AGLI Recortes de Prensa   Viernes 24 Julio  2020

Los diez 'sapos' que se tragarán Sánchez e Iglesias con el rescate europeo
M. Llamas  Libertad Digital 24 Julio 2020

La recepción de fondos europeos contra la covid conlleva una larga lista de condiciones, muchas de las cuales chocan con el programa del Gobierno.

La alegría y alborozo que muestra el Gobierno por la aprobación de los nuevos mecanismos extraordinarios de asistencia financiera procedentes de Europa para hacer frente a la crisis del coronavirus, por un importe global de 750.000 millones de euros, choca de forma frontal con la larga y profunda lista de deberes que lleva aparejada la recepción de dichos fondos. Y es que, muchas de esas condiciones tumban, en gran medida, el programa económico que acordaron PSOE y Podemos, al menos sobre el papel, cosa diferente es la negociación política posterior.

El Ejecutivo ha tratado de vender a la opinión pública que, a diferencia de lo ocurrido en la anterior crisis de deuda, este particular rescate de países por la puerta de atrás, del que España podría recibir hasta 140.000 millones, está exento de condicionalidad, puesto que no habrá troika ni reformas obligatorias.

Sin embargo, el texto del acuerdo firmado por los socios de la UE no dice lo mismo. En primer lugar, porque España tendrá que presentar un plan nacional de "recuperación y resiliencia" que incluya las reformas e inversiones a ejecutar con el dinero europeo, cuya aprobación dependerá, en última instancia, de la Comisión Europea. La clave aquí es que ese plan deberá estar alineado con las "recomendaciones específicas" por país que elabora periódicamente Bruselas, al tiempo que tiene que contribuir de forma eficaz al crecimiento y la creación de empleo.

Y, en segundo término, porque, en caso de que se produzcan "desviaciones graves" de tales objetivos, cualquier estado miembro podrá activar el denominado freno de emergencia, paralizando con ello el desembolso de los fondos asignados. Ambos requisitos, por tanto, reflejan tanto el derecho de veto de los socios como una clara condicionalidad para recibir los fondos.

Ahora bien, ¿cuáles son esas tan temidas condiciones? Basta consultar el último informe de recomendaciones que publicó la Comisión Europea el pasado mes de febrero para encontrar las reformas estructurales que tendría que llevar a cabo España con el fin de corregir sus desequilibrios, tanto presupuestarios como económicos. Aunque este documento no es, estrictamente, un memorando de condiciones, a partir de ahora se convertirá en una guía a tener muy en cuenta para aprobar o no la liberación de los ansiados fondos.

En la práctica, no servirá tanto para imponer reformas concretas como para evitar la puesta en marcha de medidas contrarias a los criterios generales que establece Bruselas. Es decir, la firma de este acuerdo dificultará al Gobierno de PSOE y Podemos implementar la parte más radical y contraproducente de su programa económico. En concreto, los grandes sapos que se tendrán que tragas Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son los siguientes:

1. Austeridad
Un fuerte aumento del gasto es contrario a las directrices de Bruselas. La Comisión recomienda a España que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 0,9% anual, limitando así su avance, y que aplique las propuestas de la AIReF para mejorar la eficiencia del gasto.

2. Flexibilidad laboral
Bruselas tampoco ve con buenos ojos derogar la reforma laboral de 2012 y, de hecho, recomienda reducir la diferencia en la indemnización por despido entre los contratos por un tiempo indefinido y los contratos temporales.

3. Mejorar las políticas activas de empleo
La Comisión señala que el gasto en políticas activas de empleo tiene una "eficacia limitada" y aboga por su reforma, especialmente en materia de incentivos a la contratación y la mejora de los servicios públicos de empleo a la hora de recolocar parados.

4. Aumentar la productividad
La productividad laboral en España sigue estando por debajo de la media de la UE, debido, sobre todo, al reducido tamaño de las empresas, alentando así la eliminación de barreras y trabas a su crecimiento.

5. Contención en las subidas de Salario Mínimo
Asimismo, ve con preocupación subidas unilaterales del salario mínimo que carezcan de evaluación previa o estén desconectadas de la evolución de la productividad, tal y como sucedió con el histórico incremento del 22,3% aprobado en 2019.

