AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 22  Julio  2020

El acuerdo en Bruselas ata en corto al Gobierno
Editorial El Mundo 22 Julio 2020

El proyecto europeo sale felizmente reforzado tras el importante acuerdo, histórico de verdad, alcanzado tras cuatro jornadas maratonianas por los líderes de los Veintisiete con el objetivo de hacer frente a la devastadora crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Lo pactado es, a grandes líneas, positivo para los ciudadanos del conjunto de la Unión, independientemente de su nacionalidad, aunque, paradójicamente, no se satisfagan las expectativas de algunos Gobiernos concretos, como el español. Y es que Pedro Sánchez y sus socios de Podemos habían tenido la habilidad populista de confundir sus intereses con los de los españoles, abundando durante meses en una falsa dicotomía entre países solidarios e insolidarios y haciendo calar el mensaje de que la UE nos debía una especie de Plan Marshall sin condiciones de ningún tipo porque nosotros lo valemos.

Pues bien, antes al contrario, el acuerdo está plagado de condicionalidades -empezando por ese freno de emergencia que permite a los países estar muy vigilantes sobre el uso de los fondos- que no debemos ver en el sentido negativo con el que nos ha martilleado Moncloa, sino como un control necesario para que el dinero no se despilfarre ni sea un cheque en blanco en manos de dirigentes irresponsables y manirrotos. Lo que habría sido para echarse a temblar, en realidad, es la combinación de dinero fácil con malas políticas como las que llevamos padeciendo tanto tiempo. Es hora de que el Gobierno entienda que España seguirá siendo un enfermo de Europa mientras no ponga fin a sus problemas económicos estructurales y controle un déficit público y una deuda desorbitados. De modo que cabe celebrar que Bruselas vaya a tener mayor capacidad para marcar la senda por la que debe transcurrir nuestra política económica, atando en corto los delirios de Sánchez e Iglesias, de sobra conocidos por el despilfarro practicado y por gestos tan alarmantes como el intento de dinamitar la reforma laboral, jaleados por diputados muletas tan poco recomendables como los herederos de ETA.

Europa enmienda el plan de Sánchez
Editorial ABC 22 Julio 2020

Con el acuerdo alcanzado al cabo de cuatro días de reuniones, los veintisiete países miembros de la UE han dado el paso más significativo que podía esperarse para demostrar su voluntad de seguir unidos en el futuro. El mecanismo de recuperación de los daños causados por la pandemia es el primer modelo en la historia de la UE que mutualiza una deuda común -a través de la Comisión Europea- para distribuirla entre los países más afectados. Una parte sustancial de esta deuda se repartirá, además, en forma de subvenciones a fondo perdido, que es la expresión última de la solidaridad colectiva. Aquellos que dudan de la conveniencia o no de estar dentro de la UE han tenido en estos cuatro días una muestra sobradamente elocuente de lo mucho que significa Europa para un país como España.

El papel del presidente del Gobierno en esta cumbre ha sido, sin embargo, discreto. La imagen de España fue la de un país necesitado de ayuda económica y sin voluntad real de asumir un programa reformista a la altura de las excepcionales circunstancias que atraviesa la Unión Europea. Sobraron los aplausos con los que Pedro Sánchez fue ayer recibido en el Consejo de Ministros. La ovación, en cambio, la merecen los socios que han confiado en las capacidades y el compromiso de España para modificar su rumbo económico. El acuerdo alcanzado en Bruselas constituye una revocación completa del programa con el que se fundó la coalición de Gobierno, que ya había sido anulado por la irrupción de la pandemia. Aunque Sánchez se haya resistido con contumacia a aceptar que a cambio de esas subvenciones tiene que cumplir lo que se incluye en las recomendaciones de la Comisión -que además forman parte de los compromisos adoptados por España como miembro de la zona euro-, la realidad es que la condicionalidad es parte esencial del pacto y que hay una grave incompatibilidad entre lo que nuestros socios esperan de España y lo que los sectores más radicales del Gobierno se proponen llevar a cabo. Hasta ahora, Sánchez ha estado paralizado, retrasando el momento en el que deberá decidir hacia qué parte de esa coalición va a inclinar su política para la reconstrucción de la economía.

Todos los elementos del acuerdo europeo y del sentido común le deberían orientar hacia una opción moderada y pactada con las fuerzas centristas y constitucionales, porque es lo que esperan nuestros socios europeos. España tiene ante sí una oportunidad excepcional para aprovechar esta desgracia como palanca para construir una nueva economía, moderna y más competitiva, o puede desaprovecharlo con recetas demagógicas y estériles. La responsabilidad que asumiría Sánchez si deja pasar este tren sería inmensa.

Europa no es tonta
José Félix Pérez-Orive Carceller ABC 22 Julio 2020

Hace unas semanas, el futuro inmediato de España pasaba por la relación embrionaria de Sánchez con Iglesias. Sánchez, como un huevo de Fabergé, adornado por fuera y hueco por dentro, e Iglesias como uno de serpiente, denteroso en apariencia y peligroso en su interior. La simbiosis se concretaba en que Iglesias colmaba de ideas la vacuidad de Sánchez, y este le aportaba un poder del que el otro carecía. Sin embargo, el destino de esta vida en común va a cambiar. Europa, a quien traspasamos libremente parte de nuestra soberanía, tiene sus propias ideas de cómo salir de la crisis.

Como nos han relatado hasta la saciedad, los presidentes europeos más conscientes del valor del dinero, preferían que la ayuda
dedicada a la reconstrucción pos-Covid fuese en créditos a devolver en breve. Desde los liberales (Países Bajos) hasta los socialistas (Suecia) ven que la forma de ayudar al pobre es hacer de él un elemento productivo y no un adicto a la benevolencia del estado. Su tesis es que lo que nos tiene que unir a los europeos es la querencia al proyecto en común, y no una deuda de por vida, porque el despilfarro -Sánchez ha disparado el déficit un 24%- tiene dientes y deja huella.

El Covid ha sido una tragedia para todos, pero unos la afrontaron mejor que otros (8-M) y no se puede premiar al que lo hizo mal. El planteamiento de los más concienzudos pretende ayudar a la Unión: exige reformas para evitar caer en un pozo sin salida; no desean financiar con sus ahorros regímenes clientelares como el nuestro. Por si fuera poco, quienes piden esos fondos son los que han dicho que los europeos disfrutan imponiendo recortes, atacan al Rey, la prensa, los jueces y fomentan el independentismo. Definitivamente para esto no debe haber dinero y creo que la mayoría estará de acuerdo.

Por el contrario, nuestros gobernantes han invocado que el dinero es de todos, con amenazas sutiles del riesgo que corre Europa de no aceptar esa premisa. «La solidaridad está bien», nos contestan, pero si es inteligente. Los viajes de nuestro presidente por Europa no lo han sido. Sabía Sánchez desde hacía meses lo que pensaban nuestros socios y lo ocultaba para poder presumir de que con él las cosas iban a ser diferentes, confiando en que una carambola de última hora le diera la razón. Creía, en su desbocada presunción, que podría hacer a nuestros socios un «Pedrosánchez» (expresión que algunos medios digitales indican que será admitida por la Real Academia de la Lengua Española) y justificar los gastos a chorro en Bruselas con cromos del hombre lobo.

Europa no es tonta y por eso ha discutido tanto. Resulta fácil concluir que en esta negociación al final todos han cedido en la cuantía y proporción de ayudas y préstamos, sin marcados vencedores ni vencidos, aunque Sánchez -patéticamente- ya se está proclamando campeón. Los fondos fluirán con unas condiciones en forma de ajustes, derechos fundamentales o blindaje de la reforma laboral. Ahora bien, ¿esas imposiciones no deseadas supondrán en nuestro caso la ruptura del gobierno de coalición? No lo creo; Iglesias, por no perder sus canonjías, es capaz de aceptar cualquier cosa, incluso que no lo enseñen; pirueta que no lo hace desaparecer. Alguien me apuntaba que para algunos europeos, es Makavity el personaje maligno de TS Elliot, en huida permanente de los conflictos que a hurtadillas genera.

Iglesias sabe que si sale del Gobierno, no regresará. Él, que se ha acostumbrado a tener diez guardias civiles a la entrada de su casa, no podría vivir con solo una portera. Como buen leninista, la dignidad le trae al fresco, solo le importa el poder y no le sacarán de La Moncloa ni con polvorones. Pues bien, anticipar esa certeza, le ha proporcionado flexibilidad a Sánchez para ceder en esta tensa negociación. Pero que prefiriera que fuese la Comisión Europea (los «ejecutivos») y no el Consejo (los «presidentes») los que le controlasen, delataba que pretendía un coladero imposible para hacer con el dinero lo que quisiera.

