AGLI Recortes de Prensa   Domingo 19  Julio  2020

El estallido de la deuda pública española
Juan Ramón Rallo La Razon 19 Julio 2020

La deuda pública no es, en contra de lo que suelen sostener algunos economistas keynesianos, una «deuda que nos debemos a nosotros mismos». No es una deuda que, en consecuencia, no vaya a ser necesario reembolsar. Y no por el hecho de que muchos de los pasivos estatales estén en manos de inversores extranjeros (y tales inversores extranjeros no cabe calificarlos en modo alguno de «nosotros mismos»), sino porque la consolidación nacional de la deuda pública simplemente no es procedente. No en vano, los pasivos estatales son deudas que un subconjunto de la población (los contribuyentes netos) tiene la obligación de pagar mañana a otro subconjunto de la población (aquellos ciudadanos que hayan adquirido hoy tales obligaciones financieras). Así, cuanto más aumenta la deuda pública, más va aumentado la carga financiera sobre un creciente grupo de contribuyentes netos para reembolsar los derechos de cobro de los inversores.

De ahí que sí debamos mostrarnos muy preocupados por la evolución que está siguiendo la deuda pública española en medio de esta pandemia. Según hemos conocido esta semana, a finales de mayo el conjunto de las Administraciones Públicas ya adeudaba un monto de pasivos superior al 100% del PIB. Sólo durante ese mes, el endeudamiento se incrementó en 23.124 millones de euros. Y esta evolución no va a terminar aquí. También esta semana, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha alertado que nuestras cuentas públicas están más descontroladas de lo que inicialmente se esperaba.

En particular, la AIReF teme, en primer lugar, que el PIB pueda caer hasta un 12,4% en 2020 (frente a su estimación del 11,7%); segundo, que el déficit público se dispare hasta el 14,4% (frente a su anterior estimación del 13,8%); y tercero, que la deuda pública aumente hasta el 123,2% del PIB (frente a su estimación anterior del 122%). Este empeoramiento de la situación financiera del Estado durante el presente ejercicio se explica esencialmente por las medidas que se han aprobado desde el anterior informe de la AIReF: el Ingreso Mínimo Vital (aumento del déficit del 0,2% del PIB); extensión de los ERTE (aumento del déficit del 0,3%); y el incremento del gasto sanitario (aumento del déficit del 0,3%).

En conjunto, este agravamiento de la situación financiera de España también empeora notablemente nuestras perspectivas de futuro. Si en el anterior informe la AIReF estimaba que España necesitaría dos décadas de austeridad para regresar a los niveles de endeudamiento previos a la crisis (una década de reducción del déficit y otra década de equilibrio presupuestario), ahora el organismo teme que ni siquiera tras tres décadas de austeridad vayamos a ser capaces de reducir nuestra deuda pública por debajo del 100% del PIB. En su escenario más adverso, en el año 2050 todavía acumularíamos unos pasivos cercanos al 120% del PIB. Todo lo cual significa impuestos mucho más altos durante mucho más tiempo y, por tanto, mucho menos crecimiento económico futuro.

A la luz de semejante realidad, resulta del todo incomprensible que Sánchez siga empeñado en evitar la austeridad a toda costa. España necesita austeridad para volver manejable el monto de deuda pública que ahora mismo estamos acumulando. Sólo una persona profundamente irresponsable podría sobreendeudarse en el presente desentendiéndose del agujero financiero que lega a las generaciones futuras. Pero ese profundo irresponsable, por desgracia, es nuestro presidente del Gobierno.

Gasto público histórico
Otro de los datos preocupantes que nos ha dejado el último informe de la AIReF ha sido que, en 2020, el gasto público se ubicará entre el 52% y el 54% del PIB: un aumento de más de 10 puntos porcentuales con respecto a 2019. O expresado de otra forma: el sector público manejará durante este ejercicio un volumen de recursos equivalente a más de la mitad de todo lo que produce la economía española durante un año. Huelga señalar que el riesgo de despilfarro masivo resulta enorme bajo este escenario. Nuestras administraciones públicas simplemente no están adaptadas (ni capacitadas) para gestionar diligentemente tal cantidad de capital. De ahí que deberíamos esforzarnos por recortar hondamente el gasto durante los próximos ejercicios. Justo lo contrario de lo que aspira a hacer este Gobierno.

El riesgo de una segunda ola
Ahora mismo, el peor escenario en el que podría caer la economía española es el de una segunda ola con rebrotes masivos que obligaran a volver a cerrar la economía. Si eso se materializara, la caída del PIB sería mucho más profunda (porque no habría reactivación alguna en 2020) y el déficit público también resultaría aún más elevado de lo que pronostica la AIReF. Y, por desgracia, ese escenario va tomando cada vez una forma más definida: en Cataluña y en Aragón ya existe transmisión comunitaria no controlada y los focos crecen día a día en el resto de autonomías. ¿Por qué ha pasado esto? Porque salimos del estado de alarma sin una preparación suficiente: es decir, sin hacer suficientes tests a la población y sin contar con equipos de rastreadores que localicen y aíslen rápidamente los focos de contagio.

Venezuela, desolada
La situación económica venezolana es un auténtico drama. La Universidad Católica André Bello acaba de publicar la Encuesta de Condiciones de Vida de 2019 y el panorama es desolador: el PIB venezolano se ha contraído un 70% desde 2013. El 96% de la población venezolana vive ahora mismo en situación de pobreza. El 93% de los hogares manifestó estar preocupado por la provisión de alimentos y el 53% declaró haber dejado de efectuar alguna comida diaria por falta de comida. El 30% de los menores de cinco años sufre de desnutrición crónica, un porcentaje muy superior al de otros países hispanoamericanos y propio de las zonas más devastadas de África. Y el 19% de los hogares asegura que al menos uno de sus miembros emigró al extranjero en el período 2014-2019. El socialismo es miseria.

Nadeando en la nada
María Jesús Pérez ABC 19 Julio 2020

Se empieza la batalla vencido, y después toca rendirse al rival ya desairado. No es nuevo. Son ya muchas las veces que lo hemos vivido y... sufrido que es lo peor. Y en España, con el Gobierno Sánchez, ya es casi como ley de vida. Por decreto, como a él le gusta regular. Y en estas dos últimas semanas ha sido para nota a cuenta de las reuniones previas del presidente del Ejecutivo español con algunos de los principales líderes europeos de cara a la cumbre de estos dos últimos días. Pero, ¿por qué se ha plantado Sánchez frente a sus «iguales» sin un plan en condiciones y con humildad y compromiso por hacer las cosas bien? ¿De verdad pensaba que solo con decir aquí estoy yo, soy el presidente de la cuarta economía de la Unión, iba a venirse con el «sí venga por ser tú» de los llamados países frugales (Austria, Dinamarca, Suecia, y con Holanda a la cabeza) y sin contrapartida ni control? No, él va y se presenta con el mandato de me dais la ayuda porque para eso está Europa, aunque sea menos pasta, y a cambio «solo» no me pidáis rendir cuentas. Con un par, con perdón.

