AGLI Recortes de Prensa   Viernes 17  Julio  2020

Fiscalidad
La subida de impuestos que planea Sánchez llevará la presión fiscal al nivel más alto de la democracia
Andrea Aguado Robles okdiario 17 Julio 2020

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez lo tiene claro: entre sus planes se encuentra una subida de impuestos para hacer frente al impacto de la crisis del coronavirus en la economía española. Pero los economistas alertan al Ejecutivo de que un incremento de la fiscalidad llevará la presión fiscal al nivel más alto de la democracia, que se sitúa en 2005, año en el que gobernaba el socialista José Luís Rodríguez Zapatero.

Así lo han explicado este martes en la presentación del informe «45 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de España» el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Cámara de Comercio de España (CCE).

El presidente de la CCE, José Luis Bonet, ha puesto en valor que «si tenemos en cuenta la renta per cápita, el esfuerzo fiscal que realiza España es mayor en comparación con sus socios europeos» y avisa al Ejecutivo: «Cuidado con subir los impuestos».

«España no atraviesa una situación económica para sostener un alza impositiva, sino para hacer una revisión de como se puede enfrentar el Ejecutivo al déficit público para sacar el crecimiento de la economía española del atolladero», añade el presidente de la CCE.

Los planes de Sánchez
Concretamente, Sánchez, ha aclarado que entre sus planes se encuentra una subida de impuestos, aunque ha utilizado los eufemismos de «reforma fiscal» y «justicia fiscal» a los que ya nos tiene acostumbrados. En una entrevista en La Sexta explicó que «es inevitable que haya una reforma fiscal. Queremos tener un estado de bienestar robusto y lo haremos con justicia fiscal».

¿El objetivo del Ejecutivo? Aumentar la recaudación impositiva que, según los datos que maneja el líder del Ejecutivo, se encuentra siete puntos de PIB por debajo de la media de la Unión Europea (UE). Es decir, que Sánchez lo que quiere es conseguir al menos 70.000 millones de euros, para lo que será imprescindible tocar grandes figuras impositivas como el IVA y el IRPF.

«Un impacto sin precedentes»
Mientras, Valentín Pich, presidente del CGE, ha explicado que «el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la voluntad de incrementar los impuestos sobre el Producto Interior Bruto (PIB), un escenario que provocaría un impacto sin precedentes en la presión fiscal de España hasta situarse por encima del 35,9%, esto es la mayor tasa en 45 años de democracia».

La subida de los impuestos podría afectar gravemente a aquellos sectores que se han visto gravemente afectados por la crisis del coronavirus como es el caso del turismo: «Los tipos impositivos reducidos tienen mucho peligro, ya que tienen una incidencia directa en el sector turístico, clave para la economía española». Además, califica la posible subida del impuesto del IVA que tiene Sánchez entre manos de «delicada». Explica que se trata de «un impuesto fácil de recaudar, ya que afecta a todo el conjunto de la población».

El problema es que la obsesión del Gobierno socialcomunista por subir impuestos contrasta con la opinión de los expertos y la hoja de ruta que están siguiendo otras potencias, que prefieren dar facilidades y estímulos tanto a sus consumidores como a sus empresas.

Europa baja los impuestos mientras que Sánchez planea subirlos
Mientras, en Europa se suben al carro de la bajada de impuestos. Reino Unido ha sido el último en sumarse a Italia y Alemania que han lanzado ya fuertes reducciones de IVA para relanzar la economía tras el impacto de la crisis del coronavirus y el confinamiento. En concreto, la canciller alemana Angela Merkel ha aprobado las medidas del plan de estímulo propuesto por el Gobierno, incluyendo la reducción temporal del IVA y una bonificación a las familias con hijos a partir del próximo 1 de julio.

Por su parte, Giuseppe Conte ha aprobado una bajada de impuestos que beneficiará, según los cálculos oficiales, a 16 millones de trabajadores con ingresos anuales comprendidos entre los 28.000 y los 40.000 euros. Arrancará a partir del 1 de julio, según avanzó el ministro de Economía, Roberto Gualtieri. Es decir, que mientras que en Alemania e Italia los contribuyentes disfrutarán de impuestos más atractivos durante el verano para relanzar la actividad, en España se apuesta únicamente por elevar el gasto público. Ni se plantea una bajada fiscal.

Además, el Gobierno británico ha anunciado un paquete de medidas de estímulo por importe de unos 30.000 millones de libras esterlinas, esto es 33.300 millones de euros, que incluye desde una bajada temporal del IVA aplicado a la hostelería y el turismo, así como el pago de un bonus a las empresas que mantengan el empleo al menos tres meses tras el final del plan de subsidios públicos o una rebaja del 50% en la factura de las consumiciones en restaurantes durante el próximo mes de agosto.

¿Por qué hasta los socialdemócratas nórdicos rechazan las propuestas de Sánchez?
Aunque forman parte de la misma familia política que el PSOE, su visión económica es mucho más favorable al libre mercado y la austeridad.
Diego Sánchez de la Cruz  Libertad Digital 17 Julio 2020

La socialdemocracia nórdica se ha convertido en un concepto fetiche al que la izquierda española acude sin dudar cada vez que necesita justificar sus propuestas. Su Estado de Bienestar es todo un referente en los círculos progresistas de nuestro país, que no dudan en citar a países como Dinamarca o Suecia como modelo a seguir.

Como ya explicó Libre Mercado en numerosas ocasiones, la realidad es mucho más compleja. Sí, es cierto que las democracias nórdicas fueron pioneras a la hora de implantar políticas socialdemócratas de gran alcance. Sin embargo, el punto álgido de tal desarrollo se dio en los años 70 y 80, mientras que los últimos treinta años han estado marcados por un repliegue de muchas de aquellas recetas, cuyo resultado terminó siendo francamente decepcionante. Desde entonces, Suecia, Dinamarca y Finlandia han apostado por un sistema económico muy liberalizado como fórmula para mantener y apuntalar sus programas de bienestar.

Una buena muestra de la distancia entre el mito y la realidad de la socialdemocracia nórdica la hemos tenido esta misma semana, cuando Pedro Sánchez se topó de bruces con la negativa del gobierno sueco a financiar sin condiciones su propuesta de reconstrucción económica en España. Al igual que el gobierno liberal-demócrata de Holanda que encabeza Mark Rutte, el Ejecutivo del socialdemócrata Stefan Löfven también se ha negado a dar por bueno el Fondo de Reconstrucción con el que Pedro Sánchez aspira a que el norte de Europa "rescate" a España o Italia con un paquete basado en abultadas subvenciones que se entregarían a fondo perdido.

La respuesta sueca
Los suecos, al igual que los holandeses, tienen claro que cualquier programa de ayuda financiera a los países que peor han manejado la covid-19 deberá estar estrechamente vinculado a una serie de condiciones que aseguren la aprobación de reformas tendentes a aumentar la capacidad de España para devolver dichas ayudas, bien vía crecimiento, bien vía austeridad.

En Holanda, por ejemplo, Mark Rutte exigió a Sánchez el mismo tipo de reformas que aquí reivindican numerosos expertos: por un lado, pidió una nueva vuelta de tuerca que mejore y amplíe la reforma laboral de 2012; por otro lado, reivindicó un ajuste de las pensiones orientado a eliminar el déficit del sistema de Seguridad Social.

Suecia, al igual que Austria y Dinamarca, respalda la posición neerlandesa. Löfven no solo ha insistido en que no le parece apropiado transferir dinero a fondo perdido a España o Italia, sino que incluso ha reconocido que le parece "problemático" el tamaño del volumen del fondo anti-crisis que se está planteando desde Madrid y Roma.

