AGLI Recortes de Prensa   Sábado 27  Junio  2020

Las reformas pendientes que España necesita
José María Rotellar okdiario

La economía española, tras muchos años de dura crisis, comenzó, a finales de 2014, a remontar el vuelo, con resultados positivos ya muy palpables en 2016, que se incrementaron en 2017 y que en 2018 comenzaron a frenarse, con una desaceleración muy intensa en 2019. Es decir, ya antes del impacto de la crisis derivada del coronavirus la economía española abordaba 2020 con una ralentización muy profunda.

Ahora, nos encontramos con una abrupta caída de la actividad económica y del empleo como consecuencia del cierre productivo decretado por el Gobierno, que hace que el retroceso del PIB tenga una intensidad que puede llegar a los dos dígitos, con una tasa de paro que se situará alrededor del 20% y, lo que es todavía peor, con una recuperación que será tanto más lenta cuanto menos reformas se hagan, más gasto estructural se acumule y más se incremente la losa de la deuda pública.

Por eso, es imprescindible huir de convertir en permanentes las medidas de gasto coyunturales -y, desgraciadamente, alguna sí que tiene ese espíritu de permanencia, como el ingreso mínimo vital, que incrementará el gasto y desincentivará el empleo- y realizar reformas profundas, que, si ya las necesitaba antes nuestra economía, ahora, con esta crisis, son mucho más imprescindibles.

Es cierto que se llevó a cabo, en 2012, una reforma laboral que ha sido la más ambiciosa de las acometidas en nuestro país, pero queda mucho más por hacer. Lo primero que hay que evitar es su derogación, como quiere la parte más extremista del Gobierno. Lo segundo, avanzar en su flexibilización, porque es lo que permitirá incrementar la actividad y el empleo. En materia de empleo, por tanto, hay que proseguir por la vía que permita que nuestro de mercado de trabajo se pueda adaptar más rápidamente a los ciclos y a las necesidades, que reduzca costes y facilite la contratación, de manera que será también una forma de acabar con la economía sumergida.

En materia tributaria, hay que llevar a cabo una reforma profunda que acabe con los impuestos que son arcaicos y profundamente injustos, como el de Patrimonio, en lugar de querer crear uno demagógico para “los ricos”, como dice Podemos, y que suponga un incentivo al trabajo y al ahorro, con la reforma del resto de figuras tributarias, como el IRPF o Sucesiones y Donaciones (en lugar de homogeneizar estos dos últimos para subirlos, como no deja de mencionar María Jesús Montero), por ejemplo, ya que en algunos casos los niveles impositivos rozan el carácter confiscatorio. Del mismo modo, hay que rebajar el impuesto de sociedades (en lugar de subirlo, como pretende el Gobierno) para incentivar la llegada de inversiones productivas y evitar así también la deslocalización de empresas a otros países. Obviamente, dentro de este marco deberá incluirse la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, para hacerlo claro, justo y sencillo.

Igualmente, ligado a los dos puntos anteriores, debe mitigarse el efecto desincentivador a la contratación que suponen las elevadas cotizaciones a la Seguridad Social, que llegan a incrementar el coste de un trabajador en un 60% -entre impuestos y cotizaciones- respecto a lo que el asalariado se lleva a casa cada mes. Sólo de esa manera, podrá incrementarse la base de cotizantes y contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Pensiones que, por otra parte, deben ver reformado su sistema. No basta con el parche de la elevación de las bases máximas de cotización o con las medidas que disminuyen la tasa de reemplazo o sustitución de la pensión, es decir, el porcentaje de pensión que se percibe sobre el último salario en activo. Estas medidas tienen un efecto muy limitado en el ahorro, no arreglan el problema estructural del sistema de pensiones, y constituyen una trampa para el conjunto de cotizantes.

El sistema de pensiones debe abordarse exento de toda demagogia, pues su solución requerirá de medidas valientes y reformistas. Es imprescindible cambiar el sistema de reparto por uno de capitalización, o al menos uno mixto, con cuentas nocionales, que permita sostener el sistema en el futuro. Obviamente, a las personas mayores de cincuenta años se les debe mantener un sistema de reparto transitorio, pues no podrían aportar lo suficiente a un sistema de capitalización para conseguir obtener unos ahorros cuantiosos para su pensión. La aportación de estas personas podría realizarse vía Presupuestos Generales del Estado, al igual que las no contributivas. El resto, deberían nutrirse de las ganancias que obtengan las inversiones del sistema de capitalización.

Y en quinto lugar, debe asegurarse un control exhaustivo del gasto público, para poder cumplir con los criterios de déficit y deuda. Sólo así podrá sostenerse el grueso del sistema de bienestar, porque, si no se hace, podría colapsar, por ausencia de recursos. Para evitar esto último, hay que actuar en dos frentes: el primero, modificar normativa estatal que permita introducir flexibilidad en la prestación de servicios que ofrecen las comunidades autónomas, para lograr, así, ahorros. Actualmente, no hay margen de maniobra al respecto al estar tasada la cartera de servicios por normativa básica estatal, que impide acometer medidas de ahorro.

