AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 1  Julio  2020

Los virajes del PP: un timo permanente al electorado
Diego Vigil de Quiñones Otero okdiario 1  Julio 2020

Las últimas semanas hemos asistido al enésimo viraje del PP, que tras días de bronca oposición al final del estado de alarma, ha dado su apoyo al Gobierno en el IMV y el llamado “decreto de la nueva normalidad”. Ni que decir tiene que lo turiferarios del centro exquisito se han apresurado a alabar la vuelta del PP a la moderación. Por nuestra parte no tenemos nada que objetar, pues ya hemos dicho en otras ocasiones en este mismo medio que nos parece bien el tricentrito con tal de que no engañen al electorado que no cree en esa posición política. Aunque parece que viraje es permanente, pues hoy mismo se presenta como dura posición el oponerse a un pacto de presupuestos que incluya a Podemos.

El problema de los virajes permanentes del PP es el cortoplazismo y la generación de dudosas apariencias: a ratos se quiere aparentar que se es apto para recibir el voto de un votante del Vox, a ratos se pretende caer bien el votante de Cs o el PSOE. Dicho “postureo” a corto plazo produce a largo plazo un desencanto que, en los peores momentos, lleva al electorado a la más pura desafección, hasta el punto de que hay que terminar ocultado la marca (como hace la candidatura Feijoo 20 en la campaña para las elecciones legislativas gallegas convocadas para dentro de unos días).

Lo que hace el PP no es, en realidad, más que su modo de participar en la política del regate corto, la táctica, el manual de resistencia etc en la que nos vemos envueltos desde la crisis institucional de 2014. Pero con una diferencia muy grave: mientras las izquierdas hacen también lo que pueden a corto plazo con diferentes tácticas, en el largo plazo se aprecia con claridad que tienen una estrategia coherente. Una estrategia coherente que en el PP no está clara: pretende el voto de quienes aborrecen las autonomías mientras las conserva, pretende el voto provida mientras deja pasar años sin preguntar por el recurso que puso frente a la ley del aborto (dando lugar a las correspondientes campañas de protesta), pretende el voto de quienes creen en la reducción del gasto y el tamaño del Estado sin ningún logro relevante en este campo, pretende el voto de quienes creen en una Justicia independiente mientras pacta la renovación de un CGPJ dependiente, y así en muchos otros temas.

Las izquierdas, aun cuando van cambiando de táctica, tienen claro para qué quieren el poder: ERC para luchar por la independencia del Principado de Cataluña y convertirlo en República, el PSOE para seguir asentando el ideal socialdemócrata con hegemonía cultural marxista y Podemos para un cambio de régimen hacia la república socialista. Frente a eso, la posición de las derechas no está clara. Se dicen “constitucionalistas”, pero “constitucionalistas” también son el PSOE y el PNV, pues gracias a esta Constitución han llegado hasta su actual situación del dominio. Viven llevados por la inercia, a merced de las estrategias de la izquierda, sumidos en la confusión, invocando el voto útil sin razones de fondo (si ese es el único argumento, que pidan el voto para Vox, y se soluciona la fragmentación de un plumazo).

Han pasado ya dos años desde que Casado alcanzó el liderazgo del PP. Lo hizo con un discurso ilusionante y lleno de contenido. Sin embargo, apenas ha sido capaz de defenderlo, y además sin la solvencia bastante para ser creíble. El PP parece sumido en la confusión de la lucha de tácticas donde todos tienen estrategia menos los populares. Aznar dijo alguna vez que no se podía caer en convertir el partido, que es un medio, en un fin. El PP debe dejar claros sus fines para ser un medio creíble. El viraje permanente no parecer el mejor camino: es un timo a los electores.

El Banco de España reclama mayor eficiencia en el gasto público
Redacción rebelionenlagranja 1  Julio 2020

El Banco de España asegura que la economía española tiene “margen para redefinir la cesta de impuestos” con el objetivo de favorecer en mayor medida el crecimiento económico y a la reducción del déficit y la deuda pública, para lo que pide el diseño y comunicación de un programa plurianual de consolidación fiscal con una senda coherente con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, algo que podría hacer “absolutamente factible” reducir la ratio de deuda por debajo del 100% del PIB en diez años.

En su informe anual publicado este martes y dentro del apartado de los retos a los que se enfrenta España tras la crisis, la autoridad monetaria indica que la recaudación impositiva en España, incluidos los ingresos por cotizaciones sociales, es inferior a la del promedio de la zona euro en unos 2 puntos porcentuales del PIB, lo que implica que podría recaudar más de 20.000 millones de euros adicionales.

