AGLI Recortes de Prensa   Lunes 22  Junio  2020

Alarma permanente ante el Gobierno de los 40.000 muertos
EDITORIAL Libertad Digital 22  Junio 2020

Los españoles han recuperado sus derechos después de 100 días de estado de alarma, régimen de excepción que ha prolongado injustificablemente el Gobierno social-comunista para evitar la debida fiscalización de su desastrosa gestión de la pandemia del coronavirus.

Hasta seis veces prorrogó Pedro Sánchez el estado de alarma, que le ha conferido unos poderes sin parangón desde la instauración de la democracia. Gracias a esa situación anómala, la coalición social-comunista ha despojado a la población de sus derechos esenciales, legislado sin contar con el Parlamento e impuesto impunemente aberraciones como la persecución policial de las opiniones contrarias al Gobierno.

Los social-comunistas pretenden que todo ha pasado y que el país ha recuperado la normalidad. Más aún, con gran infamia, Sánchez se presenta como el salvador de medio millón de vidas gracias a su gestión, cuando la realidad es que el fanatismo y la incompetencia de su Gobierno son tremendamente responsables de que el coronavirus se haya cobrado en España la vida de decenas de miles de personas.

El confinamiento abusivo y liberticida y la paralización de la actividad económica han producido una descomunal caída del PIB y del empleo, que se va a traducir en una crisis de consecuencias devastadoras para incontables familias y en una disrupción colosal del tejido productivo.

El panorama dista mucho de ser tranquilizador, como pretenden los social-comunistas y sus palanganeros mediáticos, que están escribiendo páginas de oprobio en la historia del periodismo.

La gravedad de la situación hace imprescindible que la oposición ejerza con mayor tesón su labor de control al Gobierno. Con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a los mandos por obra y gracia de golpistas y proterroristas, los defensores del orden constitucional no pueden bajar la guardia, han de seguir en estado de alarma. Están en juego la seguridad, la prosperidad y aun la continuidad de la Nación y de su Estado de Derecho.

El lastre de la deuda y la llamada de atención de la AIReF al Gobierno
José María Rotellar Libertad Digital 22  Junio 2020

La AIReF y el Banco de España han pedido que se retorne rápidamente hacia una ortodoxia presupuestaria.

Sánchez no sabe gobernar -entendido como detentar el poder, no de gestionar, que a la vista está que no gestiona- si no es gastando lo que tiene y lo que no tiene, es decir, en este último caso, incurriendo en déficit y, por tanto, engordando la deuda pública que habremos de pagar en el futuro todos los españoles, legando una losa enorme a las generaciones futuras.

No se trata de que en estos momentos Sánchez haya interrumpido la disciplina presupuestaria debido a la crisis derivada del coronavirus. No, porque Sánchez, desde que llegó, no ha hecho otra cosa que incrementar una y otra vez el déficit sobre el objetivo fijado y aumentar, así, la deuda. De hecho, el déficit de 2019 lo elevó desde el 1,3% al que se había comprometido Rajoy al 2,82% con el que ha cerrado.

Eso son 18.273 millones de euros más de déficit y deuda que los que habría tenido de haber cumplido con el 1,3% el año pasado. Entonces no había crisis derivada del coronavirus, pero sí que hubo lo que el Gobierno llamó "viernes sociales", que incrementaron el gasto en casi 10.000 millones de euros con carácter previo a las elecciones de abril de 2019. Por tanto, el gusto de Sánchez por endeudar a los españoles es estructural, no coyuntural.

Siempre hemos dicho que aumentar el déficit y la deuda constituía un tremendo error, nocivo para la economía española y una señal muy mala para los mercados, al dar la sensación de que España no puede reducir su desequilibrio presupuestario o, lo que es peor, que el Gobierno no quiere, ya que no hace nada para reducirlo. Es más, si puede, anuncia medidas que lo incrementarán.

Y que era un error porque más déficit implica un mayor endeudamiento cada año, deuda que hemos de pagar entre todos los españoles y que se desliza, inmoralmente, a las generaciones futuras, a las que se deja atadas de pies y manos para que asuman los quebrantos de generaciones anteriores, que por no gestionar convenientemente les legaron una losa de endeudamiento de unas dimensiones preocupantes.

Por desgracia, muchos políticos, de cualquier ideología, tratan con naturalidad el hecho de que, ejercicio tras ejercicio, incurramos en déficit e incrementemos, así, la deuda. En la segunda mitad del siglo XX era común que, al estudiar Macroeconomía, así como Hacienda Pública o Política Fiscal, en la universidad se hablase directamente de déficit presupuestario en lugar de referirse al saldo presupuestario (que puede cerrar en superávit, equilibrio o déficit); tal era la costumbre de vivir con ese desequilibrio negativo. Posteriormente, sólo durante un período breve de tiempo -desde el establecimiento de los objetivos de convergencia para entrar en la moneda única europea hasta la modificación del protocolo de déficit público excesivo en 2005- vimos defender en algunas ocasiones lo contrario. La disciplina europea fue importante para ello y en España, con el profesor Barea a la cabeza, había por primera vez un Gobierno -el del presidente Aznar- que se tomaba como un objetivo la reducción del gasto, la consecución del equilibrio presupuestario y, con ello, la disminución del endeudamiento. Después, -cuando los incumplimientos de Francia y Alemania hicieron relajar equivocadamente, en el citado 2005, las actuaciones cuando se entraba en el protocolo de déficit público excesivo-, volvió el déficit y, lo que es peor, se perdió la disciplina presupuestaria de manera estructural, dando por bueno el que las cuentas públicas cerrasen siempre con saldo negativo.

La deuda aumenta en 340 millones cada día
Y ahora Sánchez sigue igual. Lo vimos con los datos de marzo y ahora que se han publicado los datos de abril sobre la deuda de las administraciones públicas españolas, siguen por el mismo sendero: ha experimentado un fuerte incremento, ni más ni menos que de 10.533 millones de euros en el mes de abril, que hace que desde que Sánchez llegó al Gobierno la deuda se haya incrementado en 77.357 millones de euros.

Así, desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 110,5 millones de euros al día, hecho que se intensifica en el último mes, con un aumento diario de la deuda en abril de 340 millones de euros.

La AIReF deja al descubierto a Sánchez
Ante este panorama, la AIReF y el Banco de España ya pidieron hace unas semanas que, tras el esfuerzo fiscal coyuntural en 2020, se retorne rápidamente hacia una ortodoxia presupuestaria que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y la sostenibilidad de la deuda en el medio y largo plazo.

