Todo es, sí, feo y pringoso. Todo está controlado por Sánchez-Iglesias, que si antes se disfrazaron con las caretas ideológicas de los viejos revolucionarios, ahora prefieren ocultarse bajo la máscara de la democracia. Los caciques de la derecha y de la izquierda solo rinden cuenta a la dictadura blanquista que han impuesto estos dos aventureros del poder. ¡Para qué citar las palabras del cacique Feijóo a favor del Gobierno! Los Presupuestos Generales del Estado puede que se aprueben por parte del PP, porque los barones autonómicos se lo impondrán a Casado. Sería el otro gran triunfo de Sánchez-Iglesias. Ante estos dos jefes montoneros nadie levanta la voz.

La poca democracia que había en España se acabó, pues, a primeros de enero de este año. Este Gobierno hace, como todos los blanquistas, una política pro proletariado sin obreros. Éste fue siempre el primer y, seguramente, definitivo paso a la dictadura. En este asunto el revolucionario Engels nos ilustró muy bien: "Blanqui es un revolucionario puramente político (…) De su concepción se desprende la necesidad de una dictadura después del triunfo del golpe de Estado revolucionario". Por estos andurriales ideológicos Blanqui fue, sin duda alguna, el antecedente de Lenin. Y es lo que vivimos los españoles, aunque en términos blandos, desde que dieron el golpe de Estado los separatistas catalanes. No exagero, queridos lectores. Esto se parece más de lo que creen a una dictadura. ¿Separación de poderes? Para qué responder. En varías comunidades autónomas no puede ya estudiarse en español…

Sin embargo, muchos ciudadanos creen que el Gobierno blanquista desaparecerá pronto, porque sufre una profunda crisis ideológica y moral. Algo parecido dijo en el Congreso la señora Álvarez de Toledo. ¡Mucho le importará a esta gente la moral! Y luego están quienes se mueven por los negocios del poder, como es el caso del dúo González y Cebrián, que tratan de remover del poder, o al menos detener algunas de las tropelías del Gobierno blanquista, con el argumento que algunos utilizamos hace cinco años y exclaman:

Hay quien piensa que el Gobierno es rehén de Venezuela debido a la presencia de Podemos, pero la mayor amenaza que puede esgrimir Caracas es desvelar la naturaleza oculta de las gestiones de Zapatero con Maduro o el origen de los millones de dólares depositados en Suiza por su antiguo embajador [Raúl Morodo].

Me parece que González y Cebrián, por desgracia, han llegado demasiado tarde. El monstruo, la maquinaria de destrucción, Sánchez-Iglesias tiene su propia autonomía. Prisa ya es poca cosa al lado de Zapatero, Roures y todos sus medios de comunicación.

Lo más miserable del pueblo español
Miguel Ángel Belloso. vozpopuli  18  Junio 2020

Las consecuencias de los monumentales errores del Gobierno van a ser terribles, y las veremos en toda su dimensión cuando comience el otoño

La gente convencional, y quizá también estúpida que nos rodea, dice que la reacción del pueblo español ante la pandemia ha sido ejemplar, como así revela la aceptación resignada y mansa del confinamiento. Según esta opinión aciaga, los ciudadanos han demostrado estar muy por encima de los políticos, que no han dado tregua a la crispación cuando lo que tocaba era arrimar el hombro, o sea aceptar lanarmente los designios del psicópata que nos gobierna. Yo tengo la opinión contraria. Creo que simplemente tenemos los políticos que nos merecemos, y que si aquellos están presididos por la mediocridad más insolente es porque nosotros quizá tampoco seamos de mejor calaña.

Hemos aceptado sin rechistar el encierro más extremo del planeta. Los resultados han sido nefastos. Es oportuno recordar cada minuto que, según el Instituto Nacional de Estadística, el virus ha provocado 45.000 fallecimientos, más que en cualquier otro lugar en términos relativos. También que ningún otro país ha tenido completamente parada su economía durante dos meses. Totalmente cancelada, cerrada a cal y canto. Las consecuencias de este error monumental van a ser terribles, y las veremos en toda su dimensión cuando comience el otoño.

Entretanto, si se quieren enterar de verdad de los deseos de reconstrucción de la nación que alberga el Gobierno bipartito de Sánchez e Iglesias deberían escuchar los vituperios que suelta a diario la portavoz socialista Adriana Lastra, tenida entre sus vecinos por la más iletrada del Principado de Asturias, aunque experta en cuestión de veneno, o probar la hiel del dóberman Echenique. Y sobre todo leer al portavoz oficial del Ejecutivo, el diario El País, al que cada mañana dicta el guion Iván Redondo, el Rasputín de La Moncloa. Los ataques feroces al Partido Popular y a Vox de un periódico habitado por ‘podemitas’, feministas recalcitrantes y dirigido por intelectuales ya provectos de la izquierda caviar de siempre no han cesado ni en los peores momentos de la crisis sanitaria, pese a que Casado apoyó todas las primeras prórrogas del estado de alarma mientras Vox se negó desde el principio con buen criterio a ejercer de comparsa.

Ahora que se respira un poco de aire fresco, los ataques son porque el PP se ha sumado a su grupo de liberales y de conservadores en el Parlamento de Estrasburgo a fin de reclamar que los programas de ayuda financiera a los Estados afectados por la pandemia, y en mayor medida a los del Sur entre los que está España, sean vigilados y condicionados. Esta manera de pensar honesta y digna, porque supone recordar a la gente que nada es gratis en la vida, que incluso la solidaridad debe tener su precio -e implicar un coste personal y comunitario para que sea considerada genuina y verdadera- saca de quicio tanto a Sánchez como a Iglesias. Y a través de Iván Redondo, ordenan a diario a los mamporreros de El País’ a los medios digitales del pesebre y al comando televisivo dirigido por García-Ferreras desde la Sexta que recubran de una cierta aura de legitimidad intelectual su aversión a la higiene presupuestaria.

Dicho y hecho, la especie que hay que vender es que en Europa hay una serie de países que son muy egoístas, que son culpables por haber hecho las cosas bien, por tener controlado estrechamente su déficit y su deuda pública, e incluso por haber conseguido vender al exterior por encima de lo que importan; que por eso se han permitido regímenes fiscales mucho más atractivos para la inversión y el empleo, y que a pesar de todo eso, o como consecuencia del éxito que han tenido mientras nosotros nos gastábamos una parte del dinero público en cocaína y en putas y hemos incumplido todos los acuerdos de estabilidad presupuestaria a que nos habíamos comprometido con Bruselas, nos deben socorrer ‘gratis et amore’ para que montemos, entre otras cosas, un esquema de subsidio permanente a gran escala que eliminará cualquier apetito por ingresar legalmente en el mercado laboral. Estos sedicentes intelectuales ambicionan un país sucio, un gobierno arbitrario sin límites, con manga ancha para gastar a pesar de que vamos a batir todos los récords históricos en términos de déficit y de deuda pública hasta un punto que será insostenible.

Ahora estamos viviendo una suerte de espejismo. Ya podemos almorzar y cenar en los restaurantes, podemos tomar el aperitivo en las terrazas, y puede que muchos vayan a la playa o alquilen una casa rural en verano. Pero podemos hacer todas estas cosas tan placenteras bajo libertad vigilada. Y no me refiero sólo a las limitaciones legales que todavía mantiene el Gobierno. Contra la opinión dominante, el estado de alarma ha sacado lo peor de muchos. Ha instaurado la delación como costumbre social, el personaje del chivato como acompañante carabina. Ha entronizado a la vieja del visillo. Y también ha promovido una policía con saña. Podría contar varias historias sobre las enormes dificultades que están teniendo los bares y restaurantes para intentar salir adelante. Toda esta gente lleva tres meses varada, pagando la seguridad social, honrando con buena suerte una parte del alquiler, con dificultades para cobrar alguna clase de ayuda, sin ingreso alguno.