Pues con el primer ministro holandés, Mark Rutte, y cía se ha topado. Los «frugales» (¿o mejor los «responsables»?) se lo dejaron claro: o se mete mano en la política española –y también en la italiana– o no habrá ayudas. Y de darlas –les dijeron–, nada de a fondo perdido sin control, como exigía el Gobierno del PSOE, porque lo de sus socios de Unidas Podemos es otro cantar... del mio Cid casi. Con permiso del campeador, D. Rodrigo Díaz de Vivar. ¡Menudas hazañas heroicas épicas se monta el amigo Iglesias! Que nos den la pasta pero mejor luego si eso nos «desterramos» de la Unión que no nos entienden y nos irá mejor por nuestra cuenta...

Pues... cultura señores, y lean e interpreten, pero sin tergiversar por favor. El tema del Cantar de mio Cid es el complejo proceso de recuperación de la honra perdida por el héroe, cuya restauración supondrá al cabo una honra mayor a la de la situación de partida pero... a través del viaje por la autocrítica, y de eso me temo que en el seno delGobierno social-comunista, no hay «ná de ná».

El caso, retomando, es que es tal el grado de dejadez, de pérdida de control de la situación, que cualquier escenario es y será posible. Uno y el contrario. Blanco o negro. Arriba o abajo. Sistémico o frugal. Cualquier cosa le viene bien a la maquinaria marketiniana de Moncloa, por malo que resulte para los intereses de España. Es el Gobierno del todo es posible y el todo viene bien para el convento, porque el plan es amordazar el pensamiento crítico y el análisis racional de la situación con la comunicación más burda y mendaz. Sin contar con nadie más que los suyos y los que pudieran ser de su interés, que total el resto no aporta lo que quiero. Y si no que se lo pregunten al presidente del principal partido de la oposición, Pablo Casado, que lleva sin escuchar la linda voz del presidente del Ejecutivo dos meses y medio, con varios temas relevantes sobre la mesa: los alrededor de 40.000 fallecimientos por Covid-19 que tenemos en realidad, los cuatro millones de españoles en ERTE, la negociación del Eurogrupo en pleno apogeo, el fondo plurianual, o el fin del estado de alarma. «Lo cuento fuera y esto no se cree», lamentaba el pasado viernes el líder del PP, que le trasladó el mensaje a la canciller Angela Merkel. Aunque, por otro lado, ¡menuda suerte! total para lo que hay que oír...

Porque, ¡ay si las dos tardes de clases de economía de Jordi Sevilla prometidas al entonces presidente Zapatero se las hubiera dado entonces a aquel y ahora a Sanchez! Se le pasa por alto a este último que el Fondo de Recuperación es también para el sector privado y público, no solo para el Estado, y que hay que presentar proyectos serios y concretos para recibir esos fondos. Que por tener aliados social-demócratas en Europa no va a ser todo «ancha es Castilla». Hasta uno de los suyos, esta misma semana, el primer ministro de Suecia, Kjell Stefan Löfven, rechazaba en su cara la irresponsabilidad del Gobierno de España, lo que demuestra que la socialdemocracia por tierras europeas no es despilfarro como quieren en otras y que la solidaridad como cree nuestro doctor presidencial no es donación.

Todos los anti ayudas si no es con contraprestación creen que no tienen por qué pagar el pato de aquellos que han gestionado mal la crisis. ¿No pensaríamos igual si España fuese uno de ellos? nos exigirán en su momento reformas fiscales y laborales. Básicamente impondrán un recorte brutal en los gastos que ahora asume el Estado y exigirán modificar el sistema de pensiones para instalar uno más parecido al suyo, con la mochila austríaca de por medio. ¿Se acuerdan de los rescates anteriores, en Grecia, Portugal e Irlanda? Cambiamos las denominaciones, desterramos la idea de que viene la troika, pero al final es lo mismo.

Tan convencido estaba Sánchez de que ayer todo iba según sus deseos que convocó una rueda de prensa a las 16 horas que luego tuvo que cancelar. ¡Será iluso! ¿Pero cuál es el papel real de este Gobierno? Está en la nada. Con Merkel, con Macron, con los holandeses o frugales (¡para frugal, él! ), con medidas estrella que quedan en el aire –miren la tasa Google, tanto bla bla bla y se la envaina hasta enero a ver si para entonces ya no está Trump–, la ministra de Exteriores refugiándose en Telefónica cuando le presionó Mike Pompeo para evitar pronunciarse sobre Huawei... Lo dicho, nadeando en la nada. Es la visión que trasladamos fuera: unos completos inoperantes. Primero, atacamos, y luego nos queremos refugiar en Europa o en la empresa privada para que hagan lo que ellos no saben hacer.

Más que en la nada, nadeando en la nada. España necesita esos «frenos de emergencia» propuestos por la Europa frugal sí, pero también domésticos, para frenar a los que no están al nivel esperado. Y no lo olviden, nadie da duros a pesetas. ¡NADIE!

21 razones para que el rescate de la UE sea condicionado
Las reformas estructurales que exigen los países nórdicos a cambio de rescatar al gobierno de Sánchez podrían hacer mucho más bien que daño a la economía española.
Cristian Campos El Espanol 19 Julio 2020

1.Pedro Sánchez pretende renunciar a parte de los 140.000 millones asignados a España a cambio de "no ceder soberanía económica". Es decir, a cambio de la posibilidad de gastarse el dinero del rescate allí donde lo desee y sin que las autoridades europeas puedan controlar su destino final. Es una pésima idea.

2. El primer motivo para un rescate fuertemente condicionado es, entonces, obvio. Si el Gobierno español acepta las condiciones de las autoridades europeas, la cantidad del rescate será mayor.

3. España es el país que peor ha gestionado la epidemia, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto económico, de todo el planeta. ¿Por qué deberíamos creer los españoles que quien ha generado la crisis actual sabrá sacarnos de ella aplicando las mismas medidas que han hundido al país?

4. El club de los injustamente llamados "frugales" nórdicos, formado por Holanda, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca, no se fía de la voluntad reformadora de España e Italia. Si al sempiterno clientelismo español sumamos la escasa fiabilidad de la palabra de Sánchez, la conclusión parece obvia: Holanda, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca hacen bien en no fiarse de Sánchez.

5. Christine Lagarde, la presidente del Banco Central Europeo (BCE), ha dicho que el fondo de reconstrucción debe "asentarse firmemente en políticas estructurales sólidas elaboradas y aplicadas a escala nacional". Dado el desprecio del actual gobierno de PSOE y Podemos por el principio de igualdad de todos los españoles, el simple anuncio de unas políticas que deberían ser aplicadas "a escala nacional" y no en función de los intereses estratégicos del Gobierno en beneficio de tal o cual comunidad suena a gloria bendita. Si ha de ser la UE la que obligue al Gobierno a cumplir la Constitución, que lo sea.

6. El primer ministro holandés, Mark Rutte, ha exigido el derecho de veto sobre las reformas que debería ejecutar España. Es decir, la posibilidad de paralizar los pagos si España no cumple su parte del trato. ¿Qué hay de malo en ello?

7. Un presidente que prefiere firmar una alianza de gobierno con un partido como Podemos y pactar las reformas de la economía nacional con los partidos nacionalistas regionales antes que con el PP o con Ciudadanos debe aceptar las consecuencias de su marginalidad. A día de hoy, la UE es la última línea de defensa que protege a los españoles y a la economía española de unas reformas decididas por partidos cuyo objetivo final no es el bienestar de los españoles sino la destrucción de la Constitución del 78.