El organismo apunta también en su informe que un “elemento distintivo” de la fiscalidad española “susceptible de reconsideración” es el “elevado nivel” de beneficios fiscales, derivados de la presencia de “numerosas” exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, que generan con frecuencia “pérdidas importantes” de recaudación y “distorsionan” la eficiencia y la equidad del sistema impositivo.

Sobre las denominadas ‘tasas Google y Tobin’, que se están tramitando en este momento en el Congreso, advierte de que el “alto grado de integración” internacional de la economía española y la posibilidad de que algunas bases imponibles puedan desplazarse “con una relativa facilidad”, sugiere la conveniencia de alcanzar “un cierto grado de coordinación” con el resto de los países en la introducción de estos impuestos para evitar la aparición de “desventajas competitivas” y la “deslocalización de ciertas tareas”.

Así, espera que las negociaciones en el seno de la OCDE sobre un nuevo impuesto digital deberían servir para fijar unas “condiciones comunes mínimas” para una eventual introducción ordenada de esta figura impositiva, al menos en el ámbito de las principales economías avanzadas, que se transpondrían después a la legislación española una vez se aprobaran.

Por el lado del gasto, ve conveniente incrementar el peso relativo de aquellas partidas relacionadas con la acumulación de capital humano y tecnológico, así como priorizar la inversión pública en innovación, al tiempo que apuesta por establecer un mapa claro de prioridades y mejorar la eficiencia del gasto público en todas sus rúbricas.

Además, el Banco de España recomienda al Gobierno que utilice los informes del Spending Review elaborados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), incluso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de este año.

“Las conclusiones de la primera fase de la revisión del gasto público que publicó la Airef el año pasado ponen de manifiesto la existencia de un margen amplio para mejorar la eficiencia y la eficacia de componentes tan relevantes del gasto como el farmacéutico, las subvenciones o las políticas activas de empleo. Es importante que las recomendaciones ya emitidas por esa autoridad, junto con las que resulten de las siguientes fases del proceso de revisión actualmente en marcha, se tomen en cuenta cuanto antes en el proceso presupuestario”.

Un compromiso histórico con el déficit
Primo González republica 1  Julio 2020

No podía faltar una alusión abierta y directa del informe anual del Banco de España al problema de la Deuda Pública. La crisis del coronavirus ha disparado hasta niveles claramente inviables el peso de la Deuda Pública española en el conjunto de la economía nacional. Y esta situación requiere remedio, claramente con dos rasgos: abordar el asunto con urgencia y ponerle una fecha creíble a la consolidación fiscal. Es decir, devolverle la viabilidad y la credibilidad a la economía española cuanto antes y sin fantasías.

El informe del Banco de España realiza un riguroso análisis de la situación, como es habitual en este organismo, por cuyas manos pasan todos los datos necesarios para realizar un buen análisis y diseñar una estrategia adecuada con vista a solucionar los problemas, endémicos en buen número de casos. No hay que remontarse muy atrás para encontrar en el cercano año 2019 alguno de los problemas que han condicionado el desarrollo posterior de la economía y la deficiente entrada de España en esta difícil fase económica ligada la pandemia.

El disparatado crecimiento del gasto público y la acelerada expansión del déficit público (con España situada ya en la primera fila, junto con Italia, de los países más desequilibrados de Europa) están desde luego en el origen de buena parte de los males que se han puesto de relieve en los meses más duros de la etapa de confinamiento, el primero de ellos el desempleo, que se ha disparado hasta niveles récord.

La puesta en marcha de un plan serio y eficiente, además de apoyado políticamente por un amplio segmento de las fuerzas políticas que le garantice su cumplimiento, cuyo objetivo apunte hacia el restablecimiento del equilibrio fiscal en el medio plazo, es la tarea más apremiante y necesaria que ven los expertos del Banco de España a la hora de enderezar el rumbo de la economía. No es un objetivo fácil, ni puede considerarse carente de exigencias, pero los expertos del banco consideran que España debe echarse sobre los hombros la ineludible tarea de cuadrar los Presupuestos cuanto antes.

Las fantasías con las que algunas fuerzas políticas tratan de alcanzar este objetivo mediante subidas espectaculares de los impuestos que gravan a los grandes patrimonios tienen poca cabida en las propuestas del Banco de España, que más bien apunta hacia un aumento de los ingresos fiscales que procedería de la suma de los ahorros procedentes de la eliminación de numerosas exenciones y desgravaciones fiscales, que en algunos casos están mermando la competitividad exterior del país, la subida del IVA hasta su igualación con el que predomina en la mayor parte de los países europeos, la adaptación de la fiscalidad indirecta en algunos sectores que se benefician de tipo super reducidos, la puesta en marcha de una fiscalidad apropiada para una economía que busca corregir los fenómenos de deterioro del medio ambiente y la alineación internacional con las nuevas fiscalidades que tratan de darle un tratamiento más homogéneo a las actividades de las grandes corporaciones, son algunos de los retos pendientes que habrá de afrontar la fiscalidad española para darle unos objetivos más realistas a la capacidad de recaudación fiscal.