Pues bien, ahora que tienen la oportunidad de sacar un pie del tiesto les sale indefectiblemente un vecino ‘amigo’ dispuesto a joder la marrana, atento a escrutar hasta el milímetro si sobrepasa la norma arbitraria y llamar inmediatamente a la policía para que constate el eventual incumplimiento. Hay que ser muy mezquino para ocupar el tiempo libre en este ejercicio miserable de colaboracionismo propio de las dictaduras. Las comunidades de vecinos son un nido de avispas sanguinarias, y no me hablen de los señores maduros y de los ancianos, entre los que Sánchez ha logrado inscribir a sangre y fuego el miedo y la falta de compasión con quienes desean recuperar la libertad.

Ineptitud y negligencia
No nos sorprendamos. Estos son los mismos que han estado tan a gusto con el estado de excepción decretado por el Gobierno, los que están encantados con la España subvencionada que está construyendo el psicópata que se jacta de que más de la mitad de la población está sostenida por los recursos públicos que pagará la gente trabajadora, emprendedora y decente a la que van a abrasar a impuestos, y los que siguen diciendo en las encuestas que seguirán votando a Sánchez a pesar de haber causado, por su negligencia y su ineptitud, el doble de las muertes que nos habría provocado naturalmente el virus letal. Y también a pesar de que ha inducido la recesión más aguda de todos los países del mundo, que no lo digo yo, que lo dice la OCDE, el resto de los organismos internacionales y el propio Banco de España.

Estamos, como digo, viviendo un espejismo. La verdad, sin embargo, es que se cierne sobre nosotros una tragedia, que estamos a punto de la hecatombe económica. Esto ya lo palpa y lo vive el mundo de los autónomos, pero ahora nos encontramos en un tiempo de receso, en los tiempos muertos del baloncesto, en la calma chicha que precede a la tempestad; en vísperas de un bendito verano después del encarcelamiento cruel. Esta fantasía pasará en un pis pas, y vendrá un otoño siniestro. Será un drama que no va a arreglar el Banco Central Europeo, pese a que este año nos comprará hasta 200.000 millones de deuda pública, una cantidad inédita. Tampoco lo solucionará la ayuda financiera de la Unión Europea, que ni se va a habilitar tan pronto como desearía Sánchez, que va a ser más reducida que las cifras que se barajan y que será ineluctablemente condicionada, no porque lo apadrine la derecha europea sino porque así debe ser con cualquier clase de préstamo o de subvención, que entraña su correspondiente tipo de interés o su plan de vigilancia para que no desagüe en la alcantarilla del fraude en el que tanta experiencia tenemos.

España está en ciernes de sufrir una marea de empobrecimiento colosal y necesita de manera acuciante un plan de reformas que haga sostenible a largo plazo el nivel de deuda pública, esa que pagan siempre las generaciones futuras; que haga posible urgentemente que el exangüe tejido empresarial que haya sobrevivido a la catástrofe sea capaz de crear empleo sin las zancadillas de un marco laboral rígido y de unos sindicatos irresponsables, porque esa es la única posibilidad de que el país pueda recomponerse sanamente. Igual que lo hicieron Grecia, Portugal e Irlanda tras los rescates inevitables a que fueron abocados por la crisis financiera de 2008.

Naturalmente, esto exigiría un Gobierno radicalmente distinto al que nos ha conducido a este estado fatal de circunstancias, un Gobierno con un vicepresidente y unos ministros comunistas que son una rara avis en Europa y dirigido por Sánchez, que es un personaje amoral -sin clase alguna de principio honorable- que alberga la abominable idea de hacer de España el país más ecologista, más feminista y más ‘moderno’ del orbe, al tiempo que se empeña en destruirlo flirteando con impulsar un proceso reconstituyente que liquide definitivamente el espíritu de la Transición y de la Monarquía constitucional para instaurar un modelo de país nuevo en el que el discrepante esté condenado irremisiblemente a la muerte civil.

Uno de mis amigos más inteligentes y capaces sostiene que cuando la recesión económica empieza, y es un hecho evidente que así sucede ya en España, el voto se inclina hacia la izquierda, que es la que les promete el escudo falazmente social; pero que cuando la recesión se instala estructuralmente como va a ocurrir en nuestro país en otoño, con su reguero de desempleo y de destrucción masiva de tejido productivo, el voto se escora hacia la derecha. Yo tengo dudas de que lo más miserable del pueblo español esté en condiciones de pensar y de comportarse con la racionalidad y la sensatez que va a exigir el desafío.

Sánchez y sus muertos
Pablo Planas Libertad Digital 18  Junio 2020

En un alarde inaudito de ego, suficiencia y narcisismo, Pedro Sánchez se ha jactado en el Congreso de haber salvado 450.000 vidas. Se desconoce de dónde saca tal cifra o qué clase de cálculos ha realizado para llegar a ella. Sólo se sabe que atribuye semejante dato a los efectos de su gestión en general y al estado de alarma en particular.

El presidente del Gobierno ha debido de perder todo contacto con la realidad, pues no de otro modo se puede explicar que se impute el superlativo mérito de que a día de hoy haya 450.000 vivos que si no fuera por él estarían muertos. Y más cuando el estado de alarma, la restricción de movimientos y la reclusión domiciliaria de la población no fueron medidas originales de su Gobierno, sino que llevaban semanas primero en China, luego en Italia y se aplicaron en Portugal dos días antes que aquí, con un número mucho menor de fallecidos y contagiados.

Contrasta la satisfacción de Sánchez, ese inflamado glugluteo, con el hecho de que España es el país con más víctimas mortales por número de habitantes, dato que se sustancia en los más de treinta mil muertos que tirando por lo bajo se ha cobrado el coronavirus. Hace más de una semana que las autoridades sanitarias que dependen de ese autoproclamado salvavidas no actualizan las cifras de fallecidos, de modo que el contador se ha quedado en los 27.000 muertos, pero nadie se cree fuera de nuestro país que esa sea una cantidad que responda ni remotamente a la realidad.

El Gobierno de Sánchez actuó tarde frente a la epidemia. Las declaraciones de Salvador Illa y de Fernando Simón durante enero, febrero y buena parte del mes de marzo demuestran que se despreció la gravedad de la enfermedad, que se relativizaron sus efectos. Simón, por ejemplo, llegó a decir que España no tendría "más allá de algún caso diagnosticado". E Illa declaró que no habría problemas de suministro de material sanitario. Un repaso a la hemeroteca es suficiente para determinar que el ministro de Sanidad y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias fallaron en sus previsiones, en la planificación y en la respuesta ante la epidemia.

Se cometieron errores muy graves. La celebración de actos multitudinarios pocos días antes del estado de alarma se debió en buena medida a los mensajes tranquilizadores de Simón, que fueron amplificados por los comunicadores afectos al Gobierno. Algunos incluso hicieron bromas y chistes contra quienes alertaban de la gravedad de la epidemia procedente de China. Proponer el uso de mascarilla era de cobardes alarmistas y no hacía ninguna falta adoptar medidas respecto a los actos públicos o al control de pasajeros en los aeropuertos.

Se falló en la adquisición de material, se lanzó al personal sanitario a combatir la epidemia sin equipos de protección, se mintió sobre la eficacia de las mascarillas, se dieron órdenes para perseguir a los discrepantes en vez de poner todos los medios contra la epidemia y se incurrió en todos los errores posibles.

Sánchez ha hecho grandes cosas, sin duda. El hombre fue despedido de su partido, volvió y lo ha dejado reducido a cenizas. Tras lograr por dos veces consecutivas los peores resultados electorales de la historia del PSOE, planteó una moción de censura contra Rajoy y salió vencedor. Después ganó las elecciones y su repetición y ahí está, hecho un brazo de mar, volando voy, volando vengo, Superpuma para arriba, Falcon para abajo.

Todo eso tiene una gran mérito. Pero Sánchez no ha salvado ninguna vida, no ha descubierto vacuna alguna y tampoco se ha lanzado en pos de ningún ahogado. De hecho, tiene mucho más que ver con el número de muertos por no haber actuado a tiempo que con los vivos que médicos, enfermeras y auxiliares lograron arrancar de las garras del coronavirus a pesar de la incompetencia de este Gobierno de fatuos y fatuas.

