AGLI Recortes de Prensa   Domingo 21  Junio  2020

Sánchez celebra su normalidad
Editorial ABC 21  Junio 2020

El presidente del Gobierno cerró ayer su ciclo de mítines televisivos -veinte en total- de la misma manera que comenzó la serie, sin asomo de autocrítica, sin reconocer sus errores y sin asumir su responsabilidad política y personal en la más grave crisis que ha afrontado España en el último siglo. Pedro Sánchez se camufla en el paisaje internacional del Covid-19 para esconder las atroces singularidades de la tragedia española, con una cifra oficial de muertos que ha sido adulterada a conveniencia de parte y con un porcentaje de contagios entre el personal sanitario, desprotegido y abandonado a su suerte, que sitúa a los centros hospitalarios en el epicentro de la cadena de infección. Sánchez nunca va a reconocer sus faltas y sus mentiras. Al contrario, vuelve a presentarse ante la opinión pública como el mesías de España, «orgulloso -afirma- de lo que hemos conseguido». No es nueva la falta de humildad del jefe del Ejecutivo, capaz de falsificar la realidad de un desastre de dimensiones épicas para presentarlo como un éxito colectivo que sin pudor vindica como propio.

A la indiferencia por tanto daño causado y oculto, hiriente para una sociedad que merece un mínimo de compasión, se suma la desfachatez a la hora de celebrar su política de subsidios y de evitar cualquier mención a los ajustes que habrá de acometer para cerrar, de la mano de la UE, la hemorragia de la deuda. Todo es impostura e instinto de supervivencia en Pedro Sánchez. Quien ahora pide unidad y aboga por la convivencia es el mismo que se sirve de Unidas Podemos para enfrentar a la sociedad, el que persigue a los desafectos, el que compra favores, el que se sirve de los poderes del Estado, el que rechaza la transparencia como método de control político y el que considera cualquier crítica parlamentaria como un ejercicio de fascismo. No es ese el homenaje que merecen tantos miles de muertos.

El Gobierno trata a Casado como Maduro a Guaidó

Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 21  Junio 2020

Todas las negligencias criminales, embustes semanales y borrado de cadáveres del Gobierno han desembocado en un relincho de satisfacción, coreado por felices rebuznos mediáticos, con el que Sánchez, ese émulo de la Mula Francis que ocupa la Moncloa como podría ocupar una cuadra con el Burro de Troya, ha celebrado el fin del estado de alarma y el comienzo del estado de pánico. A esta democracia confinada y teleamordazada llamada España, con capital en Babia y por jinete un Babieca, le espera otra vuelta de tuerca: quieren convencernos de que alabemos por consenso y como salvador de 450.000 españoles al responsable de la muerte de 45.000.

La Oposición ante la manipulación
Durante tres meses, votase o no el estado de alarma, la Oposición, es decir, PP y Vox, porque Cs ha decidido que su futuro está a los pies del PSOE, esperando convertirse algún día en socio adoptivo, ha dicho una y otra vez que "no era el momento", pero que ya llegaría, y que "cuando todo pasase", se haría balance y se denunciaría a los responsables de tanto desastre, del sanitario al económico pasando por el institucional. Pues bien, ya ha pasado. Oficialmente, al menos. ¿Qué piensa hacer la Oposición?

Vox anunció este sábado que no asistirá al espectáculo de autobombo del que se presenta como "salvador de vidas" cuando es el máximo responsable de que se hayan perdido tantas. Me parece muy bien. Entiendo que el Rey, por el que habla la Mula Francis enjaezada de Babieca, tenga que ir. Pero ni una sola institución responsable debería formar parte de este inmenso engaño, de esta mezcla de timo y lavado de cerebro para convencernos de que hemos tenido la suerte de sobrevivir… gracias a Sánchez e Iglesias.

Cuando el diálogo se llama Zapatero
En los dos últimos meses hemos asistido al penoso zigzagueo del PP, cuya máxima expresión fue la conspiración de Teodoro y sus Mañuecos contra Cayetana, derrotada finalmente por la fuerza y el talento de la portavoz, que a veces logra convencernos de que existe aquel partido renovador que en su Congreso anunció Pablo Casado. Desde entonces, las recaídas rajoyanas se suceden con la puntualidad de un cambio de estación. Y asistimos a la paradoja de que el PP que sube en las encuestas por la erosión de los partidos en el Poder, se va desvaneciendo políticamente. Feijóo está tan poseído de su poder, o de la debilidad de Casado, que ha empezado a tirar piedras contra su propio tejado, además de apedrear el del partido. El comportamiento de los presidentes castellano-leonés y murciano contra Madrid, como si Madrid no fuera el gran enemigo para la izquierda, está siendo deleznable. Y, de hecho, hay días en que, mirando los medios, favorables o no, se tiene la sensación de que el PP son Madrid y Cayetana. No hay más discurso, ni actitud, ni proyecto, ni ideas, ni vida inteligente.

Pero hasta ahí podríamos movernos en el terreno de la hipótesis, de la crisis pasajera, de los problemas de brujulear entre el Gobierno y Vox, de una hipersensibilidad o exceso de responsabilidad del líder ante la crisis económica y social que se nos viene encima y de la dificultad de lograr un consenso duradero con quien, como recordaba bien este sábado José María Marco, ha hecho de la ruptura de todos los consensos su único programa político.

Todo esto sería comprensible, en cierto sentido plausible, y, en todo caso, remediable. Lo que no es ni comprensible, ni plausible ni tiene remedio es aceptar a Zapatero como interlocutor de parte del Gobierno. Y eso es lo que, según supimos por Esteban Urreiztieta en El Mundo, hizo Casado hace dos semanas enviando a su secretario general a hablar con el narcoembajador de Venezuela o dejando al portavoz del narcochavismo hablar con el secretario general del PP. Y encima, en secreto, a escondidas y como si el hecho mismo de la reunión no fuera el valor de la información, filtrada, como es natural, por el padre político del sanchismo-leninismo.

Tan miserables como estúpidos
No se sabe qué resulta más indignante: la miserable actitud de reunirse con un sujeto despreciable, la estupidez de principiante creyendo que la reunión se mantendría en secreto o la confesión de que en el PP están desesperados porque Sánchez "no les llama" desde hace semanas. A Guaidó lo trata con más respeto el Gobierno venezolano, que, al menos, lo insulta, le roba los partidos, apalea a sus seguidores y lo ve como enemigo.

Pero la persecución a Guaidó y sus seguidores se debe a que hace ya tiempo que la Oposición venezolana se niega a reunirse con ese siniestro engañabobos, ese correo chavista llamado Rodríguez Zapatero. Si García Egea, Teodoro, acepta reunirse con él para tratar de sus relaciones con el Gobierno es que los dirigentes del PP valen moralmente menos que Guaidó y la oposición venezolana, cosa previsible, y que no han aprendido nada de la experiencia antichavista con Zapatero, o sea, que son idiotas. Se puede decir de muchos modos, pero el sentido es el mismo: ni ética ni estética; ni astucia ni prudencia; ni entidad ni dignidad. ¿Para votarles o para botarlos?

Un pueblo muy por encima de sus gobernantes
Editorial larazon 21  Junio 2020

Cien días después de haber vivido bajo un estado de excepción es tiempo de que la sociedad española vuelva a recuperar la plenitud de sus derechos democráticos y, también, de que los ciudadanos, que han mantenido un comportamiento ejemplar, muy por encima del de sus gobernantes, se pregunten si fue ineludible el recurso al estado de alarma o si, por el contrario, vino determinado por los errores y las carencias de un Ejecutivo desbordado por los acontecimientos. Un gabinete, es preciso tenerlo muy presente, que trata ahora de imponer un relato sobre los hechos que no sólo desdeña cualquier responsabilidad propia, sino que proyecta la imagen de un salvador providencial, abandonado a su suerte por una malvada oposición. Por supuesto, nada hay de cierto en esta recreación idealizada de la tragedia, incluso, limitando la acción gubernamental en sus debidos términos, porque la única realidad tangible es que nuestro país fue sorprendido con la guardia baja por el estallido de la infección y la primera reacción estuvo presidida por la confusión y la falta de medios de todo tipo. Aun hoy, los responsables del Ministerio de Sanidad, que en un estado descentralizado se arrogaron la potestad de un «mando único» sin disponer de las infraestructuras administrativas adecuadas, desconocen, u ocultan, datos fundamentales de una epidemia, como son el patrón de la infección, el número real de fallecimientos y el nivel de inmunidad de la población. En toda Europa falló la alerta temprana, sin duda, por el sesgo deliberado en las primeras informaciones del gobierno comunista chino, pero sólo España tiene el dudoso privilegio de haber enviado a sus médicos, farmacéuticos, enfermeras, auxiliares, celadores y trabajadores de la limpieza a batallar en primera línea sin los equipos necesarios. Es más, sólo en España, la arrogancia ideológica de un gobierno llevó a menospreciar las capacidades de quienes más sabían y podían ayudar: las grandes empresas multinacionales españolas, implantadas en todo el mundo y con líneas logísticas probadas y sólidas. Las mismas empresas que lograron merced a sus propios esfuerzos, también financieros, aliviar la escasez de equipos de protección. No en vano la asociación que agrupa a las firmas tecnológicas de farmacia, FENIN, se lamentaba el viernes de que el Ejecutivo no había contando prácticamente con ellos. No va a ser sencillo para los tácticos de La Moncloa elaborar ese relato que explique el baile de cifras, los cambios de opinión sobre la utilidad de unas mascarillas que, hoy, son de uso obligatorio, los calendarios cambiantes y, sobre todo, el aluvión de anuncios de todo tipo, desde las ayudas millonarias para las residencias hasta las subvenciones a los comedores sociales, que nunca se hicieron realidad.

Pero, como señalábamos al principio, la sociedad española también ha sufrido graves daños en la calidad de sus instituciones. Los ciudadanos han visto no sólo cómo se restringían sus derechos fundamentales, sino cómo bajo el amparo del estado de alarma el Ejecutivo ocultaba información pública, desatendía sus obligaciones parlamentarias, convertía los medios oficiales de comunicación en altavoces permanentes de la gobernación y cómo unas decisiones que, en principio, sólo debían responder a criterios científicos, cambiaban a tenor del juego de mayorías. De pronto, la Ciencia dependía de si ERC se abstenía a la hora de respaldar una prórroga o votaba no. Porque, en realidad, hemos visto a un Gobierno a la defensiva, a remolque de los acontecimientos y, por ello, dispuesto a todo con tal de defenderse políticamente. A tachar de indigna a una oposición que, desde su pleno derecho, reclamaba otra manera de enfrentar la crisis o al recurso de la arbitrariedad y la amenaza contra cualquiera que señalará los palmarios errores gubernamentales. De ahí, que lo grave no fuera si la agenda ideológica del Gobierno antepuso el 8-M a la protección de la salud, sino que un ministro del Interior, juez para más escarnio, destituyera a un servidor del Estado por cumplir con su deber y, además, manchara su carrera profesional para cubrir sus mentiras. Que la Abogacía del Estado se lanzara a la yugular de una magistrada en el ejercicio de sus funciones y que la Fiscalía se convirtiera en valladar gubernamental.

