AGLI Recortes de Prensa   Viernes 26  Junio  2020

No aprenden de sus errores ni con 46.000 muertos
OKDIARIO 26  Junio 2020

El Gobierno socialcomunista no aprende de los errores pasados, sino que persevera, en contra del sentido común y de los criterios científicos, en su incompetencia en la gestión de la crisis del coronavirus. Y como muestra, un botón: en un documento firmado el pasado 23 de junio, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, describe el protocolo a seguir con los inmigrantes llegados a España de forma ilegal y apunta que las pruebas diagnósticas sólo se realizarán «cuando sea necesario», sin concretar el cuándo ni el cómo. O sea, sin determinar circunstancia o motivo alguno.

La entrada de inmigrantes ilegales se ha convertido en una puerta abierta a los rebrotes de coronavirus y, pese a ello, el Ejecutivo sigue sin reforzar los controles ni exigir la obligatoriedad de realizar test. O sea, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue jugando a la ruleta rusa.

La ausencia de pruebas diagnósticas está en el origen del brote registrado en Navalmoral de la Mata. El paciente 0 fue un inmigrante llegado en patera a Almería que fue enviado por la Delegación del Gobierno a Extremadura sin hacer test ni alertar. En estos momentos, ese brote suma 24 contagios y el paciente 0 se ha dado a la fuga, por lo que se ha decretado una orden de busca y captura. El desplazamiento del paciente se hizo con pleno desconocimiento de su situación de salud, en plena fase 1, y dentro de un programa de atención humanitaria y protección internacional comandado por la Secretaría de Estado de Migraciones.

Lo que demuestra que, mientras el Gobierno apela a la responsabilidad de los españoles para evitar nuevos brotes y nos recuerda que el «virus sigue ahí», quien exhibe una actitud absolutamente irresponsable es el Gobierno. Del mismo modo que el Ejecutivo ha ordenado unos controles en el aeropuerto de Barajas que son un prodigio de ineficacia, el descontrol a la hora de intensificar la vigilancia sobre los inmigrantes que entran en España es clamoroso. No aprenden ni con 46.000 muertos.

El final de una escapada radical
Editorial  El Mundo 26  Junio 2020

El Gobierno actual nació de una suma de radicalismos aglutinados por el rechazo a la derecha. Su mentira fundacional consistió en vender como progresistas a aquellos que quitaban el sueño a Sánchez, empezando por el populismo bolivariano de Podemos y siguiendo por el golpismo impenitente de ERC y los herederos políticos de ETA. En la cima, un aventurero de principios gaseosos emancipado de la tradición socialdemócrata que daba sentido a una sigla histórica, hoy nada más que una plastaforma cesarista a mayor gloria personal del líder plenipotenciario. Su coalición Frankenstein echó a andar por la senda programática de la guerra cultural contra la oposición. Hasta que estalló la pandemia y aquel programa cainita y pueril voló por los aires.

Sánchez descubrió entonces por qué no fue buena idea abandonar la moderación y fiar su supervivencia a partidos antisistema sin sentido de Estado ni interés en aprenderlo. Fue la misma oposición que él caricaturizaba como bloque reaccionario la que por responsabilidad le salvó sucesivas prórrogas de la alarma cuando el separatismo le abandonó. Y es la oposición constitucionalista de PP y Cs la que, pese a las invectivas que recibe, sigue acordando medidas cruciales en mitad de la peor crisis sanitaria y pronto económica que se recuerda.