La última injustificada queja de los independentistas catalanes
José María Rotellar Libertad Digital 18  Junio 2020

Los independentistas catalanes, en su delirio secesionista convertido en octubre de 2017 en un auténtico intento de golpe de Estado, por el que muchos de sus dirigentes están en prisión, lanzan todo tipo de acusaciones contra el conjunto de España, culpando a la Nación a la que pertenecen de robarles los fondos que les corresponden por la actividad económica que generan. Todo eso es falso. El problema de Cataluña no es su financiación, que es una de las mejores, ni los objetivos que le marcan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para cumplir el déficit, que son de los más laxos, ni que el conjunto de España no la ayude, pues su deuda es colocada gracias al Tesoro. No, su problema es de mala gestión: gasto público desmedido e impuestos altos, con creciente inseguridad jurídica que les hace perder empresas, actividad económica y empleo.

Los independentistas pueden gritar contra el conjunto de España y pueden decir que el resto de españoles les roban recursos, pero todo ello no es más que una cortina de humo para tapar la nefasta gestión de sus gobiernos.

Lo han hecho en el pasado y vuelven a hacerlo ahora, cuando Torra reclama 15.000 millones de euros para hacer frente a la crisis del coronavirus. Reclama tanto importe casi como la cuantía del fondo que se moviliza para todas las regiones, cuantía que, dicho sea de paso, probablemente excederá las necesidades de las CCAA por esta crisis, de manera que se drenarán recursos que podrían ir al sector privado para sujetar el tejido productivo cerrado por decreto y en su lugar irán al sector público.

Torra sabe que no necesita 15.000 millones para hacer frente a esta crisis, sino que los más de 3.000 millones que reciba ahora cubren generosamente las actuaciones que se hayan producido como consecuencia de la enfermedad. Lo que probablemente sucederá es que aprovechará el excedente para cubrir parte del gasto ordinario que tiene, que pese a estar muy bien tratado por el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) no compensa porque su gasto estructural es desmedida e innecesariamente alto. Por eso quiere 15.000 millones.

Ni está mal financiada, ni lo estaba antes
Cataluña, ni ahora ni antes, está mal financiada. Al contrario: es una de las regiones mejor financiadas. De hecho, el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) fue diseñado de manera bilateral entre el tripartito catalán liderado por Pascual Maragall y el Gobierno de España. Es más, los propios independentistas dieron el visto bueno al borrador de acuerdo antes de que el Gobierno de España lo propusiese al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo plagaron de retorcimientos estadísticos para beneficiar a Cataluña –también a Andalucía- de manera que al hablar de población ajustada, que es la que se emplea para distribuir los distintos fondos, emplearon unos ajustes, unos grupos de edad y unos intervalos que aproximaban la población ajustada de Cataluña a su población real mientras que a Madrid le hacían perder muchos habitantes a considerar a la hora de repartir los ingresos. Así, mientras que a Cataluña sólo le disminuían la población en 86.000 personas, un 1,15%, a Madrid le disminuían la población casi 3,5 veces más que a Cataluña, cuando la estructura poblacional de ambas regiones es similar.

Eso ha hecho que Cataluña sea la que más fondos ha recibido del actual SFA desde su puesta en marcha en 2009 hasta el último año liquidado (2018). De esta forma, Cataluña ha sido, junto con Andalucía, la que más ha recibido del SFA, con más de 160.000 millones de euros, que son más de 40.000 millones de euros más que los recibidos por Madrid, que tiene el mismo tamaño económico que Cataluña y donde se genera la mayor recaudación de IRPF. Es decir, Cataluña se ha llevado el 18,28% de los fondos, casi cinco puntos más que Madrid, cuando tienen el mismo peso económico.

Al mismo tiempo, tanto que los separatistas claman por su independencia, debido a lo que consideran el maltrato de Madrid, y, sin embargo, no dudaron en renunciar a su autonomía financiera para alargar la mano y que su endeudamiento lo cubriese el Tesoro a través del FLA, pues la pésima gestión de sus gobiernos la había convertido en insolvente, con su calificación crediticia a nivel de bono basura. De esta forma, Cataluña es quien más recursos ha recibido del FLA-Fondo de Facilidad Financiera, con el 34% del total de fondos del FLA. Es decir, si Cataluña no ha colapsado financieramente ha sido gracias al respaldo del Tesoro español, que ha cubierto casi el 80% de toda la deuda viva que tiene Cataluña.

De la misma manera, también Cataluña fue la segunda región que más tuvo que recurrir a la financiación del Gobierno español para pagar a sus proveedores en 2012 y 2013, ante los atrasos que acumulaba en su caso por no poder colocar su deuda, debido a su insolvencia. De esta manera, el ministerio de Hacienda financió la deuda pendiente a proveedores de Cataluña con 6.556 millones de euros, un 21,48% de todos los recursos del plan de pago a proveedores.

La mayor deuda pública de España
Pese a ello, Cataluña ha acumulado la mayor deuda pública de España, con 79.429 millones de euros, debido a la mala gestión de sus gobiernos, que hace que tenga una de las deudas sobre el PIB más elevadas, con un 33,7%. Todo esto se ha debido a que, motivado por esa mala gestión, Cataluña ha sido una de las regiones que ha incumplido sistemáticamente el objetivo de déficit, con un déficit medio cercano al 2,5% del PIB, frente a la media 1,77% o frente a Madrid, que es la que, junto a Canarias y Galicia, menos déficit ha tenido en media desde la anterior crisis, por debajo del 1%.

Por tanto, el victimismo independentista catalán queda al descubierto, ya que no sólo el resto de España no roba a Cataluña, como dicen ellos, sino que Cataluña es una de la que más recibe del SFA, la que más ha sido sostenida en su endeudamiento por el Tesoro, una de las que más ha recibido del Plan de Pago a Proveedores, la que cuenta con un SFA diseñado para beneficiarla, con una financiación per cápita superior a la media y mayor en 300 euros per cápita al año que Madrid, y la que también va a recibir más importe ahora de este fondo no reembolsable. Los problemas de Cataluña no son debidos a una mala financiación, puesto que como hemos visto recibe una de las mejores posibles en comparación con el resto de regiones, sino a una pésima gestión, con gastos innecesarios, que hacen que sea insolvente, no pueda financiarse por ella misma, al tener la calificación de bono basura y tener la mayor deuda pública de España, con uno de los mayores crecimientos de deuda sobre el PIB entre 2008 y la actualidad.

Así es la educación leninista de Sánchez y Celaá
Carlos Dávila okdiario 18  Junio 2020

Tan ocupados como estamos en denunciar las continuas fechorías de Sánchez en, por ejemplo, la ocultación sistemática del número de fallecidos por el maldito virus, o sus trapisondas para permanecer en el machito gracias a la infame complicidad de Ciudadanos, que, sin respuesta aparente, el Gobierno nos está introduciendo de rondón, a hurtadillas casi, unos proyectos revolucionarios para asentar su “nueva sociedad”, una denominación tan antigua como Lenin. o quizá más moderna como Chaves y Maduro. Son proyectos para controlar la Sanidad hasta impedir la coexistencia pacífica y eficaz de la pública y la privada o, desde luego, una Ley de Educación que se hubiera aprobado con entusiasmo en cualquier asamblea de un país comunista. El engendro ya ha llegado a las Cortes y su discusión promete ser -así lo espero- una enorme ocasión para comprobar cómo el Frente Popular ensaya su propósito de cambiar copernicanamente la sociedad, llevarla a los alrededores del comunismo.

