AGLI Recortes de Prensa   Domingo 28  Junio  2020

La economía española en un callejón sin salida: la deuda, el déficit y el desempleo disparados
La desaceleración económica marcará la próxima legislatura.
Francisco Coll Morales okdiario 28  Junio 2020

Las últimas previsiones del FMI avanzan una contracción de la economía española de hasta el 13% del PIB este año. Unos niveles que dejan a la economía de nuestro país- empatada con la italiana- como la más afectada y deteriorada por los efectos derivados del coronavirus.

De acuerdo con publicaciones anteriores, los elevados deterioros que ya estaba cosechando la economía, ante el duro shock de oferta que mostraba el país, recogían pronósticos que situaban la contracción entre un 9% y un 11%. Este fue el pronóstico realizado por Fundación Civismo, por ejemplo.

Sin embargo, otro tipo de instituciones, entre las que destaca el Banco de España, situaron la contracción en hasta un 15% del PIB. Un pronóstico aún más severo que se asemeja mucho a la que ahora ha ofrecido el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras a muchos economistas se le acusó de pesimistas por las previsiones elaboradas, el Gobierno mostraba su autocomplacencia, puesto que los pronósticos situaban la contracción en línea con sus intereses.

El FMI ya citaba en sus anteriores previsiones la extrema incertidumbre y la multitud de variables que debían proyectarse para realizar unos pronósticos con un grado de confianza aceptable, algo que dificultaba la medición del impacto de una crisis en la que, además, no se contaba con ningún precedente.

Sin embargo, aunque hablemos de contracciones en el PIB, fijando el foco en los reajustes realizados por el FMI, lo verdaderamente preocupante para los economistas no es la contracción. Como bien decía el economista y analista Ángel Talavera, de Oxford Economics, la contracción en el PIB se debe a una situación en la que la economía se ha visto duramente sacudida, bloqueando gran parte de la actividad económica en el país como la producción.

La economía española se encuentra en un callejón sin salida. Tiene unos desequilibrios a nivel de deuda, déficit o desempleo que permanecerán más allá de la pandemia y que crecerán hasta niveles nunca vistos en tiempos de paz en el país. Esa situación, tal y como refleja el Banco de España, nos obligará a tomar medidas de ajuste que, siendo exigidas por la Unión Europea, condicionarán el rescate preciso para paliar, con la política fiscal, parte del golpe que nos ha asestado el virus.

En cuanto a la deuda en relación al PIB, el Banco de España estima que podría situarse en el 122%, mientras que los niveles de déficit – que ya eran excesivamente elevados -se sitúan por encima del anecdótico umbral del 10%; dejando a la economía española sin ninguna capacidad para actuar, así como fondo de maniobra.

La destrucción de empleo
Por el lado del empleo, el FMI prevé que la economía española alcance un nivel de desempleo que podría llegar a situarse por encima del 20%, lo que supone un nuevo máximos históricos.

La cifra es muy preocupante, máxime cuando estamos hablando de un país que, ya antes de la crisis que hoy nos acontece, presentaba un desempleo estructural que se situaba por encima del 14%; 33% en materia de desempleo juvenil.

Así, la pérdida de capacidad productiva llevaría a la economía española a una situación en la que una quinta de la fuerza laboral en el país, para su desgracia, podría quedar en situación de desempleo.

Esto es lo que debería preocuparnos, pues, de querer hablar de recuperación, antes debemos hablar de deuda, debemos hablar de déficit, de empleo, así como de las empresas y la capacidad productiva. Estos factores son clave para una recuperación que, atendiendo a los precedentes disponibles, sitúan a la economía española en un escenario complejo, teniendo en cuenta que, durante la última crisis, a España le llevó nueve años y medio recuperarse de los efectos ocasionados por la Gran Recesión de 2008; mientras que, por otro lado, para Alemania, el proceso de recuperación no se prolongó más allá de los dos años.

Por tanto, en definitiva, hablar de PIB en estos momentos no es lo único que debería preocuparnos, pues estos desequilibrios que oculta esa “big picture” a la que atiende la sociedad, así como sus gobiernos, enmascara unos desequilibrios ocultos que dejarán nuestra economía en estado crítico para cuando “baje la marea”.

Francisco Coll Morales es Economista y Coordinador del Servicio de Estudios de Fundación Civismo

Una oportunidad histórica para invertir en futuro
Jesús Cacho. vozpopuli  28  Junio 2020

Por primera vez en mucho tiempo algo se está moviendo en esa silente sociedad civil particularmente cauta a la hora de levantar la voz y hacerse oír. El martes, el gobernador del Banco de España (BdE) compareció ante esa pintoresca “Comisión para la Reconstrucción” montada en el Congreso, obsequiando a sus señorías con una ambiciosa “terapia de choque” sobre lo que sería necesario hacer para sacar al enfermo de la crisis, apoyar la recuperación y facilitar el ajuste de la economía al escenario que emergerá tras la pandemia, definiendo además, y aquí está lo novedoso del asunto, “una agenda de reformas dirigida a afrontar los desafíos estructurales de nuestra economía”, que la crisis ha hecho más apremiantes por evidentes. Junto a esas reformas, la necesidad de abordar un plan de saneamiento de las cuentas públicas a medio plazo, asumiendo que la pandemia nos va a situar en el mayor nivel de deuda pública en muchas décadas. Para el gobernador, estamos ante la necesidad inaplazable de poner en marcha una estrategia “ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal”.

Reformas estructurales y consolidación fiscal es el binomio que, quiéralo o no la izquierda populista, nos va a acompañar durante los próximos años. No hay espacio para abordar en esta pieza los detalles de una propuesta que el lector puede encontrar entrando en la web del BdE. Sí cabe decir que Pablo Hernández de Cos es el primer gobernador en mucho tiempo que parece haber llegado, como caído del cielo, dispuesto a restaurar el honor perdido del BdE, la credibilidad de un banco central que tipos como Fernández Ordoñez, alias MAFO, y otros del mismo porte, arrastraron por el barro al provocar con su criminal laxitud una crisis financiera como la de las Cajas de Ahorro que requirió un rescate de decenas de miles de millones. Hernández de Cos es la representación clara de ese alto funcionariado preparado, eficiente, honesto y dispuesto a cumplir con su deber al margen del Gobierno de turno, parte viva de una sociedad civil que parecía muerta y que esta semana ha asomado la cabeza dispuesta a aportar soluciones a los problemas de España.

Como parte de la “ambiciosa agenda de reformas estructurales” del gobernador figura la necesidad de “acelerar el proceso de digitalización de la economía”. De esto se ha hablado mucho en la cumbre empresarial que bajo el patrocinio de CEOE se clausuró el miércoles y por la que han desfilado los líderes de las grandes empresas españolas. “Digitalizar las pymes no es un lujo, sino una necesidad que podría aumentar exponencialmente el PIB español a medio plazo” aseguró el martes el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, para quien el "el 97% de nuestras pymes no tienen la digitalización como prioridad y menos del 20% tiene un plan digital”. Acercar esos 3,3 millones de empresas, que aglutinan casi el 70% del PIB y el 70% del empleo, a la revolución digital supondría dotarles del tamaño necesario, su hándicap de siempre, y permitirles competir en el exterior generando riqueza y empleo. Cuatro propuestas en la hoja de ruta de Álvarez-Pallete: “Reescribir el marco normativo para adaptarlo a la Nueva Economía; reformular educación y formación para responder a las necesidades del mercado laboral; canalizar los recursos económicos hacia los motores de la reconstrucción, y digitalizar las pequeñas y medianas empresas”.

La cumbre empresarial ha significado la puesta al día de una CEOE anquilosada, dirigida por un Antonio Garamendi en quien muchos creyeron adivinar al tipo encantado de hacerse conocido, ansioso de notoriedad y dispuesto a firmar lo que el Gobierno Sánchez le pusiera por delante. Ahora sabemos que la organización no está muerta y que sus gestores representan a los afiliados y responden a sus intereses directos. Gente de tanto pedigrí como Pablo Isla o Juan Roig, cuyas cuentas de resultados no dependen de los precios regulados, han dicho a Pedro & Pablo lo que Pedro & Pablo no quieren oír. Tanto el presidente de Inditex como el capo de Mercadona les advirtieron sobre la importancia de “no desmontar lo que está funcionando”, en clara alusión a la reforma laboral, y “no introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo, cuando lo que la economía necesita es ser más flexible”. Especial importancia tuvo su apelación a la necesidad de “certidumbre y seguridad jurídica como cuestión clave para planificar a largo plazo y generar empleo, porque cuando falta seguridad jurídica la inversión se retrae y huye en desbandada”.

