AGLI Recortes de Prensa   Sábado 18  Julio  2020

Las tres razones por las que el fondo de rescate se le atraganta a Sánchez
Daniel Rodríguez Asensio  Libertad Digital 18 Julio 2020

Sánchez debe elaborar un programa creíble de reducción de gastos y reactivación económica capaz de compensar la caída de ingresos durante los próximos 2 años.

Por primera vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Sánchez. El acuerdo para desbloquear los 750.000 millones de euros provenientes de Europa que se está negociando este sábado en Bruselas comienza a ser urgente si queremos evitar males mayores en el Viejo Continente, y más concretamente en dos de las 4 economías más importantes: España e Italia.

Los medios mainstream han calificado de "fracaso" la gira europea de Sánchez en busca de financiación sin condicionalidad asociada. Personalmente, creo que es una reacción lógica por parte de una serie de países que llevan años haciendo reformas y que ven cómo en socios rescatados (léase Irlanda, Portugal y Grecia) las finanzas públicas tienen un aspecto saludable, mientras que en España hemos preferido mirar hacia otro lado.

Fundamentalmente hay 3 razones por las que Europa se muestra reticente a desbloquear el Fondo de Rescate:

1. Irresponsabilidad fiscal
España entró en la Unión Europea gracias a los esfuerzos que tuvimos que hacer todos los españoles durante años para cumplir el Tratado de Maastricht. Gracias a las reformas estructurales y al firme compromiso con unas finanzas públicas saneadas, nuestro país sorteó la crisis del 2000 (burbuja puntocom) y, lejos de ser parte del problema europeo fue parte de la solución. Tanto es así que mientras en Estados Unidos sufrían una de sus mayores crisis y Europa crecía por debajo del 1% , nosotros lo hacíamos al 3%.

Dicho de otra manera: fuimos motor económico de una de las zonas económicas más pujantes del mundo. Algo muy lejano a lo que ocurre en este momento. España fue uno de los países más castigados desde el punto de vista fiscal de la crisis de 2008. Podemos debatir si se podría haber hecho más, pero el esfuerzo fiscal que se realizó para devolver las finanzas públicas a una situación de estabilidad presupuestaria fue reseñable y continuado en el tiempo. Hasta que Sánchez llegó al gobierno.

2019 fue el primer año completo en el que un gobierno socialista estuvo al cargo de la política económica del país. Y los resultados no se han hecho esperar: primer año de incremento del déficit (3 décimas, hasta el 2,8% del PIB), una deuda pública que no se ha consolidado y un patrón de gasto desbocado.

¿Recuerdan cuando en 2019 los actuales responsables gubernamentales alardeaban de "crecer por encima de la media europea"? Bien. Pues, tal y como hemos advertido en esta columna, lo hacíamos con cargo al segundo mayor déficit de toda Europa.

2. Descrédito internacional
Con estas credenciales hemos afrontado la crisis del coronavirus, con unos resultados, a la vista de los estudios internacionales, nefastos. Abordamos tarde el problema de salud pública que teníamos en España, lo abordamos con la regulación más restrictiva de Europa y el plan de desescalada fue arbitrario y politizado.

Así, la crisis sanitaria la abordamos tarde y mal. A la económica, ni nos hemos presentado. Ya hemos comentado en esta columna que España ha sido el único país de Europa en el que no se han rebajado impuestos ni se ha elaborado un plan de ayudas serio y consensuado para las empresas.

Por eso, y no sólo por nuestro modelo productivo (como algunos pretenden hacernos creer) seremos el país más afectado por la pandemia, sin que nuestro gobierno tenga ningún plan más allá de acudir a Europa a pedir recursos no sabemos muy bien para qué.

Todos tenemos claras las reformas que necesita España. Lo único que necesitamos es voluntad política y espacio fiscal para llevarlas a cabo. Los países nórdicos saben, mejor que nadie, que más recursos sin condicionalidad asociada y a fondo perdido es la excusa perfecta para seguir esquivando los necesarios movimientos para el futuro de nuestro país y que, sin embargo, con total seguridad tendrán un coste en términos electorales. Especialmente para un gobierno populista como el nuestro. Y a los efectos del QE me remito.

3. Alejamiento de la diplomacia europea
Es momento de recordar, por lo tanto, ilustres movimientos y declaraciones de este gobierno, entre las que merece la pena destacar:

Una salvaje subida del 33% en el SMI no tiene efectos sobre el empleo.

Hay margen para gastar más e incrementar el gasto público.

Derogaremos la reforma laboral, eliminaremos el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, etc.

Y, por si esto fuera poco, a principios de año el gobierno de España echó un pulso severo a Europa que ahora nos está pasando factura. ¿Recuerdan el Delcygate y la negativa a recibir a Juan Guaidó por parte del Presidente del gobierno de España? La diplomacia europea sí. Y esto también es consecuencia de aquello.

Las necesidades de financiación de la administración pública para 2019, como hemos comentado varias veces, ascienden a 300.000 millones de euros. De ellos, aún quedan por obtener en los mercados más de 120.000 millones, según los informes de Contabilidad Nacional y del Tesoro Público.

No me sorprende que los consigamos, con unos mercados sedientos de rentabilidad en un mundo ahogado por las políticas monetarias y falto de productos financieros atractivos sin riesgo. Sin embargo, los 140.000 millones provenientes de Europa (70.000 millones en 2019) son un sedante irrechazable y un mecanismo que, efectivamente, ahuyentaría muchas de las dudas en torno a la capacidad de financiación española.

Pero con estas credenciales nos hemos presentado a Europa. Y nuestros socios han contestado. Afortunadamente, lo han hecho con visión a largo plazo y velando por el bienestar del proyecto europeo.
Se necesitan reformas

Vienen tiempos duros, sin duda. Lo mejor que nos podría ocurrir es que nuestro gobierno entrara en razón e iniciara la senda reformista que necesitamos sin que Europa nos la tuviera que pedir. Un programa creíble de reducción de gastos y reactivación económica capaz de compensar la caída de ingresos durante los próximos 2 años es, sencillamente, imprescindible. Debemos recordar el clamor de AIREF al respecto: España necesitará dos décadas de ajuste fiscal "similar al de los últimos años" para volver… ¡a los niveles de 2019!, ya de por sí elevados.