8. España pone el acento del rescate en la ejecución de reformas en el terreno de "la digitalización y la transición ecológica". Se trata de dos vías muertas económicas, al menos en el sentido en que las entiende el Gobierno español. Es decir, como instrumentos de propaganda y justificación de nuevas tasas e impuestos.

9. La epidemia de Covid-19 no es una catástrofe natural que haya golpeado a España por un azar del destino. El Gobierno español reaccionó tarde y mal por intereses políticos –la manifestación del 8-M– y perdió un tiempo crucial que ha provocado la muerte de 50.000 españoles. Otros países europeos reaccionaron de forma más eficaz, más eficiente y más respetuosa con sus ciudadanos, salvando vidas y protegiendo su economía. ¿Por qué deberían entonces esos países aceptar la mutualización de la deuda generada por la mala gestión del Gobierno español? ¿Acaso no sería eso premiar la irresponsabilidad y castigar el buen gobierno?

10. Un rescate que se invierte en reforzar el mismo sistema clientelar que ha hundido la economía española no sólo no soluciona nada, sino que perpetúa el problema.

11. No existen paraísos fiscales en la UE. Pero sí existen infiernos fiscales. El parámetro adecuado para medir la enfermedad que aqueja la economía española no es la presión fiscal, como defienden los partidos de izquierdas, sino el esfuerzo fiscal, muy superior en España a la media europea.

12. Aumentar los impuestos, como pretende Pedro Sánchez, en vez de reducirlos, como están haciendo la mayor parte de los países europeos, es un suicidio. La UE es la garantía del mal menor. Es decir, la garantía de que la subida de impuestos que se avecina para los españoles no se destinará al mantenimiento de un Gobierno hipertrofiado y que soluciona todos sus problemas políticos aumentando exponencialmente el número de los españoles que viven, directa o indirectamente, de él.

13. Como explica el economista Juan Ramón Rallo, los países con sus cuentas equilibradas no tienen por qué pagar las deudas de los países con las cuentas desequilibradas, y de los que España es líder.

14. Los países nórdicos pretenden que las reformas de la economía española se apliquen en buena parte sobre pensiones y funcionarios. Es decir, sobre dos de los sectores más hipertrofiados del Estado español, pero también menos culpables de la crisis. Si el Gobierno prefiere mantener vivo su régimen clientelar, los famosos chiringuitos, antes que mantener el poder adquisitivo de pensionistas y funcionarios, que se lo explique a sus votantes.

15. Como dice el eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá, no todo es cuestión de dinero. El problema es también de modelo productivo y de la estructura de nuestras instituciones.

16. Es humillante que sea el primer ministro holandés el que deba forzar al Gobierno español a realizar las reformas que necesita nuestra economía. Pero mejor él que Pablo Iglesias, Oriol Junqueras o Arnaldo Otegi.

17. Sánchez carece de un plan económico para España. No tiene un simple plan de inversiones. Tampoco un previsión de gastos ni mucho menos de posibles recortes. Nadie sabe qué reformas pretende hacer o siquiera si pretende hacer reforma alguna. Pero se ha reunido con los principales líderes europeos para pedirles dinero a cambio de, literalmente, nada. Nada en absoluto. ¿Y quién le prestaría dinero a un derrochador que rechaza todo control sobre su gasto, que no dice en qué piensa gastarse el dinero prestado ni cómo piensa devolverlo, que no ofrece garantía alguna y que amenaza con generar aún más gasto?

18. No hay peor manipulación de los ciudadanos españoles que llamar "frugales" a los países más responsables financieramente. Holanda, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca no son frugales, sino que España es derrochadora. Es una manipulación similar a la de llamar "paraísos fiscales" a los países que no imponen a sus ciudadanos y sus empresas una fiscalidad confiscatoria.

19. La sospecha está en el aire. Sánchez no pretende utilizar los fondos de la UE para lo que supuestamente deberían servir estos, es decir para paliar las consecuencias de la epidemia, sino para sufragar sus gastos corrientes. Esto sería un fraude que perjudicaría gravemente a los españoles y crearía aún mayor desconfianza entre los países de la UE hacia España. El Gobierno de Sánchez no es fiable y debe ser fiscalizado.

20. Emmanuel Macron pretende reducir los impuestos a sus empresas en 20.000 millones de euros para evitar deslocalizaciones. Sánchez está pidiendo un rescate de 140.000 millones y amenaza al mismo tiempo con subir los impuestos, coartando así toda capacidad de respuesta del sector productivo español a la crisis. El desastre que se avecina es de tal magnitud –la AIREF prevé una caída del 12,4% de la economía española– que quizá lo mejor que podría ocurrirnos a los españoles es ser gobernados hasta las próximas elecciones por los famosos hombres de negro de la Troika.

21. España tiene peso suficiente como para arrastrar a la UE en su caída. Es sabido que el plan de Podemos es la argentinización de la economía española, y quizá sea eso lo que desean los españoles que han votado a PSOE y Podemos. Pero esos españoles no deberían ser tan egoístas como para pretender que el resto de Europa caiga también junto con ellos. Puede que España haya votado en las urnas de qué morir. Pero la UE tiene derecho a querer sobrevivir.

La subida del salario mínimo a 900 euros destruyó entre 19.000 y 33.000 empleos en 2019
La AIReF realiza una primera estimación con datos reales sobre el impacto que tuvo elevar un 22% el SMI en 2019.
Libre Mercado  Libertad Digital 19 Julio 2020

La AIReF realiza una primera estimación con datos reales sobre el impacto que tuvo elevar un 22% el SMI en 2019.

El Gobierno de Pedro Sánchez hizo caso omiso a las advertencias sobre los efectos negativos que traería consigo la histórica y unilateral subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros en 2019.

Sin embargo, ahora que ya empieza a disponerse de datos suficientes como para hacer balance, los primeros resultados suponen un nuevo baño de realidad para el Ejecutivo socialista, ya que su tan aclamado aumento del SMI ha costado miles de empleos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado una primera evaluación ex post de aquella subida del 22% del SMI y los resultados son claros. Tras cuantificar la incidencia de esta medida en las afiliaciones de 2019, concluye que supuso un "efecto negativo sobre la afiliación", ya que redujo su ritmo de crecimiento entre 0,13 y 0,23 puntos porcentuales, lo cual se traduce en una pérdida de entre 19.000 y 33.000 afiliados en 2019.

Este efecto se habría distribuido desigualmente por colectivos, siendo los jóvenes y las regiones con salarios más bajos los más perjudicados. Aunque estas primeras estimaciones no incorporan posibles efectos indirectos sobre el consumo asociados al incremento salarial que experimentaron algunos trabajadores, cuyo estudio la AIReF deja para más adelante, el impacto directo arroja una significativa destrucción de empleo.

