AGLI Recortes de Prensa   Martes 30  Junio  2020

El Estado desboca la deuda pública mientras familias y empresas rebajan el endeudamiento a mínimos de 2003
Diego Sánchez de la Cruz Libertad Digital 30  Junio 2020

La falta de austeridad de las Administraciones Públicas nos deja sin margen de maniobra ante el covid-19.

El desapalancamiento desarrollado por las empresas y las familias españolas en los últimos años constituye una de las principales fortalezas de nuestra economía para afrontar la devastadora crisis desatada por la covid-19. A diferencia de la anterior crisis, la posición de partida de la deuda privada es mucho más sostenible y saneada.

Así lo afirma Bankia en un informe de su servicio de estudios que muestra cómo la deuda consolidada de empresas y familias cerró el año 2019 en el 129,7% del PIB, un dato que supone una reducción de 63,5 puntos con respecto al máximo alcanzado en 2007, coincidiendo con el pico y el pinchazo de la burbuja.

El dato de deuda privada se corresponde con el nivel más bajo de los últimos dieciséis años pero, por el contrario, las Administraciones Públicas enfrentan la crisis precipitada por el mal manejo de la covid-19 con un stock de deuda mucho más elevado. Según los datos que maneja Bankia, la deuda total del sector público se ha topado con la covid-19 en niveles del 132% del PIB, si bien la metodología de cálculo del Protocolo de Déficit Excesivo "maquilla" este indicador hasta rebajarlo al 110% del PIB. Por comparación, en 2007 se alcanzaban niveles cercanos al 40% del PIB, de modo que los pasivos de las distintas capas del Estado se han triplicado desde la anterior crisis.

La falta de austeridad de las AAPP choca con la disciplina exhibida por las familias, cuyas obligaciones se han reducido notablemente en comparación con el tamaño de la economía, pero también en cifras absolutas. Así, los hogares han visto caer sus pasivos desde los 917.000 hasta los 709.000 millones, mientras que las empresas han reducido su deuda desde los 1.506 hasta los 1.160 millones.

Frente al pico de 2009, cuando la deuda privada superó el 200% del PIB, los niveles actuales suponen unos pasivos cercanos al 150% del PIB, si bien el cálculo consolidado reduce esta cifra hasta el 130% del PIB.

Bienestar del Estado
Los sacrificios asumidos por las familias y las empresas contrastan con el déficit público acumulado en la última década, que suma 780.000 millones y demuestra una clara ausencia de disciplina fiscal. En este sentido, no sorprende que el Banco de España haya reprochado al gobierno que su nefasta política en materia de estabilidad presupuestaria nos haya convertido en el país con menos margen fiscal ante la crisis sanitaria y económica provocada por el mal manejo de la pandemia.

Los presupuestos que España necesita
José María Rotellar okdiario 30  Junio 2020

Hace unos días hablábamos de las reformas que España necesita para poder recuperar de manera rápida, robusta y estructural un crecimiento económico que permita recobrar el volumen de empleo anterior al impacto de la crisis del coronavirus y poner las bases para un incremento todavía mayor que el que se habría producido incluso sin la crisis sanitaria, pues la economía ya se ralentizaba de manera importante desde finales de 2018.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son la herramienta que permite orientar y ejecutar la política económica en su parte de política fiscal, esencial para conformar la estructura de una economía, con lo que son los cimientos sobre los que se asentará un crecimiento sano o sobre los que languidecerán la economía y el empleo si lo contenido en los presupuestos es desacertado.

Hasta ahora, y analizando los últimos presupuestos presentados por el Gobierno, que son los que le fueron devueltos al Ejecutivo en febrero de 2019 al aprobarse la enmienda a la totalidad -de devolución- al proyecto gubernamental, no es ese tipo de cuentas públicas el que necesita la economía española, pues contenían un incremento muy importante de gasto público y unas propuestas de subidas de impuestos que desincentivarían la actividad económica y el empleo, al tiempo que al fomentar dicha ralentización económica no se reduciría el déficit de manera rápida y la deuda no descendería sobre el PIB de forma más desacelerada.