El ingreso mínimo vital, el decreto de la llamada nueva normalidad ayer mismo, el pacto sanitario en ciernes que Ana Pastor teje con Salvador Illa o el apoyo cerrado que PP y Cs han expresado a la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo -lo que contrasta clamorosamente con la sectaria negativa de Sánchez a apoyar a Miguel Arias Cañete o a Luis de Guindos en su día- vienen a desmentir rotundamente la chatarra argumental difundida desde Moncloa según la cual la oposición estaría instalada en la crispación mientras al Gobierno le duele la mano de tenerla tendida. En una democracia consolidada la oposición fiscaliza al Gobierno y señala los errores de su gestión, sobre todo cuando han sido tan graves que han convertido a España en el país con mayor número de muertos por habitante, con mayor número de contagiados sanitarios, con el confinamiento más severo, con el daño económico más profundo y con las peores perspectivas del planeta según el FMI. Pese a todo, la oposición sigue pactando por el bien de los españoles mientras Sánchez insiste en despreciarla y exigirle sometimiento en las sesiones de control.

¿Qué más tiene que suceder para que este presidente asuma la cruda realidad? ¿No ve la tormenta que se nos viene encima y la imposibilidad de capearla con socios tan precarios e indeseables? Lo que su inexistente virtud no puede, hágalo al menos la necesidad. Sánchez debe soltar lastre populista, enterrar la perversa memoria del no es no que él instaló entre nosotros y abrirse a pactos leales en España con los otros dos partidos que gobiernan Europa.

¡Illa, Illa, Illa, maravilla!
María Claver okdiario 26  Junio 2020

El Partido Socialista tiene intención de incorporar a sus campañas electorales en Galicia y el País Vasco al ministro de Sanidad Salvador Illa, los candidatos socialistas a las elecciones autonómicas consideran que la presencia de Illa suma para la causa progresista por su desenvuelta gestión en la crisis del coronavirus. Las bases socialistas podrán aplaudir y vitorear al que se perfila como el nuevo héroe de la izquierda española. No es en absoluto descartable que desde las agrupaciones socialistas se promuevan plazas ‘La Simonilla’ por doquier en honor a ambos genios de la estrategia epidemiológica, o incluso la sustitución de las estatuas de Colón por la imagen de los nuevos Starsky y Hutch del Covid-19. De hecho, Podemos ha pedido que se otorgue a Fernando Simón la medalla de oro de Zaragoza y la asociación Progresista de España le ha otorgado el premio Emilio Castelar 2020. Casi nada. El asunto es una mezcla de quijotismo y surrealismo, un termómetro del esperpento español ante la nueva normalidad.

Así las cosas es inevitable preguntarnos qué capacidad de discernimiento atribuyen a sus bases los dirigentes socialistas y comunistas. Me aproximo a esa galería de los horrores que son las redes sociales y me doy de bruces con la explicación: «Illa, Illa, Illa, maravilla», «Simón, campeón», o, peor aún, «(aplausos) El coronavirus nos ha hecho conocer a estas dos grandes personas». Así se dibuja la izquierda actual.

No es nada nuevo. La estrategia del victimismo, de la confrontación, arraiga con fuerza en una sociedad acrítica donde ha triunfado el gregarismo, donde el mérito y el esfuerzo han sido devaluados en favor de un igualitarismo que se erige en el nuevo esclavismo, donde la libertad está siendo amordazada por superchería ideológica. El encumbramiento del colectivismo sepulta la reflexión y la iniciativa individual. «Todos y juntos», de eso ha versado la publicidad con la que nos han bombardeado durante el confinamiento. Decenas de miles de compatriotas han perdido la vida por el virus, pero miles de ellos lo hicieron por la imprevisión de nuestros responsables sanitarios. España encabeza el ranking de los países más golpeados por el virus, con más fallecidos y con el mayor desplome económico. Pero todo ha sido ejemplar, muy progresista.

«Requisito para votar: DNI», denunciaba Quino en una de sus viñetas. «¿Y memoria no?», se preguntaba Mafalda. Pues no, obviamente. Sólo una sociedad enferma es capaz de encumbrar a quienes, debiendo garantizar la protección de sus ciudadanos, actuaron negligentemente. El resentimiento y el odio han convertido a Illa y a Simón en los nuevos iconos pop de este triste apocalipsis. Es el triunfo absoluto de la posverdad.

