AGLI Recortes de Prensa   Lunes 29  Junio  2020

De nuevo: ¿Libertad para qué?
Jesús Banegas ABC 29  Junio 2020

«¿Cómo y cuándo cree usted -interrogamos- que podrá pasarse del actual periodo de transición a un régimen de plena libertad para sindicatos, prensa e individuos?» preguntó a Lenin el socialista Fernando de los Ríos en su Viaje a la Rusia sovietista, allá por octubre de 1920. La larga respuesta del líder comunista terminó con la conocida frase: «Sí, si, el problema para nosotros no es de libertad, pues respecto a esta siempre nos preguntamos: ¿libertad para qué? En su libro sobre la Rusia comunista, el antiguo socialista español pone de relieve la ausencia de libertad y las consecuentes miserias de la vida soviética. Los progresistas contemporáneos españoles, crecientemente alejados de la preocupación por la libertad de Fernando de los Ríos, andan cada vez más atareados en ordenar la vida de la gente mediante restricciones a la libertad en cada vez más ámbitos: Obligando a inmersiones lingüísticas de carácter totalitario en las escuelas públicas en contra del libre criterio y derechos de los ciudadanos. Cuestionado la patria potestad de los padres en la educación de sus hijos. Tratando de limitar la libre elección de colegios, con argumentos colectivistas. Amenazando la caza y los toros -todavía no las procesiones de Semana Santa- como libres, espontáneas y antiquísimas expresiones de la sociedad civil. Generando una inmensidad de normas que obstaculizan el libre ejercicio de la función empresarial. Restringiendo el mercado de alquiler de viviendas para perjuicio de las personas menos solventes. Imponiendo restricciones medioambientales sin valorar su racionalidad y consecuencias. Oponiendo «su democracia ad-hoc» -no la genuina- a las leyes que protegen las libertades ciudadanas. Demoliendo principios fundamentales del derecho, como la igualdad ante la ley, por razones identitarias. Horadando la libertad intelectual e independencia profesional de los jueces con amenazas al cumplimiento de sus sentencias.

Educando en la enseñanza pública para la dependencia del Estado, en vez de para el ejercicio responsable de la libertad individual para buscarse la vida. Impulsando artificialmente la igualdad en la servidumbre del Estado frente a la desigualdad en la libertad. Mientras las utopías progresistas del pasado, todas ellas liberticidas, estuvieron relativamente ocultas, estas prácticas de la «libertad para qué» pudieron engañar a muchos, pero tras la caída del maoísmo y del Muro de Berlín es asombroso que todavía haya quienes -muchos- las respaldan en las urnas.

Un siglo después, la pandemia del Covid-19 ha sido utilizada por el gobierno en el sentido de la respuesta de Lenin a Fernández de los Ríos. Con la excusa del control del contagio del virus, el gobierno decretó un Estado de Alarma amplia y responsablemente apoyado por el Parlamento que limitaba temporalmente libertades y derechos ciudadanos.

Esta suspensión de derechos que estuvo justificada por la situación de tensión de recursos en el sistema sanitario y por el número de víctimas de la epidemia en aquellos momentos, fue apoyada también por una mayoría abrumadora de los ciudadanos. Una vez que esa situación dejó de existir, el Estado de Alarma debió igualmente remitir. El gobierno de la Nación no debió pretender reparar los errores cometidos en las primeras semanas de la pandemia, imponiendo en su fase de salida las condiciones más severas de toda Europa.

La prolongada restricción de libertades y el particular e injustificado ensañamiento con la Comunidad de Madrid, solo son una muestra de arbitrariedad que se ha sumado a la incompetencia previa. Es un abuso por tres razones. El gobierno español carece de autoridad moral toda vez que por su dejación de responsabilidad en los comienzos de la epidemia se convirtió en responsable del mayor número de fallecidos per cápita -con la excepción estadística de Bélgica- y de la menor protección y los mayores contagios del personal sanitario del mundo. Son muchos los países con serias trayectorias liberal-democráticas que, como los países del centro-norte de Europa, han obtenido resultados mucho mejores que España sin abusar de la libertad. El dilema: salvar vidas frente a salvar la economía es falso. Por supuesto que la salud pública es un bien a proteger por encima de todo, pero pretender proteger la salud a costa de destruir la economía no solo es una irresponsabilidad; es un error, ya que -con la salvedad de Portugal- los países con menor actividad económica son los que peores resultados sanitarios han obtenido, con España a la cabeza.

La suspensión del ordinario control parlamentario del gobierno, la bolivariana censura en las ruedas de prensa del gobierno, la persecución de opiniones críticas contra el gobierno en las redes sociales, la ocultación de las comisiones asesoras, la falta de transparencia en los criterios de regreso a la normalidad, etcétera no debieron haber existido. En pleno siglo XXI, deberíamos habernos enfrentado a la pandemia sin excusas leninistas y con estrategias mas sofisticadas que las que se emplearon contra la peste antonina o la peste negra: el confinamiento.
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Jesús Banegas es presidente del Foro Sociedad Civil

El preocupante retroceso de la industria española
José María Rotellar Libertad Digital 29  Junio 2020.

La actividad económica muestra la profundidad de la caída motivada por el cierre inducido por decreto con cada dato que aparece, aunque la construcción haya retomado ligeramente su actividad, que le ha llevado a la AIReF a suavizar la caída prevista para el conjunto de España. En cualquier caso, todavía es pronto para saber si la magnitud del retroceso del PIB se quedará por debajo de una caída del 10% o más cercana al 15%.

Sin embargo, de momento los datos no son esperanzadores en un sector que es básico para la recuperación económica, como es el sector industrial, el segundo por importancia en nuestra generación de valor añadido, que genera millones de puestos de trabajo.

Y eso, con los últimos datos publicados -abril de este año-, se muestra el negativo impacto en la evolución industrial. De esta manera, la evolución de la cifra de negocios en la industria refleja claramente y con contundencia esta evolución negativa:

Cae un 34,6%% en términos mensuales.
Retrocede un 40,8% en tasa interanual.
Desciende 45,4 puntos porcentuales respecto al dato de este indicador en el instante en el que Sánchez ocupó la presidencia.

Esa evolución negativa de la cifra de negocios en la industria es preocupante por el descenso que se produce en un sector tan importante para la economía española, que requiere de mucha inversión y que el retroceso de esa cifra indica no sólo la caída de actividad presente, sino también un desincentivo a inversiones futuras debido a la elevada incertidumbre.

Del mismo modo, ese descenso se plasma también en el Índice de Producción Industrial (IPI), que también cae de manera abrupta:

Un 29,7% intermensual.
Un 33,6% interanual.
Retrocede 39,3 puntos porcentuales desde el momento de la moción de censura.

Este retroceso en el sector industrial es sumamente preocupante, al tratarse, como decimos, en primer lugar, del segundo sector económico español, con un peso del 15,9% sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía española, con lo que una caída de la industria afecta de manera importante al conjunto de la economía nacional.