Solo el Supremo puede restituir ya la confianza en la ley
Editorial El Mundo 19 Julio 2020

Los condenados por el golpe del 1-O ya gozan del régimen de semilibertad que les concede el tercer grado. La competencia penitenciaria en manos de la Generalitat ha permitido primero que disfrutaran de privilegios ofensivos para el resto de presos, después de la aplicación fraudulenta del 100.2 del reglamento penitenciario y por último del recibimiento triunfal que les han dispensado sus correligionarios en las calles tras la bochornosa excarcelación. «Ellos son los que tienen que tener miedo. Lo haremos tantas veces como sea necesario», advirtió Jordi Cuixart, recibido con vítores en la sede de Òmnium. El mensaje que envía semejante alarde de impunidad es letal para la confianza en el Estado de los catalanes constitucionalistas, que afrontan unas elecciones próximas en estado de desolador abandono. A la desastrosa gestión de la pandemia que está acreditando Torra, incapaz de atajar los peores rebrotes de toda España pese a ostentar las competencias que tanto reclamó durante el estado de alarma, se le añade ahora el humillante espectáculo del recibimiento triunfal de los golpistas a la salida de la cárcel.

Los golpes fallidos de ayer triunfarán mañana si hay impunidad. Si los cabecillas de la agresión separatista al orden constitucional no reciben el castigo justo, la función retributiva y disuasoria de la pena queda sin efecto. Entre los ciudadanos cumplidores de la ley, que se movilizaron de forma extraordinaria en 2017 en defensa de sus derechos políticos amenazados, cundirá entonces el desánimo. Mientras que entre los enemigos de la convivencia democrática, partidarios del supremacismo identitario, prenderá pronto el deseo de repetir la intentona, como Cuixart proclama sin rebozo. Al fin y al cabo, se dirán, el peaje pagado por Junqueras y compañía por intentar liquidar el Estado y la nación no ha sido para tanto. Y a cambio son aclamados como héroes de la patria.

Solo una institución puede revertir los deletéreos efectos sociales y políticos de esta deriva: el Tribunal Supremo. En su mano está revocar el tercer grado y el 100.2, y devolver la esperanza en la justicia a los españoles. Y para ello no tiene que hacer nada más que aplicar la ley.

¿Memoria democrática o totalitaria?
Pedro Corral ABC 19 Julio 2020

La apremiante necesidad del Gobierno de Sánchez e Iglesias de pasar la ominosa página de su gestión de la pandemia le ha llevado a anunciar la presentación de una nueva ley de memoria histórica. La cuestión es resituar en el eje de nuestra vida política, con la intención de ahondar en la división de los españoles, un conflicto que estalló hace hoy 84 años con un golpe militar y cuyos últimos supervivientes han sido, lamentablemente, los que más han sufrido la devastación del coronavirus.

Nada más lejos de la voluntad de tender puentes hacia el futuro que legislar con la intención totalitaria de imponer una visión monolítica de nuestro pasado. Amenazar con la excomunión de la fe democrática a quien se atreva a desafiar al Ministerio de la Verdad es una garantía de confrontación, como los hechos han venido demostrando desde que Rodríguez Zapatero diera cuerpo de ley en 2007 al uso de la Guerra Civil como arma política para deslegitimar las opciones ideológicas que no fueran de izquierdas o nacionalistas.

Para ser expulsado de esta iglesia de la verdad histórica revelada basta con no comulgar con ruedas de molino tales como que los milicianos sudorosos que violaban monjas, tan celebrados en algún artículo periodístico, fueron paladines de los derechos humanos, especialmente los de la mujer.

Ni siquiera Clara Campoamor, que tuvo que huir del Madrid revolucionario por temor a ser asesinada por quienes no le perdonaban la liberalidad de defender el voto femenino en las Cortes republicanas, fue capaz de aceptar entonces tales falsificaciones. Así lo demostró al denunciar el terror de los «chequistas» en su libro «La revolución española vista por una republicana»:

«Los ciudadanos pacíficos comprendieron el peligro que suponía para ellos ese terror ejercido por una chusma rencorosa envenenada por una odiosa propaganda de clase. Los terroristas han trabajado en favor de los alzados tanto o más que sus propios partidarios. Disfrutan de una vida de ensueño, provistos de dinero, saqueando, organizando matanzas y saciando su sed de venganza y sus más bajos instintos».

Colocar a los asesinos señalados por Campoamor en el santoral de la nueva «memoria democrática» será razón bastante para devolver a los corrales cualquier proyecto de ley que presente el Gobierno con esta carga de sectarismo. Pero más aún si, como propuso el PSOE en 2017, a los efectos de la nueva norma se considera víctimas exclusivamente a quienes hubieran sufrido violaciones a los derechos humanos «por su lucha por los derechos y libertades fundamentales del pueblo español», como ya hacen las leyes autonómicas de Andalucía, Aragón y Asturias.

Dejemos de lado la pregunta sobre cómo decidir quiénes, entre los defensores de la dictadura del proletariado que poblaban el Frente Popular, podrían ser considerados luchadores por la libertad. Lo más retorcido de esta definición de víctima es que elimina el reconocimiento de nuestra democracia a quienes sufrieron la represión en la retaguardia republicana, aunque defendieran la libertad desde opciones centristas, liberales o conservadoras, motivo por el cual fueron precisamente asesinados.

Parece un criterio muy poco democrático excluir a unas víctimas atendiendo sólo al color del uniforme de sus verdugos. Pero lo es más aún cuando se justifica con la cantinela de que ya tuvieron el reconocimiento de la dictadura durante casi cuarenta años, como si nuestra democracia tuviera que resignarse a legitimar y reproducir la actuación del franquismo al dividir entre víctimas de primera y de segunda.

También es llamativo que estas leyes de «memoria democrática» manden siempre al limbo a las víctimas de la represión frentepopulista contra sus propios correligionarios. Además de las luchas intestinas como los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona, son incontables los ajusticiamientos por razones ideológicas en las filas del Ejército Popular, denunciados por la CNT al Gobierno de Negrín. Todas estas víctimas desmontan la manipulación que supone identificar a los españoles muertos en la guerra con un simple «ellos» y «nosotros». Como lo hace también el hecho de que en ambos bandos combatieron soldados a la fuerza que pensaban lo contrario de lo que eran obligados a defender con las armas.

Legislar para imponer una verdad reduccionista y maniquea sobre un pasado tan complejo, con tantos intrincados vericuetos como protagonistas lo vivieron, es un ataque a la voluntad manifiesta de la sociedad española de dejar atrás un pasado superado, más allá de la necesaria respuesta a cuantos agravios o injusticias queden aún pendientes, como es resolver definitivamente la asignatura de las exhumaciones.

He conocido en vivo la emoción de familiares ante la posible recuperación de los restos de sus seres queridos de las fosas. También la de descendientes de españoles republicanos asesinados en el campo nazi de Mathausen ante el homenaje a su memoria. Incluso el legítimo anhelo de quienes desean dar sepultura junto a los suyos a un familiar enterrado en el Valle de los Caídos. Y pienso en todos ellos con afecto y con tristeza al pensar cómo sus dignas aspiraciones son a veces manipuladas para servir, no sólo como cortina de humo para tapar la incompetencia del Gobierno, sino también como parte de una estrategia de demolición de la España constitucional que implica desacreditar el pacto de reconciliación que fundamentó el paso de la dictadura a la democracia.