En el ámbito de la fiscalidad directa, en donde por cierto las diferencias entre tipos de gravamen españolas y europeos son bastante menos aberrantes de lo que tratan de pregonar algunos grupos políticos con sus propuestas teñidas muchas vece de demagogia y de falta de un mínimo rigor analítico, también se pueden realizar adaptaciones de la fiscalidad que, sin afectar a los incentivos de productividad y de inversión, logren mejorar los ingresos tributarios al servicio de un déficit cada vez menos perjudicial para los intereses del conjunto de la economía.

Lo que el virus se llevó
Pablo Sebastián republica 1  Julio 2020

El Banco de España y el INE han reconocido el duro impacto económico y social que en España ha causado la pandemia del Covid-19, y anuncian una caída del PIB en el primer trimestre del año del -5,2 %. Y una previsión para el segundo trimestre del -20 %, lo que ofrecerá a final de año una pérdida del -12,8 % del PIB, según cálculos del FMI, y siempre y cuando se confirme el inicio de la recuperación en el segundo semestre de este maldito 2020.

De lo que no hablan el BdE ni el INE es de lo que el virus se llevó y ya nunca volverá. Y esas pérdidas son enormes e insustituibles porque en España han muerto cerca de 50.000 personas por causa del Covid-19, han desaparecido miles de empresas y se van a destruir, de aquí a finales de año, millones de empleos y millones de familias están o van a estar en la precariedad.

Y nada o solo una parte no importante de todo esto lo vamos a recuperar. Y todavía debe pasar algún tiempo antes de que recuperemos el turismo tal y como estaba, las exportaciones y el comercio, la hostelería y la restauración.

Y naturalmente todo ello siempre y cuando no rebrote una segunda oleada del virus, al que esperamos que las vacunas en ciernes van a derrotar en el otoño de una manera definitiva y global. Amén.

En estas circunstancias el Gobierno de España tiene un margen pequeño de actuación, por más que insista en la prioridad social de su programa porque entre los límites que nos marca la UE (pare recibir los subsidios y créditos) y las normas que imponen los mercados, empezando por el interno y ‘único’ de la UE, y las necesidades de las empresas y los autónomos para mantener el empleo y crear nuevos puestos de trabajo poco puede hacer el presidente Sánchez y su Gobierno de coalición.

Salvo subir algunos impuestos (del IVA y productos especiales), recortar el gasto público -en el país con más políticos de Europa- y cuidarse de no disparar el déficit y la deuda. Porque la zona euro y la esperanza de recibir 140.000 millones de la UE obliga a una contención del gasto y a ofrecer a las instituciones europeas y a los inversores internacionales y los nacionales un programa económico y social moderado y un marco de estabilidad política y social.

De manera, y eso lo sabe muy bien la vicepresidenta Nadia Calviño, estamos ante las que se dicen ‘habas contadas’ o ‘con estos bueyes hay que arar’, lo que deja muy escaso margen para las opciones ideológicas o políticas de los distintos grupos parlamentarios, aunque sabido es que la batalla central estará a nivel nacional en los impuestos y la reforma laboral, y en el plano de las autonomías en el reparto de los fondos que a España se ofrecerán desde la UE. Pero poco más.

Entonces ¿a qué esperamos para empezar a definir y negociar los PGE de 2021? Pues según el Gobierno a que Europa apruebe sus fondos para la recuperación de la UE, y a partir de ahí vendrá todo lo demás relativo a los Presupuestos y, por supuesto, al presente y futuro de las Pensiones y de la Seguridad Social. Y a ser posible todo ello con espíritu ecológico y digital.

El socialcomunismo condena al olvido a los muertos del coronavirus
OKDIARIO 1  Julio 2020

El bloque socialcomunista -PSOE y Podemos- han culminado su siniestra estrategia de ocultación de las víctimas del coronavirus al negarse a que los muertos por la pandemia aparezcan en las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso. En ninguno de los borradores de las cuatro áreas de trabajo -Unión Europea, Sanidad y Salud Pública, Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, y Reactivación Económica- se hace referencia alguna a los fallecidos.

Resulta sencillamente inmoral que una comisión parlamentaria que tiene como objetivo establecer las bases para la reconstrucción de España tras los devastadores efectos del virus no establezca un balance de daños humanos, lo que demuestra que el socialcomunismo que nos gobierna se ha subido a lomos de una estrategia que tiene como fin ocultar la verdadera dimensión de la tragedia.