El PP y Vox piden la comparecencia de Iglesias y Delgado por la confabulación de los fiscales contra OKDIARIO
OKDIARIO 26  Junio 2020

El PP ha pedido la comparencia en el Congreso de Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, y de Dolores Delgado, fiscal general del Estado, para dar explicaciones por la confabulación de los fiscales del caso Villarejo con Podemos para beneficiar a Iglesias en varios procedimientos judiciales e intentar así destruir a OKDIARIO.

Vox también ha pedido este jueves la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la fiscal general del Estado por el mismo motivo. En un escrito registrado ante la Mesa del Congreso, la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, ha reclamado la comparecencia de Delgado ante la Comisión de Interior para que informe «de los criterios, relaciones y actuaciones de carácter general por parte del Ministerio Fiscal con el resto de partes en un procedimiento penal».

La formación liderada por Pablo Casado considera que este «presunto chivatazo» podría «poner en grave riesgo a toda la institución» de la Fiscalía General del Estado en manos de Delgado, que hasta hace unos meses fue ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez y que logró un escaño con el PSOE en las últimas elecciones generales.

El Confidencial ha revelado unos chats internos del equipo jurídico de Podemos que demuestran que los fiscales del caso Villarejo y la formación de Pablo Iglesias se conjuraron para destruir a Eduardo Inda y a este periódico cuando la pieza Dina Bousselham aún estaba bajo secreto.

Los letrados del partido morado convencieron a los fiscales de Anticorrupción para que solicitaran al juez Manuel García Castellón el registro de la redacción de OKDIARIO en busca de una tarjeta de teléfono que, supuestamente, le habían robado a la entonces asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham.

Los fiscales de la operación Tándem, por la información recibida por los letrados de la formación morada, estaban convencidos de que el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, había recibido del comisario Villarejo una copia con los datos de la tarjeta del móvil de Bousselham. Más tarde, se pudo demostrar que la acusación respondía a una versión manipulada y falsa de Podemos, pero que los representantes del Ministerio Público asumieron como buena.

El chat interno del equipo jurídico de Podemos en la plataforma Telegram, reconoce que la letrada Marta Flor Núñez manejó datos de la pieza Dina -la número 10 del sumario Tándem- mientras permanecía en secreto. La información la había recibido de los fiscales de la causa.

Los fiscales del caso permitieron además que Iglesias fuera admitido como perjudicado en la causa y aprovechara esa circunstancia para emprender «una cruzada contra las cloacas del Estado en plena campaña de las generales de abril de 2019».

«Dueño de las cloacas»
Luis Santamaría, portavoz de Justicia del PP en el Congreso, ha pedido este jueves la comparecencia del líder de Podemos para dar explicaciones sobre este asunto. «El vicepresidente segundo del Gobierno debe explicar los correos electrónicos que han salido a la luz, por qué mintió sobre la tarjeta de su asesora, por qué retuvo esa tarjeta durante tantos meses, y debe explicar qué hizo con ella durante ese tiempo», ha asegurado Santamaría.

El parlamentario ‘popular’ ha señalado que el vicepresidente segundo del Gobierno «debe explicar, en definitiva, cómo ha pasado de sentirse víctima de lo que el calificó como las cloacas, a aspirar a convertirse en dueño y señor de esas mismas cloacas».

«Sabemos que la sombra de Iglesias se proyecta ampliamente sobre el Ejecutivo dada la actitud genuflexa del señor Sánchez, sabemos que la sombra de Iglesias se proyecta cada vez con mayor intensidad sobre el legislativo, sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sobre RTVE, y ahora constatamos lo que también sabíamos, y es que Iglesias aspira a proyectarse sobre el Poder Judicial siguiendo el ejemplo de los líderes autocráticos a los que asesoró en tiempos pasados», ha sostenido.