En el aniversario del comienzo de nuestra guerra fratricida hay que decir alto y claro que la mejor ley de memoria y de historia que los españoles nos hemos dado nunca ha sido la Constitución de 1978. Entre quienes la refrendaron figuran en buena parte los españoles que protagonizaron y sufrieron la contienda civil. Hoy, cuando las páginas de sus vidas se están cerrando para siempre, le debemos a esta generación de compatriotas que está a punto de entrar en la Historia el homenaje de nuestra admiración y gratitud por dejarnos el mayor legado que jamás pueda recibir una Nación: el de la paz, la libertad y la concordia.
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Pedro Corral es periodista y escritor

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Europa, del rescate a la reforma
Editorial ABC 19 Julio 2020

Después de dos días de discusiones en el Consejo Europeo, ha quedado claro que el centro del problema no era tanto la cantidad del fondo de recuperación ni su origen, sino las reticencias de algunos gobiernos, sobre todo el de Pedro Sánchez, a aceptar las condiciones para beneficiarse de esas ayudas. Aquellos que han llenado discursos y programas políticos exigiendo eurobonos a los países ricos deberían celebrar que ese fondo extraordinario sea precisamente lo más parecido a una deuda europea mutualizada, de la que será titular la propia Comisión Europea. No se puede negar que hay una parte de pragmatismo en esto, porque la ruina de dos países como España o Italia tendría un coste mucho mayor para el resto de la UE. Incluso Francia podría estar en la cuerda floja, tal y como anticipan las cifras de la recesión que se avecina y cuyos efectos comenzaremos a sufrir en otoño. El interés de todos va a beneficiar a los países más dañados por las consecuencias de la pandemia.

Merece la pena aclarar que las condiciones del primer ministro holandés y otros jefes de Gobierno no tienen nada que ver con las imposiciones de los viejos «hombres de negro» de la anterior crisis. Entonces se trataba de evitar la bancarrota de países que ya no tenían acceso a los mercados de deuda. Ahora sucede lo contrario: el dinero no va a faltar. De lo que se trata es de garantizar que quienes lo reciban sean capaces de devolverlo en el futuro, tras aprovechar esta situación para modernizar sus economías. Las reformas que nos ha pedido reiteradamente la Comisión Europea y que el primer ministro holandés insiste en que cumplamos son necesarias para garantizar la sostenibilidad del sector público y el gasto social del Estado. Asuntos como la reforma del sistema de pensiones y de la legislación laboral son la base de un futuro razonable para la economía de nuestro país, que convive desde hace décadas con una tasa insoportable de desempleo y se dirige hacia una catástrofe demográfica. Si el presidente del Gobierno no fuera prisionero de los apriorismos demagógicos de su socio de coalición, no hubiera mostrado tanto rechazo a esas condiciones, enmarcadas en un contorno razonable e incluso beneficioso para España. Sin embargo, cabe preguntarse cómo pueden percibir el primer ministro holandés o el canciller austriaco que el partido del presidente del Gobierno haya pactado con formaciones antisistema como Bildu el cambio de la legislación laboral y que Pedro Sánchez mantenga una inquietante ambigüedad sobre cuáles son sus planes reales, porque de ellos dependerá la capacidad de España de ser un país razonablemente bien gestionado que pueda devolver una parte del dinero que se nos va a proporcionar.

Un PP de manga ancha
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli  19 Julio 2020

El resultado de las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco ha despertado sensaciones agridulces en la cúpula del Partido Popular. La rotunda victoria de Alberto Núñez Feijóo ha ido acompañada de un nuevo paso hacia la irrelevancia en el parlamento de Vitoria. Esta innegable diferencia ha vuelto a suscitar el eterno dilema que atormenta a la planta séptima de Génova 13 desde hace dos décadas, radicalidad o moderación, beligerancia o suavidad, pactismo o intransigencia, bucle recurrente del que la formación azul no sabe salir.

De hecho, se trata de una falsa disyuntiva porque el problema no está tanto en las formas, que siempre se pueden modular, como en el fondo, que determina realmente lo que es y lo que hace una fuerza política. De acuerdo con muchos analistas superficiales, existiría un modelo 'gallego' del PP, caracterizado por un lenguaje temperado, una permanente voluntad de diálogo, un mesurado equilibrio en las propuestas y una voluntad de allanar caminos más que de cavar fosos. En contraste con este enfoque conciliador, la otra cara de la organización, la 'madrileña', sería hosca, dura, de pétrea consistencia y plena de agresividad verbal, más empeñada en hacer morder el polvo al adversario que en lograr puntos de encuentro.

En cada etapa de la vida del PP estas dos modalidades se han encarnado en el imaginario del electorado y de los comentaristas en dos figuras representativas de una u otra opción. Hoy este papel le corresponde a Alberto Núñez Feijóo, como líder del bando de las palomas, y a Cayetana Álvarez de Toledo, como adalid de los halcones. En cuanto a Pablo Casado, tal como corresponde a un jefe, oscilaría entre ambas posiciones sin dar por completo la razón a ninguna de las dos porque así refuerza su autoridad sosteniendo una rienda en cada mano y tirando de la que convenga dependiendo de la ocasión y de sus intereses.

Dentro de estas cábalas, los distintos dirigentes son situados por los observadores y por la opinión pública en el lado correspondiente y así cada uno lleva su etiqueta de albertista o cayetanista, muchas veces sin que los interesados hayan manifestado signo alguno de adhesión a las supuestas cabezas de facción. Al final, como siempre sucede en estos casos, la cuestión nuclear es orillada y el debate se pierde en meandros inútiles.

La clave de este asunto la ha dado recientemente el propio Núñez Feijóo al afirmar que el PP ha de ser “un gran partido de un espectro ideológico ancho en el que quepan todas las personas que circulan por ese espectro ideológico que no es el socialismo radical del PSOE actualmente”. Dejando aparte la extraña construcción galaica de la frase, lo que dice el presidente de la Xunta es que su partido debe adoptar la forma de un “catch-all party”, es decir, que lo vote una inmensa mayoría que vaya desde la socialdemocracia razonable al conservadurismo civilizado. Únicamente quedarían fuera de este amplio abanico los extremistas insensatos a ambos flancos de este centro aglutinador y abundante en matices.

Sin embargo, esta solución presenta ciertas dificultades. Hay temas en los que es posible una síntesis, por ejemplo, el tipo marginal máximo del IRPF, usted lo quiere poner en el 55% y yo en el 40%, ¿qué tal si lo dejamos en el 48%? O bien, entre una indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado y una de 25, ¿lo cerramos en 33? Sin embargo, hay puntos en los que no es fácil darse la mano a medio camino. ¿Libertad de elección de lengua de escolarización, sí o no? ¿Igualdad ante la ley de hombres y mujeres, sí o no? ¿Ponemos la bandera arcoiris del orgullo gay junto al logo del partido, sí o no? ¿Unificamos los impuestos de Patrimonio y Sucesiones con un mínimo obligatorio en todas las Comunidades, sí o no? ¿Nos sentamos a la mesa con los independentistas a discutir sobre la autodeterminación y la amnistía a los sediciosos condenados, sí o no? ¿Expulsamos al embajador de Maduro y reconocemos únicamente al de Guaidó, sí o no?