En segundo lugar, y quizás ésta fuese la llave que descorrería el cerrojo de todas las reformas, se debería aplicar una reforma sobre la función pública, para modernizarla y hacerla más ágil, flexible y productiva. En este caso, debería limitarse, en las nuevas incorporaciones, el carácter vitalicio hasta la jubilación del empleo público sólo a quienes tengan que administrar soberanía, rigiéndose el resto de puestos por el régimen laboral general que opera en el sector privado. Además, para incentivar la eficiencia, estas nuevas incorporaciones tendrán variable una parte de su retribución. Obviamente, a los actuales funcionarios y empleados públicos se les respetarían sus condiciones laborales y económicas actuales.

Todas estas reformas son necesarias en España para garantizar que su economía mantendrá la agilidad suficiente para crecer más en los momentos de auge y minimizar los costes en los momentos de caída, especialmente en términos de empleo. Son difíciles, son ambiciosas y son políticamente arriesgadas, pero son necesarias. Calviño, si consigue la presidencia del Eurogrupo, debería hacer valer ese peso para realizar, como vicepresidenta económica del Gobierno español, las reformas que España necesita, no las medidas contraproducentes para la economía y el empleo que aplican por la conveniencia política del Gobierno al que pertenece.

Las reformas económicas que necesita España y que el Gobierno no hace
Daniel Rodríguez Asensio Libertad Digital 27  Junio 2020

España cada vez está más cerca de ser un infierno fiscal. Las continuas injerencias del poder político en las distintas instituciones económicas (la última ha sido el asalto a al CNMC) tienen que acabar.

Esta semana nuestro país ha sufrido un nuevo revés económico. El FMI, al igual que ya lo hizo hace tan sólo unos días la OCDE, nos ha situado en el vagón de cola en términos de crecimiento económico para 2020. Concretamente, pronostica una caída del 12,5% del PIB en un escenario (cada vez más improbable) en el que no se dan rebrotes significativos y, por lo tanto, no es necesario volver a confinar a la población.

Para los seguidores de esta columna esto no debería ser nada nuevo. Lo advertimos el pasado 6 de abril (lean), cuando ya decíamos que el gobierno de España era tardía, insuficiente e incluso contraproducente. Nada ha cambiado. Es más: con el paso del tiempo las comparativas internacionales en términos de impulso económico se suceden, dejando a su paso un claro mensaje de falta de liderazgo y de incapacidad de actuación.

En las últimas semanas se han sucedido dos pruebas del estado de máxima alerta que vive nuestro país, también en términos económicos:

La primera es el mensaje unívoco de los empresarios en la cumbre de CEOE. El clamor solicitando seguridad jurídica y estabilidad institucional ha sido tal que ha dejado de lado las normales (y justificadas) peticiones que suelen tener los empresarios, afectas a su negociado particular, en este tipo de foros. Estamos hablando de los elementos fundamentales de una economía de mercado, de pilares capaces de mover un mundo globalizado. Si seguimos por el camino del despropósito, pronto nos quedaremos fuera del mapa.

La segunda es el documento que ha surgido de la Comisión de Reconstrucción formada en el seno del Congreso de los Diputados, cuyo principal titular ha sido que nuestro gobierno no ha incluido la "tasa a los ricos". Ni una sola reforma estructural, ni mucho menos en la dirección que han demandado los expertos que han visitado el Congreso. Un documento de mínimos que, fundamentalmente, viene a decir que con la aprobación de la tasa Google, la tasa Tobin y el impuesto a los envases de plástico de un solo uso, por el momento, es suficiente.

España requiere reformas de calado. Las deberíamos haber hecho en tiempos de bonanza económica, pero no ha sido así. Por lo tanto, es mejor tomar la iniciativa y establecer un rumbo claro antes de que necesitemos fondos con carácter de urgencia y nuestros acreedores (Europa) decidan por nosotros.

Estas son las que, a mi juicio, son más importantes y urgentes:

Reforma fiscal
España cada vez está más cerca de ser un infierno fiscal. Lo que los intervencionistas obvian (quién sabe si deliberadamente) cuando muestran nuestra menor capacidad de recaudación en términos comparativos con Europa es que nuestro sistema fiscal es un freno a la actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo: es difícil que nuestro país, con un 14% de paro como teníamos en febrero, empresas mucho más pequeñas que la media europea y una economía que vive del sector público y de los estímulos monetarios pueda recaudar lo mismo que, por ejemplo, Alemania, cuya tasa de paro era del 3,1%.

Nuestro esfuerzo fiscal es muy alto. La diferencia entre el coste asumido por el empresario y el salario neto recibido por el trabajador (la denominada brecha fiscal) es superior al 39,5%, y subiendo. Este mismo dato para la media de la OCDE es del 36%, y bajando. En términos de factura empresarial, según la consultora PwC, pasa exactamente lo mismo: Pagan un 46,9% de sus beneficios en impuestos, notablemente por encima de la media.

Añadan ahora toda una colección de impuestos indirectos, los 70 impuestos propios y cedidos de las comunidades autónomas (entre ellos algunos tan injustos como el de sucesiones y donaciones o el de actos jurídicos documentados), y lo difícil que es hacer negocios en nuestro país.

Cuesta ver la recuperación de las más de 100.000 empresas destruidas durante la pandemia o de los niveles de inversión extranjera en España de 2019, ¿verdad?.

Necesitamos una reforma fiscal que ensanche las bases imponibles. Se hace urgente comprender que la recaudación es consecuencia, y no causa, de la actividad económica, y por eso debemos bajar tipos nominales, simplificar el sistema y adaptarlo a la nueva realidad. Sólo así España se reactivará y podremos recaudar más y de forma más equitativa.