Luis Santamaría ha solicitado esta comparecencia del dirigente podemita porque es en el Congreso «se dirimen las responsabilidades políticas» y ha pedido también la actuación de la Fiscalía porque «los españoles tienen derecho a conocer los hechos».

Las revelaciones publicadas por OKDIARIO «son muy graves», a juicio del portavoz parlamentario del PP, por lo que ha pedido que las comparecencias de Dolores Delgado y de Pablo Iglesias se produzcan «a la mayor brevedad posible porque el país entero está esperando sus explicaciones».

«Debe dar la cara»
Sobre la petición de las explicaciones de la fiscal general del Estado, Santamaría ha defendido que «un Estado de derecho jamás puede ser connivente ni con un partido político, en este caso y según parece con Podemos, ni con las ambiciones personales, en este caso del señor Iglesias empeñado en ocupar el Poder Judicial». «Se trata de salvaguardar el Ministerio Fiscal poniendo luz y taquígrafos donde ahora todo son sospechas», ha añadido.

El papel de la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado debe ser «transparente» y «esencial para salvaguardar la independencia judicial y el Estado de Derecho», ha asegurado el diputado del PP. «El Gobierno pone en peligro su independencia de manera constante», ha defendido.

«El vicepresidente Iglesias debe dar la cara. Si nada hay que esconder, y nada hay que ocultar no hay mejor sitio para explicarse que la sede de la soberanía nacional», ha apostillado.

Los ascensos a general, en manos de una consultora socialista
OKDIARIO 26  Junio 2020

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto a disposición de una empresa de recursos humanos próxima al PSOE -Facthum Talent Management SL-, información confidencial, con datos personales y profesionales de militares del Ejército de Tierra a los que tiene que evaluar para los ascensos de coronel a general. La empresa es propiedad de Antonio Pamos de la Hoz, psicólogo en la órbita socialista. No lo dice OKDIARIO, sino él mismo: «Desde que la edad me convirtió en votante, he apoyado siempre al Partido Socialista. Incluso en los momentos más grises de su historia reciente he votado socialista. Nunca he pedido a cambio más que una gestión digna del país, afín a los principios que defiende». Lo de «nada a cambio», a la vista de los contratos adjudicados a su empresa entre 2018 y 2019 por un valor de 32.668 euros, es discutible.

El papel de Facthum Talent es evaluar a los coroneles del Ejército de Tierra que por sus méritos y hoja de servicios entran en el cupo para ser ascendidos para el empleo de general. La empresa emite un informe, no vinculante, tras realizar lo que se conoce como ‘Assesment Center’ o entrevistas de evaluación situacional. Pese a que el equipo de evaluación está sujeto a un contrato de confidencialidad que le obliga a no aplicar, no utilizar y no ceder a terceros los datos personales e información a la que hayan tenido acceso durante la prestación del servicio, lo cierto es que el Gobierno -como se reconoce de forma explícita- pone a disposición de una empresa datos personales de coroneles del Ejército de Tierra, algo que podría incumplir la Ley de Protección de Datos. No es de extrañar que los altos cargos del Ejército estén altamente preocupados. No es para menos.

Se da la circunstancia de que el hermano del dueño de la empresa contratada por el Gobierno es Fernando Pamos de la Hoz, un abogado penalista que se encargó de la defensa del PSOE en 2003 después de que los diputados Eduardo Tamayo y Teresa Sáez se ausentaran de la Asamblea de Madrid en lo que se conoció como el ‘tamayazo’.

Lo que le faltaba al Ejército de Tierra, después de lo ocurrido en la Guardia Civil, es que los criterios de promoción a general los determine una empresa afín al PSOE a la que se le ofrece información y datos personales.