El primer ministro sueco ha reconocido que llegar a un acuerdo en la cumbre que se celebrará este viernes y sábado en Bruselas "va a ser muy difícil", porque los distintos países miembros de la Unión Europea tienen "diferentes puntos de vista sobre cómo responder a esta crisis". No hay que olvidar que la reunión de jefes de gobierno en la que se decidirá el tipo de programa habilitado para el "rescate" de España o Italia requiere un voto unánime de los 27 miembros de la UE, de modo que los "cuatro frugales" tendrán mucho que decir.

El modelo liberal sueco
Frente al 95% del PIB en el que se movía España a finales de 2019, la deuda pública en Suecia alcanza apenas el 35% de la producción anual del Reino nórdico. Durante los doce últimos años, este porcentaje se ha mantenido más o menos constante, puesto que en los peores años de la Gran Recesión apenas se alcanzó un pico del 45% del PIB en el endeudamiento público del país escandinavo. En materia de estabilidad presupuestaria, Suecia acumula cinco años de superávit y, en los últimos veinte años, nunca ha dejado que el descuadre entre ingresos y gastos supere el 1,5% del PIB.

Además, su modelo económico se caracteriza por un grado de laissez faire mucho mayor al de España. Suecia está en el puesto 22 del Índice de Libertad Económica, con una nota de 75 puntos sobre 100, mientras que nuestro país figura muy por debajo en dicho ranking, con un decepcionante puesto 58.

Si viajamos a Dinamarca o Finlandia nos encontramos con escenarios muy similares. En consecuencia, no es tan difícil entender por qué los socialdemócratas nórdicos rechazan las pretensiones de Sánchez. Al fin y al cabo, la economía del norte de Europa tiene poco que ver con el mito al que a menudo recurre la izquierda española. Lejos de mantener el modelo de los años 70 y 80, lo que vemos realmente en los países escandinavos es un sistema económico liberalizado y comprometido con la contención del déficit y el endeudamiento público. En la medida en que Sánchez defiende todo lo contrario, el choque parece asegurado.

La nacionalización de empresas de Sánchez causará pérdidas milmillonarias a los españoles
El Gobierno dispone de 10.000 millones de euros para rescatar "empresas estratégicas", pero la experiencia demuestra que será un gran despilfarro.
M. Llamas  Libertad Digital 17 Julio 2020

Nueva crisis económica y nueva nacionalización de empresas a la vista. A pesar de que, en los últimos años, PSOE y Podemos criticaron abiertamente el rescate público de las cajas de ahorros que protagonizó el anterior Gobierno del PP en 2012, el actual Ejecutivo que preside Pedro Sánchez pondrá en marcha una nueva ronda para que el Estado tome posiciones en empresas privadas.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de julio la creación de un "Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas", dotado con 10.000 millones de euros, por el cual la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entrará en el capital de empresas no financieras afectadas por la crisis del coronavirus.

El Fondo, dirigido específicamente a rescatar compañías "estratégicas" que atraviesen severas dificultades de solvencia, se articulará mediante la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada e incluso la compra de acciones u otros instrumentos de capital. Entre las empresas susceptibles de recibir auxilio, hay grandes aerolíneas como Iberia y plantas industriales como la de Alcoa, pero, más allá de cuál sea el listado definitivo de empresas rescatadas, todo apunta a que, una vez más, será un pésimo negocio para el bolsillo del contribuyente.

Para empezar, cabe recordar que la SEPI ya es una sociedad pública deficitaria. Aunque el grupo estatal apenas cuenta hoy con 15 empresas participadas mayoritariamente y de forma directa, entre las que destacan Correos, Navantia, Hunosa o la Agencia Efe, sus resultados arrojaron unas pérdidas de 544 millones de euros en 2018, una dinámica de números rojos que se extiende a lo largo de su larga historia.

El ruinoso precedente del INI
La actual SEPI es la heredera de un organismo previo, el Instituto Nacional de Industria (INI), nacido en 1941, bajo la inspiración fascista del Instituto per la Ricostruzione Industriale de Mussolini, cuyo objetivo era crear un amplio sector industrial por parte del Estado. Durante las décadas que se mantuvo en funcionamiento, participó en cerca de 180 empresas y llegó a emplear a más de 250.000 personas, pero, en sus diferentes fases, destaca el período comprendido entre 1976 y 1983, cuando el Gobierno empleó el INI para acudir al rescate de empresas insolventes tras la crisis del petróleo.

El INI, cuyos negocios ya eran de por sí deficitarios en muchos casos, se convirtió entonces en una especie de salvador de compañías quebradas, cuyo resultado fue nefasto para las cuentas públicas, ya que las pérdidas del grupo se dispararon de forma muy sustancial durante los años posteriores. Fue entonces cuando se llevó a cabo la nacionalización total de la cuenca minera asturiana a través de Hunosa, junto con la incorporación de otras 25 empresas privadas, como Astano, Astilleros o Seat, que sumaron cerca de 95.000 trabajadores adicionales.

El argumento empleado entonces para acudir al rescate público es muy similar al blandido hoy por el Ejecutivo de Sánchez, ya que el objetivo, antes y ahora, consiste en auxiliar a empresas "estratégicas" que atraviesan graves dificultades para evitar su cierre definitivo y, por tanto, una mayor destrucción de empleo.

Sin embargo, la experiencia terminó en fracaso, ya que, por un lado, postergó durante años la necesaria reestructuración que debían haber afrontado muchas de esas compañías para garantizar su viabilidad a medio y largo plazo, demorando así la solución al problema, y, por otro, se hizo a costa de una enorme factura para el conjunto de los españoles.

Prueba de ello es que las empresas públicas no financieras registraron unas pérdidas de 340.000 millones de pesetas en 1983 (algo más de 2.000 millones de euros), equivalentes a casi el 4% del gasto público total y cinco veces más que diez años antes; y, de esa cantidad, cerca de 120.000 millones (35,6%) eran pérdidas derivadas de las compañías rescatadas por el Estado durante ese particular periplo, llegando a representar más del 50% del déficit del INI. Tan sólo Seat presentaba un agujero de 36.000 millones en 1983.

Como consecuencia, el peso de la empresa pública se disparó al 7,6% del PIB y el sueldo de sus trabajadores llegó a representar el 9,5% de la remuneración total de asalariados, llegando a ocupar al 5% de la fuerza laboral del país. Y, tal y como señalan algunos estudiosos, como García Fernández (Empresa pública e industrialización en España) o Croissier (INI: Estrategia para recuperar la rentabilidad), lo que perseguía esta política de nacionalizaciones era evitar el temido "conflicto social".

Sin embargo, este creciente agujero terminó resultando insostenible para las cuentas públicas, razón por la cual el Gobierno socialista de Felipe González inició a mediados de los años 80 un proceso de "reconversión industrial", consistente en la aplicación de duros ajustes a nivel interno, junto con la posterior privatización de compañías.

El contribuyente siempre pierde
Por desgracia, el INI no es el único ejemplo. El Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió utilizar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a modo de banco comercial para conceder préstamos de forma directa a pymes y autónomos con problemas entre 2010 y 2012 y el resultado no pudo ser peor. El Tribunal de Cuentas contabilizó una morosidad del 83%, con unas pérdidas acumuladas próximas a los 200 millones de euros, frente a los 550 millones formalizados. Y lo mismo sucede con el famoso rescate de las cajas de ahorros, de cuyo importe total, superior a los 65.000 millones de euros, el Banco de España da por perdidos más de 42.000.

A la vista de estos datos, la conclusión es clara: la nacionalización de empresas acaba costando mucho dinero al contribuyente. Ahora, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que acaba de aprobar el Gobierno corre el riesgo de perder otros 10.000 millones de euros.