Aun con el acuerdo cerrado, Sánchez seguirá precisando avales para los sucesivos desembolsos. Pero los busca sin gracia y mal. Repite que «algunos» deben ayudar. Pero, ¿quienes son «algunos»? «Algunos» es el Partido Popular (con mayores influencias e imagen de seriedad en La Unión) a quien ha intentado de manera infantil culpar por adelantado de sus fiascos, cuando lo suyo sería dejarse ayudar acordando temas económicos y sociales con él en España.

Todo desprecio tiene su limite, y el PP «no debería intentar contentar al que no se va a contentar». Una cosa es no perder la moderación y otra que «cuando hay que dar hay que dar». Pudimos comprobar que Sánchez nunca agradeció a Casado su comportamiento leal en el estado de alarma, o su apoyo en Bruselas a la candidatura de Calviño a presidir el Eurogrupo. Por eso, el PP bien haría en plantar cara a las acusaciones del presidente de que estorba en Europa (le estorban a él), o que quieren derribar al Gobierno (pues claro que quieren derribar al Gobierno). Ese clima no debería ser incompatible (aunque lo parezca) con consensuar unos presupuestos. Por lo menos durante dos o tres ejercicios vamos a necesitar respiración asistida, circunstancia que, si Sánchez la intenta sobrellevar solo en Europa, le tostará en el caldero, a la cuisson douce, y permitirá al PSOE por fin concienciarse de por qué ni los socialistas europeos se fían de su líder.

Por primera vez, en mucho tiempo, los esfuerzos de la izquierda pueden valer para aprender a administrar nuestra economía (contabilizar, medir, controlar; sin olvidar estas dos últimas). Estaban acostumbrados a llegar al Gobierno a mesa puesta cuando el trabajo duro y el buen criterio lo servían los demás. Ahora se están dando cuenta de que gobernar es desempeñarse en lo práctico con disciplina y obligación de acertar. Cierto es que con la pandemia han trabajado, pero acertar han acertado muy poco; tal vez porque sus cuadros son mediocres, porque consideren la eficacia una virtud enojosa (que lo es) o porque lograr permanentes compromisos con su socio desde posiciones ideológicas distantes, induce al error. Pues bien, tenemos la suerte de que esa virtud de la eficacia en Europa es la dominante, que sus dirigentes la administran con decencia como buenos padres de familia y que todos ellos, al margen de la posición que parezca que les alinea -cambiante en cosa de horas- están al cabo de la calle de la pareja con la que están tratando. Europa es para todos el gran valladar que nos defiende de la insensatez; y es nuestra enorme fortuna.
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José Félix Pérez-Orive Carceller es abogado

El dinero de los demás
Lo positivo es que Europa va a soltar una suma apreciable de dinero. Lo negativo, que la va a administrar este Gobierno
Ignacio Camacho ABC 22 Julio 2020

El control férreo de la deuda, propia y europea, era hasta ahora el arma de disuasión de Alemania, el sucedáneo del botón nuclear que las potencias le negaron tras la victoria aliada. Así había cimentado su hegemonía, desde una disciplina financiera de estricta observancia. Pero la pandemia lo ha cambiado todo, aunque ya antes Merkel venía dando ciertas señales de reconversión keynesiana, y ha provocado un salto histórico en la estrategia comunitaria: vía libre al endeudamiento masivo y mancomunado, con el Banco Central como prestamista -no estatutario- de última instancia. Ése es el acontecimiento central del acuerdo del martes de madrugada. El resto son detalles, forcejeo y propaganda, tarea ésta última en la que siempre destaca un Sánchez capaz de hacerse un vídeo aclamado por sus ministros como si se tratara de un «pasillo» de honor al campeón de una Champions recién conquistada.

No es una mala noticia que España vaya a recibir una cantidad considerable de dinero, la mitad a fondo perdido y la otra a crédito tan dilatado que lo acabarán de pagar nuestros herederos. Sí lo es, o puede serlo, que ese caudal sobrevenido lo vaya a administrar un Gobierno caracterizado por el clientelismo sectario, la hipertrofia burocrática y el dispendio. Pero ese problema no es de la UE sino nuestro, y con la actual estructura del voto lo vamos a padecer bastante tiempo. Sánchez ha hecho lo que debía: si reparten billetes hay que cogerlos. Por arbitrariamente que los gaste, ninguna ayuda sobra en este momento y las transferencias no serán discrecionales, sino adjudicadas proyecto por proyecto. Era estúpido, además de contraproducente, confiar o desear que Europa o los países llamados «frugales» le diesen al presidente una patada en nuestro trasero. Eso sí, también será ingenuo creer que aunque le llueva maná del cielo este Gabinete de izquierdas vaya a dejar de subir los impuestos.

A una mentalidad liberal le repugnan las subvenciones directas. En ese sentido no era difícil entender quejas como la escandinava o la holandesa, naciones con equilibrio fiscal que cumplen sus obligaciones y reclaman que los demás jueguen con las mismas reglas. Sólo que esta vez son Alemania y Francia las que han autorizado la deuda en el entendimiento de que el proyecto continental sufre una grave emergencia. Habrá condiciones en letra pequeña, más de las que les gustaría al Ejecutivo español y menos de las que quisiera la derecha; no las suficientes, en todo caso, para arrancar esas imprescindibles reformas que llevan demasiados años en vía muerta. El alegre programa sanchista va a sufrir alguna importante enmienda -pensiones, legislación laboral, quizá IVA- y sus mañas de autobombo no le servirán ante la tupida eurocracia de Bruselas. Pero la papeleta que hay que resolver es interna. No tiene sentido ni es buena idea esperar que nos hagan los deberes fuera.

El documento que avanza las reformas que la UE pedirá a Sánchez
Piden acabar con el déficit, vía menos gastos y más ingresos fiscales, y profundizar la reforma laboral, en contra de lo propuesto por PSOE y Podemos.
Diego Sánchez de la Cruz  Libertad Digital 22 Julio 2020

Los técnicos dedicados a supervisar el cumplimiento de las reformas económicas comprometidas por los países miembros de la Unión Europea no gozan de muy buena prensa en muchos de los países del Viejo Continente. En la pasada crisis, se popularizó la referencia a ellos como los hombres de negro, una referencia a la opacidad en la que se mueven sus misiones de vigilancia e inspección.

Pero, al contrario de lo que podría parecer, las medidas de política económica que procuran impulsar estos tecnócratas dependientes de la Comisión Europea no son ninguna improvisación, sino que beben directamente de documentos de trabajo que, si bien resultan poco conocidos para el gran público, son fácilmente accesibles.

Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el Informe sobre España 2020 incluido en el proyecto Semestre Europeo 2020. Se trata de un análisis enfocado en nuestro país que evalúa "los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos".

Este documento fue publicado el 26 de febrero de este mismo año y apenas recibió cobertura mediática. Sin embargo, ahora que se ha activado un enorme paquete de rescate que inyectará 140.000 millones de euros en la economía española, las recomendaciones incluidas en el Informe sobre España 2020 se vuelven de vital importancia, puesto que este documento saldrá ahora a la luz para guiar el diseño de los Planes de Inversión y Reformas que debe presentar el gobierno de nuestro país para acceder al rescate.

Dicho informe señala distintas prioridades de reforma. La primera de ellas tiene que ver con la Hacienda Pública y la Fiscalidad. Los técnicos de la Comisión llevan años criticando la falta de estabilidad en los presupuestos, señalando por ejemplo que "la ratio de deuda sobre PIB es muy sensible a las perturbaciones".

Austeridad, sí o sí
En este sentido, "la sostenibilidad presupuestaria" es una de las prioridades de reforma que marca el Informe sobre España 2020, de modo que la negociación del rescate se traducirá, necesariamente, en la introducción de medidas de austeridad que, por definición, solo contemplan dos posibles vías de actuación: subir ingresos (es decir, más impuestos) o reducir gastos (es decir, recortes).

El documento de trabajo menciona los informes sobre eficiencia de gasto que está coordinando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Uno de estos spending review llegó a identificar cerca de 35.000 millones de euros de gasto anual en subvenciones, de modo que es probable que la tijera empiece por esa vía. En paralelo, el informe considera que "la proporción de impuestos sobre el consumo sigue siendo relativamente baja", una apreciación que anticipa una posible subida del IVA o, en su defecto, el repunte de gravámenes especiales, sobre todo cuando tengan un componente "medioambiental" (caso, por ejemplo, del impuesto al diésel).

Mejorar, no derogar, la reforma laboral
Los tecnócratas comunitarios también incluyen entre sus prioridades la cuestión del empleo. Aunque el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos ha hablado abiertamente de tumbar la reforma laboral impulsada por el PP en 2012, las recomendaciones de la Comisión van precisamente en la dirección opuesta y no hablan de tumbar dichas modificaciones, sino de complementarlas con políticas activas de empleo más eficaces y con una estrategia orientada a favorecer una menor temporalidad.