Pues bien, si entonces no eran convenientes dichos PGE, ahora unos similares lo serían menos, pues el gasto ya se encuentra en unos niveles excesivamente altos, el déficit se va a ir por encima del 10% y la deuda ascenderá cerca del 125% ,al tiempo que una subida de impuestos ahora sólo contribuiría a frenar aún más la actividad económica. Ni siquiera un keynesiano se atrevería a subir los impuestos en estos momentos, con una caída del PIB posiblemente de doble dígito, pues esa política fiscal contractiva mermaría la potencia de la recuperación para 2021 y los siguientes ejercicios.

Sin embargo, todo apunta a que el deseo del Gobierno es reforzar determinadas partidas de gasto, como hemos visto que ya ha comenzado a hacer con el ingreso mínimo vital, sin ajustar otras partidas, ajuste que es necesario aunque sólo sea por el juego de los estabilizadores automáticos, que en 2021 todavía operarán con cierta fuerza y que tensarán el gasto hacia arriba por incremento del número de prestaciones por desempleo y por caída de la recaudación ligada al descenso de la actividad económica.

De la misma manera, el Gobierno insiste en recuperar su batería de subidas de impuestos, que frenará más la economía, perdiendo una oportunidad enorme para impulsar con fuerza la recuperación: desde el incremento en varios puntos en el IRPF, hasta el establecimiento de un tipo mínimo efectivo del 15% (18% para la banca) en Sociedades, o las famosas -y mal llamadas- tasas Tobin y Google, por poner unos ejemplos.

La economía española necesita todo lo contrario: precisa no subir ningún impuesto e incluso bajar el de Sociedades, para atraer inversiones y, con ello, generar actividad económica y empleo. Bien es cierto que paralelamente es preciso que el Gobierno genere seguridad, certidumbre y confianza, que es algo que también podría conseguir con una política económica ortodoxa.

Deberían ser unos PGE en los que, además, se diese ejemplo eliminando todo gasto innecesario y no cayendo en veleidades y tentaciones expansivas de gasto estructural, porque se le enviaría, así, un mensaje muy claro a la Unión Europea, que lo vería con buenos ojos y que comprendería que España no necesitaría la tutela de nadie en sus cuentas y ajustes, porque es capaz de hacerlo ella sola.

Lamentablemente, de momento parece que la parte radical y populista del Gobierno -todo Podemos y parte del PSOE- parece que va ganando. No sabemos bien qué hará Sánchez al final -probablemente, lo que crea que le va a venir mejor a él personalmente; de momento, se ha mostrado más receptivo hacia esa parte populista del Ejecutivo, lo cual es mala noticia-, pero esperemos que Calviño pueda imponer esa política económica ortodoxa que necesita España, tanto si consigue presidir el Eurogrupo como si no lo consigue. Sólo hay una receta posible, que contiene reformas estructurales de calado, ajuste del gasto y mantenimiento y, cuando se pueda, reducción de impuestos, nunca subida de los mismos. Tenemos que convencernos todos de que no podemos seguir instalados en un gasto que no podemos pagar, y que es mejor ajustar nosotros, donde podremos priorizar y salvar el grueso de nuestros servicios, que esperar a que vengan a ajustárnoslo, cuando el recorte, por el tiempo que se habría perdido, sería mucho mayor y en cuestiones muy sensibles, como las pensiones o el sueldo y número de empleados públicos.

España se juega mucho y esos presupuestos van a ser muy importantes. Ahora bien, Sánchez no puede pedir el apoyo al PP para que los apoye si la línea del Gobierno es elaborar unas cuentas públicas nocivas para la economía y el empleo. Sólo hay un camino viable, que es el regreso a la ortodoxia económica por parte del PSOE, no sólo para que otros grupos pudiesen plantearse el apoyo a los PGE, sino porque sólo desde la ortodoxia podrá España salir adelante. Desgraciadamente, con Podemos en el Gobierno todo ello se antoja difícil.

Si la número 3 de Sanidad contara la verdad…
OKDIARIO 30  Junio 2020

Por «problemas de agenda». Con este argumento, una burda excusa, la número 3 de Salvador Illa y directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, no comparecerá finalmente este martes en el Congreso de los Diputados. Tampoco el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, y la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas. Hasta en dos ocasiones, PSOE y Podemos llegaron a bloquear su comparecencia -en pleno estado de alarma, el Gobierno socialcomunista adujo exceso de trabajo- y tampoco será ahora cuando se sometan a las preguntas de la oposición.