Esta sí que es una ley destinada a formar personas para el Partido en mayúsculas, para domeñar cerebros y convertirlos en asalariados de un objetivo unificador que sólo tenga réplica para el SI ovejuno. Para el disenso maduro y diferenciado la Ley Celaá es un libelo que transpira leninismo como la leña huele a humedad en los otoños. Al fin, el bodrio comunista que ha pergeñado una socialista radical, encierra un propósito primordial y nada oculto: cargarse la libertad y el modelo constitucional del 78. Estos trileros del poder han conseguido, sin que nuestra estúpida sociedad apenas se entere, que el bodrio de Celaá no se discute por el meollo de sus perversas innovaciones, sino únicamente por la imbecilidad de saber la distancia que debe haber entre cada uno de nosotros, qué distancia puede haber, sin multa, entre sus hijos y los nuestros. Ciudadanos, adquirido a base de tretas infantiles por Sánchez, se muestra óptimamente satisfecho por haber logrado, tras larguísimas y enjundiosas negociaciones, que la llamada “distancia de seguridad” se rebaje en España a ¡medio metro! Gran conquista del trío Garicano-Bal-Cuadrado.

Sánchez y su prójima Celaá han disfrazado con esta pueril bagatela el núcleo central de la leninista Ley de Educación. Los españoles como a veces (ahora, sin ir más lejos) actuamos como unos mastuerzos, nos hemos tragado el anzuelo, y así marchamos por las calles con un metro en las manos para medir las aparatosas y citadas “distancias de seguridad”. De la auténtica zafiedad comunista contenida en la Ley nada nos ocupa, por ello, para denunciarlo, me limito a plantear estas cuestiones en modo de preguntas a nuestro público en general:

¿Saben que este proyecto de carga la libertad de los padres para elegir dónde y cómo quieren que se eduque a sus hijos?
¿Saben que el Estado, o sea el Gobierno del Frente Popular se reserva a su gusto la distribución del alumnado en las zonas escolares que mejor le apetezca?
¿ Saben que se premia la educación pública en detrimento y casi desaparición de la privada y sobre todo de la concertada?
¿Saben que, al más puro “estilo Celaá”, se adjudica al Estado la “propiedad” sin ambajes de los niños?
¿Saben que la Ley incluye el nombramiento de un delegado estatal, de un comisario político gubernamental, en todos los centros concertados?
¿Saben que se va a sustituir la entrometida Ley para la Ciudadanía de Zapatero por otra que se va a llamar: “Ley de valores éticos y cívicos?
¿Saben que la Celaá elimina de cuajo la enseñanza de la Religión en todos los centros regidos por el Estado?
¿Saben que limita, hasta hacerla desaparecer por completo, la autonomía de dirección que hasta ahora vienen manteniendo los centros?
¿Saben que el proyecto del Frente Popular ataca a la educación diferenciada?
¿Saben que la Ley rompe absolutamente la supervivencia de la Educación Especial?
Y ¿saben que nada menos que ocho regiones se oponen frontalmente a esta Ley?

Ya existen afortunadamente iniciativas de resistencia social, como “STOP Ley Celaá”, para oponerse a este auténtico ataque a la libertad que están perpetrando los socialcomunistas, pero hasta ahora permanece muy desdibujadas, en España las leyes de educación siempre han sido las que ha concitado más protesta general en las calles. Tengo para mí que ahora, cuando ya ha terminado el secuestro político al que nos ha tenido sometido Sánchez durante cien días, estas protestas se van a hacer patentes en nuestros pueblos y ciudades. El bodrio de Celaá es, probablemente, el más peligroso de todos los que están pariendo Sánchez y, en este caso y por encargo, su comisaria. Es una ley que, de aprobarse, supondría el fin de la libertad de enseñanza en España. Nada menos.

El correo electrónico que Fernando Simón no mostrará jamás
OKDIARIO 18  Junio 2020

Fernando Simón siempre se ha justificado con el argumento de que todas las medidas adoptadas por el Gobierno socialcomunista en relación con el coronavirus se tomaron teniendo en cuenta los informes de los organismos y expertos. OKDIARIO ya ha demostrado, con abundante documentación, cómo el Ministerio de Sanidad estaba alertado del riesgo de la propagación del contagio. No es cuestión de repetirse, sino de aportar más pruebas que demuestran que el Ejecutivo falta clamorosamente a la verdad. Ahí va otra: tres infectólogas de primer nivel que seguían de cerca el comportamiento del coronavirus, comprobando su alta transmisibilidad y efectos severos, no podían entender por qué en España «no estaba haciendo nada».

Por ello, la epidemióloga N. N., que trabaja ahora en la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Suiza, alertó a través de un correo electrónico enviado el 2 de marzo al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, –a quien «conocía personalmente»– para que «prohibiera las aglomeraciones», hecho que no se produjo y que provocó que las marchas multitudinarias del 8 de marzo dispararan los contagios.

Este email, remitido a título particular, estaba firmado por otras dos sanitarias: M. V., epidemióloga en el Swiss Tropical and Public Health Institute (STPH) de Basilea (Suiza), y M. C. neuróloga especializada en el control de infecciones en trasplantes. El escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO , estaba dirigido a Simón como responsable del CCAES y a la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio.

«Opinamos que es el momento de introducir otras medidas que disminuyan el contacto físico entre personas como prohibir aglomeraciones….», puede leerse. «La experiencia de China ilustra muy bien la necesidad de medidas drásticas y excepcionales y la importancia de ganar tiempo para evitar la saturación de los sistemas de salud», añadía la epidemióloga N. N.

El correo de las infectólogas concluye ofreciendo su apoyo al CCAES «conscientes de la complejidad en la gestión de esta crisis sin precedentes», a la vez que deseaban «lo mejor» a sus compañeros. Estas expertas enviaron el email a título particular con la intención de ayudar «en la medida de sus posibilidades» y alertar a las autoridades sanitarias porque «es la única forma que tenían de expresar la incomprensión que sentían en cuanto a la posición de España en algunas cuestiones». ¿Quieren más pruebas?

Por cierto, somos conscientes de que Fernando Simón no mostrará ni reconocerá jamás la existencia de ese correo electrónico. Pero OKDIARIO quiere refrescarle la memoria.

¿Quién gobierna en Navarra? Pues eso

OKDIARIO 18  Junio 2020

Mientras el Gobierno socialcomunista se lanza a una burda campaña contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid por el caso de las residencias de mayores, en Navarra, donde gobierna el socialismo a través de María Chivite, presidenta del Ejecutivo foral, los responsables de Salud Pública y Derechos Sociales de la comunidad autónoma mantuvieron una reunión con representantes del sector el 9-M en la que trasladaron que «el Covid era como una gripe» y que, en consecuencia, no se cerrarían las residencias, una medida reclamada para hacer frente a la propagación del virus. En Navarra, el 63,4% de los muertos totales (considerando los fallecidos con coronavirus confirmado o síntomas compatibles) residían en estos centros sociosanitarios. Un porcentaje que supera a Madrid (32,4%).

Un ‘Informe analítico de gestión en centros residenciales en España durante el Covid-19’, firmado por el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) y al que ha tenido acceso OKDIARIO, revela hasta qué punto el Gobierno socialcomunista se está comportando con una hipocresía rayana en la obscenidad. En él, se denuncia de manera rotunda «el abandono de las Administraciones para con las residencias» y se ponen algunos ejemplos concretos que desmontan las mentiras del Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El informe revela que, pese a la evidencia de que el coronavirus golpeaba fuertemente a las personas de edad más avanzada, el Ejecutivo de Sánchez no empezó a actuar hasta el 5 de marzo. El manual difundido por Sanidad, muy básico, se limitaba a recomendar el aislamiento de los residentes con contagio probable o confirmado o con síntomas de enfermedad respiratoria. Ni se planteaba el cierre de los centros ni tampoco la realización masiva de PCR para la detección temprana del virus, en el personal o en los ancianos, como sí recogía el protocolo de la Comunidad de Madrid.

El informe cita un estudio, ‘El Covid-19 en usuarios de residencias’, firmado por Joseba Zalakaín y Vanessa Davey, que apunta a que «la rápida extensión de la enfermedad en residencias durante principios de marzo puede deberse al tiempo que se dejó transcurrir entre la detección de los primeros casos y la emisión de la primera instrucción».