Sánchez, ¿acorralado?: así será la tutela de la política económica española
Los Planes de Inversiones y Reformas serán revisados durante un periodo de tres meses por la Comisión Europea y los socios comunitarios.
Diego Sánchez de la Cruz  Libertad Digital 22 Julio 2020

El rescate ya está en marcha. Finalmente, el fondo de reactivación pactado por los líderes europeos se traducirá en 140.000 millones de ayuda para España, de los cuales 72.700 millones irán ligados a la línea de ayudas a fondo perdido y los 67.300 millones restantes estarán ceñidos a créditos pendientes de devolución.

Pero la ayuda que recibirá España tiene condiciones. Para acceder a los fondos, los países deberán presentar Planes de Inversiones y Reformas que quedarán sujetos a la aprobación de los demás socios europeos. El diseño de dichos Planes no es una hoja en blanco, sino que se espera que sean medidas ceñidas al Marco de Recomendaciones del Semestre Europeo.

Tal Marco de Recomendaciones establece, por ejemplo, la necesidad de garantizar que las pensiones son sostenibles o el compromiso con la contención del gasto público. Lo primero puede suponer recortes para los jubilados o subidas de impuestos para los trabajadores, mientras que lo segundo se traducirá en un corsé presupuestario que limitará enormemente la capacidad de aprobar nuevos desembolsos.

Las reformas serán revisadas y aprobadas
Pero, además de esas recomendaciones genéricas, el punto A.19 del acuerdo también señala que los Planes de Inversiones y Reformas serán revisados durante un periodo de dos meses por los mismos técnicos de la Comisión Europea que coordinaron los rescates de la pasada crisis económica, muchos de ellos popularmente conocidos como los hombres de negro.

La cláusula A.19 exige, además, que los tecnócratas comunitarios asignen la mayor nota posible a estos Planes de Inversiones y Reformas, puesto que de lo contrario no serán tenidos en cuenta. No solo eso: las recomendaciones realizadas por Bruselas no serán genéricas, sino que abordarán de manera específica la situación española, de modo que parece muy probable que las medidas exigidas vayan en la línea de los puntos anteriores.

Además, hay que tener en cuenta que a nivel comunitario se ve con malos ojos el déficit público y la pretensión de la reforma laboral, de modo que se aventura como muy probable una negociación en torno a puntos delicados para la coalición de gobierno, como el aumento del IVA o el futuro de la reforma laboral.

Bajo las normas acordadas, los Planes de Inversiones y Reformas también deberán tener el visto bueno del Consejo Europeo, es decir, de los demás gobiernos. En este caso, serán cuatro las semanas con las que contarán nuestros socios para evaluar los Planes de Inversiones y Reformas que se hayan acordado con la Comisión Europea.

Con este acuerdo, Pedro Sánchez logra evitar la quiebra efectiva del Tesoro a cambio de aceptar la tutela efectiva de la Unión Europea, sometiendo la política económica de nuestro país a los dictados de los polémicos tecnócratas europeos que tantas criticas recibieron del PSOE y Podemos durante la anterior crisis.

Las manos del presidente quedarán muy atadas a la hora de desarrollar el programa de gobierno que anunciaron PSOE y Podemos a comienzos de este mismo año, lo que puede generar diferencias entre ambas facciones del Ejecutivo. Y, en clave fiscal, los déficits se antojan intolerables para los socios europeos, de modo que parece probable esperar ajustes en los próximos años, tal y como lleva tiempo avanzando Libre Mercado.

El acuerdo de la UE es un freno al despilfarro
José María Rotellar  Libertad Digital  22 Julio 2020

La UE deja muy claro que no podrán realizarse frivolidades en materia de gasto si no se quiere que se paralice la recepción de dichos fondos.

Si algo ha quedado claro tras las negociaciones de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), es que nada es gratis y que todo esfuerzo conjunto que se haga para impulsar la recuperación habrá de ser sometido a unas férreas condiciones, frente a los deseos del presidente Sánchez, que pedía prácticamente un cheque en blanco para emplear el dinero de la forma que quisiese, que no era otra que la línea populista con la que Podemos se ha impuesto, de momento, en el seno del Ejecutivo frente a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, e incluso frente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El acuerdo alcanzado establece un montante global que seguirá siendo de 750.000 millones de euros, pero cambia su composición interna: en lugar de 500.000 millones en ayudas directas no reembolsables, es decir, en subvenciones, el importe de las mismas será de 360.000 millones de euros, mientras que los préstamos reembolsables ascienden de 250.000 millones iniciales a 390.000 millones de euros.

De esta manera, la UE deja muy claro que no podrán realizarse frivolidades en materia de gasto si no se quiere que se paralice la recepción de dichos fondos. Es cierto que ningún país tendrá capacidad de veto, pero sí tendrá la prerrogativa para tratar de ejercer ese llamado freno de emergencia. Así, los planes de cada país deberán ser remitidos a la Comisión Europea y aprobados por mayoría cualificada, lo que supone un primer freno a delirios de gasto improductivo. A continuación, cuando tenga que autorizarse el desembolso, si algún país tiene dudas sobre los planes de algún otro país, podrá solicitar que se eleve a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, paralizando el pago hasta que se debata sobre el tema. Aquí también deberá ser aprobado por una mayoría reforzada.

Por tanto, claramente los fondos quedan condicionados al buen destino de los mismos, lo que significa que no se puede generar un gasto estructural improductivo, sino que todo gasto ha de ir destinado más bien a inversiones; hay que acometer un saneamiento de las cuentas públicas para garantizar su sostenibilidad; y, por último, hay que impulsar nuevas reformas y profundizar en las ya existentes, de manera que España tendrá que abordar un proyecto reformista en sus políticas de gasto, para que sean sostenibles, y el Gobierno no podrá derogar la reforma laboral.

España sale de la cumbre con 72.700 millones de euros en ayudas directas y más de 67.000 millones en préstamos, es decir, 4.600 millones menos en subvenciones, aunque el global entre subvenciones y deuda será el mismo importe. La UE deja claro, así, que la política de gasto desmedido, improductivo y estéril de Iglesias, apoyado hasta ahora por Sánchez, no puede ser el camino, y que si España no quiere tener problemas para recibir finalmente esos fondos, deberá retornar a una política económica ortodoxa.

No hay que ver la condicionalidad como algo negativo, sino positivo, pues el dinero, al fin y al cabo, sale de los contribuyentes, al nutrirse de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos de la UE. Se manejan cifras y se reclama un incremento de las mismas como si el dinero fuese gratis, y no hay nada gratis, sino que es dinero que, con mucho esfuerzo, han aportado todos los ciudadanos de la UE. Por tanto, no se puede malgastar, como no se puede malgastar ningún céntimo de dinero público, que es lo que son estos fondos. Por ello, es imprescindible que se lleve un control no sólo sobre España, sino sobre todos los países que reciban dichos fondos, porque será un control positivo para todos los ciudadanos de la UE, que con nuestro esfuerzo y trabajo sufragamos no sólo la cobertura financiera de las políticas económicas nacionales, sino también las de la UE, como ésta. Los contribuyentes merecen que se vigile y controle que no se dilapida el dinero aportado con su sacrificio.

Por tanto, no se puede no imponer ningún control y dejar que el dinero se malgaste, se despilfarre o se convierta en estructural con la excusa de que la crisis del coronavirus lo hace necesario. No se necesita más gasto, sino un gasto más eficientemente gestionado. Es obvio que tiene que haber un nivel de gasto adecuado para poder proveer los servicios esenciales y básicos, desde luego, pero lo que no puede es incrementarse el gasto de manera exponencial en muchos temas no esenciales, porque eso hay que pagarlo, y el dinero no crece en los árboles, ni en cada uno de los países ni en la UE; el dinero público es de los contribuyentes, y se financia o con más impuestos, o con más deuda (que es un impuesto diferido) o con inflación (que es una forma de impuesto regresivo). Es decir, al fin y al cabo, todo con impuestos. Los impuestos frenan la actividad económica y el empleo y, con ello, la prosperidad. Por ello, es esencial que los ciudadanos sean conscientes de que nada es gratis y que cuando un político les prometa una actuación de incremento de gasto, piensen en que, paralelamente conllevará un aumento de impuestos, sea en su país o venga de la Comisión Europea, porque, al final, el dinero sale del mismo sitio, que no es otro que el bolsillo de todos y cada uno de los contribuyentes.