Por eso, ambos criticaron veladamente la actualización del programa de estabilidad enviado por el Gobierno el treinta de abril. Al analizar aquellos datos se veían inconsistencias, como que el gasto, que sube muchísimo, no subiese todavía más, por dos motivos: un mayor número de parados al previsto por el Gobierno, que dejaba la tasa de paro en el 19% en 2020 y en el 17,2% en 2021, y por el efecto de la renta mínima permanente que están introduciendo, cuyo coste estiman en 3.000 millones, pero que podría llegar a los 17.000 millones de euros anuales, según se puede estimar desde la cifra que en junio de 2019 publicó Escrivá cuando presidía dicho organismo.

Paralelamente, no se sostenía que estimasen una caída de ingresos del 5,3% cuando la actividad económica va a retroceder un 9,2%. La caída de recaudación del tributo que proporciona mayor recaudación, que es el IRPF, la cifraban en poco más del 2%. Por mucho que la liquidación de la campaña de renta de 2019 suavice la cifra, es inconsistente con la caída del PIB prevista para 2020.

Así, después la AIReF emitió un informe en el que deja al Gobierno al descubierto en sus inconsistencias, contemplando dos escenarios: uno sin que sea necesario volver a encerrar un mes más a la población por un rebrote duro del virus en otoño (escenario 1) y otro en el que haya que añadir un mes de encierro en septiembre de producirse el mencionado rebrote abrupto.

En la evolución del PIB, la AIReF contempla que en 2020 el PIB caerá entre el 8,9% y el 11,7%, con un crecimiento en 2021 de entre el 4,6% y el 5,8%. Por su parte, el Gobierno estima una caída del 9,2% en 2020 y una subida del 6,8% en 2021. Es decir, la AIReF, en el mejor de los casos, contempla una caída en 2020 similar a la del Gobierno, pero en su escenario más duro contempla una recesión dos puntos y medio superior a la cifra del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la AIReF no espera un rebote tan importante, limitando al 5,8% el crecimiento de 2021 en el mejor de los casos, un punto menos que la del Gobierno, que en el escenario 1 de la AIReF llega a ser 2,2 puntos inferior.

También estimaba la evolución del saldo presupuestario, que incrementan. De esa manera, frente al 10,34% de déficit que calcula el Gobierno para 2020, la AIReF cree que se moverá entre el 10,9% y el 13,8%. Para 2021, la AIReF contempla que seguirá muy elevado, de manera que muestra que gran parte del gasto será estructural y permanecerá, con efecto importante de los estabilizadores automáticos, que implican que no se reducirá tanto el desempleo y que la recuperación no será tan vigorosa (más gasto y menos ingresos, respectivamente). El déficit para el año que viene lo estima entre el 7,5% y el 9,4%. El Gobierno envió su documento sin estimación para 2021.

Eso revierte en un crecimiento exponencial de la deuda, que en 2020 la AIReF cifra entre el 115% y el 122% frente al 115,5% del Gobierno. Para 2021, la AIReF la sitúa creciendo: entre el 117% y el 124%, que denota que se ancla parte del gasto como estructural, tal y como ya anticipaba en sus estimaciones del déficit. El Gobierno tampoco envió a Bruselas estimaciones de deuda para 2021. Estamos hablando de una deuda que puede ser 72.769 millones de euros mayor que la que prevé el Ejecutivo en 2020. Es más, la AIReF ha dejado caer que podría incrementarse uno o dos puntos más en 2020 sobre su peor estimación.

Ante este escenario, hace unos días la AIReF insistió en que se requiere un plan para fortalecer la estructura económica española y evitar que la deuda de esta crisis se traslade totalmente a las generaciones futuras. Por eso, ha dicho que ese plan tiene que diseñarse ya y que la incertidumbre no puede ser una excusa que lo aplace.

En definitiva, la AIReF vuelve a dejar al descubierto a Sánchez y sus estimaciones, que son extremadamente optimistas y, en muchos casos, inconsistentes, que nos está llevando a un incremento importante de la deuda pública, que es un elemento perjudicial para la salud de nuestra economía.

Moncloa pasa de controlarlo todo a desentenderse del virus casi por completo
ESdiario 22  Junio 2020

Sin dar las respuestas necesarias a las preguntas más básicas sobre su gestión, el Gobierno se desentiende de la pandemia y arroja toda la responsabilidad a las regiones.

España entera recupera hoy la “nueva normalidad”, ese concepto que ha acuñado el Gobierno para, básicamente, ceder a las Comunidades Autónomas toda la responsabilidad y, llegado el caso, toda la culpa de eventuales rebrotes que nadie es capaz de calibrar.

Hace apenas un mes no podíamos casi ni pisar la calle, el Estado de Alarma eterno era imprescindible y el Gobierno necesitaba dotarse de poderes extraordinarios y totales para atender una emergencia, asumida con negligente retraso, que de repente puede ser gestionada por las regiones.

Ahora, de un día para otro, el Gobierno casi desaparece y se convierte en una especie de testigo pasivo que da consejos y poco más pero se guarda una "bala de plata" para intervenir cuando lo considere oportuno.

Cada Comunidad decidirá desde ahora qué se hace con las piscinas, con las discotecas, con los hoteles, con los bares con los parques y con la vida en general, dejando una duda en el aire: ¿No era necesario entonces el Estado de Alarma más prolongado del mundo para proteger la salud pública? ¿O lo era y ahora, por temor a las consecuencias económicas o a la resaca política de una mala gestión, se comete otra irresponsabilidad cediendo el testigo a las regiones?

La “nueva normalidad” es, sobre todo, una gran incógnita que comienza con una inaceptable laguna sobre buena parte de lo ocurrido hasta ahora: desconocemos qué probabilidad de rebrote existe; cuántas víctimas mortales reales hay; cuántos ciudadanos están contagiados o cuántos se han sometido a un test.

Sánchez defiende sus mentiras en un "Aló presidente" sin preguntas
Por no saber, ni sabemos qué ha pasado exactamente en España para que la mortalidad sea la más elevada del mundo, cuanto se confirmen todos los fallecidos. Que después de un confinamiento tan prolongado las preguntas sean más numerosas que las respuestas lo dice todo de la eficacia y la transparencia de un Gobierno nefasto al que casi nadie, fuera de España, concede credibilidad.

Por mucho que aquí haya logrado crear una burbuja ante la opinión pública para simular que, donde hubo incompetencia y hay opacidad; hay en realidad diligencia y buenos resultados. Es de esperar que la verdad finalmente se imponga, aunque parece cada día más complicado.