La batalla de las ideas
No siempre es posible negociar a no ser que se tenga una moral ameboide y se carezca por completo de convicciones. El inconveniente del planteamiento de Feijóo es que responde a la pregunta "¿qué he de hacer y decir para que me voten?" cuando la correcta es "¿cómo convenzo a los votantes de qué lo que yo les propongo y los principios que defiendo merecen su apoyo?" ¿Ha reflexionado Feijóo sobre los motivos por los que el espacio electoral de centro-derecha, antes concentrado en unas siglas, se ha fragmentado en tres? ¿Este fenómeno, se ha producido por falta de moderación o por un decepcionante vacío ideológico en el período de Rajoy? La aceptación parcial de las tesis nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco en los campos educativo, simbólico y competencial, junto con su renuncia a dar la batalla de las ideas, ha conducido a transformar al PP en residual en estos territorios y la misma senda se está siguiendo en Baleares y la Comunidad Valenciana con análogas consecuencias.

Feijóo está muy satisfecho de sus sucesivas mayorías absolutas gracias a sus políticas galleguistas, sin advertir que está preparando a la sociedad gallega para una futura hegemonía nacionalista. El gran triunfador del pasado domingo se ufana de su éxito y disfruta de los halagos de los que le animan a 'galleguizar' el PP en su conjunto, pero ha de saber que por la manga ancha de ese traje multicolor con el que quiere vestir a su partido hace tiempo que se cuelan los enemigos irreductibles de España porque ellos, que se ríen a mandíbula batiente al ver al PP enredado en polémicas bizantinas sobre 'centralidad' y 'moderación', sí trabajan a largo plazo y sí tienen un plan.

Cataluña abatida, sin Gobierno y fuera de la Ley
República 19 Julio 2020

En las últimas 24 horas se han registrado en Cataluña 1.226 contagios de coranovirus, han muerto tres personas y el Gobierno de la Generalitat, que controla desde Waterloo el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont y que preside el inhabilitado Quim Torra, que ya no sabe que hacer, después de haber llegado tarde a los rebrotes del virus en Lérida y Barcelona.

Además las decisiones de Torra y sus decretos están fuera de la legalidad y carecen de capacidad coercitiva para imponer el bloqueo de la movilidad, por más que los jueces catalanes y el Gobierno de España hagan la vista gorda mientras se violan los derechos fundamentales de los ciudadanos catalanes, como los relativos a la libertad de movimiento y de reunión.

Los juegos de patriotas tienen un límite y también un alto precio. Y ahora, entre el estupor y el desconcierto, el pueblo catalán se asoma asustado al absoluto desgobierno de este país por causa de un fantoche incapaz, Quim Torra, que desde que ocupó la Generalitat sólo ha ofrecido la ruptura social del país, la ruina económica y ahora el caos sanitario que está confinando ‘de hecho’ Lérida y Barcelona.

Mucho se han quejado los nacionalistas catalanes de la aplicación, tras el golpe de Estado catalán del otoño de 2017, de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en dicho territorio para restituir, en esa parte de España, el orden constitucional.

Pues bien, puede que si está crisis catalana continúa en medio de un gran descontrol sanitario con los continuos ceses y dimisiones de altos cargos de la sanidad catalana (que ha hundido el turismo en esa Comunidad y puede provocar el cierre de la frontera con Francia), al final el Gobierno de Pedro Sánchez no tendrá más remedio que aplicar medidas de excepcionalidad.

Si no el 155, si un ‘estado de alarma’ concreto y limitado a Cataluña (y ya se verá si también a Aragón) para que se aplique la ley de manera escrupulosa. Lo que también debería afectar a los golpistas condenados y presos a los que el tal Torra ha concedido ilegalmente el ‘tercer grado’ de semi libertad, lo que debería ser reconducido con urgencia por el Tribunal Supremo.

Al fondo de todo ello y para que no falte de nada la familia de Jordi Pujol en pleno camino del banquillo de los acusados en un tribunal donde se les va a juzgar ni más ni menos que por el presunto delito de ‘organización criminal’ y corrupción continuada durante décadas,

Pero, naturalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene muchos frentes abiertos y en el seno de su Consejo de Ministros se sienta Pablo Iglesias y su tropa de Podemos que, en la colaboración con Ada Colau, se niegan a tomar decisiones que puedan molestar al soberanismo catalán de ERC. Por lo que el variopinto problema catalán (no hay conflicto sino incapacidad y desgobierno) continuará hasta que los catalanes entiendan que así no se puede continuar.

Euspaña
Para entender algo del nacionalismo vasco hay que empezar por distinguir entre independencia e independencia primitiva
Jon Juaristi ABC 19 Julio 2020

A mí me dieron un premio Euskadi de Literatura del Gobierno vasco, con el que me compré un coche. Uno baratito, no vayan a pensar otra cosa. Dos o tres palurdos abertzales me acusaron en sus periódicos de haber robado esa pasta a los vascos y exigieron que la devolviera. No lo hice, porque bastantes impuestos pagué en el pasado a la Hacienda Foral de Vizcaya mientras residí en Bilbao, y porque era muy consciente además de que parte de la dotación del premio Euskadi sale cada año del barrido fiscal de mi cuenta empadronada en Alcobendas, mientras lo que pagan (en el supuesto de que paguen algo) a sus hacienditas forales correspondientes los juntaletras que me despellejaban jamás cruza Pancorbo. Por otra parte, yo no me había presentado al premio. Me lo otorgó, sin que yo lo pidiera, un jurado bastante ecuánime. A lo mejor -creía, ingenuo de mí-, sentaba un precedente.

Pero, por qué ocultarlo, lo de que me dieran un premio Euskadi tenía su morbo. Como se sabe, Euskadi es un palabro inventado por Sabino Arana Goiri (1865-1903) a partir de otro de su invención, euzko, y del sufijo colectivizador di/ti, aplicado a los vegetales. Lo lleva mi propio apellido, Juaristi, que equivale a Carvajal. Euskadi, «bosque de euzkos», es el nombre que puso Arana Goiri a su proyecto político. Euskadi, afirmó Sabino Arana, es la patria de los vascos (euzkos). Euzkotarren aberria Euzkadi da. O sea, la patria de los euzkos es Euzkadi, como su nombre indica.

El proyecto político de Arana Goiri era devolver al bosque de euzkos su primitiva independencia, perdida a causa de la Ley del 25 de octubre de 1839, que, sin derogarlos, sometía los Fueros vascongados a la Constitución española de 1837. Es discutible lo de la independencia anterior de los euzkos. No hubo nada parecido a una nación vasca independiente de España, pero es cierto que, como observa el historiador José María Portillo, la hiperforestación permitía que los euzkos vivieran un poco a su bola, sin pagar impuestos, porque su bosque era tan espeso que los subdelegados de fomento se perdían entre los zarzales y se los comían los osos o los carlistas.

Con la industrialización se talaron los bosques para hacer carbón vegetal, pero entonces surgió Sabino Arana y se inventó lo del bosque de euzkos y lo de la independencia primitiva, o sea, Euskadi. Todo partido político que reclama en su denominación la pertenencia a Euskadi (Partido Socialista de Euskadi, Partido Popular de Euskadi, Partido Comunista de Euskadi, Partido Carlista de Euskadi…) asume el proyecto de Arana Goiri, que, por otra parte, se logró plenamente con la Constitución Española de 1978 y, en especial, gracias a su Disposición Adicional Primera. Por si las moscas, una organización terrorista creada ex profeso para ello, siguió matando españoles para consolidar la independencia primitiva del bosque de euzkos, hasta que ya no fue necesario hacerlo.