El Partido Popular ha presentado una enmienda de adición al borrador de conclusiones de la mesa de Sanidad y Salud Pública donde plantea que se haga referencia expresa a los 48.000 fallecimientos de más que recoge el Instituto Nacional de Estadística durante la pandemia, pero la enmienda será rechazada por el bloque socialcomunista.

Es indecente que miles de personas hayan sido sepultadas bajo un manto ignominioso de olvido por parte de un Ejecutivo que, en su afán de minimizar los daños de la pandemia para enmascarar su incompetencia en la gestión de la crisis, es capaz de ocultar la realidad por el siniestro método de no reconocer a los muertos.

En el borrador de conclusiones de Sanidad y Salud Pública no aparece en ningún momento la palabra «víctimas», ni «muertos» ni «defunciones». Tanto PSOE como Podemos ya dijeron en el creación de esta comisión que su propósito iba a ser mirar hacia adelante con un talante propositivo y no hacia atrás. Pero es imposible abordar el futuro sin aprender del pasado y, sobre todo, sin rendir tributo a las cerca de 50.000 personas que perdieron su vida durante la pandemia. Y es vomitivo que la mayoría socialcomunista del Congreso pase por encima del dolor de millares de familias.

'ES UNA MEDIDA DESPROPORCIONADA'
Correos secuestra la propaganda electoral de VOX para los comicios en Galicia y País Vasco
Redacción rebelionenlagranja 1  Julio 2020

VOX ha asegurado que Correos ha secuestrado sus sobres de propaganda electoral para las elecciones del País Vasco y Galicia del próximo 12 de julio por lo que este lunes presentó alegaciones ante la denuncia presentada por Correos ante la Junta Electoral Central (JEC).

La formación política que lidera Santiago Abascal ha solicitado que se archive la denuncia presentada por Correos y se ordene “urgentemente al envío masivo de la propaganda electoral” por entender que la medida adoptada por la Sociedad Estatal es “absolutamente desproporcionada”.

Correos ha invocado, para no distribuir los sobres electorales, el artículo 16 del Reglamento por el que se prohíben envíos postales cuya envoltura contenga textos o dibujos que vulneran los derechos fundamentales, según explica VOX en una nota de prensa.

Sin embargo, la formación política explica a la JEC que los sobres enviados “no pueden suponer lesión alguna de derecho fundamental, puesto que todos ellos han sido extraídos de publicaciones que ofrecieron los datos basándose en fuentes fidedignas, sin que se tenga noticia de que ninguna persona haya ejercitado acción alguna contra los medios que los publicaron”.

Así, exponen que en los sobres enviados por VOX a los votantes de Galicia se reprodujeron algunos textos como “Los separatistas del BNG invitaron a un grupo terrorista a su mitin en Santiago“. La formación explica que de esta noticia se hicieron eco diversos medios de comunicación.

Otras frases que contiene esa propaganda electoral son: “Ante la imposición linguística hay una alternativa” o “ante los progres separatistas hay una España que quiere recuperar su futuro”.

En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, algunos de los sobres llevaban escrito “El País Vasco proporciona ideología de género a los futuros maestros”. Una frase que está fundamentada en el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

También han incluido una frase que dice que “Urkullu considera necesaria la inmigración para afrontar el reto demográfico”, mientras que VOX responde a alegando en la misma carta que “ante la invasión de inmigrantes hay una alternativa”.

La ley del más fuerte
OKDIARIO 1  Julio 2020

La historia de Ascensión y Claudina demuestra hasta qué punto las libertades y derechos individuales están siendo acosadas por un Gobierno que no admite las críticas. El delito de estas dos mujeres imputadas por desobediencia -el juicio será hoy mismo- fue negarse a identificarse y cruzar el perímetro de seguridad del chalé de Iglesias y Montero, según recoge la denuncia. Es cierto que hicieron oídos sordos a las recomendaciones de los agentes de la Guardia Civil, pero el incidente se enmarca dentro de un contexto que parte de la decisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de convertir los alrededores de la vivienda de la pareja gubernamental en una zona de exclusión vedada al tránsito, en una especie de coto privado.

El atestado señala con toda claridad que ambas mujeres se negaron a identificarse mientras “llevaban banderas España”, “hacían sonar el himno de España” y criticaban el dispositivo de la Guardia Civil en Galapagar.

Textualmente reza así: «Siendo las 17:23 horas del presente día [29 de junio] aparecen un grupo de personas conformado por cuatro individuos de sexo femenino, que las mismas se han bajado de unos vehículos y se han dirigido hacia la zona del perímetro de seguridad de la casa, cita esta en el lugar descrito anteriormente y que es la residencia del vicepresidente del Gobierno don Pablo Iglesias y la ministra del Gobierno Doña Irene Montero”.