Los bancos centrales como socializadores de pérdidas
Juan Ramón Rallo elconfidencial 22  Junio 2020

Aunque en economía es habitual distinguir entre política monetaria y política fiscal, lo cierto es que en un régimen de moneda fiat la frontera entre ambas es prácticamente inexistente. A la postre, la moneda fiat no es más que un pasivo del Estado, de modo que los incrementos de la masa monetaria por parte del banco central tienen incuestionables implicaciones fiscales y, a su vez, los aumentos del endeudamiento estatal tienen incuestionables implicaciones monetarias. En este sentido, si la moneda fiat es un pasivo del Estado, su valor no vendrá esencialmente determinado por la cantidad de unidades de la misma, sino por la solvencia de su emisor: y aunque en esa solvencia pueda influir el monto total de pasivos emitidos, también lo hará el volumen de activos a disposición del deudor (recordemos que el patrimonio neto de cualquier agente económico es la diferencia entre sus activos y sus pasivos).

La anterior observación acaso nos ayude a comprender por qué, a pesar del muy sustancial incremento de la “oferta monetaria” experimentado durante la última década (y muy en especial durante las últimas semanas), no ha habido inflación: los Quantitative Easing practicados por los bancos centrales no se limitan a imprimir moneda fiat sin contrapartida alguna, sino a imprimir moneda fiat para comprar activos financieros (de manera que, aunque aumentan los pasivos del Estado, también lo hacen sus activos); asimismo, si por diversas razones (como la búsqueda de un “activo libre de riesgo” que proteja el patrimonio personal en tiempos de tribulación), se incrementa la demanda general por deuda estatal entre los agentes del sector privado, entonces también habrá un mayor apetito por la moneda fiat, esto es, por una de esas deudas estatales (no otra cosa es la célebre “demanda de dinero con motivo de precaución”).

Ahora bien, la extrema proximidad entre la política monetaria y la política fiscal también debería ayudarnos a comprender mejor cuáles están siendo las implicaciones reales de las últimas decisiones de política monetaria que hemos tenido ocasión de presenciar.

Por un lado, cuando el Banco Central Europeo adquiere enormes cantidades de títulos de deuda pública nacional, lo que está haciendo es socializar la solvencia del conjunto de países de la Eurozona: si el euro es, en el fondo, un eurobono (una deuda solidaria de todos los Estados de la Eurozona), intercambiar euros por —por ejemplo— bonos emitidos por el Tesoro español supone intercambiar en los mercados financieros un pasivo de calidad dudosa (deuda española) por un pasivo de calidad alta (euros). O dicho de otra manera, la política monetaria del BCE equivale a efectos prácticos a la política fiscal de la Comisión Europea con su fondo de reconstrucción (solo que con menor condicionalidad al menos explícita). Éste fue, de hecho, el mensaje de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán en contra del Quantitative Easing del BCE.

Por otro lado, cuando la Reserva Federal estadounidense anuncia que comenzará a comprar bonos corporativos en el mercado secundario, lo que está haciendo es algo muy parecido a lo que hace BCE con la deuda pública nacional: intercambiar dentro del mercado un pasivo malo (la deuda de empresas no necesariamente solventes) por un pasivo de calidad alta (dólares). Expresado de otra forma: la política monetaria de la Reserva Federal equivale a efectos prácticos a una política fiscal del Gobierno estadounidense consistente en otorgar muy amplios avales a determinadas empresas (en concreto, a aquéllas cuyos bonos son adquiridos por la Fed).

En ambos casos, pues, la política monetaria se está utilizando para desarrollar una función típica de la política fiscal: socializar pérdidas (cobrarle impuestos al que genera valor para cubrir los gastos de quien lo destruye). Y si semejante socialización de pérdidas resulta difícilmente defendible entre los contribuyentes de distintos Estados (no parece demasiado razonable que el contribuyente finés sea parasitado sin su consentimiento para cubrir los gastos que desea efectuar, pero no pagar, el contribuyente italiano), resulta del todo intolerable entre empresarios.

Que el Gobierno estadounidense esté otorgando, a través de la Fed, un aval generalizado a los pasivos de las grandes empresas nacionales es lo mismo que abortar la economía de mercado. La clave del exitoso funcionamiento del capitalismo reside en que aquellos agentes económicos que agregan acertadamente la información dispersa en el mercado para lograr satisfacer del mejor modo conocido las necesidades de los consumidores cosecharán beneficios que, a su vez, podrán reinvertir en generar nuevo valor; pero, simétricamente, aquellos agentes económicos que no agregan adecuadamente la información dispersa en el mercado y que no satisfacen eficientemente las necesidades de los consumidores deben experimentar pérdidas que terminen empujándolo a reestructurarse o, incluso, expulsándolos del mercado. Sin la posibilidad de bancarrota, los malos modelos de negocio se perpetúan y, en consecuencia, los nuevos buenos modelos de negocio no llegan a emerger: sin bancarrotas, la economía se zombifica. Un aval del gobierno a todas las empresas existentes equivaldría a perpetuar lo existente más allá del resultado de las dinámicas competitivas: sería una permanente socialización de pérdidas. No sería capitalismo, sino un socialismo para las élites. Los programas monetarios extraordinarios de los bancos centrales, que son sólo política fiscal no tutelado por el parlamento, han de terminar ya.

Una legítima búsqueda de Justicia
Editorial larazon 22  Junio 2020

El Gobierno ha acelerado sus últimos pasos en la pandemia hasta que ha hecho cundir la sensación de desenlace atropellado del estado de alarma que ha condicionado la vida y las libertades de los españoles durante cien días. De repente, la «nueva normalidad» ha llegado para imponer una suerte de carpetazo cuando no un borrón y cuenta nueva con todo lo acontecido en estos últimos tres meses. Se ha cerrado el libro de la autoridad competente y el mando único con la tinta aún fresca y con aparentes ganas de abrir otro volumen. Los mensajes de La Moncloa se han condensado en una vista al frente desde la unidad y la lealtad en lo político, el plano en el que tienen que resolverse las disputas y las controversias.

En los últimos días la eficiente propaganda de la bicefalia gobernante ha lanzado sobre el tapete del pulso partidista y parlamentario el término «lawfare» en su pretensión de desactivar y tergiversar cualquier iniciativa en los tribunales contra el Ejecutivo por las múltiples aristas de su nefasta gestión sanitaria. «Lawfare» se refiere a lo que sus censores de última hora atribuyen como una práctica abusiva y bastarda de los procedimientos judiciales con el propósito de provocar el desgaste popular contra un oponente. La meta no es cuestionar la legalidad de la actuación, sino desacreditarla en el fondo y en la forma, así como a su promotor. El Gobierno y sus terminales han tirado de esa munición en la reciente instrucción del 8-M. Hay un propósito indisimulado de condicionar las investigaciones y el criterio de los togados al convertirlos en sujetos de una presunta estrategia política. Obviamente, Sánchez es muy consciente de lo que se le viene encima en los tribunales en las próximas semanas y meses y no vacila en disponer todas las trabas posibles a que se conjugue una verdad judicial adversa con repercusiones inimaginables de todo orden. En ese orden de cosas, hay, por supuesto, que contemplar la indecorosa utilización de la Abogacía del Estado como un instrumento más al servicio de las consignas e intereses de los partidos que ocupan el poder en una desvirtuación grosera de su naturaleza y propósito. También, claro, de la Fiscalía General de Estado, con la exministra Delgado, de lealtad reconocida y una convencida de esa deformidad que es el uso alternativo del Derecho.