Sánchez podrá desoír las advertencias a nivel interno y de las casas de analistas internacionales, pero no de los que van a ser sus principales acreedores. Desafortunadamente, tendrá que ser Europa quien nos diga lo que debemos hacer. Y, créanme, será más doloroso.

Pero España tiene una oportunidad de volver a situarse a la cola de generación de actividad económica, inversión e innovación como lo ha hecho Irlanda en los últimos años. Aprovecharla o no está en nuestras manos.

El dinero de la UE tampoco crece en los árboles
José Maria Rotellar García okdiario 18 Julio 2020

Durante estos viernes 17 y sábado 18 de julio se está celebrando la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo sobre el reparto del fondo europeo, en parte no reembolsable, cuyo primer planteamiento se hizo en junio, pero que, dado el desacuerdo existente sobre sus características finales, su debate se pospuso hasta esta cumbre.

El presidente Sánchez inició días antes una ronda visitando a diferentes dirigentes de la Unión Europea (UE) para tratar de convencerlos para que tanto los fondos no reembolsables (subvenciones), como la parte de préstamos blandos con amplios períodos de carencia, no conllevase el establecimiento de una serie de condiciones para España, en el sentido de que no fuese obligado el Gobierno español a realizar una serie de reformas estructurales, de ajuste de gasto y de saneamiento de las finanzas públicas.

Dicho fondo es por un importe de 750.000 millones de euros, de los que 500.000 millones tendrán la forma de transferencias no reembolsables, es decir, subvenciones a fondo perdido, y 250.000 serán préstamos que los Estados tendrán que devolver, con carencia de principal hasta 2028, a pagar en un máximo de treinta años. La movilización de estos recursos financieros se nutrirá del presupuesto de la UE en el período 2021-2027, dotado con 1,1 billones de euros. Para financiar dicho fondo, la Comisión emitirá deuda en el mercado directamente, con la calidad crediticia de la UE (AAA), y ampliará su techo de recursos propios, para que no sea necesaria una elevación de la aportación de los países.

De ser aprobado definitivamente, España será el segundo país que más fondos brutos recibirá, pues le asignan 77.324 millones a fondo perdido y la concesión de préstamos por valor de 63.122 millones de euros. Ahora bien, hay dos matices importantes: una cosa es que se eleve el techo de recursos para no tener que elevar más las aportaciones y otra que los países no realicen dichas aportaciones al presupuesto, de manera que de esos 140.446 millones que le corresponderían a España en caso de salir adelante la propuesta de manera definitiva, tras las contribuciones españolas a los distintos organismos, resultará un saldo neto de entre unos 30.000 millones y 35.000 millones de euros.

Ahora bien, y aquí es donde tenemos que detenernos para recordar bien el origen de estos fondos: como hemos dicho, se nutren del presupuesto europeo, es decir, de los impuestos que pagamos todos los contribuyentes europeos. Ahora mismo, se ha entrado en una batalla en la que se enfrentan posiciones holandesas, austriacas, danesas y suecas, por un lado, y por el otro, francesas, italianas y españolas, donde el primer grupo reclama que se establezcan condiciones a los países que empleen esos fondos, y el segundo grupo no quiere condición alguna, especialmente el Gobierno español. Sin embargo, se está desviando la atención: hablamos de la existencia o no de condiciones como si dichos fondos fuesen un maná llegado del cielo, como si no nos costase nada a los ciudadanos, como si fuese un dinero que le regalan a la UE y que ésta reparte entre sus miembros.

Nada de eso: el dinero de la UE, todo, es dinero público, que se nutre de los impuestos que pagamos los contribuyentes. Se manejan cifras y se reclama un incremento de las mismas como si el dinero fuese gratis, y no hay nada gratis, sino que es dinero que, con mucho esfuerzo, han aportado todos los ciudadanos de la UE. Por tanto, no se puede malgastar, como no se puede malgastar ningún céntimo de dinero público, que es lo que son estos fondos. Por ello, es imprescindible que se lleve un control no sólo sobre España, sino sobre todos los países que reciban dichos fondos, porque será un control positivo para todos los ciudadanos de la UE, que con nuestro esfuerzo y trabajo sufragamos no sólo la cobertura financiera de las políticas económicas nacionales, sino también las de la UE, como ésta. Los contribuyentes merecen que se vigile y controle que no se dilapida el dinero aportado con su sacrificio.

Por tanto, no se puede no imponer ningún control y dejar que el dinero se malgaste, se despilfarre o se convierta en estructural con la excusa de que la crisis del coronavirus lo hace necesario. No se necesita más gasto, sino un gasto más eficientemente gestionado. Es obvio que tiene que haber un nivel de gasto adecuado para poder proveer los servicios esenciales y básicos, desde luego, pero lo que no puede es incrementarse el gasto de manera exponencial en muchos temas no esenciales, porque eso hay que pagarlo, y el dinero no crece en los árboles, ni en cada uno de los países ni en la UE; el dinero público es de los contribuyentes, y se financia o con más impuestos, o con más deuda (que es un impuesto diferido) o con inflación (que es una forma de impuesto regresivo). Es decir, al fin y al cabo, todo con impuestos. Los impuestos frenan la actividad económica y el empleo y, con ello, la prosperidad. Por ello, es esencial que los ciudadanos sean conscientes de que nada es gratis y que cuando un político les prometa una actuación de incremento de gasto, piensen en que, paralelamente conllevará un aumento de impuestos, sea en su país o venga de la Comisión Europea, porque, al final, el dinero sale del mismo sitio, que no es otro que el bolsillo de todos y cada uno de los contribuyentes.