Los agentes cumplieron con su obligación. Su actuación fue correcta y respetuosa en todo momento. Es cierto que las mujeres se mostraron reacias a acatar el requerimiento de los guardias civiles, pero el problema de fondo, más allá del incidente concreto, es que el Ministerio de Interior ha impuesto en la zona una suerte de estado de excepción, un dispositivo exagerado y desproporcionado.

La vigilancia del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero es comprensible, pero el despliegue de efectivos en las inmediaciones y el bloqueo de una vía pública resulta incomprensible. Unas cacerolas y unas banderas de España no representan ninguna amenaza para la pareja gubernamental. Comparadas con los escraches que ellos practicaban -su «jarabe democrático»- lo de estas dos mujeres, Ascensión y Claudina, resulta una broma.

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Recortar todo lo que sobra
Miquel Giménez. vozpopuli  1  Julio 2020

El Banco de España lo ha dicho clarito: hay que eliminar todo gasto público que no sea prioritario. Vamos al lío

Reducción de ministerios. Es una tomadura de pelo que tengamos el Gobierno con más carteras de nuestra historia democrática. Se ha desdoblado alguno de los ya existentes. Y cada ministerio nuevo requiere su cuota de asesores, amiguetes, carguillos de la mamandurria y demás hierbas. Muchos dirán que es el chocolate del loro, pero hay que ver lo que come el pajarraco. A lo largo del confinamiento el Gobierno ha incrementado un 12,5% del crédito presupuestario, no en compra de material sanitario o en contrataciones de médicos, sino en pagar nóminas de asesores y altos cargos. Hasta ahora la partida presupuestaria para tal fin estaba en cuarenta y tres millones de euros, pero con Sánchez llegamos a los cincuenta y cinco. Es de escándalo.

Reducción de administraciones improductivas. Mientras que la tendencia en la UE es reducirla, en España cada vez se crean más y más organismos. Italia, por ejemplo, ha eliminado de un golpe a 230 diputados y a 155 senadores mediante una ley aprobada por todos los partidos. Un tercio menos de los que había, aunque lo que más admiración causa es que hayan sido los propios interesados quienes, en un gesto patriótico y solidario, hayan decidido llevar adelante esa ley. En España contamos, además de la administración central, con las autonómicas, las diputaciones, los consejos comarcales, los cabildos, los ayuntamientos y me dejo muchas. El modelo pesebrista que obliga a disponer de numerosos cargos públicos para contentar a militantes y amigos es imposible de mantener. Lo dice Bruselas desde la anterior crisis y lo repiten hoy con mayor insistencia.

Reducción de medios de comunicación de titularidad pública. No tiene ningún sentido que en el complejo mundo audiovisual actual, en el que con un móvil y un canal de YouTube una sola persona puede generar información, cultura, entretenimiento o ficción, existan mastodontes como RTVE, TV3 o Euskal Telebista, con plantillas sobredimensionadas, delegando sus contenidos en productoras externas propiedad de adictos al partido gobernante, con el consiguiente despilfarro. Y todo con el único fin de servir de correa de transmisión al partido dominante. Sale muy caro a nuestros bolsillos.

Finalmente, la madre el cordero. Si existe un gasto superfluo que se debería recortar con premura quirúrgica es el desmadre que supone tener diecisiete autonomías, lo que representa diecisiete parlamentos, diecisiete gobiernos, diecisiete parques móviles o, como se ha visto a lo largo de la pandemia, diecisiete modelos sanitarios, educativos, judiciales, policiales y de gestión que encarecen tremendamente los costos. No hay Estado en la Unión que pueda soportar el lastre de ese modelo creado durante la Transición para contentar a nacionalistas vascos y catalanes y extendido después a todo el Estado. No ha servido para que el ciudadano disfrute de una administración más próxima y eficaz, que es el principio de la descentralización, sino todo lo contrario. El Estado debe recentralizar competencias empezando, verbigracia, por las sanitarias. Y si algún consejero autonómico se queda sin casoplón con piscina, que se joda, que más se joden nuestros enfermos de la covid-19 por falta de medios.

El aparato del Estado hace aguas hace muchos años y solo se mantiene por los políticos que usan y abusan de las gabelas que obtienen del mismo, de las sinecuras que ofrece tanto y tanto despacho que el contribuyente sufraga, cada vez más arruinado. No necesitamos tanto político ni tanta autonomía, lo que se necesitan son más hospitales, más escuelas, más becas, más investigación, más obra pública, más comunicaciones, más inversión en el campo, en defensa, en pymes, más puestos de trabajo, más honradez y más transparencia. Ahí sí que no hay que recortar ni una millonésima parte.

Al resto, decirles eso que se está oyendo tanto estos días: “Está usted despedido”. Por una sola vez, siquiera, convendría que los recortes se aplicasen a los que viven del cuento y no a las clases productivas.