Reforma de las pensiones
Nuestro sistema de pensiones es de los más generosos de Europa. Salimos de la anterior crisis con pequeños ajustes que, en plena vorágine electoral-populista se han echado atrás. La realidad, sin embargo, es que el déficit de la seguridad social en 2019 fue del 1,34%, su deuda ya es de más de 100.000 millones y el sistema es insostenible.

Se hace urgente conjugar las promesas realizadas a los pensionistas presentes y los que lo serán en un futuro no muy lejano con las que les podamos hacer a las futuras generaciones. 2019 fue el año con menor número de nacimientos desde 1941. Eso significa que el sistema actual es papel mojado, insostenible.

Se hace urgente avanzar, porque además hay consenso sobre ello, hacia sistemas como la mochila austríaca o incluso hacia un modelo de evolución hacia el sistema de capitalización que sea dinámico y tenga en cuenta la situación real de las distintas generaciones.

Si no, la guerra intergeneracional está servida. Lo que les demos ahora a nuestros mayores será a costa de los jóvenes y de las generaciones futuras. Ningún sistema de bienestar de ningún país puede sobrevivir con unas expectativas así.

Mejora de la competitividad
El gobierno de España, al parecer, ha hecho un grupo de 100 expertos económicos para trazar la "España de 2050". Entre ellos no había ningún premio Nobel (como en Francia), ni ningún empresario reputado, como en Italia.

Y esto es importante porque, por ejemplo, el documento italiano parte de una base muy clara: Las empresas son el motor de la recuperación. Son clave para mejorar la competitividad del país y permitirle competir en un mundo cada vez más globalizado.

España tiene pocas empresas y, comparándolas con los países de nuestro entorno, pequeñas. Si a esto añadimos un mercado laboral rígido, una fiscalidad elevada y una regulación autonómica alejada de la realidad empresarial, el resultado es un país con una productividad muy baja. Esto influye negativamente en la evolución de los salarios.

Un documento del Ministerio de Economía del 2017 hablaba de que una ley que garantice la unidad de mercado y elimine barreras burocráticas y administrativas innecesarias podría suponer un impulso del 1,6% del PIB y del 0,88% del empleo nacional. Algo que necesitamos más que nunca.
Mercado laboral

Al hilo de lo anterior, tener la capacidad de incentivar la productividad también en el mercado laboral es fundamental. Para ello, es imprescindible añadir flexibilidad a un modelo que, a pesar de que la reforma laboral lo dirigió por la buena dirección, continúa siendo rígido.

Es urgente simplificar los contratos, reducir la tributación al empleo y establecer una hoja de ruta para acabar con la dualidad en el mercado laboral de forma ordenada y consensuada.

Un país tan rico como España no se puede permitir ser líder europeo en términos de tasa de paro juvenil. 1 de cada 3 jóvenes que buscan empleo están en el paro, y eso supone una losa de cara a la política familiar y a construir un futuro próspero para nuestro país.

La meritocracia, la capacidad y la aportación de valor deben de ser los ejes sobre los que se construya la justicia social. Porque el empleo es la mejor política social con la que cuenta un gobierno. Y España, tras varios años de crecimiento económico, logró la misma tasa de paro que tienen en lo peor de la pandemia países como Estados Unidos. No nos lo podemos permitir.

Funcionamiento de los mercados
Es urgente acabar con los desequilibrios que arrastramos en nuestro modelo de país. Las continuas injerencias del poder político en las distintas instituciones económicas (la última ha sido el asalto a al CNMC) tienen que acabar. También, debemos repensar nuestra política energética pues somos uno de los países con mayores costes energéticos de toda Europa. El sector inmobiliario, el sector financiero, el sector de las telecomunicaciones y un largo etcétera son brillantes en bruto para explotar si permitimos una liberalización real y eliminamos cualquier atisbo intervencionista de nuestra región.

España es el país mejor conectado de Europa. Tenemos más conexiones de fibra óptica que Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntos. Deberíamos ser líderes en digitalización y robotización y, sin embargo, debido al excesivo intervencionismo y a muchas de las razones que he descrito en este artículo, no estamos donde nos corresponde.

Asuntos capitales como la innovación o la digitalización son consecuencia de un sector fuerte y con confianza en el futuro. Basar la política de nuestro país a un sector público hipertrofiado es cercenar nuestra capacidad de prosperar y vender nuestras libertades a unos burócratas que no tienen ningún incentivo para que a usted o a mí nos vaya bien.

Con esta tercera crisis en menos de 15 años España corre un riesgo real de perder una generación en términos de prosperidad y mejora. También, tenemos la oportunidad de recuperar el camino perdido. Debemos aprovecharla.

