AGLI Recortes de Prensa   Martes 23  Junio  2020

Crisis del coronavirus
Los pioneros de las caceroladas salen de Núñez de Balboa y llaman a manifestarse el sábado en Madrid
Los vecinos de la zona que protestaron en la calle contra la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno han organizado una manifestación que tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio en Madrid
Raquel Tejero okdiario 23  Junio 2020

Los vecinos de Núñez de Balboa, pioneros de las caceroladas contra la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno, han organizado una manifestación que tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio en Madrid.

La protesta comenzará a las 12 del mediodía y partirá desde la plaza de Gregorio Marañón. La marcha tiene previsto acabar sobre las 14:00 horas en la plaza de Neptuno.

Movimiento Civil Constitucionalista Núñez de Balboa ha sido el encargado de organizar y convocar la manifestación. Aquellos que comenzaron las protestas que rápido se extendieron por toda España, han decidido dar un paso más y tramitar la protesta que ya ha sido aprobada por la Delegación del Gobierno.

Para asistir han puesto como requisito que se acuda con mascarilla y se respete la distancia de seguridad. A diferencia de la convocada por Vox el pasado mes de mayo, que se realizó en coche debido a las circunstancias del estado de alarma, esta se hará a pie.

Sonsoles Queipo de Llano es una de las portavoces del movimiento y asegura que «está muy bien irse de bares porque somos muy sociales, pero no por serlo significa que los españoles no estén enfadados». «No dedicamos atención diaria al Gobierno porque no lo merece pero hay que seguir protestando», añade la joven. Además, asegura que «tenemos muy poca memoria» y que no se puede olvidar que «el Gobierno sigue ahí y sigue haciendo lo que le da la gana».

Los organizadores piden ahora voluntarios para poder llevar a cabo la protesta con total seguridad y han creado un correo electrónico para todos aquellos que quieran ayudar (movimientonunezdebalboa@gmail.com ).

Por el momento ningún partido político ha confirmado su asistencia, aunque los vecinos de Núñez de Balboa no lo descartan.

Caceroladas en Madrid
Los madrileños de la calle Núñez de Balboa y alrededores han protestado prácticamente a diario contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En medio de un fuerte dispositivo policial, con una docena de furgonetas de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y un centenar de agentes desplegados entre la calle Ramón de la Cruz y la calle Goya, los vecinos de esta zona de la capital han sacado diariamente sus cacerolas y desde sus balcones y a pie de calle las han hecho sonar contra el Ejecutivo socialcomunista al grito de «Libertad, libertad», «Gobierno, dimisión» y «Comunistas, narcoterroristas».

El movimiento ha sido frecuentemente criticado por la izquierda, que lo ha considerado una protesta de «los ricos». Tanto es así que políticos como el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, llegó a difundir un bulo sobre la presencia de palos de golf durante las caceroladas. Algo que, tal y como se demostró, era falso. De hecho, el objeto fue confundido con un palo de escoba con el que uno de los asistentes golpeaba una señal de tráfico para hacer ruido.

Homenaje a las víctimas
El pasado fin de semana tuvo lugar un homenaje a las víctimas del coronavirus. Un centenar de personas se reunieron el domingo en el Paseo de la Castellana de Madrid en memoria a los que ya no están. El encuentro fue convocado por la Plataforma Unidos que se aseguró de que se mantuviese la distancia de seguridad en todo momento.

Hacia las 12:oo del mediodía, un grupo de personas acudieron a la calle madrileña con el único objetivo de recordar a los fallecidos por el Covid-19 y homenajear también a todos aquellos que han sido afectados de alguna manera. El encuentro dio comienzo con la música de un guitarrista que acudió desde Galicia para acompañar el acto con canciones. La canción de ‘A tu lado’ de Los Secretos abrió la reunión.

Después, varias personas que habían perdido a un familiar durante la epidemia ofrecieron su testimonio. Primero, una joven que contó que en su familia «todos quedaron contagiados» y que, finalmente, su abuelo no pudo superarlo. También contó su historia una mujer, madre de cuatro hijos, que ha perdido a su marido. «Pensé que íbamos a caminar siempre juntos de la mano», lamentaba emocionada mientras compartía escenario con sus pequeños.

El acto, a diferencia de la manifestación del próximo sábado, no tuvo carácter reivindicativo sino que se centró principalmente en las víctimas. Los organizadores repartieron mascarillas con la bandera de España y un crespón negro y se aseguraron de que se mantenía en todo momento la distancia de seguridad. Lo hicieron pintando crespones en el suelo donde los asistentes permanecieron durante todo el encuentro.

La autodestrucción de la sociedad
José María Rotellar okdiario 23  Junio 2020

La sociedad en su conjunto -nacional e internacional- parece haber iniciado un camino que puede llevarle a la autodestrucción, ya que todos los cimientos sobre los que se ha de levantar y sostener una sociedad parece que se resquebrajan por momentos, al haber comenzado un proceso de ataque y destrucción de dichos cimientos en todos los órdenes.

El buenismo y el lenguaje de lo políticamente correcto se ha instalado en las sociedades de manera clara, quién sabe si definitiva, imponiendo una dictadura creciente, de manera silenciosa, escondida, pero imparable, que está invadiendo el pensamiento de cada persona y que impulsa una manera de actuar que debilita a la propia sociedad.

La historia se desdeña, se enjuicia siglos después o se destruye. Si hace casi veinte años nos escandalizábamos -con razón- cuando los talibanes demolían las estatuas de los budas de Bamiyán, hoy gran parte de la sociedad asiste callada ante el derribo o retirada de estatuas de Colón, Isabel la Católica, Juan de Oñate, Pedro de Valdivía y pintadas a otras de Cervantes o Churchill. Otra parte de la sociedad no sólo calla, sino que comprende y apoya dicha actitud bárbara e ignorante. Nada tiene que ver con el racismo -inexistente en su generalidad en los países desarrollados y, por supuesto, perseguible y a erradicar donde todavía exista- sino con el aprovechamiento de una desgracia acontecida para que todos los antisistema quemen las calles y trasladen su barbarie a lo largo de todo el mundo.

Lo políticamente correcto siempre maneja a su antojo cualquier desgracia para tratar de emplearla en su beneficio, aunque en la mayoría de los casos no le importe nada esa causa, sino la suya propia: destruir los valores que tiene la sociedad occidental, que son los que han permitido que hayamos disfrutado -y que todavía disfrutemos- de un mundo desarrollado y civilizado.

Los antisistema quieren tumbar el sistema capitalista, envolviendo todo de una retórica almibarada, donde el planteamiento de su posición hace casi imposible sostener la posición contraria, pues no muestran la realidad de lo que hay debajo, sino sólo un escaparate con unas afirmaciones grandilocuentes contra las que sin poder ahondar es difícil aparecer en contra. Hace muchos años, Chicho Ibáñez Serrador dirigió una fantástica y terrible película titulada “¿Quién puede matar a un niño?”. La respuesta obvia es nadie, o sólo un criminal desalmado. Sin embargo, la trama de la película mostraba a unos niños asesinos que mataban a todo el que llegaba a una isla. Si profundizamos en lo que subyace en cada situación, por tanto, la cosa puede cambiar, pero el buenismo trata de impedirlo, sólo quiere quedarse en la superficie para que no se le pueda rebatir.