Sabino Arana y el "rico y eufónico" eusquera, frente al "raquítico idioma castellano"
En la décima entrega de esta serie, el autor se centra en mostrar cómo el fundador del PNV procedió al "secuestro" del eusquera para la causa nacionalista.
Pedro José Chacón Delgado elespanol 1  Julio 2020

Si el eusquera en lugar de ser una lengua fuera un individuo –que no lo es, pero a veces se le atribuyen derechos como si lo fuera–, podríamos afirmar con toda seguridad que quedó secuestrado por el fundador del nacionalismo vasco, que lo convirtió en rehén de su causa.

Mientras esa causa no alcance el objetivo final, el eusquera seguirá ganando espacios en la Administración vasca, en su educación y en su cultura como nunca los tuvo en toda su historia. Y seguirá perdiendo influencia como lengua viva en muchos pueblos pequeños mientras las estadísticas oficiales destacarán su conocimiento generalizado por edades y niveles. Y quienes lo hablamos sin ser nacionalistas seguiremos subidos –perplejos– a esa ola ascendente donde la ideología lleva en volandas a la lengua, más por lo que simboliza que por lo que comunica.

Sabino Arana no llegó a hablar eusquera con solvencia, tanto por su condición de burgués bilbaíno en un entorno castellanoparlante, como por la propia situación del idioma entonces, donde no había una norma unificada como ahora. Y que solo escribiera en eusquera un 16% de toda su obra tampoco le importó demasiado, ya que lo que le preocupaba era su utilidad política: “No vale considerar al Euskera meramente como una hermosa lengua, digna de ser cultivada en la literatura: es el broquel de nuestra raza, y contrafuerte además de la religiosidad y moralidad de nuestro pueblo”.

El fundador del PNV dejó escrito que, sin el patriotismo al que él lo quería subordinar, el eusquera no serviría para nada: “Nada es el saber el euskera, no siendo patriota. Todo es el patriotismo, aun no sabiendo el euskera. A la Patria no la salvará el euskera; si y solamente la salvará el patriotismo. Propaga el patriotismo, y con él se propagará también el euskera”.

Y a la inversa, lo peor para él era que alguien supiera eusquera sin ser patriota vasco: “Si propagas el euskera como lengua sin patria, con él se extenderán también los enemigos de la Patria. Para el corazón de la Patria, cada euskeriano que no sabe euskera es una espina; dos espinas, cada euskeriano que lo sabe y no es patriota; tres espinas, cada español que habla el euskera”.

Es más, el secuestro que Sabino Arana planteó sobre el eusquera fue doble, porque solo lo debían hablar los nacionalistas y, entre estos, solo los de raza vasca: “Si fuese moralmente posible una Bizkaya foral y euskelduna (o con Euskera), pero con raza maketa, su realización sería la cosa más odiosa del mundo, la más rastrera aberración de un pueblo, la evolución política más inicua y la falsedad más estupenda de la historia. Para nosotros sería la ruina que los maketos residentes en nuestro territorio hablasen Euskera. ¿Por qué? Porque la pureza de raza es como la lengua, uno de los fundamentos del lema bizkaino, y mientras la lengua, siempre que haya una buena gramática y un buen diccionario, puede restaurarse aunque nadie la hable, la raza en cambio, no puede resucitarse una vez perdida”.

Pero como ya solo leemos a Sabino Arana quienes denunciamos sus escritos como lo que son –una vergüenza sin paliativos para la cultura vasca y española–, resulta que una buena parte del nacionalismo –decisiva electoralmente– son personas sin apellidos eusquéricos que ignoran –o “contextualizan”– lo que el fundador del PNV dijo de ellos: “El que sea de pura raza maketa, maketo sigue siendo, aunque descienda de siete generaciones nacidas en Bizkaya y hable Euskera. Se trata del Euskera y no se hizo la miel para la lengua del maketo”.

Sabino Arana nos intoxicó con que los apellidos eusquéricos, independientemente de cuándo y cómo se hubieran originado y de cómo y a quiénes se hubieran aplicado a lo largo de la historia, eran el indicativo irrefutable de una raza. Este principio fundacional, que sigue vigente para seleccionar a la élite del nacionalismo, se afloja cuando se trata de arengar a las bases, recurriendo a otros principios que también están en el fundador del PNV: “¡Ya lo sabéis, euskeldunes, para amar el Euskera, tenéis que odiar a España!”.

Arana aseguraba que el eusquera es la mejor de las lenguas posibles: “El Euskera es, entre todas las lenguas conocidas, la más antigua y a la vez la más rica, más eufónica, más enérgica y más perfecta para expresar las más abstractas ideas y los sentimientos más delicados, y que es la admiración de todos los sabios extranjeros, aun de aquellos que son hijos de las naciones dominadoras”.