Pero, se quiera o no –algunos de los asistentes al Consejo de Ministros se sienten más cómodos que otros con la democracia–, este país ha sufrido lo indecible con una enfermedad que ha provocado alrededor de 50.000 muertos, decenas de miles de profesionales sanitarios infectados, cientos de miles de contagiados y pérdidas económicas devastadoras. Y todo ello bajo la responsabilidad única y exclusiva del presidente y su gabinete que se arrogaron para sí ese poder absoluto acomodado en un estado de emergencia que fue en la práctica uno de excepción. Es la suya la gestión más contestada por sus gobernados del mundo como parece lo más sensato cuando España encabeza la nómina de los países con más fallecidos por millón de habitantes del planeta. Que en un régimen de libertades los ciudadanos, colectivos y entidades persigan la justicia en los órganos jurisdiccionales es lo aconsejable y lo sensato. El Gobierno tiene ya un frente judicial abierto con 43 denuncias y querellas solo en el Tribunal Supremo, según adelanta hoy LA RAZÓN. De ellas, la mayoría está dirigida contra Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska por delitos que abarcan la imprudencia grave con resultado de muerte, prevaricación administrativa y delitos contra los trabajadores, relacionado con la falta de medios. Obviamente, la presunción de inocencia los ampara a todos y está por ver el recorrido y el alcance de estas acciones penales. Otra cosa es que la amenaza del banquillo sea cierta. Tanta como el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a exigir reparaciones a los posibles culpables.

Debate sobre el Estado de la Nación
Carlos Espinosa de los Monteros ABC 22  Junio 2020

Pese a la afición a los sermones del presidente del Gobierno, parece que Sánchez rehuirá (por tercer año consecutivo) la celebración del Debate sobre el estado de la Nación. Ello no impide responder con dos palabras a la pregunta de cuál es el estado en que se encuentra actualmente la Nación: muy grave.

Vivimos una enorme crisis política, social y sanitaria en medio de la mayor crisis económica de la historia de España en tiempos de paz. Con derrumbe del PIB; déficit sin precedentes; deuda pública a unos niveles jamás alcanzados; desplome de los ingresos públicos con gastos desbocados, y más de cinco millones de parados.

Mientras, los mensajes que se envían a la ciudadanía a través de una propaganda ilimitada es que «unidos vamos a salir de esta», «vamos a salir más fuertes» y «nadie se quedará atrás» a la vez que se tergiversan hechos, datos y cifras por unos dirigentes que han hecho de la confrontación, la mentira y el engaño su habitual bandera.

Cuando más necesarios serían unos tripulantes expertos para mantener el rumbo adecuado en mitad de la tempestad, menos vemos a nuestro alrededor a personas serias, rigurosas, conocedores de lo que se traen entre manos. Lo que tenemos son inexpertos advenedizos capaces de destruir cuanto tocan, como ese vicepresidente de segunda, último comunista europeo, que impulsado por el odio y el resentimiento, tiene agarrado por alguna parte sensible de su cuerpo a su jefe y socio al que marca el camino y la velocidad.

La peculiar forma de «gobernar» consiste en no admitir ninguno de los casi infinitos errores cometidos, algunos de gran trascendencia. Así, lo que la furibunda ecologista ha dicho hace unos días, se tapa con la lamentable actuación de Ábalos, que al día siguiente tapa lo de Calvo del día anterior, que sirve para tapar lo de Marlaska, que escondía la impericia de la ministra de Exteriores... Todo ello aderezado por los disparates de los podemitas. Intervenciones lamentables que unos días producen indignación, otros chanza y casi siempre, vergüenza ajena y daño pertinaz a la imagen de España, con el riesgo, ya realidad en algunos casos, de ahuyentar empresas, capitales y turistas que tanto necesitamos para nuestra recuperación.

Nadie del Gobierno ha explicado a los españoles que ya son más pobres que cuando empezaba 2020. Que la crisis se ha llevado en este primer semestre la mitad de todo lo que produce España en medio año y que otro tanto ocurrirá con gran probabilidad en la segunda mitad del año. De las crisis profundas no se sale ni fácilmente ni pronto. Y no se sale si no hay un acertado diagnóstico y un adecuado tratamiento en los objetivos y en los plazos, y sin mucho, mucho trabajo. No se sale prometiendo a todos todo gratis (sin darlo) sino utilizando los recursos que son de los contribuyentes para ayudar a los que podrían sacar sus negocios adelante y siendo muy riguroso y exigente con las ayudas coyunturales que deben prestarse a los más necesitados.

Cuando un país está en una situación de debilidad como en la que nos encontramos, como si de una casa se tratase, hay que empezar por fortalecer sus fundamentos y estos no son otros que su armazón institucional. En España, el largo camino de libertad, paz y progreso que hemos recorrido juntos desde 1975 no cayó del cielo. Se basó en la implantación y desarrollo de nuestras instituciones democráticas y constitucionales garantizadas por una Monarquía parlamentaria que hizo que la Corona con su función de moderación, neutralidad y arbitraje haya ejercido de garante de nuestras libertades.

No se puede tolerar ni mucho menos alentar, el descrédito de la Jefatura del Estado y de quién la representa por parte de algunos con responsabilidades y sueldos públicos, ni aceptar el descrédito de la Justicia, ni de aquellas instituciones que se encargan de defender el imperio y el respeto de la ley, ni atentar contra la Iglesia.

En el terreno económico, España como otros países que ya lo han hecho debe definir un plan de acción 2020-2023 que tras el necesario diagnóstico determine los objetivos del mismo y el control de su ejecución. ¿Quién debe formular ese plan? Otros países han escogido a los más expertos y capaces especialistas. Aquí hemos optado por lo que resulta menos útil y eficaz: crear una comisión (de «solo» cincuenta políticos), método que se utiliza con frecuencia cuando no se quiere abordar y resolver un problema. Si de verdad los políticos quieren solucionar la cuestión, deberían apartarse y contratar a los mejores expertos del mercado. Los políticos pueden quedarse con los temas esenciales para ellos como son la emergencia climática, el feminismo fuera de control, la memoria histórica y similares. Aparte de detraer recursos y tiempo, producen antagonismos y crispación.