España necesita retornar a una política económica ortodoxa, que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas, que realice reformas y que agilice la estructura económica, para, así, crecer por sí misma y generar puestos de trabajo, y eso es lo que la UE le ha venido a recordar a Sánchez con las condiciones de este acuerdo.

Sánchez y la 'triunfal' demolición de la UE de su programa de gobierno
EDITORIAL  Libertad Digital 22 Julio 2020

Las tragaderas de la UE no son como para financiar total e indefinidamente la ruinosa política social-comunista.

Una cosa es que el acuerdo alcanzado este martes por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en torno al llamado 'fondo de reconstrucción' por la crisis del coronavirus no constituya una especie de jaque mate o inminente y drástico ultimátum a la nefasta política económica del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y otra cosa muy distinta que suponga un aval o respaldo a la misma. Así lo daría entender un pletórico Sánchez que ha presentado el "histórico acuerdo" como "la muerte de la austeridad" y de la necesidad de aplicar recortes en el gasto público y de llevar a cabo reformas liberalizadoras.

Lo cierto es que el acuerdo alcanzado, aun cuando se mantenga en los 750.000 millones de euros inicialmente planteados, reduce las ayudas directas y a fondo perdido de los 500.000 millones a los que aspiraban Sánchez y otros gobernantes manirrotos a los 390.000, mientras que los 250.000 millones en créditos se elevan hasta los 360.000. Además, los llamados 'países frugales', como Suecia, Holanda o Austria, han logrado imponer que esas ayudas directas se concedan gradualmente y condicionadas a reformas estructurales en ámbitos como el del mercado laboral, el de los ajustes presupuestarios y el de las pensiones; reformas antagónicas con las promovidas por el Gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias.

Así, cada perceptor tendrá que presentar planes serios de reformas a la Comisión Europea, que determinará si cumplen sus recomendaciones en las áreas arribas referidas. Además, la Comisión pedirá opinión y voto a los Estados miembros, que podrán tirar del freno de emergencia –reuniendo una mayoría cualificada– si no cuadran los números.

Ya podrán Sánchez e Iglesias presentar el acuerdo como un triunfo, pero lo cierto es que el Ejecutivo social-comunista puede ir olvidándose de derogar la tímida pero acertada reforma laboral del Gobierno de Rajoy, de equilibrar las cuentas públicas por la exclusiva vía de subir los impuestos o de mantener el poder adquisitivo de un sistema de pensiones que estructuralmente constituye una estafa piramidal y que ya resultaba insostenible antes de la irrupción del coronavirus.

Aun así, es cierto que la UE da cierto margen para el mantenimiento de la alianza entre socialistas y comunistas, pero sólo si cumplen con lo que se han comprometido –preparando para ello a la opinión pública–; de lo contrario, las tensiones en el Gobierno serán tremendas.

En cualquier caso, parece que las tragaderas de la UE con el dinero del contribuyente no son tan descomunales como para financiar total e indefinidamente la ruinosa política de Sánchez e Iglesias.

La letra pequeña de del rescate
Las 10 reformas que la UE exige a Sánchez a cambio de los 140.000 millones

Periodista Digital  22 Julio 2020

Tampoco es un secreto que la reforma laboral de Mariano Rajoy siempre ha sido bien valorada en Bruselas, donde también se ha alertado en muchas ocasiones sobre la necesidad de apuntalar la sostenibilidad de las pensiones

El personal sospecha y con motivo, que buena parte del dinero servirá disimuladamente para comprar votos y alimentar a los amigos del Gobierno PSOE-Podemos, con proyectos de nombres complejos y apellidos del tipo ‘verde’, ‘ecológico’, ‘feminista’, ‘impacto’, ‘social’ ‘innovador’ o ‘progresista’, pero no todos millones no se podrán ir por el vertedero de la demagogia y el conchabeo político.

El rescate ya está en marcha. El fondo de reactivación, pactado por los líderes europeos, inlcuye 140.000 millones de ayuda para España, de los cuales 72.700 millones irán ligados a la línea de ayudas a fondo perdido y los 67.300 millones restantes estarán ceñidos a créditos pendientes de devolución.

La movilidad, la sanidad, las infraestructuras y la cadena agroalimentaria son los sectores que recibirán más ayudas en los próximos seis años, tras la aprobación del programa de 750.000 millones, Next Generation Europe.

El rescate permite a Moncloa subir los impuestos en España. El pacto de los líderes europeos para desbloquear las ayudas remite a las directrices fiscales de la Unión Europea.

Los documentos europeos avalan desde hace años una subida impositiva en España, sobre todo en materia de impuestos indirectos, como el IVA, e impuestos especiales.

Pero la ayuda que recibirá España tiene condiciones. Para acceder a los fondos, los países deberán presentar Planes de Inversiones y Reformas, que quedarán sujetos a la aprobación de los demás socios europeos.

El diseño de dichos Planes no es una hoja en blanco, sino que se espera que sean medidas ceñidas al Marco de Recomendaciones del Semestre Europeo.

Tal Marco de Recomendaciones establece, por ejemplo, la necesidad de garantizar que las pensiones son sostenibles o el compromiso con la contención del gasto público.

Lo primero puede suponer recortes para los jubilados o subidas de impuestos para los trabajadores, mientras que lo segundo se traducirá en un corsé presupuestario que limitará enormemente la capacidad de aprobar nuevos desembolsos.

Estás son algunas de las reformas que tendrá que afrontar el Gobierno socialcomunista, quiera o no:

1.- REFORZAR EL SISTEMA SANITARIO: Es la gran novedad de las recomendaciones de 2020. El Covid-19 ha dejado al descubierto la «vulnerabilidad» de la sanidad española a los shocks y sus «problemas estructurales», algunos de los cuales se deben a «ciertos déficits de inversión en infraestructuras físicas y carencias en el reclutamiento y las condiciones de trabajo de los trabajadores sanitarios». Hay disparidades regionales en materia de inversión, recursos físicos y personal y la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno no es siempre eficaz», denuncia la Comisión. Sánchez debe «reforzar la resistencia y la capacidad del sistema sanitario, en lo que se refiere a trabajadores, productos médicos críticos e infraestructura. Unas reformas que tienen que asegurar que las personas mayores que viven en residencias, las más golpeadas por la pandemia, tengan acceso a los servicios de emergencia y cuidados intensivos. También hay que potenciar la atención primaria y la sanidad digital. A medio plazo, es importante garantizar que la probable reducción de recursos presupuestarios debida a la crisis económica no afecte a la cobertura sanitaria de la población y provoque desigualdades en el acceso, avisa Bruselas.

2.- UN PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO: La UE no exige esta vez a España ajustes presupuestarios a corto plazo, pese a que según sus propias previsiones el déficit se disparará este año hasta el 10,1% del PIB y la deuda escalará al 115,6%. Al contrario, Bruselas ha activado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que suspende temporalmente la exigencia de tener un déficit por debajo del 3% y un nivel de deuda inferior al 60% del PIB. Una suspensión que seguirá vigente al menos hasta el año 2022. La prioridad ahora debe ser disparar el gasto público para amortiguar el impacto del coronavirus. Pero «cuando las condiciones económicas lo permitan», el Gobierno de Sánchez deberá «aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr una posición fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión». Ya antes de la crisis, España era uno de los países de la UE con más déficit y no había tomado medidas suficientes para rebajarlo pese al periodo de bonanza económica, según el análisis del Ejecutivo comunitario.

3.- MEDIDAS COMPENSATORIAS PARA LAS PENSIONES: La UE cree que las reformas realizadas en 2011 por José Luis Rodríguez Zapatero y en 2013 por Mariano Rajoy «ayudaron a garantizar la sostenibilidad y la suficiencia relativa de las pensiones a largo plazo». Por eso censura que estos cambios hayan sido revertidos y reclama alternativas para evitar la quiebra del sistema. «Volver a ligar los incrementos de las pensiones a la inflación (como se decidió en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad requieren medidas compensatorias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo», avisa Bruselas.

4.- COMBATIR LA ALTA TASA DE TEMPORALIDAD LABORAL: Además de entrar en la crisis con el segundo paro más alto de la UE (sólo Grecia está peor), España es también uno de los Estados miembros con mayor tasa de contratos temporales, lo que frena el potencial de crecimiento y la cohesión social. Los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y los inmigrantes son los más afectados. Ellos son los que más están sufriendo la crisis del Covid-19. El resultado es un menor acceso a prestaciones sociales y más riesgo de pobreza. Los contratos temporales son a menudo muy cortos y no dan incentivos para invertir en formación, lo que hunde la productividad laboral, según el análisis de Bruselas. La UE reclama a Sánchez medidas para «favorecer las transiciones hacia contratos indefinidos, entre ellas la simplificación de los incentivos a la contratación». También apuesta por mejorar la calidad de los servicios públicos de empleo. Sobre la reforma laboral de Rajoy, Bruselas sostiene que «desempeñó un importante papel en el fomento de una recuperación intensiva en empleo que se inició en 2014». La respuesta a la intención de Sánchez y Podemos de derogarla es que «será importante que cualquier nueva medida sólo se adopte tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores».