Por el contrario, consideraba el castellano el peor idioma: “Ese producto informe, torpe y raquítico del choque brusco de varias lenguas imperfectas, que se llama idioma castellano”.

Este secuestro nacionalista del eusquera se vio incluso apuntalado científicamente muchos años después de muerto Sabino Arana. La cultura liberal-fuerista, dominante en tiempos del fundador del nacionalismo vasco –y contra la que este se empleó a fondo–, consideraba al eusquera como la lengua que hablaban los íberos, los primeros habitantes de la península ibérica, en definitiva, los primeros españoles.

Este “vasco-iberismo” hundía sus raíces en Esteban de Garibay en el siglo XVI y llegaba hasta el fuerismo del siglo XIX, y mantuvo vinculada la cultura vasca a la española durante siglos. Pero resultó que el cambio de paradigma que provocaron Antonio Tovar y Luis Michelena, a mediados del siglo XX, cuando desacreditaron del todo el vasco-iberismo como hipótesis para explicar el origen del eusquera, dejó a la lengua vasca definitivamente a merced del nacionalismo.

De modo que hoy, cualquier hipótesis –y alguna hay– que pretenda refutar el actual planteamiento del eusquera como lengua-isla, sin parentescos ni origen conocido, es rápidamente desacreditada desde instancias y con razones en las que el interés nacionalista se sobrepone siempre a la desprevenida ciencia.

El secuestro del eusquera proporciona al nacionalismo la coartada cultural perfecta para justificar su proyecto político. Y apareciendo como salvador de una lengua minoritaria y singular que lucha por su supervivencia, obtiene el salvoconducto ideal para ocultar cualquier abuso o imposición cometidos en su nombre.

La sociolingüística vasca, que conoce todo esto de primera mano, nunca se ha visto exigida para denunciar ni el secuestro del eusquera por Sabino Arana ni sus consiguientes aberraciones contra los españoles, con las que se ha tenido que topar por fuerza, dado que el fundador del PNV tiene un capítulo en la historia de esta lengua.

*** Pedro José Chacón Delgado es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU.

El castellano en TV3, solo para marginados y delincuentes
Las declaraciones de la consejera de Cultura evidencian el rechazo ultra independentista al español, erradicado de las normas de estilo de la CCMA, algo que el Tribunal Constitucional prohibió en 2017
María Jesús Cañizares cronicaglobal 1  Julio 2020

“Si usted es un matón, una prostituta, un delincuente en un programa de TV3 en catalán, es probable que hable en español”. Ese es el sesgo nacionalista que, según The Wall Street Journal (TWSJ) existía en la televisión pública de Cataluña. Era el año 2014 y el procés llevaba dos años en marcha. Poco o nada ha cambiado desde entonces.

Porque ni el Govern ni los directivos de TV3 se han quejado nunca de esa cuota de castellano representada por personajes marginales --el programa de humor Polònia lo convirtió en su seña de identidad--. Hasta ayer, cuando la consejera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, abroncó a la cadena. Pero no por ese sesgo que denunciaba el diario americano, sino porque, a su juicio, el castellano se utiliza demasiado.
El toque de atención de la consejera

El “toque de atención” de la consejera a TV3 a raíz de la emisión de la serie bilingüe Drama demuestra hasta qué punto el Gobierno catalán considera la televisión pública como su feudo. Y cómo la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) se ha saltado las sentencias judiciales que prohíben la exclusión del castellano. “No se excluye el uso de la lengua castellana en los medios de la CCMA”, aseguraba la presidenta en funciones del ente que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio, Núria Llorach, cuando se le preguntaba al respecto. ¿Miente Llorach o exagera Vilallonga?

Las declaraciones de la consejera provocaron ayer una tormenta mediática y política, aunque el debate sobre si TV3 debe ser monolingüe o no se remonta a sus orígenes, cuando fue creada por Jordi Pujol en 2003 para convertirla en uno de los pilares fundamentales del proyecto nacionalista. Una de las primeras medidas fue doblar las películas del mexicano Cantinflas al catalán.

“Todos nos hemos reído con Polònia, pero su mensaje subliminal es el desprecio a lo español. Y eso pasa en la mayoría de programas de TV3. Se reproduce la idea de que España sigue gobernada por Franco. Y en las series de televisión solo hablan castellano prostitutas, delincuentes o marginados”, explica el diputado de Ciudadanos, Ignacio Martín Blanco, abundando en aquel artículo de TWSJ. Así lo ha denunciado en varias comparecencias en la comisión de control de la CCMA en el Parlament. Así como en preguntas dirigidas a Llorach.

En una de ellas, el diputado de Cs se refería al cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2017, en la que se cuestionaban algunos artículos de la ley catalana de de la comunicación audiovisual de Cataluña.