La «cloaca» está en Podemos
Editorial ABC 27  Junio 2020

Iglesias hoy ya es culpable de una maniobra que le desacredita como cargo público y que demuestra que Podemos, y no el Estado, sí es una «cloaca»

Las últimas revelaciones conocidas sobre la investigación de la Audiencia Nacional al ex comisario Villarejo por un supuesto chantaje de las «cloacas del Estado» a Podemos demuestran que Iglesias es, como mínimo, un mentiroso que no merece ejercer cargo público alguno y, como máximo, un presunto delincuente merecedor de que la Justicia abra cuanto antes una causa contra él. Los comentarios internos de varios grupos telefónicos de Podemos demuestran que desde hace cuatro años Iglesias ya sabía que el llamado «caso Dina» -denominado así por Dina Bousselham, ex asesora de Iglesias en el partido- no era una maniobra de ninguna «policía política» del PP, sino un intento deliberado de engañar a la justicia. La Audiencia ha descubierto que Iglesias se ha presentado durante años como víctima de un chantaje de Villarejo, cuando en realidad fue él quien se apoderó de una tarjeta telefónica de Dina Bousselham con contenido íntimo y comprometedor, quien la retuvo durante meses sin devolvérsela a su propietaria, y quien al parecer trató de quemarla para destruir su contenido. O sea, para destruir pruebas contra él.

El caso presenta además otras aristas delicadas que debieron inducir a uno de los fiscales anticorrupción a abstenerse de investigar. A día de hoy, hay suficientes indicios de que ese fiscal, Ignacio Stampa, filtró información oficial y secreta del Juzgado a la abogada de Iglesias y de Bousselham, Marta Flor, con la que además mantenía una relación personal que superaba con creces la lógica cortesía procesal propia de cualquier investigación. En chats internos de Podemos, Flor se refería cordialmente a ese fiscal como «Ironman», revelaba que Stampa pretendía socorrer «extraoficialmente» al partido ante posibles envites en el Supremo, le alertaba sobre posibles registros y favorecía a Marta Flor de forma evidente. Hasta la fiscal general, Dolores Delgado, ha tenido que rectificar y abrir una investigación a Stampa. Prospere o no -difícilmente lo hará porque esta investigación apunta a ser un paripé que terminará protegiendo a Iglesias-, lo cierto es que todo parece un surrealista guión de cine impropio de una democracia.

Además, Iglesias se ha permitido arremeter contra el juez por excluirle del proceso como víctima y por haber sugerido que podría ser responsable de algunos delitos. Iglesias ha convertido el proceso en una estafa procesal y no es víctima de nada, sino culpable de chantajear a su antigua asesora, de mentir a los Tribunales y de usar la Justicia en beneficio de Podemos a través de engaños. Iglesias podrá no ser penalmente responsable. O sí. La Justicia lo decidirá. En cualquier caso, hoy ya es culpable de una maniobra que le desacredita como cargo público y que demuestra que Podemos, y no el Estado, sí es una «cloaca». El «caso Dina/Villarejo» es ya el «caso Iglesias».

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Sánchez hundió la economía antes de la llegada del covid-19
EDITORIAL Libertad Digital 27  Junio 2020

La economía española sufrirá –junto a la italiana– el peor desplome del mundo desarrollado por la crisis del coronavirus. El vaticinio del FMI coincide con los que llevan tiempo emitiendo varias casas de análisis. De confirmarse los pésimos augurios, Pedro Sánchez tendrá el deshonor de ser uno de los peores gestores de la pandemia y uno de los que más ruina han llevado a su país.

Las cuentas del FMI son contundentes y empeoran dramáticamente sus anteriores previsiones para España. En 2020, el PIB nacional se hundirá un 12,8%, debacle sin precedentes en nuestra historia reciente. En menos de 100 días –desde el 14 de marzo y hasta el 20 de junio– se han desmoronado todos los indicadores de una economía que ya estaba en pleno proceso de desaceleración. El empleo, la creación de empresas, las licitaciones de obra, las exportaciones, las matriculaciones… la lista de datos tremendos parece infinita.

La deuda y el déficit se han disparado y, por mucho que diga el tramposo Gobierno social-comunista, la causa no ha sido el covid-19. El mal venía de antes. Con Sánchez, la deuda pública se ha incrementado en 77.357 millones de euros. ¿Recuerdan los famosos viernes sociales de 2019? Entonces no había noticias del coronavirus, pero el cacique Sánchez ya cargaba casi 10.000 millones de euros sobre el bolsillo del contribuyente para su corruptora campaña de compra de votos.

Tras desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa compinchado con comunistas, golpistas y filoetarras, el doctor en Economía decidió renegociar el objetivo de déficit de 2018, peso a lo cual no ha sido capaz de cumplir su compromiso en ningún momento; es más, ha logrado el aberrante hito de hacer crecer el déficit por primera vez desde 2012. Tampoco aquí puede remitirse al coronavirus. El FMI prevé que el déficit se dispare hasta el 13,9% del PIB este año, lo que colocaría el endeudamiento en el 123,8% y pondría al límite las cuentas públicas.

Pese a este panorama, el Gobierno se da ridículos golpes de pecho por haber llegado a un acuerdo con patronal y sindicatos para alargar los ERTE. Erigiéndose el salvador de los trabajadores a golpe de subsidio, Sánchez se olvida de que su irresponsabilidad es lo que ha dejado a España sin colchón para afrontar imprevisto devastadores como los que ha traído la pandemia, tan calamitosamente gestionada por los social-comunistas.

El Gobierno tendrá que decidir qué reformas estructurales va a acometer para ganar un mínimo de credibilidad en Europa, donde no se fían de Sánchez ni, mucho menos, de su gran aliado, el vicepresidente chavista-peronista Pablo Iglesias Turrión.