5.- MEJORAR LA EFICACIA DE LAS AYUDAS SOCIALES: La crisis aumentará los ya elevados niveles de pobreza y exclusión social en España, especialmente entre las familias con niños. En 2019, España era el país de la UE con el nivel más bajo de ayudas por hijo. En la actualidad, las ayudas para parados de larga duración y para los que no tienen derecho a prestación contributiva están dispersas en múltiples planes, lo que resulta en un bajo nivel de cobertura. Los sistemas de renta mínima regional existentes sólo llegan al 20% de sus potenciales beneficiarios en todo el país y hay grandes disparidades en cuanto a cobertura, duración, condiciones de acceso y dotación. «El difícil contexto económico y social resultante de la pandemia exige una solidaridad intergeneracional en favor de las generaciones más jóvenes». En concreto, la UE reclama «mejorar la cobertura y la suficiencia de los sistemas de renta mínima y ayuda a las familias». En una entrevista con EL ESPAÑOL, el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Nicolas Schmit, valoraba positivamente el ingreso mínimo vital que acaba de aprobar el Gobierno de Sánchez, pero avisaba de que no puede financiarse con las ayudas del nuevo fondo anticrisis.

6.- UN PACTO PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN: La crisis del Covid-19 ha puesto de relieve la importancia de la digitalización para mantener el acceso a los servicios educativos. Antes del periodo de confinamiento, sólo la mitad de las escuelas en España disponían de plataformas de aprendizaje digital adecuadas, con importantes disparidades regionales. El cambio repentino al aprendizaje digital supone además un reto particular para los estudiantes más vulnerables, que no tienen acceso a soluciones digitales en su hogar, señala la UE. Las autoridades españolas deben lograr que «todos los estudiantes se beneficien del acceso al aprendizaje digital, incluidos los que viven en áreas rurales o en hogares vulnerables». Más a medio plazo, Bruselas insiste en su petición de una reforma educativa basada en un amplio consenso político y social que reduzca el abandono escolar (España tiene la tasa más alta de la UE, 17,3%), aumente el porcentaje de estudiantes en ciencia y tecnologías digitales, haga la formación profesional más atractiva y adapte la oferta educativa al mercado laboral.

7.- UNIDAD DE MERCADO CONTRA LA FRAGMENTACIÓN AUTONÓMICA: Las disparidades normativas a las que se enfrentan las empresas dependiendo de la comunidad autónoma frenan el crecimiento de la productividad en España. Aumentan los costes y limitan la movilidad geográfica de compañías y trabajadores, según la UE. La recomendación a Sánchez es aplicar de forma más decidida la ley de Unidad de Mercado que aprobó Rajoy. También debería suprimir las restricciones a profesiones reguladas como ingenieros civiles, arquitectos o servicios informáticos y legales. «De manera general, una coordinación más fuerte y de manera sostenible entre los diferentes niveles de Gobierno (central, regional y local) podría hacer que las políticas para facilitar la recuperación sean más eficaces», asegura Bruselas.

8.- AHORRAR ENERGÍA Y COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO: Algunas zonas de España figuran entre las más expuestas de Europa al cambio climático, al estar sus recursos hídricos sometidos a presiones que requieren más inversión en infraestructura para mejorar la gestión del agua, como, por ejemplo, la depuración de aguas residuales, las filtraciones en las redes de distribución del agua y el suministro, avisa la UE. «La reducción del consumo energético en los edificios y el desarrollo de redes energéticas inteligentes y del almacenamiento de la energía eléctrica procedente de fuentes renovables contribuirían a gestionar mejor la demanda. Deben realizarse mayores esfuerzos por promover el transporte sostenible y la economía circular», señalan las recomendaciones para España.

9.- MEJORAR LAS POLÍTICAS DE I+D+i: La UE lleva años alertando de que los resultados de España en materia de innovación «se ven obstaculizados por unos niveles bajos de inversión en investigación y desarrollo». El gasto en I+D del sector empresarial en España asciende tan solo a la mitad de la media de la Unión, especialmente en el caso de las grandes empresas. Además, se observan importantes disparidades regionales. Una divergencia que se ve agravada por el bajo —y decreciente— índice de ejecución del presupuesto público dedicado a investigación y desarrollo. El empleo en los sectores de alta tecnología y en los servicios intensivos en conocimientos se encuentra muy por debajo de la media de la Unión en muchas regiones españolas. La UE reclama al Gobierno de Sánchez realizar inversiones importantes para fomentar el emprendimiento y las empresas emergentes, ayudándoles a crecer y a digitalizarse para que puedan especializarse en actividades con mayor valor añadido con vistas a incrementar su presencia en los mercados internacionales.

10.- IMPULSAR EL TREN DE MERCANCÍAS: El carácter incompleto de las conexiones de transporte de mercancías por ferrocarril y la integración limitada en los mercados de electricidad y gas de la UE también impiden que España se beneficie plenamente del mercado único de la UE, sostiene la Comisión. Por este motivo, España debe seguir invirtiendo en interconexiones eléctricas con el resto de la Unión para alcanzar el objetivo de al menos un 10 % de su capacidad instalada de producción eléctrica de aquí a 2020. También son necesarias inversiones para permitir un mayor uso del ferrocarril en el transporte de mercancías, incluidas las conexiones transfronterizas con Francia y Portugal y las conexiones con los puertos y los centros logísticos.

España deberá acometer 30 reformas si quiere recibir las ayudas europeas
La entrega del fondo europeo está condicionada a que el Gobierno presente proyectos que vayan en línea con lo que pide Bruselas, y que afecta al empleo, las pensiones, la educación e incluso al modelo territorial
Ana Carvajal www.vozpopuli.com 22 Julio 2020

España recibirá 140.000 millones de euros con cargo al nuevo fondo creado por la Unión Europea para salir de la crisis provocada por el coronavirus. De ese dinero, 72.700 millones serán préstamos y el resto ayudas directas, pero solo serán desembolsados si España presenta un plan de reformas que sean coherentes con las recomendaciones que anualmente hace la Comisión Europea.

¿Y cuáles son esas recomendaciones? Pues las que suele publicar el Ejecutivo comunitario tras evaluar los documentos enviados desde el Ministerio de Economía. La última vez que se hizo ese ejercicio fue en mayo pasado, si bien el análisis de la Comisión quedó alterado por la pandemia que en ese momento estaba azotando la Unión Europea.

No obstante, la Comisión recogió algunas de las reformas que España debe hacer para acabar con la brecha de productividad que tiene con la media de los países comunitarios. A saber:

1.- Revisión del sistema de incentivos a la contratación para fomentar el empleo indefinido, especialmente para los trabajadores jóvenes.

2.- Flexibilización de las condiciones laborales, aunque no se especifica en qué sentido.

3.- Fomentar el atractivo de la formación profesional.

4.- Promover la inversión privada.

5.- Impulsar la innovación.

6.- Apoyar la digitalización de las empresas para incrementar su competitividad.

7.- Facilitar la penetración de las energías renovables.

8.- Reducir el consumo de energía de los edificios, tanto públicos como privados.

9.- Invertir en nuevas interconexiones eléctricas con el resto de la Unión.

10.- Desarrollar una infraestructura de combustibles alternativos para que se pueda desarrollar el vehículo eléctrico.

11.- Eliminar la fragmentación y los obstáculos reglamentarios que impiden a las empresas beneficiarse de las economías de escala. Para ello, se recomienda utilizar de forma más activa la Ley de Unidad de Mercado.

12.- Preservar la capacidad del sistema judicial para tratar de forma eficiente los procedimientos de insolvencia.

13.- Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales que garanticen la sostenibilidad de la deuda.

14.- Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario.

15.- Centrar la inversión en la transición ecológica y digital.

16.- Fomentar la investigación y la innovación.

Además de esas 16 reformas, en el documento de este año se hace mención a las recomendaciones realizadas en 2019, "que deben tenerse en cuenta". Y en ese análisis se incluían también las siguientes peticiones:

17.- Aumentar la eficiencia del gasto público.

18.- Incentivar, tanto a los trabajadores como a los empleadores, para que inviertan en formación.

19.- Reducir las barreras para la movilidad laboral entre las distintas zonas del país.

20.- Modernizar los servicios públicos de empleo para mejorar su misión como conseguidores de puestos de trabajo.

21.- Reducir el empleo de duración determinada en el sector público.

22.- Invertir en vivienda social.