El documento señala que, hoy por hoy, el salario mínimo ronda el 60% de la mediana de los ingresos mensuales brutos de los trabajadores a tiempo completo, cuando en 2018, solo tres estados miembros, "todos con tasas de desempleo mucho más bajas, tenían un salario mínimo por encima de este nivel".

6. Sostenibilidad de las pensiones
Bruselas advierte del riesgo de derogar la reforma de las pensiones de 2013, como pretende el Gobierno. "Si las desviaciones con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 pasan a ser permanentes y no van acompañadas de otras medidas compensatorias, aumentará significativamente el gasto en pensiones y empeorará la equidad intergeneracional", señala el informe.

La revalorización de las pensiones con el IPC y la derogación del Factor de Sostenibilidad, que amolda el cobro de la prestación a la esperanza de vida, corren el "riesgo de beneficiar a los pensionistas de hoy en día a expensas de las generaciones futuras, a menos que se apliquen medidas compensatorias", según el informe.

7. Subir el IVA
El Gobierno, entre otras medidas fiscales, defiende subir la tributación directa, especialmente el IRPF y los impuestos sobre el ahorro y ciertos sectores, como la banca o las tecnológicas, pero Bruselas enfatiza la necesidad de elevar la fiscalidad indirecta si lo que se persigue es elevar la recaudación para reducir el déficit.

"La proporción de impuestos sobre el consumo sigue siendo relativamente baja, equivalente al 9,4% del PIB, lo que se refleja también en un tipo impositivo implícito sobre el consumo relativamente bajo del 13,8%, por debajo de la media de la UE y de la zona del euro, donde se sitúa en el 16,9% y el 16,8%, respectivamente", aclara.

Y, en concreto, señala que "España tiene una recaudación relativamente baja en concepto de IVA, a pesar de que […] el tipo impositivo general del IVA es cercano a la media de la UE. Esto se debe al uso generalizado de los tipos reducidos y superreducidos, lo que se traduce en una gran brecha en los tipos del IVA". La Comisión, por tanto, recomienda modificar los tipos reducidos de IVA, al tiempo que se incrementa la fiscalidad medioambiental.

8. Facilitar los negocios
Frente al rígido intervencionismo del Ejecutivo, la UE apuesta por facilitar en nacimiento y desarrollo de las empresas. Según el informe Doing Business de 2020 del Banco Mundial, España ocupa el puesto 30 en la clasificación de 190 países en facilidad para hacer negocios.

"Las restricciones en los servicios minoristas siguen siendo elevadas […] España está entre los diez estados miembros que más restricciones imponen a la apertura de establecimientos minoristas y el segundo más restrictivo en cuanto a su explotación". Y, según la regulación del mercado de productos de la OCDE, "España es también más restrictiva" que la mayoría de los países de la UE, según recoge este estudio.

Asimismo, "las barreras normativas siguen restringiendo la competencia en determinados servicios profesionales", mientras que "las normas aplicables en función del tamaño para favorecer a las pymes pueden afectar negativamente a su dinámica de crecimiento", añade.

9. Unidad de mercado
La Comisión aboga por aplicar la Ley de garantía de la unidad de mercado, aprobada en 2013, pero, finalmente, sólo adoptada parcialmente, y cuyo objetivo no es otro que "eliminar las restricciones al establecimiento de empresas y a la libre circulación de bienes y servicios en todo el país mediante el refuerzo de los principios de mejora de la legislación y la cooperación entre administraciones".

Igualmente, "el nivel de aplicación general de las normas del mercado interior en España es muy bajo. Los retrasos en la transposición de directivas y el número de casos de infracción duplican la media de la UE", alerta. "La aplicación ineficaz de las normas del mercado único incrementa la incertidumbre para los operadores económicos y reduce así los incentivos para la inversión".

10. Fomentar la inversión
Por último, la UE recomienda a España incentivar la inversión, para lo cual es preciso mejorar, entre otros aspectos, la normativa empresarial, los costes energéticos, la normativa laboral y la disponibilidad de personal cualificado.