Las razones por las que el Ejecutivo socialista está tratando de evitar que Pilar Aparicio de cuenta de su actuación durante la gestión de la crisis sanitaria es sencilla de entender: la número 3 de Illa no descartó la cancelación obligatoria de eventos de masas días antes de las manifestaciones feministas del 8-M. Es más, en una entrevista Aparicio no escondió la preocupación del Ministerio por el avance de la epidemia e, incluso, fue más allá: «Estamos en un momento con un número importante de casos, que van aumentando y probablemente en los próximos días se irán actualizando. Tenemos varios pacientes en UCI y eso nos preocupa. También en trabajadores sanitarios, que nos preocupa doblemente, y ya tenemos un primer fallecido. Nos preocupa que este virus se pueda instalar en nuestra sociedad», admitió.

Parece obvio que la comparecencia de Aparicio en el Congreso de los Diputados preocupa al Gobierno socialcomunista, porque frente a la postura del Ejecutivo, que por entonces negaba públicamente los riesgos e insistía en jalear la concentración del Día de la Mujer, Aparicio expresó su preocupación por el avance de la pandemia. De ahí que a partir de ese momento dejara de ser la portavoz del Ministerio de Sanidad y quedará relegada en las comparecencias públicas. O sea, la consigna fue que no hablara. Esa es la razón que está detrás de los intentos del Gobierno por evitar su comparecencia en el Parlamento.

Lo de los «problemas de agenda» es una excusa, la demostración más palmaria de que Aparicio se ha convertido en un problema para el Ejecutivo, porque fue de las pocas que, en vísperas del 8-M, se apartó del discurso oficial de que no había riesgos y todo estaba controlado. Primero se justificaron en que tenía mucho trabajo y ahora se han inventado problemas de calendario. Si Aparicio contara la verdad…

La inmigración irregular, un gigantesco agujero sanitario
OKDIARIO 30  Junio 2020

El Gobierno socialcomunista ha reconocido en una respuesta parlamentaria que el número provisional de personas en situación irregular llegadas a costas españolas por «medio de embarcaciones» durante marzo, abril y mayo, en plena pandemia y con las fronteras cerradas, fue de 1.940. A las que hay que sumar las 61 que en el mismo periodo entraron saltando la valla de Ceuta y Melilla. Es decir, 2.001. Del mismo modo, el Ejecutivo reconoce que «desde el instante en que Salvamento Marítimo en alta mar, o Cruz Roja, ya en el puerto, detectasen a alguna persona con síntomas que pudieran ser indicativos de sospecha de riesgo para la salud pública, deberán actuar conforme al «Protocolo de Sanidad Exterior» y al «Manual de actuación ante alertas sanitarias en fronteras’, que no contempla la realización de test PCR.

Concretamente, el protocolo establece, entre otros, el procedimiento de recepción, acogida y posterior derivación, estableciendo la obligación de adoptar medidas de distancia social, aislamiento y lavado de manos, utilización de equipos de protección individual y pruebas diagnósticas sólo «cuando sea necesario», sin especificar cuándo y en qué circunstancias sería necesario. De modo que cabe concluir que las 2.001 personas que entraron en España de forma irregular en España no fueron sometidas a pruebas diagnósticas.

Algunos de los últimos brotes registrados en España tienen su origen en pacientes que son inmigrantes irregulares, algunos de los cuales se han dado a la fuga tras constatarse que estaban contagiados. Concretamente, el paciente cero del brote de Navalmoral de la Mata (Cáceres) es un inmigrante llegado en patera a Almería y que fue enviado por la Delegación del Gobierno a Extremadura sin ser sometido a un test PCR dado su carácter asintomático.