Los herederos de ETA vomitan su odio contra Vox
OKDIARIO 27  Junio 2020

Una imagen vale más que mil palabras. La fotografía de la diputada de Vox Rocío de Meer sangrando tras recibir una pedrada en la cara durante los altercados que se han producido en la localidad bilbaína de Sestao, al tratar de reventar grupos proetarras el mitin de la formación de Santiago Abascal, demuestra hasta qué punto el odio sigue vivo en el País Vasco. Y quienes lo propagan son los herederos de ETA. Si la «normalidad democrática» es eso -apedrear y situar en la diana a un partido político democrático-, habrá que convenir que la democracia en el País Vasco es altamente imperfecta.

La agresión a la diputada de VOX se enmarca en un contexto inédito desde el final de ETA en 2018. Los candidatos de la formación de Santiago Abascal a las elecciones del País Vasco contarán con protección personal de la Ertzaintza: la denominada contravigilancia, que no se usaba desde entonces. La Policía vasca ha decidido hacer uso de una vigilancia exhaustiva que había dejado de ser necesaria. Ahora, se hace indispensable para garantizar la integridad física de los miembros de un partido político. Es la demostración más palmaria de que, desaparecida la banda terrorista, el odio sigue vivo. Y sus propagadores, crecidos. Es la triste realidad, por mucho que algunos se esfuercen en trasladar la imagen de que el País Vasco es un ejemplo de convivencia democrática. No lo es, porque los herederos de ETA están envalentonados, después de que Bildu haya logrado buena parte de sus objetivos.

La imagen de Pedro Sánchez adulando de forma pastueña a la portavoz proetarra en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, es el vivo retrato de la situación actual. El socialcomunismo tiene en Bildu a uno de sus colaboradores necesarios para mantenerse en el poder y, mientras tanto, a los miembros de VOX los apedrean. Y todavía, la izquierda acusa a la formación de Santiago Abascal de «provocar». Si su presencia en el País Vasco es para el socialcomunismo «una provocación», lo único que cabe afirmar es que la democracia española retrocede a pasos agigantados. O para ser más claros: está siendo impunemente apedreada.

Siempre con las víctimas del terrorismo
Editorial ABC 27  Junio 2020

La Asociación de Víctimas del Terrorismo, al igual que otras entidades representativas de las víctimas de ETA, no acudirá hoy al Congreso para el homenaje anual que reciben todos los que han sufrido el zarpazo del terror. Es la primera vez que se produce esta ausencia y es la consecuencia lógica de la política de pactos del PSOE y de Sánchez. No se puede pactar con EH Bildu y pretender que las víctimas de ETA aguanten en silencio. Pactar con EH Bildu no es un acto de transacción política. Es un ejercicio ilegítimo de la política, porque EH Bildu representa todo cuanto es antagónico a los valores de paz y justicia que la víctima de ETA encarna personalmente. El afán de poder que domina a Sánchez le ha privado de los escrúpulos éticos necesarios para rechazar los votos de un partido que, todavía hoy, no condena los asesinatos cometidos por ETA. Por eso, Sánchez pactó su investidura con Bildu, negoció con los herederos de ETA el gobierno de Navarra y, en plena desesperación ante una posible derrota en la prórroga del estado de alarma, cerró con ellos un acuerdo para derogar la reforma laboral del PP. Hay más. El ministro Grande-Marlaska, ha acercado presos de ETA al País Vasco, sin exigencias humanitarias que lo justifique. Ha facilitado la visita de familiares de etarras a cárceles cuando el resto de españoles no podía ni enterrar a sus muertos en plena pandemia. Y no ha dudado en descalificar la dispersión de presos de ETA como «vivir en el pasado». En el pasado ha quedado el recuerdo de aquel juez que se enfrentó a Batasuna y a ETA mientras el PSOE al que ahora sirve negociaba políticamente con una y otra.

EH Bildu puede presumir de que pone y quita presidentes de Gobierno y de que el actual le dispensa una legitimidad que no merece. Sánchez ha optado por perder de vista a las víctimas de ETA y poner en su lugar a los herederos de los terroristas.

La dignidad pisada de las víctimas
Editorial larazon 27  Junio 2020

En las últimas páginas de «Patria», la monumental y tan necesaria novela de Fernando Aramburu, cuando Bittori, la viuda de Txato, asesinado por ETA, visita su tumba en el cementerio y su hijo le pregunta si se lo pasa bien hablando sola con el «aita», ella responde: «Me da consuelo. Y, total, no hay a mi lado gente que me escuche». Es esa soledad, ese terrible abandono que viven los familiares a los que se les arrancó una parte de su vida, incluso más, lo que no se puede borrar. El mensaje terrorista es tan inhumano que es fácil de entender: el exterminio de un adversario político, alguien que molesta en el camino triunfal hacia una Eukal Herria pura. Pero luego la vida continúa y los asesinos se pasean ufanos de sus hazañas y, peor todavía, se ha borrado toda responsabilidad moral de esos ojos que vigilaban en la oscuridad de la noche, de los silencios que anunciaban el aislamiento social y la tragedia, de la cobardía de los que miraban hacia otro lado, o buscaban ellos mismos la sumisión al régimen de terror cuando la sangre se la llevaba la lluvia hasta al alcantarilla y entonces decían ese terrible «algo habrá hecho». Esos cómplices ocupan hoy cargos públicos y electos tras eliminar muchas veces a sus directos competidores, mientras los familiares de las víctimas deben seguir asistiendo a esa doble muerte. Algunos dicen que su tiempo ha pasado, que son el recuerdo de los «años de plomo», que llegó la paz y el que no se suba a ella, va contra ella.