Ahora nos enfrentamos a preguntas cómo quién no quiere que todo el mundo tenga unos ingresos, quién no quiere que toda persona acceda a una vivienda o quién no quiere que nadie pase hambre. Es obvio que todas las personas desean que nadie pase calamidades, pero la izquierda y los antisistema lo retuercen al plantearlo sólo así, pues lo lógico es que nadie tenga carestías, pero desde la articulación de una sociedad próspera, en la que todas las personas puedan realizarse personal y profesionalmente, no desde una sociedad subsidiada, adormecida, a la que se le extirpa toda posibilidad de desarrollo, y bajo el espíritu de que las personas se valgan por ellas mismas, con ayudas transitorias para momentos concretos en los que una persona se encuentre en desempleo. Sin embargo, si esto se defiende, lo políticamente correcto tilda de insolidario a quien lo diga y es civilmente apaleado.

La sociedad a la que vamos, que se autodestruirá si mantiene ese camino, es una en la que el buenismo trata de imponer los siguientes postulados:

Una renta permanente creciente, que desincentivará el trabajo e impulsará la economía sumergida, creando bolsas de voto cautico y lastrando el desarrollo y la prosperidad de la sociedad, además de quebrar el saldo presupuestario y hacer insostenible la deuda.

Gratuidad total de los servicios públicos, extendiendo los mismos a toda necesidad, que generará un gasto insostenible en el medio plazo.

Aumento del gasto sanitario al menos del 2% anual en media, si es que no es el 5%, imposible de mantener. No se puede tener un sistema con recursos ociosos esperando por si viene una enfermedad, sino reaccionar pronto cuando se atisba dicha enfermedad. No han fallado los recursos, sino la ausencia de actuación temprana.

Medicalización completa de todas las residencias, cuando la solución no es convertirlas en hospitales, sino que puedan atender a dichas personas con total normalidad en los hospitales y de manera ágil.

Incremento de colegios públicos, por reducción a quince alumnos por aula, que genera un modelo educativo insostenible económicamente.

Paga a jóvenes para emanciparse, que tensará el gasto y desincentivará el esfuerzo por conseguir un objetivo.

Precios máximos en alquileres y en el mercado de la vivienda, que reducirá la oferta y encarecerá, además, los precios en las zonas más baratas que ahora se encuentren por debajo de ese precio máximo, perjudicando tanto a tenedores de vivienda como a los más débiles que necesiten alquilar una casa para vivir.

Salario mínimo creciente, que provocará un aumento del desempleo y de la economía sumergida.

Proteccionismo como excusa ante la crisis. Empobrecerá a la sociedad, incrementará los precios de los productos y disminuirá tanto la competencia como la capacidad de elegir, al reducirse el número de productos a los que se puede acceder.

Impulso medioambiental con grandes recursos de dinero no para mejorar el medioambiente, sino para hacer política ecologista de izquierdas, que nada tiene que ver ni con proteger el medioambiente ni con la prosperidad.

Persecución de la industria de la automoción, que acabará con cientos de miles de puestos de trabajo.

Persecución del turismo, que hará que todas las personas tengan una visión mucho más estrecha del mundo, matará a un sector económico esencial y provocará elevado paro.

Control de medios de comunicación, que expandirán una doctrina oficial que no se aparte de lo políticamente correcto, envuelto, en muchas ocasiones, en formas sensibles con las que esconder el verdadero propósito de control de voluntades.

Incremento de la subvención al transporte público y persecución del transporte privado, que mermará la libertad de elección e incrementará el gasto público.

Impuestos confiscatorios con los que tratar de recaudar para todo el incremento de gasto provocado por el conjunto de medidas anteriormente citadas, que no conseguirá su propósito pues por mucho que se eleven los tipos impositivos, si tenemos una sociedad empobrecida la recaudación caerá, no aumentará.

En España, coinciden los anhelos anteriores con el intento de una parte de los políticos por cambiar nuestro régimen constitucional y convertir a España en una república, que algunos desearían que fuese de corte bolivariano.

Como no se remedie, es el escenario que tendremos de aquí a medio plazo, no de hoy para mañana, pero sí antes de lo que pensamos. No sé si eso es lo que se llama “nueva normalidad”, pero desde luego sí que sabemos que algunos pueden tratar de aprovechar la desgracia ocasionada por el coronavirus para cambiar nuestra forma de vivir, pensar y trabajar.

Ello destruiría la sociedad de libertad y prosperidad que hemos conocido y la convertiría en un guiñapo manejable, en una pseudodemocracia, una democracia aparente pero inexistente en la realidad, todo a golpe de tweet, pues parece que la sociedad buenista sólo contempla expresar todo en 140 caracteres (o 280 tras la ampliación que hubo), un espacio que no permite ni profundidad ni matices, porque no interesa; que sólo busca el momento, pues a los cinco minutos ese tema ya es obsoleto, que adormece a la sociedad mientras ésta aplaude lo que le digan que aplauda. Un espacio que busca abrir cadenas solidarias, buenistas y comprometidas para que las personas se sientan bien, aunque todo no sea más que una farsa, mientras el mundo que hemos conocido se viene abajo, al estar dispuestos, mientras tanto, a entregar nuestra capacidad de pensamiento y libertad y nuestra prosperidad.

Cuando queramos darnos cuenta, habremos sufrido un retroceso en libertad y en prosperidad, sin poder expresar opiniones que se aparten de lo establecido y con una deuda inasumible, que provocará que no sólo no mejoren los servicios públicos, sino que no se puedan mantener, con lo que tendremos deuda y no tendremos servicios, mientras nuestra libertad de opinión, expresión y disentimiento es encerrada por la doctrina buenista. Un espanto.

El Gobierno que confinó a España hace ahora como si el virus no fuera con él
ESdiario 23  Junio 2020

El Ejecutivo ha pasado de encerrar a todo un país durante casi cien días a comportarse como si, en adelante, todo lo que ocurra es responsabilidad de los ciudadanos o las Comunidades.

La nueva costumbre tras el levantamiento del Estado de Alarma va a ser narrar en directo, como si se tratara de un siniestro carrusel vírico, el minuto y resultado de los rebrotes en España: 36 se han detectado desde el primer día de libertad, con Huesca como principal foco y Murcia también señalada, tras los primeros episodios en el País Vasco y Gerona.

Lo sigue contando Fernando Simón, sorprendente Premio Castelar 2020, un galardón concedido por una asociación "progresista" que utiliza al portavoz gubernamental de la pandemia para, en realidad, blanquear así la dañada imagen del propio Pedro Sánchez.

Estas nuevas alertas eran muy de esperar, dado que las únicas medidas imperantes son ya las que cada uno, individualmente, sea capaz de adoptar para protegerse a sí mismo: lo bueno que tienen es que son bastante eficaces y seguir con mascarilla, distancia social e hidrogel resultan suficiente en buena parte de los casos.