El núcleo irradiador de Sánchez se apaga en Europa
Daniel Lacalle El Espanol 18 Julio 2020

"You never give me your money you only give me your funny papers", Paul McCartney, John Lennon

Un Gobierno reformista no debería temer a las reformas. Cuando un gobernante tiene un firme compromiso con los cambios estructurales, la competitividad y el fortalecimiento de la economía, no teme el escrutinio de sus socios ni rechaza acuerdos que revaliden ese compromiso.

El fracaso de la gira europea de Sánchez se enmarca en dos enormes errores: No haber presentado ante los socios a los que quería convencer un plan serio y detallado de estabilidad presupuestaria y negarse a que se monitoricen las ayudas.

La canciller alemana Angela Merkel estrecha la mano al presidente español Pedro Sánchez.

La canciller alemana Angela Merkel estrecha la mano al presidente español Pedro Sánchez. Juan Carlos Hidalgo EFE

¿Qué pretendía el Gobierno, que los países responsables le diesen carta blanca porque sí?

¿A quién se le ocurre ir a una reunión con otros Gobiernos sin una memoria económica, un plan serio y detallado que solvente las dudas sobre nuestra credibilidad?

¿Qué problema puede tener el Ejecutivo en que la Unión Europea monitorice las ayudas si vamos a dirigir los fondos de manera eficaz y transparente?

Lo peor de la gira de Sánchez es que seguramente el presidente y su batería de asesores pensaron que nuestros socios, incluidos los socialdemócratas, pero no despilfarradores suecos, iban a caer rendidos ante el carisma infinito del líder español y cambiar de opinión al recibir la luz del núcleo irradiador.

Seguramente el presidente y su batería de asesores pensaron que nuestros socios iban a caer rendidos ante el carisma infinito del líder español

Un Gobierno serio y comprometido con las reformas estructurales no solo estaría encantado de recibir el escrutinio de otros socios comunitarios, sino que se habría presentado proactivamente con un plan de reformas que cimentara su credibilidad.

Sin embargo, nos encontramos que la postura del Gobierno español es muy diferente. Ofrecerá, como reflejaba Invertia el viernes, tomar una cantidad menor de ayudas a cambio de que no le pregunten para qué se van a usar.

Piénsenlo un momento. Un Ejecutivo que habla de la urgencia de las ayudas y de la importancia de maximizar las mismas se presenta ante los países de la Unión Europea con la maravillosa oferta de recortar los fondos que vamos a recibir los ciudadanos y empresas a cambio de que no le pidan cuentas.

Es mucho más que una irresponsabilidad. Es una inmoralidad.

Es todavía peor. Porque lo que Sánchez intenta es crear el falso argumentario de que están evitando "a la Troika”. Un engaño a todos los contribuyentes cuando en la Unión Europea se están dando todas las facilidades para fortalecer a las economías y mantener el gasto esencial.

Lo que nadie va a aceptar es que un Gobierno que ha disparado el déficit un 24% con ingresos récord y duplicado el gasto gubernamental acuse a sus socios de insolidarios.

Otro de los asuntos que realmente enervan a cualquier contribuyente es la inacción y falta de iniciativa ante los fondos europeos. Se repite una y otra vez que nos va a llover el dinero y, además de ser falso, no se está haciendo nada en cuanto a presentación de proyectos.

Parece que el Gobierno ignore que el Fondo de Recuperación es para el sector privado y público, no solo para el estado, y que hay que presentar proyectos serios y concretos para recibir esos fondos.

Nadie va a aceptar que un Gobierno que ha disparado el déficit un 24% acuse a sus socios de insolidarios.

Al rechazar cualquier escrutinio y auditoría del uso de los fondos europeos, el gobierno reconoce implícitamente que tiene la intención de usar ese dinero para gasto político y clientelar.

Ya avisamos el año pasado del error de fiarlo todo a la política monetaria y al aumento de ingresos eterno. Ambos errores nos llevan a un problema de medio y largo plazo que excede en mucho el episodio de los fondos europeos.

Primero, el Fondo Europeo, incluso si se implementa según lo anunciado, supondría un máximo desembolso para Italia y España de 5.000 millones de euros en 2021 y 22.000 millones en 2022.

Es decir, que en el mejor de los casos no se genera el más mínimo impacto real sobre un déficit desbocado que la propia AiREF ya calcula en el 14,4% del PIB en 2020 y que, en nuestras estimaciones, no bajaría del 8,5% en 2021. Estamos hablando de un déficit esperado entre 2020 y 2022 de mas de 250.000 millones de euros.

Segundo, las subidas de impuestos al trabajo de 2018 y 2019 no solo no han mejorado el déficit en tiempos de bonanza, sino que lo han empeorado durante la crisis.

Pretender "recaudar más"subiendo impuestos es simplemente hilarante cuando los beneficios empresariales de 2022 seguirán por debajo de 2019, cuando SP Ratings alerta de un enorme aumento de los créditos morosos y a la vez se retrasa la recuperación del empleo.

La batería de subidas de impuestos que anuncian solo está poniendo escollos a la recuperación y no recaudarían en el escenario más optimista ni un 5% del déficit anual.

Se van a tener que tomar medidas serias en el gasto rápidamente. Si no recortan el gasto innecesario, subvenciones cuestionables y duplicidades en 2020, nos vamos a encontrar con verdaderos recortes de todo en 2021 o 2022.

La batería de subidas de impuestos que anuncian solo está poniendo escollos a la recuperación

El fracaso de la gira de Sánchez no es un fracaso de Europa. Es la constatación de que el proyecto europeo solo se va a reforzar si se convierte en una unión donde la solidaridad se da con responsabilidad y donde la fuerza viene de la gestión prudente de los mal llamados "frugales"-mejor dicho, responsables- que es lo que tenemos que adoptar todos.

El ejemplo de Suecia al rechazar la irresponsabilidad del Gobierno de España demuestra que la socialdemocracia no es despilfarro y que la solidaridad no es donación.

