AGLI Recortes de Prensa   Viernes 3  Julio  2020

Puro Sánchez: más desempleo, más impuestos
Editorial ABC 3  Julio 2020

Lo que el secretario de Estado de Trabajo califica de «normalización» del mercado laboral se materializa de momento en casi cuatro millones de desempleados, cifra con la que el Sepe cerró sus registros el pasado junio y en la que no aparecen los cerca de dos millones de trabajadores que, en suspenso, todavía permanecen al amparo de los ERTE. Desde 2008, con el arranque de la crisis financiera, no se producía un aumento del paro en España durante un mes, el de junio, que siempre ha servido para aliviar las cifras de desempleo en vísperas de la temporada alta del sector de los servicios. Ni siquiera el número de afiliados a la Seguridad Social logra restar gravedad a los datos del Sepe, ya que 161.500 trabajadores se dieron de baja el último día del mes pasado. Como maniobra de distracción, el Gobierno ha organizado para hoy su enésimo Consejo de Ministros extraordinario, seguido de la firma de un pacto por el empleo que volverá a reunir en La Moncloa a los agentes sociales, una forma de repartir responsabilidades y de parapetarse en el diálogo social, siempre necesario, sin renunciar a los dogmas que aún impregnan la política laboral del Ejecutivo. Con casi cuatro millones de parados y otros dos millones de trabajadores pendientes de la evolución de la economía, la receta provisional de Sánchez consiste en subir los impuestos, a las empresas de las que depende la inversión y la generación de riqueza y empleo, de nuevo amenazadas por un incremento de la presión tributaria que va a frenar sus proyectos, y a las clases medias, sometidas a una vuelta de tuerca impositiva que va a reducir aún más el consumo, ya retraído, y a retrasar la recuperación. Mientras se forma la tormenta perfecta, el Gobierno habla de «normalización».

La calaña de Sánchez, Simón, Iglesias, Ferreras...
EDITORIAL Libertad Digital 3  Julio 2020

Ante el descomunal fracaso del Gobierno en la gestión de la epidemia del coronavirus –España encabeza rankings negativos de una elocuencia demoledora: fallecidos por cada 100.000 habitantes, personal sanitario infectado y desplome económico–, Pedro Sánchez y sus lacayos mediáticos se han lanzado a una campaña propagandística verdaderamente obscena.

El bombardeo está siendo de una intensidad brutal y, ante la imposibilidad de presentar como un éxito clamoroso lo que todo el mundo reconoce como un desastre sin paliativos, se suceden los episodios vergonzosos o simplemente chuscos. Como la entrevista que este jueves le ha practicado Antonio García Ferreras al presidente del Gobierno, en la que el agitador sextario ha pasado de puntillas sobre las cuestiones más complicadas para el Ejecutivo, no ha hecho una sola repregunta y no ha cuestionado ninguna de las afirmaciones del mentiroso compulsivo Sánchez, ni siquiera cuando ha afirmado que el Ministerio de Sanidad contabiliza los fallecidos siguiendo los criterios de OMS, patraña desmontada hace ya semanas.

También este jueves y también en La Sexta han tenido la patética desvergüenza de pretender enfrentar a unos españoles con otros a cuenta de las mascarillas, que con puerilidad sonrojante y fanatismo repulsivo han dividido en "solidarias" y "egoístas". Con la habitual hipocresía progre, han condenado… ¡justo las que utilizan con profusión los propios reporteros de la cadena! Son así de ridículos e indeseables.

Con todo, la guinda la ha puesto El País Semanal con una portada en la que se ve al deplorable Fernando Simón posando con chaqueta de cuero sobre una motocicleta en plan estrella de Hollywood. Los mismos que crucificaron a Isabel Díaz Ayuso por unas imágenes en las que, con mayor o menor acierto, mostraba mucho respeto por las terribles consecuencias de la epidemia y sus decenas de miles de víctimas mortales, callan ahora ante la campaña publicitaria para convertir en un icono pop a uno de los máximos responsables de la tragedia. Callan o directamente jalean.

Lo sustancial de Fernando Simón no es si resulta más o menos simpático, ni debería serlo si trabaja para un Gobierno de izquierdas o de derechas, o si va en moto o en bici. Lo realmente importante es que él era la persona que debería haber alertado a la ciudadanía de la formidable amenaza que representaba el covid-19. Sin embargo, desoyó todas las alarmas, negó que fuera a haber emergencia alguna, cebó la imprevisión de las autoridades y hasta se mostró cachazudamente indiferente ante la bomba biológica que resultaron ser las manifestaciones del 8-M.