España pese a todo, saldrá adelante, gracias al generoso apoyo financiero de Europa, sin el cual resultaría imposible. Para recibir esa ayuda, deberemos cuanto antes optar por el camino de la ortodoxia frente al de la demagogia bolivariana que conduciría al desastre. Cuando nos libremos los españoles de la nefasta influencia comunista, por favor que al salir cierren la puerta…¡y que no vuelvan!
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Carlos Espinosa de los Monteros es Técnico Comercial y Economista del Estado

La democracia, ¿para qué?
Pedro de Tena Libertad Digital 22  Junio 2020

La reflexión se inició este sábado mientras formaba parte de una manada metálica de coches que marchábamos en caravana desde Sevilla a las diferentes playas y localidades gaditanas. Acabamos de sufrir una pandemia que, aunque no ha sido de las más graves de nuestra historia, ha causado miles de muertos, sin que un Gobierno que se dice democrático sepa precisar cuántos y por qué. Se dice que se prefiere la democracia a la dictadura por su alto nivel de transparencia, por la libertad de la expresión, por la justicia en la distribución de las oportunidades, por la independencia de los tribunales, por la veracidad de la información y porque las decisiones importantes son tomadas por mayoría. Pero ¿hablamos en serio? ¿Hay algo de todo ello que se cumpla realmente?

Camino de la patria chica de Juan de Quirós, que enseñó poesía a Arias Montano, de Ángel García López, de José María Ruiz Mateos y de Felipe Benítez Reyes, el primer chispazo me lo proporcionó mi hermana, enfermera en un hospital jerezano, que lleva cuatro meses largos bregando contra el coronavirus y está perpleja ante la rebelión de las masas que llenan las playas sin mascarillas ni distancias y ha decidido ya que cualquier tiempo pasado fue peor. En efecto, la razón parece ser que nadie cree las cifras de un Gobierno que dice una cosa y la contraria, se calla lo que quiere y tortura los datos en la cámara de Moncloa. Ante la sospecha de un engaño general, viva la Pepa y que salga el sol por Antequera.

Además de esto, te viene a la cabeza la aristocracia partidista que suplanta a los ciudadanos e impone una supuesta voluntad general que no se fragua en la conciencia libre de quienes componemos la nación española, sino que se finge en los gabinetes elitistas donde sólo entran los elegidos por los partidos. Entre las urnas y las decisiones finales, la distancia es tal que en realidad da lo mismo votar que no votar. No podemos elegir a quien queremos que nos represente, ni podemos hacer cumplir lo que se nos promete ni podemos esperar que haya jueces garantes de nuestra igualdad ante la ley.

Esta neo-aristocracia, que se agrupa en varias castas privilegiadas y hereditarias llamadas partidos, carece del más mínimo código caballeresco de conducta. No hay honor, no hay lealtad, no hay verdad, no hay respeto por el estado llano, sino afán de poder interno y externo, para imponernos nuevos códigos de conducta –casi siempre ajenos a nuestra tradición, creencias y deseos– y cargarnos de impuestos sin miramiento ni ponderación, con el fin de manejar unos dineros que salen fundamentalmente de las clases no privilegiadas, esto es, de las medias y bajas, que trabajan todos los días en producir o servir las cosas de utilidad para la vida. Lo de prepararnos y seguir construyendo la continuidad de España en mejores condiciones no se atiende. Es que ni siquiera se respeta nuestro derecho a la continuidad. Votamos a unos partidos y luego resulta que mandan otros, minúsculos, de sátrapas e incluso amigos de asesinos, que no creen en nosotros como nación ni en libertad alguna.

¿Recuerdan ustedes algún proyecto elevado de mejora colectiva, de ilusión compartida, de metas nobles, de defensa de los intereses de la gente real? Lo que hay son bandas y comportamientos corleonescos, además de broncas tabernarias sin respeto alguno por nada.

¿Para qué una democracia que se parece cada vez más a una dictadura en cuanto a transparencia, veracidad, justicia imparcial, libertad de expresión (la censura crece como la mentira), coherencia moral y capacidad de control del futuro común? Cada uno de nosotros, individualmente considerados porque no se nos puede considerar de otra manera, importamos un comino a estas castas. Han ocupado el Estado y nuestros dineros y esto es lo que hay.

Entonces, democracia, ¿para qué? Ya estamos en condiciones de hacernos esa pregunta. Y por ello, la democracia, la auténtica, la liberal, está en peligro cierto.

Decae la alarma, queda la propaganda
Editorial ABC 22  Junio 2020

El barómetro que hoy publica ABC cierra la serie con la que GAD3 ha tomado el pulso a la opinión pública desde la declaración del estado de alarma, a mediados del pasado marzo. El fin de la excepcionalidad decretada por el Gobierno abre una nueva etapa definida por la incertidumbre sobre la evolución doméstica de la pandemia, la profundidad de la herida económica causada por la parálisis comercial y, no menos relevante, la actitud del Ejecutivo ante un desafío que en estos últimos tres meses ha tratado de afrontar con una sobredosis de propaganda, de opacidad y de tergiversación de los datos. No se puede abordar el análisis integral de esta crisis sin situar en primer plano el esfuerzo realizado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para manipular una realidad en la que ni siquiera ha respetado la estadística oficial del número de fallecidos, en la que aún tiene pendiente la «ubicación» de más de 13.000 víctimas. En este sentido, el decaimiento del estado de alarma no va a representar ningún cambio en la política de comunicación de un Gobierno que incluso antes de este periodo excepcional había tratado de ocultar la naturaleza y los fines políticos de los pactos que le permiten sobrevivir y de las iniciativas legislativas con que enmascara su dependencia del extremismo, el mismo del que renegaba antes de contratar sus servicios y sus votos. Nacido de una mentira, el Ejecutivo de Sánchez lo basa todo en el encubrimiento. Los muertos no se cuentan, la pobreza es el motor de la solidaridad progresista para que nadie se quede atrás y las ayudas europeas van a ser el comienzo de una nueva era en la que no habrá ajustes ni reformas. Cuestionar estas verdades absolutas es un inequívoco síntoma de fascismo.