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Pactar contra los odiadores de España
Editorial ABC 26  Junio 2020

El Congreso aprobó ayer con una abrumadora mayoría de 265 votos el decreto que regulará ese eufemismo que Sánchez dio en llamar «nueva normalidad». Más allá de que la incidencia de rebrotes víricos y el diagnóstico de nuevos casos en una veintena de poblaciones españolas resulten ya preocupantes, ese decreto se había convertido en una necesidad. Y desde esa perspectiva, es una buena noticia que el PP apoye al Gobierno de modo condicionado, y que también lo haya hecho Ciudadanos frente a partidos como Vox, Bildu o ERC, que se opusieron a avalar la nueva normativa. También fue una noticia satisfactoria que el Gobierno y los empresarios alcanzasen un acuerdo para financiar los ERTEs hasta el 30 de septiembre. Lo normal ante una tragedia como la vivida en España, donde el cúmulo de errores cometidos por la arrogancia del Gobierno es ilimitado y donde ni siquiera conocemos aún el número real de fallecidos, habría sido que desde un principio se fraguasen consensos en beneficio de la ciudadanía. No era razonable que el Gobierno y esos socios de moción de censura que solo avalan a Sánchez en función de las prebendas independentistas que reciben, mantuviesen durante más tiempo una gobernabilidad por decreto, un insultante desprecio a la oposición, y la ceguera ante recomendaciones inaplazables de nuestro empresariado para la recuperación. Aún no puede decirse que Sánchez haya recobrado la cordura política y el sentido de la responsabilidad con los millones de españoles representados en los escaños de la derecha, pero es cierto que este clima de incipiente entendimiento suaviza tensiones, tranquiliza ánimos y predispone a nuestra clase dirigente a un trabajo esencial para los próximos meses.

Para la democracia es una prioridad que el populismo extremista, el separatismo, los partidos filoterroristas que aún enaltecen a etarras, y las formaciones antisistema dejen de condicionar nuestra política. España se enfrenta a una crisis política, social y económica inédita, y esos partidos empeñados en que Sánchez lidere un cordón sanitario contra el PP para criminalizar a la derecha deberían quedar fuera. Son tóxicos para la democracia, trafican con sus escaños para verse privilegiados, y han convertido al PSOE en un partido al margen de los consensos constitucionales. Durante tres meses, Sánchez ha gobernado por decreto de modo abusivo, y quiso obligar al PP a apoyar esa anomalía a cambio de nada. Sánchez nunca quiso negociar nada porque su objetivo era aislar a la derecha y protegerse de la tragedia. Si ahora se aviene a razones con el PP o la CEOE, bienvenidas sean. No es un cambio de estrategia, sino una acuciante necesidad del PSOE porque Sánchez está bajo la lupa de la UE, y porque un eventual rescate económico nunca podrá basarse en las caducas recetas que impone Iglesias.

El PP es parte fundamental del problema de España
Nota del Editor 26  Junio 2020

Hay gente empeñada en repetir los errores, sin que la experiencia vivida y sufrida les haya servido para levantar la frente y luchar contra quienes nos están hundiendo en la miseria, por acción y por omisión.

El PP tiene que desaparecer, cualquier persona decente tiene que apoyar a Vox y es una indecencia poner a Vox con el grupo de filoterroristas e independentistas que están activamente destruyendo España.

Nadie se engañe: no hay 'giro a la derecha' en el Gobierno
EDITORIAL Libertad Digital 26  Junio 2020

Haría bien el PP en no fiarse de la supuesta aparición de un 'nuevo' Pedro Sánchez capaz de afrontar unas reformas estructurales que están en los antípodas de su proyecto ideológico.

Tras responder inicialmente con insultos a la oferta de negociación hecha hace unos días por Pablo Casado en torno al decreto de la nueva normalidad, finalmente el Gobierno se ha avenido a negociar y a incluir en su tramitación una serie de aportaciones hechas por Ciudadanos y por el PP, fundamentalmente sobre la lucha contra el covid-19 en el ámbito de la legislación sanitaria. Ahora bien, por mucho que el referido decreto no brinde, aparentemente, excusas para un confinamiento tan estricto y liberticida como el que acabamos de padecer y ponga el acento en el refuerzo de la atención sanitaria, las medidas preventivas, la trazabilidad de los contactos de los contagiados, la realización de pruebas PCR y el refuerzo de la producción de material de protección, resulta absolutamente iluso o exagerado considerarlo una especie de giro a la derecha por parte del Ejecutivo.