Lo lógico sería que Simón anduviera abrumado por su terrible responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos; pero no: lo que hace es prestarse a ser usado en una inmoral campaña de blanqueamiento de las que suele pergeñar la factoría Redondo. Y es que Simón es de otra pasta o calaña. De la de Sánchez, Iglesias y Ferreras.

El posado de Fernando Simón humilla a las víctimas y le retrata a él y a Sánchez
ESdiario 3  Julio 2020

Entre errores, negligencias y falsedades, Fernando Simón ha sido la coartada del Gobierno para tapar su negligente gestión: posar ahora en El País humilla a las víctimas del virus.

Fernando Simón es la cara de la pandemia, el científico que ha asumido y proyectado el lamentable relato político que el Gobierno de Pedro Sánchez, Salvador Illa y Pablo Iglesias pretenden implantar para tapar sus evidentes errores y negligencias en la prevención de los estragos del coronavirus, inmensamente mayores en España que en la práctica totalidad de los países del mundo.

Él fue quien, a sabiendas de las advertencias sanitarias de la OMS, la Unión Europea o su propio Ministerio; lanzó a la opinión pública mensajes lamentables en términos preventivos, llegando a anunciar “casos aislados” en enero o, ya en marzo, animando a participar en el 8M, foco expansivo del COVID-19 sin ningún género de dudas.

Pero además ha sido la persona que, ya con la epidemia disparada, ha ofrecido explicaciones contradictorias sobre el uso de la mascarilla, sobre la adquisición de material sanitario o, como remate nefando de todo ello, sobre las cifras reales de muertos en España, que aún hoy siguen escondiéndose a sabiendas de cuáles son: al menos 44.000.

Con ese bagaje, el Gobierno y sus múltiples apoyos mediáticos han pretendido presentarle como una mezcla de héroe infatigable y víctima de las críticas de la derecha, una estrategia lamentable que ignoraban los rotundos hechos y estaba destinada, no nos engañemos, a proteger al propio Sánchez.

Simón conoció en enero, febrero y marzo la necesidad de aplicar la distancia social, usar protección y aplazar eventos multitudinarios y, por razones relacionadas con la agenda ideológica del Gobierno, parapetó sus intenciones políticas con falaces argumentos científicos que contribuyeron decisivamente a retrasar la adopción de medidas y extendió el contagio.

Lejos de ser un héroe, por mucho que su verbo cálido y su apariencia doctoral engañen, ha sido y es la cortada de un Gobierno incompetente que ha hecho de la mentira su argumento central para naturalizar un estropicio sanitario y económico evitable: todos han sufrido la epidemia, sí; pero solo algunos con una envergadura como la de España.

Y ahora, en una pose sin duda humillante para las víctimas, los parados, los empresarios arruinados, los sanitarios y en general la ciudadanía; se atreve a aparecer en la portada de uno de los periódicos que más ha hecho por auxiliar a La Moncloa vestido de motero, como si fuera una estrella del rock.

El simbólico gesto refleja la catadura real del personaje y los valores que él y sus jefes atesoran: con más muerte y ruina que nadie en el mundo; a Sánchez solo le preocupa su imagen y su provenir. Y a su subordinado, por lo que se ve, también. Ambos con una falta de pudor y un descaro que, con este panorama, resultan insólitos.

Responsabilidad penal y golpismo
Emilio Campmany  Libertad Digital 3  Julio 2020

El modo en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha enfrentado la crisis del covid-19 le ha hecho incurrir presuntamente en varios delitos. Por un lado, tenemos los relacionados con la falta de adopción de medidas no obstante haber tenido noticia de la gravedad de la epidemia para no tener que desconvocar las manifestaciones del 8-M. A consecuencia de esta omisión podrían haber muerto varios miles de españoles. Pero están también las prevaricaciones en que se podría estar incurriendo para frenar la acción de la Justicia.

Nuestro sistema político dificulta extraordinariamente la censura parlamentaria del Gobierno. Eso permite a nuestros presidentes no verse obligados a dimitir, por enormes que sean los escándalos. Tampoco es imaginable que el partido que sostiene al Gobierno derroque al presidente incompetente. Los diputados de ese partido no deben su escaño a los electores, como en Gran Bretaña, sino que lo ocupan gracias al presidente. No puede extrañar que nunca hagan nada en contra de quien allí los puso... y de quien dependerá que vuelvan a ser elegidos.