Feijoó o el arte de camuflarse en el paisaje
Antonio Robles  Libertad Digital 17 Julio 2020

Anda ufano paseándose por la capital el triunfador de las elecciones gallegas esparciendo con retranca la buena nueva: si me imitáis en Madrid, acabaremos con los extremismos de Vox y Podemos. Nuestro destino es centrarnos, huir de broncas y abrazar la moderación. Ni una palabra del BNG, como si los soberanistas de casa no lo fueran. Como si poner límites a los que han roto la convivencia en las comunidades levantiscas fuera de exaltados y no de políticos responsables.

Toda su euforia es ambición. El cobarde que no arriesgó la hacienda gallega por un incierto destino en Madrid maniobra para desbancar a quien sí tuvo arrestos. La monserga de la moderación sólo es una estrategia. Sus actos le desmienten. ¿O acaso es más moderado negarse a pactar con Cs que arriesgarse a perder el Gobierno por no hacerlo? ¿La estrategia de rechazar puentes es más dialogante que buscar la desaparición del otro? ¿Es razonable comparar el tablero electoral del País Vasco con el de Galicia? ¿Seguro que la debacle del PP en el País Vasco se debe al pacto con Cs, o más bien es la consecuencia de la semilla nacionalista germinada después de años de dejación?

La misma propaganda de la izquierda para dinamitar el liderazgo de Pablo Casado servía también para los intereses de Feijóo. Y no lo disimulaba: si perdía, la culpa sería de la beligerancia de la dirección de Casado, y si ganaba se demostraría que su política de moderación a la gallega era exitosa.

Déjà vu. Hay en Feijóo un tufillo a impostor, a equidistante interesado, a cacique de pueblo cuyo análisis no resistiría la luz del sol.

No, el éxito de Feijóo no es el resultado de la moderación, sino la consecuencia de una imitación graduada de las políticas identitarias de Cataluña y País Vasco. La había iniciado su predecesor Fraga con la asunción de la política lingüística del estatuto catalán. También él tuvo cuatro mayorías absolutas, pero no se explicaron por el centrismo del PP. En realidad, su triunfo ni es original ni es único; el estatus competencial sin responsabilidades del modelo autonómico ha permitido que todos los partidos que se hicieron con el poder desde la Transición se hayan mantenido en él, independientemente de su perfil ideológico. Por tres motivos: 1) sus presupuestos no tenían contrapartidas fiscales (el Estado se convertía así en chivo expiatorio de cualquier deficiencia); 2) porque crearon y se hicieron con el control de los medios de comunicación públicos, las instituciones, su presupuesto, y de la escuela como herramienta de adoctrinamiento; y 3), porque se atrincheraron en la identidad para arremolinar al rebaño. Pujol fue el maestro, el resto lo ha imitado. Feijóo sólo se ha envuelto en esa atmósfera étnica. "¡Sí, sí, sí, Galicia, Galicia, Galicia!" en la campaña, pero sobre todo en la siembra diaria del galleguismo desde su asunción del poder a través de la escuela, los medios y la lengua. Una lluvia fina, como hizo Pujol al principio, asociando lengua, pueblo e identidad. "Somos distintos", "Galicia sojuzgada por Madrid", "¿No te avergüenzas de no hablar la lengua de tus antepasados?". Autoestima y acoso moral a partes iguales. Los más indefensos, los niños a merced de maestros galleguistas tan en boga.

No, Feijóo es parte del problema. Feijóo es el PP que ha dejado hacer históricamente al nacionalismo, el que no impidió el 9-N ni el 1-O, porque antes no había confrontado los discursos étnicos que los habían legitimado. Un orballo lento, fino, que cala hasta el alma. Exactamente lo que está corrigiendo el PP de Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo.

Feijóo no se opone al nacionalismo, porque vive de él. El galleguismo es su antesala, la raíz; sólo se preocupa de vadearlo, no de enfrentarlo. Pan para hoy y hambre para mañana. Lo contrario de lo que representa Cayetana. Juzguen ustedes mismos.

Hay líderes que forjan la historia y otros que la mendigan. Feijóo lastimea las aristas del nacionalismo gallego para seguir vadeando la corriente, pero su deriva le hace cada vez más dependiente del nervio nacionalista del río. Parece que lo esquiva; en realidad, sólo se deja engullir lentamente. Hasta que solo sea un cascarón a merced de sus caprichos. Como ha ocurrido con la izquierda en Cataluña y el País Vasco.

La frase del título es de Josep Piqué: "El PP debe confundirse en el paisaje". Era su política de apaciguamiento del nacionalismo catalán que convenció a José María Aznar para nombrarle presidente del PP de Cataluña. La misma que le inspiró eso de comenzar a hablar catalán en la intimidad. Las dos precedidas por el ultimátum de Jordi Pujol en los Pactos del Majestic para ver la cabeza de Aleix Vidal-Quadras rodar por el suelo.

La misma vaselina que le hace ganar elecciones ahora está alimentando a los soberanistas del BNG de mañana. Historia de una muerte anunciada.

Indigno funeral de Estado
EDITORIAL  Libertad Digital 17 Julio 2020

Lo que nadie podrá negar al acto que se ha celebrado este jueves en el Palacio Real como pretendido funeral de Estado por las víctimas del coronavirus es la coherencia: ha sido totalmente coherente con la lamentable respuesta que buena parte de las instituciones han dado a la pandemia, y muy especialmente con la de un Gobierno cuya preocupación principal ha sido falsear las cifras de muertos por el coronavirus y minusvalorar las terribles consecuencias que ha tenido, está teniendo y va a tener esta catástrofe en todos los órdenes, muy crudamente en el económico.

En su ridículo y sectario compromiso con una laicidad que choca frontalmente con la aconfesionalidad del Estado, el Gobierno social-comunista ha diseñado un acto insulso, carente de referentes, con una solemnidad impostada. Un acto en el que nadie se ha atrevido a comentar la verdad sobre la auténtica dimensión de la tragedia, que las cifras oficiales tratan de enterrar; y, por supuesto, sin el menor gesto de contrición por la pésima gestión de una pandemia que ha afectado a España como a muy pocos países del mundo entero.

Las 50.000 víctimas del coronavirus merecían mucho más, a sus deudos se les debía más respeto y empatía, y los millones de españoles que han sufrido lo indecible en los hospitales saturados o por el desmoronamiento de sus empresas y modos de vida se han hecho acreedores de un acto más sincero, más auténtico, más de todos y para todos.

Por si el funeral no hubiese sido de por sí pobre y desangelado, varias autoridades políticas o sanitarias han mostrado su catadura al ignorar que en un acto tan solemne los códigos de vestimenta han de ser observados con el mayor rigor. De ahí que no se pueda acudir a ellos como si se llegase de una noche de farra, tal como ha hecho la descalificable presidenta del Senado, o sin corbata, como el indeseable vicepresidente Iglesias, que en cambio sí decidió ponerse un smoking con pajarita para acudir a una gala de los Goya. Qué cabía esperar de quien dejó imperdonablemente en la estacada a decenas de miles de ancianos en unas residencias a las que condenó a lidiar con el coronavirus en unas condiciones de tremenda sordidez.

El colmo del despropósito ha sido ha sido la estupefaciente mascarilla que ha exhibido Fernando Simón: quien falló letalmente a la Nación con su descomunal e insensata imprevisión no ha tenido mejor idea que acudir al funeral por los 50.000 muertos que se ha cobrado la pandemia que aseguró no nos iba a afectar tapándose la cara con dibujitos de tiburones. Y dormirá tan tranquilo, como el infame Pedro Sánchez desde que tiene por vicepresidente a su semejante Pablo Iglesias...

Estamos en manos de un hatajo de sociópatas sin el menor sentido de la dignidad que son capaces hasta de prostituir un funeral de Estado y degradarlo a pantomima gubernamental.