Todo lo demás es una enorme incógnita agravada por un Gobierno que se comporta como si nada tuviera ya ver con él y por unas Comunidades Autónomas que empiezan a darse cuenta del problema que les han trasladado.

Ahora podrán ellas decretar incluso confinamientos, lo que prueba la artificiosidad de un Estado de Alarma presentado como única manera de imponer ese tipo de cuarentenas, pero también serán responsables de todo lo que ocurra en adelante.

En todo caso, una cosa es que el mismo Gobierno que ha tenido encerrada a casi toda la población durante casi 100 días se desentienda y otra que, además, se dedique ahora a asustar con a la ciudadanía de segundas oleadas del coronavirus de las que no da dato alguno. Simplemente las anuncia, como diciendo que si pasa es culpa de cada uno o, en todo caso, de su presidente autonómico.

Esto no es serio. Hemos pasado de cerrar España a cal y canto porque permitieron el mayor contagio de Europa con su imprevisión y su sectarismo a abrirla del todo sin tener claro qué hacer, cómo actuar y a qué atenerse en definitiva.

Si en España se ha sufrido como en casi ningún lugar del mundo fue por los retrasos en adoptar medidas. Y si no lo hacemos ahora, será por nuestra responsabilidad y autoprotección. En ambos casos, el Gobierno hace aguas. Pero en los dos, también, lo único que parece preocuparle es que la culpa siempre parezca de otro.

Guerra CivilLa olvidada policía política del Frente Popular que condenó al ejército de la República
En un artículo publicado en la revista «Ímpetu», Indalecio Prieto apoyó la creación del Comisariado Político para vigilar a los mandos del Ejército. Ese recelo supuso una lacra
Manuel P. Villatoro ABC 23  Junio 2020

Indalecio Prieto fue un personaje de muchos claros y otros tantos oscuros. Tras el estallido de la contienda fratricida que vivió España a partir de 1936, el político del PSOE se convirtió en el hombre del momento dentro de la Segunda República; o, como afirmó su colega italiano Pietro Nenni, en «el animador» y el «coordinador de la acción gubernativa». Antes, este ovetense de frente amplia ya había predicho el estallido de la sublevación («porque las señales son harto claras en la designación de mandos militares las cosas se preparan para un golpe de Estado») y había colaborado tanto en la revuelta de Asturias contra el gobierno de Lerroux como en la formación del Frente Popular.

Considerado
como el máximo exponente de las posiciones centristas del PSOE dentro de la Segunda República, como bien hizo saber a partir de 1935 en una serie de artículos en los que reivindicó el «derecho a opinar» sobre la deriva del partido, a Prieto no se le puede negar su fomento de las obras públicas y los proyectos hidrográficos españoles antes del comienzo de las hostilidades. Fue, para la mayoría de autores, un «moderado» al que su empatía le hizo condenar, por ejemplo, los asesinatos perpetrados al comienzo de la Guerra Civil en la Cárcel Modelo de Madrid por los sindicatos extremistas que se decían leales al Frente Popular. «La brutalidad de lo que aquí acaba de ocurrir significa, nada menos, que con esto hemos perdido la guerra», señaló entonces.

Se podría decir, en definitiva, que Prieto fue un personaje de grises, más que de blancos o negros, en todos los puestos que ocupó; entre ellos, el de ministro de Marina y Aire (con Largo Caballero) o de Defensa entre 1936 y 1938. En los mismos, revivió la maltrecha armada peninsular y consiguió adecuar las fuerzas aéreas republicanas a las necesidades de la época. Sin embargo, y hete aquí la cuestión central de estas líneas, también defendió a ultranza la politización del ejército de la Segunda República, así como el control desde la cúpula de los partidos de las decisiones castrenses y de los mismos soldados, a través de la figura de los comisarios políticos.

Así lo confirmó en un artículo publicado el 1 de enero de 1939 (cuando la Guerra Civil tocaba ya a su fin) en el número extraordinario de «Ímpetu. Revista de carabineros» bajo el título «El ejército republicano tiene que ser compacto y homogéneo. Junto a los mandos es preciso situar el responsable político». El texto, cuyo contenido se puede consultar hoy en la Biblioteca Nacional, defiende la fundación del Comisariado General de Guerra; una institución nacida al calor de los consejeros de la Unión Soviética y que, en palabras de altos oficiales de la Segunda República como Jesús Pérez Salas, se convirtió en un medio para que los altos mandos comunistas se apoderaran de las fuerzas armadas y transformaron las trincheras en «campos de propaganda».

Comisarios políticos
A nivel oficial, esta institución fue instaurada el 15 de octubre de 1936 por el entonces ministro de Guerra, Largo Caballero. Ese día, en una Orden circular, el político confirmó su fundación y sus objetivos. Los principales eran «ejercer un control de índole político-social sobre los soldados, milicianos y demás fuerzas armadas al servicio de la República», así como lograr una «coordinación entre los mandos militares y las masas combatientes, encaminada al mejor aprovechamiento de la eficiencia de las citadas fuerzas». Todo ello, durante una primera etapa en la que las milicias se habían transformado en unidades protagonistas dentro de los contingentes de la Segunda República.

En el resto de disposiciones, hasta un total de seis, Largo Caballero establecía también que la «acción de este Comisariado se extenderá a todo el territorio sometido al gobierno legítimo de la Nación y tendrá su natural campo de desarrollo en las Diversas Divisiones, Brigadas, Regimientos, Batallones, Columnas combatientes y unidades armadas de cualquier índole». Es decir, a todo el ejército, con el objetivo de «ejercer sobre la masa de combatientes constante influencia» y «a fin de que en ningún instante se pierda la noción de cuál es el espíritu que debe animar a la totalidad de los combatientes en favor de la libertad». Ello, según se exponía, sin «entrar en pugna con la absoluta de prestigiar la autoridad de los mandos militares».

El empujón definitivo a este organismo se le dio el 14 de abril de 1937, cuando el mismo Largo Caballero publicó una nueva Orden circular en la que admitió la eficacia de esta institución y reorganizó en parte su estructura para otorgarle mayor importancia:

«El Comisariado general de Guerra es un organismo de carácter político-social, cuyas directrices generales no podrán en manera alguna apartarse -en tanto duren las presentes circunstancias- de la necesidad de robustecer, y afirmar en las Unidades armadas del Ejército cuanto signifique anhelo defensivo de las instituciones legales y de la existencia de España como país libre».

La realidad
Aunque sobre el papel esta institución estaba supeditada a los altos mandos, oficiales como el propio Pérez Salas confirmaron, tras la Guerra Civil, que el recelo que había por entonces hacia el Ejército le entregó en bandeja el poder. La división de partidos que existía en el seno de la Segunda República provocó, además, que cada comisario intentara atraer hacia su tendencia política a los combatientes de otras facciones. Algo que no sucedía, en palabras del militar, en la URSS, donde tanto el estado como sus subordinados eran comunistas.

«En nuestra guerra, a todos los defectos del Comisariado vino a sumarse la lucha política en los frentes, convirtiendo las trincheras en campos de propaganda».