Ni el radicalismo de ERC y Bildu, que se han opuesto al decreto por haber sido "pactado con la derecha", ni la inverosímil candidez de Ana Pastor, que considera incluso que puede dar pie a un "pacto de Estado" y a "reformas estructurales" consensuadas con el PP, tienen justificación. Si PP y Ciudadanos han llegado a este acuerdo con el PSOE no ha sido tanto por las cesiones socialistas como por el vértigo que daba a esas dos formaciones rechazar el decreto en compañía de Vox y, por motivos obviamente muy distintos, los separatistas vascos y catalanes.

Si el decreto es fruto del acuerdo del PSOE con PP y Ciudadanos, también ha sido consensuado con Podemos, por lo que resulta completamente iluso pensar que puede dar pie a unas reformas estructurales como las que más tarde o más temprano reclamarán nuestros acreedores europeos, y que pasarán por una liberalización de los mercados y una reducción del gasto público, medidas que ni los socialistas ni, mucho menos, los comunistas han dado muestras de querer asumir. Eso, por no hablar de cómo el Gobierno, en compañía de Podemos y de los separatistas, sigue negándose a la demanda del PP para que se audite la cifra de muertos desde el inicio de la pandemia.

Así las cosas, haría bien el PP en no fiarse de la supuesta aparición de un nuevo Pedro Sánchez capaz de afrontar unas reformas estructurales que están en los antípodas de su proyecto ideológico. La candidatura, ya oficial, de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo, respaldada por PP, Vox y Ciudadanos, arroja poca luz, pues todo dependerá de si la vicepresidenta económica se muestra más fiel a la responsabilidad que implica ese cargo europeo o, por el contrario, al Gobierno sectario y manirroto al que pertenece, y que sigue teniendo a Pablo Iglesias como vicepresidente.

Nada será nuevo ni normal mientras una formación de extrema izquierda como Podemos sea socio preferente de un Gobierno que a día de hoy sigue dando muestras de no querer que los españoles duerman tranquilos.

Hablamos español
Pedro Insua ESP 26  Junio 2020

Sin duda uno de los elementos de mayor cohesión nacional para una sociedad es una lengua común. En España existe sólo una lengua que es común, una lengua verdaderamente nacional, y es el español (de ahí su nombre).

A partir del siglo XVI, ya extendido a toda España, el castellano adoptó el nombre de español (está fechado además el uso de la palabra “español”, como sustantivo referido al idioma, en 1520), para, además convertirse también (en tanto que “compañera del imperio”) en lengua internacional.

El resto de lenguas españolas (gallego, catalán, euskera, etc.) son regionales, esto es, no son habladas por todos los españoles, sino que su uso se restringe a algunas regiones (y generalmente, además, expuestas al fenómeno de la diglosia).

Esta condición de común, característica del español, y no de ninguna otra lengua en España, insisto, es la que permite que se haga de su uso un “derecho”, y de su conocimiento un “deber” para todos los españoles (según se recoge en el artículo 3 de la CE).

Ninguna otra lengua en España tiene esta condición, la de ser común, de tal modo que, a ningún español, viva en la región de España en la que viva, se le puede exigir el conocimiento de otra lengua que no sea el español, aunque tenga el derecho al uso de otras lenguas. Un derecho este, eso sí, que obliga a la administración al conocimiento y uso de las lenguas regionales, pero no al ciudadano (es decir, como cualquier ciudadano tiene derecho al uso de una lengua regional, la administración tiene la obligación de conocerlo para responderle, pero un ciudadano no tiene el deber de hablar con la administración en ninguna lengua regional y sí, sin embargo, tiene el deber de conocer el español).