Y, ahora, cuando se invita los españoles a recuperar su vida normal, dentro de la excepcionalidad de la situación, toca volver a poner en funcionamiento la economía de un país que ha sido de los más castigados por la paralización forzosa de la actividad empresarial y que, además, ya arrastraba los primeros síntomas de la desaceleración. Si esa tarea la van a capitanear los mismos gobernantes que han gestionado la lucha contra la pandemia y desde los mismos prejuicios ideológicos, España se verá abocada a mayores sufrimientos que el resto de los países de su entorno. Porque si algo ha quedado claro en esta tragedia es que la sociedad en su conjunto ha tenido un comportamiento excepcional, que ha prevalecido su sentido solidario y que su tejido empresarial ha dado muestras de eficacia y capacidad de sacrificio. La recuperación necesita del concurso de todos, sí, pero, especialmente, de que nuestras empresas sean capaces de mantener el empleo. Se necesitan inversiones productivas, alivio fiscal, reformas que aumenten la competitividad, políticas que no vayan contra los principales sectores industriales del país. Sobran los viejos dogmatismos, siempre semilla de fracasos, de la izquierda comunista que hoy está en el Gobierno, por más que se parapeten detrás de supuestos «escudos sociales». Y si para ello se hace necesario un cambio de mayorías, en las manos de Pedro Sánchez está abrirse a un gran acuerdo nacional con la oposición. Lo demás es camino ya conocido hacia el desempleo, la caída del consumo interno y los recortes del estado del bienestar. Lo que, estamos convencidos, no se merece un pueblo que ha dado tanto en esta tragedia.

Pedro Sánchez: dimisión
Nota del Editor 21  Junio 2020

Despues de repetir los mismos errores, persistir en ellos es de malvados. El Dr Cum Fraude tiene que dimitir y hay que anular todos beneficios que los políticos se han otorgado. Cualquier empresa decente tiene que despedir de su consejo de administración, de su entorno, a los profesionales de la política que han estado durante mas de cuarenta años destruyendo España.

El final de una anomalía
Francisco Marhuenda larazon 21  Junio 2020

El presidente del Gobierno cerró ayer el desproporcionado estado de alarma con una ración de plasma televisivo. Es sorprendente cuán estrambótica puede ser la estrategia comunicativa de Pedro Sánchez. Lo normal es que hubiera sido una intervención breve con preguntas, pero en esta ocasión decidió regresar a la fidelidad del plasma y nos regaló una oda propagandística que eclipsó a lord Tennyson. Estos monólogos presidenciales se han convertido en un género periodístico que entusiasma a algunos colegas de izquierdas que eran fervorosos antisanchistas hasta que triunfó la moción de censura. No es difícil entender las razones que les hicieron ver la luz. Es una lástima que en estas ocasiones no se utilice la solemnidad del Palacio Real, que fue la sede de la jefatura del Estado durante la Segunda República. Eran republicanos, pero les gustaba vivir muy bien. Es lo que sucede siempre con la izquierda y sus aliados del colectivo pijo-progre, happy flower y perroflauta. Como ahora gobierna una coalición social-comunista hemos tenido 100 días de tranquilidad. Les ha parecido muy bien el estado de alarma, las chapuzas de Illa y el canonizado Simón, el escándalo de las compras de material, los problemas de suministro, las limitaciones de derechos fundamentales, la crisis económica… todo está francamente bien porque tenemos un gobierno fetén.

La izquierda sí que mola y no esos plastas de la derechona que siempre van contra el progreso, la libertad y las clases trabajadoras. Es la superioridad moral de la izquierda siempre tan bien glosada por sus plumíferos y otros palmeros. La capacidad propagandística de la Moncloa es descomunal y se ve multiplicada gracias a la presencia de Podemos en el consejo de ministros. No me duele en prendas reconocer que han estado magistrales durante estos 100 días. Han sabido hacer de la necesidad virtud y han convertido la tragedia de las residencias, que ha afectado de igual forma en el resto de los países, como ariete contra el PP mientras estigmatizaban a Vox como la ultraderecha. A los periodistas nos gusta la ultraizquierda de los comunistas y anarquistas, pero nos repugna la ultraderecha. ¿Y quién decide lo que es bueno o malo? ¿Quién reparte los carnés de buenos ciudadanos? Como es evidente siempre la izquierda, porque la derecha se siente acomplejada y necesita palmadas en el hombro.

Estos cien días han servido para confinar a la población sin ningún problema. La realidad es que no había materiales sanitarios que hubieran permitido un modelo más moderno y menos medieval. El gobierno ha decidido que no había otra alternativa que el estado de alarma y el entramado progre ha repetido como papagayos una propaganda aderezada de los livianos conceptos aprendidos apresuradamente en la inestimable Wikipedia. Por supuesto, los juristas amantes del uso alternativo del Derecho han corrido a aplaudir el recurso a la excepcionalidad. A la izquierda jurídica, tanto a los moderados como a los radicales, siempre les ha gustado. No olvidemos cuán grato les ha sido el adoctrinamiento en el siglo XX. Los que criticaban esta anomalía eran rápidamente descalificados, ya que era un anatema apartarse de la manada en esta realidad distópica que hemos vivido. Ha sido un interesante ensayo para una mayor radicalización ideológica en el futuro, que ahora no es posible, siempre lo he tenido claro, pero en estos tiempos de crisis e incertidumbre nada es imposible. Los comunistas no han dejado de ser comunistas.

Ahora toca gestionar la crisis económica. Lo más acertado sería la búsqueda de acuerdos, pero esta utopía es la peor pesadilla para los amantes de la distopía que apoyan al Gobierno. La obsesión contra el centro derecha es una evidente patología de estos jóvenes y no tan jóvenes airados provenientes en su mayoría de las clases medias y acomodadas de empresarios, funcionarios de los cuerpos de elite del Estado o profesionales liberales. Por eso les gusta tanto la «spanish revolution». El socialismo tiene una base electoral más amplia e incluso hay algún hijo de trabajador. Ahora todos son el sistema y forman parte, por supuesto, de la casta. Los comunistas organizaron un sólido esquema de castas en la Unión Soviética y sus países satélite, así como en China, Camboya, Vietnam o Corea del Norte. Les gusta mucho la buena vida. Los palacios, dachas, mansiones y fincas fueron repartidas entre la nomenclatura.

La sociedad ha sufrido un cambio importante en los usos y modos sociales que durará muchos meses hasta que se controle el covid-19, pero espero que volvamos a la normalidad. El término «nueva» es una detestable expresión comunista. El Gobierno espera durar mucho tiempo gracias a la división del centro derecha y el apoyo de los independentistas, los aprovechados regionalistas y la izquierda radical. A pesar de la crisis económica, la realidad es que se ha aprendido de la anterior y lo importante es controlar la calle. La factura será enorme, pero las subvenciones sociales garantizan años de tranquilidad. Los neosanchistas, aterrados ante la posibilidad de perder el poder, serán valiosos aliados contra los que no se sometan a la estrategia gubernamental. Las proclamas por el diálogo y el acuerdo, muchas bienintencionadas, están dirigidas a someter al PP. Me gustaría que Sánchez e Iglesias tuvieran buena voluntad, pero me temo lo peor teniendo en cuenta lo que ha sucedido durante estos 100 días.

Cambien de rumbo
Santiago Rey Fernández-Latorre La voz 21  Junio 2020

Exactamente cien días después de que estallase la crisis que ha cambiado en una parte sustancial nuestras vidas, y ha provocado inesperadamente decenas de miles de muertes, hoy se nos precipita el futuro. Todavía sentimos los embates del huracán y está muy lejos de ser pasado. Pero, superado el estado de alarma, los ciudadanos no tienen tiempo para quedarse ensimismados. Sufren heridas, recuentan daños, exigen responsabilidades. Y saben que si no se cambia de rumbo, el precio que sin remedio van a pagar será insoportable.

Todo el tejido social se ha resentido. Nadie puede decir que salga indemne. Desde los millares de familias que han perdido a sus seres queridos sin siquiera poder reconfortarlos o despedirlos, hasta los que están siendo arrastrados por el desastre económico que hunde empresas, cierra negocios y destruye puestos de trabajo.

Los españoles han dado una lección ejemplar con la cesión temporal de derechos esenciales a los que no pueden renunciar, porque son la clave de bóveda de la civilización y la democracia. Pero los políticos, y especialmente los populistas, en lugar de agradecerlo y reconocer su excepcionalidad, empiezan a mostrar una preocupante tendencia a considerar normal su limitación, con la que tan cómodos se sienten.

Con ser rechazables la invasión de la esfera privada y la restricción del espacio público, que pueden ser entendidos para preservar la salud de la comunidad, mucho más lo es el sentido autoritario que se ha instalado en la vida pública. En un momento tan complicado para la sociedad, asistir a la deriva que impulsan algunos miembros del Gobierno y ver en qué emplean su tiempo causa indignación.

Ataques directos a instituciones que han sido modelo en esta crisis, menosprecios a la monarquía desde despachos ministeriales, e incluso improvisación, ausencia de medios y dejación de funciones que en ningún momento podrían ser aceptadas, pero mucho menos en una situación de emergencia social como la que vivimos.

Basta seguir unos minutos cualquiera de los debates parlamentarios para comprender la magnitud de la brecha insalvable que se ha creado entre las preocupaciones ciudadanas y las irresponsables luchas partidistas de todos los diputados sin excepción. Basta ver la falta de la más elemental ética en el juego político, que, por un puñado de votos, permite pactar hasta con quienes se declaran radicalmente enemigos de España y de la ley. Basta observar las tensiones irreconciliables dentro del propio Ejecutivo, que hace rectificar por la noche lo que se anunció por la tarde. Y basta ver a la desorientada oposición, que más parece hecha por aprendices que por aspirantes a gobernar el país, porque no han sabido estar a la altura en estos cien días cruciales para los españoles.

No es esta política la que nos merecemos. Porque mientras la refriega se enquista y trasluce un ruido ensordecedor, 47 millones de personas afrontan la vida real sumidas en graves problemas que afectan a su salud y a su subsistencia. Autónomos que tienen su negocio a pie de calle se quedan sin capacidad de resistir, sectores de primera importancia como el turismo se desploman, y otros estratégicos como en la industria anuncian cierres o despidos masivos.

¿Se puede gastar el tiempo en una política de tan baja calidad? ¿Habrá que dedicar todavía un solo minuto más a las ensoñaciones de los independentistas catalanes inexplicablemente consentidas? ¿Tendremos que seguir considerando una utopía el consenso de las grandes fuerzas políticas que vertebran el país? ¿O nunca llegará el momento de que el interés del Estado sea una realidad en lugar de una frase vacía que usan todos y nadie practica?

Ni España ni Galicia pueden permitirse esta situación. Por eso es necesario cambiar el rumbo y dirigirlo hacia las necesidades de los ciudadanos. Pero no desde las pantallas de plasma, que ya han sido usadas hasta la saciedad, sino desde las políticas reales, como están reclamando empresarios y agentes sociales.

En Galicia, ya inmersa en el proceso electoral -pueden tenerlo en cuenta los candidatos-, es imprescindible reforzar los pilares del estado de bienestar, comenzando por la faceta asistencial, y al mismo tiempo desarrollar a mayor velocidad el sector productivo, que es el motor de toda sociedad moderna. Porque el tiempo corre en nuestra contra y cada día es mayor el riesgo de quedar convertidos en una colonia de la globalización, en un territorio subvencionado.

Si eso ocurre, será por falta de iniciativa, no de materia prima. Porque el país tiene capacidad en todos sus sectores esenciales. Desde la agricultura y la pesca -más amenazadas que nunca por malas políticas de precios y recortes- hasta la energía, el agua, el turismo, la madera, la conserva, la moda y la industria tecnológica. Es suficiente constatar que el país de los mil ríos no tiene truchas ni salmones para comprender cuánto queda todavía por hacer. En políticas públicas y en la iniciativa privada. El orgullo de contar con la primera multinacional del sector textil debería ser el mejor acicate para emprender decididos liderazgos en los ámbitos que constituyen las fortalezas del país.