Habrá Fondo de Recuperación, tendrá condiciones y será bueno que las tenga. Ni el Fondo de Recuperación es la solución a los problemas estructurales españoles ni las condiciones deberían llegar de fuera. Las tendríamos que presentar nosotros, mostrando que somos socios fiables y comprometidos con la estabilidad presupuestaria.

Sin relevo policial en Cataluña: Marlaska no quiere molestar al independentismo
OKDIARIO 18 Julio 2020

El próximo 20 de julio, 800 policías abandonarán Cataluña tras una petición de traslado. Es la regla habitual que viene cumpliéndose en los últimos años: llegan a Cataluña destinados por Interior y a los dos años reglamentarios, el mínimo de estancia requerida, solicitan un nuevo destino, hartos del hostigamiento del que son objeto por parte del independentismo. Los agentes que se marchan tras haber solicitado voluntariamente el traslado supondrán la pérdida de una cuarta parte de los efectivos que a día de hoy están destinados en esa comunidad autónoma.

Lo que convierte en excepcional la retirada de este año es que normalmente el Ministerio de Interior suplía estas bajas con nuevas incorporaciones de manera inmediata, procedentes de los alumnos recién salidos de la Academia. Sin embargo, ahora el Ministerio tiene previsto dejar diez días bajo mínimos al cuerpo. Algo que la plantilla de agentes destinados en Cataluña no había visto nunca, especialmente porque en esta temporada del año es cuando se producen repuntes de delincuencia que requieren de refuerzos policiales. Todo ello en un contexto en el que Cataluña está registrando unos datos de incremento de causas penales y criminalidad claramente superiores a los que registran otras regiones de España similares, como es el caso de la Comunidad de Madrid. En concreto, en Cataluña los índices de criminalidad superan un 20% a los de la comunidad madrileña.

La Policía Nacional y la Guardia Civil sufren un continuo acoso en Cataluña, pero desde la celebración del referéndum ilegal del 1-O en el año 2017 ha crecido de manera exponencial. Uno de los momentos más violentos se vivió el pasado mes de octubre cuando grupos radicales independentistas asediaron Barcelona provocando heridos entre los agentes que formaron el dispositivo.

Tendrá que explicar Grande-Marlaska las razones por las que este verano no habrá relevo policial en Cataluña. ¿Será porque no hay que molestar al independentismo catalán?

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Desparrame gubernamental

Jimmy Giménez-Arnau okdiario 18 Julio 2020

Esos 20 rollos vomitivos que nos largó Sánchez en sus homilías mal leídas, de nada le sirvieron. El autobombo acabó en decepción, sin lograr engañar a nadie de que él era, el héroe que derrotó al virus, título que quiere arrogarse a pesar de “la gestión horripilante que ha hecho el Gobierno de la pandemia” (Luis Herrero). Cincuenta mil fallecidos han vuelto de sus tumbas para certificar que las ridículas fantasías de este presidente tan inepto como fatuo, sólo son patrañas. Aquel que cree ser un héroe hoy anda de capa caída y se le reconoce como el enterrador. Los rebrotes, han dinamitado su credibilidad, los laureles que adornaban sus sienes, han desaparecido. Confundir Moncloa con Olimpo es la vía más rápida hacia el manicomio.

Cambridge, la Universidad con más prestigio del Reino Unido, pues Oxford ocupa el segundo lugar en honores y logros, sitúa a España en el último lugar de los gestores de la pandemia. De entre 33 países somos el peor clasificado. De ahí que, la patrocinada por Sánchez a liderar el Eurogrupo Nadia Calviño, fuera devuelta embalada en paja y vía express, al ser vista como un producto social-comunista algo nocivo. Así sacrificó el susodicho iluminado a una ministra cuerda. Parece obvio que el que está mal visto en la UE es el mandatario. No entiendo porqué no mandó a Bruselas a Irene Montero, que aquí no pinta nada. Supongo que debido a la crítica que hizo Lidia Falcón, una feminista de verdad, al acusar a Iglesias “de haber creado un ministerio para que Irene se divierta con su pandilla”, ¡Jo, tía!

Sigamos con el desparrame. La impresión que da Sánchez en Europa es que está a merced de los acontecimientos y de sus avaros socios que esperan que se subasten pronto los 140.000 millones prometidos. En cuanto lleguen esos millones, que no serán tantos, el núcleo duro de tales dudosos amigos del presidente, formado por bolcheviques, etarras y demás separatistas, rubricarán la nueva versión del entierro de Zorba el griego: ¡A trincar y viva el despelote! Y como al inepto se lo ocurra no darles hasta el último millón que exijan, lo sacarán a patadas de Moncloa. Por qué, si no, el holandés, el sueco, Merkel y los satélites frugales del Eurogrupo, le han puesto cara de perro al cisne en su patética gira veraniega. Nadie confía en Sánchez, ni tan siquiera él. Y Trump, en su último discurso, lo ha dejado claro: “Los Estados Unidos no quieren oír hablar de socialistas y comunistas”.

Tres buenas noticias para que el desparrame no sea total. La UE nos prestará, no regalará, la pasta, que no quiere transferencias directas que no vayan a ser devueltas, (las cuentas que presente este caótico Gobierno serán supervisadas con lupa). La vacuna contra el virus, cada día que pasa, está más cerca. El Real Madrid ha ganado la Liga, ahora va a por la Champions.

La selectividad y la lengua de un imperio
Daniel López. Doctor en Filosofía. https://nacionespanola.org/

En el examen para acceder a la universidad los alumnos valencianos han tenido que tragar con la tarea de realizar un comentario de texto de una noticia del diario Levante sobre un informe del Consejo de Europa en el que se sostenía que el idioma valenciano «se encuentra en una situación preocupante, sobre todo en el marco de la Administración del Estado y del sistema judicial». Y se criticaba la ley autonómica del 2018 y a la vez se hacía eco de un informe que varias organizaciones entregaron a la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalidad Valenciana para que se visibilizase «la discriminación que padece la ciudadanía que habla valenciano en el País Valenciano». Puede que sea la discriminación del valenciano en pos del catalán, pero de eso apenas se habla.