Adicionalmente, la industria genera un 14% del empleo nacional, con 2,8 millones de empleos, con lo que una caída en un sector muy presencial, sin tanta posibilidad de trabajo a distancia, puede implicar la pérdida de muchos puestos de trabajo.

Y, por otra parte, la inversión reacciona de manera mucho más volátil que el consumo ante los cambios de ciclo económico y ante la mejora o empeoramiento de las expectativas, con lo que estos grandes cambios a la baja de estos indicadores industriales recogen esas variaciones a la baja en la inversión y en la inversión en bienes de equipo, elemento que supone una clara advertencia de la ralentización de la economía ante el empeoramiento de las expectativas. El descenso ya se puso de manifiesto en el primer trimestre de-2020 y cuando conozcamos los datos del segundo trimestre, que recogerá todo el cierre productivo, se podrá observar que el descenso habrá sido muy profundo.

Como hemos reiterado en múltiples ocasiones, estos datos recomiendan insistir en la necesidad de aplicar cuanto antes reformas estructurales que dinamicen la economía española, para generar certidumbre y seguridad jurídica con la que atraer inversiones y recuperar la actividad de forma rápida y robusta, al tiempo que hay que huir del incremento de gasto público estructural y de las subidas de impuestos, que lo único que harían, estos últimos, sería deteriorar más la situación económica.

El despilfarro de los parlamentos autonómicos: 19 euros por contribuyente y cuatro veces más de lo necesario
Diego Barceló Larran y Clemente Fernández Libertad Digital 29  Junio 2020

Los parlamentos autonómicos gastan cuatro veces más de lo necesario. Le cuestan casi 400 millones de euros al año a los contribuyentes.

En España hay 1.199 diputados autonómicos, que suponen un gasto anual de casi 400 millones de euros. La representación de los ciudadanos en las instituciones es un pilar fundamental de toda sociedad democrática. Más allá de los cuestionamientos que cada cual pueda tener sobre la utilidad de esa representación a nivel autonómico (cuestión agudizada durante el confinamiento, cuando los parlamentos autonómicos estuvieron cerrados sin apenas reducir el gasto que suponen), la cuestión que queremos analizar es si esa representación es "eficiente" desde un punto de vista económico. Analizando los datos, la impresión es que no.

Lo primero que llama la atención es la gran disparidad que hay en la relación entre el número de diputados y la población de cada autonomía. En Andalucía hay un diputado autonómico cada 76.900 personas. Le siguen Castilla-La Mancha (1 cada 61.400) y Cataluña (1 cada 56.300). En el otro extremo, en La Rioja hay un diputado autonómico cada 9.600 habitantes. Por detrás se colocan Navarra (1 cada 13.000) y Extremadura (1 cada 16.500). La media es de un diputado autonómico cada 38.800 personas

¿Están subrepresentados los andaluces? ¿O hay demasiados diputados autonómicos en La Rioja, Navarra, Extremadura y otras regiones? Si tenemos en cuenta que en el Congreso hay un diputado nacional cada 133.000 habitantes, parece más razonable pensar que hay un exceso de diputados autonómicos, incluso en Andalucía.

Gasto por diputado
También hay una amplia disparidad en el gasto por diputado. Dividendo el presupuesto de cada parlamento autonómico por el número de diputados que lo integran, encontramos que las autonomías donde más se gasta son Canarias (515.800 euros por diputado y año), Cataluña y Andalucía (443.900 y 431.300 euros, respectivamente, por diputado y año). En la otra punta aparecen La Rioja, con 156.900 euros, seguida por Extremadura (214.300 euros) y Cantabria (221.900 euros). La media es de 329.400 euros por diputado y año.

Suponiendo que todos los diputados autonómicos se esfuerzan del mismo modo en el ejercicio de sus tareas, ¿cómo es posible que los diputados riojanos puedan hacer su trabajo gastando un 70% menos que sus colegas canarios? ¿Cómo es posible que los diputados extremeños gasten un 52% menos que sus colegas catalanes, y los cántabros un 49% menos que los andaluces?

Alternativas
Una vez más, teniendo en cuenta que el gasto medio por cada diputado nacional es de 248.500 euros anuales, los datos sugieren que la mayoría de los parlamentos autonómicos podrían hacer el mismo trabajo con un gasto inferior. No es posible dar una respuesta única a la pregunta de cuánto dinero podría ahorrarse, porque hay distintas formas de estimarlo.

Por ejemplo, si todos los parlamentos autonómicos estuvieran integrados por 1 diputado cada 76.900 habitantes (como Andalucía) y mantuvieran su gasto por diputado actual, el ahorro sería de casi 180 millones de euros anuales.

Una alternativa es calcular cuánto podría ahorrarse si todos los parlamentos autonómicos mantuvieran su actual número de diputados, pero bajaran su gasto por representante al nivel de La Rioja, que es la más austera. En este caso, el ahorro ascendería a 188 millones de euros por año.

Una tercera posibilidad es imaginar cuál sería el ahorro si todos los parlamentos autonómicos tuvieran la misma relación que Andalucía entre diputados y población, y gastaran en la misma proporción que los diputados riojanos. En este caso, el ahorro ascendería a casi 300 millones de euros. En otras palabras, el gasto de los parlamentos autonómicos podría recortarse un 75%.

Aunque parezca algo radical, la verdad es que no lo es. Si los parlamentos autonómicos tuvieran una representación equivalente a la del Congreso de la Nación (1 diputado cada 133.000 habitantes) y gastaran lo mismo que cada diputado nacional (248.500 euros anuales), su gasto total anual bajaría de 395 a 89 millones de euros. Un recorte del 77% frente a una meta que no parece la más exigente.

Si dividimos este ahorro máximo por los 16,4 millones de personas que trabajan en el sector privado (los que, con sus impuestos, sostienen todo este tinglao; muchos de ellos ahora en ERTE), son 18,6 euros anuales que cada contribuyente paga de más en impuestos por la ineficiencia de los parlamentos autonómicos. Alguno pensará que es poco.

El gasto de los parlamentos autonómicos no supera el 0,5% del presupuesto de cada comunidad. Si estamos hablando de ahorros significativos en una partida marginal de los presupuestos, ¿se imagina el lector cuánto está pagando de más en impuestos por culpa de la ineficiencia gubernamental?

Alarmas de peligro totalitario
Ramón Rodríguez Arribas ABC 29  Junio 2020

En los años noventa, con ocasión de la caída del «muro de Berlín» y sucesivo hundimiento del imperio soviético, la Unión Internacional de Magistrados (federación de carácter mundial de asociaciones judiciales) organizó una serie de conferencias dirigidas a los jueces de los países del Este, que se asomaban tímidamente a la Democracia, para ilustrarlos sobre lo que había de ser su labor en un Estado de Derecho, fundado, por su propia naturaleza, en la independencia de quienes integran el Poder Judicial y deciden los conflictos sociales aplicando las leyes. En esa labor pedagógica trabajó intensamente, entre otros muchos, el magistrado noruego Arne Christiansen, que nos contó un suceso insólito: Al terminar una de esas sesiones de verdadera formación profesional de jueces, uno de los asistentes preguntó que, si lo había entendido bien, a partir de ahora, en lugar de consultar los fallos que había de dictar con el delegado del Politburó, había de evacuar esa consulta con los dirigentes de los diferentes partidos políticos; error del que el conferenciante le sacó inmediatamente.