Los impuestos amenazan a las clases medias
Coincidiendo con el gobernador del BdE, la cumbre de CEOE ha instado al Ejecutivo a “volver a la estabilidad fiscal a medio y largo plazo” evitando para ello las subidas de impuestos, porque “las crisis no se financian con impuestos, sino con deuda”. La ministra Montero nos ha obsequiado esta semana con la tradicional receta de todo Gobierno de izquierdas que se precie, centrada en mantener un elevado gasto público financiado con subidas de impuestos. Su argumento descansa sobre los sempiternos seis puntos de PIB que separan la presión fiscal española de la media de la Eurozona. Ni una palabra sobre la distancia que separa la riqueza per cápita española de la renta de la Eurozona. ¿Corolario? Esos seis puntos de PIB equivalen a cerca de 72.000 millones año. Las clases medias españolas ya pueden ir aflojando la faltriquera. Haciendo oídos sordos a toda clase de recomendaciones, el Gobierno no tocará el IVA, responsable en buena medida de esa menor recaudación debido al “alto porcentaje de bienes de consumo tasados al tipo reducido o superreducido”, según explicó Hernández de Cos en el Congreso. Presión también sobre el impuesto de sociedades, en contra del mejor documento sobre fiscalidad (“¿Deben bajar o subir los impuestos en España?”, obra del economista José Luis Feito) que probablemente se haya escrito en nuestro país en mucho tiempo.

El incremento del gasto en pensiones es otra de las urgencias que atenazan al Gobierno Sánchez. El viernes, el Instituto BBVA de Pensiones vino a contarnos un secreto a voces: que “las pensiones, tal y como están pensadas hoy, no se van a poder pagar”. Respalda el aserto gente tan solvente como los economistas José Antonio Herce y Rafael Domenech. Es una consecuencia de haber hecho tabla rasa de los mecanismos compensatorios incluidos en la reforma efectuada en 2013 por el Gobierno del PP, lo que lleva al gobernador del BdE a incluir en su agenda de cambios estructurales la necesidad de “afrontar la reforma del sistema de pensiones” de manera urgente. ¿Cuántas veces hemos oído algo parecido en la última década?

Mucha gente parece estar despertando del aturdimiento producido por la vergonzante claudicación de Mariano Rajoy y su equipo hace ahora dos años. Mucha gente saliendo del letargo, dispuesta a aportar un punto de luz al final del túnel que representa un Gobierno social comunista cuyas prioridades políticas se hallan en las antípodas de una democracia liberal. Cada vez son más las voces, individuales o colectivas, que reclaman soluciones a los problemas de España, soluciones que no pasan por aceptar con resignación las recetas de ese estatismo atroz tan querido por la izquierda radical. Hasta el rey Felipe VI ha salido de su mutismo y ha recuperado su agenda dispuesto a extender un mensaje de esperanza. Lo hizo en la clausura de la cumbre de la CEOE, resaltando el papel de la iniciativa privada y subrayando la importancia de dar nueva forma a “la arquitectura de nuestra economía, en una coyuntura tan preocupante como la actual”.

Hay pues sociedad civil. En realidad, hay una sociedad civil muy potente, formada por miles y miles de profesionales brillantes en todos los campos y disciplinas, académicamente preparada y técnicamente cualificada para afrontar cualquier tipo de retos. Una sociedad civil cuya nota media rebasa con mucho la de una clase política muy depauperada, y naturalmente la de un Gobierno en manos de un aventurero sin escrúpulos, tan acostumbrado a mentir como a respirar. Una sociedad civil que rechaza la crispación y pide consenso de forma responsable y consciente, aspiración que Hernández de Cos resumió en “la necesidad de un acuerdo político que abarque varias legislaturas” para poder afrontar su agenda de reformas estructurales.

Una oportunidad histórica
El momento no puede ser más delicado, tanto desde el punto de vista político como económico, como esta semana se ha encargado de poner de relieve el FMI (el PIB se desplomará un 12,8% este año) y el propio BdE (el paro registrado creció un 23,2% en el promedio de abril y mayo, de modo que la tasa de desempleo para el segundo semestre podría acercarse al 20%). Pero también emerge una excelente oportunidad para hacer algo grande, para cambiar la faz de este viejo y extraordinario país: a la espera de lo que se decida en la decisiva reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE de mediados de julio, España podría recibir una estratosférica cifra en forma de ayudas, pendientes de confirmar en cuanto a tamaño, plazos y formas de acceso. He aquí, desglosadas en porcentaje de PIB, esas potenciales ayudas:

Programa de préstamos y garantías del BEI: 3,2% del PIB
Programa MEDE (ESM) para paliar la pandemia: 3,8% del PIB
Programa SURE (ayudas al desempleo) de la CE para ERTEs: 1,6% del PIB

Movilización extraordinaria de Presupuesto comunitario: 1,1% del PIB
Fondo de Recuperación NextGen: 6,6% del PIB
Compra de activos del BCE bajo programa ordinario: 0,9% del PIB

Compra de activos del BCE bajo programa PEPP extra: 10,5% del PIB

La suma total representa el 27,7% del PIB, un porcentaje equivalente a 345.000 millones, para un PIB que en 2019 se situó en 1.244.757 millones. En cualquier caso, entre el 25% y el 30% de nuestro PIB para emplear en modernizar el país y prepararlo para el futuro. Para invertir en innovación tecnológica, sobre la base de contar ya con la mejor red de fibra de Europa y con una de las más modernas redes de comunicaciones. Para hacer de la ajada piel de toro algo distinto. Es como si España S.A. hubiera efectuado una macro ampliación de capital cubierta casi en su totalidad por la UE. Una oportunidad histórica que nos obliga a no volver a las andadas y a utilizar correctamente ese dinero para ganar el futuro, de modo que las nuevas generaciones no nos puedan acusar de haber dilapidado tan ingente fortuna.

Nada está perdido, porque todo se va a jugar en el segundo semestre, cuando se conozcan las dimensiones reales de la catástrofe económica y Pedro Sánchez se vea impelido a la elección de su vida

¿Con este Gobierno…? Difícil, cierto, pero no imposible. Nada está perdido, porque todo se va a jugar en el segundo semestre, cuando se conozcan las dimensiones reales de la catástrofe económica y Pedro Sánchez se vea impelido, como titular de la coalición social comunista, a la elección de su vida: seguir por la senda de miseria y pobreza que el comunismo de siempre y el peronismo de ahora han dejado por herencia desde 1917 a esta parte, o virar en redondo, cambiar de socios y llegar a pactos capaces de consolidar la monarquía parlamentaria y el sistema de libre mercado propio de toda democracia liberal. Conociendo al personaje, no podemos descartar en absoluto tan espectacular cambio de bando. Todo se saldará en unos meses.

 

Una causa penal contra el Gobierno
Editorial larazon 28  Junio 2020

A tenor de las últimas decisiones del magistrado Manuel García Castellón, que instruye la causa sobre el robo del teléfono móvil de Dina Boousselham, ex asesora de Unidas Podemos y mujer muy cercana al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, cobra visos de certeza el hecho de que el actual vicepresidente segundo del Gobierno pueda acabar como imputado en el Tribunal Supremo, por delitos de revelación de secretos y daños informáticos. No se trata aquí de pormenorizar el intrincado procedimiento judicial que ha convertido a Iglesias de víctima en investigado, ni, tampoco, de analizar el papel, cuando menos equívoco, que ha jugado la Fiscalía Anticorrupción en este caso, entre otras razones, porque la fiscal general, Dolores Delgado, ya ha abierto una investigación de oficio contra Ignacio Stampa, quien, al parecer, coordinaba sus actuaciones con la defensa de Iglesias y Bousselham, sino de recalcar la trascendencia política de un procedimiento que la conocida facundia del personaje pretendía convertir en una causa contra «las cloacas del Estado» y ha acabado en un vodevil interno, en el que, por supuesto, no faltan los ingredientes morbosos.