El listado de consejos y advertencias que Bruselas elabora para España constituye, en definitiva, una enmienda a la totalidad sobre el programa económico de PSOE y Podemos, limitando así su posible aplicación y desarrollo durante los próximos años si lo que pretende el Gobierno es recibir en tiempo y forma los 140.000 millones que ha puesto Europa encima de la mesa en forma de subvenciones y préstamos para tratar de superar la crisis del coronavirus.

Un insoportable aumento de impuestos
Editorial ABC 24 Julio 2020

El informe semestral del Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha sido publicado en un momento especialmente adecuado, porque coincide con el inicio del proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y contiene alguno de los elementos esenciales del análisis que deberían hacer reflexionar al Gobierno en estos momentos. Sus advertencias contra una manipulación demasiado frívola de la fiscalidad son claras y precisas: un aumento de los impuestos, aunque se haga con el pretexto de equiparar el nivel de ingresos del Estado con el de la media de nuestros socios europeos, provocaría una sangría de dos millones de empleos, lo que en estos momentos sería insoportable para la sociedad española.

La cuestión puede analizarse a través del conocimiento y la experiencia o con las gafas de la ideología que solo filtran los grandes trazos con teorías simples sin conexión con la realidad. España se encuentra en una situación delicadísima, con la perspectiva de un déficit público colosal y cualquier paso en falso puede tener efectos catastróficos. El apoyo de la UE representa un alivio extraordinario pero ya se ha dicho desde todos los puntos de vista que supone también una enmienda a la totalidad al programa de la coalición PSOE-Podemos.

El problema es que el mismo día que el IEE ha lanzado esta advertencia cabal, el propio Gobierno ha vuelto a dar otra vez el espectáculo de descoordinación y contradicciones internas que traza un horizonte muy confuso. Una parte del Gobierno se muestra ahora abierta a pactar el núcleo de los presupuestos con el Partido Popular y la otra cree que eso sería incompatible con sus propósitos y los de las fuerzas que sustentaron la moción de censura. Y el presidente Sánchez sigue pensando que puede engañar a unos y a otros.

El IEE advierte: "De poco sirven 140.000 millones si no hay credibilidad ni confianza"
Diego Sánchez de la Cruz  Libertad Digital 24 Julio 2020

El think tank asociado a la CEOE critica que la AIREF pida reducir los incentivos fiscales al ahorro.

El Instituto de Estudios Económicos, think tank asociado a la CEOE, acaba de publicar su informe de coyuntura económica número 72. Uno de los temas centrales de esta publicación semestral es el problema de confianza que rodea la actividad económica: "hay políticas de gasto expansivas, hay políticas monetarias expansivas… pero la caída de la producción será superior al 11%. ¿Qué está pasando para que se deterioren las expectativas aun a pesar de esos estímulos? Lo que pasa es que se ha perdido la confianza".

Según explicó en rueda de prensa el director del IEE, Gregorio Izquierdo, los agentes económicos reaccionan peor de lo esperado ante la batería de medidas que se anuncian desde el gobierno porque no confían en la agenda de política económica que se perfila para el futuro y tampoco tienen claro cuál será el escenario sanitario en otoño-invierno.

Para Izquierdo, "en lo que tiene que invertir España es, ante todo, en confianza. Inyectar 140.000 millones en la economía de nuestro país puede ser muy importante, pero si solo se utiliza para sostener demanda y no para favorecer la reestructuración de la oferta, entonces el impulso será mucho menor. Si entran 140.000 millones pero no hay credibilidad ni confianza, de poco sirve".

"Aunque los políticos pretendan generar expectativas al hacer grandes anuncios, el sector privado evalúa esas promesas en base a la credibilidad de quienes las emiten. Por ejemplo, aunque se hable de recuperación, en el ámbito empresarial hay plena conciencia de que también se habla de subir impuestos, de modo que no se genera un caldo de cultivo capaz de alentar claramente el crecimiento", explicó el director de la institución.

Según las previsiones que baraja el IEE, "la economía española caerá más de un 15% en el segundo trimestre e incluso podría llegar a desplomarse por encima del 20%, acercándose al 25%. En el conjunto del año, el escenario que barajamos apunta a un descenso del PIB del 11%. En 2021 esperamos solamente una recuperación solo parcial de la actividad perdida".