Aunque el relato de nuestro compañero nos hizo sonreír, advertimos dolidos que reflejaba la trágica situación en que habían vivido esos jueces, a los que se había llegado a imbuir, mediante la asfixiante propaganda comunista, de que sus sentencias habían de acomodarse a los intereses políticos de quienes ejercían el poder al servicio de valores indiscutibles, como lo eran los de servir a la clase trabajadora, mediante la «dictadura del proletariado».

La anécdota nos hizo recordar la película «El juicio de Nuremberg», que dirigida por Stanley Kramer e interpretada por Espencer Tracy, mereció dos Oscar y en la que también se relata la trágica situación a la que habían llegado las instituciones alemanas durante el dominio Nacional-socialista, que produjo un poder judicial al servicio de la pureza de la raza aria, con la colaboración de una medicina desviada de sus funciones naturales y todo sometido a la propaganda de la «gran mentira» del ministerio dirigido por Goebbels.

En la escena de la conversación del veterano juez norteamericano, presidente del Tribunal que juzgaba los crímenes de guerra del nazismo, con las personas que con él convivían y servían en su temporal residencia en la capital germana donde se desarrolló el proceso, se hace visible, con palabras y gestos elocuentes, hasta qué punto se puede conseguir anestesiar a casi todo un pueblo por el totalitarismo criminal de quienes, no solo quieren cambiar la sociedad a su capricho, sino que también pretenden cambiar las conciencias, sometiéndolas sin posibilidad de reacción. Y es que las diferentes doctrinas totalitarias parten siempre de una inmoralidad radical, que consiste en negar que haya más fines defendibles que los suyos y que esos fines justifican todos los medios, entre los que suelen estar la mentira, la extorsión y en los casos más extremos, el crimen, como llegó a suceder por millones, tanto en la Alemania de Hitler, con la locura del Holocausto, como en los países comunistas bajo la bota de Stalin, tras el telón de acero, que durante decenas de años sirvió para evitar que los ciudadanos huyeran hacia la libertad y para que se ocultaran los horrores del Gulag.

La amenaza totalitaria no ha desaparecido y para evitarla es imprescindible contar con una prensa libre y plural y unos tribunales independientes e imparciales, que son las dos cosas que tratan de copar y mediatizar aquellas ideologías, como nos recuerda la historia de un pasado relativamente reciente y que no debemos olvidar.

En España, tras años de libertades y Democracia, nacidas de la mano del Rey Don Juan Carlos I y bajo la seguridad jurídica creada, desde el principio, por jueces independientes, que protegieron la Constitución española de 1978, han empezado a aparecer signos del peligro totalitario. En efecto y solo a título de ejemplos, hemos visto cómo todos los periódicos de Cataluña publicaban el mismo editorial; como se produce de manera homogénea el mismo tratamiento televisivo en ciertas noticias, con una confusa mezcla entre información y opinión, en dirección a la «verdad única»; como se extiende el silencio sobre otros acontecimientos; como se organiza una cacerolada contra el actual Rey Don Felipe VI y en apoyo de la república con el apoyo expreso y público de un vicepresidente del Gobierno, faltando a la promesa de lealtad, prestada al asumir el cargo; como se vertía pintura sobre la puerta del domicilio particular del magistrado del Tribunal Supremo, instructor de la llamada «causa del procés», Pablo Llarena; como se vituperaba al ya fallecido magistrado instructor en Barcelona de otra de las tropelías del separatismo; como, desde otro ángulo, se hacía lo mismo en Madrid con la magistrada instructora de la llamada «causa del 8 M» y como en la actualidad las terminales mediáticas de una ideología que se reconoce comunista, tanto como sus operadores en las redes sociales, tratan inútilmente de desprestigiar no solo el trabajo, sino también la persona del magistrado-juez de Instrucción, número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por haber tenido la osadía de investigar la extraña conducta procesal de una de las partes en la compleja y diversa causa del comisario Villarejo, de donde ha resultado investigable también, la propia conducta personal del vicepresidente del Gobierno, rozando la púrpura de un intocable.

Lo que empieza, tal vez, a ser más preocupante es que estas alarmas de peligro totalitario se recrudezcan con un Gobierno de coalición entre el Partido Socialista, que cooperó tan decisivamente a traer a España las libertades y la democracia en que consiste nuestro sistema político desde 1978 y otro partido que no oculta su propósito antisistema, contando además con el imprescindible apoyo parlamentario de todo un panel de partidos políticos que, con sinceridad que no puede dejar de reconocerse, proclaman el propósito de destruir la unidad nacional de España, situación que no se ha producido nunca y sería impensable en cualquier nación de nuestro entorno.
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Ramón Rodríguez Arribas fue presidente de la Unión Internacional de Magistrados

Asco, gentuza y kétchup
Pedro de Tena Libertad Digital 29  Junio 2020

Todos somos candidatos a asquerosos, dice Santiago Lorenzo en su novela Los asquerosos. Pero hay asquerosos supremos, no asquerosos sin más, sino los que más. Esos son los que, en lugar de retirarse del mundo o multiplicarse por cero para no contagiar su asquerosidad a los demás y desaparecer del mapa, se empeñan en infectar su enfermedad moral a todos los demás. Véase por ejemplo como campeón de la semana en asquerosidad a Pablo Echenique, que, tras conocer la pedrada sufrida por Rocío de Meer, diputada de Vox, en Sestao durante un acto político, comentaba que la sangre que sale de su ceja sólo es un poco de kétchup y que lo ocurrido sólo es un bulo de la extremaderechafake. Y luego añadía en tono solemne que nuestra democracia tiene un boquete.

Claro, claro. Es que la derechona de antes e incluso el PSOE más digno, que quisieron vivir de pie y no de rodillas ante la gentuza asesina de ETA, gastaron muchos botes de kétchup en simular la sangre que manó de los cuerpos de los 829 asesinados por estos criminales que ahora presumen de democracia. Que el asqueroso éste de Echenique, que, con su asqueroso jefe, Pablo Iglesias, y su cúpula asqueante decidan ser intermediarios entre los asesinos y este Gobierno de España blanqueando crímenes y propagando la amnesia ante sus ejecuciones sumarísimas ya da mucho asco. Pero que, cuando una diputada española es agredida por los demócratas amigos de ETA, diga que la sangre que recorrió su cara era kétchup es más que asqueroso.

De este modo, mintiendo y deformando como le da la gana, habla de que nuestra democracia tiene un boquete. Eso es cierto porque por ese boquete han entrado él y muchos de los que usurparon a los ingenuos indignados a los que manipularon hasta hacerse con el control político, como siempre hicieron los comunistas, tanto leninistas, como bolivarianos como castristas. Por ese boquete se nos ha colado su jefe, Pablo Iglesias, que ha mentido ante un tribunal sobre el caso de la tarjeta sim del teléfono de otra mentirosa de la gentuza, la tal Dina Bousselham, que primero dijo que se la había dañado a conciencia el asqueroso supremo, luego que no, y todo ello con algún fiscal ironman de por medio que, de confirmarse que sopló en la oreja judicial de Podemos las intenciones de un juez, será otro asqueroso supremo.