Sea como fuere, el caso es el victimismo separatista que usa la lengua del terruño -esto es, que no trasciende el mismo- como rasgo «identitario» -se dice- y como lo más sagrado de la cultura y del pueblo, frente a la imposición del «centralista» e «intolerante» «castellano».

Pero el caso que más ha llamado la atención es el examen de Lengua y Literatura catalana de selectividad para acceder a la Universidad de las Islas Baleares (UIB), y no ya a la Universidad de Barcelona. En dicho examen se ha puesto a los alumnos un comentario de texto catalanista contra «el castellano». Se trata de un artículo que se publicó el 27 de diciembre de 2019 en el diario separatista Ara.cat, que firma el escritor y columnista mallorquín -pero que escribe en catalán- Melcior Comes.

En el texto -que los alumnos tenían que comentar y dar su opinión- el autor se lamenta de que los asistentes de voz electrónicos no estén todavía adaptados para procesar y contestar en catalán, y si no llega el día en que ya estén adaptados entonces -vaticina el autor- «estamos perdidos», ya que «si nos pasamos tantas horas hablando con estos aparatos en castellano será una derrota más de nuestra lengua, más significativa que la que sufrimos día a día en la administración de Justicia o en la cartelera del cine».

Pero el autor se congratula de que cada día haya más usuarios empeñados en introducir el catalán en estos medios y así ayudan «a los usuarios de los países catalanes»; como si a éstos el español les sonase a chino y no fuese también «nuestra lengua»; como si el español no fuese una lengua cooficial sino una lengua no sólo extraña sino además, y fundamentalmente, opresora; como si fuese el catalán y no el español una lengua perseguida.

Sin embargo, en este caso, el de los ideólogos del diario Ara y los examinadores de selectividad, no se trata de imponer el mallorquín (que impuesto contra el español igualmente sería un atropello y una enorme imprudencia), sino el catalán, y junto al mismo el adoctrinamiento separatista y el fantasioso imperialismo de los «Països Catalans».

Pero la frase que más polémica ha despertado es la siguiente: «Estamos hablando con un asistente que nos ayuda o distrae, no con un guardia civil, pero de momento no tira si no le hablas en la lengua de un imperio». Curiosamente, cuando en la página web del diario se pulsa la opción de traducir el texto al español, esta frase -que cierra el párrafo- desaparece.

El caso es que es completamente cierto que el español es la lengua de un Imperio (como lo es el inglés, y en menor medida el francés; y como en su momento lo fue el latín a través del Imperio Romano). Y eso, lejos de ser una vergüenza, como insinúa este autor y los examinadores mallorquines, por no hablar de cómo lo presenta la prensa nacional (no ya pro-secesionista), es un motivo de orgullo y satisfacción por su potencia y universalidad.

Porque la lengua es siempre compañera del Imperio, como muy bien sabía Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana que se publicó en 1492. Y si el español a día de hoy es un idioma universal con aproximadamente 500 millones de hispanohablantes es precisamente porque fue la lengua de un Imperio y no por el mito de la cultura, o porque hablando se entiende la gente.

Y no es sólo una cuestión del pasado o del presente pero simplemente en forma de reliquias y relatos, porque esos 500 millones de hispanohablantes se distribuyen en la actualidad en 21 naciones políticas que tienen al español como lengua oficial de sus respectivos Estados (a lo que hay que sumar el crecimiento del español en el Imperio Estadounidense). Curiosamente en el único país donde se persigue y se discrimina al español, sobre todo en las aulas, es en la propia España; señal de lo mal que estamos: como si fuese inexorable el camino hacia la disolución de la nación.

En tiempos coronavíricos, donde va a configurarse un nuevo escenario mundial, es más importante que nunca reivindicar al español (que no «castellano») como una lengua universal (lo que no es el esperanto que nadie habla, y lo que no es -porque no puede serlo- el catalán, como tampoco el mallorquín y el valenciano; ni tampoco el gallego y ni mucho menos el euskera o los bables). Y sí: es el idioma de un Imperio. De un Imperio generador cuya norma era la simetría entre la España peninsular e insular y la nueva España americana. Por ello, si España quiere decir algo en el escenario geopolítico que se avecina tiene que ser, entre otras cosas, a través de la lengua de un Imperio; porque lo demás es una torre de Babel en la que hablando no se entiende la gente y en donde divididos seremos vencidos.

Sensación de absoluta indefensión
Editorial ABC 18 Julio 2020

El mismo día en que la Generalitat de Cataluña pidió a sus ciudadanos que eviten salir de sus domicilios y decretó una suerte de confinamiento exprés por el rebrote del coronavirus, consintió la paradoja de que líderes del proceso separatista ya excarcelados, y en un abusivo régimen de semilibertad, hicieran ostentación pública de sus delitos y una exhibición de sus deseos de reincidencia. Si lo que hace Torra en la Generalitat no es una prevaricación flagrante, se le acerca mucho. No son de extrañar este tipo de decisiones en Torra, condenado ya por desobediencia y que, inexplicablemente -cosas del garantismo de nuestro sistema judicial-, sigue aferrado a su cargo de presidente autonómico sin más legitimidad que la de su propio ego, y sin más respeto por las reglas del juego que el que impone la dictadura de su noción del independentismo. El separatismo, y ayer se volvió a escenificar, sigue en pie, y ello solo es posible por la debilidad que demuestra nuestro Estado de Derecho permitiendo que condenados a trece años de cárcel por delitos muy graves estén en la calle, solo diez meses después de su sentencia. Es inexplicable, una afrenta a la legalidad, un escarnio para nuestros Tribunales y una muestra de desprecio a los ciudadanos que confían -cada vez menos- en la Justicia. Porque esta es una Justicia a la carta, derivada de que Cataluña tenga cedidas las competencias en materia penitenciaria. La sensación de indefensión para los españoles que mantienen su fe en la democracia y en la separación de poderes es absoluta.