No hay que subir impuestos al ahorro
Refiriéndose a la posibilidad de que se revise la fiscalidad del ahorro, como propone la AIREF, desde el IEE señalan que "la tributación de los planes de pensiones es muy similar en todos los países de Europa. No son incentivos fiscales tanto como diferimientos, pero son un factor clave para el ahorro de largo plazo. Pensamos que es especialmente relevante insistir en este punto, porque España tiene un grave problema en ese aspecto".

"La urgencia para recaudar hace que estemos minando las bases que incentivan el ahorro. La tributación de los planes de pensiones y de otros vehículos debe mejorarse, en ningún caso retirarse. El ahorro es vital para el crecimiento a largo plazo de una economía", concluyó Izquierdo.

Sánchez sigue de autobombo mientras la pandemia se le vuelve a ir de las manos
OKDIARIO 24 Julio 2020

El número de contagios crece de forma imparable -casi 10.000 nuevos en las dos últimas semanas, el mayor incremento de entre todas las naciones de la UE-, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue con su campaña de autobombo por los acuerdos alcanzados en Bruselas -y eso pese a que España obtuvo 5.000 millones de euros menos de los previstos y encima sujetos a duras condiciones-. En lugar de tomar medidas para cortar la ola de rebrotes, Sánchez sigue a lo suyo: subido a lomos de la propaganda.

La situación en territorios como Cataluña es, en número de contagios, similar a la de los momentos más duros de la pandemia, pero el presidente del Gobierno se lava las manos sin tomar una sola decisión, más allá de apelar a la responsabilidad de los ciudadanos. La principal responsabilidad es la suya, de modo que ya son muchas las Comunidades que han demandado que el Gobierno socialcomunista dé un paso al frente. Y, sin embargo, Sánchez, como si la cosa no fuera con él, no hace nada. ¿Qué más tiene que pasar para que el Ministerio de Sanidad coja el toro por los cuernos y adopte medidas?

Una cosa es que ya no estemos en estado de alarma y otra, bien distinta, es que la alarma haya cesado y que el estado de la situación vuelva a ser crítico. Hay que actuar, porque la situación no se arregla con monsergas, sino interviniendo para atajar la expansión de la pandemia. Decía el Gobierno que no había plan B para el estado de alarma, pero es mentira. Claro que se pueden arbitrar medidas desde la Administración central. Y ya están tardando, porque los datos son tozudos. Estamos en número de contagios diarios como a principios de mayo y no se puede perder un segundo más de tiempo.

La incompetencia y la negligencia fueron las señas de identidad de un Ejecutivo durante lo peor de la pandemia. Llegó tarde, mal y no ha aprendido nada de los errores pasados.

Otra vez un Gobierno irresponsable que mira para otro lado ante el rebrote
ESdiario 24 Julio 2020

La ley y el sentido común no le permiten al Gobierno mantener la indiferencia actual hasta un nuevo rebrote ni abandonar a su suerte a cada Comunidad Autónoma.

En las últimas dos semanas, se han triplicado los contagios oficiales en España, con 917 casos nuevos en la víspera, récord de transmisión desde que decayera el Estado de Alarma. Unas cifras muy inquietantes que le ha llevado a los portavoces del Ministerio de Sanidad a no descartar que, de hecho, ya estemos sufriendo una segunda oleada de coronavirus.

Que sea en pleno verano y muy poco después de sortear la primera y letal embestida confirma los presagios científicos y legitima su previsión de que, en otoño, el problema sanitario puede vivir otro terrible pico. No será tan destructivo como el de marzo, pero que nadie sea capaz de calcular los estragos resulta de lo más inquietante.

Todo esto ocurre con Sanidad convertida en una especie de testigo pasivo o, en el mejor de los casos, en mera comentarista de lo que ocurre en distintas Comunidades Autónomas, como si su único papel fuera ése: mirar desde fuera, dar consejos genéricos e instalar en la opinión pública la falsa idea de que el Gobierno de España no es responsable de nada y que todo depende de sus homólogos regionales.

Es decir, el mismo Ejecutivo que primero actuó con negligente imprevisión y luego intentó taponar la herida, ya tarde, provocando el mayor confinamiento poblacional de Europa; ahora se desentiende del incipiente repunte y deja que cada presidente autonómico se apañe como pueda, pese a no tener las mismas herramientas legales y administrativas que La Moncloa.