La verdad es que estamos siendo gobernados a golpe de decreto, no por una izquierda con un propósito, errado o no, de promover el interés general. Estamos siendo gobernados por una gentuza inmisericorde donde mienten a todas horas, acumulándose sus falsedades en forma de un Himalaya, como retrató al comunismo patrio el socialista Julián Besteiro. Ya se ha repetido mucho lo de la tesis doctoral cum fraude de todo un presidente del Gobierno que en cualquier país digno ya habría dimitido sólo por aquella trola y la que le siguió, la del falso comunicado de la Moncloa. Y luego dijo que nunca pactaría con Podemos, que le quitaba el sueño la coleta de su ahora vicepresidente. Y luego ese aspirante a Gran Hermano supremo que quiere controlar desde el CNI a la asquerosa TVE, poco después de presumir moralmente de un pisito en Vallecas se compró una mansión en Galapagar con un dinero que nadie tiene claro de dónde salió. Y lo de Irán, y lo de la Venezuela chavista y tantas y tantas mentiras y asquerosidades que puestas todas en pie –cosa que es menester concentrar en un libro–, y lo de Marlaska y lo del vírico Simón y… (y no volvemos la vista atrás desde el caso Guerra a los ERE, pasando por otro Himalaya de corrupción).

Sí, España es un asco, está dominada por aparatos donde la gentuza, no las personas de buena voluntad, es la que manda en casi todo. Pero a veces el asco es tan demasiado, como el que ha causado Echenique, que Vox comienza a hacerse simpático e incluso necesario. ¿Extrema derecha y violenta? Aquí el violento ha sido el o la de la pedrada a Rocío de Meer. Quienes han reventado actos, cercado sedes de partidos y escracheado a personas han sido otros, los que siguen las consignas de la gentuza. Alguien tiene que plantarse para que España se cure de esta epidemia de gentuza asquerosa que sufrimos desde hace demasiados años.

¿A qué espera Marchena?
Adrián Dupuy Libertad Digital 29  Junio 2020

El pasado 21 de mayo, antes de que la juez Rodríguez-Medel empezara a recibir un aluvión de halagos por su "valiente" actividad instructora frente al Gobierno…, escribí un artículo titulado "Carta a una juez", que se publicó en el Club de Libertad Digital, muy crítico por su decisión de archivar la investigación por delito de lesiones, abjurando de su compromiso de administrar justicia. Me ratifico en lo que dije.

De aquellos polvos, estos lodos. El principal problema a que abocaba esa resolución de Rodríguez-Medel era el inevitable sobreseimiento también del delito de prevaricación. Porque, a diferencia del delito de homicidio o el de lesiones –que se pueden cometer por imprudencia–, el delito de prevaricación es necesariamente doloso ("dictar a sabiendas una resolución injusta"), y acusar al delegado del Gobierno en Madrid de haber autorizado la manifestación dolosamente era tanto como acusarle de un homicidio doloso (dolo eventual), por los fallecidos que se hubieran contagiado en la manifestación… y eso sabemos que no fue. Y esto es lo que argumenta en esencia el último auto de la juez para justificar el archivo por prevaricación.

Pero el auto también dice otra cosa sobre los delitos de lesiones o el homicidio imprudente, a lo que me quiero referir. Dice:

En definitiva, indiciariamente la celebración de manifestaciones y concentraciones de marzo de 2020 incrementaron el peligro de contagio y por ello fueron un riesgo cierto y seguro para la salud pública: es algo que se concluye de la documental aportada y de manera muy relevante, de los informes del Médico Forense, (…) cuya conclusión quinta señala: es cierto y seguro que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad y de igual modo de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación con la gravedad de la información.

Esto no es óbice para afirmar simultáneamente que no puede acreditarse que con ocasión de las citadas concentraciones/manifestaciones (exclusivamente por haber acudido) se produjera un concreto contagio. (…) se concluye por esta instructora que: desde un punto de vista médico, no puede acreditarse la relación causa-efecto con carácter exclusivo entre la asistencia a concentraciones /manifestaciones y el contagio (dicho de otro modo, el contagio puede producirse por el mero hecho de coincidir en el ascensor o por ir en transporte público, también por ir a la manifestación, en definitiva, no puede acreditarse cuándo tuvo lugar el contagio). Para poder imputar las lesiones o el homicidio imprudente sería necesario que no hubiera otra alternativa posible de contagio que el hecho de haber acudido a la manifestación que no fue prohibida por el Delegado del Gobierno en Madrid y esto es lo que descarta el informe forense obrante en autos (sobre la doctrina jurisprudencial de la relación de causalidad baste citar la clásica STS de 23 de abril de 1992 –sobre el aceite de colza).

Estas conclusiones del médico forense determinaron que esta instructora decidiera no continuar la investigación por delito de lesiones (u homicidio) imprudente, dado que, reiteramos lo adelantado en la providencia de 19 de abril, para que dicha imputación pueda prosperar es necesario acreditar la relación de causalidad, relación que debe ser individual y singular para cada persona, de modo que el resultado lesivo se deba exclusivamente a la concreta acción aquí investigada (la no prohibición de las manifestaciones o la no exigencia de precauciones durante las mismas para evitar el contagio) sin que haya otra alternativa posible para el contagio concreto de ese específico lesionado o fallecido por coronavirus".

[Nota: los subrayados y las negritas son de la propia resolución].

Cuanto la juez afirma en subrayado, sencillamente, no es que no sea correcto, sino que no es verdad. En primer lugar, la jurisprudencia penal permite la condena por imprudencia incluso con "concurrencia de culpas"; no exige "exclusividad", como ocurre frecuentemente en los casos de accidentes de trabajo, en los que la falta de medidas protectoras del empresario concurre con una imprudencia del trabajador, y no por ello deja de haber condena. En segundo lugar, con esa afirmación habría que identificar individual y personalmente al autor de cada contagio, y eso es un imposible metafísico, tratándose de un virus microscópico.

Pero es que hace falta ser muy temeraria para invocar como jurisprudencia una sentencia… ¡que dice lo contrario! Porque la sentencia de la colza permite la condena por imprudencia en casos como los que se denominan de "cursos causales no verificables", a partir de la sentencia del Tribunal de Aquisgrán en el caso Contergán (talidomida).

Me permito transcribir párrafos literales de la sentencia de la colza, ahora con subrayados míos:

La jurisprudencia de esta Sala ha hecho referencia también a la cuestión de la prueba de los llamados "cursos causales no verificables" (no susceptibles de demostración científico-natural) en la STS de 12 de mayo de 1986 (núm. 693/86). En este pronunciamiento la Sala ha sostenido que "la demostración propia del Derecho" es "distinta de la científico-natural en tanto no supone una certeza matemática y una verificabilidad excluyente de la posibilidad de lo contrario, sino simplemente la obtención de una certidumbre subjetiva" (…)

Ninguna de estas objeciones es decisiva. Para la determinación de una ley causal natural, al menos en el sentido del derecho penal (es decir, en la premisa mayor del silogismo), no es necesario –como se dijo– que se haya podido conocer el mecanismo preciso de la producción del resultado (en este caso la toxina que ha producido los resultados típicos) en tanto se haya comprobado una correlación o asociación de los sucesos y sea posible descartar otras causas que hayan podido producir el mismo.