En palabras de este militar, desencantado con los partidos que formaban el Frente Popular por haber permitido la fundación de esta institución, el Comisariado no tardó en ser copado por políticos comunistas que solo «trataban de aumentar los efectivos de su partido mediante una continua propaganda» y que «empleaban cuantos medios tenían a su alcance, desde la promesa de futuros ascensos hasta la amenaza de fusilamientos alegando delitos no cometidos» en su favor. Y eso sin olvidar que, a pesar de no disponer de formación ni criterio militar, se permitían el lujo de influir de forma directa sobre las decisiones que se tomaban sobre el campo de batalla. Tenían potestad para ello, pues debían firmar las órdenes de mando para que tuvieran validez.

Prieto, a favor
En la revista «Ímpetu», Prieto se mostró como uno de los grandes defensores del Comisariado General de Guerra. En sus palabras, era un organismo clave para ejercer la función de «policía política» y evitar que el Ejército profesional, mirado con lupa desde el levantamiento del 18 de julio, estuviera vigilado y no traicionase a la Segunda República.

«Los ejércitos de la revolución, de todas las revoluciones que han merecido el nombre de tales, han conocido períodos de absoluta y desbordante ingenuidad, de verdadera inocencia. Tropas inflamadas de ideal, de su ideal, difícilmente comprenden que no pueda ser compartido por todo el mundo. El impulso inicial de todo ejército revolucionario, su alta tensión espiritual, hace que se descuiden funciones de policía política, sencillamente esenciales. Cuanto antes se apliquen las medidas precautorias que la especial significación y el peculiar carácter de la guerra civil imponen, y más enérgicamente que en cualquier otro sitio en el frente de batalla, más reducidas quedarán las posibilidades de sabotaje del trabajo militar».

Prieto también se refirió en el artículo de «Ímpetu» a los líderes de la Revolución rusa. Hombres que, en sus palabras, se habían visto obligados a instaurar esta policía política para complementar a los mandos: «La revolución rusa, la concreción definitiva que adoptó bajo los bolcheviques, hubo de afrontar, en una escala más vasta, el mismo problema. Para hacer la guerra se necesita el especialista militar, pero el especialista militar no tiene siempre la formación política adecuada». De hecho, creía, el Ejército pecaba de «justamente lo contrario».

A lo largo de los siguientes párrafos, Prieto confirmaba que «aquel que no se ha sumado al alzamiento militar» merecía ya su respeto y era digno de confianza. «Son varios los especialistas militares, los que de las armas han hecho una profesión, que desde el primer momento las empuñaron resueltamente en defensa del pueblo y se han dejado la vida en el empeño», continuaba. Y lo mismo refería de los que, a pesar de no declararse republicanos, socialistas o comunistas, se habían mantenido «fieles al deber» de defender a la Segunda República. «Todos ellos merecen igualmente nuestro reconocimiento y nuestra gratitud», sentenciaba.

Sin embargo, escribía, era «imprescindible el control político de nuestras fuerzas militares» y la «vigilancia directa e inteligente del trabajo desarrollado por nuestros especialistas castrenses».

«El delegado de la Convención y el comisario político que los sóviets colocaban junto al mando no han respondido nunca a deseos vejatorios, sino a necesidades de salud pública. La incorporación al Ejército de hombres civiles encargados de esta misión de control, sólo al que lleva larvada en la conciencia la traición puede inquietarle. Por el contrario, al jefe fiel y abnegado la proximidad de alguien que perciba la dificultad de conseguir un objetivo, que a distancia y a los no técnicos puede parecer fácil, ha de servirle de garantía y de refrendo a la actividad que desarrolla. En el momento en que vivimos […] estimamos indispensable que el Poder público sitúe junto a los mandos militares hombres civiles […] con facultades para corregir en el acto un defectuoso trabajo en el frente».


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El negro balance del estado alarma: 100 días hundiendo la economía
Desde el 14 de marzo y hasta el 20 de junio ha sido suficiente para hundir todos los indicadores económicos de un país que ya se desaceleraba.
Beatriz García Libertad Digital 23  Junio 2020

El estado de alarma llegó a su fin el pasado domingo tras casi 100 días con la economía española a la deriva. Desde la Guerra Civil, las finanzas de nuestro país no se enfrentaban a un shock de estas características por la parálisis de buena parte de la actividad. Los servicios considerados esenciales —como los supermercados o las farmacias— fueron de los pocos que siguieron abiertos al público y los empleados cuyas tareas podían ejecutarse desde el domicilio, gracias al teletrabajo, también pudieron continuar su actividad. Sin embargo, el resto de la economía se congeló. Principalmente, los negocios que requerían presencia física de la plantilla —o de los clientes— se vieron abocados en cascada a declararse dentro de la polémica figura de los ERTE de la que todavía, muchos, no han salido.

Ahora, más de tres meses después, España vuelve a arrancar sumida en uno de los periodos de mayor incertidumbre de su historia. El coronavirus ha hundido la economía nacional y la recuperación se atisba lenta y dolorosa. Desde el 14 de marzo y hasta el 20 de junio ha sido suficiente para arrasar con los principales indicadores económicos de un país que ya estaba inmerso en pleno proceso de desaceleración. A continuación, el balance que dejan estos desoladores 100 días en la economía, a pesar de que el Gobierno ya estaba haciendo algunos méritos para empeorar el panorama antes de la pandemia, que ahora usará como excusa para incumplir cualquier objetivo, y de que todavía hay algunos espejismos por sus medidas paliativas.

El PIB se hundió un 5,2% en 15 días
Sólo en los últimos quince días de marzo, el frenazo de la economía fue suficiente para hundir al PIB un 5,2% en el primer trimestre, según el INE. En términos interanuales, la variación del PIB cayó un 4,1%, mientras que en el cuarto trimestre de 2019 nuestro país crecía un 1,8%, que aunque era una tasa positiva, suponía medio punto menos que el crecimiento del 2,3% del último trimestre del PP.

En esas dos semanas de marzo, el consumo, la inversión, las exportaciones o el sector servicios cayeron en picado, aunque el grueso del hundimiento del PIB vendrá en el segundo trimestre, del que todavía no hay datos disponibles. Según las últimas previsiones del Banco de España, la economía nacional podría desplomarse la friolera de un 21,8% entre abril y junio.

Para 2020, el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos contempla tres escenarios dependiendo de si hay un rebrote del virus y de lo rápido que se reponga la economía. La caída del PIB puede ser del 9%, del 11,6% o del 15,1%, dependiendo de cada escenario.

Déficit y deuda, disparados
El coronavirus disparó la deuda del conjunto de las administraciones públicas en abril en 10.533 millones de euros hasta alcanzar el máximo histórico de 1,23 billones de euros, con lo que ya roza el 99% del PIB, según los datos publicados la semana pasada por el Banco de España. En febrero, sin pandemia, el Gobierno también endeudaba a los españoles, porque el pasivo del Estado subía en 5.890 millones de euros, hasta los 1,201 billones, con lo que se situaba en el entorno del 96,27%.