Por todo esto, las sentencias que afectan a políticos son aquí tan trascendentales. En otros países, mucho antes de que llegue la acción judicial, e incluso sin que haya perspectiva de ella, el político incurso ya ha dimitido. Aquí, en cambio, una dimisión de un presidente es impensable antes de que los jueces tomen medidas contra él. Suárez fue el único que lo hizo, y porque entonces nuestra democracia estaba en pañales. Felipe González, Zapatero y Rajoy tuvieron poderosas razones para dimitir y no lo hicieron. Sánchez tiene más que todos ellos juntos y tampoco lo va a hacer.

La palmaria incompetencia, la conducta censurable, como es el plagio de la propia tesis doctoral, y no digamos la presencia de vehementes indicios de delito deberían bastar para provocar la dimisión. No es justo cargar sobre los jueces la responsabilidad de decidir si un gobernante debe o no seguir siéndolo. Y además no es conveniente porque podría parecer que son los jueces quienes gobiernan. Ésa es la línea de defensa de Sánchez. Conforme el olor a banquillo se espesa, se multiplican las acusaciones de golpismo. Incluso se desmiente, como si fuera necesario hacerlo, el peligro de insubordinación de la Guardia Civil. La presencia de comunistas en el Gobierno y la adopción de una política blanda con el separatismo, siendo responsabilidad exclusiva de Sánchez, se presentarán como la justificación a la que imaginariamente se acoge ese supuesto golpe de Estado. En definitiva, están pensando en exigir impunidad a sus criminales omisiones bajo el pretexto de que cualquier responsabilidad penal que se les atribuya tan sólo estaría encaminada a acabar ilegalmente con un Gobierno legítimo democráticamente elegido.

Y la verdad es que no hay ningún peligro de que el Gobierno pueda ser derrocado por los jueces imputando a sus miembros delitos que no han cometido. El verdadero peligro es que el Gobierno pretenda seguir gobernando no obstante haberlos perpetrado. Ése sí que sería un verdadero golpe de Estado. No hace falta ser un lince para darse cuenta de lo peligrosa que puede llegar a ser la situación.

La casquería de la izquierda reaccionaria
Antonio Robles Libertad Digital 3  Julio 2020

Aturdido por tanta impostura política, no le queda a uno gana alguna para desbrozar la maraña de patrañas de nuestros dirigentes. Es agotador ejercer de salmón. Esto no tiene buena pinta, y la devastación económica que se avecina no ayudará a calmar los ánimos. Amigos racionales y razonables que siempre abogaron por el respeto y la tolerancia ante la cerrazón entran en pánico y, al modo de Fernán Gómez, solo les quedan ganas de mandar a la mierda a tanto mangante gubernamental. Una verdadera derrota del pensamiento, una desesperanza en la capacidad de la civilización occidental por detener la nueva invasión de los bárbaros.

No es una cuestión doméstica, afecta a la cultura occidental entera. Aunque nuestras cuitas las creamos únicas, la pandemia acultural es generalizada y, en muchos aspectos, importada. Ya en 1987 el filósofo francés Alain Finkielkraut nos advertía en La derrota del pensamiento de la deriva de la modernidad hacia una cultura zombi legitimada por los profetas de la posmodernidad.

En buena medida, es la izquierda intelectual la que más ha renunciado a comprender la realidad para sustituirla por emociones, eslóganes y tribus. Rebaños enteros de adolescentes irreverentes nos dictan el nuevo destino de la humanidad sin tener ni pajolera idea del pasado ni asumir los costes de sus exigencias. Puede que la deriva empezara en Mayo del 68, con el nacimiento de la juventud como nuevo gozne de legitimidad política y social, auspiciada por la liberadora revolución sexual y mantras tan fascinantes como vacíos: "Paren el mundo que me bajo", "Bajo los adoquines está la playa", "Sed realistas, exigid lo imposible"… Tiempos de bienes alucinatorios que cegaron con su fogonazo la complejidad de las cosas. Como apunta crítico Félix Ovejero, la juventud, por el mero hecho de serlo, ya tenía razón. Se estaba dando entrada a la adolescencia en detrimento del conocimiento y la experiencia.