Con el problema añadido de que el vicepresidente del Ejecutivo, que ha tratado por medios poco ortodoxos de obtener el sobreseimiento de la causa, no sólo ha mentido en un procedimiento judicial, sino que ha arrastrado a la Fiscalía al cuestionamiento público, lo que dice muy poco en su favor. Puede Iglesias, de hecho está en ello, tratar de desviar la atención hacia una de sus fantasmagóricas conspiraciones urdidas por siniestros poderes, pero lo cierto es que sus actuaciones amenazan con dejar al Ejecutivo de coalición y, especialmente, a su presidente, Pedro Sánchez, en una posición delicada, puesto que no parece posible, ni siquiera en este Gobierno, que el procesamiento ante el Supremo de uno de sus miembros no resulte en su inmediata destitución.

Obviamente, estamos adelantando acontecimientos, por más que estén fundamentados en los oficios y decisiones de un magistrado de la Audiencia Nacional de larga experiencia y prestigio profesional, pero, a nuestro leal entender, no debería el presidente del Gobierno caer en el voluntarismo y despachar el asunto como si no fuera a tener mayores consecuencias. Aunque sólo sea porque es dudoso que el Ejecutivo de coalición pudiera sobrevivir a la destitución de quien ejerce el mando absoluto de la formación de extrema izquierda y no tiene fácil recambio. Por otra parte, incluso en el caso de que Iglesias no resultara imputado, esta peripecia demuestra la compleja relación que mantiene el líder de la izquierda populista española con la independencia de los jueces y la autonomía de los procedimientos judiciales, por lo que no se puede descartar en absoluto que, a medio plazo, pueda provocar una grave crisis institucional.

Más aún, cuando España, es preciso recalcarlo, se enfrenta a una crisis sanitaria y económica de incalculables consecuencias que exige la respuesta de un Gobierno firme, con el mayor respaldo político y social, que sólo puede venir de la obtención de nuevos consensos parlamentarios, para los que la figura de Iglesias y las ideas que representa son un obstáculo mayor. Sobre Pedro Sánchez recae la responsabilidad de conseguir esos consensos que, por supuesto, exigirán no sólo un cambio en las políticas gubernamentales seguidas hasta el momento, sino la renuncia a la estrategia frentista que ha caracterizado las relaciones con los partidos de la oposición y que son el sello más perceptible de la alianza con Unidas Podemos. De ahí, con independencia del horizonte penal de Pablo Iglesias, que convenga al líder socialista abordar un cambio de alianza que, sin duda, será mucho más beneficioso para España.

Los consensos del Dr Cum Fraude
Nota del Editor 28  Junio 2020

El Dr Cum Fraude tiene que dimitir, el PSOE tiene que levantar alfombras, descubrir todas sus miserias, pagar daños y desaparecer, y cualquier gobierno decente tiene que anular todas las prebendas que los profesionales de la política se han asignado y empezar a cortar el despilfarro en todos los niveles mediante la optimización del uso de los recursos públicos (extraídos de nuestros bolsillos). El estado tiene que se modelo de eficacia, honestidad, seguridad jurídica, gestión a la vista (expedientes disponibles en Internet, en español, nada de estupideces con las lenguas "propias").



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El totalitarismo sigue campando en el País Vasco
Editorial El Mundo 28  Junio 2020

Los radicales intolerantes que amenazan las libertades en el País Vasco hoy son sostenes del Gobierno de la Nación

Van a ser las de este 12 de julio las primeras elecciones autonómicas en el País Vasco desde que ETA anunció su disolución. Pero esta comunidad sigue muy lejos de la normalidad democrática y se mantiene por desgracia, junto a Cataluña, como el único reservorio para la intolerancia en España. Aquellos que durante décadas jalearon a los etarras, ahora siguen igual de enseñoreados en el espacio público, como si la calle fuera suya. Se sienten cada vez más crecidos, además, por el hecho de que el partido heredero de la organización terrorista ocupe hoy importantes puestos en las instituciones e incluso sea uno de los sostenes del Gobierno de la nación, para oprobio del conjunto de los españoles, así como por el paternalismo que les profesa ese nacionalismo moderado encarnado en el PNV que tanto daño ha hecho, y sigue haciendo, con su postura de equidistancia entre víctimas y verdugos, o ahora entre agredidos y agresores.

El ataque a una diputada de Vox en Sestao, mientras participaba en un acto de campaña, es un hecho gravísimo que en cualquier democracia agruparía a todas las fuerzas políticas contra los totalitarios. No ocurre así en el País Vasco, donde libertades tan fundamentales como la de expresión siguen amenazadas, como subraya Carlos Iturgaiz, candidato de PP y Cs a estos comicios, entrevistado hoy en EL MUNDO. Tras esta agresión y los continuos intentos de radicales para que partidos como Vox no puedan participar en actos electorales, el PNV ha vuelto a demostrar su doble rasero y cinismo condenando la violencia pero, a la vez, culpando a los agredidos de poco menos que merecérselo por sus supuestas "provocaciones". El brazo mediático de la izquierda abertzale, el diario Gara, y el partido de Otegi directamente aplauden la violencia cuando espolean a estos radicales llamándolos activistas "antifascistas", cuando en realidad son ellos los fascistas, unos violentos totalitarios.

No sorprende así que la AVT, la asociación mayoritaria de víctimas del terrorismo, se negara a participar ayer en el homenaje del Congreso, en rechazo a los pactos de Moncloa con Bildu. Porque hiere la incongruencia que supone que el Gobierno se apoye, como esta misma semana para salvar de la reprobación a Marlaska, en quienes siguen impidiendo la libertad en una parte de España, en la que todos no compiten en igualdad de condiciones a las elecciones.

Radicales libres
Nota del Editor 28  Junio 2020

Me parece que eso de los radicales libres lo utilizan los vendedores de cremas de belleza para vender humo y seguir sufragando los gastos de las revistas para señoras que los caballeros leemos en la peluquería. En química están bien determinados, pero el problema surje cuando se pretenden utilizar en política porque sin duda tratan de edulcorar el terrorismo, pues es así como hay que catalogarlos.

El atajo de la vergüenza
Acto en recuerdo a las víctimas del terrorismo
Juan Pablo Colmenarejo ABC 28  Junio 2020

La quinta prórroga de la alarma llevaba una bomba política dentro. Aunque a veces las metáforas las carga el diablo, si de por medio están los herederos de ETA su uso crea la imagen mental más adecuada. Tal y como dice el Tribunal Supremo el partido llamado Bildu representa el legado de una banda terrorista que, practicando el crimen organizado, realizó una limpieza ideológica en la que se eliminó físicamente a adversarios políticos, funcionarios públicos o viandantes, además de la comisión de otros muchos delitos y estragos. En el catálogo de los horrores se incluyen las secuelas dejadas de por vida a los familiares de los asesinados.

El pasado 20 de mayo, después de la votación de la quinta prórroga de la alarma, se conoció la existencia de un documento firmado por el partido de Otegui -secuestrador de Javier Rupérez, condenado por su integración en la banda- y los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos para derogar de manera «íntegra» la reforma laboral del PP antes de que finalizaran «las medidas extraordinarias» frente a la epidemia. En el encabezado del texto aparecen las siglas de las tres partes abajo-firmantes del pacto. Los partidos del Gobierno de Sánchez-Iglesias acordaron a escondidas un precio para la abstención de Bildu, confirmando la existencia vergonzante de ese «atajo» del que ayer habló en el Congreso la vicepresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza.

El camino ya lo exploró el PSOE antes de la investidura de Pedro Sánchez en una reunión formal con los de Bildu en las dependencias del Congreso, como si nada hubiera pasado y a falta de 300 crímenes sin esclarecer. Una nutrida representación de las víctimas se quedó ayer voluntariamente en la calle para recordarle al presidente del Gobierno que no vale todo y que el olvido duele y la falta de memoria es un insulto. Podemos no tiene reparos en pactar con Bildu porque el objetivo es el derribo de la Constitución del 78. Si Bildu hereda a ETA, como dice el Supremo, es porque asume -no han dicho lo contrario- lo perpetrado por la banda terrorista, que sobre todo mató en democracia. El PSOE no es Podemos, o por lo menos, no debería serlo en ningún caso. Tampoco a la hora de perder los escrúpulos ante quienes no han condenado, repudiado o pedido perdón por los crímenes, incluidos los asesinatos de dirigentes y militantes socialistas. Aunque solo sea por preservar la dignidad de los muertos, nadie en el PSOE debería tener la más mínima tentación de formar con Bildu, y la inestimable colaboración de Podemos, un Gobierno en el País Vasco después de las elecciones del 12 de julio. Si eso ocurre, lo de menos será que hayan empleado un atajo.