OKDIARIO ya reveló cómo la patronal de residencias intentó hasta en cinco ocasiones contactar con Pablo Iglesias, el «mando único» de los servicios sociales durante la pandemia, pero sus intentos resultaron baldíos. Lo que viene a demostrar que, ante la evidencia de que el Gobierno no estuvo a la altura de su responsabilidad, el socialcomunismo trata ahora de desviar la atención cargando las culpas a las autonomías del PP. ¿Quién gobierna en Navarra? Pues eso.

Un juez destapa las verdaderas cloacas del Estado: las representa Pablo Iglesias
ESdiario 18  Junio 2020

Pablo Iglesias no puede estar en la vicepresidencia ni en el CNI tras un fallo judicial que le señala como responsable de un escándalo en el que intentó pasarse por víctima.

Pablo Iglesias sustentó su última campaña electoral en la supuesta existencia de una conspiración contra él y su partido que, con bulos e insidias, pretendía frenar su carrera política y el avance electoral de Podemos.

Todo eso lo calificó de "cloacas del Estado", una siniestra alianza de medios de comunicación críticos con poderes públicos que, desde las sombras y con métodos ilegales, maniobraban para evitar el avance de su partido.

Y al llegar a la vicepresidencia, ha convertido esa denuncia en su gran excusa para todo. Incluso para entrar en el CNI, atrayendo hacia sí al conjunto del Gobierno y al propio Pedro Sánchez, empeñado en utilizar el Estado de Alarma para restringir libertades con la excusa de un loable objetivo ya enunciado en su investidura: luchar contra los bulos .

Pues bien, el juez García Castellón ha emitido un fallo que, en síntesis, viene a decir que la única cloaca existente es la del propio Iglesias. El líder de Podemos se sumó a la denuncia de una de sus asesoras, ahora colocada como directora de un periódico digital de partido, a la que robaron el móvil con información privada e íntima.


La Audiencia Nacional expulsa a Pablo Iglesias del "caso Villarejo" y tumba su versión
Iglesias, ante esos hechos ciertamente controvertidos, se hizo la víctima, intentando personarse en el caso como parte damnificada. Ahora el juez le ha apartado de la causa. Y además ha confirmado un dato escandaloso: Iglesias tuvo antes que nadie el contenido de ese móvil, se lo ocultó a su asesora y se lo guardó durante meses con intenciones desconocidas pero a buen seguro siniestras.

En un país normal, alguien así no sería vicepresidente tras conocerse semejante fallo. Y desde luego, no estaría en el CNI, accediendo a secretos de Estado relevantes y a la gestión de los Servicios de Inteligencia. Si esto se lo hizo a su propia compañera, sin tener los poderes que ahora atesora, ¿qué no será capaz de hacer desde el poder ejecutivo y con un sillón en la seguridad nacional?

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Imponer el sectarismo en las aulas
Editorial ABC 18  Junio 2020

El Congreso rechazó ayer las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox y Cs contra la ley educativa del Gobierno, conocida como «ley Celaá», permitiendo así su tramitación. Este proyecto normativo quedó en un limbo en febrero de 2019 a causa de la forzada convocatoria de elecciones, y en marzo de este año volvió a quedar en dique seco por la pandemia y el cierre de la actividad parlamentaria. Tras el pleno de ayer, el Gobierno ya ha dado el primer paso para imponer un proyecto educativo anacrónico que pretende convertir las aulas en un laboratorio de experimentación ideológica con los alumnos, y en la herramienta idónea de la izquierda para reforzar un adoctrinamiento acorde a sus postulados. Se trata de una ley revanchista contra la derecha, alejada de cualquier intento sincero de alcanzar un consenso generalizado, y asesta un golpe determinante al modelo vigente de educación concertada, margina a la Religión como asignatura, e impone la superación del Bachillerato con asignaturas suspendidas. En definitiva, un despropósito social basado en el sectarismo y en la deslegitimación del valor real del mérito y la capacidad a cambio de una falsa «igualdad» en las aulas.

La eliminación del criterio de «demanda social» para que el Gobierno maneje a su antojo la reducción drástica de plazas en la educación concertada es abusiva y contraria a la libertad de los padres. A su vez, el ataque a la Religión en Primaria, ESO y Bachillerato demuestra el despótico talante de un Gobierno que desprecia la relevancia de la fe, la cultura, la historia y la tradición en nuestro país, y que confunde la aconfesionalidad del Estado con el ateísmo. Lo mismo ocurre con la letra pequeña de la Educación Especial, que sufrirá una merma significativa de centros y profesorado, dejando en la indefensión a miles de niños con necesidades formativas específicas. A su vez, la creación de un consejo escolar en los centros concertados a modo de «gran hermano» ideológico representa un intento de control de la educación verdaderamente alarmante. Tanto como la imposición de la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos que va a decidir una coalición obsesionada con las políticas de extrema izquierda.

Finalmente, casi sobra añadir que la «ley Celaá» permite a la Generalitat de Cataluña decidir qué hacer con el castellano en las aulas, y la respuesta no ofrece muchas dudas: erradicarlo. La ley, en definitiva, es una agresión al sentido común que no establece incentivos creíbles para el profesorado, destroza itinerarios docentes a capricho, elude soluciones a la formación profesional, y despide un tufo al «aprobado general» que desnaturaliza el valor de la evaluación. Sencillamente, es pura doctrina de la izquierda para democratizar la mediocridad.

El Gobierno socialista de Navarra obliga a viajar 100 km al día a un alumno de Alsasua para estudiar en castellano
Carlos Cuesta okdiario 18  Junio 2020

El Gobierno socialista de Navarra acaba de eliminar las posibilidades de estudiar en castellano a un chico en un instituto de Alsasua. El alumno, que tenía que empezar bachillerato el próximo curso en esta localidad navarra, se ha encontrado en solitario como el único estudiante que ha pedido cursarlo en español. La solución que le ha dado el Gobierno Foral de la socialista María Chivite es desplazarse todos los días hasta Pamplona (a 50 kilómetros) y volver para poder estudiar bachillerato en castellano.

Además, debe pagar, por supuesto, los gastos por su cuenta, ya que no se trata de una franja de educación obligatoria. Porque si algo ha dejado claro el Gobierno Foral es que no piensa generar la posibilidad de estudiar bachillerato en Alsasua en castellano, ni de pagar a los alumnos que lo soliciten los costes generados por la falta de esta opción.

Promoción del euskera
Todo ello ocurre mientras el Gobierno de María Chivite dedica más de ocho millones de euros a la promoción del euskera. Y mientras el Instituto Navarro del Euskera/Euskarabidea ya ha confirmado que dispondrá de 7,8 millones para su funcionamiento. Todo, al margen del millón y medio destinado a actividades generales, también con orientación hacia la promoción del euskera.

La vicesecretaria del PP, Ana Beltrán ha denunciado ya el caso y ha señalado que el «Gobierno de Navarra, liderado por el PSN con el apoyo de nacionalistas y radicales de Bildu, ha comunicado al Instituto de Alsasua IES Altsasu BHI la eliminación del castellano en primero de Bachillerato para el próximo curso».

Beltrán añade que»cualquier niño o niña tiene derecho a estudiar en castellano sin ser discriminado y sin recibir un trato desigual. Reivindico ese derecho y, como ciudadana libre, rechazo que el Gobierno no sufrague los gastos de transporte de alumnos a los que no se permite ejercer sus derechos».

El Gobierno de Navarra ha alegado que no tiene obligación de ayudar a este alumno que quiere estudiar en castellano, pero «sí tiene dinero para que en 2020 la presidenta socialista aumente la cuantía de subvenciones a medios en euskera, que superarán este año los 750.000 euros», concluye la diputada del PP.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, además, ha dejado ya claro su apoyo a los medios de comunicación que promocionan el euskera, una lengua que prácticamente no se habla en la Comunidad Foral y que, además, corresponde a otra comunidad autónoma como lengua oficial.