Ha cuajado la estupidez porque ha triunfado la soberbia de la ignorancia. Lo estamos viendo cada día en los nuevos movimientos antirracistas, de ideología de género, anticapitalistas, nacionalistas… Lo mismo levantan hogueras para incendiar la historia que recurren a la victimización para exigir una renta mínima universal por ser homosexual. Y todos tienen en común ser de izquierdas. Han cambiado la igualdad por la sacralización del derecho a la diferencia, que le garantice privilegios de grupo. Como si el mundo les debiese algo, como si el Estado tuviera la obligación de respirar por ellos. Un completo desconocimiento de la vida y sus reglas darwinianas. En términos más hirientes, hijos de la abundancia y la irresponsabilidad.

Quienes venimos de la izquierda y no aguantamos un día más esta impostura, hemos de repensar por qué la izquierda fue necesaria, cuáles fueron sus objetivos y qué instrumentos fueron necesarios para lograrlos. Y pasarles la ITV. Es a todas luces necesario reparar en que lo único que de verdad queda hoy en pie del marxismo es su concepción moral del mundo. Porque el marxismo, antes que nada, es una moral. Una moral laica, es decir, un código de valores con pretensiones científicas para lograr la igualdad entre los hombres. A esa pretensión se le llamó justicia social.

En realidad, es todo lo que queda del marxismo, una concepción moral del mundo; porque todo lo demás, o ha fracasado o ha desaparecido. Su lugar lo ha acabado por ocupar una casquería de ocurrencias religiosas de carácter laico basadas en la victimización que han acabado por conformar una edad de la piedad en derechos pero de la pereza en deberes.

En "El marxismo cultural como religión de Estado y secta destructiva", el conservador F. J. Contreras nos muestra un detallado muestrario de esa casquería, y Lluís Rabell desde la izquierda se atreve con algunos de sus excesos.

Es hora de que desde la izquierda oficial se aborde esta impostura, y nos confesemos todos que los valores de igualdad, libertad y realización personal a través de un trabajo digno y sin victimismos ventajosos se logran mejor a través de sociedades abiertas corregidas por políticas fiscales que por economías paternalistas de Estado o privilegios de grupo. El objetivo sigue siendo el mismo, lograr una mayor justicia social en el mundo, pero con métodos no comunistas.

******************* Sección "bilingüe" ***********************El desafío permanente del independentismo
Editorial El Mundo 3  Julio 2020

El Tribunal Supremo no puede amilanarse ante los privilegios de los condenados por el golpe del 1-O

Superado el impasse que ha supuesto la pandemia, el independentismo catalán reactiva su hoja de ruta, lo que equivale a redoblar el desafío institucional al Estado. Lo hace de dos maneras: dejando a los presos del golpe del 1-O a un paso del tercer grado, lo que supondría un escándalo sin precedentes en nuestra democracia; y maniobrando para supeditar el calendario de las elecciones autonómicas -anticipadas por Torra antes del estallido del coronavirus- a los intereses partidistas del separatismo. La situación de los líderes independentistas que fueron condenados por sedición y malversación resulta particularmente lesiva para cualquier noción democrática de la igualdad. Las juntas de tratamiento de las prisiones en las que están ingresados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa y Carme Forcadell se posicionaron ayer a favor de conceder el tercer grado, lo que supondría que solo tendrían que pisar la cárcel para ir a dormir de lunes a viernes. Los fines de semana podrían pasarlos en sus casas.

De materializarse esta decisión, que a buen seguro validará la Generalitat, supondría una ofensa al conjunto de la ciudadanía española. Primero, porque suspendería de facto la sentencia del tribunal que presidió el juez Marchena. Y segundo, porque constituiría una afrenta al Estado de derecho, al castigar de forma leve un delito de tanta gravedad como el intento de liquidar la soberanía nacional. El separatismo pretende presionar al Tribunal Supremo después de que un juez de Lérida enviara a la Sala Segunda del Alto Tribunal el recurso de apelación de la Fiscalía contra la concesión del artículo 100.2 a Forcadell por parte de la Generalitat. Esta normativa, aplicada por Torra de forma torticera, procura a los presos un régimen de semilibertad. El Supremo debe aprovechar esta oportunidad para acabar con los privilegios de los reclusos secesionistas, rectificando así lo que supone un plan encubierto de impunidad.