Venezuela: una devastación económica sin precedentes
Juan Ramón Rallo El Confidencial 17 Julio 2020

Aunque en 2020 ya nos hayamos olvidado, hubo un tiempo, allá por la primera década de este siglo, en que buena parte de la extrema izquierda occidental consideraba Venezuela, la revolución socialista bolivariana, como un ejemplo a seguir, no solo para el resto de países de la región sino incluso para sociedades como la estadounidense o la española. El chavismo llevaba desde 2002 sobreexplotando los ingresos petroleros del país en un contexto global de precios del crudo inusualmente altos y ello permitió alumbrar no solo un crecimiento económico notable —aunque de bases extremadamente frágiles—, sino también un gigantesco entramado de redes clientelares que constituía la envidia de cualquier pseudodemócrata con aspiraciones a tirano: patrimonializar el Estado para ganar reiteradamente las elecciones a golpe de talonario.

Pero la economía de monocultivo venezolana estaba condenada a derrumbarse tan pronto como lo hicieran las regalías petroleras. Y así, a partir de 2013, convergieron dos fenómenos que terminaron condenando el país a uno de los mayores empobrecimientos sociales en toda la historia de la humanidad: por un lado, la producción petrolera de PDVSA comenzó a declinar tras años de desmantelamiento de su capital físico y humano (es lo que sucede cuando te fundes todas las ganancias de la compañía no en reponer el capital depreciado, sino en desplegar redes clientelares); por otro, los precios internacionales del crudo comenzaron una senda de abaratamiento que, con altibajos, prosigue hasta hoy.

Así, privado de sus extraordinarios ingresos petroleros, el régimen bolivariano quedó expuesto a su estrepitoso fracaso al no haber impulsado el desarrollo diversificado de Venezuela: sin petróleo, desaparecía la gallina de los huevos de oro. Y sin gallina de los huevos de oro, el régimen se quedó como gallina descabezada que solo supo recurrir a políticas económicas nefastas que terminaron por destruir el escaso tejido productivo alternativo que subsistía.

Los controles de precios, las confiscaciones y las monetizaciones masivas de déficits públicos gigantescos aniquilaron la economía y con ella los últimos mimbres de la convivencia: es decir, la debacle económica dio lugar a una quiebra institucional que a su vez continuó agravando la debacle económica. Hoy, como decíamos, la situación es completamente trágica: el país vive una situación de desestructuración propio de una guerra civil y las sanciones externas de EEUU han agravado el colapso (si bien este es anterior a tales sanciones). En este sentido, la última encuesta de Encovi ('Encuesta de condiciones de vida', elaborada por la Universidad Católica André Bello) describe un panorama terrorífico:

Entre 2013 y 2019, el PIB venezolano cayó un 70%.
El 96% de la población venezolana vive ahora mismo en situación de pobreza (ingresa menos del doble de lo necesario para consumir 2.200 calorías diarias) y el 79,3% lo hace en situación de pobreza extrema (personas que no ingresan lo suficiente como para consumir 2.200 calorías diarias).

Pese a esa cuasi universal pobreza, la desigualdad de ingresos es muy elevada (los hay mucho más pobres que otro): el índice Gini se ubicó en 0,51, muy por encima no solo de los países desarrollados, sino de muchos países subdesarrollados (Venezuela es más desigual que el Congo, Zimbabue, Haití, Guatemala o Colombia).

El 93% de los hogares manifestó estar preocupado por la provisión de alimentos y el 53% declaró haber dejado de efectuar alguna comida diaria por falta de comida.

El 30% de los menores de cinco años sufre de desnutrición crónica, un porcentaje muy superior al de otros países Hispanoamericanos y propio de las zonas más devastadas de África.

El 19% de los hogares asegura que al menos uno de sus miembros emigró al extranjero en el período 2014-2019.
El 13% de los hogares venezolano reside en viviendas hacinadas (tres o más personas por habitación).
El 90% de los hogares sufre interrupciones en el suministro eléctrico.

En suma, el llamado 'socialismo del siglo XXI' se ha saldado con un absoluto fracaso de dramáticas consecuencias para la población que lo padeció. Aun así, serán pocos quienes se conmuevan por la tragedia venezolana y se sientan impelidos a replantearse sus ideas: la disonancia cognitiva es tan sumamente potente que, no lo olvidemos, incluso personajes públicos como Errejón han seguido afirmando en medio de este desolador contexto que Venezuela ha experimentado un progreso muy notable y que la población disfruta del lujo de efectuar tres comidas diarias. Los fanáticos de izquierdas ni siquiera se plantean que puedan estar equivocados después de haber provocado la destrucción del 70% del PIB del país.

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Caso Pujol
El juez envía al banquillo a la familia Pujol por «enriquecerse durante décadas» como una organización criminal
Teresa Gómez okdiario 17 Julio 2020

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a todos los miembros de la familia Pujol por formar una organización criminal que, «aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

En el auto de pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción de la pieza principal de este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 considera que los hechos investigados serían constitutivos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

En la resolución, el juez procede contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, su mujer Marta Ferrusola LLados y contra sus siete hijos, además de contra otras 18 personas que participaron o colaboraron en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol. Acuerda también el sobreseimiento provisional parcial de la causa en relación con Ramón Gironés Riera, Ana Vidal Maragall y Amelia Barrigón Lafita.

El auto, de 509 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, acredita que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada «para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas». Además, el magistrado ha subrayado que parte de estas actividades corruptas coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol Soley entre 1980 y 2003.

No hay herencia
Según el magistrado, el patrimonio de la familia Pujol ha provenido de distintas fuentes pero acredita que ·existen indicios sólidos que acreditan que los mismos no provienen, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar procedente de Florensi Pujol Brugat».

«En ocasiones, el origen de los fondos está en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales» de contratos adjudicados por parte de la familia Pujol Ferrusola aprovechando el poder que ostentaban en la Generalitat.

«En otros supuestos, los pagos a la familia Pujol Ferrusola se verificaban simplemente para congraciarse con la misma o para mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales», señala De la Mata.

La madre superiora
El juez explica que el liderazgo de la organización estaba encarnado en el matrimonio Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola. Ésta, de hecho, se autodenominaba la «madre superiora de la congregación».

Debajo de estos y siguiendo sus instrucciones se encontraba el primogénito Jordi Pujol Ferrusola conocido como «el capellán de la parroquia». El resto de los hermanos (Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia), sin perjuicio de su participación individual en determinados «negocios» u operaciones, seguían las instrucciones del hermano mayor, Jordi Pujol, «abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran distribuidos por Jordi Jr. y tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito».

Otras personas también colaboraron «estrechamente con la organización, con carácter transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles y fungiendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones», señala el juez.

El instructor explica que en este caso se cumplen los requisitos doctrinales del delito de organización criminal con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanencia en el tiempo, desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014. A estos delitos se suman otros como delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental.

¿Fiscal general o abogada defensora de los golpistas?
OKDIARIO 17 Julio 2020

Molesta por el hecho de que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, no le advirtiera del escrito que habían preparado los fiscales del 1-O para impugnar los permisos penitenciarios de los golpistas a través de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, la fiscal general, Dolores Delgado, armó uno de esos escándalos propios de quien sabe que su cargo tiene como misión expresa servir a los intereses de su jefe, Pedro Sánchez. Delgado sabe «de quién depende la Fiscalía. Del Gobierno. Pues eso».

El teniente fiscal no está obligado a informar sobre los procedimientos relacionados con el procés a la fiscal general, dado que ésta debe abstenerse de estos asuntos relacionados con su etapa al frente del Ministerio de Justicia. Obviamente, a ella lo de abstenerse no le va, porque Pedro Sánchez la nombró fiscal general precisamente para que tomara parte y encauzara convenientemente los asuntos relacionados con los presos golpistas.