El desafío al que se enfrenta nuestra tierra es tal que será imposible acometerlo con éxito si tras el veredicto de las urnas no se cuenta con un gran pacto por Galicia, gane quien gane las próximas elecciones.

En España también está claro el rumbo que hay que tomar. En primer lugar, reconstruir todo el entramado económico que se ha destruido en tres meses de confinamiento. Hacen falta disposiciones y ayudas reales que permitan no solo volver a la situación que tenía el país a principios de marzo -algo que parece casi imposible, como saben tantas empresas y autónomos-, sino que generen nuevas expectativas de innovación y crecimiento.

Y en segundo lugar, garantizar a la vez la atención a las peculiaridades de cada territorio y la igualdad de todos los ciudadanos. No es una contradicción: no precisa lo mismo La Rioja que Andalucía, pero todos sus ciudadanos deben ser iguales en la sanidad, en la educación y en todos los derechos inalienables.

Y en Europa, la oportunidad no puede estar más clara. En esta crisis social se juega su futuro. Cuando dentro de unos meses miremos hacia atrás, sabremos si ha sido integradora o se ha convertido en una entelequia. Si ha triunfado la solidaridad -que es la esencia del proyecto europeo- o si ha ganado el impulso contrario que propugnan algunos países del norte y también los populismos que gobiernan o condicionan a la Unión Europea.

Puesto que hemos cedido la soberanía monetaria, Europa debe salir al rescate. Al rescate de sí misma. Y, desde luego, cada Estado asumir el coste que le corresponda, como es preceptivo en una mutualidad. España pagará el suyo, pero no para empobrecerse, subir impuestos y bajar prestaciones, sino para superar el reto económico y social que nos ha traído la pandemia.

Galicia, España y Europa llevan cien días en crisis. Superarla y convertirla en oportunidad es el trabajo que empieza hoy. No es fácil. Lo que se ha estropeado en tres meses no se reparará en mucho tiempo. Pero no se logrará nunca sin consenso y sin centralidad, que es lo mismo que decir lejos de los extremos. Ni si quienes ejercen el poder y la oposición tienen otros objetivos, más mezquinos.

Porque ya todos sabemos que la recuperación será imposible si la crisis se gestiona como hasta ahora. No pueden defraudar más a los ciudadanos. Ya han cruzado todas las líneas rojas, ante la permisividad de las instituciones que son los pilares del Estado de derecho. Y si no cambian de rumbo, el horizonte está claro: es un precipicio. Conduce a la repetición de la historia más trágica de España.

Por Santiago Rey Fernández-Latorre Presidente y editor de La Voz de Galicia

Crisis del coronavirus
Sanidad sabía desde el inicio de la pandemia que la mayoría de mayores de 80 años no accedían a la UCI
Luz Sela okdiario 21  Junio 2020

En el fuego cruzado por las responsabilidades en la atención a los mayores – el colectivo más vulnerable durante la crisis pandémica- cabe señalar un dato. El Ministerio de Sanidad conocía en todo momento el reducido porcentaje de mayores de 80 años que accedían a las unidades de cuidados intensivos.

Los protocolos para la hospitalización y el acceso a la atención de pacientes críticos están en el punto de mira. Sanidad, por ejemplo -y según se recoge en el Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2- pedía claramente entre sus criterios identificar «las expectativas objetivas de recuperación» del paciente, valorando además «la concurrencia o no de patologías graves acompañantes que evidencien un pronóstico fatal». En la práctica, esto suponía un contratiempo para la población más envejecida y, por tanto, afectada de otras enfermedades previas.

Desde el comienzo de la crisis, los informes del propio Ministerio revelaban una circunstancia llamativa: el escaso número de pacientes de más de 80 años que accedían a las UCI.

El 21 de marzo, los balances diarios de Sanidad empezaron a ofrecer el dato de distribución de hospitalizados, ingresados en UCI y fallecidos por grupos de edad. De los 3.020 casos confirmados hasta ese día entre mayores de 80 años, 1.710 habían requerido de hospitalización (25,10%), pero sólo 34 habían sido atendidos en UCI (7,02%). Un dato sin duda llamativo ya que era entre este colectivo donde se registraban más ingresos hospitalarios. Comparando con otras franjas de edad, entre los de 70 y 79 años se registraban 1.678 hospitalizados, y un 34,09% en UCI.

Por poner otro ejemplo, en plena crisis pandémica, a mediados de abril, se repetía la misma situación: 16.692 casos confirmados entre 80 y 89 años; 10.824 hospitalizaciones, pero sólo 162 ingresos en UCI (3,3%). Las defunciones eran, en este colectivo, las más elevadas: 4.016, según el balance que por entonces presentaba Sanidad.

Un mes después, 15 de mayo, ya en proceso de desconfinamiento, idéntico escenario. 37.426 casos, 18.833 hospitalizados y 932 en UCI (4,2%). Los fallecidos, 7.867.

El 2 de abril, Sanidad hizo público su dossier para establecer las «prioridades en la admisión y tratamiento de pacientes y sospechosos» del coronavirus.

«Expectativas de recuperación»
En el documento avisa que si bien «el llamado deber de asistencia es una proyección del derecho constitucional a la protección de la salud» ante «la demanda masiva existente y la escasez de recursos para atenderla» se podría producir «una reducción del disfrute efectivo de ese derecho». En este contexto, Sanidad plantea abiertamente «la priorización de los individuos potencialmente más expuestos al contagio o ya infectados».

El informe admite que «en efecto, en una abrumadora emergencia de salud pública, muchos pacientes podrían requerir el uso de los aparatos de ventilación mecánica disponibles, pero en un desastre del tamaño de una pandemia como la del SARS-CoV-2 pueden no ser suficientes para satisfacer las necesidades existentes, tal vez incluso aunque se organicen centros asistenciales dotados de estas prestaciones».

Como criterio general aplicable para la admisión de pacientes en cuidados intensivos y ventilación mecánica asistida se considera en primer lugar la «no discriminación por ningún motivo ajeno a la situación patológica del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia». Ello implica que se tendrá en cuenta una valoración del estado general del enfermo, lo que resulta comprometido para aquellos que padezcan enfermedades previas, como suelen ser los pacientes de edad más avanzada. También se avisa del «principio de máximo beneficio en la recuperación de vidas humanas, que debe compatibilizarse con la continuación de la asistencia iniciada de forma individual de cada paciente».

El siguiente criterio es la «gravedad del estado de enfermedad del paciente que evidencie la necesidad de cuidados intensivos (asistencia en unidades de cuidados intensivos y acceso a ventiladores mecánicos o, en su defecto, acceso en todo caso a estos últimos)».

También se pide evaluar las «expectativas objetivas de recuperación del paciente en el corto plazo a su estado previo de salud, teniendo en cuenta la concurrencia o no de patologías graves acompañantes que evidencien un pronóstico fatal (enfermos terminales con pronóstico de irreversibilidad, estado de coma irreversible, etc.), aunque pueda comportar una atención clínica añadida». Es decir, de nuevo los mayores son los más afectados.

Por último, se tendrá en cuenta según Sanidad el «orden temporal de entrada en contacto con el sistema de salud, consistente en este caso en la data de ingreso en el centro, con el fin de objetivar el punto de partida de los pacientes de los que se responsabiliza el sistema. Sin embargo, este criterio nunca debe anteponerse a los anteriores, pues podría provocar la preferencia de pacientes de menor urgencia, atendiendo a la gravedad de su situación, o de pacientes sin ningún pronóstico favorable sobre su recuperación».

El mismo documento sí precisa que la edad en sí misma no es un criterio, si bien los otros factores establecidos hagan que, en la práctica, la población más envejecida y con peor estado de salud se vea comprometida.

«Excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a determinados tratamientos (por ejemplo, aplicar dicha limitación a toda persona de edad superior a 80 años) resulta contrario, por discriminatorio, a los fundamentos mismos de nuestro estado de derecho (art. 14 Constitución española)», advierte Sanidad.

«En este sentido, los pacientes de mayor edad en caso de escasez extrema de recursos asistenciales deberán ser tratados en las mismas condiciones que el resto de la población, es decir, atendiendo a criterios clínicos de cada caso en particular», añade.

Crisis del coronavirus
Sanidad obligó a seguir trabajando de «forma habitual» a empleados de residencias en contacto con contagiados
Luz Sela okdiario 21  Junio 2020

El protocolo remitido por el Ministerio de Sanidad a las residencias, el pasado 5 de marzo, instaba a los trabajadores de estos centros «de forma general» a continuar «con la actividad laboral habitual» pese a haber estado en contacto con contagiados. En todo caso, se añadía, se realizaría «una vigilancia para detectar precozcamente la aparición de síntomas».

El principal problema, denunciado desde las organizaciones, fue la falta de test diagnósticos para comprobar si el trabajador estaba infectado. La guía elaborada por el departamento de Salvador Illa para responder a la crítica situación en las residencias de mayores no recogía la realización de test masivos entre el personal -algo que a día de hoy sigue sin implementarse- y se limitaba a considerar que «el riesgo debe ser evaluado de manera individualizada», si bien la norma general era seguir trabajando hasta detectar posibles síntomas. Teniendo en cuenta el periodo de incubación de la enfermedad, de hasta 14 días, y la posibilidad de asintomáticos, esta práctica resultaba un riesgo añadido a la vulnerabilidad de los residentes.

Riesgos
El protocolo confirma que el departamento de Salvador Illa era perfectamente consciente ya entonces de la gravedad de la enfermedad. De hecho, ya en su ‘justificación’ se señala que «hasta donde conocemos, el SARS-CoV-2 afecta de forma más grave a mayores de 65 años con patología cardiovascular previa (sobre todo hipertensión e insuficiencia cardíaca) y en menor medida con patología respiratoria crónica y diabetes».

El Ministerio era claro al afirmar que «la mortalidad aumenta con la edad» y que de acuerdo a los datos disponibles de un estudio realizado en China «la mortalidad en la franja de edad entre 60-69 años es de 3,6%, la mortalidad entre 70-79 años es del 8% y la mortalidad en los mayores de 80% es del 14,8%».

Aislamiento
El informe establecía que «como norma general, todos aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda, deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio».

Asimismo, ordenaba que «las salidas a las zonas comunes» deberían «restringirse al mínimo posible y si éstas fueran necesarias, deberán llevar una mascarilla quirúrgica». «Se ha de informar a los residentes y trabajadores sobre las acciones que se están tomando para protegerlos. La transparencia es la mejor aliada de la confianza», añadía en el mismo contexto.

Ante casos de coronavirus y sus contactos, el Ministerio determinaba que «en el caso de que no lo hayan realizado con anterioridad las autoridades sanitarias, todo centro sociosanitario que detecte que un residente pueda haber sido contacto de un caso de Covid-19 indicará a esta persona que permanezca en el centro o residencia y se lo comunicará a los servicios de salud pública que valoren dicha identificación».

«Si una persona clasificada como contacto de un caso probable o confirmado cumple criterios de caso en investigación, se informará a las autoridades de salud pública y se realizará el seguimiento según lo establecido por las mismas. No es necesario su traslado al centro sanitario si su estado general es bueno», añadía.

Falta de test
Hasta bien entrada la crisis sanitaria, y pese a las quejas de las asociaciones de residencias -entre ellas, la patronal de residencias privadas CEAPs-, el Gobierno no reconoció a los trabajadores en el ámbito de la atención a las personas mayores en residencias, atención en domicilio y teleasistencia como personal sanitario nivel 1. Una clasificación que les daría acceso a una protección especial frente al virus. Las residencias reclamaban también que se realizase la prueba diagnóstica para todos los usuarios y profesionales, especialmente cuando mostrase síntomas o cuando un usuario volviese del hospital por un problema médico ajeno al coronavirus.