Proetarras insultan y acosan a miembros y simpatizantes de Vox en un mitin en Irún
OKDIARIO 28  Junio 2020

No lo está teniendo fácil Vox para organizar sus mítines en el País Vasco en la campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas del 12 de julio, pero este sábado, al menos, no han tenido que sufrir agresiones físicas como el viernes. En esta ocasión, los radicales se han limitado a insultar y tratar de amedrentar a los organizadores y asistentes, entre fuertes medidas de seguridad.

Vox celebra un acto en la localidad de Irún, en la plaza de Pio XII, un día después de que radicales abertzales reventaran otro acto celebrado en Sestao, recurriendo a la violencia hasta el punto de que la diputada Rocío de Meer recibiera una pedrada que le dejó una vistosa herida.

En esta ocasión, y para prevenir nuevos actos violentos, la Ertzanitza desplegó un numeroso dispositivo, compuesto por unos diez furgones y por medio centenar de agentes, acordonando la zona horas antes de las intervenciones de los dirigentes de Vox. Por esta razón, en esta ocasión los incidentes se produjeron en calles cercanas a la plaza.

Durante todo el mitin se pudieron escuchar insultos y amenazas, pitadas y caceroladas, amén de llegar a producirse algún enfrentamiento entre simpatizantes de Vox y manifestantes.

Estos radicales abertzales que no permiten ni toleran actos públicos de un partido político como es Vox acabaron quemando dos contenedores en la calle Pikoketa, después de haber causado otros incidentes más leves en la Avenida Guipízcoa y en la calle Luis Mariano.

Gritos en Pontevedra contra Ortega Smith
Varias decenas de personas han recibido al secretario general de Vox y diputado en el Congreso, Javier Ortega Smith, con gritos de «fascistas fuera, fuera de Pontevedra» antes de ofrecer un mitin en la Alameda de Pontevedra, municipio en el que el dirigente de la formación que dirige Santiago Abascal ha desplegado este sábado su agenda.

En su discurso frente al edificio del Ayuntamiento de Pontevedra, qeu gobierna el BNG con el PSdeG, y a escasos metros del instituto Valle-Inclán, donde el propio Castelao ejerció como profesor, Ortega Smith ha vuelto a llamar «antiespañol, racista y nacionalista» al intelectual gallego que emigró a Argentina para evitar la represión franquista.

El diputado de Vox ya se había usado estas palabras este viernes, en Xinzo de Limia, para referirse al galleguista que da nombre a uno de los reconocimientos anuales que da la Xunta de Galicia -junto con las Medallas de Galicia-, tal y como son las Medallas Castelao.

La diputada de Vox agredida en Sestao: «Lo de Urkullu no es una condena y confirma la autoría de la encerrona»
"Estábamos cercados por un millar de radicales. La Ertzaintza no nos protegió convenientemente", denuncia De Meer
Una diputada de Vox recibe una pedrada en la cara de los proetarras que intentaban reventar el mitin de Sestao
La diputada de Vox agredida en Sestao: «Lo de Urkullu no es una condena y confirma la autoría de la encerrona»
Segundo Sanz okdiario 28  Junio 2020

La diputada de Vox Rocío de Meer Méndez (Madrid, 1989), agredida por los proetarras en un mitin del partido en Sestao (Vizcaya) este viernes, atiende a OKDIARIO todavía desde tierras vascas donde acaba de dar comienzo la campaña electoral del 12-J. Y lo hace recordando cómo los violentos le partieron una ceja de una pedrada y contestando al lehendakari, Íñigo Urkullu, tras su polémica reacción.

PREGUNTA.- Lo primero. ¿Cómo se encuentra tras la agresión?
RESPUESTA.- Bien, estoy bien. El milagro fue que no sucediera nada más grave.

P.- ¿Con el susto en el cuerpo todavía?
R.- Más que con el susto con la rabia, con la rabia de que los 300 vecinos que allí (ciudad Sestao) nos apoyaron en las últimas elecciones no puedan salir a la calle y vivir en libertad.

P.- ¿Cómo fue agredida por los violentos? ¿Cómo le partieron la ceja?
R. – Empezaron a tirarnos cosas desde el principio y yo estaba con todo el mundo, no estaba en ningún sito raro y cayó donde cayó. El milagro fue que las piedras, las botellas, los objetos metálicos… no les cayeran a otras personas asistentes al acto. También nos tiraron huevos. Estuvieron lanzándonos todo esto constantemente y durante muchísimo tiempo. Fue una auténtica encerrona. La Ertzaintza no nos protegió convenientemente y permitió esa encerrona porque estábamos cercados por un millar de radicales que estaban en las calles adyacentes.

P.- ¿Qué objetos lanzaron los proetarras?
R.- Nos lanzaron trozos de botellas, trozos de vidrio, bolas de metal, piedras de todos los tamaños y huevos permanentemente. Creo que todos los que estuvimos allí nos fuimos con restos de huevos en la ropa o en su cabeza. Nos amenazaron en todo momento y también nos tiraron petardos y botes de humo. Es una auténtica lástima que reciban así a Santiago Abascal en su propia tierra.

P.- ¿Cree que manifestaciones previas como las del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, diciendo que ustedes van a «provocar», contribuyeron a que se produjera este ataque?
R.- Contribuye todo clima de crispación contra Vox. Al final lo que se está demostrando es que un discurso de odio es todo aquel que alimenta estas contramanifestaciones. Los que lanzan esas ‘alertas antifascistas’, como les llaman, son los que están poniendo en peligro la vida de miles de personas y están amordazando y secuestrando las banderas de quienes viven aquí y piensan diferente. Y por supuesto que hay culpables, hay que saberlo. Que digan que vamos a provocar cuando vamos a un lugar donde nos han votado más de 300 ciudadanos que no pueden mostrar sus banderas por miedo a represalias a sus familias y a sus negocios, pues significa que quienes dicen eso han asumido que el discrepante no puede vivir en libertad.

P.- ¿Qué le ha parecido la falsa condena del lehendakari, Íñigo Urkullu, hablando de «retroalimentación sospechosa»?
R.- Sospechoso es precisamente eso. Lo suyo no es una condena, sino un mensaje absolutamente equidistante que confirma la autoría de la encerrona que sufrimos ayer y también de la crispación y de todo el discurso de odio que hay contra Vox y todos los vascos a los que tiene secuestrada su bandera.

P.- ¿Ha recibido usted la llamada alguna diputada del PSOE o de Unidas Podemos en señal de apoyo?
R.- Todavía no me ha dado tiempo a leer todas las muestras de apoyo que he recibido y me quedo con eso. Sí es verdad que mi compañera del Partido Socialista por Almería [Meer es diputada de Vox por esta circunscripción] sí que me ha mandado una muestra de apoyo. Desde las antípodas ideológicas todavía no hemos recibido nada, que sepamos, aunque todavía no me ha dado tiempo a revisar todos los mensajes.

P.- Entonces, ¿no le ha telefoneado nadie de Podemos?
R.- De momento, nada. Hay titulares de medios afines que dicen que he venido yo al País Vasco a golpear la piedra. En fin…

P.- ¿Va a seguir haciendo campaña en el País Vasco tras lo ocurrido?
R.- No tengo ningún miedo. Esto merece la pena para quitar la mordaza, en la medida que podamos, a todos los valientes que viven aquí el día a día.

P.- ¿Qué le dijo Santiago Abascal cuando la vio y supo que los proetarras le habían partido la ceja?
R.- Pues me expresó su rabia. Y reaccionó con valentía, como se vio ayer muy bien, es el único líder que está dispuesto a quitar esa mordaza a todos los vascos.