23.- Promover el emprendimiento y las empresas emergentes.

24.- Asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo con medidas para abordar tanto la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que constituye el principal reto, como la de la duración y la integridad de sus carreras laborales.

25.- Reformar el sistema educativo para mejorar los resultados y adecuarlo a las necesidades del sector privado.

26.- Eliminar las restricciones regionales a la prestación de servicios, consecuencia de la regulación fragmentada que existe en España.

27.- Invertir en infraestructuras que garanticen un mayor uso del ferrocarril para el transporte de mercancías.

28.- Promover el transporte sostenible y la economía circular.

29.- Reducir la fragmentación del sistema nacional de asistencia al desempleo.

30.- Simplificar el sistema de incentivos a la contratación.

De estas 30 medidas se concluye que el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá muy complicado llevar a término el programa suscrito en su día con Unidas Podemos, pues cuestiones como la derogación de la reforma laboral serán prácticamente imposibles, ya que lo que pide Bruselas es precisamente una mayor flexibilidad en materia de empleo.

También provocará dificultades a Sánchez todo lo relativo a la unidad de mercado. El Gobierno está sostenido por una pléyade de partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas que difícilmente darán su apoyo a reformas que vayan en la dirección de unificar y reducir las particularidades territoriales, de las que Bruselas abomina, sobre todo en materia de empleo y de barreras a la actividad empresarial.

Entre las reformas de más calado solicitadas sistemáticamente por la Comisión Europea se encuentran la de las pensiones y la educativa, dos cuestiones fundamentales a las que España sigue sin dar una respuesta a medio y largo plazo y que, según Bruselas, lastran la productividad de la economía y ponen en riesgo la viabilidad de las finanzas públicas.

Un rescate encubierto y con hombres de negro
El fondo que se acaba de aprobar en Bruselas es una gran noticia para España, pero conviene no engañarse: está supeditado a un plan de reformas y su aplicación será supervisada en todo momento
Álvaro Nieto www.vozpopuli.com 22 Julio 2020

La aprobación por parte de la Unión Europea de un fondo específico para salir de la crisis del coronavirus es una magnífica noticia. Fundamentalmente, porque renueva el espíritu solidario del proyecto europeo y establece un novedoso método para la creación de ese fondo.

A diferencia de lo que se hacía hasta ahora (la UE se financiaba sólo con las contribuciones de sus Estados miembros), en esta ocasión se autoriza a la Comisión Europea a endeudarse en los mercados de capitales en nombre de la Unión.

Esa deuda tendrá una cuantía máxima de 750.000 millones de euros y servirá para conceder préstamos a los Estados miembros por valor de 360.000 millones y para dar ayudas directas por importe de 390.000.

La mayor parte de ese dinero, y casi todo lo previsto para préstamos, irá a parar a sólo dos países, España e Italia, que han sido los más afectados por la crisis de la covid-19. Entre ambos se llevarán 350.000 millones de euros entre préstamos y subsidios. El resto se distribuirá en cifras muy menores entre los otros 25 países.

Por tanto, el fondo sirve sobre todo para salvar a dos grandes países en apuros. Es decir, la UE está rescatando a España e Italia. Y, como en todo rescate, el dinero está condicionado y su entrega será supervisada hasta el último céntimo por unos particulares 'hombres de negro' que vigilarán de cerca la situación.

Planes de reformas
Según contempla el acuerdo alcanzado por la UE, para poder recibir el dinero los Estados miembros tendrán que elaborar planes con sus programas de reformas e inversiones. Esos planes serán evaluados por la Comisión Europea en función de dos criterios: su coherencia con las recomendaciones económicas efectuadas cada año por el Ejecutivo comunitario y su "contribución a las transiciones ecológica y digital".

Una vez supervisado por la Comisión el plan de cada país, serán los 27 quienes lo estudien en el denominado Comité Económico y Financiero, un órgano donde están representados los gobiernos y los bancos centrales nacionales. De ahí tendrá que salir una propuesta de consenso y, si alguien pone pegas porque considera que un país no está cumpliendo "las metas y objetivos pertinentes", la cuestión pasará a la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno, que tendrán que buscar una solución.

El dinero, pues, no será gratis. Queda condicionado a la realización de las tareas pendientes y su entrega será supervisada caso por caso por un doble filtro, el de la Comisión y el de los 27.

Por tanto, cada país debe presentar planes concretos a Bruselas sobre cómo piensa gastar el dinero. Allí unos funcionarios examinarán si esos proyectos se ajustan a las reformas que hay que hacer, y luego harán lo mismo los 27 a través de sus representantes en el Comité Económico y Financiero. Y en caso de discrepancia, se decidirá al más alto nivel. El dinero, pues, no será gratis. Queda condicionado a la realización de las tareas pendientes y su entrega será supervisada caso por caso por un doble filtro, el de la Comisión y el de los 27. El que piense que habrá manga ancha para gastar, se equivoca de plano.

Enorme oportunidad
Obviamente, que se trate de un rescate y que esté condicionado no resta ni un ápice de importancia a la cantidad de dinero que España va a recibir en los próximos años. De esos 140.000 millones de euros, 67.300 lo van a ser en ayudas directas, que es casi el doble de lo que nuestro país ha estado recibiendo los últimos tiempos en fondos estructurales y de cohesión. De hecho, esos 140.000 millones representan el 11% de la riqueza anual que se genera en España, lo cual da buena muestra de la magnitud de la que estamos hablando.

No obstante, conviene recordar que la mitad del dinero son préstamos que habrá que devolver algún día y que buena parte de esos euros servirán para pagar la ingente suma que ya hemos tenido que desembolsar como consecuencia de la emergencia en la que nos encontramos. De hecho, solo en el pago de los subsidios por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) España se gasta 5.000 millones de euros cada mes.

En cualquier caso, habrá miles de millones para gastar en los próximos años, y eso es un alivio, sobre todo para el Gobierno de Pedro Sánchez, que sin este fondo lo tendría realmente crudo para sostenerse en La Moncloa. Ahora lo que habrá que pedirle al Gobierno es que se ponga las pilas para presentar proyectos adecuados que permitan resolver los problemas pendientes de la economía española y evitar a toda costa que se malgaste el maná llegado de Bruselas.

España ha demostrado en el pasado que sabe aprovechar el dinero de la UE. Lo hizo con los fondos estructurales y de cohesión, que permitieron a nuestro país cambiar completamente y dar un salto de gigante en renta per cápita, y a diferencia de otros países como Grecia o Italia, que recibieron ayudas parecidas y que no sacaron tanto rédito al dinero comunitario (basta comparar Málaga con Nápoles para darse cuenta de que en Italia alguien 'se llevó' la pasta). Confiemos en que en esta ocasión ocurra algo parecido y España sepa aprovechar esta enorme oportunidad para dar otro salto adelante.

La tentación de la República, una vez más
Amando de Miguel  Libertad Digital 22 Julio 2020

Los españoles de la alterada época contemporánea (los dos últimos siglos) han vivido más bien bajo regímenes monárquicos, aunque siempre con la amenaza de levantamientos republicanos. Seguimos igual, aunque el republicanismo latente es ahora más sinuoso y se aloja, además, en la cúspide de la pirámide del poder. Ya no se estila el viejo republicanismo que alentaba la quema de iglesias y conventos. Ahora al presidente Sánchez le ha entrado el complejo de Manuel Azaña: quiere ser Jefe del Estado.

Los actuales reyes de España son los primeros en la historia que han estudiado regularmente en la universidad; algo es algo. Pero no solo tienen que hacer frente a las veleidades republicanas de algunos partidos nacionales. Lo más grave es que en las Cortes se sienta una caterva de representantes del pueblo español que no se consideran españoles. Es esa una de las perplejidades de nuestro sistema democrático. No tiene solución.

Una consigna triunfalista del franquismo (seguramente de origen falangista) fue la de hacer que España fuera "una, grande y libre". No se entendió bien el desiderátum. Libre ya no lo es enteramente, dada la cesión de soberanía que significan hoy los compromisos internacionales. Lo de grande es cuestión relativa. Progreso material sí que ha experimentado nuestro país en las dos últimas generaciones, aunque en el concierto mundial, la verdad, no contamos mucho. Pero una, lo que se dice una, España lo es menos que nunca. No es solo por el fracaso y el derroche que supone el malhadado Estado de las Autonomías, un gracioso oxímoron.