Sin embargo, el Ministerio descartó la realización de test masivos. Ahora, en pleno proceso de desescalada, siguen las mismas reivindicaciones.

El pasado 12 de mayo, desde CEAPs, y ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo, se remitió un protocolo de desconfinamiento en los centros residenciales y centros de día.

Entre las prioridades de los protocolos se encuentran el garantizar que el Sistema Nacional de Salud garantice la atención prioritaria tanto a las personas usuarias como la de las y los profesionales, así como que se asegure el suministro de EPIS PCRs y test serológicos que permitan mantener la seguridad y la confianza y adaptada a las necesidades y situaciones de cada territorio.

«El sector tenemos miedo, después de lo que ha pasado», admitió su presidenta, Cinta Pascual.

Desde esta organización señalaron el impacto en los mayores del confinamiento tan estricto. «Todo ello ha conllevado un sufrimiento físico y psicológico con angustia, desorientación y miedo entre personas con unos altos niveles de dependencia», apuntaron desde CEAPs.

Crisis del coronavirus
Simón sabía 3 días antes que la coartada para celebrar el 8-M era falsa: los contagios eran ya nacionales
Salvador Illa, en su reunión ante la UE el 6 de marzo, reconoció literalmente que «la situación es preocupante y entraña un riesgo serio, no debemos subestimarlo»
Carlos Cuesta okdiario 21  Junio 2020

Fernando Simón se enfrenta a una querella que apunta a él como la persona que no disparó las alarmas pese a tenerlas. Y los indicios contra él se siguen sumando: Simón, de hecho, desmontó el 5-M y, sin saberlo, la coartada de Pedro Sánchez: el 8-M debía haberse anulado porque los focos de contagio ya eran mayoritariamente internos. El 53% de los contagios ya eran locales y no procedentes del extranjero.

Hay que recordar que el Gobierno de Sánchez ha asegurado que prohibió los actos convocados por la Iglesia Evangélica porque los focos de contagio eran externos y esa concentración contaba con personas procedentes de países con potencial de contagio. Según el Gobierno, por eso actuó en los partidos de fútbol con equipos italianos y no lo hizo en las manifestaciones feministas del 8-M: porque, según su versión, las movilizaciones feministas encabezadas por el PSOE y Podemos no contaban con personas recién venidas de países con focos de la enfermedad.

Pero el CCAES, el organismo que dirige Fernando Simón, desmontó esa coartada sin saberlo el 5 de marzo: el Centro de Alertas (CCAES) había comunicado a Sánchez tres días antes del 8-M que más de la mitad de los contagios eran ya internos, no procedentes del extranjero. Por lo tanto, se debía haber actuado igual con la Iglesia Evangélica que con el 8-M.

Los datos plasmados en los Análisis Epidemiólogos del CCAES hasta el 8 de marzo reflejan los siguientes repartos de casos entre contagios locales e importados: el 20 de febrero, hubo 2 casos importados y, a esas alturas, no había casos nacionales.

Mazazo a la coartada oficial
El 28 de febrero, de los 17 casos analizados, 15 (83%) fueron importados y 3 (17%) locales. El 2 de marzo, de los 33 casos analizados, 20 (61%) importados, 13 (39%) locales. El 3 de marzo: de los 57 casos analizados, 29 (51%) importados; 28 (49%) locales. Y el 5 de marzo cambia el reparto: de los 107 casos analizados, 47% fueron importados; y el 53% locales.

El recuento ha sido analizado por el diputado de Vox y médico, Juan Luis Steegmann y supone todo un mazazo a la coartada oficial del Gobierno. Porque su argumentario se basa en la falsedad de que el peligro en el momento de la celebración del 8-M procedía del extranjero. Cuando la realidad es que, a esas alturas, ya procedía del interior porque el virus se había colado y, por lo tanto, las precauciones con las concentraciones se debían adoptar tanto con eventos con presencia de extranjeros, como con presencia de nacionales.

El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha asegurado, en reiteradas ocasiones, que desconocía la gravedad del avance del coronavirus en España antes del 8-M. Pero cada vez son más las evidencias de que su argumentario es radicalmente falso. De hecho, el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su reunión ante la UE el 6 de marzo reconoció literalmente las siguientes expresiones: «La situación es preocupante y entraña un riesgo serio, no debemos subestimarlo», tal y como revela el vídeo que ha publicado ya OKDIARIO. Dos días después era él mismo quien lo subestimaba y su Gobierno permitía todas las manifestaciones feministas radicales.

Aquel 6 marzo de 2020 se celebró la sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores. El tema central por esas fechas ya era el covid-19 porque, evidentemente, todos los países contaban con alertas más que de sobra para temer el avance del virus.

Dificultad excepcional
El ministro Salvador Illa intervino en el transcurso de la reunión. No comentó ninguna dificultad excepcional por parte de España. Y ello, pese a que por esas fechas, y tal y como ha argumentado el propio equipo jurídico del Estado en las reclamaciones judiciales de los policías por la falta de material de protección, ya contaban con escasez y fuertes dificultades para comprar mascarillas, guantes, tests, etc.

De hecho, el 23 de enero de 2020, las reuniones del Comité de Emergencia RSI de la Organización Mundial de la Salud (OMS) abrieron fuego en la carrera por alertar severamente del covid-19. Las actas de ese día en la OMS señalan que no se declaró ya en aquel momento la ESPII (emergencia de salud pública de importancia internacional) debido a que «varios miembros del Comité argumentaron que, debido a las limitaciones y la falta de matices del sistema actual relativo a las ESPII, es demasiado pronto para declarar este tipo de emergencia».

Se instó, pese a ello, a celebrar otra reunión en los 10 días posteriores para volver a valorar la posibilidad de declarar la ESPII.

El 30 de enero de 2020 el director general de la OMS declaró que el brote de covid-19 constituía una ESPII. Además se remarcó a los distintos países la necesidad de promover medidas de distanciamiento social: «Es posible interrumpir la propagación del virus, si los países aplican medidas sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales que estén en consonancia con el riesgo».

España, por lo visto, prefirió hacer como que no había oído esa exigencia de distancia social: prefirió seguir adelante como si nada y permitir más de un mes después las manifestaciones y todo tipo de actos.

La OMS aconsejó, además, a todos los países que se prepararan para adoptar medidas de contención, como la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de los casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la propagación.

El 10 de febrero de 2020 el Informe Técnico CCAES que dirige Fernando Simón, con el título ‘Nuevo Coronavirus 2019-nCoV’, detalló cinco aspectos: la peligrosidad del covid-19; la alerta frente a la transmisión de secreciones de personas infectadas, y al contacto directo con gotas respiratorias capaces de trasmitirse hasta 2 metros; se alertó de la Alta Transmisión Intrahospitalaria; se plantearon medidas de prevención individual -aislamiento de gotas (por medio de mascarillas).

Sólo por poner otro ejemplo, se planteó la actuación en los puntos de entrada de la enfermedad planteando las recomendaciones de la OMS, centradas en los vuelos directos procedentes de zonas afectadas.

Preocupación de Fernando Simón
Los días 18 y 19 de febrero de 2020 se celebraron las reuniones de la agencia ECDC de la UE, con asistencia de Fernando Simón. Las actas de la reunión reflejaron la preocupación de Fernando Simón por el riesgo de importación de la enfermedad y por la forma de abordar los contagios en grupos secundarios, dado que el rastreo de contactos y casos posibles era en ese momento una carga mayor para el sistema de salud pública.

El 4 de marzo de 2020, en otra reunión de la ECDC, también con asistencia de Fernando Simón, el acta del encuentro indica que se pide a los países que los test formen parte de la estrategia general de combate al brote; se notifican más casos sin ningún vínculo con los países previamente afectadas, y se alerta de que el virus está en la UE. Allí se pide igualmente a los países que se doten de material y se considera el riesgo ya de «moderado a alto» o «alto».

El 6 de marzo, por fin, en la sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, el ministro Salvador Illa admite que «la situación es preocupante y entraña un riesgo serio, no debemos subestimarlo».

Galapagar
La Guardia Civil denuncia a ocho personas en la cacerolada ante el casoplón de Iglesias y Montero
Raquel Tejero okdiario 21  Junio 2020

Ocho personas han sido denunciadas este sábado en Galapagar por acudir a un acto de protesta celebrado junto a la casa del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Un amplio dispositivo formado por la Guardia Civil protegía el casoplón de más de 600.000 euros en el que vive la pareja. De hecho, el perímetro ha sido ampliado para que los asistentes no pudiesen acercarse a menos de cincuenta metros de la propiedad.

A pesar de que en ningún momento los manifestantes han presentado actitudes agresivas u ofensivas, los agentes de la Guardia Civil han identificado y denunciado, al menos, a ocho personas.

Lo cierto es que se trataba de una protesta no autorizada por la Delegación del Gobierno por lo que, al ser más de veinte personas, se ha procedido a las identificaciones de algunos de los asistentes.

El fuerte dispositivo ha hecho que muchas de las personas que habían acudido se fuesen para evitar ser uno de los apercibidos.

En el papel que ha sido entregado por parte de los agentes a los denunciados puede leerse como motivación de la denuncia lo siguiente: “La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones incumpliendo lo preceptuado en los artículos (…) cuya responsabilidad corresponde a organizadores o promotores”.

OKDIARIO ha hablado con algunos de ellos que no han dudado en posar juntos en una foto con la denuncia.

«El Gobierno da orden para que nos multen», asegura uno de ellos en referencia al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Nos han denunciado por estar. En España ahora te denuncia sólo por eso», ha asegurado otra de las presentes.

Todos coinciden en que, a pesar de lo ocurrido, volverán a acudir y no entienden las medidas de seguridad.

Dispositivo ampliado
Decenas de personas se han concentrado esta mañana lo más cerca que se les ha permitido de la vivienda de los miembros del Gobierno. Pero hoy la protesta se ha encontrado con un dispositivo de seguridad aún mayor del habitual.

Los agentes que protegen los accesos al casoplón se han empleado a fondo para evitar ‘molestias’ a la pareja formada por el vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad. Y hasta han incautado paelleras a los manifestantes para que la cacerolada no fuese demasiado estruendosa.

La seguridad en torno al casoplón se ha reforzado después de que el pasado martes un grupo de manifestantes consiguiera burlar el blindaje ordenado por Marlaska y reproducir con altavoces de gran potencia el ‘Viva España’ de Manolo Escobar desde un cerro cercano a la finca.

Talibanes en Estados Unidos
Editorial ABC 21  Junio 2020

El asesinato del ciudadano negro George Floyd y la legítima indignación antirracista que provocó en amplios sectores de Estados Unidos no permiten explicar el odio extendido a los símbolos que recuerdan el pasado español de este país. Hace tiempo que una parte de la clase política y, sobre todo, universitaria estadounidense se ha instalado en una demencia revisionista disfrazada de reivindicación indigenista y de puritanismo ideológico. Las estatuas de Cristóbal Colón y de otros conquistadores españoles llevan años sufriendo el vandalismo de quienes ahora quieren reivindicar a las poblaciones indígenas, sin recordar el coste que estas pagaron para la creación de Estados Unidos después de su independencia de Gran Bretaña. Eso sí que fue una política de exterminio. La distorsión intelectual e histórica de estas reacciones contra lo español revela profundos complejos de identidad, alimentados por un progresismo de salón que ha hecho de la defensa de las minorías la excusa para cuestionar incluso el sistema constitucional de EE.UU. Ese culto desproporcionado a las minorías provocó la derrota de Hillary Clinton y el acceso de Trump a la Casa Blanca. Si la izquierda americana sigue por estos derroteros volverá a dar otra victoria al candidato republicano.