Parece evidente que las medidas de control sanitario llevadas a cabo por el Ejecutivo sobre personas que, por sus condiciones y sus países de origen entrañan un riesgo evidente, han resultado nulas o claramente insuficientes. No se pueda apelar a la responsabilidad de la sociedad española para evitar más rebrotes y, al tiempo, permanecer cruzado de brazos y no llevar a cabo el más mínimo control sobre las personas que entran en España de forma irregular. Es, sencillamente, impresentable.+

¿Tiene remedio el PP?
Pío Moa gaceta.es 30  Junio 2020

En su intervención del Gato al Agua ud ha puesto al PP incluso peor que al PSOE. ¿Cómo se entiende eso?
Hay algo que define moralmente al PP, y después de lo cual todo son detalles menores: la condena del alzamiento del 18 de julio por el gobierno de Aznar, en 2002. Está diciendo que sus padres y abuelos eran unos criminales y que el Frente Popular era democrático. Ideologías al margen, uno entiende que las izquierdas mientan como bellacas para defender a sus padres y abuelos, pero el PP ha condenado a los suyos, ha escupido sobre sus tumbas, uniéndose a la mentira general.

Pero eso no deja de ser un asunto simbólico y del pasado.
No, aun al margen de la historia, define una característica moral profunda. Lo que han hecho es propio de auténticos delincuentes. Después de eso, uno puede esperarse cualquier cosa. Y lo que han hecho es precisamente esa “cualquier cosa”: colaboración con el PSOE y los separatistas en la destrucción de la democracia y de la unidad de España. PSOE y separatistas han contado con la colaboración de los esbirros peperos, a los que se han permitido tratar a patadas, porque no merecen otra cosa.

Usted está pasando por alto voces dentro del PP que van en otra dirección. Casado desbancó a la Soraya, ahora Almeida, Ayuso, Cayetana y supongo que otros, están ejerciendo una oposición firme y clara a la izquierda. Eso da esperanzas.
Mire, dejémonos de tonterías. Casado es lo mismo que Soraya y que Rajoy o Feijoo o el Maroto y gente así, que son quienes realmente controlan el aparato y el partido. Su táctica, una y otra vez, es criticar con aparente dureza al PSOE para engañar a los tontos, y al final colaborar con él en todo. En cuanto a los otros, para empezar no son demócratas porque nadie en el PP lo es. Ni siquiera son conscientes de lo que significa la ley de memoria histórica, o las leyes de género, o el rescate de la ETA, o la financiación de las medidas separatistas contra las libertades… ¡Ni siquiera son conscientes de lo que todo eso significa! La verdad es que tienen dos opciones: o hacer oposición interna y clara a los actuales jefes del PP, incluso hasta la escisión si es preciso, o servirles de excusa para seguir engañando. Y lo primero no tienen la menor posibilidad de hacerlo: son personajes sueltos, sin verdadera influencia. Y arrastran gran parte de la miseria moral de ese partido desde la condena al 18 de julio, que tampoco parece haberles molestado nada.

¡Pero lo del 18 de julio es cosa del pasado! Hoy los problemas son muy distintos y mucho más acuciantes. Y agua pasada no mueve molino.
Todos los problemas actuales, los separatismos, la posición ante la UE y ante Europa en general, ante Hispanoamérica, la propia política económica, Gibraltar y todo lo que significa como pérdida de soberanía y satelización exterior, la posición ante los movimientos lgtbi, abortistas, etc., todo eso tiene su raíz en aquella condena y en la falsificación de lo que significó el franquismo y cómo fue posible la democracia, hoy echada a perder. Aquella condena justificó plenamente y dio impulso a todo lo que ha venido haciendo desde entonces el nuevo frente popular. Justificó a ZP y demás. Sin volver a la legitimidad del 18 de julio y lo que significó el referéndum del 76, España va, y solo puede ir, a la deriva. Imagine que en Usa se impone una ideología que declara criminales a los padres fundadores, a los rebeldes contra el yugo inglés, a los padres de la Constitución, a Lincoln… Un país así, se condenaría en poco tiempo a la inanidad y la disgregación interna. Por cierto que allí algunos ya van camino de eso, aunque no es probable que se impongan. Aquí ya se han impuesto en muy gran medida. Y gracias al PP, el gran esbirro. Ese partido no tiene remedio. El remedio hoy es VOX, y el PP es su mayor enemigo.