Eso de que los fiscales del juicio del referéndum ilegal se opusieran, en un escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal, a otorgarle a los presos independentistas beneficios que les permitían salir de prisión no sentó nada bien a Dolores Delgado, que formalmente es fiscal general, pero su trabajo se asemeja más al de abogada defensora de los golpistas.

El Ministerio Público sentenció que se trataba de un tercer grado encubierto porque, explicaban, «es un instrumento finalista y de naturaleza excepcional que permite combinar aspectos de distintos grados» a los condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión por delitos de malversación y sedición. Todo un dolor para Delgado, que está empeñada a toda costa en rebajar la firmeza de los fiscales contra los políticos presos catalanes.

Los fiscales alegaban que con estos privilegios se les estaba otorgando un tercer grado a los golpistas tan sólo nueves meses después de cumplir la condena. Un extremo que finalmente se ha terminado ejecutando porque, tal y como temían los fiscales, las juntas de tratamiento penitenciario –dependientes del Govern de Quim Torra– finalmente han concedido a los nueve líderes independentistas el tercer grado, conocido como régimen de semilibertad. El Ministerio Público tramitará el recurso del régimen aprobado por las cárceles catalanas porque es «prematuro» y los líderes independentistas «no se han arrepentido» del delito cometido, tal y como adelantó OKDIARIO.

Saben que no cuentan con el apoyo de la fiscal general, porque ella no sirve al interés general, sino al exclusivo interés de su jefe: Pedro Sánchez

Torra, the real catalan macho man
Sergio Fidalgo okdiario 17 Julio 2020

Menos mal que Quim Torra no deja de ser el presidente de un gobierno autonómico, con muchas ínfulas de “estructuras de Estado”, pero muy lejos del poder real que da el BOE. Si tuviera más capacidad de actuación, solo por demostrar que orina más lejos que los demás, era capaz de dejar confinados a los catalanes durante meses, sin informes técnicos y jurídicos de ningún tipo. Cuando no se sabe lo que es gestionar, y solo se tiene alguna idea de lo que es agitar y lanzar mensajes propagandísticos, pasa lo que se ha vivido en Lérida en los últimos días, que tienen a la mayoría de la población hasta las narices y temerosos. Y es que cuando un gobernante demuestra que no sabe lo que hace, los gobernados comienzan a temblar.

Torra se ha pasado toda la epidemia deseando tener las competencias del estado de alarma para adelantar lo que sería una dictadura separatista. Un régimen bajo el mando del ‘conducator’, con regalo para los discrepantes: una ‘visita’ de la política catalana, esa que se dedica a espiar a la oposición o a hostigar a la Resistencia al nacionalismo. Pero como España, a pesar de los que destruyen tarjetas SIM, sigue siendo un Estado de derecho el ‘president’ inhabilitado se quedó con las ganas.

Por eso, a la que ha tenido oportunidad, Torra ha querido demostrar que es “the real catalan macho man”, un auténtico tipo duro, el macho alfa de la manada, el timonel que guía los destinos del pueblo catalán. Por desgracia para él lo que ha hecho es volver a mostrar lo que realmente es: un auténtico inútil. Muchos ya lo sabíamos, y si no fuera por el fanatismo de los dos millones de catalanes separatistas, todos lo verían y mandaríamos al ‘president’ a dónde debería estar: a alguna oscura tasca de un pueblo rural de Cataluña para que beba ratafía y lea los grandes clásicos del nacionalismo supremacista, que es lo que le gusta.

ERC y Junts per Catalunya se han pasado meses presumiendo de lo bien que lo harían cuando Cataluña fuera una República, y cuando el Gobierno de Sánchez les ha devuelto las competencias han demostrado lo que siempre ha sido: unos incapaces, que no deberían gestionar ni una comunidad de vecinos. ¿Qué se puede esperar de un ‘president’ que no hace más que pedir a los más violentos que “aprieten” y que llama a desobedecer a un Estado democrático como España? Nada, porque no es un gobernante, es un activista radical, de los que solo quieren amedrentar a los millones de catalanes que se sienten españoles, en eso se ha quedado el actual inquilino del Palau de la Generalitat.

Por eso hay tanta desorientación ante los nuevos brotes en localidades como Lérida, Hospitalet de Llobregat o en la misma Barcelona. Porque no hay nadie al mando. Porque en Interior tenemos a un ex portero de discoteca que ha ido degenerando, Miquel Buch. En Salud, a una incapaz que no supo ni dotar de material de protección al personal sanitario, Alba Vergés. En Asuntos Sociales, a un inútil al que se le murieron por miles los ancianos en las residencias, Chakir El Homrani. En la portavocía del Govern a un ser que cada vez que abre la boca, sube el pan, Meritxell Budó. En Cultura, a una supremacista cultural que quiere desterrar el castellano de la vida pública, Mariàngela Vilallonga. En Economía, a un amante de la línea ‘dura’ que fue el portavoz las JERC, de uno de los colectivos separatistas más radicales, Pere Aragonès.

Podríamos seguir uno por uno, porque nadie se salva en el actual gobierno autonómico catalán, una banda de fanáticos más preocupados de construir su “republiqueta” que en garantizar el bienestar de la ciudadanía. Solo les interesa echar la culpa a España de todos sus errores y marcar paquete asegurando que si les dejaran lo harían de puta madre. Pero que el malvado Estado español franquista y totalitario, y sus cloacas, no les dejan utilizando todo tipo de malas artes. La pena es que aún haya millones de españoles, tanto en Cataluña como en el resto del país, que siguen pensando que “The real catalan macho man” es un estadista que merece ser escuchado porque representa a “tot un poble”.

No se equivoquen. Torra, por mucho que presuma, no representa, ni representará jamás a toda Cataluña, porque millones de ciudadanos nos sentimos asqueados de lo que él, y sus aliados, representan. Ahora hemos de conseguir que los apoyos que el separatismo catalán tiene en el resto de España se den cuenta de esta realidad. Tarea difícil, porque los secesionismos están avanzando en todo el país y sus aparatos de propaganda son cada vez más potentes. Pero no hemos de rendirnos, ni dejar de denunciar sus mentiras.

Eduardo Inda destapó en 2012 la corrupción del clan Pujol
OKDIARIO 17 Julio 2020

Corrían los últimos meses de 2012 cuando Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta se veían solos entre un océano de silencio mediático al publicar portada tras portada de los tejemanejes que durante décadas enriquecieron al clan de los Pujol. El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, su esposa, Marta Ferrusola, y todos sus hijos están hoy en día imputados por innumerables delitos, su fortuna se calcula en 100 de millones de euros y quien fuera el padre del catalanismo está hoy señalado y abandonado hasta por sus propios herederos políticos.

Este jueves el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha finalizado la instrucción del complejo caso Pujol y ha decidido juzgar a todos los miembros del clan por formar una organización criminal que acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con «percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

El 16 de noviembre de 2012, el diario El Mundo abría su edición a cinco columnas con una revelación que no hoy se tiene mucho más sentido que hace cuatro años y medio: «La Policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU».

Los sucesivos casos que se han empezado ya a juzgar, como el ‘caso Palau’, u otros que continúan en investigación han demostrado que la afirmación de Pasqual Maragall en sede parlamentaria en el año 2005 —»ustedes tienen un problema que se llama 3%»— se ha quedado incluso corta. La trama de financiación ilegal de la antigua Convergència y de su hermana Unió Democrática de Catalunya han acabado con este último partido desaparecido y con el primero refundado bajo el nombre de PDeCAT y renegando de sus orígenes.

Hoy, Artur Mas está inhabilitado tras envolverse en la bandera estelada independentista como última opción de huida hacia delante ante la oleada de casos que se le venía encima a él y a su partido, cuyas sedes están embargadas para poder hacer frente a las indemnizaciones y multas que le puedan corresponder por los juicios que siguen pendientes.