Lo cierto es que esta suerte de «memoria histórica» a la americana incurre en esa doble moral que tanto gusta a la izquierda europea, particularmente la española, que se rasga las vestiduras por la conquista de América, pero sigue viendo con ternura la historia del comunismo y sus cien millones de muertos. Ayer unos vándalos derribaron una estatua de fray Junípero Serra, defensor de los indios y protagonista del nacimiento de California y, por extensión, de la nación estadounidense. Ningún reproche de esclavista podrá dirigirse contra este santo español, caracterizado por defender a los pueblos indígenas sin abandonar su labor evangelizadora, como correspondía a la mentalidad descubridora de la época. La mezcla de ignorancia, racismo antihispano y cristianofobia es la causa de esta ola de exasperación sectaria contra el legado español, que incluso alcanzó a una estatua de Cervantes. Tampoco es mera coincidencia el paralelismo de estos movimientos violentos y sectarios y la intransigencia progre que inunda los campus universitarios del mundo anglosajón, custodiados por estos nuevos talibanes de Occidente, que aplican la «sharía» de la corrección política, siempre que esta sea izquierdista. La indolencia del Gobierno español frente a estos actos de ofensa contra nuestra presencia en Estados Unidos es injustificable. La misma energía que pone en rechazar las presiones de Trump contra la tasa Google debería emplear para exigir respeto a quienes, con sus luces y sombras, gestas y miserias, contribuyeron decisivamente a integrar el Nuevo Mundo en la cultura occidental.

Cascos: “Lo de 1,2 millones es una tontería, me linchan porque no quiero oficializar el bable”
David Palomo elespanol 21  Junio 2020

Francisco Álvarez Cascos nunca se escondió tras las cámaras o trato de evitar el haz de los focos incriminatorios de la prensa. Por unas u otras razones, lleva toda una vida sin pasar desapercibido. Ya fuera como segundo de José María Aznar, en aquella secretaría general del PP (1989-1999) dirigida con mano de hierro; como vicepresidente del Gobierno (1996-2000) o ministro de Fomento (2000-2004); o como mandamás de Foro Asturias, el partido que, nueve años atrás, creó en su tierra –y del que ahora le expulsan acusado de apropiación indebida (1,2 millones de euros). “Un linchamiento –según el propio Cascos en conversación con EL ESPAÑOL– de los que quieren convertir Foro Asturias en un felpudo del PSOE para aprobar la oficialidad del bable”.

Sin embargo, en todos estos años en política, habría preferido, en muchas ocasiones, ver los toros desde la barrera. Por ejemplo, aquel día en que lo acusaron de aparecer en los papeles de Luis Bárcenas bajo las siglas PAC (Paco Álvarez Cascos), aunque saliera indemne; o aquel otro en que lo acusaron de estar de cazar mientras el Prestige se hundía. Dos guerras pasadas -de las muchas acumuladas durante años- que se unen, este mismo fin de semana, a una actual: su expulsión del partido que creó, Foro Asturias, como presunto autor de delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal.

De nuevo, Cascos, a sus 72 años, está en el punto de mira por hechos presuntamente delictivos. Esta vez, por tomar a “préstamo dinero del partido”, firmar “contratos inexistentes” y “adquirir videojuegos a sus vástagos” con cargo a la formación, según detalla la querella presentada por la comisión directiva de Foro, al frente de la cual se encuentra la exalcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

El agente de tráfico tras un árbol con un radar láser para multar: la foto que indigna a los conductores
J.S.La imagen ha sido compartida por la plataforma SocialDrive y ha despertado el enfado de los usuarios, que se quejan del afán recaudatorio.

En dicha querella se denuncian irregularidades de Francisco Álvarez Cascos y se le acachan ingresos de más de 1,2 millones de euros en sueldos y gastos que pasó el partido que él creó en 2011. Entre esas facturas se encuentran, según dicha comisión, zapatos para sus hijos, videojuegos, tasas de licencia de pesca, llamadas de teléfonos a su familia y estancias en hoteles en viajes particulares, según reconocen desde el partido, asegurando que la dinámica de gastos se mantiene desde hace nueve años.

Linchamiento
Francisco Álvarez Casos, en conversación con EL ESPAÑOL, capea con sorna los “ataques de sus compañeros de partido”. “¡Es una ridiculez!”, espeta, al mencionarle que le acusan de pasar las tasas de las licencias de caza. “Es de risa lo que me están haciendo; un linchamiento personal”, prosigue. “La historia de un conflicto político que comenzó hace un año”, se defiende. Porque el trasfondo, en efecto, es ese: una guerra interna marcada por decisiones políticas que tiene visos de acabar en los tribunales.

En esa batalla, con dos corrientes claras dentro del partido, ya hay cinco demandas interpuestas por los afiliados contra la dirección del partido y Moriyón. Estos acusan a la actual presidenta de Foro desde septiembre de 2018, de querer convertir la formación en una muleta del PSOE. “El trasfondo de todo esto es la oficialidad del bable y el apoyo al Partido Socialista”, esgrime Álvarez Cascos.

En esa lucha, la comisión de la actual presidenta ha presentando una querella contra Álvarez Cascos por apropiación indebida. “Aunque a mí no me ha llegado todavía nada. Sólo lo que se ha publicado en los periódicos”, esgrime Francisco. Que, desde luego, no va a claudicar. “Me voy a defender como corresponde, con mis abogados...”.

Álvarez Cascos desmiente todas las acusaciones y se niega a contribuir a lo que él considera “una fiesta mediática”, acusando a su compañera de partido: “Lo que es apropiación indebida es lo que está intentando hacer Carmen Moriyó convirtiendo un partido asturiano en un felpudo del PSOE para aprobar la oficialidad del bable”, reconoce.

La sombra de la Gürtel
Álvarez Cascos no teme la pena de telediario. “Ya fui portada de todos los periódicos en 2016 y mira...”, reconoce. “El que ríe el último ríe dos veces”. Se refiere, cómo no, a cuando fue citado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como testigo sobre el procedimiento de donaciones anónimas al PP, en relación con la supuesta contabilidad en ‘B’; y a su testificación en el caso Gürtel, acusado de haber intermediado como ministro de Fomento en adjudicaciones a cambio de comisiones.

Entonces, aseguró que las siglas “PAC”, que se vincularon con su nombre (Paco Álvarez Cascos), no se referían a él. El que fuera secretario general del PP negó haber recibido comisiones en la trama liderada por Francisco Correa durante su etapa como ministro de Fomento en el segundo Gobierno de José María Aznar. Y negó, también, los supuestos sobresueldos que le atribuyeron los Papeles de Bárcenas en la contabilidad secreta del partido.

Y, finalmente, salió indemne de la situación. “Al cabo de un mes, el mismo policía reconoció que aquellas siglas PAC no eran mías… y que eran de Paco Correa o no sé quién. Entonces, claro, la noticia no fue portada de ningún periódico; si acaso, apareció en páginas interiores”, explica.

“Pero esta es la realidad mediática”, espeta, lamentando la situación actual. “Estos señores han tenido un éxito considerable. Pues muy bien, la pena mediática. Eso no lo puedo evitar, pero lo que importa es la razón. Yo ya estoy de vuelta y amortizado políticamente, pero no cambio mis ideas. Me pueden colocar en el potro de castigo de los medios, pero voy a seguir defendiendo que Foro no es un felpudo del PSOE”, finiquita.

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Crisis del coronavirus
Fin a 100 días de alarma: las 100 mentiras, chapuzas y negligencias del Gobierno
OKDIARIO realiza este recopilatorio desde que Sánchez anunciara el 13 de marzo el estado de alarma
Segundo Sanz okdiario 21  Junio 2020

Después de 100 días transcurridos desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el 13 de marzo el segundo estado de alarma de la Democracia por la crisis del coronavirus -decreto que aprobó el Consejo de Ministros al día siguiente-, OKDIARIO recopila aquí las 100 mentiras, chapuzas y negligencias del Ejecutivo durante este periodo infausto.

1. Los muertos en España superan el centenar y Sánchez desvela 24 horas antes que va a decretar el estado de alarma, lo que provoca multitud de desplazamientos por el país, contribuyendo a la difusión del virus.

2. El Gobierno destituye a José Antonio Nieto, responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional que recomendó evitar aglomeraciones.

3. Sánchez decreta el 14 de marzo el estado de alarma por 15 días y confina a 47 millones de españoles. Lo hace en una rueda de prensa y Moncloa filtra las preguntas, un sistema polémico que durará semanas.

4. Pablo Iglesias se salta la cuarentena tras el positivo de su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y asiste de forma presencial y sin mascarilla al Consejo de Ministros del 14 de marzo.

5. El Ministerio de Sanidad sólo contabiliza las muertes hospitalarias ratificadas por una prueba PCR, a diferencia del sistema seguido por algunos comunidades en base a los registros de las funerarias.

6. El Gobierno firma contratos de adquisición de material sanitario procedente de China con un fondo de 1.000 millones. Queda acreditado que desoyó las alertas internacionales y no hizo aprovisionamiento.

7. Sanidad recurre al mercado chino y adquiere a un precio más elevado que el ofrecido por empresas españoles. Por ejemplo, compra mascarillas hasta 20 veces más caras.

8. Iglesias se pone al frente de las residencias el 19-M por delegación del mando único. Anuncia un ayuda de 300 millones (también para dependientes y sin techo) que no llega a las CCAA hasta finales de abril.

9. Sánchez inicia el 22 de marzo su Aló Presidente de los fines de semana y asegura que España ha comprado test rápidos «homologados y fiables». En cambio, la partida será devuelta días después por su baja sensibilidad.

10. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, reconoce que el Gobierno conocía la gravedad del coronavirus desde enero.

11. El Ejército entra en las residencias y encuentra a personas mayores, absolutamente abandonadas, cuando no muertas, en sus camas.

12. El ministro Illa se niega a revelar el nombre del «proveedor habitual» de Sanidad de los test defectuosos de la firma china Bioeasy. Semanas después trasciende que fue Interpharma, un laboratorio de cosmética.

13. El principal sindicato de funcionarios CSIF se querella contra el Gobierno por homicidio imprudente al desoír los avisos de la OMS.

14. Salvador Illa impone que los profesionales sanitarios infectados vuelvan al trabajo en siete días, aún sin estar curados. Días después, Sanidad rectifica el documento y les insta a terminar el aislamiento.

15. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoce en una entrevista que «las advertencias sobre la gravedad las teníamos, desde enero, desde que vimos lo que estaba pasando en China».

16. El 6 de abril se publica que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha cifra en 1.921 las muertes por coronavirus en dicha comunidad, y no 774 como registra la estadística oficial, según instrucciones de Sanidad.

17. Pablo Iglesias sostiene que «todos sabemos que este virus no entiende de territorios pero sí entiende de clases sociales».

18. Con 13.798 muertos por coronavirus, Televisión Española estrena en horario de máxima audiencia Diarios de una cuarentena, que se publicita como «serie de humor». Los métodos del Gobierno para tapar el duelo.

19. Pedro Sánchez miente en el Congreso de los Diputados al afirmar que España «es el país que primero tomó medidas de confinamiento en todo occidente, el primero. Lo hicimos solamente con 120 fallecidos».

20. Otro bulo del presidente en el Pleno. Dice que España «es el país que facilita más información, el único que notifica todos los positivos, no sólo los hospitalizados, todos los positivos».

21. Un fake más de Sánchez, cuando dice que «este estudio, el de la Universidad de Oxford, otorga a España la puntuación más alta de los países occidentales» en la respuesta frente al coronavirus.