Desde que pusiera el primer pie en Moncloa, Sánchez ha ido aumentado sistemáticamente el endeudamiento de España. Tal y como recoge Jose María Rotellar en Libre Mercado, desde que el líder del PSOE llegara al Gobierno, la deuda pública se ha incrementado en 77.357 millones de euros. En abril, la deuda ha aumentado en 340 millones de euros cada día.

Respecto al déficit, Sánchez logró el hito de hacer crecer el déficit en 2019 por primera vez desde 2012. También, pasó del 1,3% comprometido por el PP a cerrar el año en el 2,82% (cifras destapadas por Eurostat). Tampoco había ni rastro del coronavirus entonces. Ya hasta abril el déficit del estado se disparó hasta 19.929 millones de euros, lo que se corresponde con el 1,78% del PIB y puede achacarse a la pandemia. Antes, en febrero, el déficit también subía y se situó en los 11.908 millones de euros, lo que representaba al 0,95% del PIB.

Para este año, el Gobierno prevé que el déficit público alcance el 10,34% del PIB, hasta los 115.671 millones de euros. Se trataría del mayor déficit desde el año 2012, cuando ese descuadre fiscal fue del 10,7%. Está insólita cifra se acerca al máximo histórico del 11,3%, logrado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.

Paro vs ERTE
Tras la sanitaria, la crisis del mercado laboral será la más letal para la economía española. Si nuestro país ya sufría un grave problema de paro estructural antes de la pandemia, ahora, el gran reto será que las casi 4 millones de personas que han sufrido algún ERTE durante estos meses logre mantener su empleo. El mayor temor es que, una vez empiecen a funcionar, las empresas no puedan sostener las nóminas y que se produzca una oleada de despidos masivos cuando el dopaje de los ERTE termine.

La semana pasada, el Gobierno publicó que, desde mayo, el número de trabajadores afectados por un ERTE ha bajado en un millón de personas que se han incorporado a sus empresas —en abril también hubo gente que volvió al trabajo—, lo que implica que quedan más de 2,3 millones de personas en ERTE todavía en casa. El Gobierno todavía sigue negociando la prórroga de este instrumento laboral que está a punto de expirar. Una de las mayores insistencias del Ejecutivo de Sánchez ha sido que los ERTE no eran parados —ni siquiera se contabilizan como tal—, pero es importante tener en cuenta que pueden serlo si sus empresas no logran remontar.

El último dato de paro registrado que ha publicado el Ministerio de Trabajo es el de mayo, cuando nuestro país cerró con 3.857.776 desempleados, en el peor mayo de la historia. Estos números implican 778.285 parados más que hace un año, lo que supone un incremento insólito del 25,27% en la tasa interanual y 26.573 parados más que en abril, cuando la actividad del país estaba en plena parálisis. En los meses de marzo y abril, la pérdida de empleos ha provocado una auténtica sangría debido al cerrojazo de la economía. Y todo ello sin tener en cuenta los ERTE, cuya contabilidad estadística ha salvado al Gobierno de la debacle en las cifras de empleo.

En febrero, último mes antes de la pandemia, España cerró con 3.246.047 desempleados, la cifra más baja en este mes desde 2008. Por entonces, ya se observaba un deterioro del ritmo de creación de empleo y de reducción de paro, pero nada hacía presagiar la hecatombe que se venía encima. Ahora, la suma de los desempleados con los ERTE casi alcanza las 6 millones de personas sin trabajar.

Durante la pandemia, el PSOE ha generado una gran polémica, después de que firmara con Podemos y Bildu la derogación completa de la reforma laboral, cuando ahora, precisamente, lo que necesita el mercado es flexibilidad. Aunque horas después de ese fatídico acuerdo el Gobierno rectificó, asegurando que lo que pretende es tumbar sólo algunos de los aspectos de la reforma de Báñez que considera "lesivos", no cabe duda de que la estrategia laboral del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias está basada en implantar más rigideces en materia de empleo.

Espejismo en los autónomos
Los autónomos han sido uno de los grandes damnificados de la crisis del coronavirus y uno de los colectivos que más críticos se ha mostrado con el Gobierno de Sánchez debido a las cuotas cobradas de más, entre otros de los golpes que han sufrido. El último dato oficial del número de autónomos que trabajaban por cuenta propia en nuestro país es el de mayo, donde había 3.220.907 autónomos registrados, sólo un 1,74% menos que en el mismo mes de 2019, lo que supone una disminución de 56.948 personas.

En febrero, antes de la pandemia, el número de autónomos en España era de 3.257.896 personas, sólo 37.000 más que en mayo. El motivo de estas cifras aparentemente optimistas vuelve a ser otro de los espejismos creados por los subsidios del Gobierno. En este caso, se debe a la prestación por cese de actividad, que proporciona una nómina de un mínimo de 661 euros al mes a los autónomos que hayan dejado de tener ingresos y que les incentiva a seguir inscritos en el sistema. A finales de mayo, había 1,4 millones de autónomos cobrando esta prestación, por lo que casi la mitad de autónomos de nuestro país no estaba facturando apenas nada. Sumados a los parados y a los ERTE, estamos hablando de que más de 7 millones de personas en España está sin trabajar a día de hoy.

Cuando está prestación acabe —Escrivá determinará esta semana su extensión— podremos conocer el verdadero drama de este colectivo. Según ATA, más de 300.000 autónomos tendrá que cerrar en 2020.

No hay nuevas empresas y cierran las antiguas
El número de empresas creadas en España registró en abril la mayor caída interanual y la cifra más baja de la serie estadística iniciada en 1995, con 2.311 sociedades mercantiles inscritas y un desplome del 73,4% respecto al mismo mes de 2019. En febrero, sin covid-19, el número de nuevas sociedades mercantiles también caía, en concreto, un 9,2% y sólo se creaban 8.516 empresas más. El problema no es sólo que no hay nuevas empresas, sino que cierran las antiguas. Así, entre marzo y abril, más de 133.000 negocios han echado el cierre definitivo en nuestro país.

Cuentos de Montero y cuentas de Simón
Pablo Planas Libertad Digital 23  Junio 2020

El Gobierno no tiene nada que ver con el Gobierno salvo en aquellas cosas en las que el Gobierno ha triunfado, según el tortuoso juicio de la torturada mente de esa señora.

No por habitual deja de sorprender la capacidad de los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez para mentir con una impresionante naturalidad, como si faltar a la verdad y respirar fueran para ellos la misma cosa. María Jesús Montero, a la sazón ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, es un caso meridiano de cuentista recalcitrante que viene de negar en Galicia que el Gobierno sea el responsable de la gestión del Gobierno durante la pandemia. Sí, han leído bien. El Gobierno no tiene nada que ver con el Gobierno salvo en aquellas cosas en las que el Gobierno ha triunfado, según el tortuoso juicio de la torturada mente de esa señora.

Andaba Montero soltando bulos en un mitin cuando no se le ocurrió otra cosa que decir que aquí no hubo un mando único, que "este Gobierno, sin corresponderle, acopió material sanitario para proteger a las personas que trabajan en nuestros centros" y que "este Gobierno, sin tener la obligación, reforzó el sistema sanitario en un primer momento mandando trescientos millones de euros a las comunidades autónomas".