Pero hay mucha gente en el PP que piensa más o menos como VOX
Pero muchos de esos son tan hipócritas que dicen que VOX debería unirse al PP, porque así harían más fuerza. En fin, si piensan como VOX, que voten a VOX o se le unan. Y si no, que acepten su responsabilidad. Porque no se trata de cuestiones de detalles o matices, sino de fondo: de España y la democracia.
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UNA HORA CON LA HISTORIA
146 – Historia criminal del PSOE (26): el PSOE asesina a Calvo Sotelo y reinicia la guerra | Cuatro perros verdes https://www.youtube.com/watch?v=4NHVh2Rl1Ns

“Una hora con la Historia” es un programa directamente contra la ley liberticida y delictiva de memoria histórica. Procede del taller de ideas o think tank “Siglo XXI”, pensado para abordar las grandes cuestiones que nos presenta este siglo, interna y externamente. Un poco como el Elcano pero en dirección contraria. Naturalmente, la competencia es imposible. El Elcano o Francis Drake, agencia estratégica e intelectual de Londres, dispone de una financiación y apoyos gigantescos, mientras que nuestro taller de ideas solo tiene el de las personas que sienten un compromiso, y subsiste a duras penas con un único programa, este de historia. Por eso, para asegurar al menos este pequeño ariete, estamos en la campaña 300 por 10, es decir, 300 oyentes que donen 10 euros cada mes a la cuenta siguiente: BBVA ES09 0182 1364 3302 0153 3346
Ni siquiera puede hablarse aquí de David contra Goliat, porque la honda de este David tiene muy poco alcance, pero es posible que llegue a más si más gente ve la importancia de su acción. Estas iniciativas pueden crecer o pueden morir en la infancia. Depende de todos.
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“De las orejas”. A Viñas le encanta Negrín. ¿Pese a haber sido el mayor ladrón de la historia de España? Más bien por eso: https://www.libertaddigital.com/opinion/pio-moa/el-patriotismo-de-angel-vinas-44562/

La izquierda corruptora y su 'sobrecogedor' movimiento LGTBI
EDITORIAL Libertad Digital 30  Junio 2020

Grupos LGTBI de izquierda han emprendido una campaña para demandar al Gobierno un subsidio específico para su grey. Abierta la veda de la renta mínima universal, los grupos de presión vinculados a la izquierda compiten por sacar la mejor tajada presupuestaria, en un contexto económico auténticamente calamitoso.

La izquierda se sirve de sus sobrecogedoras organizaciones pantalla para imponer su agenda y amedrentar a sus rivales, que a sus ojos son más bien el enemigo. Enfrente, buena parte del centro y la derecha se somete con gran pusilanimidad y renuncia a librar una guerra, la cultural, que hace mucho dio por perdida.

Ahora bien, la izquierda siniestra puede morir de éxito en este ámbito, al haber abierto de par en par las puertas a la insensatez y a la corrupción caciquil de la sociedad. Así, y por poner un ejemplo, de bramar contra el supuesto menoscabo que sufriría la mujer por su condición sexual para así justificar sus leyes discriminatorias, inmorales y liberticidas, una parte no desdeñable de la izquierda ha dado un paso más allá para defender la inexistencia de la mujer como sujeto biológico.

En el Ministerio de Igualdad de la tan fanática como incompetente Irene Montero están impulsando una nueva revolución que dinamita el argumentario tradicional del feminismo de izquierdas. Y es que, si el sexo es una mera construcción sociológica y puede elegirse mediante un simple acto de autodeterminación, no hay razón para defender que la mujer está discriminada, y mucho menos en las sociedades opulentas occidentales.

Pero las cuitas internas de la izquierda macartista poco deben importar a la inmensa mayoría de los ciudadanos, que asumen con naturalidad las diferentes orientaciones sexuales de los individuos. Lo peor es que estos conflictos izquierdistas acaben saldándose con el establecimiento de subsidios absurdos concedidos sin las menores garantías a la mayor gloria del movimiento podemarra, que no ha venido a regenerar la vida democrática y social ni las instituciones sino a corromperlas de una vez por todas a fin de ejercer un control absoluto sobre ellas.