No sólo eso, Mas ya no quiere que se le relacione con su padre político, Jordi Pujol, pues por ejemplo, sólo al día siguiente de la revelación anterior, Inda y Urreiyztieta firmaron otra gran portada: «Los Pujol tienen 137 millones en Ginebra, según la Policía». Un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía afirmaba la detección de «una fundación de la que penden a modo de racimo 8 sociedades» que operaban a través del banco privado Lombard Odier. El capital disponible de estas compañías instrumentales era de «165 millones de francos suizos» y «sus beneficiarios son el matrimonio Pujol-Ferrusola y os hijos Jordi y Oriol».

Otra revelación sorprendente, que causó un enorme revuelo no sólo en Cataluña, fue el titular del 18 de diciembre de 2012: «Jordi Pujol Ferrusola llevaba bolsas con billetes de 500 euros a Andorra». Esta revelación, se supo tiempo después, fue realizada por la que en esa época era pareja de Jordi Jr. María Victoria Álvarez que aseguró que en uno de los viajes al Principado descubrió una de las piezas del equipaje que estaba llena de billetes. Cuando Victoria Álvarez se negó a seguir sirviendo de tapadera del desfalco de los Pujol, Jordi Jr. la golpeó y ésta le denunció ante los Mossos.

Ese mismo mes, el 27 de diciembre de 2012, la primera página de El Mundo explicaba que «Oleguer Pujol acumula cientos de millones con sólo 40 años» y en julio de 2014, la portada reproducía otra exclusiva reveladora: «Jordi Pujol hijo movió en paraísos fiscales 55 millones».

Oriol Pujol, condenado
Una de las primeras consecuencias penales derivadas de las investigaciones de Inda y Urreiztieta fue la condena a Oriol Pujol, ex diputado de CiU en el Parlament. El miembro del clan Pujol fue condenado a dos años y medio de prisión por el caso ITV por delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil.

El Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona condenó a Pujol a una pena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el caso del amaño del concurso para obtener estaciones de ITV.

Pujol, que pasó sólo 10 minutos en el banquillo de los acusados y evitó un juicio con jurado popular con un pacto con la Fiscalía, concretamente fue condenado a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, una multa 55.000 euros e inhabilitación para ejercer de cargo público en la administración local, provincial, autonómica y estatal por dos años.

Asimismo, la Audiencia condenó al hijo del expresidente catalán Jordi Pujol a ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho y suspensión de empleo y cargo público por un año, y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil la pena de un año y cinco meses de cárcel y 21.000 euros de multa.

A raíz de esta condena firme, la Fiscalía pidió el ingreso en prisión del ex secretario general de CiU mientras que su abogado, Xavier Melero, pidió suspender la pena y sustituirla por trabajos en beneficio de la comunidad, lo que la Audiencia descartó al considerar que había cometido hechos «muy graves».

La familia Pujol, una banda criminal al banquillo
EDITORIAL REPÚBLICA 17 Julio 2020

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado procesar y llevar a juicio por el delito de ‘organización criminal’ al ex presidente catalán Jordi Pujol, a su esposa Marta Ferrusola y a sus siete hijos, por haberse enriquecido ilícitamente con la corrupción ‘durante décadas’ y buena parte del tiempo cuando Pujol ostentaba la presidencia de la Generalitat durante 17 años.

Los delitos que se le imputan a los Pujol son los de ‘organización criminal, asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal a la Hacienda pública y falsificación documental’. Y todo ello por hechos que el juez ya considera acreditados y en consecuencia listos para la apertura del juicio oral y sentar en el banquillo a toda la familia Pujol.

‘Ya era hora’ se dirán muchos españoles y entre ellos muchos ciudadanos de Cataluña tras haber ido conociendo las andanzas delictivas de la familia Pujol que continuaron hasta el último gobierno catalán de Artur Mas. El que fue sucesor de Pujol, apadrinado por el ex honorable y gran inductor del golpe de Estado catalán del 27-O de 2017 al que a buen seguro no fue ajeno Jordi Pujol.

Un golpe urdido sobre mentiras como la de ‘España nos roba’ de la Diada de 2014, que fue donde empezó el plan independentista con un eslogan muy oportuno para adornar el ‘banquillo’ donde se sentara la familia Pujol en pleno.

Esa extraña ‘cofradía’ que tanto visitaba la abadía de Monserrat -el propio Pujol en una reciente vigilia- en la que Marta Ferrusola ocupaba el cargo de ‘Madre superiora’ mientras su hijo mayor, Jordi, actuaba como ‘el capellán de la parroquia’.

Cuando se descubrió la fortuna de los Pujol en Andorra, el ex presidente la atribuyó a una supuesta y falsa herencia de su padre. Y Pujol fue llamado a declarar al Parlament donde el ex presidente catalán lanzó una amenaza al decir que ‘cuando se sacuden las ramas del árbol se pueden caer todos los nidos’, aludiendo a otros posibles e importantes casos de corrupción.

Pues bien, vamos a ver ahora cuáles son esos nidos y puede que también ahora se van a entender muy bien las prisas de buena parte nacionalismo catalán por lograr la independencia y escapar de la Justicia española que ahora, a la banda criminal de los Pujol (en la que Artur Mas puede aparecer como colaborador de la trama), los va a juzgar y probablemente condenar.

La Justicia aprieta a Ximo Puig
OKDIARIO 17 Julio 2020

El Juzgado ha aceptado las diligencias contra las empresas del hermano de Ximo Puig solicitadas por la Fiscalía, lo que complica el horizonte penal del presidente valenciano . Las diligencias practicadas por Anticorrupción se basaban en conceder plena verosimilitud a las acusaciones del PP de falsedad en los documentos oficiales entregados por la Administración regional en la investigación de las subvenciones concedidas a las empresas del hermano del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. Cabe recordar que la Fiscalía reclamó al Gobierno de Ximo Puig toda toda la documentación existente sobre los gastos subvencionados por el Consell a las empresas de sus hermanos.

La Fiscalía había pedido al juzgado nuevas diligencias por considerar que no dispone de toda la documentación pertinente y en poder de las Administraciones Públicas, debido a que la colaboración de la Generalitat valenciana había sido claramente insuficiente. Ahora el Juzgado acepta esas diligencias. Esto es, asume que no ha habido muchas ganas de colaborar por parte de la Generalidad valenciana y que tendrá que ser la Policía Judicial quien tenga que a acceder a todos los documentos sobre las subvenciones que se encuentran en cualquier archivo o registro público (Consejería valenciana de Educación, Presidencia de la Generalitat Valenciana, Gobierno de Aragón y Generalitat de Cataluña).

Hay que recordar que el importe total concedido a las empresas del hermano de Ximo Puig puede superar con creces el millón de euros. Entre contratos menores, facturas, y subvenciones para contrataciones y transferencias, los hermanos de Ximo Puig han recibido casi 250.000 euros (249.261,04) sólo de la Generalitat Valenciana comandada por Puig y hasta comienzos del presente año.

El cómputo global apunta a que los hermanos de Puig han recibido contratos o ayudas de hasta cuatro consejerías, es decir, del 40% de las consejerías valencianas, que han contratado con las empresas de la familia de Puig desde que Ximo Puig es presidente: Educación, Presidencia (a través de Turismo), Infraestructuras (a través Vaersa) y Economía (mediante el Servef). Una cifra que se suma a las facturas realizadas al canal de la televisión pública À Punt. Parece que la Justicia ha puesto la directa. La estrategia de Ximo Puig de ganar tiempo no ha dado resultados.