Ojo al piojo. El Gobierno, según Montero, no se ha puesto de perfil ante el coronavirus, aunque ni le correspondía ni tenía obligación. Hay que tener un rostro de hormigón armado para decir en público lo que ha dicho la ministra, la misma clase de cara que la amerita para ejercer las funciones de portavoz en un Gobierno sustentado en personajes que han hecho de no decir nunca la verdad su modus operandi. He ahí Sánchez, que no iba a pactar con separatistas ni con Bildu. O el imaginativo Grande-Marlaska, a quien cada día se le ocurre un bulo distinto sobre las purgas en la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Sorprende también la construcción de una "nueva realidad" pareja a la "nueva normalidad" en la que el Gobierno pasaba por ahí y ante el descontrol de las comunidades autónomas no tuvo más remedio que acudir al rescate de la población y salir a los "mercados salvajes", Montero dixit, para comprar material de protección para los sanitarios. ¿Y las mascarillas defectuosas? ¿Y los timos de los respiradores? ¿Y los sobreprecios de los mediadores elegidos por el Gobierno? ¿Y los tratos con empresas que no estaban acreditadas? Peccata minuta.

Digno representante de este Gobierno, aunque herencia del anterior, es ese monstruo de la epidemiología y campeón de la estadística que responde al nombre de Fernando Simón, al que le bailan trece mil muertos en la contabilidad del coronavirus, aquella remota enfermedad de la que en España no iba a haber como mucho "más allá de algún caso diagnosticado", según sus propias palabras.

Dice Simón que esos muertos, trece mil, ahí están, "sin ubicar". Según la retorcida prosa del nuevo icono pop de la progresía nacional, lo más seguro es que estén relacionados con la epidemia:

Sí que está claro que directamente, sea porque la infección haya podido afectar a la salud, o ya sea indirectamente porque la epidemia ha hecho que algunas personas no vayan a hospitales, sea como causa inicial primaria o como causa subyacente o contribuyente secundaria, el coronavirus ha podido participar en ese exceso de mortandad. Está en el aire la sospecha de que tiene algo que ver directa o indirectamente, eso está claro.

Ya, seguro, pero el caso es que el Gobierno se niega a incluir a esas trece mil personas en el listado de las víctimas, bien sea para que sus familiares no puedan atribuir en sede judicial los fallecimientos a la incompetencia del Gobierno o para no quedar como el Gobierno con los peores datos del mundo en cuanto a fallecidos por habitante. Claro que si le preguntan a Montero, ni esos trece mil muertos ni los casi treinta mil que sí reconoce el Gobierno serían en realidad muertos, sino gente que ha perdido la vida vaya usted a saber dónde y en qué circunstancias.

La izquierda, un nido de desleales
Editorial ABC 23  Junio 2020

Hay un PSOE, hoy mayoritario, que se avergüenza de González y que prefiere regalar victorias tácticas a Iglesias a reafirmar la vigencia de unas siglas con 150 años de historia

La izquierda se ha convertido en un nido de desleales empecinados en destruir todo aquello que huela a consenso, a Transición y a una idea común de España, con tal de protegerse en La Moncloa de sus errores en la gestión de la crisis del coronavirus. Hoy, Podemos, socio del Gobierno de coalición y garante de Pedro Sánchez con el «pacto del abrazo», votará a favor de que el Congreso someta a una investigación al expresidente Felipe González por los crímenes de los GAL en los años ochenta, mientras el PSOE calla y otorga con una actitud incomprensible. Es cierto que la exigencia de una comisión de investigación por hechos ocurridos hace treinta años es una bravata, una maniobra de evasión de Pablo Iglesias para crear una «liebre» social que evite cualquier posibilidad de que la ciudadanía, en especial un sector de la izquierda indignado, se movilice contra Sánchez y Podemos. Investigar a González es solo una ilusión óptica sin visos de prosperar porque el PSOE, el PP y otros partidos votarán en contra. A excepción de Margarita Robles, ni un solo miembro del Gobierno, empezando por Sánchez, ha salido a reivindicar el legado político de González. El PSOE ha decidido infravalorar su figura, que incluso es vista por el sanchismo como una amenaza contra sus excesos de populismo extremista en plena crisis estructural de España. Es evidente que hay un PSOE, hoy mayoritario, que se avergüenza de González y que prefiere regalar victorias tácticas a Iglesias a reafirmar la vigencia de unas siglas con casi 150 años de historia.

Los GAL fueron investigados política y judicialmente, algunos dirigentes del PSOE fueron procesados, juzgados y condenados, y varios cumplieron parte de su condena en prisión. Cualquier responsabilidad de nuestras instituciones con la democracia está más que cumplida por más que este afán revisionista, chantajista y revanchista de Podemos pretenda incorporarlo con calzador al guión político. La desgracia para González, y para ese socialismo sensato que aún da bocanadas de vez en cuando, es que Sánchez se haya convertido en el cooperador imprescindible de Iglesias en una operación de acoso y derribo a la propia historia del socialismo para sobrevivir a toda costa. Iglesias no da puntada sin hilo: por un lado, sabe que con este tipo de iniciativas daña al PSOE; y por otro, se reivindica en plena precampaña vasca, donde parte de los votos de Podemos se está fugando a Bildu. La maniobra de Iglesias es ser un clon de Bildu y recuperar la cal viva con la que se presentó en el Congreso, con la salvedad de que ya no cuela porque hoy es un cínico burgués incapaz de derrocar al mismo partido que lo sostiene como vicepresidente. Eso sí, Iglesias cuenta con el aval de Sánchez para humillar al PSOE porque ninguno de los dos tiene reparos en despreciar a González.

El PNV y el proceso constituyente
Editorial ABC 23  Junio 2020

El presidente vasco, Íñigo Urkullu, ha encontrado el guión de un discurso aparentemente moderado, que incluso gusta a las clases medias vascas no nacionalistas, porque representa el contrapunto a los extremismos de EH Bildu y Unidas Podemos

El presidente vasco, Íñigo Urkullu, recordó ayer que sigue siendo nacionalista de manual. Ha encontrado el guión de un discurso aparentemente moderado, que incluso gusta a las clases medias vascas no nacionalistas, porque representa el contrapunto a los extremismos de EH Bildu y Unidas Podemos. Pero hay más necesidad que virtud en esta imagen amable de Urkullu, muy propia, además, del pragmatismo con el que el PNV blinda su poder político. Por eso, la bicefalia entre Ajuria Enea y Sabin Etxea, sede del PNV, le permite presentar simultáneamente al moderado Urkullu y al sincero Andoni Ortúzar con su «españoles, ni por el forro». Sin embargo, estas son básicamente tácticas de conservación de un poder que sigue asentándose en una doctrina nacionalista, de raíz integrista e insolidaria. A estos se dirigió Urkullu ayer cuando pidió el reconocimiento de la «realidad nacional» del País Vasco y las competencias penitenciarias. Ambas demandas son poca cosa para todo lo que Pedro Sánchez estará dispuesto a dar con tal de aprobar los presupuestos y salvar el trance de la «nueva normalidad». Además, un ligero ejercicio de memoria permite recordar que fue el Partido Socialista de Euskadi, con Patxi López, el que propuso en 2004 reformar el Estatuto del País Vasco para calificarlo como «comunidad nacional» e incluir lo que entonces llamaban «proyecto nacional vasco». Llueve sobre mojado.