Cuando en el proceso no se ha podido alcanzar por los peritos un consenso, pero no obstante ello el Tribunal tiene la convicción de la existencia de la causalidad, es indudable, se afirma, que no se puede suponer una vulneración del principio in dubio pro reo, pues éste sólo exige que el Juez no haya tenido dudas".

En una de las frases de su resolución antes transcrita, la juez Medel asume que "es cierto y seguro que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad", eufemismo para decir que se habrían evitado muchos muertos. Si esa es la convicción de la juez, que coincide con la convicción de todos (todos los que no sean hipócritas), no se entiende que se archive la investigación por el delito de homicidio o lesiones imprudentes.

En un comentario sobre la sentencia de la colza, del sociólogo Izquierdo-Martin, leo lo siguiente: "A diferencia del método científico, que se plantea como finalidad la búsqueda de la verdad a expensas de cualquier tipo de consideración moral, la [Administración de Justicia] hace inexcusable transigir entre dos objetivos con frecuencia incompatibles como son la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia"; y ello equivale a decir que aunque científicamente no sea posible determinar exacta y individualmente cuándo y cómo se contagiaron de coronavirus todos y cada uno de los fallecidos, si fue en la manifestación o yendo o volviendo en metro, como decía sin vergüenza el doctor Simón, o aunque no sea posible identificar al autor material de cada uno de los individuales contagios de cada cual, la búsqueda de la justicia debe llevar a todo juez competente que se precie de serlo a investigar si las manifestaciones del 8-M provocaron muertos por coronavirus (que parece que sí) y si, con la información de que se disponía entonces, el Gobierno cometió una imprudencia grave o leve al no prohibirlas (que parece que también).

La búsqueda de la justicia es el único homenaje verdadero y honesto que podemos hacer a los muertos. No sé a qué espera el juez Marchena para abrir la investigación penal.

Adrián Dupuy, abogado.

EN EEUU Y ESPAÑA
El legado español: estos son los personajes históricos atacados por la extrema izquierda
Redacción rebelionenlagranja 29  Junio 2020

La Real Academia de la Historia ha deplorado los ataques vandálicos contra las estatuas de personajes españoles históricos sucedidos en los últimos días y ha reafirmado su “compromiso con el conocimiento de la acción” de España en América, “más allá de falsificaciones, tergiversaciones y manipulaciones interesadas”. “Al considerar los hechos por encima de ideologías o teorías presentistas, el legado que arrojan los tres siglos de la presencia española en América determina un pasado común y compartido en lo que puede considerarse como la primera globalización”, ha señalado la institución en un comunicado.

Así, la Academia ha puesto a disposición en su página web las biografías de siete personajes históricos cuyas estatuas han sido atacadas. Son Juan Bautista de Anza, militar, gobernador, descubridor y explorador de nuevas rutas terrestres en la frontera mexicana del norte; Carlos III, Rey de Nápoles y de España; Miguel de Cervantes, escritor, novelista, dramaturgo, poeta, militar; Cristóbal Colón, descubridor del Nuevo Mundo en 1492, primer almirante, virrey y gobernador de las Indias; Juan de Oñate, adelantado, conquistador y gobernador de Nuevo México; Juan Ponce de León, descubridor y conquistador español, primer gobernador de Puerto Rico y adelantado y descubridor de Florida y Bímini; y San Junípero Serra, misionero franciscano (OFM), iniciador de la evangelización de la Alta California y santo.

Por su interés, adjuntamos los enlaces a sus biografías:

Juan Bautista de Anza
http://dbe.rah.es/biografias/7410/juan-bautista-de-anza

Carlos III
http://dbe.rah.es/biografias/10734/carlos-iii

Miguel de Cervantes
http://dbe.rah.es/biografias/11973/miguel-de-cervantes-saavedra

Cristóbal Colón
http://dbe.rah.es/biografias/4665/cristobal-colon

Juan de Oñate
http://dbe.rah.es/biografias/7268/juan-de-onate-salazar

Juan Ponce de León
http://dbe.rah.es/biografias/9947/juan-ponce-de-leon

San Junípero Serra
http://dbe.rah.es/biografias/8112/san-junipero-serra

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Un Estatuto-trampa frente a la Ley
Se había dejado pasar un artefacto jurídico que no sólo ponía en cuestión las fuentes de la soberanía nacional, sino que otorgaba a los gobiernos de Cataluña poderes incompatibles con los principios de igualdad y libertad de todos los españoles
Editorial larazon 29  Junio 2020

Cuando se cumplen diez años e la sentencia del Tribunal Constitucional que redujo el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña a los términos de la legalidad democrática española, deviene una necesidad, aunque sólo sea a efectos de la restitución de la verdad histórica, recalcar que nunca, como en aquel entonces, corrió más peligro la unidad de la nación española y que nunca, como en aquellos momentos, un puñado de jueces, con independencia de sus posiciones ideológicas, sufrió tan graves presiones políticas para condicionar su decisión. Pero, al mismo tiempo, la peripecia del Estatuto catalán, cuya aprobación en referéndum apenas movió el interés de la mitad del censo concernido, demostró la solidez jurídica sobre la que se asentaba la norma suprema del Estado, fundamento de la legitimidad de todas las instituciones, incluidas, por supuesto, las comunidades autónomas que conforman la estructura territorial de España.

Desde el nacionalismo catalán, la actuación garantista del Constitucional se ha considerado como el punto de inflexión, verdadero casus belli, del proceso de ruptura separatista y la justificación, por supuesto, a posteriori, de la deriva que llevó al intento golpista de octubre. Nada de ello es cierto. Desde el nacionalismo catalán, con el inexplicable apoyo del Partido Socialista, se perpetró un acto de deslealtad hacia la mano tendida de un Gobierno central, también socialista, en cuyo ánimo estaba la búsqueda del mejor encaje posible del Principado en el conjunto de la Nación. Mienten, y lo saben, quienes atribuyen otra cualquier otra intención a lo que fue, fundamentalmente, un acto de buena voluntad hacia quienes, por la experiencia sufrida, pretendían otros fines. De hecho, la primera versión de la reforma estatutaria que la Generalitat de Cataluña remitió al Parlamento tuvo que ser sometida a tantas correcciones, de fondo y de forma, que uno de sus principales impulsores, el partido ERC, se desvinculó del proyecto.