No es ya necesario, porque el escarmiento funcionó, y en adelante nadie pondrá en cuestión la independencia primitiva del bosque de euzkos, que, como la vascongada anterior a 1839, consiste en que dicho bosque no se independizará de España y, a cambio de ello, España se compromete a no mandar subdelegados de fomento ni guardias civiles que no sean puramente ornamentales y a pagar a los euzkos algo más del coste de los premios Euskadi. Sugiero que, una vez realizado el proyecto original de Arana Goiri, cambiemos su nombre por el de Euspaña para llamar al híbrido que ha terminado imponiéndose en las que un día fueron Provincias Vascongadas, a ver si nos reconciliamos de una vez con la idea de que hay españoles y euspañoles, o sea, algo más que españoles.

Sanidad oculta la mitad de los casos de contagio comunicados por la Generalitat desde julio
Carlos Cuesta okdiario 19 Julio 2020

El Ministerio de Sanidad ha comunicado la mitad de los casos de contagio por coronavirus que la Generalitat desde el inicio del mes de julio. El resto de casos han pasado al campo del olvido mediático a ojos de las ruedas de prensa del ministro Salvador Illa. Desde el 1 de julio, la Generalitat ha reconocido 10.133 nuevos contagios. El Ministerio del Gobierno de Pedro Sánchez, por el contrario, sólo ha admitido 5.723 casos en esa comunidad autónoma. Es decir, que el Gobierno ha ocultado nada menos que 4.410 casos en el territorio donde más preocupante es el avance de la enfermedad.

El Ejecutivo ha dejado claro desde el fin del estado de alarma que pretende trasladar toda nueva responsabilidad por el coronavirus a las comunidades autónomas. Lo ha hecho, incluso dejando constancia expresa en sus nuevas normas aprobadas, donde no ha dejado de destacar que todo nuevo foco del virus debe ser vigilado por las sanidades autonómicas.

Es cierto que, pasado el estado de alarma, el mando único desaparece y la competencia sanitaria retorna por completo a los Gobiernos regionales. Pero también lo es que esa evidencia no anula la competencia exclusiva del Estado en Sanidad Exterior y en coordinación de las comunidades autónomas en materia de pandemias, tal y como exige el artículo 149.16 de la Constitución Española.

Pero el Gobierno socialcomunista ha decidido que prefiere mirar hacia otro lado. Y la mejor prueba de ello, la está dando el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante los preocupantes rebrotes de COVID-19 en Cataluña.

De este modo, la recopilación de datos comunicados por la Generalitat catalana supera con creces los nuevos casos reconocidos por el Ministerio de Sanidad.

Desde el 1 de julio, ni un sólo día el Ministerio de Sanidad ha mostrado públicamente los mismos datos comunicados entre ambas administraciones. Y, en la inmensa mayoría de ocasiones, la consecuencia principal ha sido el reflejo de datos muy superiores por parte de la Generalitat. De hecho, el saldo final de ese periodo de agravamiento de los contagios muestra prácticamente el doble de casos por parte de los archivos de la Generalitat catalana.

Algunos días, como el pasado 15 de julio, de hecho, reflejan hasta el triple de casos reconocidos por la Generalitat que por los equipos de Pedro Sánchez.

Y todo ello, mientras la situación de la enfermedad en Cataluña no deja de agravarse.

Éxodo masivo y cierre de playas
Así, la Guardia Urbana de Barcelona ha tenido que cerrar este sábado el acceso a cinco de las playas de la capital catalana ante una afluencia masiva de bañistas a primeras horas de la tarde.

La afluencia de bañistas ha obligado a los agentes a cerrar a las 17:30 horas las playas de la Mar Bella, Bogatell, Barceloneta, Sant Sebastià y Nova Icaria. Todo ello, por miedo a los contagios.

Cataluña, además, ha sumado durante este pasado sábado nada menos que 1.226 nuevos positivos de COVID-19: de ellos, 133 corresponden a la comarca del Segrià, 349 a la ciudad de Barcelona y 894 a toda el área metropolitana.
El conjunto del Área Metropolitana de Barcelona, que comprende las regiones sanitarias de Barcelona, Metropolitana Norte y Metropoliana Sur, concentran esos 894 nuevos casos diagnosticados, es decir, el 73% del total de nuevos positivos.

Según los datos difundidos ayer por el Departamento de Salud, el número total de casos positivos -PCR y anticuerpos- acumulados desde el inicio de la pandemia en Cataluña asciende a 81.932, lo que supone 1.226 nuevos con respecto a los datos de ayer.

El mayor incremento de nuevos positivos con respecto ayer se ha producido en la Región Sanitaria Metropolitana Sur, en la que está incluida Hospitalet de Llobregat.

Cierre de la frontera con Francia
Y este sábado, igualmente, ha sido el primer ministro francés, Jean Castex, el que ha asegurado que sigue «muy de cerca la situación» tras el incremento de los contagios por coronavirus en Cataluña y ha indicado que abordará con las autoridades españolas un posible cierre de la frontera.

«Estamos observando este asunto muy de cerca», ha apuntado Castex. «Este es un tema real que debemos discutir con las autoridades españolas. Puede confiar en que lo seguiré muy de cerca», ha añadido durante su visita al mercado de la ciudad de Prades, de la que fue alcalde, según ha recogido la radio France Bleu.

Pero el PSOE prefiere que la responsabilidad siga sólo en manos de las autonomías, sin asumir su labor obligatoria de coordinación. Y es que la desastrosa gestión del COVID bajo mando único del Gobierno socialcomunista le ha llevado a preferir apartarse de este asunto.

Por ello, el PSOE ha tomado la determinación de no volver a correr con la responsabilidad de un caos como el que ocasionó en la crisis del coronavirus. Y no por el hecho de que vaya a tomar las medidas necesarias para evitar un desastre humanitario y económico como el generado, sino porque ha traspasado a las comunidades autónomas todas las responsabilidades de brotes futuros.

Por ello, en la futura ley de ‘nueva normalidad’ que inicia ahora su tramitación parlamentaria pretende introducir todo un mecanismo para remarcar que, pase lo que pase, en materia educativa, hospitalaria y, por supuesto, de residencias, todo será responsabilidad de los gobiernos regionales. Y ello, pese a que la Constitución Española recoge en el artículo 149 la competencia exclusiva del Estado sobre asuntos de sanidad internacional como las pandemias.

El nacionalismo crece, pero tiene truco: la lectura en clave nacional del 12-J
La abstención constitucionalista o el descenso en el número de votos son algunos de los factores que muestran el truco del crecimiento nacionalista.
Cristian Campos El Espanol 19 Julio 2020

"El nacionalismo crece". Esa ha sido la conclusión prácticamente unánime de los analistas políticos tras las elecciones autonómicas vascas y gallegas. Pero, ¿es eso cierto en términos absolutos o sólo relativos?

Hay dos datos que llaman poderosamente la atención.

El primero es la elevada abstención, que llegó el pasado domingo al 47,14% en el País Vasco y al 41,12% en Galicia.

El segundo dato llamativo es la extraordinaria fidelidad del votante nacionalista.

Abstención constitucionalista
La participación más alta registrada en unas elecciones autonómicas vascas fue la de 2001. Ese año votaron en el País Vasco el 78,48% de los ciudadanos. Las urnas arrojaron el mejor resultado histórico del PP, con 326.933 votos, correspondientes al 23,12% del electorado.