22. La OMS alerta el 10 de abril de un «rebrote mortal si se levantan las medidas de confinamiento demasiado rápido», pero sólo tres días después se produce la vuelta al trabajo de los trabajadores no esenciales.

23. Los trabajadores no esenciales vuelven a sus puestos sin pruebas PCR masivas, ni tomas de temperatura. El Gobierno sólo destaca el reparto de mascarillas en los transportes públicos.

24. El 14 de abril y en plena pandemia, el vicepresidente Pablo Iglesias ataca al Rey Felipe VI por vestir uniforme militar.

25. El Gobierno mantiene la opacidad sobre la cifra de muertos en las residencias de ancianos.

26. Sánchez afirma que «hemos duplicado los test diarios de 20.000, que decíamos hace muy pocos días, a 40.000 diarios». Sólo dos días después, Fernando Simón habla de «700.000 a la semana», 100.000 diarios.

27. Simón miente en una charla para niños junto al ministro de Ciencia, Pedro Duque. «Se ha conseguido que llegaran los equipos de protección», señala el director del CCAES.

28. Sanitarios de distintas comunidades usan durante días mascarillas defectuosas de la marca china Garry Galaxy adquiridas por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad tiene que retirarlas.

29. Se prohíbe la celebración de ritos religiosos en público durante la Semana, pero se permite el rezo de musulmanes en plena calle en El Vendrell (Tarragona).

30. El general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, confiesa que rastrean las redes «para minimizar el clima contrario al Gobierno». El ministro Grande-Marlaska habla de «lapsus».

31. El Tribunal Supremo ordena al Ministerio de Sanidad que provea de equipos de protección al personal sanitario.

32. Los mayores de 80 años son apeados de las UCI. A mediados de abril, de 17.084 pacientes de esta edad hospitalizadas por coronavirus, sólo el 1,4% había accedido a una unidad de cuidados intensivos.

33. Otra mentira de Grande-Marlaska en prensa: «Hemos sido capaces de dotarnos de los medios materiales y personales necesarios para enfrentarnos a una crisis de gravedad manifiesta».

34. El ministro del Interior falta a la verdad: «España, a día de hoy, es el país que más test realiza sobre posibles contagiados».

35. Grande-Marlaska se abona al bulo: «Estamos informando de forma adecuada a los partidos, a la oposición, a las instituciones y a la ciudadanía».

36. El Gobierno no explica por qué clasificó como grupos de «baja probabilidad de exposición» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

37. Ningún miembro del Gobierno se recorta el sueldo en solidaridad con los afectados por la crisis económica derivada del coronavirus.

38. TVE se niega a incluir un crespón negro en su logotipo «para no preocupar más a la población».

39. El Gobierno rectifica en horas su anuncio inicial de que los niños sólo podían salir a la calle si acompañaban a un progenitor a supermercados, farmacias o bancos. Permite que salgan a pasear.

40. Sánchez justifica el mayor número de muertos en España respecto a otros países aludiendo al «envejecimiento de la población española».

41. Marlaska admite el 23 de abril que sólo se han hecho 5.000 pruebas PCR a los más de 170.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, apenas un 3%.

42. Pablo Iglesias aprovecha una comparecencia en Moncloa para dirigirse a los españoles como si fueran niños. Admite que el Gobierno «no ha sido del todo claro» en sus explicaciones.

43. El Gobierno desoye al ECDC y se niega a computar todas las muertes con el coronavirus como causa principal o contribuyente.

44. Sanidad rebaja el cómputo oficial de contagiados el 24 de abril y cambia la metodología, excluyendo a los contagiados detectados en una prueba rápida de anticuerpos.

45. El Consejo General de Enfermería de España presenta una querella criminal contra Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Simón.

46. Sánchez justifica la elevada mortandad por coronavirus en España con argumentos peregrinos como ser un país muy turístico. «No digo que sea la única causa, digo que puede existir una correlación directa», afirma.

47. El Gobierno autoriza a casi 6 millones de niños a salir a la calle bajo la norma «un progenitor, una hora, un kilómetro» pero sin especificar cómo se controlaría el tiempo y la distancia. Primeras aglomeraciones.

48. El vicepresidente Pablo Iglesias no da ejemplo y aparece sin mascarilla en unas imágenes mientras hacía la compra en un supermercado.

49. La ministra de Igualdad, Irene Montero: «La situación que atravesamos afecta de manera específica a las personas LGTBI».

50. La ministra Calviño afirma que «las estimaciones apuntan a un impacto poco significativo y transitorio» en la economía.

51. La OCDE corrige su ranking de países con más test realizados y relega a España del puesto octavo al 17º.

52. Pedro Sánchez, doctor en Economía por la UCJC, dice que la Unión Europea pondrá en marcha un fondo de recuperación de «1,5 trillones de euros», en lugar de billones.

53. La vicepresidenta cuarta Teresa Ribera miente al afirmar que en el Plan de Transición a la Nueva Normalidad «no se impone nada a nadie».

54. El BOE publica compras millonarias de material sanitario por parte del Gobierno a empresas de «dirección desconocida». Illa habla de «error administrativo».

55. Otro bulo del Gobierno: la ministra Maroto dice que «la buena relación con China ha permitido cerrar con éxito operaciones comerciales con proveedores fiables».

56. Salvador Illa descarta test masivos frente la eficacia de esta estrategia en Corea del Sur, Taiwan o Portugal: «No va a haber un test para cada ciudadano español».

57. El mes de abril concluye con 41.239 trabajadores sanitarios contagiados, más de un 20% del total de casos confirmados y la tasa más alta del mundo.

58. Después de 49 días del estado de alarma, Sánchez decreta el uso obligatorio de mascarillas en los transportes públicos.

59. Pese a protagonizar el confinamiento más largo del planeta, Sánchez sostiene que «hemos limitado en un tiempo récord la transmisión del virus».

60. El País Vasco se convierte en la única comunidad en la que se permite la movilidad interprovincial en la fase 1 tras apoyar el PNV la cuarta prórroga del estado de alarma.

61. La vicepresidenta cuarta Teresa Ribera afirma que «hemos estado en la gama alta de éxito y en la gama baja de errores, que seguro que ha habido».

62. La ministra para la Transición Ecológica sostiene que la buena gestión de Portugal se debe a que el virus «venía del este y ellos están un poco más al oeste y entonces pudieron parar un poco antes».

63. La vicepresidenta Calvo explica así la fuerte incidencia del coronavirus en España: «Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta y son las grandes ciudades donde se ha dado un problemón del demonio».

64. Consumo desaconseja el reparto genérico de mascarillas FFP2 a la población, como el realizado por Madrid, por su alta protección. Se pronuncia así después de mes y medio de desabastecimiento.

65. En plena crisis, el Gobierno aprovecha el Consejo de Ministros del 28 de abril para engordar la Administración con 11 nuevas subdirecciones generales.

66. Sánchez no desarrolló el plan antipandemias que dejó el Gobierno de Rajoy. Iba a hacer un simulacro frente al ébola en abril.

67. Marlaska miente al decir que «no ha habido pago de ningún test por parte de ningún agente». El SPP denuncia que falte así a la verdad.

68. El ministro del Interior lanza otro embuste al señalar que «todos los funcionarios que han tenido síntomas o que han tenido relación con un positivo a la Covid-19 han sido sometidos a la prueba».

69. El presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, denuncia que el Gobierno «ha abandonado a las personas más vulnerables, como son los mayores que viven en residencias, con un elevado grado de dependencia».

70. Simón no sabe explicar la diferencia de 5.000 muertos entre los datos de Sanidad y los del sistema MoMo. Llega a hablar de un «accidente de tráfico enorme».

71. PSOE y Podemos impulsan una Comisión de Reconstrucción en el Congreso donde imponen su programa y exigen que no sea un foro de control al Gobierno.

72. El socialista Patxi López, sin estudios universitarios terminados, es elegido para presidir la Comisión de Reconstrucción. En Italia, tal encargo lo recibe Vittorio Colao, MBA por Harvard y ex CEO mundial de Vodafone.

73. Podemos coloca de vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción al dirigente comunista Enrique Santiago, admirador de Lenin y abogado de los los grupos terroristas colombianos FARC.

74. El PSOE veta que altos cargos del Ministerio de Sanidad, como la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, comparezcan en el Congreso.

75. La CNN publica que Sánchez miente. La Universidad Johns Hopkins no sitúa a España en el quinto puesto en la realización de test de coronavirus. Es más, esta universidad ni siquiera elaboró un ranking con tal comparativa.

76. Moncloa revela que el Gobierno autorizó 480 manifestaciones el 8-M por toda España (sin incluir los datos de Cataluña), a las que asistieron 600.979 personas. El virus ya estaba desbocado para entonces.

77. Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, se querella contra el Gobierno por su «gestión nefasta».

78. El Gobierno rectifica para sacar adelante la quinta prórroga y pacta con Ciudadanos que el estado de alarma se extienda 15 días y no un mes, como había planteado inicialmente.

79. El PSOE pacta con los proetaras de Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral del PP pese a no ser necesaria su abstención.

80. La ministra Calviño desmiente que el Gobierno vaya a derogar de urgencia toda la reforma laboral del PP pese a lo pactado por PSOE y Podemos con Bildu.

81. El retraso del Gobierno en el pago de los ERTE por parte del Gobierno genera multitud de protestas en la opinión pública.

82. La Seguridad Social llega a cobrar las cuotas a 400.000 autónomos pese a que tenían reconocida la ayuda por cese de actividad.

83. Sánchez tarda más de 70 días desde la declaración del estado de alarma en decretar el luto oficial.

84. El Gobierno politiza el decreto de luto oficial, algo inédito: «Es proporcionado expresar el convencimiento de que la valoración de los cuidados en las decisiones públicas es la apuesta más fecunda por el futuro».

85. Sánchez usa la tribuna del Congreso y jalea ‘Viva el 8-M’ para presionar a la juez en el marco de la investigación al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Franco, por permitir la marcha de 120.000 personas.

86. El Gobierno instrumentaliza a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para frenar, boicotear y atacar la instrucción del 8-M por parte de la juez Rodríguez-Medel.

87. La directora general de la Guardia Civil, la socialista María Gámez, reconoce que la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos se debió a que no dio cuenta al Ejecutivo —algo ilegal— de la investigación del 8-M.

88. La vicepresidenta Calvo desliza que la oposición está detrás de una intentona de golpe de Estado, con la connivencia de miembros de la Guardia Civil y la Policía. Moncloa lanza su teoría de la conspiración.

89. Sánchez insinúa que Marlaska purgó a De los Cobos para evitar una «policía patriótica» en la Guardia Civil

90. El presidente dice que el ministro del Interior «está destapando la policía patriótica y por eso le atacan». En cambio, el propio Sánchez y el propio Marlaska dieron por desmantelado tal extremo en 2019.

91. Interior no impide un multitudinario cortejo fúnebre a Julio Anguita en las calles de Córdoba, mientras prohíbe que más de tres familiares despidan a los muertos por coronavirus.

92. La Policía identifica a una familia en Madrid por portar una bandera grande de España con el lema «Gobierno dimisión».

93. Marlaska obliga a la Guardia Civil a blindar el casoplón de Pablo Iglesias ante las protestas ciudadanas. Insta a los agentes a imponer multas de 600 euros a los manifestantes e incluso requisa las paelleras.

94. El CIS del socialista Tezanos realiza barómetros extra sobre la crisis del coronavirus para adular al Gobierno. Llega a decir que conforme empeora la situación económica de España, mejora la economía de los españoles».

95. El recuento de fallecidos alcanza el esperpento: casi 2.000 muertos por coronavirus ‘desaparece’ de la estadística oficial.