En todo caso, la maniobra con los presos hay que insertarla en el contexto preelectoral que vive Cataluña. Torra fijará la fecha de los comicios en función de la estrategia del bloque posconvergente. Tras la extinción de CDC, Puigdemont parece dispuesto a fagocitar el PDeCAT formando un nuevo partido, en el que se integrarán los presos de JxCat. La pugna entre Puigdemont y ERC, socio de Sánchez en la mesa bilateral de la vergüenza, marcará unas elecciones a las que concurrirá el Partido Nacional Catalán fundado por Marta Pascal, mano derecha de Artur Mas en el PDeCAT. El independentismo, convertido en un galimatías de voluntades rupturistas, sigue representando la mayor amenaza para la unidad de España.

Sánchez tendrá su ‘Bolinaga’
OKDIARIO

La hoja de ruta del Gobierno socialcomunista en relación con el ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, tiene visos de inspirarse en el «caso Bolinaga», etarra puesto en libertad en 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El Tribunal de Apelación de París ha acordado la puesta en libertad bajo control judicial de Ternera, que no será extraditado a España por la acusación de delitos de lesa humanidad. Pero sí lo será para ser juzgado por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza. Bildu es consciente de que ese juicio es muy complicado para Ternera y ha pedido a Pedro Sánchez que siga el guión de lo ocurrido con ‘Bolinaga’, puesto en libertad durante la etapa de Mariano Rajoy con el argumento de que sufría una enfermedad «terminal».

Bildu le ha trasladado a Sánchez su exigencia de forma meridianamente clara. Dado que el Tribunal de París ha comunicado ya que es favorable a la extradición de Ternera a España por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza y que en breve fijará la fecha efectiva de su traslado, Bildu ha encontrado en el caso Bolinaga el precedente para lograr aliviar la situación penal de Ternera, enfermo de cáncer. Así, con esos antecedentes, Bildu pretende que el ex jefe de ETA pueda estar en régimen abierto durante el juicio en España. Y aún más: que en caso de que sea definitivamente condenado, sea puesto en libertad.

En el contexto político actual, Bildu tiene más fuerza que nunca, pues es uno de los partidos que sustentan el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. En estas circunstancias, la formación proetarra ha logrado el permiso del Ejecutivo para una ronda negociadora con los etarras encarcelados en las distintas prisiones españolas. Su objetivo es bien sencillo: acercar a las cárceles vascas a los presos de la banda asesina, y, después, excarcelarlos por motivos médicos una vez establecidos en los centros penitenciarios de la comunidad vasca.

En mitad de este panorama, la solución al «caso Ternera» parece evidente. Vendrá a España, será juzgado, posiblemente condenado y puesto después en libertad por razones «humanitarias». El guión está escrito.

Fraude de ley, ganan los sediciosos
Editorial ABC 3  Julio 2020

Aquí no hay criterios jurídicos ni humanitarios relevantes. Hay órdenes políticas para sacar de prisión como héroes a unos condenados por poner nuestra democracia en riesgo

La decisión de las juntas de tratamiento de tres cárceles catalanas de conceder el tercer grado penitenciario a los dirigentes separatistas condenados por sedición no es ninguna sorpresa. Todo responde a un plan preestablecido por la Generalitat y anunciado minutos después de que el Tribunal Supremo dictase su sentencia. Entonces, el Gobierno catalán afirmó sin rubor que su principal objetivo era dejarlos libres con urgencia. Por eso, el criterio de esas prisiones es solo la antesala de una maquinación política humillante para el Estado de Derecho. Es la primera fase de un fraude de ley y de un abuso mayúsculo que deslegitima a nuestros tribunales, por legal que pueda ser proponer semejante medida, como recordó Sánchez ayer mismo al admitir que no tiene «nada que oponer». Sin embargo, tanto las juntas de tratamiento carcelarias como Sánchez olvidan que conceder estos privilegios cuando no se ha cumplido ni siquiera la mitad de la pena se basa en criterios extraordinarios que no se dan en ningún caso. Es solo una decisión política para dejar en semilibertad a unos delincuentes que nunca se han arrepentido de atentar contra la unidad nacional. Ante tanto juridicismo de parte y tanto retorcimiento de la ley, la pregunta que debe hacerse cualquier demócrata es la siguiente: ¿cuántos reclusos condenados a trece años por delitos tan graves obtienen la semilibertad a los diez meses de la sentencia? La respuesta es simple. Ninguno.