La elevada participación de 2001 tuvo un segundo efecto secundario. La izquierda abertzale, ese año bajo el nombre de Euskal Herritarrok, registró el peor resultado de su historia con 143.139 votos, correspondientes al 10,12% de los votantes.

Desde ese año, la participación en el País Vasco no ha parado de bajar. 67,9% en 2005. 64,7% en 2009, el año en que una alianza de PP y PSE arrebató la presidencia al PNV y se la dio al socialista Patxi López. 64% en 2012. 60% en 2016. 52,9% en 2020.

Sobre el porqué de esa creciente abstención se ha escrito mucho. El clima social de acoso y violencia contra el discrepante es un factor determinante. También lo es el autoexilio de esos 200.000 vascos que han huido de la comunidad durante las últimas décadas y que ha disminuido de forma sensible la bolsa de votos del constitucionalismo.

No parece casualidad que una elevada participación diera al PP un resultado excelente en 2001, y que su descenso progresivo haya coincidido con unos resultados cada vez peores para los populares. De hacer caso al mito, los votantes populares vascos se dividen entre los que votan al PP, los que se abstienen y los que han acabado votando al PNV.

Resultados engañosos
Los buenos resultados de EH Bildu este domingo son engañosos. En su primera comparecencia en las urnas, en 2012, EH Bildu obtuvo 277.923 votos. Ese ha sido su máximo histórico en número absoluto de votantes. En 2016, el partido abertzale descendió hasta los 225.172 votantes. Ahora cuenta con 248.688.

La conclusión es obvia. Es la elevada abstención y el desplome de Podemos lo que le ha dado sus 21 escaños a EH Bildu, no un incremento en el número de votantes absolutos.

En cuanto al PNV, sus 349.429 votantes del domingo quedan lejos, muy lejos, de los 604.222 que consiguió Juan José Ibarretxe en 2001. Esa cifra es, en número de votantes, la peor obtenida por Iñigo Urkullu en sus tres comparecencias en las urnas: en 2012, Urkullu obtuvo 384.766 votos. En 2016, 398.168.

Dicho de otra manera. El nacionalismo no ha crecido en número de votantes absolutos en el País Vasco. Lo ha hecho en términos relativos gracias a la elevada abstención, que afecta en mucha mayor medida a los partidos constitucionalistas, y al trasvase de votantes desde Podemos hasta la izquierda abertzale.

Una segunda conclusión, más política que estadística, dice que si el nacionalismo crece en el País Vasco no es gracias al atractivo de PNV y EH Bildu, sino a la adopción de sus postulados por parte de partidos nacionales como el PSE y Podemos.

Victoria del nacionalismo
Las verdaderas victorias del nacionalismo en el País Vasco han sido, en resumen, dos.

La primera, haber conseguido que los partidos de izquierdas nacionales antepongan los mitos nacionalistas a sus principios socialistas.

La segunda, derivada de la anterior, haber desanimado al votante constitucionalista convenciéndole de que vencer al nacionalismo en las urnas es imposible porque PSE y Podemos siempre preferirán votar junto al nacionalismo que en compañía del PP.

Nacionalismo socialista
El escenario en Galicia es diferente. La abstención muestra en la comunidad gallega un patrón menos claro que en el País Vasco. En 2016 votó en Galicia el 53,63% del censo. En 2012, el 55,4%. En 2009, el 64,63%. En 2005, el 64,2%. En 2001, el 60,2%. En 1997, el 62,5%. El descenso en la participación, por lo tanto, es menos acusado que en el País Vasco.

El mejor resultado histórico del PP gallego en términos absolutos y también relativos fue el de 1997, cuando Manuel Fraga obtuvo 832.751 votos, correspondientes al 52,88% del electorado. El resultado del domingo es el peor de los cuatro que ha obtenido Alberto Núñez Feijóo en número de votantes absolutos, 625.182, pero el mejor en términos relativos, con un 47,98% de los votos.

En cuanto al BNG, y a pesar de su espectacular subida en número de votantes –de los 119.597 de 2016 ha pasado a los 310.077 de 2020–, sus resultados de este domingo están lejos, en número de votantes absolutos, del resultado que obtuvo Xosé Manuel Beiras en 1996: 395.435 votantes.

De nuevo, la elevada abstención y el desplome de Podemos, que siempre ha defendido los postulados del nacionalismo gallego, han sido los trampolines que han permitido al BNG conseguir un resultado tan espectacular como engañoso.

De nuevo, y como en el caso del País Vasco, el éxito del nacionalismo gallego no ha radicado tanto en su habilidad para ampliar su bolsa tradicional de votantes como en su destreza a la hora de captar para su causa a los partidos de la izquierda nacional.

Una destreza que obliga al PP a obtener mayoría absoluta tras mayoría absoluta frente a la evidencia de que cualquier resultado que le sitúe un solo escaño por debajo de esa marca dará como resultado una alianza del BNG con la izquierda nacional que le descabalgue de la Xunta.

Fieles para siempre
El segundo dato que llama la atención es la elevada fidelidad del votante nacionalista. En Galicia, el BNG ha conseguido fidelizar, según informaba este martes el diario La Razón, al 81,5% de sus votantes. Es un porcentaje superior incluso al del propio PP, que ha fidelizado al 80,9% de sus votantes.

En el País Vasco los resultados son aún más claros. El 76,9% de los votantes de EH Bildu en 2016 han repetido voto en 2020, por el 74,9% de los votantes del PNV.

En contraste, las opciones nacionales en el País Vasco cuentan con un porcentaje de fidelidad muy inferior. 57,1% para el PSOE, 40,3% para el PP y Ciudadanos, y 29,9% para Podemos.

El solar constitucional
De nuevo, la conclusión política parece clara. El nacionalismo ha conseguido fidelizar a su votante porque le ha ofrecido a este un proyecto irrealizable, pero concreto, para su comunidad. Proyecto que es vendido a los ciudadanos a través de un sistema educativo, unos medios de comunicación y unas asociaciones civiles copadas por el nacionalismo.

El constitucionalismo, por su parte, dividido y sin un proyecto propio de país que contraponer al del nacionalismo, ha desconcertado a un electorado que ha visto con impotencia como la izquierda nacional se convertía en un apéndice del nacionalismo, descreía de la soberanía nacional y del principio de igualdad de todos los españoles, y abortaba cualquier posibilidad de un gran pacto nacional de PP y PSOE.

¿Crece, entonces, el nacionalismo? No en número absoluto de votantes. Sí en términos relativos.

Pero, sobre todo, el nacionalismo crece porque ha sido capaz de captar a la izquierda nacional para su causa. Esa, y no la de sus votos, es su principal fuerza. La falta de una idea de país para el futuro ha sido aprovechado por el nacionalismo para apropiarse del solar abandonado por el constitucionalismo y reclamarlo como suyo. En política no existen los vacíos ideológicos. Siempre hay alguien dispuesto a ocupar ese espacio.

El nacionalismo no tiene, en fin, más votantes que hace una o dos décadas. Pero sí tiene la firme voluntad de que sus votantes ocupen el solar de la soberanía nacional. La voluntad que le falta al constitucionalismo. La nación del nacionalismo no existe, pero tiene creyentes que la defienden. La nación española sí existe, pero carece de ellos.
 


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