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La verdad sobre el caso del Estatut
Editorial El Mundo 30  Junio 2020

El 'procés' no nació de esa sentencia sino del plan de Artur Mas de tapar los recortes y la corrupción de su partido

Cuando se cumplen diez años de la sentencia del Estatut, el nacionalismo aprovecha para dar otra vuelta de tuerca a su obsesión favorita: la reescritura de la historia. El grosero relato soberanista dice que el Constitucional tumbó la expresión democrática de los catalanes votada en el Parlament y legitimada en referéndum; la verdad de los hechos es que la reforma estatutaria se la sacó de la manga el PSC de Maragall para competir con CiU por el voto nacionalista, que la participación fue muy menguada, que el TC validó casi todo el texto salvo las partes que chocaban con la Constitución -para eso está-, que un plebiscito desvinculado del marco legal solo existe en dictaduras y que ERC, único partido separatista entonces, hizo campaña por el no. Lo que desmiente el bulo de que esa sentencia fue el inicio del procés, nacido del plan de Artur Mas de tapar los recortes y la corrupción de su partido mediante la consabida estrategia del enemigo exterior.

Ahora Zapatero, convertido en abogado de toda causa radical, pide incluir ministros separatistas en el Gobierno: es decir, echar queroseno al incendio cuando parece adormecido. Y Sánchez persiste en la infame mesa de negociación. De retomarse, debería alejar a Cs de toda colaboración con el Gobierno.

Hay cosas que no cambian en el País Vasco
Cayetano González LD  30  Junio 2020

Vox representa para el nacionalismo vasco gobernante y para los herederos de ETA lo mismo que en los años 90 podía representar el PP.

Todos los que sostienen que ETA ha sido derrotada deberían admitir, a la vista de los graves incidentes en torno a los actos electorales de Vox –especialmente los del pasado sábado en Sestao, donde resultó herida una diputada nacional–, protagonizados por personas de ese sórdido mundo, que esa afirmación no es cierta del todo y que tiene muchos matices.

Cuando la tregua-trampa que ETA declaró en 1998, una concejala del PP del Ayuntamiento de San Sebastián, María José Usandizaga, expresó de forma clara y rotunda lo que tenían que soportar las personas que eran objetivo de la banda terrorista: "Antes nos mataban, ahora no nos dejan vivir", sentenció. Veintidós años después, los amigos y simpatizantes de la denominada ‘izquierda abertzale’, que además tienen un look inconfundible, siguen empleando los mismos métodos de acoso y violencia contra quienes consideran no sus adversarios políticos, sino sus enemigos.

Vox representa para el nacionalismo vasco gobernante y para los herederos de ETA lo mismo que en los años 90 podía representar el PP. Entonces mataban y perseguían a los cargos públicos populares; ahora, cuando los comandos de la banda terrorista ya no matan, los métodos empleados son los del acoso, la intimidación, el no dejar expresarse en libertad a una formación política –conviene recordar que es la tercera más importante de España– legal, que tiene todo el derecho a defender sus posiciones ideológicas, también por supuesto en las calles y plazas del País Vasco y de Navarra.

El nacionalismo gobernante y los herederos políticos de ETA ven en Vox una defensa de la idea de España, de los valores constitucionales, que les supera, les incomoda, y están dispuestos a combatir, en el caso de los segundos, con métodos violentos. Resulta llamativo que el PP haya dejado de estar en el centro de las iras de los nacionalistas del PNV y de la izquierda abertzale, y eso puede ser un síntoma de cómo se ha ido diluyendo el proyecto popular en el País Vasco en los últimos años. Bien es cierto que con Carlos Iturgaiz como candidato en las autonómicas del próximo 12 de julio, el PP recupera parte de esa esencia que le llevó no hace tantos años –con Jaime Mayor Oreja, María San Gil y el propio Iturgaiz– a ser un partido heroico en el País Vasco y, por ende, un referente moral en el resto de España.

Tantos años de terrorismo, del uso de la violencia para conseguir fines políticos, de mirar para otro lado, de justificar los crímenes con el terrible "algo habrá hecho", se acaban pagando. La siembra de tanto odio hacia todo lo que representa España, la pérdida de todo referente ético y moral en una parte no desdeñable de la sociedad vasca, tiene como consecuencia que la intolerancia hacia el que no piensa como tú aflore de forma violenta y por lo tanto antidemocrática.

A los que hemos mantenido que ETA era y sigue siendo un proyecto político concebido para la destrucción de España, compuesto no solamente por los comandos terroristas sino por un brazo político que está en las instituciones sin haber condenado los crímenes de la banda terrorista, no nos extraña que sigan produciéndose actos de violencia.