P.- ¿Qué le parece que este sábado el Congreso de los Diputados haya dado un lugar preferente al representante de Bildu en el homenaje a las víctimas del terrorismo?
R.- Creo que todo lo que tenga que ver con Bildu y con víctimas es una hipocresía en sí misma. Igual que todo lo que tenga que ver con el Congreso, porque están en un lugar en el que no se consideran representantes de la soberanía nacional y no han jurado nuestras leyes y nuestra Constitución. Por lo tanto, su presencia ahí es una anomalía. Esperemos que se corrija cuanto antes a través de una sentencia del Tribunal Constitucional. Y hay otra anomalía, no han condenado las 858 asesinatos de la banda terrorista ETA ni se han pronunciado sobre los 379 casos sin resolver.

P.- ¿Qué mensaje quieren trasladar desde Vox a la ciudadanía en el País Vasco?
R.- El mensaje de que no tenemos miedo, que venimos a apoyar a todos esos vascos valientes que se enfrentan día a día a la falta de libertad en una situación totalmente anómala en una democracia. Por ellos, habrá valido la pena.

Tribunales
Los tres varapalos judiciales al Botànic por la imposición del valenciano
INMA LIDÓN. Valencia 28  Junio 2020

El Supremo y el TSJ han anulado y vaciado de contenido la legislación para primar el valenciano en la aulas, en la administración y vigilar su uso en todos los ámbitos a través de la Oficina de Derechos lingüísticos

"Apostar por unas administraciones comprometidas con la cultura valenciana y, especialmente, en el papel del valenciano". El primer Pacto del Botànic, firmado en junio de 2015 entre PSPV, Compromís y Podemos para darle la presidencia de la Generalitat a Ximo Puig, recogía de manera sucinta y en una línea las intenciones del Consell en política lingüística.

No hacía falta mucho más, porque con el reparto de carteras, Educación y Cultura cayeron del lado de Compromís, que en su programa electoral lo dejaba bien claro. "La sociedad valenciana necesita un nuevo marco normativo actualizado que se adapte al tiempo actual y que supere la Llei d'ús i ensenyament del valencià", aseguraba. Entre los puntos en que concretaba ese "marco normativo" estaba el sistema educativo en el que había que "superar los modelos de educación bilingüe y establecer un único modelo de inmersión lingüística". y el administrativo "para que el valenciano sea lengua de trabajo en la Administración y servicio a la ciudadanía".

Desde 2015 la política lingüística del Consell se ha centrado en desarrollar esas dos vertientes, pero ambas se han topado con los tribunales. Los tres grandes movimientos legislativos para imponer el uso del valenciano han sido enmendados por el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo, previa denuncia del Partido Popular y algunas organizaciones en defensa del castellano surgidas en los últimos años.

LEY DE PLURILINGÜISMO
El 27 de enero de 2017, el Consell aprobó el Decreto 9/2017 por el que se establecía el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Valenciana. Desaparecían la convivencia de dos modelos en los centros públicos y concertados, valenciano y castellano, que elegían las familias y se pasada a un único proyecto lingüístico con unos porcentajes de uso de cada lengua. Además, se primaba la elección de un número mayor de horas de valenciano con la obtención de certificaciones en las lenguas.

En abril, la Diputación de Alicante presentó un recurso al TSJ por discriminación del castellano y el tribunal decretó la suspensión cautelar en pleno periodo de matriculación. La Conselleria de Educación esquivó el mandato judicial con un decreto ley que mantenía los planes de los centros ante el inminente inicio del curso escolar y en febrero de 2018 se aprobó en las Cortes la Ley de Pluringüismo.

Sin embargo, dos meses después de la Ley llegó el fallo del TSJ que anulaba parcialmente el primer decreto firmado por el conseller Vicent Marzà al considerar que implicaba "discriminación del castellano frente al valenciano en las aulas", ya que "la desproporción en detrimento de la lengua castellana es manifiesta". Pero daba un paso más allá al estimar en la sentencia al indicar que, aunque fue "formalmente derogado", los efectos de aquel primer decreto se prolongan tanto en el posterior decreto-ley como en la Ley Valenciana de Plurilingüismo.

Eso provocó que el pasado mes de diciembre, varios centros, especialmente de los territorios con predominio el castellano en la provincia de Alicante, se plantearan pedir judicialmemte la nulidad de los proyectos lingüísticos aprobados, por considerarlos basados en un decreto anulado, para volver al sistema de doble línea que revisó el PP en 2012.

El PP también creó en enero de 2020 un grupo de expertos juristas para valorar la posibilidad de recurrir al Constritucional la Ley de Plurilingüismo.

Pese a todo, el modelo diseñado por Compromís se mantiene en las aulas de los centros de Infantil y Primaria y entrará en vigor el próximo curso en Secundaria.

Decreto de usos del valenciano en la Administración
El segundo objetivo de los nacionalistas, amparados por sus socios de PSPV y Podemos, era hacer prevalecer el uso del valenciano en la Administración. El instrumento fue el Decreto 61/2017 de la Generalitat Valenciana que regula el uso del castellano y del valenciano en la administración autonómica. En él se recogía que el valenciano es "la lengua propia de la Administración de la Generalitat" y que los funcionarios deberían dirigirse al público en valenciano lo que, a pesar de no existir requisito lingüístico en la función pública, obligaba en la práctica a los funcionarios a saber valenciano si debían atender al público. Además, las resoluciones, comunicaciones, actas, convocatorias, órdenes del día o informes se redactarían en valenciano y solo en ambas lenguas en las zonas castellanohablantes. Además, la rotulación de edificios públicos debía ser siempre en valenciano, como las comunicaciones con Cataluña y Baleares, por ser autonomías del mismo "ámbito lingüístico".

Este decreto, aprobado en mayo de 2017, fue llevado al TSJ, que declaró ilegales de 11 de sus 27 artículos. En concreto, los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos. También considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.

La sentencia avala que se use predominantemente el valenciano en las denominaciones de órganos y organismos y su identidad corporativa, pero no en los rótulos informativos. "No preserva el equilibrio de la dos lenguas oficiales, con la consecuencia de que no se dispensa el mismo trato» a la dos lenguas.

El TSJ avala que no existe el deber entre los funcionarios de conocer el valenciano y sí el castellano y no reconoce que exista un "ámbito lingüístico compartido" con Cataluña y Baleares a efectos administrativos, porque ni en el Estatuto de Autonomía ni la Ley de Uso y Enseñanza del valenciano «contemplan el concepto o categoría de comunidades autónomas del mismo ámbito lingüístico, ni implícita, ni explícitamente».

Este y otros puntos fueron recurridos en casación ante el Supremo por la Abogacía de la Generalitat y el sindicato STEPV, pero el Alto Tribunal asumió las tesis de TSJ valenciano y avaló que las comunicaciones entre administraciones no pueden ser únicamente en valenciano.

Esta sentencia provocó la respuesta airada de parte del Gobierno valenciano y del presidente catalán Quim Torra, que la tildó de "una burla monstruosa e ignominiosa a nuestra lengua".

OFICINA DE DERECHOS LINGÜISTICOS
En noviembre de 2017, el Consell aprueba el decreto que regula la creación y funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos, un organismo que nacía para velar por el derecho al uso del valenciano en todos los entornos. Con capacidad para dirigirse a particulares, empresas y organizaciones, no solo a la administración su objetivo era "atender las quejas y las sugerencias que se formulen en materia de derechos lingüísticos", y ejercer de "mediadora" entre la parte reclamante y la parte denunciada.

La Oficina quedaba habilitada para abrir "expediente informativo para averiguar si los hechos expuestos constituyen una vulneración de los derechos lingüísticos" fueran en ámbito público o privado y, una vez investigados, notificaba respuesta y archivaba los datos en un fichero, de denunciante y denunciado.

Dos diputados del PP y la Asociación en Defensa del Castellano presentaron denuncia ante la sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha fallado a su favor vaciando prácticamente de todo contenido a la Oficina..