El proceso de cambio de régimen que pretenden la extrema izquierda y el nacionalismo tiene en el PSOE su principal activo, porque les garantizará un proceso basado no en derogaciones formales de la Constitución, para las que no tienen mayoría, sino en su sustitución por nuevas realidades incompatibles con sus valores de unidad y solidaridad. Ya lo dijo el ministro de Justicia: es un proceso constituyente.

Vox denuncia que magistrados del TC están poniendo "obstáculos" para dictar sentencia sobre el estado de alarma
El partido critica que no haya sentencia todavía cuando ya se ha levantado el estado de alarma y lo achaca a motivos "de índole político".
Maite Loureiro Libertad Digital 23  Junio 2020

El mismo día que se levanta el estado de alarma, Vox ha denunciado que algunos magistrados del Tribunal Constitucional están "poniendo obstáculos" de índole "político" para dictar sentencia sobre la denuncia que el partido interpuso hace un mes contra el decreto aprobado por el Gobierno y que consideran inconstitucional. Un fallo que creen imprescindible ante la perspectiva de que haya un rebrote de coronavirus y se vuelvan a aplicar las mismas restricciones.

La formación entiende que las medidas adoptadas por Pedro Sánchez y su equipo, como la limitación de movimientos, supusieron una vulneración "masiva" de derechos y libertades de los españoles, más propia de un estado de excepción que de un estado de alarma, ambas figuras recogidas en la Carta Magna.

En la primera rueda de prensa presencial que ofrece el partido desde que estalló la pandemia, el portavoz de Acción Política, Jorge Buxadé, ha criticado que, transcurrido un mes desde que se presentó la denuncia, y cuando el estado de alarma ya ha dejado de estar en vigor, el Tribunal todavía no ha emitido un fallo al respecto.

"Nos consta que hay magistrados del TC que están poniendo obstáculos a dictar esa sentencia por razones, por supuesto, no jurídicas, sino de orden político o de oportunidad", ha dicho tajante, después de asegurar que al tribunal llevan semanas con este asunto "sobre la mesa".

Buxadé se ha mostrado, además, convencido de que la sentencia será condenatoria porque "no existe ni un sólo jurista en España que defienda que la aplicación del estado de alarma por parte del Gobierno ha sido conforme a la Constitución".

"Hay un obstáculo de oportunidad política en no dictar una sentencia que, previsiblemente, declarará que el Gobierno realizó un uso abusivo del estado de alarma, en contra de la propia Constitución", ha insistido el vicepresidente político del partido, en clara referencia a la precampaña electoral en la que se encuentran inmersos los partidos de cara a los comicios del 12 de julio que se celebran en Galicia y el País Vasco.
Silencio de los partidos ante los ataques a Vox

En referencia a la precampaña, y a falta de tres días para que dé comienzo oficialmente la campaña, el partido denuncia el "silencio" por parte del resto de formaciones, y del Gobierno, ante los ataques que están sufriendo de radicales de izquierdas.

"Observamos un silencio absoluto de todos y cada uno de los partidos políticos, de todos y cada uno de los medios de comunicación, ninguno ha abierto una portada o un teledario denunciado estos ataques", ha criticado duramente el diputado por Barcelona y jefe de campaña en estas elecciones, Ignacio Garriga, que ha instado a la Fiscalía a investigar lo ocurrido.

El primer ataque tuvo lugar durante el acto de presentación de candidatos en Galicia por parte de Santiago Abascal cuando un grupo de radicales se congregó a las afueras del recinto donde tenía lugar el mítin al grito de "¡Esta vez vais vosotros a las cunetas!".

A este se suman las amenazas constantes al presidente del partido y lo ocurrido el pasado fin de semana en el País Vasco, donde el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, tuvo que ser escoltado durante todo un paseo por la Ertzaintza, ante el acoso que estaba sufriendo.

Pamplona borra el legado de euskera de EH Bildu y limita su peso en empleo y anuncios
La norma configura como opcional la valoración del euskera en la provisión de los puestos de trabajo municipales y reduce del 100% al 25% la presencia obligatoria de la lengua vasca en la publicidad
Jose Mari Alonso. Pamplona elconfidencial 23  Junio 2020

El Ayuntamiento de Pamplona ha dejado este lunes sin efecto la ordenanza que aprobó el anterior Gobierno municipal de EH Bildu para regular la utilización del euskera en el consistorio y su sector público institucional al sostener que la regulación que estaba vigente era “difícilmente compatible con el principio de igualdad de acceso a la función pública que la Constitución impone” por otorgar un excesivo peso a la lengua vasca que, además, “no responde a la realidad lingüística de la ciudad” y conlleva incluso el “sacrificio del principio de igualdad en el acceso al empleo en las empresas privadas”.

La nueva norma configura como opcional la valoración del euskera en la provisión de los puestos de trabajo, en contraposición con el carácter obligatorio de la ordenanza aprobada la pasada legislatura bajo el mandato de Joseba Asiron, y suprime la obligación del conocimiento de la lengua vasca para acceder a determinados empleos al prever que existan puestos que “precisen el conocimiento del euskera, pero no con carácter general” en todas las convocatorias.

Se regula el bilingüismo en la imagen municipal "de forma equilibrada, distinguiendo según los destinos de la información y no de manera indiscriminada"

Asimismo, la ordenanza aprobada por el Gobierno que lidera Enrique Maya (UPN) “no impone el bilingüismo completo en las relaciones interadministrativas, sino que hace depender el uso de uno u otro idioma de la voluntad del destinatario”. A este respecto, “garantiza” el derecho a dirigirse en euskera al ayuntamiento y a una respuesta en el mismo idioma, pero “sin la correlativa creación de multitud de puestos de trabajo restringidos a quienes dominan” la lengua vasca. De igual modo, la nueva norma regula el bilingüismo en la imagen municipal “de manera equilibrada, distinguiendo según los destinos de la información y no de manera indiscriminada como lo hace la norma vigente”, de modo que reduce del 100% al 25% la presencia obligatoria del euskera en los anuncios publicitarios.