El último barómetro de GAD3 revela, sin embargo, los límites de una campaña de confusión que solo ha logrado su objetivo de forma parcial. Hay una mayoría que aún considera, como pretende el equipo de Sánchez, que la gestión de la crisis del Covid ha sido en España muy similar a la de otros gobiernos, pero la desconfianza va en aumento. Solo un 18,8 por ciento de los encuestados cree ya que el Ejecutivo dice la verdad, y apenas un tercio de ellos estima que ha actuado con previsión. De las instituciones y colectivos profesionales movilizados en la batalla contra el virus, el peor valorado es un Gobierno en el que ningún miembro logra aprobar en la tabla de valoración y cuyas notas más bajas las cosecha la pareja que forman Pablo Iglesias e Irene Montero. Lejos de aglutinar a una opinión pública que suele buscar cobijo en las instituciones cuando se siente amenazada, el Ejecutivo ha dilapidado en estos tres meses de estado de alarma el aval que la sociedad le entregó para superar una crisis de la que, a lomos de la mentira, salimos más divididos, debilitados y desconfiados.

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El desmantelamiento de la democracia
Alfonso Pinilla. vozpopuli  22  Junio 2020

El profesor Charles Powell escribió en 2001 un magnífico libro titulado España en democracia, 1975-2000 (Plaza y Janés). En la página 139, el profesor Powell cita el trabajo de dos politólogos, Juan J. Linz y Alfred Stepan, que reflexionan sobre los ámbitos que procuran la consolidación de un sistema democrático. Esos ámbitos son tres: el de las conductas, el de las actitudes y el “estrictamente constitucional”.

Sobre el primero de ellos, “las conductas”, Powell escribe que una democracia está consolidada cuando “ningún actor político, social, económico o institucional utiliza recursos significativos a fin de crear un régimen no democrático o provocar una secesión del Estado”. El 6 de septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña aprobó la “Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República” con la que los independentistas pretendían dar cobertura legal al referéndum de autodeterminación convocado en Cataluña para el 1 de octubre de ese mismo año. Esta ley suponía la ruptura, de facto, con la Constitución española y emprendía una huida hacia delante que tendría, como “hitos más reseñables”, la celebración de ese referéndum ilegal en el día y la hora previstos, así como la rocambolesca Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 10 octubre. Desde la tribuna del Parlamento autonómico, Puigdemont declaraba que Cataluña se convertía en una República independiente, si bien suspendía tal alumbramiento para abrir “una fase de diálogo con el gobierno central”. La democracia se hallaba en peligro.

Autodeterminación y república
El segundo ámbito donde se confirma la consolidación de un sistema democrático es el de las actitudes, y Powell escribe al respecto que puede hablarse de que la democracia tiene buena salud cuando los ciudadanos creen en ella, considerándola como la mejor forma de gobierno para solucionar conflictos y, sobre todo, cuando “el apoyo a las alternativas antisistema es escaso o se encuentra aislado de la opinión prodemocrática”. Podemos, el partido que desde enero de 2020 cogobierna España con el PSOE, debutó en política con el declarado objetivo de “iniciar un proceso constituyente para abrir el candado del 78 y poder discutir de todo”. Su líder, Pablo Iglesias, ha sido coherente con este planteamiento 'antisistema del 78' a lo largo de su corta pero intensa trayectoria, de ahí que defendiera el 9 de diciembre de 2015 en un artículo de opinión “el reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro país y el derecho a decidir. El referéndum es una fórmula democrática adecuada para que las catalanas y catalanes decidan su encaje en España”.

En este asunto al menos las palabras y los hechos del líder morado han ido a la par, por eso repetía en mayo de 2017 desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, mientras planteaba una moción de censura contra Mariano Rajoy, “que nosotros somos partidarios de que los ciudadanos catalanes decidan su destino en referéndum con garantías y reconocimiento”. Autodeterminación, en fin, para lograr el encaje de los nacionalismos en la futura “república plurinacional española”.

Vayamos al tercer ámbito, el “estrictamente constitucional”. El profesor Powell escribe que una democracia está consolidada cuando, desde esta perspectiva, “los actores gubernamentales y no gubernamentales” que actúan en el Estado “dirimen sus conflictos en el marco de las leyes, los procedimientos y las instituciones sancionadas” por esa democracia. El 4 de enero de 2020, el candidato a presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se dirigía así en el Congreso de los Diputados a ERC: “No hay otra forma de resolver este contencioso, no hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la ley. La ley por sí sola tampoco basta y lo hemos visto”.

Dos meses antes de pronunciar esta frase, los españoles sí habíamos visto que el peso de la ley, de la lógica democrática, había caído sobre los líderes del proceso independentista catalán juzgados por el Supremo y condenados, por sedición y malversación, a penas que iban de los 9 a los 13 años de cárcel. Conocimos el 14 de octubre de 2019 esa Sentencia del Tribunal Supremo, el 4 de enero de 2020 el candidato a la presidencia del Gobierno nos decía que “la ley no basta, como hemos visto” y a principios de marzo de 2020, los nueve líderes del proceso independentista catalán conseguían el régimen de semilibertad y podían salir a la calle. La pandemia frustró el disfrute de tales permisos.

Los tres ámbitos
La portavoz de ERC en el Congreso, Montserrat Bassa, recogió el guante del diálogo que Sánchez le había lanzado: "Hoy votamos abstención para darle esta oportunidad al diálogo. Y, finalmente, hoy desde esta tribuna reivindicamos la libertad inmediata de Oriol Junqueras y la nulidad de la sentencia”. La 'mesa bilateral de diálogo entre el Govern de la Generalitat y el gobierno de España', todo ello fuera del Parlamento, y la “validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña” de los acuerdos a los que pudiera llegarse en esa mesa bilateral eran las dos piedras de toque recogidas en el acuerdo que ERC y PSOE firmaron el 3 de enero de 2020 para que los independentistas, con su abstención, facilitaran la investidura de Pedro Sánchez.

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, la democracia de 1978 se halla en serio peligro porque la gestión de los conflictos dados en su seno no se dirimen en el marco de las leyes, ni de acuerdo con los procedimientos, ni en las instituciones fijadas por el sistema en su Carta Magna. Si a ello añadimos las conductas sediciosas de los actores políticos (independentistas) que con su abstención facilitaron la emergencia de este Gobierno, así como las actitudes antisistema de quien compone casi la mitad del Ejecutivo, podemos concluir que los tres ámbitos –conductas, actitudes y respeto a la Constitución– favorecedores de la consolidación democrática se tambalean seriamente, por no decir que han desaparecido ya.

Acuerdo con Bildu
Durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez, la portavoz de EH-Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, pronunció las siguientes palabras desde la tribuna: "Señor Sánchez, lo decimos claramente: con nuestra abstención lo que hacemos es abrir una ventana de oportunidad. Créanme si les decimos que desde Euskal Herría Bildu no cerraremos esta ventana y seremos pacientes”. Hace poco hemos comprobado cómo esa paciencia va teniendo sus frutos en forma de compromiso para derogar, íntegramente, la reforma laboral.