Pero la historia del siglo XX, tan fructífera en matanzas políticas, ha enseñado que no hay paz si no hay justicia. El mensaje de ETA, su discurso de odio y exclusión de los adversarios permanece igual que cuando disparaban a la nunca. Hemos llegado a oír en el Congreso la reivindicación de su herencia, cómo desprecian con un infame «fascistas» a los que intentó liquidar mientras ellos reclaman la pureza democrática o cómo es justificada la violencia incluso por un vicepresidente del Gobierno que alabó a los terroristas porque ellos fueron los primeros que supieron ver que el Estado, el «régimen del 78», era «irreformable». El Gobierno de Pedro Sánchez se sustenta con el apoyo de un partido como EH Bildu, esqueje de la misma rama que ETA, y no basta con decir que ahora son tiempos de paz porque ellos no han pedido perdón por un solo muerto. Puede decirse que el precio por estar en las instituciones y pactar con el Ejecutivo –hasta la reforma laboral– lo han pagado 864 muertos y 7.000 víctimas –heridos, extorsionados, perseguidos–, porque en nada se han desdicho de su estrategia. La Asociación de Víctimas del Terrorismo siempre ha asistido al homenaje que cada año se celebra el 27 de junio en el Congreso de los Diputados, pero este año ha decidido no participar porque la «verdad, memoria, dignidad y justicia» de las víctimas no está siendo defendida por este Gobierno.

Puede que Pedro Sánchez no haya reparado en el vínculo moral que nuestra democracia tiene con la lucha contra ETA, pero, desgraciadamente, son indisolubles. Fue el mayor ataque a nuestra convivencia, el que despreció la vida de políticos, jueces, periodistas, militares, guardias civiles, policías, gente de izquierda y de derecha, defensores de la libertad, ciudadanos honrados y trabajadores para imponer un régimen etnicista delirante. Así fue, y precisamente ese abrazo –por cuatro votos– para conseguir la presidencia es lo que realmente ha descosido las costuras de nuestro país. Su acuerdo con los herederos de ETA era un paso con el que no se contaba y, en esencia, ha supuesto una derrota para las víctimas que sufrieron la violencia. Efectivamente, los que han sentido directamente el zarpazo del terrorismo tienen razones para sentirse solos. Necesitan un Gobierno decente que rompa cualquier lazo contra con los que siguen exaltando la violencia, un país que repare la decencia de su muertos.

Con Bildu, sin las víctimas
Critican el reconocimiento que el Gobierno ha dado a Bildu y harán su acto paralelo frente a la Cámara Baja o con una ofrenda floral
C. S. Macías larazon 27  Junio 2020

Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo no acudirán hoy al acto homenaje que cada año se celebra en el Congreso. Dejarán el mismo vacío que les ha causado la cercanía de un Ejecutivo capaz de «blanquear» a los que jalearon los atentados de sus familiares.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha acudido cada 27 de junio al homenaje que la Cámara Baja organiza en memoria de todas las víctimas porque era el único reconocimiento que tenían algunas de ellas a lo largo de todo el año. Sin embargo, en esta ocasión estarán en frente de la escalinata de los leones para leer su propio manifiesto. La AVT asegura que hay que respetar la «Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia» de las víctimas, a la que tienen derecho, y afirman que «dentro del Congreso, hay un Gobierno que no lo está haciendo». Hasta diez motivos esgrime la AVT, presidida por Maite Araluce, para no ir: entre ellos el «reconocimiento que por parte del Gobierno y de los partidos que forman parte de él, se ha dado a los herederos del brazo político de ETA», por permitir a Bildu exponer cada día un «relato falso» de lo ocurrido, por estar sustentado por Podemos que «ésta más preocupado de los presos» que de las víctimas. Además, recuerda la pasividad del Ejecutivo ante los homenajes etarras o las entrevistas a Otegi en una cadena pública.

El plantón de Dignidad y Justicia, se remonta a 2018. Su presidente, Daniel Portero recuerda que ya entonces «no fuimos porque Sánchez usurpó el poder de la mano de los herederos de ETA». Un año después también rechazaron la invitación. «No fuimos en 2019 por lo mismo y porque incumplió su palabra con las víctimas del terrorismo sobre los acercamientos de etarras y los beneficios penitenciarios». Por ello, este año tampoco acudirán y deja claro que no lo harán porque «el máximo responsable del Ministerio de Interior ha desafiado la independencia judicial y ha atacado a la Guardia Civil, colectivo con más víctimas de terrorismo de España». El 27 de junio, día de las víctimas, se cumplen 60 años del atentado que costó la vida al bebé Begoña Urroz y también sería el cumpleaños del padre de Portero, el fiscal jefe de Andalucía, que fue asesinado en el portal de su casa.