Estos son los grandes cambios que establece, a modo de líneas maestras, la nueva ordenanza reguladora de la utilización y fomento del euskera en el Ayuntamiento de Pamplona y su sector público institucional que ha entrado este lunes en vigor, según deja constancia el Ejecutivo municipal, que defiende que la norma “establece un bilingüismo asimétrico en las relaciones interadministrativas y con la ciudadanía que hace residir el uso de uno u otro idioma en la voluntad de la personas destinataria

La nueva ordenanza, que se compone de 27 artículos y dos disposiciones adicionales, refleja que la ordenanza que estaba vigente desde mayo de 2019 “difumina” la distinción que la Ley Foral del Vascuence de 1986 establece para las zonas vascófona y mixta —en la que Pamplona está encuadrada— para “acabar convirtiendo” a la capital navarra “en una ciudad de la zona vascófona e, incluso, en varios aspectos, más allá del régimen de esta”. Así, la nueva norma deroga la “imposición” del bilingüismo obligatorio y general en las comunicaciones y en la imagen municipal que estaba vigente a pesar de que la Ley Foral del Vascuence “nada dice sobre estos aspectos al regular la zona mixta e, incluso, en la zona vascófona no obliga a la comunicación bilingüe, sino que prevé que la ciudadanía elegía una de las dos lenguas” oficiales en la Comunidad Foral.

Igualmente, la nueva norma, que fue aprobada en pleno en marzo con el apoyo de UPN y el PSN entre fuertes críticas de EH Bildu y Geroa Bai, deja sin efecto lo relativo a la imagen municipal después de que la ordenanza aprobada por EH Bildu hubiera “asumido la rotulación general y absoluta en ambos idiomas que la Ley Foral impone para la zona vascófona pero no para la mixta”, en la que está situada la capital navarra.

Y en materia de personal, el Gobierno de Maya constata que la anterior ordenanza “ha ido más allá de lo regulado en la Ley Foral para la zona mixta al partir del derecho que la disposición legislativa recoge para la zona vascófona, que no es otro que el derecho de la ciudadanía a ser atendida en ambos idiomas, mientras que, en la zona mixta, tal derecho no existe de tal manera que la ciudadanía de Pamplona tiene derecho a dirigirse al ayuntamiento en ambos idiomas, pero no a ser atendida en el idioma que elijan”. Así, esta “inadecuación normativa” da lugar a que la norma hasta ahora en vigor “prevea la provisión de multitud de puestos de trabajo entre personas que tienen la titulación en euskera, además de la valoración de su conocimiento en todas las convocatorias de personal, que puede alcanzar hasta el 14% de los méritos”. Incluso, según determina, se extendía este requisito de conocimiento previo del euskera a los puestos de trabajo de las empresas contratadas por el consistorio.

Toda esta regulación en materia de personal, según determina la nueva ordenanza, “es difícilmente compatible con el principio de igualdad de acceso a la función pública que la Constitución Española impone como garantía de la igualdad de oportunidades”, además de resultar "contraria a la zonificación lingüística establecida en la Ley Foral [del Vascuence], que es, a su vez, el resultado de la realidad sociolingüística, como la propia disposición legislativa foral expresamente establece. En consecuencia, según concluye la nueva norma, la ordenanza vigente hasta la fecha “ha configurado un sistema que no responde a la realidad de la ciudad de Pamplona y tal evidencia conlleva el sacrificio del principio de igualdad en el acceso a la función pública e incluso al empleo en las empresas privadas”.

De este modo, el texto de la nueva normativa “recupera casi en su integridad la redacción de la norma que estuvo vigente” hasta que el Gobierno de Asiron aprobó la anterior ordenanza la pasada legislatura. Según defiende, la regulación que se establece del uso del euskera se “adapta a la realidad sociolingüística vigente” y “responde fielmente a los principios y disposiciones” de la Ley Foral del Vascuence y “garantiza los derechos de la ciudadanía en las condiciones en las que debe hacerse en la zona mixta”.

Los grandes cambios afectan al capítulo del personal y el funcionamiento interno municipal. La nueva normativa establece que “en la plantilla orgánica del ayuntamiento se determinarán aquellos puestos de trabajo que precisen el conocimiento del euskera” y se “definirá en cada caso el grado de conocimiento” de la lengua vasca de estos empleos. En las convocatorias municipales de personal que —se considere— no precisen del euskera, su conocimiento “podrá ser valorado, como mérito, de manera opcional” y no obligatoria. A este respecto, la valoración del euskera “podrá ser un 25% mayor que la que se otorgue al conocimiento de cualquiera de los idiomas comunitarios”, pero “siempre que así se justifique atendiendo a las características del puesto de trabajo”.

De cara a las relaciones administrativas, la ordenanza establece que los documentos, notificaciones y comunicaciones administrativas que se dirijan a otras administraciones públicas situadas en la zona vascófona o en comunidades en las que el euskera sea también lengua oficial “se redactarán con carácter general en forma bilingüe”, y cuando el destinatario sea otra administración ubicada en cualquier zona utilizará igualmente la forma bilingüe siempre que esta “sea la que haya iniciado la relación de esta forma”.

En relación con los “derechos de los ciudadanos”, el Gobierno de Maya establece que a aquellas personas que “elijan dirigirse por escrito en euskera se les responderá de forma bilingüe” a través de los servicios de traducción, que "dará las versiones oficiales en castellano de la solicitud realizada y del acuerdo o respuesta municipal que se ha de comunicar". En materia oral, la respuesta se realizará en lengua vasca, para lo que el consistorio “adoptará las medidas oportunas para alcanzar dicho objetivo”, según refleja la normativa.

Para la imagen exterior, la ordenanza establece la utilización de los dos idiomas cuando el ayuntamiento “se dirija de modo general a la ciudadanía”, de modo que seguirán siendo bilingües los bandos, edictos, carteles y placas informativas, los logotipos y membretes, la rotulación de las calles, la señalización, los documentos y modelos que se ponen a disposición de la ciudadanía, los folletos de información y propaganda… En este sentido, el cambio afecta a la publicidad en medios de comunicación, ya que la utilización del euskera en los anuncios municipales insertos en la prensa "supondrá aproximadamente un 25%" de los mismos. Igualmente, la publicidad en los medios audiovisuales —radio y televisión, fundamentalmente— “se realizará en los dos idiomas, en la proporción aproximada de una cuña o spot en euskera por cada cuatro que se vayan a insertar”.

Según defiende la normativa, de este modo se “va más allá incluso del porcentaje de uso”, pero “se evita la obligatoria presencia al 100%” que imponía la norma vigente. En los medios de comunicación cuya titularidad o gestión corresponda al Ayuntamiento de Pamplona “se utilizarán los dos idiomas en la misma medida en los elementos de identificación del medio, titulares de página, fecha, secciones y la utilización del euskera supondrá aproximadamente el 20% del uso lingüístico total”.

En relación con el funcionariado, el ayuntamiento determina que “se apoyará el aprendizaje del euskera entre el personal municipal que lo desee, de forma que se asegure el cumplimiento de los objetivos establecidos por esta ordenanza”, para lo cual el Consistorio “organizará planes de formación lingüística” que “preverán reducciones de horario de trabajo, ayudas económicas y posibles substituciones”. Fuera del funcionariado, y de cara a fomentar el euskera entre la ciudadanía, el Gobierno municipal consignará en sus presupuestos “una cantidad económica destinada a personas adultas de la ciudad que deseen participar en cursos intensivos para su aprendizaje en régimen de internado”, además de “promover la organización de actividades culturales y de fomento” de la lengua vasca y de “ayudar económicamente a las promovidas por la iniciativa social”.
 


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