El espíritu de la Transición se ha hecho añicos. Aquel delicado e incierto proceso político desmanteló una dictadura para construir una democracia liberal, propia del occidente europeo. En el proceso que ahora vivimos, está desmantelándose la democracia definida por la Constitución de 1978 para crear, sin prisa pero sin pausa, un “régimen iliberal” donde el gobierno ocupa y controla el resto de las instituciones del Estado, pulverizando los contrapesos que Montesquieu previó para mantener la buena salud de cualquier sistema democrático. El sórdido episodio de la destitución del coronel Pérez de los Cobos por, simplemente, haber cumplido con su deber de respetar la ley, es un escándalo más en esta deriva hacia el autoritarismo que estamos observando.

División de poderes
Pero el mejor y más serio indicador de que la libertad y la democracia en nuestro país no viven sus mejores tiempos es el desprecio absoluto, y sistemático, por la verdad. Instalado en la soberbia de un relativismo que no le pasa nunca factura, Sánchez y su Gobierno son inmunes a la petición de responsabilidades cuando la división de poderes es violada por el ministro del Interior. “¿Y qué?”, se lee en la mirada presidencial cuando las pruebas de la mentira aparecen sobre la mesa.

Así las cosas, sólo queda acudir al relato de los hechos, como hizo Cayetana Álvarez de Toledo en una de sus muy brillantes intervenciones en el Congreso. Resulta un deber cívico, moral e intelectual, sentar acta de este desmantelamiento impune de la democracia que tanto trabajo costó construir durante la Transición. Los partidos opuestos a este Gobierno (PP, Vox y, ojalá, Ciudadanos), así como los escandalizados demócratas que aún engrosan las filas del PSOE y todavía no han roto su carné de militante, deberían tener claro que el virus de la posverdad que infecta y mata las democracias sólo se vence unidos. Porque las (aparentemente) insalvables diferencias ideológicas son “peccata minuta” si coincidimos en el común denominador de la defensa de las libertades. Si por cortoplacismo somos incapaces de caminar juntos en pos de esa defensa, el futuro que nos aguarda tendrá la banda sonora del fracaso, ese “rechinar de dientes” por aquello que pudimos hacer y no hicimos, ese anhelo de la democracia que se nos fue.

Abascal en la diana
Marcel Gascón Barberá Libertad Digital 22  Junio 2020

La vida del fundador de Vox vale menos que la de Sánchez y sus ministros para quienes están al frente de las instituciones del Estado.

Cuando fui a Castellón las pasadas Navidades me llamó la atención un grafiti hecho con molde y estampado en decenas de paredes y aceras por toda la capital de La Plana. Consistía en la cara de Santiago Abascal adornada con un punto de pintura roja en la frente como el que dejaban los terroristas que le amenazaban en el País Vasco en la nuca de sus víctimas. Iba firmado en morado junto al círculo y la crucecita debajo que representa al sexo femenino: Subversives Castelló.

La profusión de abascales tiroteados que vi en las calles de Castellón me escandalizó, y escribí un artículo para Libertad Digital cuya publicación acabé abortando una vez enviado porque me pareció que contenía apreciaciones injustas. Una de las tesis centrales del artículo era que nadie, ni la prensa ni las instituciones, había alzado la voz contra la amenaza de muerte al líder de Vox. Y justo después de enviarlo descubrí que lo que había dicho no era del todo cierto. La prensa había informado y el tema sí se había debatido en el espacio público.

Es verdad que hubiera podido rectificar el texto y centrarlo en la indecencia que suponía que las autoridades –Ayuntamiento, Diputación, Gobierno autonómico y Delegación del Gobierno, todas de izquierdas– no hubieran eliminado inmediatamente esas pintadas de las calles. Pero era Navidad y seguramente me dio pereza, así que descarté el artículo y decidí olvidarme del tema.

Hasta hoy, cuando he sabido por la prensa de la detención de un exmilitar y taxista malagueño por disparar contra fotografías de Sánchez, Iglesias y Marlaska.

La detención me ha hecho preguntarme si la Policía ya ha identificado también a las subversivas que pintaron una bala en la frente de Abascal por las calles de Castellón.

No me consta, como tampoco me consta que se molestara en identificar, detener e investigar a quienes en marzo colgaron de un árbol de la Plaza María Agustina de Castellón un muñeco de Abascal con puntos rojos que representaban heridas de bala e incluso una firma reivindicando la autoría de tan siniestro trabajo: BAF, las iniciales de las Brigadas Antifascistas de Castellón.

Como muestra la fotografía que encabeza este artículo, que fue tomada el domingo 21 de junio, los grafitis de la bala en la frente de Abascal siguen perfectamente visibles en las paredes de varias calles de esa ciudad valenciana.

Vecinos y representantes públicos conviven con esta amenaza de muerte con la plácida naturalidad con que se convivió durante décadas en muchos lugares del País Vasco con el asesinato de cientos de sus habitantes.

Poner frente a frente la firmeza y la celeridad con la que se ha actuado contra el francotirador de retratos de Sánchez y la inacción en el caso de los retratos de Abascal ensangrentado llegamos a una conclusión ineludible: la vida de Abascal y su derecho a la integridad física valen menos que la de Sánchez y sus ministros para quienes están al frente de las instituciones del Estado.

¿Cómo hemos llegado esto, y a que esta sociedad hipersensible, que se estremece por una bengala en el fútbol y ya no va en bicicleta sin casco, acepte tan explícita apología del asesinato sin el menor atisbo de incomodidad o mala conciencia?

A través de la permanente campaña de construcción del enemigo del pueblo. Una campaña que presenta a Vox como un partido fascista y reaccionario que jalea el asesinato de mujeres, se solaza en el drama de los inmigrantes y hasta ansía importar de Estados Unidos los tiroteos en los colegios.

La permanencia mientras escribo de la frente baleada de Abascal en las calles de Castellón da además buena medida de la hipocresía de quienes gobiernan la ciudad.

Han llenado las calles de campañas ideológicas contra la violencia contra las mujeres y otros fenómenos igualmente abominables, pero son incapaces de actuar ante una amenaza directa contra una persona con nombre y apellidos que además ha sufrido en sus propias carnes el terrorismo.

Y solo porque piensa distinto a ellos.

Emilio, el profesor gallego al que prohíben el español: "Lo que hace la Xunta es inconstitucional”
El maestro del Conservatorio de Vigo lleva desde mayo de 2018 sin poder usar el castellano en el ejercicio de su trabajo. Ahora, el caso ha llegado a los tribunales.
Marcos Ondarra elespanol 22  Junio 2020

El calvario de Emilio Álvarez, profesor del Conservatorio Profesional de Vigo, comenzó hace dos años. ¿Cuál fue su pecado? Que los inspectores de la Xunta de Galicia detectaron que un acta oficial del centro estaba redactada en español.