La salida tampoco puede ser una hipotética República federal. El experimento de la I República no pudo ser menos lucido. Un sistema federal implica la teórica igualdad de todos los estados miembros, cosa que en España no admite nadie, y menos los partidos secesionistas. Son estos los que se alojan en las regiones bilingües. El hecho es que dos de ellas, Vasconia y Cataluña, se consideran superiores al resto (federalismo asimétrico). Predomina en ellas un insano espíritu xenófobo, entendiendo los extranjeros como los monolingües, en el fondo, los castellanos. Se comprende el complejo de inferioridad de unas culturas, la vascongada y la catalana, que nunca podrán presumir de nada parecido a un Cervantes, a un Shakespeare. Todos los humanos son iguales; no lo son las lenguas por el aporte cultural que representan. La ventaja de la lengua castellana es que se trata de una de las pocas que se aprenden en el mundo de forma masiva. No hay ningún mérito en ello. Es cosa del azar histórico.

La unidad de España solo se puede conseguir con un sistema monárquico o bien con el abominable sustituto de una dictadura. Hemos probado de todo con resultados poco estimulantes. La solución inestable que de momento funciona es que vascos y catalanes gocen políticamente de extraños privilegios, escritos o no en el esquema constitucional. Por cuánto tiempo se puede sostener ese equilibrio inestable es algo que ni el sabio Merlín podría asegurarlo. Sobre todo, porque los separatistas vascos y catalanes (que lo son desde hace más de cien años) solo se conforman con la respectiva independencia; la cual no puede ser y además es imposible.

En el entretanto, en la atribulada España actual se expande la tentación republicana, todavía de forma encubierta. Se disfraza con la añagaza de pedir cuentas al anterior Jefe del Estado. Ya puestos, se podrían resucitar los procesos retrospectivos de Franco, Azaña o Alfonso XIII. A los españoles nos privan los juicios históricos, por mucho que el agua pasada no mueva molino.

Comunidad de Madrid
Recogen 26.000 firmas contra la «represión» en Galapagar por manifestarse frente al casoplón de Iglesias
Iglesias echa a la Guardia Civil y la sustituye por la Policía después de que un vecino le grabara en el casoplón
Fernán González okdiario 22 Julio 2020

Vecinos de Galapagar han entregado este martes 26.000 firmas de ciudadanos de toda España «contra la represión ideológica» por manifestarse frente al chalet del vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad. “Pablo Iglesias e Irene Montero han secuestrado nuestro pueblo y quieren silenciar a los vecinos que discrepamos con su Gobierno. Estamos indignados con la situación excepcional que estamos viviendo», denuncian.

A las puertas del Consistorio de la localidad estos vecinos critican que «el comportamiento del vicepresidente y de la ministra es una campaña de represión ideológica en toda regla». Asunción Domínguez, vecina de Galapagar, ha ejercido de portavoz para detallar «el acoso» que están sufriendo y reclamar al Partido Popular y Vox que no permitan «que Galapagar sea el cortijo privado de los Iglesias». Concejales de ambos partidos han apoyado la iniciativa.

Con carteles y pancartas con lemas como «Libertad para España», «La Guardia Civil no sirve a ningún gobierno, sirve a su país» o «#GobiernoDimisión», estas personas han desgranado cómo la situación ha degenerado. Han recordado como todo empezó a mediados de mayo cuando varias decenas de personas con cacerolas y banderas de España fueron a gritar ‘libertad’ y ‘viva España’ en las inmediaciones del chalet de Pablo Iglesias. Poco después, la Guardia Civil que tenía un puesto de vigilancia estática permanente pasó de proteger la entrada de la vivienda a cortar toda la calle e impedir el paso.

Así, aseguran que la urbanización donde viven los líderes de Podemos está «secuestrada». Con el objetivo de «proteger su casoplón, mantienen secuestrada la zona con un ejército personal -pagado con los impuestos de todos- de 50 agentes, una sección de élite, tres suboficiales y 20 vehículos para identificar, multar y reprimir los derechos de los ciudadanos, su libertad de expresión, manifestación y circulación», ha explicado Ascensión Domínguez.

“Los representantes políticos de Galapagar tienen el deber de denunciar la grieta democrática que se está produciendo en la localidad. Por eso hemos venido hasta aquí, para que promuevan en el Pleno municipal una moción de condena por la vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos de Galapagar y soliciten al Gobierno el fin de este estado de excepción encubierto e injustificado”, ha agregado la portavoz vecinal.

Jarabe democrático
Así mismo, los denunciantes rememoran que «hasta hace bien poco, la pareja Iglesias Montero llamaba ‘jarabe democrático’ a las distintas formas de acoso e intimidación que alentaban contra los políticos de centro-derecha como Rosa Díaz, Esteban González Pons, Cristina Cifuentes, Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros». Sin embargo, «ahora que viven como los ricos, van a por los ciudadanos libres porque les molestan las cacerolas y la bandera de España».

Critican que los vecinos del municipio y las personas que discrepan con el Gobierno, viven una escalada de «insultos y amenazas, además del acoso policial y la restricción de derechos fundamentales que sufren cada día». Explican que «el encantador pueblo de la sierra norte de Madrid donde los Iglesias instalaron su residencia de lujo, se ha convertido en coto privado del comunismo».

Inciden en que «cientos de ciudadanos anónimos son multados por manifestarse contra el Gobierno con el único objetivo de silenciarlos e intimidarlos, en lo que ya puede definirse como una campaña de represión ideológica».

Acompañan su denuncia con informaciones de diversos medios de comunicación donde se recoge que una unidad de élite de la Guardia Civil ha blindado la casa de Pablo Iglesias, que la Guardia Civil ha prohibido incluso a los vecinos del vicepresidente poner banderas en las «calles aledañas» o cómo en 2013 Irene Montero aseguraba que «un escrache no es acoso sino interpelar a los diputados para que hablen con nosotros».

La denuncia
El texto que han suscrito vecinos de Galapagar y personas de toda España que apoyan la denuncia a través de Hazte Oír, dice bajo el título «Liberen Galapagar»:

«Concejales del PP y Vox en Galapagar, como ya saben Pablo Iglesias e Irene Montero están restringiendo las libertades fundamentales de los vecinos de Galapagar para proteger sus intereses particulares, como si el pueblo fuera ahora su cortijo privado.

Los mismos que alentaban al acoso y la intimidación sobre los políticos del centro-derecha español han organizado ahora un despliegue armado en torno a sus terrenos para identificar y multar a cualquier manifestante contrario a su ideología comunista. Esta coerción policial, sin precedentes en la localidad, ha llegado al punto de distorsionar la imagen real del pueblo ante el resto del país y afectar a la vida cotidiana de los residentes de la zona que ven restringidas su libertad de circulación, manifestación y expresión.

Galapagar no necesita una compañía de la Guardia Civil dotada de armamento automático ni una sección de vehículos patrullando la parcela de Pablo Iglesias e Irene Montero, sino recuperar la normalidad, tolerancia y libertad que han caracterizado siempre al pueblo.

Por eso les pido que promuevan en el pleno municipal una moción de condena por la vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos de Galapagar y soliciten al Gobierno el fin de este estado de excepción encubierto e injustificado.

Muchas gracias».

Fallece el filólogo clásico y académico de la RAE Rodríguez Adrados
El filólogo clásico y Premio Nacional de las Letras (2012) Francisco Rodríguez Adrados ha fallecido hoy en Madrid a los 98 años, según ha confirmado la Real Academia Española, institución en la que ingresó en 1991 con el discurso titulado "Alabanza y vituperio de la lengua"
Estrella Digital  22 Julio 2020

Francisco Rodríguez Adrados (Salamanca, 1922) ha fallecido esta madrugada en la capital española, donde ha desarrollado su carrera como doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense y como catedrático de Griego del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid (1949), de la Universidad de Barcelona (1951) y de la Universidad Complutense (1952), según informa la RAE, donde ocupó la silla d.

Doctor honoris causa por las universidades de Salamanca, San Pablo CEU (Madrid) y Panamá, y académico de número de la Real Academia de la Historia, Francisco Rodríguez Adrados fue también miembro de la Academia Argentina de Letras y de la Academia de Atenas, presidente de honor de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, director de la revista Emerita y director de honor de la Revista Española de Lingüística.

También estuvo al frente del Diccionario griego-español y de la colección Alma Mater de clásicos griegos y latinos.

Rodríguez Adrados, a quien el doctor de Filosofía Clásica y ex disputado del PP Emilio del Río ha calificado como "el último de una generación de titanes", fue galardonado con el Premio de la Fundación Aristóteles Onassis (1989) por su labor en la elaboración de un diccionario de griego clásico y medieval, el Premio Castilla y León de Humanidades (1997) y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (1998).

También se le otorgaron otros galardones como el Premio Menéndez Pidal de Investigación en Humanidades (1988), el Premio González-Ruano de Periodismo (2004), el Premio Nacional de Traducción (2005), el Premio de Investigación de la Comunidad de Madrid (2007) y el Premio Nacional de las Letras (2012).