Todo es un paripé grotesco. La decisión supuestamente independiente y profesional de las juntas de prisión tiene que ser ratificada en dos meses por la misma consejera de Justicia que dijo «los quiero ver en libertad ya». Aquí no hay criterios jurídicos ni humanitarios relevantes. Hay órdenes políticas para sacar de prisión como héroes a unos condenados por poner nuestra democracia en riesgo. Todo responde a una estrategia para pervertir el valor de nuestra justicia, el sentido de la condena y la punibilidad de las conductas. Es un intento de imponer el poder político sobre el judicial y la consagración de un agravio comparativo con decenas de miles de presos con delitos menos graves, que no podrían imaginar un beneficio así para ellos.

La Generalitat es el único gobierno autonómico con competencias en materia penitenciaria, y eso demuestra por qué ceder ante el chantaje nacionalista es un error. Gana la impunidad, y los delitos graves salen casi gratis porque condenas de trece años se saldan con un cumplimiento efectivo de poco más de dos. Tratar de derogar la Constitución por la fuerza se puede convertir ahora, si el Tribunal Supremo no lo impide revisando la decisión, en un triunfo moral de unos golpistas. La Fiscalía de Dolores Delgado -y de Pedro «pues eso» Sánchez- tiene ocasión de demostrar que España sigue estando por encima de una extorsión. Lo contrario sería gobernar para conceder indultos encubiertos como este para agradar al independentismo.

Sea ‘plural’: ponga un separatista en su vida
Sergio Fidalgo okdiario 3  Julio 2020

La última moda en Cataluña dentro del mundo comunicativo no independentista es poner a un separatista en su vida o, mejor dicho, al mando o en lugares destacados. Algunos creen que así parecen que son más “plurales”, “tolerantes”, “progresistas” y “transversales”. Por supuesto lo de ser “transversal” no se aplica en el bando secesionista, que sigue ocupando espacios y colocando a todos los suyos en todos los ámbitos sociales. Luego nos extrañaremos cuando en el siguiente intento de golpe de Estado que den Junqueras, Puigdemont y los suyos no haya nadie que resista. No habrá ningún engranaje social, económico o mediático en Cataluña que no controlen.

Para la jefatura de los informativos del RTVE en Cataluña han escogido a una periodista que no duda en lucir el lazo amarillo que simboliza que España es una dictadura que encarcela independentistas por sus ideas políticas, y no por haber cometido actos delictivos. Se trata de Rosa Maria Quitllet, nombrada por Enric Hernández a pesar de que gusta de difundir mensajes en redes sociales con muestras de apoyo a los “presos políticos”, o al movimiento independentista. Mientras TV3 tiene como jefe de informativos a un ‘blanqueador’ de la banda terrorista Terra Lliure, David Bassa, TVE en Cataluña ha colocado a otra de la ‘colla del llaç groc’. Pluralidad, ante todo: en los medios públicos que están en esta comunidad autónoma para mandar has de ser separatista o separatista.

De hecho, el productor del programa de Xavier Sardà en el circuito catalán de TVE, y el que tendrá Lluís Guilera a nivel nacional, que se emitirán desde Sant Cugat, también es de los que piensan que en España hay “presos políticos”. Se llama Ferran Cera y su apoyo a Mónica Terribas cuando se dedicó a radiar en directo la situación de los coches de la Guardia Civil en los prolegómenos del 1-O ha tenido premio: dos espacios en Televisión ‘Española’. Se ve que para cobrar dinero público a Cera “España” no le parece una especie de semidictadura en la que hay “presos políticos”.

Otra televisión de ámbito nacional, Cuatro, ha apostado por Risto Mejide para uno de sus programas estrella, el ‘Todo es mentira’. El productor es Toni Soler, el empresario televisivo que más ha ofendido a las instituciones comunes de todos los españoles desde los programas que tiene en TV3, el ‘Polònia’ y el ‘Està passant’. Es, sin duda, uno de los empresarios audiovisuales separatistas más importantes de Cataluña, y Mediaset le ha confiado un show de tono informativo para todo el país. Lo de poner un secesionista en tu vida es algo más que una casualidad, es una tendencia que roza la obligación.

Los dos principales periódicos no separatistas de Cataluña, ‘El Periódico’ y ‘La Vanguardia’, tienen dos directores independentistas. El primero, Albert Sáez, lo es tanto que fue el hombre en quién confió Esquerra Republicana durante el tripartito con el PSC e Iniciativa para diversos altos cargos en el ámbito mediático de la Generalitat, entre ellos la presidencia del ente que dirige TV3 y Catalunya Ràdio. El segundo, Jordi Juan, es un secesionista de baja intensidad, educado y que parece razonable, pero que comparte objetivo político con el resto del separatismo.