Ni la Ley de Salud Pública ni la General de Sanidad descargan al Gobierno español de la máxima responsabilidad sanitaria en tiempos de pandemia ni entregan a sus versiones regionales competencias y decisiones indelegables de la Administración Central.

Que Fernando Simón se fuera a Portugal a hacer surf mientras el Covid empezaba a dispararse en Cataluña o Aragón y Pedro Sánchez o Salvador Illa no se hayan referido apenas a los rebrotes desde hace semanas resume una lamentable actitud que enlaza, bien mirado, con las que anteriormente todos ellos tuvieron.

Porque entre la indiferencia y la clausura total del país, que fueron los dos registros gubernamentales entre marzo y junio, hay un camino intermedio que otros países recorrieron desde el primer momento con resultados muy positivos en términos de mortalidad y destrucción económica, especialmente si se comparan con las trágicas magnitudes de España.

La "cogobernanza", en fin, ha sido el irresponsable eufemismo con el que Sánchez y su Gabinete se han puesto de perfil, a la espera de que el resto haga su trabajo o de que, si no lo hace, parezcan justificadas de nuevo decisiones radicales que aumenten la zozobra general del país.

Doctor “cum fraude” en diplomacia económica
Jesús Salamanca diariosigloxxi 24 Julio 2020

Habrá que recordar al presidente que la prensa europea de ayer y hoy habla del "rescate a España”, de "operación de rescate" y de "equipo de rescate". Sí, el conocido “to rescue” al que aludía Sánchez en otro momento. Nos vuelve a mentir y no cuenta su comentario de mal gusto --dada su inadaptación a esta cumbre-- con la primera ministra finlandesa, Sanna Marin. Poco faltó para que todo se viniera abajo y, siempre según FINANCIAL TIMES, a punto estuvo de fracasar la cumbre europea. Cuando te acuestas con un niño puedes levantarte "mojado" y si te acercas a un inepto corres el riesgo de que se te pegue algo. Espero que haya aprendido.

Tanto Merckel como Macron pusieron paz y pidieron muy cortésmente a nuestro siniestro presidente que se apartara del grupo (se le ve en la foto cabizbajo y preocupado mientras Marin le mira de muy mala manera por su insolencia). Mientras Pedro Sánchez dormía plácidamente, Merckel y Macron siguieron trabajando casi toda la noche con los "frugales" y Sanna Marin para intentar cerrar un acuerdo que pudo “hacer agua” por la innecesaria y ridícula suficiencia de Pedro Sánchez.

Hoy en los medios europeos, y gracias a las fuentes de FINANCIAL TIMES, se confirman todas las torpezas que nuestro presidente ha cometido. También lo explica perfectamente un diario español al que, desde Unidas Podemos, están crucificando por destapar los hedores de sus cloacas. Precisamente veo que también tiene esa información mi admirado, John Müller, quien en su “Ajuste de cuentas” relata la torpeza del presidente y la innecesaria chulería de los aplausos de sus “culiparlantes” ministras y ministros.

FINANCIAL TIMES hace tiempo que tiene a Sánchez en el punto de mira y esta vez le ha pillado con el “carrito de los helados". En fin, Pedro 'Plagio' o doctor “cum fraude”, como gusten, ha vuelto a salir escaldado por su chulesca intervención en la cena dominical. El citado diario lo cuenta al detalle: "Hay líderes en torno a esta mesa que pasaron de cero a 350.000 millones. ¿Tú, Pedro, qué hiciste? Nosotros nos hemos movido. Ahora es tu turno", dijo Sanna Marin, socialdemócrata finlandesa, a nuestro ineficaz presidente. Al parecer no llevaba un plan de trabajo ni un plan de gasto, inversión y reconstrucción. No sé lo que pensarán ustedes, pero yo estoy convencido de que, el video difundido por Presidencia del Gobierno a todas las televisiones, tiene mucho que ver con esa vuelta de Sánchez “con el rabo entre las piernas”.

Cuando se miente, como lo hace Pedro Sánchez, ni siquiera los europeos de tu misma formación te quieren cerca. A nuestro presidente le ha faltado prudencia y elegancia, justamente esa que sí demostraron otros, desde Felipe González hasta Rajoy; es más, hasta el gafe -- Rodríguez Zapatero-- nunca regresó a España dando a entender que había ganado la Copa de Europa o triunfado por goleada. Éste, sí.