Aprobado al fin, en virtud de una aritmética parlamentaria condicionada por los nacionalismos, era evidente que se había dejado pasar un instrumento o artefacto jurídico que no sólo ponía en cuestión las fuentes de la soberanía nacional, sino que otorgaba a los gobiernos de Cataluña poderes incompatibles con los principios de igualdad y libertad de todos los españoles. Así lo entendió el Partido Popular, que presentó un recurso de inconstitucionalidad el 31 de julio de 2006, y así, también, lo entendieron las cuatro comunidades autónomas que recurrieron la norma, entre las que se encontraba Aragón, bajo un Gobierno de coalición entre socialistas y regionalistas, y el Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, que planteó seis recursos.

Cuatro años después, un Tribunal Constitucional de mayoría pretendidamente progresista, anulaba 14 artículos del Estatuto catalán, declaraba otros 27 sujetos a su interpretación y dejaba sin efectos jurídicos el preámbulo que establecía que Cataluña era una nación. A retener de la sentencia, no tanto los artículos fulminados que buscaban una Administración de Justicia propia o un sistema concierto económico sin acuerdo general, sino la restitución de las fuentes de la soberanía y legitimidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no son otras que las que emanan de la propia Constitución Española. El Partido Popular hizo lo que tenía que hacer y demandaba la defensa de la igualdad y de la libertad de los españoles y de su unidad. Y muchos otros que, luego, se apuntaron a la cómoda equidistancia frente al desafío separatistas y se acomodaron a la demonización por los nacionalistas catalanes de un partido democrático, que, queremos insistir, cumplió con su deber por encima de cálculos electoralistas, aún siguen preguntándose, octubre adelante, cómo hemos llegado hasta aquí.

Agenda electoral oculta en País Vasco para evitar la «kale borroka»
Aumentan las coacciones. PP, Cs y Vox anuncian sus actos en el último momento para que no haya altercados
C. S. Macías larazon 29  Junio 2020

La crisis del coronavirus y el hervidero «borroka» se han hecho notar en los apenas tres días que lleva la campaña en el País Vasco. El odio ha vencido en algunos casos hasta a la pandemia y grupos proetarras se organizan en un tiempo récord, actúan con o sin mascarilla, para tratar de reventar los pequeños mítines que se realizan en unos comicios atípicos.

Los partidos aseguran que no hay «pueblos prohibidos» para hacer campaña, pero es tradición que en la tierra vasca los actos no se publiciten con mucho tiempo de antelación. Unos destacan que se hacía y se hace por «seguridad», otros porque no existe una caravana como tal, los territorios están relativamente cerca, y, además, en estos comicios hay que intentar garantizar la distancia social por lo que el objetivo es no movilizar a mucha gente. «Pedimos a los afiliados que no vengan a los mítines», reconocen desde las filas de los populares y los socialistas.

En el caso del PSE, su candidata, Idoia Mendía, recorrerá Irún, Ermua, Portugalete, Lasarte, además de las grandes provincias. «Si no vamos a algún territorio es porque sabes que ahí no te votan, o porque prefieres optimizar esfuerzos en otros sitio», destacan fuentes del partido.

Independientemente de dónde se convoquen los actos, el PSE subraya que «apostamos por la libertad de expresión y pluralidad de todos los partidos» y reconocen que cada uno puede hacer campaña donde considere, porque está en su derecho.

PP+Cs estará en Bilbao, Recalde, Guipúzcoa, Vitoria donde además es un territorio clave para los de Iturgaiz, Getxo, Irún o la Rioja alavesa. Destacan que está siendo una «campaña rarísima» y son más actos sectoriales, virtuales y canutazos. Fuentes del partido indican que no es costumbre hacer mítines de campaña como tal en pueblos bastiones de los abertzales, «ni si quiera los hace el PNV». No solo por la seguridad de los que acuden que, destacan la mayoría de las veces no son del municipio porque los vecinos no suelen ir por miedo, sino por el hecho de optimizar esfuerzos. Pero no descartan Sestao.

Vox también ha marcado su estrategia en puntos clave. «Vamos a pueblos importantes por población». Es tradición que los de Abascal den a conocer su agenda de campaña con poca antelación, pero los abertzales se organizan para tratar de boicotearles. Ocurrió en el municipio vizcaíno de Sestao, donde los de Abascal fueron acorralados por proetarras y grupos antifascistas, que trataron de reventar el acto lanzándoles botes de humo, botellas y piedras, –una de ellos impactó contra la diputada Rocío de Meer–. Vox reconoce que en el País Vasco «hemos tenido muchos problemas: sedes pintadas, amenazas y falta de libertad». El líder del partido, responsabilizó ayer en un mitin en Laguardia (Álava) al PNV y al vicepresidente del Gobierno de lo ocurrido. Unos, «por ser complacientes con la violencia» y otros por «mandar a sus matones, agredir y luego no condenar la violencia». «A Vox no se le permite realizar política en el País Vasco». «Nuestros votantes no pueden actuar en libertad». Y es que ya ha habido altercados en cuatro de sus actos.

El PSE reconoce que en los últimos meses se han «incrementado las coacciones» después de que el domicilio de su candidata, Idoia Mendía, fuera atacado con pintura roja y octavillas con la palabra «asesina» o tras lo ocurrido en los mítines de Vox, pero «no creemos que sea la tónica general, son episodios lamentables que no marcará como la violencia terrorista». Además, subrayan que, si antes no les marcaba la agenda, ahora, tampoco. «No vamos a dejar de salir».

El candidato a la lendakaritza del PP+Cs, Carlos Iturgaiz, se ha topado también con insultos, gritos de «fascista», «fuera de aquí» o pitadas para tratar de silenciar alguna de sus intervenciones. Antes del inicio de campaña, Iturgaiz advertía de que los radicales volverían a tomar la calle y tratarían de dibujar a una candidata de EH Bildu más «light», y así con la estrategia de «blanqueo» y enfatizar el frentismo ante posibles pactos.

Los proetarras llevan meses en campaña, la del odio, algo que destacan se ha ido contagiando de generación en generación y hasta la falta de libertad se ha «normalizado». «Están envalentonados. Hay una cobertura social porque no les pasa nada, tienen impunidad y se creen dueños del País Vasco», destacan fuentes de PP+Cs. En Ondarroa, Rentería, Hernani, Mondragón u Oiartzun «se creen que el pueblo es suyo y que los españoles no tienen derecho a ir. Lo ven como un pecado». Recuerdan que en los años 80, Manuel Fraga, con AP, se atrevío a dar un mitin en Ondarroa, porque su madre era de allí. «Fue una locura».

Desmontando la excusa independentista del Estatut
Diez años de la sentencia del TC. Los constitucionalistas sostienen que los independentistas usaron el veredicto para la fractura social y política
Susana Campo Libertad Digital 29  Junio 2020

Fueron necesarios cuatro años de deliberaciones de los magistrados antes de que se pronunciaran sobre la Ley orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña. Fue hace ahora diez años, cuando el Tribunal Constitucional avaló la mayor parte del Estatut aunque recortó 14 artículos y sometió a interpretación otros 27, en un fallo que mantuvo el término nación en el preámbulo dejando claro que éste no tiene ninguna validez jurídica y señalando reiterativamente la «indisoluble unidad de la nación española, consagrada en la Constitución». El fallo supuso un duro varapalo para las pretensiones catalanas de declarar «preferente» la lengua catalana, tener un Poder Judicial autónomo y ampliar sus competencias fiscales.