Lo terrible de todo esto es que con los que protagonizan estos episodios de violencia, con los que niegan la libertad en el País Vasco, son con los que el PSOE de Pedro Sánchez ha pactado en Navarra y en el Congreso de los Diputados. Esto debe de formar parte de esa nueva normalidad tan cacareada por el presidente del Gobierno y sus palmeros mediáticos.

Balance de más de dos años de los papeles de ETA que entregó Francia: ni un caso resuelto
La Fiscalía de la Audiencia Nacional admite que sigue analizando la documentación remitida por Francia hace dos años y medio, que de momento no ha permitido esclarecer un solo caso
Roberto R. Ballesteros elconfidencial 30  Junio 2020

El 5 de febrero de 2018, Francia envió a España dos camiones con armas y toneladas de documentación incautadas en decenas de operaciones policiales contra el entramado de la banda terrorista ETA durante los últimos años. Era la primera entrega masiva de material por parte de las autoridades galas y tenía como fin impulsar algunos de los 379 casos sin resolver —según contabilizó la asociación de víctimas Dignidad y Justicia— que se encontraban atascados en la Audiencia Nacional desde hacía años.

La ingente cantidad de documentos que llegó a España fue derivada a los servicios antiterroristas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Ambos cuerpos se repartieron el material para analizarlo con orden y luego compartir la información obtenida con objeto de tratar de encontrar pistas que pudieran esclarecer los mencionados asuntos estancados en los tribunales. En paralelo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió dedicar a varios miembros del ministerio público a trabajar en la resolución de estos procedimientos con base en la mencionada documentación.

Dos años y medio después de la llegada de la mercancía, sin embargo, las autoridades judiciales no han resuelto uno solo de los 379 casos que estaban sin autor conocido a principios de 2018. Así lo confirman desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que incluso desvincula de este proceso de análisis e investigación el caso del asesinato en 2000 del funcionario de prisiones Máximo Casado. Aquel procedimiento llegó a buen puerto gracias a una pericia caligráfica sobre una fotocopia que identificó al autor. Gracias a la nueva documentación, se hizo la misma pericia sobre el original, pero venía a confirmar las mismas conclusiones, con lo que no puede considerarse un asunto resuelto gracias al material entregado por Francia.

El resto de causas siguen empantanadas en la Audiencia. No hay ninguna que esté más avanzada, señalan las mismas fuentes de la Fiscalía, que sí admiten que la mercancía que vino de las autoridades galas más prometedora en términos investigativos es la informática. En ella, se han encontrado documentos que podrían abrir nuevas líneas de pesquisas que apuntan a la identificación de personas vinculadas con determinados atentados que anteriormente no habían sido relacionadas con estos actos terroristas. En esta vía, añaden desde el ministerio público, aún se está trabajando.

Las mismas fuentes explican que aún queda "muchísimo" material por analizar, que se estudiará todo, pero que todavía es necesario dedicar mucho esfuerzo y trabajo para hacerlo. Otras fuentes aseguran que entre el material que llegó en los dos tráileres mencionados no había ningún vestigio o dato relacionado con balística, huellas dactilares o restos genéticos, aspectos que hubieran permitido hacer avanzar los procedimientos de forma clara. Primaba, por el contrario, mucha documentación sobre actas y comunicaciones internas entre la cúpula de la banda y sus comandos.

Esto último sí que permitiría actuar contra los máximos responsables de la organización terrorista, como han pretendido algunas organizaciones de víctimas del terrorismo, pero no tanto contra los que apretaron el gatillo, los denominados autores materiales de los atentados, ya que un análisis exhaustivo de estas comunicaciones podría arrojar luz sobre posibles órdenes de asesinar realizadas por los jefes para que las ejecuten los subordinados. Esta vía más posible, sin embargo, tampoco ha visto la luz en los análisis que dirige la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el apoyo de los servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que siguen estudiando la ingente documentación intervenida por las autoridades galas.

Los casos sin resolver de ETA han llegado hasta el Parlamento Europeo, que aprobó recientemente enviar una misión a España con el fin de investigar por qué sigue habiendo tantos asesinatos sobre los que no existe autor conocido. Además, los tribunales de Argentina mantienen una causa abierta que indaga dos de esos asuntos por la comisión de un presunto delito de lesa humanidad. La asociación Dignidad y Justicia denunció el asunto al otro lado del Atlántico ante la negativa de la Audiencia Nacional a hacerlo en España.