La crisis del constitucionalismo
Edurne Uriarte ABC 17 Julio 2020

Nadie ha atribuido los malos resultados del Partido Socialista de Euskadi a su radicalidad. Pero podrían hacerlo quienes sí la han atribuido a los resultados de la coalición PP-Cs. Porque esta coalición ha perdido 14 diputados desde el mejor resultado histórico del PP en las autonómicas vascas, los 19 diputados de 2001, pero el PSE ha perdido 15 desde su máximo histórico, los 25 de 2009. Y es que estamos ante una crisis del constitucionalismo, que afecta tanto al centro-derecha nacional en el País Vasco como al centro-izquierda, por mucho que algunos quieran cerrar los ojos ante este problema común. Y que viene de lejos.

Los nacionalistas sumaron este domingo el 67% del voto, su mejor resultado histórico. Una buena parte de ese voto se explica por los sentimientos de identidad que hacen del País Vasco una autonomía no comparable a Galicia ni al resto de España, y en la que ni el PP ni el PSE pueden aspirar a ser partidos mayoritarios, hagan lo que hagan, y pongan el candidato que pongan. A este factor fundamental de la identidad nacionalista, se suma una política nacional de pactos, tanto del PP como del PSOE, que ha identificado al PNV como el partido representante de los intereses de los vascos, el que obtiene ventajas para su territorio, el partido útil. Una política a la que ahora el PSOE ha sumado a Bildu, el nuevo «conseguidor» para los vascos, y, además, blanqueado en sus vínculos con ETA. Esto último, facilitado por una sociedad que no desea que le recuerden su pasado reciente de terror contra la mitad de la población.

Pero hay un tercer factor del que hay miedo a hablar, el más profundo de todos, el de la españolidad. Si los partidos nacionales se llaman a sí mismos constitucionalistas en el País Vasco es porque no se atreven a incorporar en su denominación el españolismo. Por miedo a ser acusados de radicales. Porque la «radicalidad» en el debate vasco, esa radicalidad de la que algunos acusan a la coalición PP-Cs, estriba en esta cuestión. No hay diferencia programática alguna entre el PP vasco y el del resto de España, ni de mensajes, ni de estilo. Lo que hay es una atribución de radicalidad construida desde el nacionalismo y la extrema izquierda, y que se basa en la negación del derecho a hablar de España, ser España y sentirse España en el País Vasco.

El problema del llamado constitucionalismo es haber interiorizado ese discurso sobre la radicalidad de lo español. De tal manera que tanto el PP como el PSE han perdido su capacidad para representar a todos los vascos que se sienten fuertemente españoles. Porque el comportamiento político, ahora y siempre, es sobre todo una cuestión de identidades; y en el País Vasco hay una identidad fuertemente articulada, y otra, acomplejada; una que arrastra a los ciudadanos, y otra que los desanima y desvincula.

Si el constitucionalismo está fracasando en el País Vasco es porque se ha dejado condicionar por el discurso nacionalista sobre la radicalidad, porque está construyendo su imagen y sus mensajes a partir de la definición del adversario. Y su espacio electoral es precisamente el de la alternativa a la identidad del nacionalismo. No es el eje izquierda/derecha del resto de España el que mueve su voto; es el eje nacionalista/españolista. Y el segundo es central en una región donde aún no se ha logrado el pluralismo y la libertad plena para ser, sentirse y expresarse como español. Y donde el regionalismo, el vasquismo equivalente al galleguismo, ha sido arrasado y fagocitado por el nacionalismo. O eres nacionalista, y, por lo tanto, amante de tu tierra, o eres un español, que no ama ni defiende el País Vasco.

El constitucionalismo tuvo un espacio importante en la lucha contra ETA, porque la lideró. Y ahora tiene otro espacio importante, la representación de los vascos que se sienten plenamente españoles, tan amantes de su tierra o tan vasquistas como los nacionalistas, y hartos de ser discriminados, silenciados, o señalados por ello. Son al menos la mitad de los vascos, algunos de izquierdas y otros de derechas, y les llaman radicales quienes no tienen problema alguno para sentirse españoles en el resto de España.
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Edurne Uriarte es Secretaria de Estudios y Programas del PP

Mikel Buesa, tras el ataque a la tumba de su hermano: "El problema de ETA no está solucionado"
El catedrático asegura que el PSOE actual "no defiende la Constitución, no es el que defendió Fernando", el exdirigente socialista asesinado por la banda.
Marcos Ondarra El Espanol  17 Julio 2020

El 22 de febrero de 2000, ETA asesinó al socialista Fernando Buesa Blanco y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez, haciendo explotar un coche bomba en el campus de la Universidad del País Vasco en Vitoria. El atentado formaba parte de la "socialización del dolor" promovida por la banda terrorista, que se marcó como objetivo la muerte del mayor número posible de políticos, periodistas o funcionarios pertenecientes al "eslabón bajo".

Para su hermano, Mikel Buesa (Guernica, 1951), el asesinato de Fernando supuso el despertar de su conciencia cívica y política. Así, fue presidente del Foro de Ermua, patrono de la Fundación para la libertad y miembro de la directiva original de UPyD. "Ese fue el mayor error que he cometido en mi vida", admite en referencia a su paso por el partido liderado entonces por Rosa Díez. Ahora, sin añoranza política alguna, es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense.

Veinte años después de aquel atentado, el pasado 9 de julio, la tumba del exdirigente socialista asesinado por ETA era vandalizada con pintura roja. Una infamia que nos recuerda que, pese a que la sociedad vasca ha vivido importantes transformaciones –la más importante, que ETA ha dejado de matar–, la memoria de las víctimas sigue siendo muy necesaria. "El problema de ETA no está solucionado, está en stand by", dice Mikel Buesa en conversación con EL ESPAÑOL.

"El problema fundamental de cómo se cerró el asunto de ETA es que no se ha procedido a la derrota política de la banda terrorista, sino todo lo contrario. El Gobierno de Zapatero negoció con ETA y Batasuna para que esta gente pudiera realizar una actividad política ulterior al cese de la actividad terrorista, y eso es lo que ha sucedido a través de la legalización de Sortu (partido que integra EH Bildu)", explica Buesa.

- ¿Y no se debe celebrar como una victoria que ETA cesara la actividad armada para dedicarse a hacer política?
- Habrá quien lo considere una victoria, pero los que hemos sufrido las consecuencias del terrorismo lo consideramos una victoria pírrica. La victoria contra el terrorismo no es sólo una cuestión militar, sino política. El terrorismo es una actividad esencialmente política, es hacer política a través de la muerte, de la violencia. Si cesa la violencia pero la misma política continúa, el problema no se ha terminado del todo.

Una muestra evidente de que el problema persiste es el reciente ataque a la tumba de su hermano, que se encuentra en el cementerio de Vitoria. "Me sorprende que 20 años después de haber sido asesinado, mi hermano todavía sea temible para estos individuos", reflexiona Mikel Buesa.

Es consciente, sin embargo, de que ese ataque se enmarca dentro de un fenómeno violento que es mucho más amplio. En las semanas previas a las elecciones al Parlamento Vasco, casas de dirigentes políticos y sedes de partidos han sido atacadas con pintura roja. "Todo esto forma parte de la campaña del núcleo irreductible de ETA, que está metido en la cárcel pero sigue siendo irreductible, a través de ATA (Amnistia Ta Askatasuna, Movimiento pro Amnistía y contra la Represión). Están pugnando por el poder de la parte visible del Movimiento de Liberación Nacional Vasco que lidera Sortu", explica el catedrático.

Bildu
Ninguno de esos actos violentos fue condenado por Bildu. Para más inri, el pasado mes de junio, cuando las sedes de distintos partidos políticos en el País Vasco estaban siendo atacadas con pintadas en favor al etarra Patxi Ruiz, el ahora nuevo parlamentario de EH Bildu Arkaitz Rodríguez restó importancia a los hechos asegurando que una pintada "se quita con acetona, pero los presos asesinados por la política penitenciaria nadie les va a devolver la vida".