Así, los medios de comunicación cercanos a los aliados separatistas y proetarras que soportan el Gobierno socialista en Navarra recibirán una notable ayuda en sus cuentas de resultados gracias a las subvenciones otorgadas por la socialista Chivite.

La líder del Ejecutivo foral, de este modo, no ha cortado el rumbo marcado por Uxue Barcos en el pasado y ha profundizado en el riesgo de fondos públicos a la prensa amiga.

Hay que recordar que todo lo que está ocurriendo en estos momentos fue ya denunciado y anticipado por OKDIARIO tras confirmar que las cesiones al separatismo se habían convertido en el eje oficial de los pactos de Gobierno de Chivite.

Exigencia
De hecho, la exigencia de Geroa Bai y EH Bildu de extender el euskera por toda la comunidad foral fue aceptada ya en septiembre del pasado año. No solamente a nivel educativo y escolar, sino también con exigencia plena de trato en cualquier oficina de la Administración regional en el idioma vasco.

El Gobierno de Navarra nada más conformar su equipo de Gobierno y alianzas, confirmó esta evidencia con un plan de acción de 160 medidas prioritarias a desarrollar en los 100 días siguientes, con el fin de avanzar «en el progreso y bien común de la Comunidad Foral». Entre ellas figura el grupo de trabajo para imponer el euskera de forma masiva en Navarra.

La presidenta navarra, de ese modo, incluyó en su plan urgente medidas como la elaboración del Plan de Empleo 2020-24, un plan extraordinario para reducir las listas de espera sanitarias, o una reforma del sistema de becas que garantice la gratuidad en las primeras matriculaciones de los grados de la UPNA (Universidad Pública de Navarra).

La creación de un protocolo de detección precoz del maltrato a personas mayores o nuevas medidas de acceso a la vivienda para jóvenes, también figuraron en el plan urgente. Pero, en medio de todas esas medidas, y bajo el membrete del Departamento de Relaciones Ciudadanas, figuró desde el inicio de su mandato la creación urgente de un grupo de trabajo interdepartamental, encargado de evaluar el decreto foral regulador del uso del euskera en las administraciones públicas.

Ese grupo de trabajo responde directamente a la exigencia de Geroa Bai y EH Bildu al Gobierno socialista de Navarra para hacer efectiva la implantación plena del euskera en toda la comunidad foral.

La voz cantante la ha llevado en esa coordinación Ana Ollo, la consejera impuesta por los separatistas navarros al frente precisamente de la cartera de Relaciones Ciudadanas. La exigencia fue categórica: acabar con la «zonificación» del euskera en Navarra. Traducido: que en toda la región se produzca la invasión escolar del vascuence así como la obligatoriedad de asistir a los ciudadanos y realizar todos los trámites administrativos en la lengua del País Vasco.

Esta medida supone, para empezar, un aumento exponencial del destino de fondos públicos a esta política y, además, la entrada de todo un potente contingente de vascoparlantes en la Administración Navarra.

Dentro de ese plan figura igualmente la exigencia de garantizar el derecho de la ciudadanía a elegir «cualquiera de las dos lenguas propias de Navarra en las administraciones públicas», en referencia al castellano y el euskera, pese a ser esta la lengua vasca. 
En segundo lugar, garantizar el acceso «a la enseñanza en euskera y del euskera» a cualquier alumno que lo solicite.

Derecho blindado
En tercer lugar, impulsar «el uso del euskera en la vida social», lo que conlleva toda una campaña de lanzamiento con su correspondiente presupuesto. El derecho a reclamar el euskera debe quedar blindado, además, por una nueva Ley Foral. Ello implicará que la actual «zonificación con criterios restrictivos» pasará a mejor vida: todas las zonas de Navarra, aunque el nivel de penetración del euskera sea nulo, pasarán a contar con los mismos esquemas de impulso de la lengua vasca.

La inmersión en el euskera no será sólo a título particular y en los colegios. También lo será en el ámbito oficial. Para ello, se garantizará que la Administración de la Comunidad Foral pueda atender en euskera a la ciudadanía que así lo solicite.

La medida supondrá nuevas promociones de funcionarios con pleno conocimiento del euskera y la planificación de programas de formación en dicha lengua del personal al servicio de las administraciones públicas. Y ello, con especial insistencia en áreas «como la Justicia o la emisión de documentos oficiales como el DNI».

Todo ello bloqueará el acceso a plazas públicas de aquellos que no tengan conocimiento del euskera. Una maravillosa oportunidad que no desaprovecharán Geroa Bai y Bildu para colar a sus cuadros políticos en esas posiciones de control de la Administración.

Los socios de Sánchez PNV, Bildu y ERC cambian un documento oficial para no condenar a ETA
Carlos Cuesta okdiario 18  Junio 2020

Una carta en el Parlamento Europeo ha vuelto a demostrar la radicalización de los socios separatistas y proetarras de Pedro Sánchez. La misiva fue remitida este mismo miércoles a la Eurocámara y tardó cinco minutos en ser retirada, precisamente, por haber incluido en su formulación una condena al terrorismo. «Nuestra inequívoca posición de condena y rechazo del terrorismo». PNV, ERC y Bildu retiraron de inmediato el documento para borrar la condena y sustituirla por una mera «negación de todo tipo de violencia».

La carta, tal y como ha publicado ya OKDIARIO, se ha convertido en un polémico documento en el que representantes de los partidos que apoyan a Sánchez en el Gobierno -PNV, ERC y Bildu-, más uno de sus negociadores en la Mesa de Pedralbes -JxCAT-, han pedido que el PSOE retire todo trato de honor a Felipe González por los GAL.

Todos ellos han reclamado a Pedro Sánchez por escrito y ante el Parlamento Europeo que retire el trato de ex presidente a González. El motivo del ataque al ex presidente socialista de España –y a la historia viva de los socialistas– se apoya en un informe de 32 páginas, cinco de ellas destinadas a analizar el terrorismo de ETA y los GAL, fechado y elaborado en 1984 por la CIA donde se apunta a González como persona que «está de acuerdo con la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir el terrorismo fuera de la ley». Eso sí: esa frase aparece en el informe de la CIA censurada, porque se ha mantenido como reservada la primera parte de la frase.

En cinco minutos desaparece de una carta a parlamentarios europeos una elocuente «condena y rechazo del terrorismo» para ser sustituida por una «inequívoca posición de negación de todo tipo de violencia».Informe de la CIA

Cinco páginas de ese informe han sido utilizadas ahora por los socios de Gobierno del PSOE -las páginas que abarcan desde la 16 a la 20 ambas incluidas-, para levantar el hacha de guerra contra sus propios aliados: el PSOE.

La página 19 del informe de la CIA, en su segundo párrafo, señala literalmente: «González está de acuerdo con la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército (Army), para combatir el terrorismo fuera de la ley». Pero resulta difícil saber más con ese informe y en su estado actual, porque las palabras previas a esa frase se han mantenido bajo secreto y censuradas por la CIA.

Con eso ha sido suficiente para que salten al cuello del PSOE Toni Comin, de la candidatura de JxSí al Parlamento Europeo y procedente de ERC; Izaskun Bilbao (PNV); Pernando Barrena (EH Bildu); Diana Riba (ERC y mujer de Raül Romeva); Clara Ponsatí (JxSí y persona de máxima confianza de Carles Puigdemont); y el propio Puigdemont (JxSí y procedente de JxCAT).

Pero la carta escondía una sorpresa más. Porque una de sus frases era modificada a los cinco minutos de ser remitida la misiva a todos los eurodiputados. La frase en cuestión puntualizaba que la condena a los GAL y a Felipe González se lanzaba «desde nuestro inequívoca posición de condena y rechazo del terrorismo».

Esa frase no pasó, por lo visto, los controles oficiales de las cabezas de los partidos, que reaccionaron de urgencia retirando el documento y volviendo a redactar el punto mencionado. De ese modo, a los cinco minutos, la nueva versión volvía a entrar en los mails de sus señorías, pero ya con un significativo cambio: desaparecía la «condena y rechazo del terrorismo» para ser sustituido por una «inequívoca posición de negación de todo tipo de violencia».