A esta moda también se ha apuntado Josep Bou, el empresario que encabezó como independiente la lista municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Despidió a Joan Castelló, un periodista ligado al centro derecha constitucionalista catalán para fichar a Eduard Batlles. Esta decisión la tomó sin tener el apoyo del PP catalán, que alucinó bastante al ver como fichaba a Batlles, un periodista que presumió con insistencia en redes de su poco afecto al PP, y de su adhesión a la causa independentista.

Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, sea independentista, federalista o jacobino centralista. Pero no deja de ser interesante como unos, los separatistas, siguen avanzando colocando a sus peones en todos los lugares de influencia, mientras otros, los constitucionalistas, van reculando. ¿Qué no debería haber “istas” en los medios de comunicación y que la selección de personal fuera solo por su capacidad profesional? Totalmente de acuerdo, pero en la Cataluña de Torra y Junqueras es, por desgracia, una quimera. Así que algún día habrá que impulsar la campaña “ponga un constitucionalista en su vida”. Aunque sea solo para compensar.

Conceden el tercer grado a tres de los condenados por dar una paliza a dos guardias civiles en Alsasua
OKDIARIO 3  Julio 2020

Tres de los condenados por la paliza a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua en octubre de 2016 han obtenido el tercer grado, una situación a la que accederán a partir de este mismo viernes.

También ha informado de ello la plataforma que agrupa a las familias de los condenados de Alsasua con un mensaje en Twitter en el que señala que «esta mañana los funcionarios de la cárcel de Zaballa han comunicado a nuestros hijos Adur, Jokin y Oihan la obtención del tercer grado». «En consecuencia, mañana mismo accederán a los permisos correspondientes a su nueva situación penitenciaria», añade el mensaje.

Estos tres radicales, condenados a entre 9 años y medio y 8 años y medio de prisión, fueron quienes recibieron las penas más altas en el caso, en el que fueron condenados otras cinco personas.

El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo rebajó las penas a los ocho condenados, dejándolas en una horquilla de entre un año y medio y 9 años y medios de prisión por los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. No se apreciaron delitos de terrorismo.

Amenazas a los guardias civiles
El guardia civil agredido en Alsasua que todavía permanecía destinado en esta localidad navarra tras el ataque de encapuchados proetarras en octubre de 2016 se ha visto obligado a solicitar un traslado, que le ha sido concedido, según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO de fuentes del Instituto Armado.

La decisión tomada por el sargento Álvaro Cano y su pareja —también agredida en el episodio del bar Kotxa— se ha producido tras recibir una carta amenazante contra la integridad de su hija, de sólo año y medio de edad, apuntan las mismas fuentes.

Un acoso que recuerda al patrón de odio seguido durante años por la organización terrorista ETA, remitente de misivas intimidatorias contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, políticos, empresarios o periodistas, entre otros.

El sargento llevaba destinado en Alsasua apenas 20 días cuando en la madrugada del 15 de octubre de 2016, vestido de paisano, fue objeto de la brutal paliza junto a su compañero teniente y las novias de ambos. Tenía entonces 33 años y ya han transcurrido más de dos.

Hostigamiento
En su declaración en el juicio, en abril de 2018, la pareja del sargento describió lo difícil que seguía siendo su situación en Alsasua. Como residentes en la localidad navarra, dijo que ella y su compañero eran sometidos «a un juicio de valor en el que te sientes la agresora en vez de la víctima». «Vivimos constantemente pidiendo perdón y dando explicaciones», resumió la mujer. El hostigamiento de la ignominia.

Por su parte, el sargento afirmó al tribunal que él estaba «acostumbrado a situaciones violentas, de estrés, por mi trabajo, pero esa situación nunca la he vivido. Temí por mi vida porque estábamos en inferioridad y esa sensación de odio y de rencor que tenían por ser guardia civil no la he sentido nunca», enfatizó.

Cano también relató que la vida de su pareja era «inexistente», limitándose a estar en la casa-cuartel con las mujeres de los otros guardias civiles e ir a hacer la compra una vez a la semana a un supermercado. También dijo que evitaban ir al médico en Alsasua y que lo hacían en un pueblo cercano. Además, contó que al año de la agresión, ella perdió un pecho y tuvo que amamantar a su niña sólo con uno.


 


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