El fallo del Constitucional marcó un antes y un después tanto en el independentismo catalán como en la imagen de imparcialidad que tenía el Tribunal Constitucional antes de dictarse la sentencia. Tras el fallo, los independentistas crearon un nuevo conflicto y un nuevo agravio que consistió en contraponer al pueblo catalán contra la Constitución Española. Cabe recordar, que este reglamento jurídico no fue votado ni por la mayoría de los catalanes ya que votaron poco más de dos millones y medio de personas, el 48,85% del censo. No obstante, el texto fue aprobado con el 73,9% de votos afirmativos y un 20,76% de votos en contra. Por otro lado, esta sentencia de 2010 es uno de los motivos esgrimidos de forma habitual por el nacionalismo catalán como detonante del «procés», del referéndum del 1-O y de las dos declaraciones de secesión de octubre de 2017 en el Parlamento autonómico. En lo que respecta al Tribunal Constitucional, el fallo supuso la ruptura del acuerdo entre sus magistrados y su división en bloques.

Expertos constitucionalistas analizan para LA RAZÓN qué supuso esa sentencia y qué consecuencias tuvo para el independenstismo. Carlos Sánchez de Pazos Peigneux profesor de Derecho Constitucional de la URJC asegura que «el independentismo obtuvo básicamente lo que buscaba, es decir, crear un conflicto donde no lo había en 2005 y 2006». En su opinión, la idea era aprobar una reforma del estatuto pero en realidad lo que se presentó fue un estatuto nuevo. «Se podría haber hecho porque la CE permite aumentar las competencias vigentes y aprobar gran parte de los que aprobó sin generar ningún conflicto, pero eso no fue lo que se buscó desde el principio. La norma incluía revisiones que eran claramente anticonstitucionales y se sabía donde iba a acabar el asunto», sostiene.

En en fallo de junio de 2010, el TC prohibió que la lengua catalana tuviera trato «preferente», algo estaba incluido en uno de los artículos más polémicos del texto, el 6.1. A la cabeza de aquella Cataluña estaba el presidente José Montilla, del PSC y lo que hizo fue contraponer la voluntad de una parte de los catalanes expresada democráticamente a través de un referéndum con la CE. «El fallo le permitió decir que no nos entiende y que no respetan», explica.

Ibor Fernandes, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Cardenal Cisneros, asegura que sentencia que tumbó buena parte de la reforma del Estatuto de Cataluña hace hoy diez años, «supuso una victoria del Estado de Derecho frente a la imposición por una minoría de un régimen jurídico privilegiado que no tiene cabida en nuestro orden constitucional». En su opinión, el fallo «no pudo resolver la fractura política y social interesada por muchos, derivada de la frustración de las promesas de un obstinado Presidente del Gobierno que pretendió otorgar facultades ilusorias al pueblo catalán afirmando que el Estatuto que votaran sería el que finalmente se aprobaría». Según señala al ser palmariamente inconstitucional la consecuencia fue que el máximo intérprete de la Constitución «tuvo que enmendar la torticera norma. Sin duda, es un antecedente de la triste situación que hoy subyace en Cataluña». Para el experto no hay ninguna duda «podemos afirmar que hemos aprendido, dado que el poder legislativo tomó nota y volvió a regular el recurso previo de inconstitucionalidad en relación con las reformas de los Estatutos, instrumento que evitará que en el futuro un dislate así vuelva a suceder».

Por otro lado, el abogado y profesor de deontología profesional y normativa en Universidad Rey Juan Carlos insiste en que el Tribunal Constitucional y los ponentes de la Constitución, “tenían muy claro que España no podía volver a la desintegración política de la II República. La democracia actual se construyó superando los errores de pasado; los ponentes fueron inteligentes, la clase política actual, no lo es”.

Precisamente, los líderes independentistas usaron el aniversario de la publicación de la sentencia ayer para volver a izar la bandera independentista y defender su autodeterminación basándose en la idea, tan repetida, de que con la sentencia del TC «empezó todo».

El plantón de la AVT y Covite al Gobierno por pactar con Bildu y blanquear a ETA
Redacción rebelionenlagranja 29  Junio 2020

La Fundación Víctimas del Terrorismo ha pedido este sábado a los partidos del Congreso de los Diputados que “no reconozcan como actor político” a EH Bildu porque “adoptan decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía española” cuando siguen sin condenar los atentados terroristas.

“La aritmética parlamentaria no debería ser jamás la coartada para encontrar atajos que permitan eludir las consecuencias que nuestro ordenamiento jurídico prevé para los terroristas”, ha dicho.

Este ha sido el mensaje que su vicepresidenta, Ángeles Pedraza, ha lanzado en la cámara baja con motivo del tradicional homenaje a las víctimas del terrorismo. Se ha ausentado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) en señal de protesta contra la política del Gobierno de Pedro Sánchez.

Precisamente la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha criticado los pactos entre EH Bildu y Ejecutivo, señalando que “no todo vale por conseguir los apoyos necesarios para gobernar”.

“O se está con las víctimas de terrorismo o con los verdugos y con quienes les apoyan”, ha remarcado Araluce en una concentración ante el Congreso de los Diputados, que ha acogido hoy el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo y a la que la asociación ha decidido no asistir.

La presidenta de AVT ha pedido que no se reconozca como interlocutor político a EH Bildu hasta que no condene los asesinatos de la banda terrorista ETA. “Serán legales pero en absoluto son morales”, ha insistido.

Entre los motivos de su no asistencia, Araluce ha destacado el reconocimiento que por parte del Gobierno se le ha dado de hace un tiempo a EH Bildu, quienes en los últimos meses “se han jactado” de ser decisivos para sacar adelante reformas legislativas relevantes para el país.

La asociación ha mostrado su “preocupación e indignación” ante el reconocimiento y apoyo que reciben por parte de otras formaciones políticas y fundamentalmente por parte de los dos partidos que conforman el Gobierno.

Como ejemplo, han nombrado el manifiesto firmado por Unidas Podemos junto con ocho formaciones políticas más para pedir la liberación de los presos “con la excusa de la pandemia”. “Está claro que no se han parado a reflexionar sobre los graves crímenes que han cometido”, ha lamentado.

Además, ha criticado que ahora se buscan “todos los mecanismos legales para prohibir y sancionar el enaltecimiento del franquismo mientras no se hace nada por evitar los homenajes que casi semanalmente se realizan a los terroristas de ETA en pueblos de Navarra y País Vasco”.

Ante esto, ha pedido a los partidos políticos legislar y promover leyes que promuevan su dignidad memoria y justicia de las víctima del terrorismo.