El tribunal anula once artículos y, aunque no entiende que la Oficina nazca para velar solo por los derechos de quienes emplean el valenciano, sí que considera que su labor no es solo de "asesoramiento y mediación", sino que genera "verdaderos actos administrativos" con efectos jurídicos frente a terceros, aunque estos no sean sancionadores.
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La "Nueva Normalidad Sentidiña": fiscales de Podemos, Día del Orgullo Espía, Vox apedreado y el PP bendice a Illa
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 28  Junio 2020

Esta semana se ha destapado el Frente Judicial de Podemos, con denuncias falsas de delitos inventados, Caso Dina, asesoradas por fiscales de obediencia podemita. Marlaska celebró el Día del Orgullo Espía colocando al frente de la Guardia Civil al general Santiago que confesó que "monitorizaba", vulgo espiaba, a los españoles desafectos con el Gobierno por su gestión del virus. El nombramiento del General, bofetada al Estado de Derecho, lo ha agradecido Santiago cambiando el verde clásico o la bandera española como fondo del escudo de la Benemérita por el arco iris del Orgullo Gay. ¿Busca Marlaska reescribir la Transición? ¿Rendirá tardío homenaje a la inolvidable Pina López Gay creando la Joven Guardia Rosa?

Mientras tanto, a Vox lo apedrea en Sestao la marabunta etarra, a la que Meritxell Batet coloca en lugar de honor en el Congreso para ensuciar un acto de las Víctimas del terrorismo. Y Ana Pastor dice "sin sectarismos" que, "aunque haya cometido errores", no duda de "la buena fe" de Illa. Los muertos sin contar y los ataques al PP de Madrid la prueban. Es el PP "con sentidiño" de Feijóo, más dulce que una filloa ante Cobardiano Rajoy. Y Casado respondió con un discurso "cayetano", o sea, "consentidiño". Tras reganar Feijóo, le va a ser más fácil dar mítines en Sestao que en Santiago.

La fiscalía de Pablenin y la burla a la Justicia
Lo más grave ha sido comprobar que toda la campaña electoral que llevó al Poder a los comunistas se basó en una mentira urdida por Iglesias usando y abusando de los tribunales de Justicia. Que el fiscal Stampa le iba dando ilegalmente información a su entrañable Marta Flor Núñez, abogada simultánea de Dina y del marqués de Galapagar y barón de Dinápolis, o sea, que la Fiscalía Anticorrupción de Luzón, es una garita Procorrupción. Que Villarejo nunca robó la tarjeta del móvil de la traviesa Dina, sino que Pablenin la disfrutó mucho tiempo y luego la destruyó. Que Dina mintió diez veces, diez, al juez, si ahora dice la verdad y su editor no la destruyó. Pero mienten ella y él, Dina y Dino, porque hemos sabido que el jefe de Marta Flor en los albañales judiciales de Podemos, un tal Calvente, ya advirtió a la dirección podemita que no denunciaran, que nunca hubo robo del móvil, sino filtración y pantallazos de Dina o de alguien de su entorno.

A Iglesias, eso le dio igual. Montó toda la campaña sobre la base de que las cloacas del Estado le robaron el móvil a Dina para dárselo a Inda y destapar sus fantasías con Mariló Montero. Pero la mayor fantasía era el montaje de Pablenin, que, como ha hecho siempre desde que entró en política, usa la Justicia para promover la Injusticia; la Ley, para burlarse de la Ley; y denuncia cosas por las que debería ser denunciado, pero cuenta con fiscales y, tal vez, jueces corruptos dispuestos a favorecer sus delitos.

Marta Flor y el fiscal Marcapasos
Debía de ser tan escandaloso el espectáculo de "Abogadas, Fiscales y Viceversa", que hasta el buzón de Luzón llegó una denuncia sobre la cálida influencia de la Flor en el Cactus y del Cactus en la Flor. Naturalmente, se archivó. ¿Qué no se ha archivado desde el 11M en la Justicia española? Basta comparar los términos del archivo y los mensajes sobre la intimidad de Marta y su Marcapasos para extraer la única conclusión posible: no hay nada que chapotee tanto en la corrupción como la Fiscalía Anticorrupción.

Lo habré dicho mil veces, y lo repetiré veintiuna: o toda la Fiscalía es Anticorrupción o la Anticorrupción no es Fiscalía, sino una Fisgonería del Gobierno en casos de corrupción política que le afectan. Para eso la fundó González y no puede, pese a intentos meritorios, escapar a su origen. Hay fiscales que, por desgracia, siempre actúan igual: nunca hay irregularidades para hundir al PP; ni tendenciosidad bastante para favorecer a la Izquierda.

El PP "sentidiño" nunca siente nada
Hay fiscales "visitadores" que ofrecen tratos de favor a los presos del PP, macerados en años de prisión preventiva si denuncian, por ejemplo, a Esperanza Aguirre. Y si no la denuncian, siguen en el saladero. Pero ese es un escándalo que este PP tan "sentidiño" nunca ha sentido. Los que están fuera nunca conocen a los que están dentro. El problema va más allá de la habitual complacencia de los tontiños y tontuelas del PP ante los abusos de que su partido es víctima, y cuya última expresión ha sido la moción de censura que echó a Rajoy. El Caso Dina demuestra de forma inequívoca, humillante para las togas honradas, que hay fiscales que deberían estar en el banquillo, y jueces, cómplices suyos, que deberían poblar las cárceles.

Resumen: el vicepresidente Iglesias presentó una denuncia falsa sobre un delito inexistente y utilizó a camaradas fiscales, íntimamente corrompidos, para montar una campaña electoral basada en esa denuncia. Un escándalo así habría derribado a cualquier Gobierno, si España no estuviera cada vez más lejos de ser -y de parecer- un Estado de Derecho.


Iglesias, eres un delincuente
EDUARDO INDA okdiario 28  Junio 2020

Al comandante francés judío Alfred Dreyfus se le vino encima el mundo el 13 de octubre de 1894. Cuando es detenido por orden del ministro de la Guerra, Auguste Mercier, piensa que lo que está ocurriendo es una simple pesadilla. Pasan los minutos, se pellizca y empieza a percatarse de lo obvio: que esta vez la vida no es sueño. No entiende nada. Se le acusa de alta traición “por haber entregado documentos secretos al Gobierno del Imperio Alemán”. Le someten a tortura física y, sobre todo, psíquica. Lo interrogan día y noche hasta que al final logran una falsa confesión con un modus operandi tramposo y mafioso a más no poder: le hacen escribir La lista bordereau, los papeles clasificados puestos en manos del país vecino. Cuarenta y ocho horas después, el comandante del Ejército encargado de su torquemadiana investigación, Armand du Paty de Clam, protagoniza un duro cara a cara con el acusado. La tensión alcanza su clímax cuando le pone encima de la mesa un revólver invitándole al suicidio:

—Es lo más digno que puede hacer, capitán—, le espeta.

La víctima de la caza de brujas antisemita se niega en redondo con una frase que acabará engrosando por derecho propio los anales:

—No lo voy hacer porque quiero demostrar mi inocencia—, replica el capitán haciendo gala de una frialdad que sorprendía a sus compañeros y entusiasmaba a los superiores que vieron en él unas cualidades innatas para el arte de la guerra.

Dreyfus es recluido a la espera de juicio en una chirona militar. Entre tanto, cuatro medios se dedican a esparcir todos a una, como si fueran dogma de fe, las patrañas urdidas contra él por los antisemitas del Ejército francés. Los periódicos que protagonizan el mayor libelo de la historia moderna tienen nombre y apellidos: La Libre Parole, dirigido por el ignominioso Drumont, La Autorité, La Croix y Le Journal. La pantomima mal llamada juicio acaba en condena a cadena perpetua el 22 de diciembre. Como quiera que todo era un montaje, se antojaba menester ineludible mandarlo a un lugar en el que no pudiera tener contacto con nadie. Así los falsarios vivirían tranquilos mientras él se pudría entre rejas. Qué mejor lugar para el destierro que la Isla del Diablo, a 7.059 kilómetros de París, debieron de pensar. Y allá que lo mandaron. El capitán más famoso de la historia llegó al islote de La Guayana —casualidades de la vida— un 14 de abril, el 14 de abril de 1895.

Nuestro protagonista tuvo suerte de que hubiera gente decente como Émile Zola y el diario L’Aurore. La gloria de las letras francesas recibió una serie de pruebas que demostraban, más allá de toda duda razonable, que Dreyfus había sido víctima de una mascarada fruto del antisemitismo que recorría cual peste bubónica la Tercera República francesa. Y las publicó, vaya si las publicó, no sólo sacudiendo los cimientos de la República sino también cambiando la historia. Consecuencia: en 1906, 12 años después, Dreyfus fue declarado inocente por la Corte de Casación gala y repuesto en su cargo. El verdadero culpable, Charles Ferdinand Esterházy, no fue condenado pese a que las pruebas de cargo contra él eran nivel dios. Tal vez porque temían que el mayor cantase La Traviata.