Contra el «blanqueamiento»
Tampoco asistirá la Asociación Navarra de Víctimas (Anvite) Así lo destaca Paz Prieto, miembro de dicha asociación. «Nosotros no vamos». Para recordar a las víctimas, han organizado una ofrenda floral en Pamplona, a las 12:00. Sin embargo, critica que ese mismo día, por la tarde, habrá una marcha de la izquierda abertzale proetarra «en apoyo de los asesinos de nuestros familiares, justo el día nacional de las Víctimas del Terrorismo». Los convocantes, que piden la «amnistía total» reconocen a través de las redes sociales que la delegación del gobierno no ha autorizado la marcha, pero aseguran en sus redes que «el movimiento Pro Amnistía mantiene la convocatoria». Prieto destaca que «si eso no supone una humillación añadida, explícita y consciente a las víctimas no sabemos qué más pueden hacer los amigos, justificadores y blanqueadores de ETA para que el Gobierno y Marlaska lo impidan, y para que la presidenta del Parlamento –de Navarra, María Chivite– no haga nada para impedir que, en la sede del Parlamento que nos representa a todos los españoles, se llame presos políticos a asesinos etarras convictos y confesos».

La asociación catalana de víctimas del terrorismo, (Acvot), tampoco irá. Su presidente, José Vargas dice no lo hará «por el protagonismo y pleitesía que el Gobierno le ha dado al brazo político de ETA, «por el blanqueamiento que se está haciendo de la banda terrorista» y «por haber pedido muchas veces que cesen de una vez los homenajes constantes de enaltecimiento de los asesinos terroristas, en el País Vasco y Navarra», sin éxito. Vargas destaca que, además, «el Ministro del Interior Grande-Marlaska, en varias reuniones que han mantenido con él «siempre nos ha mentido», cuando les aseguraba que no se acercarían terroristas con delito de sangre al País Vasco o cercanías «y lleva haciéndolo desde que accedió al cargo». Por ello, subraya que «no queremos que nos utilicen para regocijo de los Bilduetarras y para lavar la ignominia de este Gobierno con respecto a las víctimas». Además, rechazan «todas las maneras de que alguien, sea víctima o no, hable en nombre de ellas en sede Parlamentaria «mientras no cambie la forma de actuar del Gobierno».

Tampoco irá Covite, pero su ausencia se remonta a 2011. «Nunca hemos asistido por dignidad y coherencia». Su presidenta, Consuelo Ordoñez asegura que «homenajear a las víctimas del terrorismo en una institución en la que tienen representación partidos políticos que justifican la existencia de ETA y que no condenan la violencia terrorista es un ejercicio de cinismo». Asimismo, denuncia la indiferencia de la mayoría de fuerzas políticas ante la presencia de los herederos e ideólogos de ETA en la Cámara Baja. «Aunque ya no maten, ese odio sigue ahí. Las ideas que llevaron a ETA a matar siguen ahí, defendidas por EH Bildu y asumidas por una parte de la población del País Vasco y de Navarra. Desde el Congreso nunca se ha hecho el suficiente esfuerzo por deslegitimar esas ideas», lamentan desde Covite.

Varapalo judicial y lección de democracia a Ximo Puig
OKDIARIO 27  Junio 2020

El Gobierno socialcomunista valenciano de Ximo Puig imitó el esquema del independentismo catalán para denunciar y multar a los comercios que eligen dar prioridad al castellano frente al valenciano. Era un ataque en toda regla a la esencia de la libertad y suponía un ejercicio de sectario intervencionismo que conculcaba derechos y libertades individuales.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia acaba de tumbar la norma estrella de Ximo Puig por carecer de competencias para iniciar esa persecución. La sentencia es clara: la Generalitat Valenciana carece de cobertura legal para actuar en el ámbito privado de las personas físicas y jurídicas, con lo que trunca figuras como la delación y la denuncia entre ciudadanos por hablar en una u otra lengua.

De ese modo, el tribunal anula la creación de un registro de personas privadas denunciadas por particulares por vulnerar los derechos de los ciudadanos. La sentencia establece que el decreto atenta contra “los principios de seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad”.

El varapalo judicial deja en evidencia al Gobierno de Ximo Puig, al que retrata como un Ejecutivo capaz de invadir el ámbito de libertades individuales de los ciudadanos. La norma conculcaba derechos, violentaba la seguridad jurídica de las personas y, en definitiva, atentaba contra principios básicos de un Estado de Derecho. En suma, era incompatible con el marco de libertades.

Imitar al independentismo catalán con normas trufadas de sectarismo no conduce a otra cosa que al descrédito. Defender el valenciano a costa de atacar el castellano es una ignominia. Y si se hace recurriendo a la figura de delatores -chivatos- adquiere una gravedad mayor, si cabe. La Justicia ha retratado a Ximo Puig. La imposición lingüística atenta contra la libertad. El camino que eligió el presidente valenciano, preso de sus socios de extrema izquierda, se ha dado de bruces contra los tribunales. Si Ximo Puig leyera con profundidad la sentencia se daría cuenta de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia le ha dado toda una lección de democracia.

La Justicia tumba la norma de Ximo Puig que regula las denuncias por usar el castellano en el comercio
El Tribunal Superior de Justicia valenciano estima que el Consell carece de competencias para iniciar esta persecución
La sentencia anula también la creación de un registro de personas privadas denunciadas por particulares por vulnerar los derechos de los ciudadanos
Carlos Cuesta okdiario 27  Junio 2020

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia acaba de tumbar la norma estrella del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para denunciar y multar a los comercios que eligen libremente dar prioridad al castellano frente al valenciano. El esquema empleado por el Gobierno socialista regional para imitar a la Generalitat Catalana, de este modo, queda anulado, por carecer de competencias para iniciar esa persecución, según la sentencia.