Mitin y desafío en la calle. Al haber formalizado la concesión del tercer grado penitenciario a los presos condenados por sedición, lo primero que hizo ayer Jordi Cuixart fue dar un mitin en plena calle, vanagloriarse de que volverán a ejecutar una declaración unilateral de independencia, y jactarse en tono belicista de que no tienen miedo. Porque en eso se basa buena parte del independentismo, en generar miedo y odio. A la Generalitat no le ha bastado con convertir las celdas en oficinas, o con facilitarles un régimen de privilegios que ningún otro interno tiene en España. La comparación con el tercer grado denegado ayer a Iñaki Urdangarín, por ejemplo, es notoria. A Torra no le ha bastado con crear un oasis carcelario para presos vip, capaces de mofarse del sistema penitenciario y de los ciudadanos que creían sentirse amparados por el Código Penal. No le ha bastado con crear falsas víctimas de un sistema «opresor», en lugar de tratarlos como lo que realmente son: unos delincuentes incapaces de hacer un mínimo gesto de arrepentimiento, algo que debería ser imprescindible para acceder a la libertad. Tenían que salir de prisión a toda costa. Y, por supuesto, tenían que humillar al Estado, ensalzar la impotencia de los jueces, reivindicar el golpismo e invocar la sedición como una forma de rebeldía. España tiene motivos para estar perpleja y albergar dudas sobre la eficacia del sistema frente a quien se ha propuesto destruirlo.

El separatismo acaba de entrar en campaña, que es lo único que le interesa a Torra una vez reafirmada la evidencia de que su gestión de la salud pública en Cataluña es tan caótica como sus delirios rupturistas. Torra solo entiende de campañas orquestadas para torpedear la unidad de España y pisotear la ley a capricho. Su inhabilitación debería ser confirmada por el Tribunal Supremo cuanto antes, porque ningún catalán, y ningún otro español, merece que siga cobrando un solo euro de sueldo público. El daño que está haciendo a las instituciones es ya irreversible, y el Gobierno de Pedro Sánchez, tan alérgico a los planes B como connivente con el separatismo, debería empezar a pensar en desempolvar la aplicación del artículo 155 si los líderes del «procés» reeditan su proyecto destructivo, como prometen. Sánchez debe saber que ya no caben más conductas melifluas, más estrategias de «apaciguamiento», ni más contemplaciones jurídicas con unos golpistas que amenazan con reincidir. Y también la oposición debe escandalizarse con este hurto a la legalidad y asumir de modo radical que si no lidera una denuncia drástica de estas excarcelaciones no será creíble. No vale mantener un perfil bajo ante este abuso.

Queda el Estado. La Fiscalía y el TS no pueden permanecer inermes ante esta tropelía jurídica, repleta de agravios para miles de presos, porque la Justicia no puede consentir que haya ciudadanos que se ufanen de delinquir, les salga gratis y además presuman de ello. Sería como decirle al ciudadano que no sirve de nada ser ejemplar, obediente con la ley, pagar los impuestos y confiar en sus instituciones. Lo que hace el separatismo hoy es recuperar un alegato a favor del caos, retando al Estado a que haga dejación de sus funciones.

La corrupción política de las leyes
Editorial La Razon 18 Julio 2020

Con la concesión del tercer grado penitenciario a los presos del procés, la Generalitat actúa por motivos puramente políticos y al servicio de la ideología de los partidos gobernantes»

Nunca estuvo en el ánimo del legislador, al menos desde la extensión conceptual de los derechos humanos, convertir la política penitenciaria en un mero instrumento de castigo o de venganza social. De ahí, la existencia de un cuerpo normativo que busca el tratamiento individualizado de los reclusos y que permite medidas graciables en función de las características y evolución personal de los condenados. En no pocas ocasiones, ese componente, llamémoslo, humanitarista de las leyes penales choca con un exacerbado sentido justiciero de la sociedad, que, como prueba la experiencia, siempre exige penas más largas y mayor rigurosidad en su cumplimiento. Por ello, lo que se espera de las instituciones es que impongan el espíritu de la ley por encima de las pulsiones más primarias de la opinión pública, poco dada por lo general a aceptar esa máxima de Concepción Arenal que animaba a odiar el delito y compadecer al delincuente.

Valga este preámbulo para disipar cualquier intención vengativa por nuestra parte a la hora de denunciar la gravedad de un caso de corrupción de las normas, como es la concesión del tercer grado penitenciario a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por su participación en la intentona golpista de octubre de 2017. En apariencia, pero sólo en apariencia, la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña, titular de las competencias de prisiones, estaría cubierta por las disposiciones de la Ley General Penitenciaria que, en cuanto a la clasificación en tercer grado de los reclusos, señalan como condiciones que éstos hayan mantenido buen comportamiento en prisión, tengan un entorno social estable y estén insertados en la sociedad. Sin embargo, falta un requisito fundamental, que se requiere desde el mismo principio reeducador de la pena, como es el de la asunción del delito cometido y el arrepentimiento por parte del reo. Como abunda la jurisprudencia sobre esta cuestión, no es preciso extenderse, baste, como ejemplo, el auto de denegación del tercer grado al ex ministro Jaume Matas, dictado en noviembre de 2014, en el que el magistrado actuante recalcaba que aunque ese tipo de reclusos –«de guante blanco»– suelen estar plenamente insertados en la sociedad y mantener un buen comportamiento en prisión, «no hay prueba alguna de la existencia del arrepentimiento, asunción del hecho, conciencia del daño y del descrédito causado a la Institución Pública». Es más, en el caso que nos ocupa, existe prueba en contrario, es decir, de contumacia y rechazo de la legitimidad del tribunal sentenciador por parte de los reos.