El alocado video con los aplausos de la vergüenza le va a costar caro a Pedro Sánchez. Aquí no se acaban las relaciones internacionales ni desaparecerán de la noche a la mañana todos esos líderes a los que han humillado con el video. ¿Qué habrán dicho Rutte y Marin? ¿Se habrán llevado las manos a la cabeza otra vez? Tan solo Angela MerKel está en retirada, pero ahí seguirán Emmanuel Macron, Charles Michel, Kurz, Sanna Marin y Mark Rutte. ¡Qué mal lo estaría pasando la casta de ministros y vicepresidentes para ver en ese desesperado rescate la canoa de la salvación!

No olvidemos que sus propios compañeros socialdemócratas europeos son quienes le han dado capones a Sánchez desde el primer momento, incluso hartó con sus impertinencias a la primera ministra, Marin. Esta vez, Pedro ha tenido que ser rescatado porque estaba perdido en el océano económico y sus asesores cargados de pañales de larga duración y con varias capas antihumedad. Como ciudadano y como contribuyente exijo que Sánchez lea la letra pequeña y cuente lo que pone en ella. No me sirve que me vuelva a mentir.

Los menos informados pensarán que algo muy grave ha tenido que pasar para que Pablo iglesias se deshaga en alabanzas hacia Angela Merkel, líder del Partido Popular Europeo, cuando hace poco más de dos meses decía de ella que era “enemiga de la democracia” porque defendía la austeridad de los gobiernos. En fin, Sánchez ya cree en el dios de la economía y en el neoliberalismo moderno y parece que está en camino la reconversión de Pablo Iglesias antes de que llegue William Barr, fiscal general de USA, ordenando su búsqueda y captura.

Por cierto, sépase que los verdaderos salvadores del rescate a España, y de que no fuera “fustigado” Pedro Sánchez, son Angela Merkel, Christine Lagarde y Von der Leyen. No por casualidad las tres pertenecen al Partido Popular Europeo. ¿Alguien piensa que no ha intervenido Pablo Casado para sacar el carro socialcomunista del atolladero? Incluso apoyó el nombramiento de Nadia Calviño, algo que no pudo ser por la composición socialcomunista de nuestro Gobierno. ¿Harán otro video aplaudiendo a Casado todo el arco parlamentario?

Ahí tienen a Pedro Sánchez. Todo un doctor “cum fraude” en Diplomacia Económica europea. Sus capacidades son tan limitadas que siempre cree tener razón, remedo del pensamiento de Goethe.

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El Supremo ataja la impunidad
Editorial El Mundo 24 Julio 2020

Que los condenados por el golpe de 2017 estaban sirviéndose de la competencia penitenciaria transferida a la Generalitat para burlar el justo castigo por su sedición era una evidencia para cualquier ciudadano respetuoso de la ley. Y lo ha sido también para el Tribunal Supremo, al que este periódico ha venido reclamando que hiciera lo que acaba de hacer: aprovechar la oportunidad de pronunciarse sobre la situación penitenciaria de los presos para velar por el cumplimiento efectivo de su sentencia y salvaguardar así tanto el principio de igualdad como la función retributiva de la pena. La mayor agresión sufrida por nuestra democracia desde el 23-F no podía saldarse con el obsceno ejercicio de privilegio e impunidad del que venían haciendo gala Junqueras y compañía, incluyendo entrevistas estelares en televisión para reivindicar actos penados o amenazas como la de Cuixart, aclamado como un héroe en la sede Òmnium a la salida de la cárcel: "Lo volveremos a hacer".

Ahora saben que, si lo vuelven a hacer, el Supremo lo volverá a hacer también. Estimando el recurso de apelación de la Fiscalía, el Alto Tribunal ha tumbado la semilibertad concedida por el Govern de Quim Torra a Carme Forcadell y advierte de que su sentencia no puede ser "reinterpretada" o se incurriría en un "fraude de ley". Queda por tanto revocado el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lleida, que aprobó la aplicación del régimen del artículo 100.2 del reglamento a la ex presidenta del Parlament, condenada a 11 años y medio de prisión por delito de sedición. Sin haber cumplido siquiera la cuarta parte de la pena y en abierto desprecio del proceso de reinserción adecuado al delito cometido, semejante medida de gracia estaba fuera de toda cobertura legal y entraba de lleno en los dominios de la intención política. De hecho, convendría llegar hasta el final de esta arbitrariedad y en su caso proceder contra los funcionarios de la junta de tratamiento, que podrían haber incurrido en prevaricación.