96. El Gobierno pacta la abstención de ERC en la sexta y última prórroga del estado de alarma a cambio del compromiso de retomar en julio la mesa de negociación con los separatistas catalanes.

97. El delegado del Gobierno en Madrid es pillado por OKDIARIO en una charla telemática con alcaldes del PSOE negando el mando único en la gestión de las residencias y buscando «retorcer» el tema contra Ayuso (PP).

98. El Gobierno permite la llegada de alemanes al país, pero prohíbe el movimiento entre comunidades. Por ejemplo, no se puede viajar de Almería a Murcia mientras aterrizan alemanes en España.

99. Fernando Simón, sobre la ocultación de los muertos reales: «Nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora». A 19 de junio, Moncloa sólo reconoce a 28.315 muertos de coronavirus con PCR.

100. Sánchez cierra sin preguntas de la prensa su última homilía sabatina antes de la ‘nueva normalidad’ tras 20 comparecencias en tres meses.

Duros a cuatro pesetas
Jesús Cacho vozpopuli.es 21  Junio 2020

La niebla que hasta ahora envolvía las ayudas europeas con las que sueña el Gobierno de Pedro & Pablo para llevar adelante su proyecto ideológico se van disipando con los calores de este verano incipiente, dejando sobre el tapete una realidad más que incómoda para quienes aspiran a recibir duros a cuatro pesetas: que los llamados halcones del norte (Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca) empiezan a afilar el colmillo de las condiciones que exigen para soltar la pasta de ese Fondo de Recuperación aprobado por la Comisión, y que el dinero que llegue a los alegres chicos del Club Med, con Italia y España a la cabeza, no va a ser nunca un regalo, no va a salir gratis, por mucho que se empeñe Sánchez y su claque mediática. El fracaso de la cumbre del viernes, nada con gaseosa, es un adelanto de la dura batalla que viene entre norte y sur, con Alemania como árbitro vitalmente interesado en seguir manteniendo con vida, incluso con respiración asistida, a esa Unión Europea convertida en su mejor mercado. La señora Merkel lo ha visto tan claro que ya advierte alarmada del riesgo de ruptura si los ricos y financieramente ortodoxos países del norte no practican la “solidaridad” con el sur.

El proyecto de Pedro & Pablo pende de ese hilo. Y todo lo que tenga que ocurrir en España en los próximos 18 meses, tanto en lo económico como en lo político, pasa por la solución de ese conflicto. También la continuidad de un Gobierno de coalición cuya suerte se va a jugar a corto plazo, probablemente en los seis que restan para completar este aciago 2020. En una España con el pulso más débil de su reciente historia, son cada día más las voces que apuntan a la necesidad de romper el nudo gordiano que nos mantiene cerca del abismo: la obligación moral de sacar a Pablo Iglesias y su Podemos del Gobierno. Para arreglar lo de España, por supuesto, pero también para dar salida a las aguas estancadas en Bruselas. Lo ha dicho el Partido Popular europeo (PPE) en Estrasburgo, al aludir a la necesidad de “evitar que el dinero se use para financiar proyectos ideológicos”, en clara referencia a Podemos y otros partidos de extrema izquierda de la Unión. Su contrapartida abría el domingo pasado la portada de La Razón, donde Mauricio Casals enviaba a Felipe González un misil en forma de recado recomendándole seguir callado so pena de que Pedro & Pablo le saquen a pasear el asunto de los GAL.

¿Cómo sacar a Pablo del Gobierno? La brecha abierta por la tímida intervención de Felipe promete ir agrandándose conforme vayan aflorando las contradicciones de un proyecto contra natura, cual es la alianza entre el viejo socialismo democrático del PSOE y el comunismo de Podemos. Por ejemplo, la decisión de Iglesias de apoyar el viernes en el Congreso la creación de esa comisión para investigar la implicación de González en la trama de los GAL. Que un presidente socialista consienta que su socio de Gobierno quiera poner contra las cuerdas, incluso penales, a otro ex presidente socialista debería ser piedra de escándalo bastante para que Sánchez mandara a su socio a escardar cebollinos rompiendo la coalición. En el Gobierno o en la oposición. En misa o repicando. Que Sánchez consienta viene a ratificar la identificación total existente entre ambos. Toman café los lunes, almuerzan los jueves y tiran de móvil varias veces al día. Difícil apreciar diferencias sustanciales hoy entre Podemos y el Partido Sanchista Obrero Español.

Algunos de los apoyos que la pareja ha tenido entre el mundo del gran dinero, capturados por el glamur de las nuevas religiones para idiotas de ambos sexos, han empezado, sin embargo, a bajarse del carro. El acuerdo alcanzado el 20 de mayo entre la coalición de Gobierno y EH Bildu para la derogación “íntegra” de la reforma laboral, luego torpedeado por la ministra Calviño, fue la piedra de escándalo que despertó de su sueño a banqueros y empresarios. Bombazo. Pedro había traspasado todas las líneas rojas y, además, lo había hecho sin avisar. La respuesta llegó en forma de editorial publicado en El País e inspirado por sus accionistas de referencia, Banco Santander y demás familia, a las 11 de la mañana del día siguiente: “La única manera en la que podría contener la hemorragia política provocada por el acuerdo en un contexto impropio y con un socio inadecuado es depurando responsabilidades. De no hacerlo con urgencia, será el propio presidente Sánchez el que se arriesgue a perder toda cobertura…” Más que un consejo, una orden. La “pérdida de cobertura” ha tardado apenas tres semanas en materializarse con la destitución de Sol Gallego-Díaz como directora del rotativo, y su sustitución por Javier Moreno, viejo conocido en esa plaza y hombre muy apreciado por Ana Botín.

El terremoto ha provocado alguna que otra réplica de menor intensidad, tal que el anuncio de “fusión” por absorción de un pequeño medio en Internet por otro grande, ambos de izquierda radical, con la intención de convertir la resultante, si tiempo y suerte acompañan, en el grupo editorial de referencia del Gobierno de coalición social comunista, con capacidad para sustituir a Prisa. Como argamasa del proyecto, José Miguel Contreras, ex consejero delegado de La Sexta, cofundador de Globomedia (su saneado patrimonio procede de la venta de su paquete en la productora), amigo personal de Zapatero y accionista de referencia de ambos medios, un tipo que siempre termina acudiendo al rescate de cualquier Gobierno socialista débil, antes ZP y ahora Sánchez. Ni Contreras ni Sánchez dan, con todo, por perdida la batalla de Prisa. La posibilidad de recuperar el poder perdido pasa por utilizar como trampolín al armenio Oughourlian (Amber Capital), vicepresidente y primer accionista de Prisa, uno de esos buitres financieros que denuncia Iglesias y que por uno de esos milagros que acontecen en la rúa se ha convertido en auténtico fan de Sánchez.

El pacto con Bildu como detonante
El pacto con Bildu, un error del que Sánchez se arrepentirá durante mucho tiempo, ha despertado también a una CEOE que esta semana se ha presentado en sociedad como la organización representativa de una clase empresarial madura y consciente de su responsabilidad en el momento más comprometido de nuestra reciente historia, con capacidad de decirle al Gobierno sin aspavientos lo que, en el marco de una economía de libre mercado y una democracia parlamentaria, un Ejecutivo puedo o no puede hacer so pena de colocarse en el lado oscuro de la libertad y el progreso. Las aguas comienzan a moverse, incluyo en los predios del viejo PSOE de Felipe González, hoy en las catacumbas, pero no muerto. En la sociedad civil también, como muestra el manifiesto (“Por un acuerdo de convivencia y de relanzamiento económico y social”) hecho público ayer por más de 60 entidades, reclamando el fin de la crispación y la vuelta al espíritu de consenso de la Transición.

Una convivencia que muchos temen pueda estar en riesgo a la vuelta del verano con la explosión del paro en la calle. El fin del estado de alarma va a permitirnos empezar a tomar dimensión del destrozo provocado por el parón de la economía. La ministra Calviño presumió el miércoles en el Congreso de que “más de un millón” de personas afectados por expedientes de regulación temporal (ERTE) han vuelto a su puesto de trabajo con el inicio de la “fase de recuperación”, pero se calló la voz pasiva del argumento: la constatación de que más de dos millones siguen en el dique seco de esas ayudas, situación que ya no se puede atribuir al confinamiento sino a la endeblez de la actividad, a una demanda que no se recupera y al hecho de que muchas empresas inviables que intentan camuflar su situación siguiendo en el dique seco de los ERTE. El Estado se ha gastado unos 21.400 millones durante las quince semanas que van del 14 de marzo al 30 de junio, y podría gastarse otros 9.000 millones más si aceptara alargar el esquema de los ERTE hasta el 30 de septiembre como reclaman patronal y sindicatos. Una auténtica sangría de dinero.

“Si conseguimos que los ERTE desemboquen en empleo en su inmensa mayoría nos evitaremos un período de crispación social muy peligroso en otoño, con las secuelas populistas que son de temer con un Gobierno como este”, señala un presidente del Ibex. El futuro de Pedro & Pablo va a depender de la gestión de la crisis, una cuestión que nos remite de nuevo a las ayudas de Bruselas que el Ejecutivo espera como agua de mayo y a su condicionalidad, datos esenciales a la hora de plantear la redacción de un proyecto de PGE para 2021. “La probabilidad de que Sánchez logre sacar adelante unos Presupuestos es alta”, añade la fuente, “lo que le pondría en franquía la legislatura. No veo ahora posibilidad de desestabilizar su Gobierno para dar paso a una nueva fase política. Hay que ir pensando en 2022. Mientras tanto, no deja de ser interesante que ellos lleven al manija de esta crisis durante los próximos 18 meses, porque si del ajuste que viene tuviera que encargarse la derecha el país estaría en llamas”.

La alternativa es que un Gobierno de centro derecha liberal sensato podría utilizar el chorro de millones que se esperan de Europa en transformar de arriba abajo este país, modernizando su economía y adaptándola a las nuevas tecnologías digitales, sin necesidad de abandonar en el arroyo a los más débiles. Se trataría de aprovechar ese dinero para invertir en futuro, un objetivo imposible de imaginar en quienes no han creado nunca un empleo ni ha pagado una nómina de su bolsillo. “Yo sigo llamándole con paciencia franciscana, como me consta hacen otros colegas”, asegura una segunda fuente del Ibex, “para hacerle entrar en razón, pero Pedro, un contrincante formidable y con recursos, es un tipo profundamente receloso, con el que es imposible establecer una línea de confianza porque, como buen psicópata, no se entrega, no empatiza, no tiende puentes, siempre en guardia ante cualquier cosa que pueda sonar a presión, seguramente porque va muy escocido desde que en el otoño de 2016 sus propios compañeros del PSOE lo echaron de Ferraz”.

Desalojar a los comunistas del Gobierno va a resultar tarea ardua y no precisamente por Pablo, sino por Pedro, porque ambos son casi la misma cosa. Hay sintonía personal, les une el rencor a todo lo que suene a derecha y aspiran a hacer “algo histórico” con España, un país cuyas perspectivas de libertad son hoy ciertamente oscuras. A Pedro le gusta más la compañía de Pablo que la de cualquiera de los ministros socialistas. Con un consejo de ministros de 23 personas imposible de manejar, el poder absoluto está en manos de un Sánchez que lo comparte, apenas troceado, con su secretario general, Félix Bolaños, y con el inevitable Iván Redondo. Y, naturalmente, con Pablo. Todo se jugará en el cuadrilátero de la gestión de la gran crisis. En la forma de vadear un caudal salido de madre, tarea para la que van a necesitar mucha ayuda. Dinero gratis y en grandes cantidades. Decidirá Bruselas.