Cuando un servidor dio desde Nueva York, donde me encontraba de vacaciones, el nihil obstat a la publicación de los tan asquerosos moralmente como ya celebérrimos mensajes machistas de Pablo Iglesias nunca pensé que me acabarían costando un proceso inquisitorial como nunca se había visto contra un periodista en 40 años de democracia, excepción hecha del igualmente delictivo vídeo de Pedro J. Ramírez. Aún recuerdo la conversación con Miguel Ángel Ruiz Coll en julio de 2016 en la que me contó con todo lujo de detalles el contenido del chat interno de la cúpula de Podemos que había caído en sus manos. Me trasladó los pantallazos por whatsApp, aluciné al instante y me froté periodísticamente las manos:

—Soy un marxista convertido en psicópata. Azotaría a Mariló Montero hasta que sangrase—, había escrito el secretario general de Podemos y adalid del feminismo entre las risas de sus correligionarios y, lo que es peor, de esas correligionarias como si fueran seres inferiores.

—Palante—, indiqué desde la capital del mundo, satisfecho de continuar desenmascarando al machaca de Chávez y Maduro, de desentrañar su vomitivo machismo y seguro sabedor de que el tráfico se pondría por las nubes, como así ocurrió.

La frase pasó a la historia, el Instituto de la Mujer, entonces en manos del PP, puso el grito en el cielo y las asociaciones feministas y los medios izquierdosos se hicieron los suecos. La vida continuó hasta que se detuvo al comisario Villarejo en el otoño de 2017 y, entre sus pertenencias, la Policía halló el contenido del chat interno del caudillo podemita y sus subalternos. La Fiscalía, por obra y gracia de esos Du Paty que son los fiscales ¿anticorrupción? del caso Villarejo, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, empezaron a trazar una teoría basada más en suposiciones que en pruebas. Todo muy ejemplar. Alguien de Podemos les sopló que el contenido del chat figuraba en la tarjeta sim del móvil que supuestamente habían robado a Dina Bousselham, asistente personal de Iglesias, y dijeron: “Tate, aquí hay tomate”. Y se pusieron a elaborar una teoría consistente en que Villarejo había sustraído el móvil a la hispanomarroquí y había entregado a OKDIARIO los chats para acabar con Podemos.

El caso saltó a la palestra en plena campaña electoral de las generales de 2019. La teoría de Iglesias y sus periodistas de cámara, gentuza que actúa más como propagandistas que como informadores, se pusieron a propalarla a los cuatro vientos. Aún recuerdo la que le montó a traición y en directo a Antonio García Ferreras:

—Mucha gente se pregunta, y a mí me gusta decir las cosas a la cara, quién protege a Eduardo Inda. Quién le abre los espacios mediáticos a quien parece que forma parte de una trama criminal para fabricar pruebas falsas contra un partido político—, apuntó el candidato morado, exigiéndole por enésima vez que prescindiera de mí.

Sin apenas solución de continuidad, volvió a la carga:

—Me parece terrible que se le haya dado un espacio del que carecen buenos periodistas honrados de este país, de izquierdas y de derechas, pero que trabajan con arreglo a la deontología. Que a este personaje que parece que pertenece a una estructura de cloacas se le proteja, hace daño a la democracia. El periodismo está para controlar al poder, no para servir al poder—, subrayó el desahogado führer podemita.

Ferreras le recordó, entre otras cosas, que un servidor y este periódico han destapado infinidad de casos de corrupción en general y de mangancia policial en particular, entre otros la Operación Kitchen, implementada por Villarejo por órdenes del Gobierno de Rajoy para comprar al escolta de Luis Bárcenas e intentar hacerse con los papeles comprometedores que tenía en su poder el ex tesorero del PP. De nada sirvió porque el político de los dientes modelo mina de carbón prosiguió una campaña de calumnias que buscaba mi muerte civil. En las jornadas posteriores, El País, de la mano de un ex militante socialista llamado José Manuel Romero, eldiario.es, el rotativo podemita de Roures, Público, Infolibre del periodista feminista (Jesús Maraña) que pagaba a mujeres para que salieran desnudas en la portada de Interviú, El Plural de la ex jefa de prensa de Zapatero, Angélica Rubio, y otros como el sanchista El Español se apuntaron sin dudarlo a la tesis de la campaña podemita para acabar conmigo poniéndome en el epicentro mismito de la diana.

“Inda”, “Inda”, “Inda”, “Inda” y mil veces más “Inda”. El director de OKDIARIO fue el principal argumento de campaña podemita. Mañana, tarde y noche, el candidato coletudo me mentaba como integrante de las “cloacas policiales”. De nada le sirvió porque el votante no es gilipollas y porque tanta insistencia apuntaba a montaje por su parte. Cayó de los 71 escaños de 2016 a los 42 que se anotó en las generales de abril. Pero ni los fiscales ni toda la banda mediática paró. Stampa y Serrano pidieron al juez instructor del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, el registro de nuestras oficinas mientras Podemos, que jugaba el partido con ellos de tiki-taka, exigía mi imputación. El veterano magistrado se negó en redondo y, finalmente, aceptó mandar a un par de agentes a pedirnos que les entregásemos el pendrive con el chat del “la azotaría hasta que sangrase”. El firmante de la información, Miguel Ángel Ruiz Coll, explicó a los por otra parte amabilísimos policías que no encontraba el pincho alegando lo evidente: “Han pasado tres años”. Lo normal en cualquier periódico y lo habitual en un Ruiz que es tan buen periodista y ordenado en lo mental como desordenado en lo material.

OKDIARIO se puso manos a la obra a desentrañar una campaña feroz que buscaba cerrarnos y a mí encarcelarme. Lo primero que hicimos fue desvelar quién había dado a Villarejo una copia de la tarjeta sim de Dina: Alberto Pozas. ¿Y qué era entonces, primavera de 2019, Alberto Pozas? Pues ni más ni menos que el número 2 de Comunicación de Pedro Sánchez en Moncloa, que había hecho el regalito a Villarejo cuando era director de Interviú. Vamos, que lo de las cloacas policiales empezaba a quedar en aguas de borraja. En trola pura y dura. En bulo y de los buenos. El periodista fue imputado entre la rabia de Podemos y sus corifeos. La cosa empezó a ponerse muy fea para ellos cuando los directivos del Grupo Z, propietario de Interviú, confesaron al instructor que habían entregado la tarjeta sim a Pablo Iglesias. Primera conclusión: OKDIARIO había publicado un chat que tenía hasta el tato.

El bumerán reventó la chepa de Iglesias hace un mes al conocerse un informe en el que a los fiscales no les quedó más remedio que apuntar que Iglesias había podido cometer un delito de revelación de secretos y otro de destrucción de pruebas porque cuando le facilitó la sim a su asistente personal estaba ya destruida. ¿Cómo la inutilizó? Cual mafioso: metiéndola en un microondas. De la complicación pasó a la implicación gracias a nuestros Zolas particulares, José María Olmo y Esteban Urreiztieta, que esta semana han publicado mensajes de la abogada de Podemos con el resto de la jerarquía morada, en los cuales la tal Marta Flor revela a sus compañeros que el fiscal Stampa le está pasando información secreta del caso, que van de la mano para acabar conmigo, además de sugerir que son algo más que amigos, extremo este último que de ser cierto debería haber llevado al representante del ministerio público a abstenerse.

¡Ah! y lo más importante: que el a la sazón responsable jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, advirtió a ella y a los barandas podemitas en 2016, nada más publicarse en OKDIARIO el chat machista de Iglesias, que “no hay caso, ha sido una filtración y no un robo”. La explicación era de perogrullo: “Si os fijáis, son pantallazos mientras otros escriben, lo cual descarta un móvil robado”.

Todo esto demuestra que Iglesias montó la campaña de muerte civil contra Eduardo Inda y OKDIARIO sobre pruebas falsas, que destruyó la tarjeta sim de Dina para seguir dando hilo a la cometa, para impedir que se supiera la verdad y seguramente porque contenía algo más que el chat y fotos íntimas de su asistente. El magistrado ya da por hecho que Villarejo nada tiene que ver con el robo del móvil, si es que alguna hubo robo del móvil y no fue todo un invento o tal vez, como dicen algunos, la vendetta del novio de la susodicha al enterarse de que mantenía una relación paralela con Iglesias.