El mismo camino que Forcadell deben seguir ahora los demás condenados cuando la sala que preside el juez Marchena se pronuncie sobre la concesión tanto del 100.2 como del tercer grado. La prosa jurídica del auto es cristalina: "El régimen de recursos previsto por nuestro sistema para controlar las decisiones de la administración penitenciaria sigue siendo garantía más que suficiente para evitar decisiones arbitrarias que, ahora, a raíz de la decisión adoptada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de Lleida, tenemos oportunidad de corregir". A esa ocasión bien aprovechada se acogen también los españoles preocupados por la reincidencia declarativa de los dirigentes separatistas con vistas a las próximas elecciones catalanas. Ya conocen el precio de pasar de la retórica a los hechos, y también al tribunal dispuesto a cobrarlo íntegramente en defensa de la democracia de todos.

Era una estafa a la democracia
Editorial ABC 24 Julio 2020

La decisión del Tribunal Supremo de revocar el privilegio que la administración penitenciaria catalana concedió en abril, en pleno estado de alarma, a Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento de Cataluña, corrige una arbitrariedad política y una aberración jurídica de la Generalitat. En efecto, era preciso que el Supremo argumentase que la concesión de beneficios penitenciarios abusivos a Forcadell -y por extensión a los demás condenados por sedición- era un fraude de ley notorio. Pero ABC ya lo había denunciado exactamente con las mismas palabras. Más aún, las excarcelaciones y la concesión de un régimen de semilibertad para todos ellos cuando ni siquiera habían cumplido ocho meses desde la sentencia, no son solo un fraude de ley, sino una estafa a la democracia de la que presumía la Generalitat de modo desafiante.

Por ahora esta decisión del Supremo afecta exclusivamente a Forcadell, pero ya avanza un criterio idéntico para el resto de condenados que se acogieron al artículo 100.2 de la normativa penitenciaria y, lo que es más relevante, para la futura anulación de la concesión del tercer grado que días atrás aprobó la Generalitat. Es evidente que ninguno se ha arrepentido de sus delitos, que la acreditación de sus labores de voluntariado para acceder a la semilibertad era una pantomima, y sobre todo que algunos de ellos se han conjurado públicamente para reincidir en su golpismo. No merecen la libertad, están mintiendo con coartadas fraudulentas para salir de prisión y no han pagado suficientemente por sus delitos. Pero no porque así lo sostenga ABC, sino porque es lo que establecen nuestro Código Penal y nuestras leyes procesales, que están siendo vulneradas de modo flagrante por la Generalitat. En puridad, y para salvar cualquier asomo de agravio con decenas de miles de presos con los que la Administración no tiene la condescendencia que sí demuestra con estos golpistas, no deben abandonar la cárcel. No toca aún.

Políticamente, lo ocurrido también es relevante. La réplica de Torra y de Puigdemont, e incluso de Forcadell aduciendo que el Supremo actúa «por venganza», es delirante. Muy al contrario, el Supremo empieza a restaurar parte de la mucha confianza perdida por los españoles en la Justicia. Empezarán nuevos episodios de victimismo entre los condenados, habrá llamamientos al separatismo para movilizarse, y el independentismo volverá a chantajear a Sánchez porque la Fiscalía General consiente que sigan en prisión. Pero en España debe seguir vigente la separación de poderes. Y, sobre todo, la Justicia. Esa que sabe que en España no hay «presos políticos», sino delincuentes que se han mofado de los tribunales pisoteando la legalidad. Hoy, aún disfrutan de un tercer grado a todas luces ilegal. Cuanto antes regresen a prisión, antes habrá una percepción real de justicia.