Rodríguez Adrados también ha sido editor y traductor al español la obra de numerosos clásicos griegos y sánscritos, así como de numerosas publicaciones sobre lingüística indoeuropea, griega e india, sobre literatura griega antigua y sobre teoría general de la historia ("Homo sapiens, Grecia antigua y mundo moderno", 2006)- y de la literatura ("El río de la literatura").


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Salvados por Europa

El acuerdo nos evita la bancarrota y ataja las quimeras de Pedro y Pablo
Luis Ventoso ABC 22 Julio 2020

Cuatro días de negociaciones insomnes. Noventa horas de discusión, solo superadas por las de Niza de hace veinte años, de 25 minutos más. Fue como un revival laico de las batallas entre católicos sureños y protestantes del Norte. España, Portugal e Italia, con sus economías arrasadas por el virus, ayudadas por Francia, también muy tocada, exigían subvenciones directas de no menos de 400.000 millones. Los cuatro paladines del rigor contable -Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca- se negaban a que esa partida superase los 375.000 millones. Al final, como siempre, la solución intermedia: las ayudas directas de emergencia serán de 390.000 millones, de las que solo España se lleva 72.700 (lo cual no es ningún honor, como vende el Gobierno entre aplausos cursis al líder providencial, sino que da idea del gravísimo boquete de nuestro país).

Acuerdo a las cinco y cuarto de la mañana. Saludado al alba con el eufórico «¡lo hemos hecho!» del presidente del Consejo Europeo, el simpático liberal belga Charles Michel. Sin mucha imaginación, casi todos los mandatarios se apresuraron a valorarlo igual: «Histórico». Pero esta vez sí lo es. El importe total de esta suerte de Plan Marshall para levantar a una Europa vapuleada por el virus chino es de 750.000 millones (de los que 390.000 son ayudas y 360.000 créditos baratos). El manguerazo lo financiaremos endeudándonos. La espectacular nueva es que será la UE como tal la que salga a captar el dinero en los mercados, al amparo del prestigio de su calificación de triple A. Los alemanes han aceptado algo que en la crisis anterior les daba repelús: endeudarse para auxiliar a los países sureños. La razón es que esta vez el descalabro alcanza a todos, incluidos los propios germanos. Europa prevé pagar el crédito en 2058. Aunque nadie lo dirá en esta hora de la euforia, se ha cargado una enorme losa sobre las espaldas de las generaciones venideras. Era la salida inevitable, pero hay mucho en este plan de huida hacia adelante a golpe de deuda, porque los problemas europeos son muy profundos: cada vez inventamos y trabajamos menos, por lo que el futuro se ha fugado a Asia.

Iglesias Turrión ha vendido el acuerdo en Twitter (en español e inglés) como un respaldo a las política económicas del Gobierno. Si se están riendo, yo también. La UE condiciona las ayudas a «reformas económicas», y eso en la jerga europea significa ajustes a favor de la consolidación fiscal y las empresas. Calenturas como cepillarse la reforma laboral de la manita de Bildu ya no serán posibles. El acuerdo incluso incluye un «freno»: si un país denuncia a otro por malgastar las ayudas, serán paralizadas de inmediato por tres meses, a la espera de la decisión final de la Comisión Europea. Europa ha hecho el doblete: nos ha salvado de la bancarrota y de la aventura socialista de Pedro, Pablo, Rufián y cía.

(PD: ¿Por qué cuando Rajoy gastó 44.000 millones de ayudas europeas en salvar a la banca era un vergonzoso «rescate» y ahora que Sánchez recibe otro crédito europeo, pero de 67.300 millones, estamos ante un «éxito histórico»? Misterios del «progresismo»).

El día después de la cumbre europea
Las renuncias que ha tenido que asumir Pedro Sánchez a cambio del rescate de la UE

Calixto Rivero okdiario 22 Julio 2020

Pedro Sánchez y España han tenido que asumir múltiples renuncias a cambio del rescate de la UE. Sin embargo, el presidente del Gobierno fue recibido este martes en La Moncloa, tras el acuerdo en Bruselas de los líderes europeos sobre el fondo de recuperación, entre aplausos y vítores.

Un vídeo triunfalista que difundieron sus asesores a las televisiones, como parte de un plan de marketing muy pensado, que trataba de esconder las renuncias que ha tenido que asumir el Ejecutivo a cambio de lo que es un rescate en toda regla de la UE a España.

De hecho, la primera evidencia que se puede extraer tras la cumbre es que España será rescatada. Aunque se niegue. Un rescate consiste en recibir un préstamo de la Unión Europea, tal como recibió el país en 2012, para hacer frente a sus necesidades de financiación. Sin ese dinero España tendrá graves dificultades para afrontar sus compromisos de pago, que se han disparado desde que arrancó la crisis del covid-19.

Si en 2012 España pidió el rescate para hacer frente a la reestructuración de la banca, ahora ya no se pide para un sector concreto sino para afrontar el momento más difícil que ha vivido la economía nacional en la historia reciente. El PIB se desplomará más de un 10%, el déficit podría dispararse al 15% y la deuda pública ascenderá vertiginosamente hasta el 120% del PIB, según el diagnóstico que hacen cada vez más analistas y organismos internacionales.

En segundo lugar, cuando alguien pide prestado dinero a alguien siempre hay que cumplir con unas condiciones. Le ocurre a cualquier ciudadano cuando va al banco para pedir una hipoteca: tiene que justificar sus ingresos, dar un aval, justificar que tiene un trabajo fijo, etc. Es decir, que hay que garantizar la propia solvencia para devolver las ayudas, algo que España tendrá que demostrar presentando una hoja de ruta reformista detallada que evaluará la Comisión Europea, que es partidaria de que España vuelva cuanto antes a la austeridad, aunque Pablo Iglesias insista en que no habrá nuevos recortes ni renunciará a la derogación de la reforma laboral del PP.

En tercer lugar, está previsto un «freno de emergencia» que permitirá que cualquier país o grupo de países, si ve algún asunto preocupante en las finanzas públicas de otro país o en su gobernabilidad, transmita esa inquietud al Consejo Europeo, que será el encargado de evaluar qué ocurre. Aunque desde Moncloa se escudan en que no es un derecho de veto directo de las políticas de otros estados miembros, este freno sí será disuasorio y permitirá -mientras que se estudia lo que pasa en el país ‘acusado’- bloquear la entrega de las subvenciones a fondo perdido o el dinero del crédito. Parece claro que Sánchez ha aceptado que España entre en el aro de un rescate con condicionalidad cuando lo que pedía era recibir dinero sin condiciones.

Menos fondos, más control
Pero no son las únicas renuncias que ha tenido que asumir el líder del Ejecutivo español a cambio del rescate de la UE. Aunque Sánchez dice ahora que el acuerdo es «histórico» y «bueno» para España, el 20 de abril lo que pedían era que el fondo de reconstrucción de la Unión Europea ascendiera en realidad a 1,5 billones de euros, que no tendría que funcionar con préstamos sino a base de subvenciones para no aumentar el nivel de deuda pública. Es evidente que esta petición, que también apoyó el Banco de España, no se ha conseguido. De hecho, el fondo asciende en total a 750.000 millones de euros, la mitad de lo que buscaba el Gobierno, y sólo 390 millones de euros se concretarán mediante subvenciones a fondo perdido.

A esto se suma que España ha perdido dinero por el camino. Si la propuesta inicial de la Comisión Europea planteaba que España recibiría 77.324 millones de euros en ayudas directas, finalmente percibirá 72.700 millones, 5.000 millones menos. Contrasta con lo que ha pasado con Italia, que las negociaciones le han permitido mejorar su punto de partida.

Lo que está claro es que a partir de ahora el Gobierno perderá autonomía, lo que dificultará su gestión diaria. No hay que olvidar que la continuidad del Ejecutivo está en manos de fuerzas como Podemos -pero también del PNV, Bildu y los independentistas catalanes-, que son las que están permitiendo que Pedro Sánchez siga en el cargo dando luz verde a sus reales decreto y a sus proyectos de ley en el Congreso de los Diputados.

Las recomendaciones de la Comisión Europea a España a cambio del rescate de la UE, los informes del Fondo Monetario Internacional o las sugerencias del Banco Central Europeo cobrarán más relevancia si cabe en el futuro cercano.

Y si Sánchez y sus socios no obedecen, Holanda y el resto de los países frugales podrán pedir explicaciones y parar las ayudas que, no hay que olvidar tardarán en llegar. Como muy pronto podrían empezar a recibirse a partir de 2021, cuando la situación del país o de muchos sectores ya no sea la misma -puede que mejor o que peor-. Dependerá de cuál sea la política económica y de cómo evolucione la pandemia.


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