Negacionismo del terror
El redactado, de ese modo, se adaptaba al lenguaje y terminología oficial de esos partidos. Porque, según ellos, no hubo terrorismo por parte de la banda asesina ETA. En su particular versión, hubo violencia provocada por una policía que torturaba e imponía postulados contrarios a la supuesta nación vasca.

Hay que recordar que esos postulados radicales y negacionistas del terrorismo etarra, de hecho, han sido ya puestos en práctica por los socios de Gobierno de Pedro Sánchez PNV y EH Bildu, tanto en el País Vasco como en Navarra, por medio de las normas de investigación a los policías que, según ellos y sin respaldo de los tribunales, practicaron torturas a los etarras y proetarras.

En Navarra estos postulados han sido aplicados e impuestos por Geroa Bai, la formación que engloba a PNV y que pacta con EH Bildu los apoyos a la Presidencia autonómica de la socialista María Chivite.

Todo esto ha sucedido a raíz de esa carta de los socios de Sánchez remitida después de varios planteamientos críticos de Felipe González con el actual comportamiento del Ejecutivo socialcomunista comandado por Pedro Sánchez.

El ex presidente de España, de hecho, ha pedido recientemente «humildad» a los dirigentes políticos para hacer frente a la crisis económica en pleno coronavirus y ha señalado que «algunos dirigentes no han reconocido la crisis, otros no le han dado importancia y siguen sin dársela, algunos se han portado con la soberbia de pensar que sabían más que los científicos, que estaban advirtiendo de esto».

Todo un jarro de agua fría sobre la gestión de una crisis que camina ya hacia las 50.000 víctimas mortales y ha dejado España sumergida en una brutal crisis

Sánchez y el revisionismo histórico proetarra
EDITORIAL Libertad Digital 18  Junio 2020

Sánchez, más que preocupado en atajar la crisis económica y sanitaria, parece estar dispuesto a utilizarla para arrastrar a España a una crisis constitucional.

La tarea en la que debería volcarse el Gobierno es la de hacer frente a la crisis sanitaria y económica. Con todo, si también quiere dedicar tiempo a revisar la historia reciente, más le valdría fijar la atención en los centenares de asesinatos de ETA que aún no se han esclarecido, y ya de paso analizar la formidable anormalidad de que un partido con representación parlamentaria como Bildu no condena esos execrables crímenes perpetrados por la banda terrorista nacionalista vasca.

Pero no: Pedro Sánchez no va a echar la vista atrás para desairar a sus aliados proetarras, sino más bien para contentarlos. Ahí está su ominoso silencio ante el hecho de que los socialistas navarros se hayan sumado a los proetarras y a las demás fuerzas separatistas del Viejo Reyno para sacar del Parlamento foral el retrato del anterior Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I; o la promesa que ha hecho a los crecidos portavoces de Bildu de retirar próximamente las condecoraciones concedidas a autoridades o funcionarios del aparato franquista. Esta última propuesta del Gobierno social-comunista ha contado con el visto bueno de Ciudadanos, lo que abunda en la desorientación y las ganas que tiene la formación de Inés Arrimadas de ofrecerse como tonto útil a un PSOE que no ha dado la menor muestra de estar dispuesto a romper con los comunistas y con los separatistas.

Por otra parte, ni que decir tiene que este sectario revisionismo histórico no tiene el menor interés en revisar los honores y distinciones que durante la Transición recibieron personajes como Dolores Ibárruri, alias La Pasionaria, estalinista fanática con un historial execrable a sus espaldas, o Santiago Carrillo, máximo responsable de las escalofriantes matanzas de Paracuellos.

La campaña contra Don Juan Carlos no va tanto dirigida contra él, que ya no ostenta la Jefatura del Estado, sino contra la Corona, institución que simboliza la unidad de la Nación y con la que quieren acabar todos los partidos que auparon a Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

Si a todo lo anterior se añade que la semana pasada el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien por su cargo se supone que es el Notario Mayor del Reino, y garante del cumplimiento de la Constitución, trató de contentar a los golpistas de ERC afirmando que "estamos en una crisis constituyente que tenemos que abordar entre todos", bien se podría afirmar que Sánchez, más que preocupado en atajar la crisis económica y sanitaria, parece estar dispuesto a utilizarla para arrastrar a España a una crisis constitucional, y que en su desaforado oportunismo lo mismo le da gobernar sobre los cimientos de la Constitución que sobre sus escombros.

¿Qué quiere Sánchez?
Manuel Marín ABC 18  Junio 2020

Hay un diagnóstico comúnmente aceptado según el cual Pedro Sánchez es un prestidigitador de la política capaz de alterar el ánimo de cualquiera que intente interpretar sus estrategias sin otra lógica que la supervivencia en el poder. Su única certeza es la volatilidad, y su gran mérito, sobreponerse a la dependencia de terceros. Sin embargo, ese estado de ansiedad dependiente que exhibe en cada comparecencia parlamentaria, con negociaciones de madrugada en busca de escaños suficientes para evitar derrotas humillantes, tiende a convertirse ya en una extraña alianza entre desconfiados y desleales, sin más objetivo que el de sostenerse unos a otros para que el andamiaje del «progresismo» no se derrumbe.

En este punto de réplica política y económica a la pandemia deliberadamente crispado, Sánchez ya no se fía de nadie, y nadie se fía de Sánchez. Por eso pervive en un equilibrio inestable constante, y por eso se maneja entre volantazos bruscos para salvar votaciones. Cuando peligra cualquier plan, la improvisación —adaptación, lo llama el PSOE— se impone. Si hay crisis con Podemos, primero se niega y después se filtra que la coalición está «blindada». Si ERC chantajea, se vira hacia Ciudadanos antes de que la ambivalencia lo convierta en un partido aún más residual. Si hay que negociar con Bildu y ningunear a Ciudadanos, se hace sin complejos. Y si el PNV tuerce el gesto, se le diseña un estado de alarma a la medida. Todo, orientado al arrinconamiento del PP en su pugna con Vox, porque la fractura de la derecha siempre será el pasaporte que le permita gobernar.

¿Qué quiere Sánchez? Tras la pantomima de ofrecer unos nuevos «Pactos de La Moncloa» que le sirviesen como escudo frente a los errores cometidos en la gestión de la pandemia, ahora vuelve a insinuar que España necesita unos Presupuestos Generales «transversales», y no vetados por el PP, como único modo de recibir un aval pacífico de Europa para sobreponerse al marasmo. ¿Sánchez, el magnate del «no es no», el rey de los «vetos cruzados», propone ahora una «gran coalición» virtual? No. Solo pretende que cualquier partido se someta a sus 120 escaños con la coartada de la «responsabilidad» y el «patriotismo».

Sánchez es impredecible. Es imposible descifrar si pretende continuar la legislatura de la mano de sus socios de moción de censura, si pretende forzar la salida de Podemos del Gobierno, o si trata de gobernar en minoría con apoyos puntuales del PNV y Ciudadanos. Cada día cambia de idea, cada día recibe una sugerencia, cada día Europa le impone condiciones contra el populismo extremista, y cada día salva sus proyectos enredado en la dialéctica de la «aritmética variable» o —el último descubrimiento— de «repriorizar las prioridades» en la desescalada. Son los síntomas de una bipolaridad preocupante, demostrativa de un estado de confusión y debilidad política que solo el CIS niega con desparpajo.

Hoy, su marcada desconfianza hacia Iglesias le impide dilucidar si Podemos pretende dinamitar el Gobierno desde dentro o ser un sumiso gestor del rescate al que España parece condenada. Iglesias tendrá que afrontar su disyuntiva cuando llegue el momento, del mismo modo que sectores del PSOE tendrán que decidir en qué instante entrarán en ebullición contra las excentricidades de Sánchez una vez que Felipe González ha dado ya el primer paso, en contraste con Rodríguez Zapatero. ¿Qué quiere Sánchez? De momento, buscar en todas direcciones una tabla de salvación que le permita convencer a la izquierda de que necesitará unos Presupuestos Generales de derechas. Algo idéntico, pero a la inversa, de lo que hizo Rajoy, que se vio forzado a imponer una política fiscal de izquierdas y tratar inútilmente de que la derecha lo entendiese. El resultado fue catastrófico para el PP.