Sea como fuere, la verdad ha prevalecido. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Me pasó en el caso Munar, donde yo era el malo para la mayoría de los bienpagados medios mallorquines y al final ella acabó donde está, en la cárcel, porque me había limitado a descubrir sus bestiales corruptelas. Se repitió la historia con el golfo de Xavier Trias, ex alcalde de Barcelona, al que destapamos sus cuentas en Suiza. Sus portavoces indepes y los calumniadores madrileños de izquierdas me pusieron a caldo. Pero luego resultó que también aparecía en los papeles de Panamá y Trias, que por cierto es el mejor amigo de Javier de la Rosa, quedó como Cagancho en Almagro y como el corrupto que es. Ha costado pero al final se ha conocido la verdad de un caso Inda, que luego se transformó en caso Dina y ha acabando resultando ser el caso Iglesias. Como apunté el 29 de febrero y reiteré el 31 de mayo: “Las cloacas eran Podemos, Iglesias y sus periodistas de cámara”. Por cierto, todos estos últimos silencian o maquillan ahora las novedades que demuestran la actuación delictuosa de su vicepresidente y otros pequeños detalles como el hecho de que Villarejo me hizo seguimientos y pinchó mi teléfono por encargo del ex presidente de BBVA Francisco González.

Termino tuteándote, Pablo. Además de ser el mayor defensor de los etarras y sus satélites, de haber estado a sueldo de la narcodictadura de Venezuela y de la teocracia iraní, de alegrarte cuando patean a un policía, de tener un patrimonio injustificable, de intentar imponer una dictadura bananera por estos pagos, eres un delincuente. Sí, un delincuente, que presumiblemente ha cometido un delito de revelación de secretos, otro de obstrucción a la Justicia y uno tercero de fraude procesal. Lo que has hecho conmigo y con este proyecto de libertad no tiene nombre. Pero no te va a salir gratis. Vamos a ir a por ti con dos armas: la verdad y el Estado de Derecho. Y espero que acabes donde te mereces: en esa Isla del Diablo a la que nunca debió ir Alfred Dreyfus.

Suicidarse sin quererlo
Álvaro Delgado Gal ABC 28  Junio 2020

¿Se está suicidando la democracia española? No, si por suicidio se entiende la cesación repentina de la vida, obrada por propia mano. Sí, en la segunda acepción del DRAE: «Acción o conducta que perjudica o puede perjudicar muy gravemente a quien la realiza». En este sentido atenuado, nuestra democracia se está suicidando: el comportamiento de los partidos y el bloqueo político amenazan con provocar un deterioro quizá irreversible de las instituciones. Permítanme, a continuación, un breve excurso por la gramática. No solemos decir que alguien se suicida contra su voluntad, sino que «se mata» por accidente. Tal ocurre con el que estampa su coche contra un árbol, o ingiere un matarratas confundiéndolo con un tónico para la garganta. La noción de «suicidio indeliberado» encierra, en fin, un oxímoron, con una excepción: que el suicida, en lugar de ser una persona física, lo sea colectiva o moral, según entienden esta palabra los jurisperitos. El punto es esencial. Cuando los agentes son muchos, no tienen más remedio que fiar la resolución de los conflictos a lo que determinen una serie de reglas fijadas ex ante. Puede suceder entonces que las reglas, aplicadas sin seso, favorezcan solo a un subgrupo dentro del grupo, o, en el límite, no favorezcan a nadie en absoluto. En este caso extremo, no sería inexacto afirmar que el grupo ha adoptado una conducta suicida.

Apliquemos la fórmula a una democracia. La democracia adopta decisiones, verbigracia, promulga leyes, en un contexto complejo en que intervienen muchos actores: jueces presumiblemente independientes, políticos presumiblemente sensatos, medios de comunicación veraces. Cada actor ha de atenerse a su papel, y operar además en congruencia con el espíritu de la Constitución. A través de este mecanismo social los objetivos se discuten, se concilian, y finalmente se realizan. Si por ventura el mecanismo se descompone o se gripa, la democracia cesa, incluso contra la voluntad de todos y cada uno de sus miembros.

Tal es el trance, me temo, en que hemos ingresado los españoles de un tiempo acá, especialmente durante los últimos dos años. Están fallando agentes claves dentro del proceso democrático, y de resultas, no están desempeñando las instituciones el papel que de ellas se espera. Empecemos por Sánchez. Este se instaló como presidente a través de una confusa moción de censura y, faltando a su palabra, no disolvió la Cortes para convocar elecciones, sino que se acantonó en el poder esperando a que las urnas le fueran propicias. Explicó con claridad meridiana por qué no quería juntarse con Podemos, tras de lo cual, en veinticuatro horas mal contadas, improvisó un gobierno de coalición que sus manifestaciones anteriores obligaban a condenar de antemano. Declarado cesante el principio de contradicción, siguió saltando de una cosa a su contraria: haber apoyado el artículo 155 no fue óbice para que abriera con los independentistas una mesa de negociación paralela al Parlamento, con el Gobierno de España a uno de sus lados, y un partido secesionista, y recalcitrante en su secesionismo, sentado al otro. A pesar de que actuaciones alarmantes, como la de resucitar la causa contra el rey emérito, ponen aire en las velas de los adictos a una visión conspirativa de la historia, no creo que Sánchez persiga la instauración de una dictadura bolivariana. Estas tentaciones son mucho más imputables a Iglesias. Prefiero adherirme a la hipótesis del caos: Sánchez no experimenta ningún respeto por la verdad y de añadidura practica un cortoplacismo poco compatible con una evaluación racional de costes y beneficios. Su pacto secreto con Bildu, cuya abstención no necesitaba, y el precio que estuvo dispuesto a pagar por ella, a saber, la derogación íntegra de la reforma laboral, siguen siendo, en rigor, incomprensibles. Una persona del perfil moral de Sánchez somete diariamente al Estado a pruebas de estrés que cualquier experto en resistencia de materiales no dudaría en calificar de peligrosas.

Nuestras dificultades se extienden más allá de un presidente inapto para el cargo. El Gobierno, como sabemos, está partido, y una de sus mitades, la podemita, no comprende, es más, no aprueba, la democracia constitucional y sus complejidades. Extramuros del Ejecutivo, nos tropezamos con una oposición igualmente dividida, e incapaz, por las trazas, de dar con el abracadabra de una política que no sea meramente reactiva. En este escenario en que todos son frágiles, todos están asustados, y nadie encuentra mejor remedio para disimular su miedo que emitir ladridos en vez de argumentos bien hilados, es imposible proceder con cordura. Acabaremos mal, salvo que se dé pronto un golpe de timón.

¿Qué podría corregir esta deriva desgraciada? Europa. Las imprescindibles ayudas europeas vendrán acompañadas de condiciones, condiciones que no son compatibles con el sistema de alianzas sobre el que se sostiene el Gobierno actual. Es demasiado pronto para hacer predicciones precisas, pero salta a la vista que la situación no será manejable a menos que se construya una nueva mayoría parlamentaria. O Sánchez se aviene con el PP (y viceversa), o nos deslizaremos hacia la anarquía y quizá la violencia. Tal vez esté orientado a iniciar este proceso, ojalá, el último desmarque de Ciudadanos. Pero Ciudadanos pesa numéricamente lo que pesa, es decir, poco. Si Ciudadanos no logra operar como una sinapsis entre el centro-derecha y el PSOE, sus movimientos se resolverán en nada, caso de que no añadan un nuevo matiz al desconcierto general.

Vuelvo a Europa. Resulta un tanto humillante que tengamos que buscar en agentes exteriores los recursos necesarios para redimirnos de nosotros mismos. Sin embargo, en esas estamos. Ningún español consciente, ni aun en la hipótesis de que la situación se enderece finalmente, debería olvidar los años de desgobierno, irresponsabilidad y tontería sectaria a que la clase política nacional se ha entregado desde la infausta moción de censura. Nuestro sistema de partidos ha funcionado muy mal. A fuerza de intransigencia y cálculos ojalateros, hemos concluido por sumergirnos en una democracia teratológica un poco a la manera en que el burgués gentilhombre de Molière hablaba en prosa: sobre la marcha y sin saberlo.
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