Estamos, pues, ante una actuación de la Administración autónoma de Cataluña que supone la corrupción de la Ley por motivos puramente políticos y al servicio de la ideología de los partidos gobernantes. Una forma poco sutil, además, de reivindicar a los líderes naturales del separatismo catalán y mantener abierto el enfrentamiento con las instituciones del Estado, y, por supuesto, de ningunear a los jueces del Tribunal Supremo, dejando sin efecto por la vía de los hechos la sentencia por sedición. Insistimos en que no se pretende reclamar para los presos del procés mayores rigurosidades que a nada conducen. De lo que se trata es de impedir que un organismo público haga un uso descaradamente torticero del reglamento penitenciario. Un uso que, además, supone un agravio comparativo para otros reclusos. Cuando hablamos de personas privadas de libertad, es mucho más grave admitir los dobles raseros. La Fiscalía y los tribunales están obligados a recurrir el desafuero de la Generalitat, incluso, con la exigencia de las responsabilidades que, en su caso, hayan podido contraer los funcionarios. De lo contrario, podríamos dar por legitimada la amenaza más grave que ha sufrido la democracia española desde la Transición.

La Fundación DENAES se adhiere al manifiesto «Por un gran consenso educativo»  ¡Vaya disparate !
Fundación DENAES  18 Julio 2020

La Fundación DENAES,LogoDENAES-2.jpgen coherencia con sus objetivos programáticos, se adhiere a manifiesto «Por un gran consenso educativo», impulsado por el Foro de Profesores. He aquí el texto:

En el contexto de unas pruebas de selectividad marcadas por la desigualdad de criterios y de otra Ley de Educación sin grandes acuerdos, abogamos por un consenso nacional de largo alcance en materia educativa. Apostamos por una ley de educación basada en el consenso, la convivencia, el respeto, el conocimiento mutuo y los valores constitucionales.

España necesita urgentemente un sistema educativo de la máxima calidad mundial en todas las materias científicas, creativas, sociales y de humanidades, y que sea capaz de cuidar el talento, el esfuerzo, la igualdad de oportunidades, la creación de riqueza y la movilidad social y geográfica en todo el territorio.

Creemos indispensable fomentar una educación de calidad e independiente de las vicisitudes políticas, tanto nacionales como regionales, orientada a la investigación, el desarrollo, la innovación y la mejora de nuestros marcos económico y social, inmune a la instrumentalización política. Es urgente además un compromiso para aumentar de forma sostenida la inversión en investigación.

Somos conscientes de que una reforma integral de la educación requiere atención pormenorizada a todas las áreas académicas y vocacionales, a todas las etapas educativas, y a todos los contextos de enseñanza y aprendizaje, incluidas la educación especial, la concertada y todas las demás modalidades vigentes en España.

En un contexto de polarización y conflicto, creemos que las aulas deben ser lugares en los que se enseñe también a convivir, a reconocer y a valorar al otro. La educación en España debe fomentar el espíritu crítico y cívico, sin levantar muros. Se debe garantizar la no discriminación del alumno por su origen o condición.

Ilustramos esta petición con dos ejemplos palmarios de las consecuencias de las presentes inestabilidad normativa y atomización en diecisiete sistemas educativos: la instrumentalización de la lengua y de la historia para sacralizar la diferencia, soslayar lo común, y promover la disgregación social, territorial e identitaria (Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña y Agrupación de Enseñanza de Societat Civil Catalana, 2018).

La Lengua como elemento de separación
Apostamos por un bilingüismo real en todas las comunidades con otra lengua oficial además del castellano, sin exclusiones como las que hoy existen en determinadas CCAA (Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya, 2019).

En Cataluña, la “Ley de Normalización Lingüística” de 1983, reforzada por la Ley de Educación de Cataluña de 2009, estableció el catalán como lengua “normal” de la enseñanza, e impuso el nivel C de catalán como requisito para oposiciones, traslados y gestiones administrativas.

Este modelo supone que, mientras los alumnos catalanohablantes estudian en su lengua materna, los alumnos castellanohablantes tienen grandes dificultades para poder hacerlo. Se contraviene así el precepto internacional que establece la lengua materna como la mejor opción para enseñar a leer y escribir a los niños (UNESCO, 1953; ONU, 1989), lo cual también les facilita aprender un segundo idioma con más rapidez (UNICEF, 2016).

La inmersión se aplica en todo el periodo formativo de niños y adolescentes. En lugar de buscar un equilibrio entre las diferentes funciones del lenguaje, se antepone de manera sistemática su dimensión identitaria sobre sus vertientes comunicativa y de movilidad geográfica y social.

Los alumnos más perjudicados son los de nivel socioeconómico más bajo, pues no disponen de los medios necesarios para compensar los perjuicios de no poder estudiar y expresarse en su lengua materna. Los alumnos castellanohablantes presentan mayores tasas de fracaso y abandono escolar que los alumnos que sí pueden estudiar en su lengua materna (Calero, Jorge; Cho, Álvaro, 2019; Convivencia Cívica Catalana, 2017).

El sistema también perjudica a alumnos castellanohablantes recién incorporados, procedentes de otras partes de España y de países extranjeros castellanohablantes, a los que no se les presta un mínimo período de tiempo para estudiar en su lengua materna y no sufrir merma en su rendimiento. Además, los alumnos castellanohablantes con necesidades específicas de apoyo educativo, con dificultades de aprendizaje, aparte de tener que superar los obstáculos propios de sus limitaciones han de enfrentarse al obstáculo de estudiar en lengua no materna (PLIS Educación, 2020).

En varias CCAA se han incumplido de manera sistemática sentencias judiciales como las del Tribunal Supremo (TS) del 22 de diciembre de 2010, la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 31 de enero de 2014 y otras varias, perjudicando aún más a estos alumnos. El reciente informe del Defensor del Pueblo establece que el castellano debe aparecer como lengua vehicular en los proyectos lingüísticos de las CCAA bilingües, que la proporción razonable de castellano está fijada por jurisprudencia del Tribunal Supremo, que los responsables de este mínimo son los directores de los centros educativos, y que el no cumplimiento legitima incoar un contencioso administrativo (Defensor del Pueblo, 2020).