El texto declara «nulos de pleno derecho los siguientes artículos del citado decreto: artículo 4 apartado 1º, así como el apartado 2º en el inciso relativo a las reclamaciones y sugerencias. Artículo 5. Artículo 6.1 y 2. Artículo 7 artículo 8 y 9 en el inciso relativo a las reclamaciones y sugerencias. Artículo 10 , 11, 12, 13 y 14. Artículo 16 en el inciso relativo a las reclamaciones y sugerencias».

Con esta afirmación, el Tribunal Superior de Justicia valenciano anula los principales artículos empleados por la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat (ODL) para torpedear la libertad de los comercios. Se trata de uno de los mayores varapalos judiciales a la imposición lingüística jamás recibidos por el Consell regional de Ximo Puig.

La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativo del TSJde la Comunidad Valenciana estima, de este modo, parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por los diputados del PP María José Ferrer San Segundo y Jorge Bellver y la Asociación para la defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana.

«Artículos nulos»
Lo hace declarando nulos varios artículos del decreto 87/2017 que regula el funcionamiento de la Oficina de los Derechos lingüísticos publicado en el DOGV nº 8192 en fecha 18 de diciembre de 2017.

El golpe es considerable porque, de facto, desmonta el grueso de la ley: de 16 artículos, anula 11.

En concreto, anula todo lo relativo al modo de iniciar las denuncias, actuaciones y reclamaciones contra los comercios.

El eje de la sentencia parte de considerar que la Generalitat Valenciana carece de cobertura legal para actuar en el ámbito privado de las personas físicas y jurídicas, con lo que trunca figuras como la delación y la denuncia entre ciudadanos por hablar en una u otra lengua.

Además, la sentencia anula la creación de un registro de personas privadas denunciadas por particulares por vulnerar los derechos de los ciudadanos.

La sentencia contra la norma del Consell de Ximo Puig establece que el decreto atenta contra «los principios de seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad» y recuerda que ya hubo dos informes antes del decreto que advertían de posibles ilegalidades: uno del Consell Jurídic Consultiu y otro del subsecretario de Presidencia remitido a su homólogo de Educación en marzo de 2017.

En esos informes ya se advertía sobre la falta de fundamento legal para asumir esta competencia y la vulneración del principio de legalidad en el ámbito de las relaciones privadas.

Contra esta sentencia, sin embargo, hay que recordar que cabe aún recurso ante el Supremo.

«Iniciación de actuaciones»
En concreto, los artículos anulados por la sentencia son:
El artículo 4, que habla de la «iniciación de actuaciones» y que establece que la «ODL puede actuar de oficio, cuando considere que determinados hechos vulneran los derechos lingüísticos de la ciudadanía«. O puede actuar «a instancia de cualquier persona física o jurídica que presente una reclamación, una sugerencia o una consulta relacionadas con el ámbito de los derechos lingüísticos».

También el artículo 5, que habla de las «actuaciones de oficio de la ODL» es tumbado. En él se destaca que «cuando la ODL tenga conocimiento de que se ha producido un hecho o acontecimiento que vulnera los derechos lingüísticos de la ciudadanía, se pondrá en contacto con el órgano de la Administración o con la persona física o jurídica de que se trate para obtener la información necesaria y ofrecer así el asesoramiento que corresponda para garantizar la aplicación de los derechos que amparan a la ciudadanía en el uso de las lenguas oficiales».

La Justicia anula igualmente el artículo 6 sobre reclamaciones, sugerencias y consultas en materia de derechos lingüísticos. También queda tumbado el artículo 7 sobre la «naturaleza de las reclamaciones en materia de derechos lingüísticos», señalaba que «la presentación de las reclamaciones por las personas interesadas no es incompatible con la presentación de recursos administrativos ni con el ejercicio de acciones judiciales» y que «por la misma naturaleza de las reclamaciones, no se podrá interponer ningún recurso contra la respuesta de la ODL, sin perjuicio de que los mismos hechos que han motivado la reclamación se puedan volver a exponer en los posibles recursos que sean pertinentes en el procedimiento administrativo con el cual tienen relación».

Sólo por poner un ejemplo más, la sentencia anula igualmente el artículo 8 de la normativa del Consell de Ximo Puig sobre «Presentación de las reclamaciones, de las sugerencias y de las consultas en materia de derechos lingüístico». Allí se afirmaba que «las reclamaciones, las sugerencias y las consultas se presentarán, preferentemente, utilizando medios electrónicos».

Sede electrónica
Para hacerlo, se accedería a través de la página web de la ODL, que «remitirá a la sede electrónica de la Generalitat, o directamente desde la dirección de la sede electrónica» en el apartado de quejas y sugerencias reservado a la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat.

El artículo 8 establecía que «también se podrán presentar de manera presencial en el Registro General de la Generalitat, por correo postal o por cualquiera de los medios que prevé el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas».

Añadía que «en este caso, se podrá utilizar el formulario que estará disponible en la página web de la ODL y en la sede electrónica de la Generalitat».

Y finalizaba diciendo que «para realizar la tramitación telemática de las reclamaciones, de las sugerencias y de las consultas, se podrán utilizar cualesquiera de los sistemas de firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Generalitat y que se pueden consultar en el portal de esta».
 


Recortes de Prensa   Página Inicial