- ¿Usted aboga por la ilegalización de Bildu, como planteó UPyD en su día?
- Yo no abogo por la ilegalización de nada. Sé perfectamente que en este país la Constitucion tiene un grave inconveniente en materia ideológica, de modo que no hay delitos ideológicos salvo que estés defendiendo el ejercicio de la violencia. Sortu no defiende el ejercicio de la violencia visiblemente. Dice que fue necesaria, pero que ahora no conviene estratégicamente. Hay indicadores que señalan que su respeto por la violencia sigue siendo el mismo que tenían cuando pegaban tiros.

- ¿Qué indicadores?
- Los dirigentes de Sortu (EH Bildu) fueron a visitar a la cárcel al núcleo más duro de ETA, entre ellos a García Gaztelu Txapote, que fue quien ordenó el asesinato de mi hermano.

El catedrático se refiere al encuentro que tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, concedió un permiso a varios dirigentes de Bildu para visitar a presos de ETA encarcelados en la prisión de Huelva. "Yo pensaba que Marlaska era un tipo contrario a ETA, pero veo que me equivocaba", admite el hermano del exdirigente socialista asesinado por la banda terrorista.

Mikel Buesa vive con preocupación el auge de la extrema izquierda abertzale en el País Vasco, canalizada esencialmente en Sortu y Bildu, que ha aumentado notablemente sus apoyos en las elecciones autonómicas del 12 de julio. "Bildu ha ocupado el espacio que debería tener el PSOE", cree Mikel Buesa, que atribuye su ascenso a que el PSOE "se ha empeñado en hacer ver a Bildu como gente encantadora, de izquierdas, con cierta herencia nacionalista... ahora es lógico que haya esa deriva, ese corrimiento del voto de izquierdas hacia este partido".

El PSOE actual
- A su hermano lo asesinaron por ser del PSOE. ¿Es compatible ser socialista con pactar con Bildu?
- No. Si ser socialista consiste en creer que el territorio es una fuente de derechos, como ahora ocurre en el PSOE, entonces sí es compatible. Si ser socialista significa que hay que defender la igualdad de todos sin privilegio alguno, entonces no sería en absoluto compatible.

Fernando Buesa Blanco ocupó diversos puestos de responsabilidad en las instituciones vascas como miembro del Partido Socialista de Euskadi. Llegó, incluso, a ser vicelehendakari. Murió por sus ideas políticas, que no eran las que promulga el PSOE actual, según su hermano.

"Las ideas que manejaba mi hermano sobre la política en el País Vasco han decaído completamente. El PSOE actual no tiene nada que ver con lo que defendió mi hermano Fernando como dirigente socialista", afirma Mikel Buesa, que cree que el socialismo que defendía su hermano era "el de los valores republicanos, los de la Revolución Francesa".

"El PSOE ahora es un tinglado para ocupar el poder, desideologizado, y que acepta todo tipo de particularismos como fuente de supuestos derechos. El resultado final es esta mierda que tenemos actualmente", sostiene el catedrático.

La sociedad vasca
El constitucionalismo en el País Vasco viene de recibir un batacazo histórico. Los resultados de las elecciones autonómicas hablan por sí solos. El PSOE obtuvo 10 diputados y la coalición PP + Cs, tan sólo 5 de los 75 en reparto.

- Partido Popular, Ciudadanos y PSOE han obtenido resultados pobres en el País Vasco, ¿por dónde pasa la regeneración del constitucionalismo?
- Yo no creo que el PSOE sea un partido constitucionalista. Su política, en la práctica, cuestiona la Constitución continuamente. Lo hemos visto en el estado de alarma, con un abuso de poder que iba más allá de la Constitución. Yo no digo que no haya que meter a la gente en su casa para que no se infecte. Lo que digo es que si la metes en su casa, hazlo con el instrumento que la Constitución ha establecido: el estado de excepción.

- ¿Qué partidos son, a su juicio, constitucionalistas?
- El PP es el único partido que se ubica netamente dentro de la defensa de la Constitución del 78 y sus valores. Vox también es un partido que formalmente respeta la Constitución, pero quiere cambiarla en un sentido que implicaría un vuelco considerable. El constitucionalismo se ha reducido considerablemente en cuanto a su expresión política.

En este sentido, el votante socialista y constitucionalista se encuentra "huérfano" de proyecto político, según Mikel Buesa: "Si hay algún constitucionalista que sea socialista, está huérfano de proyecto político, pero no sé si queda alguno de ésos. Conozco a alguno, pero sin ninguna influencia dentro del partido. Ahí lo que se ejerce es el modelo leninista puro y duro, de disciplina férrea, en el que el presidente decide y los demás dicen 'amén' o se van a la puta calle".

- Se dice comúnmente que la sociedad vasca está "enferma". ¿Comparte esta apreciación?
- No creo que la sociedad vasca sea una sociedad enferma, lo que pasa es que es una sociedad en cierto modo muy posmoderna, centrada en el interés más que en las ideas. Salvo las minorías radicales, que están muy ideologizadas.

El CAC elogia la "diversidad" en TV3, que da el 91% de su tiempo informativo a los grupos separatistas
Pilar Rahola dispone de casi cuatro horas mensuales para sus homilías separatistas en la cadena autonómica, que los trabajadores llaman "Telerahola"
Pablo Planas  Libertad Digital 17 Julio 2020

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) opera sin ningún tipo de rubor como agente blanqueador de los medios públicos de la Generalidad. Las formas democráticas en el organismo nunca han importado demasiado, pero menos importa aún la realidad. "Los informativos de TV3 fueron los que recogieron más diversidad de voces políticas en los dos primeros meses de 2020" es la principal conclusión del último informe del organismo censor de la administración catalana. Lo que no dice que la inmensa mayoría de esas voces representaban al separatismo.

La diversidad referida por el CAC consistió en dar la palabra a ERC, el PDeCAT, Junts per Catalunya (JxCAT), la Crida per la República, el Consell per la República, la ANC, Òmnium y la CUP y reducir a la mínima expresión las informaciones procedentes de partidos y entidades no separatistas.

Al hilo, el consejero del CAC a propuesta del PP, Daniel Sirera, ha emitido un voto particular en el que denuncia que entre enero y febrero de este año TV3 dio el 91% de tiempo de palabra a entidades independentistas frente a un 8,6% a las no independentistas. El porcentaje en la emisora oficial de radio, Catalunya Ràdio fue del 78,7% para las entidades separatistas frente al 21,3% para las que no son separatistas. En el caso de TVE Catalunya, el 57,2% del tiempo para los grupos separatistas y un 42,9% para los no separatistas.
Entrevistas y actos en directo

En materia de entrevistas, los medios de la Generalidad también dieron un ejemplo de "diversidad" a la manera del CAC, de tal modo que de once entrevistas, once fueron a dirigentes de grupos separatistas y el resto, o sea cero o ninguna, a dirigentes de entidades no separatistas. Lo mismo sucedió con los actos organizados por dichas entidades. TV3 retransmitió diez actos del Consell per la República, la ANC y Òmnium, por cero actos no independentistas.

Sirera también destaca que el CAC considere perfectamente normal que la activista separatista y columnista de La Vanguardia Pilar Rahola disponga de casi cuatro horas al mes para sus homilías por la república.

En concreto, Rahola cuenta con una sección fija dos veces a la semana en el programa de tarde Tot és mou y con una aparición semanal en el programa de actualidad política Preguntes Freqüents. En total suma 220 minutos al mes en dos formatos que no permiten que nadie rebata sus opiniones. Los propios trabajadores de TV3 llaman a esa televisión "Telerahola".
 


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