España
Así vulnera el “procés” el Estado de Derecho
La plataforma informe ciudadano relata el «modus operandi» de los soberanistas
Cristina Rubio. Barcelona larazon 30  Junio 2020

A finales de abril, cuando la pandemia aún no arreciaba como ahora, un nuevo movimiento de propaganda exterior de la Generalitat pasó casi desapercibido: el Govern de Quim Torra aprovechó una consulta abierta de la Comisión Europea sobre el informe anual del Estado de Derecho 2020 para participar con un documento propio en el que exponía su lista de agravios, según adelantó «Crónica Global», denunciaba la falta de imparcialidad de la Justicia española y apuntaba hacia el Supremo por la causa del «procés».

Un relato contrarrestado ahora por la entidad Impulso Ciudadano, que ha elevado al mismo organismo europeo una advertencia sobre Cataluña: «Se vive una situación de amenaza del Estado de Derecho». Una radiografía del panorama político y social a raíz del «procés» a través de un documento de 31 páginas en el que se recopilan polémicas y actos de desobediencia. Todo ello «como consecuencia, fundamentalmente, de la decisión de varias administraciones catalanas (la Generalitat de Cataluña, varias administraciones locales y las universidades públicas) de obrar al margen de sus obligaciones legales con el fin de favorecer las aspiraciones del movimiento nacionalista». El «modus operandi» se resume a través de ocho puntos del informe, entre los que destacan los siguientes.

Desafío con el referéndum
La primera parada es el momento actual, con Quim Torra al frente de la Generalitat. «El gobierno autonómico catalán, así como un número significativo de gobiernos locales mantienen una actitud de desafío explícito a la legalidad, lo que incluye el constante recordatorio de que están dispuestos a volver a enfrentarse al Estado y realizar un referéndum de autodeterminación, pese a que el Tribunal Constitucional ya ha declarado que un referéndum de estas características no es compatible con la Constitución española».

Banderas y lazos
Como ejemplo concreto, la entidad denuncia que en Cataluña no se respeta la «neutralidad de las administraciones públicas» y recoge la polémica por los lazos amarillos y símbolos independentistas colgados en edificios públicos, el primero en la fachada del Palau de la Generalitat. Un gesto de desobediencia por el que el propio president fue juzgado e inhabilitado a un año y medio, una condena que debe resolver el Supremo. De hecho, otro de los puntos que aborda el informe es la desobediencia explícita del president.

Uso político de los Mossos
Relacionado con el punto anterior, Impulso Ciudadano alerta de la utilización partidista de la policía, pues «en unas ocasiones identifica a quienes colocan simbología en el mobiliario urbano (banderas españolas) mientras que en otras permite que esa simbología partidista sea colocada (cuando se trata de simbología nacionalista) e incluso actúa contra quienes la retiran», en referencia a varios episodios con los lazos amarillos. «Esta imposición simbólica es trascendente para el plan nacionalista, pues como sucede en todo totalitarismo es importante conseguir que se asuma de manera generalizada que los planteamientos contrarios a la ideología que desea imponerse son marginales», concluye.

Adoctrinamiento en las aulas
El informe repasa varias polémicas en la enseñanza como el uso del catalán como lengua vehicular y la «exclusión» del español –«no está prácticamente presente en la enseñanza de los 0 a los 6 años»– los símbolos nacionalistas en las aulas, el adoctrinamiento con el 1-O, el apoyo explícito de algunas universidades públicas al nacionalismo y los boicots que sufren estudiantes de entidades constitucionalistas como S’ha acabat.

Control de TV3
El informe recoge el control del Govern en los medios públicos, la designación a dedo de sus cargos directivos –especialmente en los servicios informativos– y el uso de expresiones como «presos políticos» en antena.

Violencia política
Recuerda los datos del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña: la violencia política se disparó durante el segundo semestre de 2019 en Cataluña a raíz de las protestas contra la sentencia del «procés» y el 96% de los actos (más de 900) fueron cometidos por el independentismo.

 


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