100 días de alarma: una anomalía democrática para entronizar a Sánchez
Editorial EM 21  Junio 2020

El presidente del Gobierno ha aprovechado la lucha contra la pandemia para concentrar poderes especiales

España regresa hoy a la normalidad institucional después de 100 días con el estado de alarma en vigor. La perpetuación de este instrumento, que acarreó el confinamiento de la población y la hibernación de la producción y el consumo, es la consecuencia de la negligencia del Ejecutivo a la hora de afrontar la pandemia. Pedro Sánchez ha aprovechado esta anomalía democrática para entronizar su poder presidencial, restringir libertades básicas como la de circulación, escapar de la fiscalización parlamentaria -a la que solo aceptó someterse después de que se lo exigiera la oposición- e instalarse en una deriva iliberal de corte cesarista. De otra forma no puede calificarse el permanente intento de instrumentalizar las instituciones del Estado, extremo que se ha agravado bajo el subterfugio de la lucha contra el coronavirus. Sánchez ha concentrado más poderes que cualquiera de sus antecesores y ha impuesto una hipertrofia normativa, con más de 3.000 páginas de legislación publicadas en el BOE. Prueba del intervencionismo gubernamental es la aplicación de la Ley Mordaza, que PSOE y Podemos habían prometido derogar, o el hecho de convertir la lucha contra los bulos en una cuestión de Estado, hasta el punto que el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil reconoció en la sala de prensa de La Moncloa que el cuerpo estaba monitorizando las redes sociales para «minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno».

Las seis prórrogas del estado de alarma, que el Gobierno sacó adelante primero con el generoso apoyo del PP y después tras numerosas cesiones a sus socios separatistas -incluido un pacto vergonzoso con Bildu- es la constatación de la debilidad y la imprevisión del Ejecutivo. Tal como revelamos hoy, La Moncloa despreció los informes diarios elaborados desde enero en los que el Departamento de Seguridad Nacional advertía de la gravedad del nuevo virus. El Gobierno desoyó las alertas de la OMS, minusvaloró el riesgo del Covid-19 y no activó sistemas de detección precoz. A ello se suma la temeridad de autorizar aglomeraciones como la marcha del 8-M, anteponiendo la ideología a la gestión.

A lo largo de estos cien días ha quedado probada la insolvencia del Ejecutivo, la inoperancia del mando únicoy la calamidad del sistema de vigilancia epidemiológica, cuyo director, Fernando Simón, debe dimitir o ser cesado, al igual que Salvador Illa. España es el país con mayor mortalidad por cada millón de habitantes y el que tiene más sanitarios infectados. EL MUNDO publicó la fotografía de los féretros en el Palacio de Hielo de Madrid, una imagen que radiografía el intento de ocultar a miles de fallecidos. A pesar de su caótica gestión, Sánchez ha soslayado la autocrítica, se ha refugiado en una retórica bélica con interminables comparecencias televisivas y, aprovechando la desescalada, está alimentando un triunfalismo que no se compadece con los efectos sociales y económicos de la crisis. Ayer pidió «unidad» al PP. La apelación a alcanzar acuerdos de Estado es pertinente, pero no pasará de ser un ejercicio de hipocresía mientras el frente socialcomunista no abandone una hoja de ruta que, de la mano de populistas y secesionistas, persigue arrumbar el marco constitucional y la Monarquía en la que descansa la democracia de 1978.

Explicación de un silogismo perogrullesco
Si tú dices que tu padre fue del FRAP estás admitiendo que fue un terrorista
EDUARDO INDA okdiario 21  Junio 2020

Apenas he entrado en la polémica Pablo Iglesias-Cayetana Álvarez de Toledo o, mejor dicho, en el ataque de Iglesias a Cayetana y la legítima defensa en forma de respuesta de la portavoz parlamentaria del PP. Y cuando lo he hecho ha sido para defender a la política hispanoargentina que no fue sino la enésima víctima de una cochina agresión machista del tipo más misógino y cavernícola de cuantos pululan por la escena política patria. Me dan asco los que retrataron a la víctima como el victimario y al victimario como la víctima. Tanto como el silencio cómplice y no menos cobarde de las feministas de postín que ponen el grito en el cielo, y con razón, cuando a un dirigente de la derecha le sobreviene un tic falócrata pero callan cuando el neandertal es uno de los suyos.

Eso sí: Iglesias tiene barra libre. Ninguna de ellas osará ponerlo a parir porque el autodenominado macho alfa, en realidad un macho alfalfa, tiene derecho de pernada. Patente de corso. Ninguna levantó la voz cuando a través de OKDIARIO se conoció que había escrito en un chat del partido una frase propia del psicópata que es: “Azotaría a Mariló Montero hasta que sangrase”. Tampoco cuando dijo a Andrea Levy en sede parlamentaria que “se calentaba” con el diputado podemita Miguel Vila y le ofreció su despacho oficial para que “se entendiera con él”. Menos aún cuando espetó a una periodista que le había formulado una pregunta incómoda: “Bonito abrigo de pieles lleva usted”. Y volvieron a callar como muertas cuando el día de marras, el pasado 27 de mayo, se dirigió a Cayetana Álvarez de Toledo con un tan reiterado como vomitivo “señora marquesa”.

Tampoco ninguna de ellas, ni políticas, ni activistas, ni periodistas, ha dicho ni mu con otros actos machistoides que le hubieran costado la carrera a su protagonista si en lugar de ser el intocable Iglesias fuera un pepero, un dirigente de Ciudadanos o un gerifalte de Vox. Todas miraron hacia otro lado cuando colocó de número 2 del grupo parlamentario a Tania Sánchez y cuando luego la mandó al gallinero detrás de la columna cuando rompieron. No sé si en venganza porque ella le dejó o porque tira a las mujeres como vulgares kleenex cuando se cansa de ellas. Desde la primera a la última volvieron a silbar mirando al cielo, como si la cosa no fuera con ellas, cuando postergó a Iñigo Errejón para dar la portavocía a su nueva novia, Irene Montero. O como cuando obligó a Sánchez a nombrar ministra a su pareja, cargo para que el que carece de la más mínima preparación. Bueno, en este caso cabría hablar de machismo y nepotismo. Resulta obvio que la ministra de Igualdad está ahí por ser la compañera sentimental del macho alfalfa de Podemos, no por sus méritos, cosa que no podríamos decir por ejemplo de Margarita Robles, Nadia Calviño, Teresa Ribera, María Jesús Montero o Reyes Maroto, por poner algunos ejemplos.

Cayetana no es ninguna de esas feministas de pro. No necesita que le saque la cara nadie porque se defiende perfectamente ella solita, al punto que es más brillante de aquí a Sebastopol que el 99% de sus iguales, hombres o mujeres, en el Parlamento. La portavoz de la bancada popular se revolvió brillante, como es ella, con una frase para la historia tras los reiterados “señora marquesa” del macarra vicepresidente: ”Usted es el hijo de un terrorista, a esa aristocracia pertenece, a la del crimen político”. Toma ya, Pablito. Eso te pasa por listo. Cuando vas de matón por la vida siempre corres el riesgo de encontrarte con alguien más fuerte que tú, en este caso intelectualmente. Comparar el cerebro de Cayetana con el del político de los piños negros es lo mismo que cotejar el manejo del balón de Leo Messi con el de Clément Lenglet, central del Barça. Es, en resumidas cuentas, perder el tiempo.

Hay que recordar que el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) figura en la lista de bandas terroristas del Ministerio del Interior. Tan cierto es que duró muy poco, de 1971 a 1978, como que en su negro historial aparecen al menos cinco asesinatos, el de un guardia civil y cuatro policías. Algunos líderes del FRAP fueron condenados a muerte por la dictadura. Pero terrorista, lo que se dice terrorista, claro que fue una banda terrorista tipo GRAPO o ETA, aunque menos sanguinaria. Claro que los asesinatos ideológicos no se pueden medir como las manzanas de un mercado. No es una cuestión de quién segó más o menos vidas porque una sola muerte es reprobable hasta el infinito. Vamos, que no es un asunto cuantitativo, que también, sino básicamente cualitativo.

Luego le soltó la sarta de obviedades que nadie se atreve a poner encima de la mesa cuando debate con el fantasmón con chepa: “Es usted discípulo de los ayatolás de Irán y prohijado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”. La doctora por Oxford —Oxford no es Somosaguas—, que no se enojó en ningún momento, es más sonreía continuamente, prosiguió la tunda dialéctica al listillo oponente: “El terrorismo no le causa la repugnancia que le provoca a un demócrata porque usted es el caballo de Troya de la democracia”. Y lo remachó con otra perogrullada: “Usted es el embajador de ETA-Batasuna en el Gobierno”. Algo más allá de toda duda razonable porque quien ha conseguido el apoyo de esta gentuza a Pedro Sánchez ha sido él.

Ahora resulta que el padre del pájaro, Javier Iglesias, ha interpuesto una querella a Álvarez de Toledo. Le reclama 18.000 euros. Hay que tener un rostro más duro que el de los Picos de Europa para intentar empitonar judicialmente a alguien por una cuestión cierta más allá de toda duda razonable. No sólo José Bono, abogado de papá Iglesias en la época del FRAP, ha admitido que su patrocinado militó en la banda sino que el propio niño Iglesias lo ha admitido con orgullo —manda huevos— en varias ocasiones. Hay un tuit del sujeto de agosto de 2013 que lo puede decir más alto pero no más claro:

—Basta. Vuelvo a Harvey. Os dejo una canción que me cantaba mi padre frapero de peque. Besos y piolets pezqueñines—.

Esta miniparrafada contiene una admisión, la de que su padre fue activista del FRAP, y una nueva apología de la violencia. Cabe recordar que Ramón Mercader asesinó a Leon Trotsky en México por orden de Stalin con un piolet.

Moraleja: si tú admites que tu padre militó en el FRAP, estás reconociendo urbi et orbi que perteneció a una banda terrorista y sobra decir que los integrantes de una organización criminal así son eso, terroristas. Tengan o no delitos de sangre sobre sus espaldas, que no es el caso del querellante. Hay decenas de etarras que están en prisión sin haber asesinado, secuestrado o torturado a nadie. Simple y llanamente, por un delito que se denomina “pertenencia a organización terrorista” y que figura tipificado en el artículo 572 del Código Penal. Por si fuera poco, el diccionario es taxativo a la hora de definir qué es un terrorista:

1.-Que practica actos de terrorismo.
2.-Perteneciente o relativo al terrorismo.
3.-Que practica el terrorismo o lo defiende.

No está bien mentar a los padres ni en la vida en general ni en la política en particular. Pero antes que Cayetana lo hizo Iglesias aludiendo al título que la portavoz del PP recibió de su progenitor. Como ella misma señaló desde la tribuna: “Los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que hacen nuestros hijos”. Pero cuando tú agredes has de estar preparado para que te respondan proporcionalmente, cosa que tan legítima como brillantemente hizo Álvarez de Toledo. A Pablo Iglesias le molan las bandas terroristas. De ahí sus loas a ETA. Aseguró en una herriko taberna que “fue la única que se dio cuenta que la Constitución no instauró la democracia” y defendió en una conferencia en Nueva Economía Fórum que “su violencia tiene explicaciones políticas”. Por no hablar de su cuate Monedero, que manifestó en una tertulia que “viendo el grado de represión que había en el País Vasco uno puede llegar a entender la violencia de ETA”. El círculo se cierra con otros dos hechos incontrovertibles: le engrasó económicamente un régimen, el iraní, que está incluido en la lista negra de financiación de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de EEUU, y le ha regado con millones y más millones una tiranía que ha sido descrita por el mismo Gobierno estadounidense como “narcoterrorista”. Cuestión de genes.


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