Por eso Sánchez resulta inquietante. Porque, salvo fingimiento o trampa, no resulta creíble que reclame ayuda a Pablo Casado para sobrevivir en La Moncloa, al mismo tiempo que diseña en Ferraz mociones de censura para arrebatar Madrid junto a Ciudadanos. ¿Qué quiere Sánchez? Gobernar. Lo novedoso es que empieza a no saber cómo.

Los aliados de Sánchez señalan a sus enemigos
Editorial El Mundo 18  Junio 2020

Tras la última prórroga del estado de alarma y con la desescalada ya en sus últimas fases, los socios populistas e independentistas de Sánchez han vuelto sobre sus objetivos, que pasan por la ruptura de los consensos de la Transición y por cuestionar los símbolos de la soberanía nacional.

Nada es casual en política. Menos aún si detrás están los aliados de un Gobierno concebido para la confrontación ideológica, no para la eficacia administrativa, como ha quedado en evidencia tras la negligente gestión de la crisis sanitaria. Por eso, tras la última prórroga del estado de alarma y con la desescalada ya en sus últimas fases, los socios populistas e independentistas de Sánchez han vuelto sobre sus objetivos, aprovechando el momento de incertidumbre y la ausencia de una mayoría alternativa capaz de impedir sus propósitos, que pasan por la ruptura de los consensos de la Transición y por cuestionar los símbolos de la soberanía nacional.

La primera en actuar fue la Fiscalía General del Estado. Sin que hubiese novedad alguna en las pesquisas que desde hace años lleva a cabo Anticorrupción sobre el caso de las comisiones del AVE a La Meca, Dolores Delgado firmó un decreto por el que dejaba en manos de los fiscales del Tribunal Supremo las diligencias de la investigación, dando pie de esta manera a que Podemos, ERC y EH Bildu redoblaran sus ataques a la Corona. A todos ellos les une su desprecio a la monarquía parlamentaria, en tanto que garante de la unidad del Estado y de su permanencia. Y en este sentido, a pesar de episodios como la retirada del retrato del Rey emérito del Parlamento navarro, no buscan tanto conocer lo ocurrido, sino dañar lo más posible a Felipe VI, al que han puesto en el punto de mira desde su firme y contundente discurso en contra del golpe en Cataluña.

El siguiente objetivo es Felipe González. Nuestros lectores saben que este periódico ha sido muy crítico con la gestión socialista durante los años en los que él estuvo al frente del Gobierno, fundamentalmente por la guerra sucia orquestada desde el mismo para combatir el terrorismo de ETA. Pero utilizar un documento de la CIA, que llevaba desclasificado desde 2011, para solicitar, como hará EH Bildu, una comisión de investigación sobre los GAL -destapado por periodistas de Diario 16 y EL MUNDO- no deja de ser una operación oportunista que, una vez más, no tiene como objetivo el esclarecimiento de la verdad, sino desgastar al ex presidente, en el momento en el que ha comenzado a mostrar sus discrepancias con el Gobierno de coalición y con aliados como Rufián y Otegi. González, con todos sus defectos como gobernante, es sin duda un referente de la socialdemocracia que no puede sino ser crítico con quienes pretenden poner fin a un proyecto nacional cuyos logros son, en parte, mérito suyo. Esa concepción del socialismo democrático es incompatible con el socialismo del siglo XXI, que inventó el caudillo Hugo Chávez y ha sido adoptado por Iglesias y el propio Sánchez. No, nada es casual en política.

Los Mossos y el sesgo étnico catalán
María Jesús Cañizares cronicaglobal 18  Junio 2020

Está claro que en la guerra y en el procés --que según los activistas más radicales, viene a ser lo mismo--, todo vale. De manipulaciones históricas está la hemeroteca llena, hasta el punto de que dos posibles candidatos de Junts per Catalunya (JxCat), Joan Canadell y Jordi Puigneró, bendecidos por Carles Puigdemont, dan por bueno el revisionismo del estrafalario Institut Nova Història. El mismo que defiende la catalanidad de Cristóbal Colón. Luego se tilda a los inmigrantes procedentes del resto de España de colonos. La sinrazón del sectarismo secesionista.

En esta guerra de la independencia catalana se ha llegado a dar por buena la comparación del activismo secesionista con la lucha por la igualdad racial, intensificada estos días a raíz de la muerte de George Floyd debido a la brutalidad policial. La realidad es tozuda y mientras los gurús del independentismo se miraban en el espejo afroamericano, en Cataluña asistíamos a brotes de discriminación racial preocupantes. El rechazo a los temporeros de Lleida, el asalto a una vivienda ocupada por inmigrantes en Premià de Mar (Barcelona) o los insultos racistas de seis agentes de los Mossos a un joven detenido demuestran los prejuicios existentes en nuestra sociedad. Pero sobre todo, lo nociva que es la displicencia de nuestros gobernantes en general, y de los mandos de la policía autonómica, en particular.

La tibieza del consejero de Interior, Miquel Buch, con lo ocurrido en Sant Feliu Sasserra no hace ningún favor a los agentes ahora trasladados y que no han sido objeto de ninguna sanción disciplinaria. Los hechos ocurrieron hace más de un año y cabe preguntarse qué habría hecho el departamento de Interior si SOS Racismo no hubiera denunciado los graves, insoportables, condenables insultos al joven Wubi. Nada puede justificar ataques de este tipo, aunque al igual que otros cuerpos policiales, la presión, los nervios, el miedo o la presunta agresividad de un delincuente hagan mella en los agentes.

Hace tiempo que los mossos, los que salen a la calle, los que se juegan la vida, se sienten abandonados y relegados por unos mandos entregados a los devaneos políticos de Buch y Torra. Las sanciones disciplinarias, en muchas ocasiones, no responden a criterios objetivos, sino a los intereses partidistas del president, que cuando necesita granjearse la amistad de la CUP o de los CDR, opta por la caza de brujas y las depuraciones dentro del cuerpo.

De esa forma se ha ido moldeando en los últimos años un departamento de Interior a la medida del procesismo oficial y con continuos cambios en los mandos superiores, lo que añade inestabilidad e incertidumbre en una policía siempre en punto de mira. Que el jefe de los Mossos, Eduard Sallent, tenga el cuajo de admitir que existe un “sesgo étnico” en las identificaciones policiales, no solo es preocupante, sino que demuestra que hay un problema no resuelto en esta Cataluña plural, charnega y diversa. Que lo es, aunque el nacionalismo exacerbado intente impedirlo.

Hay que remitir, de nuevo, a los atentados del 17A e insistir que la Generalitat nunca ha analizado con rigor social qué lleva a unos chicos integrados en Ripoll --ese término que, para algunos, solo pasa por hablar en catalán-- a convertirse en terroristas yihadistas. O qué pasa por la mente de algunos mossos para sacar pecho de su racismo. O qué falla en los protocolos o en la formación de los mandos de los Mossos para que un inspector con antecedentes de agresión sea ascendido a jefe de la ARRO dos meses antes de ser condenado por pegar a manifestantes del 15M en el desalojo de la plaza Catalunya en 2011.

¡Cómo nos hemos reído con la parodia del exconsejero de Interior, Felip Puig, llevando un bate de béisbol en el hombro! El tiempo ha demostrado que no se puede frivolizar con determinados comportamientos. Que lo ocurrido con Floyd no es un hecho aislado. Que en Almería, un joven murió también asfixiado en un centro de menores mientras era inmovilizado por varios guardias de seguridad.

Y, sobre todo, que al frente de los Mossos d’Esquadra no se puede colocar al primer activista secesionista comprometido. Para causa social, la que deja una pandemia que ahonda en las desigualdades económicas y en los problemas de convivencia.
 


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