La izquierda 'abertzale'
El PP denuncia en Europa el "ecosistema del odio" de ETA en Navarra
FERNANDO LÁZARO El Mundo 29  Junio 2020

Los 'populares' presentan un dosier en el que evidencian la "impunidad" de los pro etarras y reclaman ayuda ante la pasividad del Gobierno

El Partido Popular denuncia en Europa la cultura de la exaltación de la violencia de ETA que se ha instalado en Navarra ante, esgrime, la pasividad de las autoridades autonómicas y nacionales. Y ante esa falta de respuesta de las instituciones a la toma de las calles y del discurso por parte de los herederos de ETA, la formación liderada por Pablo Casado ha decidido recurrir a Europa para denunciar esta situación.

Considera que desde el Ejecutivo español existe pasividad ante los continuos episodios de rebrotes de actos violentos y de homenajes a asesinos en Navarra, y requiere a los socios europeos para que miren esta especial situación que sufre la Comunidad Foral.

Desde el PP han enviado a Europa un prolijo informe sobre todos y cada uno de los incidentes que se están produciendo en Navarra, todos los actos de homenaje a los etarras y de apoyo a sus discursos de odio. Y reclama ayuda a Bruselas al considerar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no está dispuesto a dar esta batalla.

"En la Comunidad Foral, la organización terrorista ETA asesinó a 42 seres humanos y, también en ella, los herederos del brazo político de la organización criminal siguen a día de hoy justificando y ensalzando tanto a ETA como a los miembros de la banda", arranca el dosier enviado a Europa y al que ha tenido acceso EL MUNDO.

"Muestras de amenaza escénica"
Este informe ha estado promovido fundamentalmente por la presidenta del PP en Navarra y diputada nacional, Ana Beltrán. El texto ha sido remitido a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.

"Navarra sigue siendo escenario de innumerables muestras de radicalidad y de amenaza escénica y presencial por parte de quienes formaban parte del entorno de la organización terrorista, autora de cerca de mil asesinatos y más de 70 secuestros, causante de atentados que generaron más de 2.500 heridos y responsable del exilio que sufrieron decenas de miles de españoles que residían en Navarra o el País Vasco", apunta el escrito.

El PP explica a los representantes europeos que tras el anuncio de cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, en octubre de 2011, y el de su disolución como organización terrorista, en mayo de 2018, "la presión del entorno de la banda no ha cejado en Navarra. Buena prueba de ello son las campañas de acoso que la izquierda abertzale sigue impulsando contra las Fuerzas de Seguridad del Estado".

"Ese tipo de campañas han generado un ecosistema de odio que ha tenido su eco en brutales agresiones contra agentes como la acontecida en el municipio navarro de Alsasua el 15 de octubre de 2016, cuando dos guardias civiles y sus parejas fueron brutalmente agredidos por el hecho de que ellos formasen parte de la Guardia Civil".

A día de hoy, los partidos constitucionalistas que condenan el terrorismo "sin fisuras ni dobleces encuentran serias dificultades para que sus candidatos se presenten en los pueblos del norte de Navarra, donde sigue imperando el miedo. Esta situación se ha perpetuado como consecuencia de las alianzas políticas que el PSOE ha trazado en Navarra no sólo con el nacionalismo, sino también con la izquierda abertzale, sensibilidad política en la que se apoya para gobernar pese a su negativa a condenar el terrorismo y a pesar de que justifica la historia criminal de ETA".

De este modo, en pleno 2020, en Navarra "impera un escenario de impunidad en el que el entorno de la banda terrorista, representado políticamente por la izquierda abertzale, ha dado un giro en su estrategia para legitimar a la organización criminal y tratar de construir un relato que presente a criminales orgullosos de serlo como ciudadanos comprometidos. Representada por partidos como Bildu, no sólo se niega a condenar la trayectoria criminal de ETA, sino que justifica y defiende que en las calles de Navarra cientos de personas, entre ellas niños y niñas, homenajeen públicamente a miembros de la banda terrorista no arrepentidos".
El pasillo, "pleitesía al etarra"

Sólo en 2019 se han producido en España 110 actos de culto al terrorismo de ETA. "A la luz de los datos asistimos a un intento medido y meditado de construir una verdad pública de la mano de un modelo efectivo en comunicación política, un modelo mediante el cual se construyen identidades colectivas: el modelo héroe, víctima, villano".

"El preso recién salido de prisión llega a su pueblo, donde recorre un pasillo conformado por vecinos portando banderas. El pasillo es el primer ejercicio de pleitesía hacia el etarra orgulloso de serlo. Las banderas, el motivo de su sacrificio y emblema representativo de su misión. En ese pasillo los niños, las nuevas generaciones, toman cada vez más protagonismo en la medida en que así se generan marcos cognitivos que representen una lucha, una visión de la realidad, trasladable de padres a hijos", explica el PP a los representantes europeos.

"Urge demandar soluciones e implicación a unas instituciones navarras que se han mantenido y se mantienen alejadas de su labor de responsabilidad. El silencio de algunos partidos políticos en la denuncia de estas actuaciones es también un dato significativo que favorece la comodidad de los organizadores de los actos de recibimiento y exaltación", aseguran los populares.

Consideran que es necesario "dar respuesta efectiva desde las instituciones, fundamentalmente desde el Gobierno de Navarra, a los recibimientos y homenajes. Que un criminal de hoy siga siendo un criminal mañana depende en gran medida de la actuación de gobiernos como el de Navarra. Si alguien que antepone un proyecto político al derecho a la vida acaba siendo percibido por las nuevas generaciones como un ciudadano comprometido, ningún dique moral impide a esas nuevas generaciones seguir un mal ejemplo".

Independentismo en Cataluña
Torra impone la dictadura del catalán: el Govern informa más en inglés que en español
La amenaza de los socios separatistas de Sánchez lleva al Gobierno a replantear la desescalada
Gonzaga Durán okdiario 29  Junio 2020

La Generalitat de Cataluña, presidida por Quim Torra, prioriza antes el inglés que el castellano para difundir los comunicados que cuelga en su página oficial. Se trata de un nuevo desprecio hacia el español, que no deja de ser lengua común de todos los españoles, incluidos los catalanes, y con la que se comunican hasta 580 millones de personas, el 7,6 % de la población mundial, según un informe del Instituto Cervantes.

La sala de prensa del Govern recoge todas aquellas medidas y actividades aprobadas y promovidas por el Ejecutivo autonómico de Torra y que pone a disposición de los medios de comunicación y de los ciudadanos. Aquí se incluyen las ruedas de prensa de Meritxell Budó, portavoz de la Generalitat, las reuniones del Gobierno autonómico o las medidas del Ejecutivo de Torra para combatir el coronavirus.

Estas notas de prensa se encuentran disponibles en tres idiomas, según se aprecia en la web del Govern: catalán, español e inglés. Pero el número de estos comunicados varía de forma notable según el nivel de prioridad, puesto que con el catalán tenemos acceso a cualquier iniciativa de la Generalitat que realiza cada día. El inglés es el segundo idioma prioritario del Govern y el español se queda en un tercer plano, con una sección que apenas se actualiza a la semana.

Así se puede comprobar en la web si probamos a buscar las notas de prensa según el idioma. El catalán es el idioma prioritario, con hasta 9 notas de prensa escritas en este idioma por cada día de la semana, tal y como revela ‘Elcatalán.es’.
 


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