En la misma, el Alto Tribunal indicaba que “si se considerase que los citados preceptos, al especificar que solo excepcionalmente se tendrán en cuenta las características de la audiencia y que la lengua normalmente utilizada será el catalán (o la aranesa) implican la exclusión del castellano, transcenderían del concepto de normalidad al que aludió la STC 31/2010, (sobre el Estatut) en cuanto a la relación entre las dos lenguas, el catalán y el castellano en los medios públicos de comunicación en Cataluña”.

"No se excluye el uso de la lengua castellana"
Añadía que “la previsión de uso normal de una lengua --que, además, puede tener en cuenta las características de la audiencia a la que se dirige, en atención al grado de conocimiento de las lenguas oficiales en núcleos de población específicos-- no puede presuponer la exclusión del castellano en esos medios”.

Martín Blanco pidió a Llorach “copia de las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno de la CCMA para remediar la sistemática e intencionada exclusión del uso del castellano en los medios públicos gestionados por la CCMA”. La presidenta en funciones le respondió en septiembre de 2019 con la escueta frase: “El Consejo de Gobierno no ha adoptado ninguna medida de estas características, ya que no se excluye el uso de la lengua castellana en los medios de la CCMA”.

Lo que dice el libro de estilo de TV3 y Catalunya Ràdio
Sin embargo, el libro de estilo de TV3 y Catalunya Ràdio dice lo contrario, pues se deja un margen muy escaso al uso del castellano. “El catalán es la lengua de uso de nuestros medios. Los profesionales, colaboradores fijos y, en general, todas las personas contratadas hacen servir la lengua catalana en las intervenciones por antena y en esta lengua se difunden los contenidos, sean de producción propia o no”. “En igualdad de condiciones con respecto al valor de los contenidos que nos ofrecen, damos prioridad a la presencia de invitados, especialistas o testigos que se expresen en catalán”. En este sentido, si el entrevistado habla en castellano “no cambiamos de lengua. Si entiende el catalán y no habla ni catalán ni castellano, traducimos sus respuestas al catalán.

Si el entrevistado no entiende el catalán y habla castellano, le hacemos la entrevista en esta lengua, pero nos dirigimos a la audiencia en catalán. En caso de que el castellano no sea su lengua habitual, valoramos con el entrevistado si, en función del contexto y de la eficacia comunicativa, le hacemos la entrevista en esta lengua o en la suya”.

Normas lingüísticas de TV3 y Catalunya Ràdio
¿Pero qué ocurre con las obras de ficción de producción ajena, como es el caso de Drama, una serie producida por Radio Televisión Española (RTVE) en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio)? “Las producciones externas que originalmente, por voluntad expresa de sus creadores, presentan alternanza de catalán y castellano, las emitimos sin doblaje ni subtitulación”, indican las normas de la CCMA. Tal como se hizo con Drama.

“Nadie pone en duda que una de las misiones de TV3 es contribuir a la normalización lingüística. Lo que no se entiende es que, porque una serie en concreto tenga presencia del castellano, reflejando el bilingüismo de la sociedad, se hagan unas declaraciones tan desafortunadas por parte de la consejera”, explica Beatriz Silva, diputada de PSC-Units, que también forma parte de la Comisión de Control de la CCMA. “Esta no es la mejor manera de animar a los y las ciudadanas castellanohablantes a ver TV3 y sentirla suya. No contribuye a que cumpla su misión de promover el uso del catalán y representar una sociedad diversa”, concluye.

Los comunes también critican a Vilallonga
La portavoz del grupo de Catalunya En Comú-Podem en el Parlament, Susana Segovia, también ha criticado que la la consejera Vilallonga opine que en TV3 se escucha demasiado castellano. Segovia ha recordado la cadena "debe ser la televisión pública de todos", una televisión que "refleje la diversidad de la población catalana". En ese sentido ha señalado que no "comparte" esas declaraciones. "Debería hacer más trabajo por reactivar el sector de la cultura tras la Covid" en vez de hacer comentarios así, dijo.

Pero el independentismo más radical no perdona el uso del castellano en pantalla. A ese colectivo perteneve la propia consejera de Cultura. Vilallonga, catedrática en Filología latina, es firmante del excluyente manifiesto Koiné, que pide que el catalán sea la única lengua oficial de Cataluña, y en septiembre de 2019 aludió en un encuentro sardanista a la existencia de una "raza catalana". También es el caso de la exconsejera fugada Clara Ponsatí, quien arremetió contra la cadena por la entrevista en castellano que se le hizo al presidente del Parlamento Europeo. O el de la periodista Mònica Terribas, quien calificó de error que TV3 entrevistara a José Bono en ese idioma. Corría 2009.
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