Así por lo menos lo dejó claro el Tribunal Constitucional en un recurso que se interpuso contra la ley de normalización lingüística de Galicia (1983) cuando en esta, redactada por el Parlamento de Galicia, se pretendía la “obligación”, el “deber” del conocimiento del gallego para “los gallegos”.

Así, dice la Ley de Normalización lingüística lo siguiente, en su artículo 1 y en referencia al idioma gallego: “El gallego es la lengua propia de Galicia. Todos los gallegos tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo”. Pues bien, el inciso "el deber de conocerlo" del párrafo 2º del artículo 1 fue declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 84/1986, 26 junio (B.O.E. 4 julio) alegando el siguiente (buen) argumento: “conforme al art. 3.1 de la C.E. sólo respecto del castellano cabe predicar junto al derecho a usarlo, el deber de conocerlo. Primeramente, porque la cooficialidad de otras lenguas no tiene por qué suponer una obligación de conocerlas y, además, porque tal obligación (que, respecto al gallego, no viene recogida en el correspondiente Estatuto de Autonomía) sería inviable con arreglo a la Constitución. En efecto, ni para el legislador estatutario ni para el legislador autonómico es posible la imposición de ese deber, por resultar contrario a la Constitución. La singularidad del castellano, en cuanto que sólo para él se imponga constitucionalmente el deber de conocimiento, resulta de la exclusiva condición de idioma común a todos los españoles y lengua oficial del Estado” (la cursiva es nuestra).

Pero el caso es que, de hecho, en Galicia (también en otras regiones) se están permanentemente vulnerando los derechos lingüísticos de los españoles -es decir, los derechos de los españoles, sean del tipo que sean-, y ello se hace en dos sentidos: primero porque no se respeta, cotidianamente, desde la administración autonómica (pero tampoco desde la municipal, y ni siquiera desde la central), ese “derecho al uso” del español (según figura en el art. 3 de la CE), al dirigirse al ciudadano, en buena parte de sus comunicaciones, sólo en gallego (en la inmensa mayoría de la cartelería administrativa -desde hospitales y colegios hasta bibliotecas o edificios oficiales-, pero también en otro tipo de información, esta sólo figura en gallego); pero, además, en segundo lugar, porque se está obligando al uso de una lengua regional y prohibiendo el uso del español cuando, como acabamos de leer por parte del Tribunal Constitucional, los habitantes de esa región no tienen el deber del conocimiento de una lengua regional (sean estos habitantes naturales o no de esa región), y sí tienen el deber del conocimiento de la lengua nacional.

Justamente esta semana (el día 23 de junio), ha tenido el primer juicio por el que un ciudadano español, -Emilio Álvarez, profesor de música- demanda a la administración, en concreto a la Xunta de Galicia, por, precisamente, obligar al uso exclusivo del gallego en las comunicaciones de una institución pública, en este caso de enseñanza, como es el Conservatorio Profesional de Música de Vigo, prohibiéndole expresamente a este profesor el uso del español en los documentos oficiales del centro (los detalles del caso se pueden leer en este mismo periódico, día 22 de junio, en una entrevista que Marcos Ondarra le hace al propio Emilio Álvarez).

En definitiva, cotidianamente la administración está emitiendo comunicados, virtualmente dirigidos a cualquier ciudadano español, que no están en la única lengua que cualquiera -cualquier español- pueda entender, al margen del lugar en el que habite de la geografía española, atentando así, directamente, contra un derecho fundamental como es el de la igualdad entre españoles.

Ya no digamos si el uso del español se prohíbe, que es lo que está ocurriendo en Galicia y en otras regiones españolas, levantando verdaderos muros lingüísticos que buscan romper esa cohesión nacional entre españoles. Y son las administraciones autonómicas quienes están poniendo los ladrillos y el cemento.

Fiat iustitia, Emilio Álvarez, así perezca el Estado autonómico.
 


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