La Historia como sacralización de la diferencia
La falta de estándares comunes, la poca implantación de la Alta Inspección Educativa, y la vulnerabilidad de programas y libros de texto a las ambiciones políticas de los gobiernos autonómicos favorecen, entre otras cosas, un relato histórico tergiversado, que hace desproporcionado hincapié en la diferencia, cuando no en la superioridad, de lo local (Sindicato de Profesores AMES, 2017).

Hay una tendencia a subrayar las diferencias, mutilando o ignorando los elementos de unión. Se presenta una narrativa histórica de constante enfrentamiento en la que España coarta las libertades, las costumbres, las tradiciones y las lenguas. La suma de supuestos agravios genera rechazo y hostilidad hacia lo español, así como aversión a compartir un mismo proyecto de futuro, en lugar de fomentar la cohesión y el afecto. Se promueve, en definitiva, una identidad parcial y excluyente (Foro de Profesores, 2018).

El Ministerio de Educación no dispone ahora mismo de los mecanismos necesarios para armonizar y equilibrar estas tendencias. La Alta Inspección ha carecido de autoridad para implementar mejoras en beneficio del alumnado. La transferencia prácticamente total de competencias educativas a las Comunidades Autónomas ha sido el fruto de una perspectiva operativa cortoplacista, carente de un proyecto estratégico común, que ha contribuido a una fractura social, de la que todos somos responsables.

Por todo ello, creemos imprescindible una Ley de Educación de amplio consenso que, además de los principios descritos al comienzo del presente manifiesto, incorpore las siguientes medidas concretas:

La recuperación por parte del Ministerio de Educación de algunas competencias educativas fundamentales, como el control de la calidad de la enseñanza mediante el establecimiento de pruebas externas con valor académico al final de cada etapa educativa, idénticas para toda España, así como la autorización previa de los manuales escolares, el control directo de la inspección educativa y el abono de las nóminas de los funcionarios docentes, toda vez que son funcionarios del Estado y no de las CCAA.
Garantizar en las comunidades bilingües el derecho de los niños a ser educados en su lengua materna, si esta es una de las lenguas cooficiales. Y, en cualquier caso, garantizar un adecuado conocimiento de la lengua española por todos los ciudadanos, dado que es la lengua común de todos los españoles.
Garantizar un adecuado conocimiento científico de la Historia de España, de sus culturas y tradiciones, acorde con los valores constitucionales y europeos.
Promover una Ley de Educación inclusiva, para toda España, que evite que cada comunidad autónoma adapte los textos a su coyuntura política y que cada nuevo gobierno suponga una nueva reforma, blindando el proceso educativo contra injerencias políticas.

Barcelona, a 10 de julio de 2020

Estudios citados
Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña y Agrupación de Enseñanza de Societat Civil Catalana, 2018. Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre. [Enlace: https://www.aebcatalunya.org/images/informe-ensenanza.pdf ]

Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya, 2019. Los proyectos lingüísticos de la escuela pública catalana: la marginación del castellano. [Enlace: https://www.aebcatalunya.org/images/Informe_ProyectosLinguisticos_1.pdf ]

Calero, Jorge; Cho, Álvaro, 2019. Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellanoparlante en Cataluña. Estudios e informes de Sociedad y Educación. [Enlace: http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/SE-Inmersion-Cataluna.pdf ]

Convivencia Cívica Catalana, 2017. La evaluación PISA en Cataluña. [Enlace: http://files.convivenciacivica.org/Analisis%20de%20los%20Resultados%20de%20PISA%202015%20en%20Catalu%C3%B1a.pdf ]

Defensor del Pueblo, 2020. Informe anual de gestión de 2019. [Enlace: https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2019/ ]

Foro de Profesores, 2018. Manifiesto de profesores contra el adoctrinamiento en Cataluña. [Enlace: https://www.elmundo.es/espana/2018/10/02/5bb27a9822601d2d028b468b.html ]

ONU, 1989. Convención de los derechos del niño. Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 [Enlace: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf ]

PLIS Educación, 2020. 2L2 EPLIB. Estudio de los proyectos lingüísticos de centros educativos de Baleares, Enseñanza Infantil y Primaria. [Enlace: https://drive.google.com/open?id=1pk9_ldXNuLrh3sQjRKNymM1n6wABV2tp ]

Sindicato de Profesores AMES, 2017. Adoctrinamiento ideológico partidista en los libros de texto de Cataluña. [Enlace: https://ames-fps.com/adoctrinamiento_libros_sociales_5y6primaria_cataluna.pdf ]

UNESCO, 1953. The Use of Vernacular Languages in Education. Monographs on Fundamental Education, vol. 8. [Enlace: http://www.tolerancia.org/upimages/Manifiestos/unesco_1953_english.pdf ]

UNICEF, 2016. The impact of language policy and practice on children’s learning. [Enlace: https://www.unicef.org/esa/sites/unicef.org.esa/files/2018-09/UNICEF-2016-Language-and-Learning-Executive-Summary.pdf ]

El disparate del bilingüismo y los normalizadores no descansan en verano
Nota del Editor 18 Julio 2020

El bilingüismo que impone cualquier lengua regional es un disparate y ademas inconstitucional puesto que hay deber de conocer el español y no lengua regional alguna.

Por mucho que el tc se pase la C.E por el arco de triunfo, eso es lo que se votó, la letra, el espíritu y la historia.

Tras cuarenta años de imposición de lenguas regionales estamos haciendo el ridículo, el tonto, el idiota, permitiendo que poco a poco nos  "normalicen", porque un  ser español hablante es para ellos claramente un anormal y los normalizadores no descansan ni en verano, no quieren que quede por ahí perdido ningún español hablante.

He enviado un mensaje a Denaes para que se borren del disparate.


 


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