ERC controla Catalunya Ràdio gracias al PP
Sergio Fidalgo okdiario 24 Julio 2020

Desde hace años no hay una Generalitat, hay dos, la de Puigdemont y la de Junqueras, o si lo prefieren, la de JxCAT y la de Esquerra Republicana. Ambos bandos están enfrentados por la hegemonía en el bando separatista, y la aparente unidad de acción independentista es inexistente. No se equivoquen, todos ellos odian a España, y sienten un profundo desprecio hacia el resto de españoles, por lo que en ese campo no encontrarán fisuras. Pero en el resto de temas están en guerra total.

Uno de los principales campos de batalla entre ERC y Junts per Catalunya son los poderosos medios de comunicación de la Generalitat. TV3 y Catalunya Ràdio son dos formidables herramientas de propaganda, y son muy eficaces a la hora de moldear la opinión pública de los votantes separatistas. Junqueras y Puigdemont lo saben, y el conflicto es total para garantizarse su dominio a pocos meses de unas elecciones autonómicas que pueden significar el ‘sorpasso’ de los republicanos sobre los neoconvergentes.

En los programas que controla uno de los productores ‘estrella’ del separatismo, Toni Soler, el ‘Polònia’ y el ‘Està passant’ las principales víctimas del ‘humor’ que destilan estos espacios son las instituciones comunes a todos los españoles y los líderes catalanes no secesionistas. Pero cuando les toca repartir entre los partidos independentistas, la tendencia es que los neoconvergentes reciben con más dureza que los de ERC.

La entrevista que el director de TV3, el protoconvergente Vicent Sanchis, le hizo hace unos días a Oriol Junqueras, no fue especialmente cómoda para el líder de ERC. Hablamos de TV3, y de alguien a quien esta cadena define como «preso político». Para los cánones de esta televisión, acostumbrada a la loa constante de los encarcelados por sedición, fue algo demasiado extraño.

Dentro del modelo de reparto entre neoconvergentes y junqueristas TV3 era para JxCAT y Catalunya Ràdio para ERC. Así, Sanchis dirigía la tele, y uno de los periodistas orgánicos de Esquerra, Saül Gordillo, mandaba en la radio pública. Hace unos días se hizo pública la marcha de Mònica Terribas como presentadora del ‘Matí de Catalunya Ràdio’ y, curiosamente, Junts per Catalunya puso el grito en el cielo y se destapó del todo el pastel: ERC quería a alguien más «leal» con el junquerismo, y los neoconvergentes mantener a uno de sus peones en el programa con más audiencia de la cadena.

De hecho, la marcha de Tèrribas motivó que la neoconvergente Núria Llorach, presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios de Comunicación (CCMA), el organismo que dirige los medios de la Generalitat, intentara destituir a Gordillo. No lo consiguió, porque ERC pudo mantener la minoría de bloqueo gracias al apoyo del representante nombrado en su día por el Partido Popular,

Armand Querol.
Repetimos: Esquerra Republicana de Catalunya sigue controlando Catalunya Ràdio porque el representante que nombró el PP en dicho organismo votó, junto con la representante nombrada por ERC, para bloquear la destitución de Saül Gordillo. Dicho así puede parecer una marcianada, pero estamos hablando de la Cataluña separatista. Teóricamente los miembros de la CCMA son independientes, pero en la práctica los nombraron los partidos por cuota. De los seis miembros, solo quedan cuatro (los otros dos dimitieron hace tiempo), y varios tienen el mandato caducado, entre ellos Querol. El follón entre separatistas ha impedido, desde hace años, renovar este organismo.

El representante ‘popular’ hace años que va por libre, y de hecho pocas veces habrán oído críticas de Querol en público en los últimos tres años sobre la deriva separatista de TV3 y Catalunya Ràdio. Daniel Sirera, miembro del Consejo Audiovisual de Cataluña también a propuesta del PP, sí que se ha dedicado a denunciar la deriva de los medios públicos de la Generalitat. Pero Querol se ha confundido con el paisaje, suponemos que vistiendo su falta de coraje político con una teórica “lealtad institucional” hacia los medios de comunicación que la CCMA dirige, y en los que se ha insultado en reiteradas ocasiones a los líderes del PP. No se extrañen, hablamos de la Cataluña dominada por el separatismo en el que un personaje como Torra ha llegado a ‘president’. Aquí, todo es posible.
 


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