"Recibimos una auditoría de una empresa privada contratada por la Consejería de Educación hace tres años. Nos dijeron que a partir de entonces toda la documentación del centro debería escribirse sólo en gallego, nos prohibieron el uso del español", cuenta el profesor en conversación con EL ESPAÑOL.

- ¿Cómo se lo prohibieron?
- El equipo directivo llamó a la inspección para que me pusieran en vereda, para que me "explicaran la política lingüística de la conselleria". Me dijeron que el español estaba prohibido en la documentación, en particular en los informes del alumnado. Pedí explicaciones por escrito al inspector-jefe del Servicio Territorial de Inspección Educativa.

- ¿Y qué le respondió?
- Me dijo que el español sólo lo puedo usar con carácter excepcional, siempre de una manera justificada. Si no aceptaba, me dijeron que propondrían medidas correctoras a la jefatura territorial.

- ¿Cuál fue su reacción?
- Mi reacción inicial fue de perplejidad. Luego protesté y envié un primer recurso de alzada al inspector-jefe. Lo que hacían era ilegal, inconstitucional.

Desde mayo de 2018, cuando recibió la advertencia, hasta la actualidad ha llovido mucho. Casi mil días. Entre medio, reuniones con la Valedora del Pueblo de Galicia, cartas remitidas a la Consejería que no obtenían respuesta… hasta que, finalmente, ha recurrido a la vía contencioso-administrativa.

En esta cruzada para "poder usar el español", Emilio Álvarez ha contado con el apoyo de la asociación sin ánimo de lucro Hablamos Español, que denunció en su día la prohibición de la Xunta a través de un vídeo y puso el equipo jurídico a disposición del profesor.

- ¿Cómo lleva todo lo que le ha sobrevenido por escribir un acta en español?
- Estoy ya muy cansado. Solo quiero que esto acabe cuanto antes, que este sea el primer y último juicio. Yo ni soy ni pretendo ser un abanderado en una lucha o una causa lingüística de ningún tipo. Yo no me levanté con ánimo de polemizar ni arremeter contra la Xunta.

Sin comerlo ni beberlo, se encontró en medio de una batalla que nunca imaginó que podría librar: "Yo nunca había tenido ningún problema lingüístico. Soy gallego y hablo gallego desde niño, es la lengua de mi padre".

Los tribunales
Todo se remonta a 2003, cuando el profesor Álvarez empezó a trabajar como funcionario docente en Galicia, después de haber vivido fuera de su tierra durante años: "Nunca había tenido problemas de tipo lingüístico en el conservatorio. Cada uno escribía sus documentos en la lengua que quisiera, con respeto mutuo y normalidad. Lo que no podía imaginar es que me pudiera meter en problemas por decantarme por el español".

Cuando se produjo la visita del inspector, en febrero de 2018, Emilio pidió aclaraciones por escrito al inspector-jefe de Pontevedra. Su respuesta le dejó estupefacto.

El inspector-jefe le transmitía en la carta que "la administración educativa en Galicia y sus centros sostenidos con fondos públicos utilizan con carácter general la lengua gallega para fomentar su uso oral y escrito".

El castellano sólo se utilizaría, según Manuel Torres Vizcaya, en caso de que fuera necesaria "la comunicación con otras comunidades autónomas y con órganos de la Administración del Estado radicados fuera de Galicia".

"El escrito no cumplía con los formalismos necesarios de una resolución", denuncia Álvarez. Pero el "disparate" se encuentra en la segunda página de la misiva, cuando el inspector jefe le dice que "en el caso de que, por alguna circunstancia excepcional y debidamente justificada, hubiese de utilizar el castellano, deberá realizarse la traducción pertinente".

- ¿Y cuáles son las circunstancias justificadas?
- Jamás me lo explicó.

- ¿Siguió insistiendo?
- En este punto, yo me tomé un par de meses de descanso. Volví a empezar el proceso con todas las formalidades y pedí un reconocimiento directamente a la jefatura territorial de Pontevedra de mi derecho a utilizar la lengua española en mi trabajo de cara a redactar informes o documentos. Para mi sorpresa, su respuesta fue un cortapega del papel que recibí un año antes, sin ninguna formalidad y sin pie de recurso.

Fue entonces cuando el profesor del Conservatorio Profesional de Vigo decidió presentar un nuevo recurso de alzada a la Consejería de Educación de Galicia. En diciembre, llegó una respuesta firmada por la jefa de servicios jurídicos de la Consejería.

En ésta, para sorpresa de Álvarez, le avisaban de que no seguirían respondiendo a sus quejas: "Me dicen que ellos ya han cumplido su obligación de resolver este asunto y que, por un criterio de eficiencia, no pueden gastar más recursos humanos y económicos en tratar mis reclamaciones".

"A partir de entonces, me tratan como un abanderado de una causa estéril", denuncia Álvarez. La Xunta se remite al escrito -"una lista de despropósitos", a juicio del maestro del Conservatorio- y le niegan la posibilidad de cualquier reclamación posterior: "Me avisaron de que podía acudir a la vía contencioso-administrativa". Y así fue.

Este martes 22 de junio, Emilio Álvarez tendrá el que espera sea su "primer y último" juicio. "Van a intentar que el juez inadmita este recurso. Quieren dejarme en una situación de indefensión. Aún sigue vigente la amenaza de la inspección educativa, y tengo que convivir con ella", lamenta el profesor gallego.

Nacionalismo en Galicia
- ¿Había tenido antes problemas por el uso del castellano en la administración gallega?

- No. Yo entiendo que hay un límite, soy un funcionario público. Yo siempre tengo que respetar el derecho de opción lingüística de los usuarios del centro. Siempre lo he hecho. Por ejemplo, cuando unos padres vienen a una tutoría. Si me lo piden, me dirigiré a ellos en la lengua de su elección.

- ¿Cómo ha penetrado el nacionalismo en la educación?
- El nacionalismo está metido en la educación hasta el tuétano, basta con ver los libros de Lengua Gallega de 2º de Bachiller.

- ¿Se parece la situación a la que se vive, por ejemplo, en Cataluña?
- Es desproporcionado prohibir la lengua oficial del Estado. Esto no pasa ni en Cataluña. Ahí se saltan las leyes, pero al menos están bien redactadas. Aquí están escritas de una manera capciosa para cometer abusos.

- ¿El nacionalismo está presente en la Administración gallega?
- Muy presente. El PP de Galicia es nacionalista, por más que lo nieguen.

Desde mayo de 2018, Emilio Álvarez no puede escribir en español mientras ejerce su trabajo. "Ya no escribo en castellano ni una palabra", lamenta.
 


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