AGLI Recortes de Prensa   Lunes 27  Julio  2020

El federalismo inverso
Carlos Mármol Cronica Global 27 Julio 2020

El acuerdo europeo para financiar, mediante una mutualización conjunta de deuda, la crisis integral provocada por el coronavirus es un pacto político de mínimos, aunque haya quien, optimista casi siempre por interés, prefiera interpretarlo –y pregonarlo– como una alianza de máximos con la habitual narrativa superlativa. Bajemos el balón al suelo. Sobre la claque que recibió en la Moncloa a Pedro I, el Insomne con aplausos (a ellos mismos) no incidiremos en este aguafuerte. Es mejor obviarla: cuando se confunde la política con una verbena se cae en el más absoluto de los ridículos.

El pacto entre los jefes de Estado, sin duda, es histórico: una familia que decide endeudarse junta, en el fondo, aspira a seguir conviviendo, aunque en su seno falte la concordia y abunde la desconfianza. Todo lo demás del acuerdo, en cambio, nos parece un triunfo discutible. Desde las cifras oficiales, a su impacto sobre España, que es el país europeo donde los rebrotes y los quebrantos económicos derivados de la pandemia van a causar estragos más perdurables. No sólo por la enfermedad, sino por la situación política y económica previa, llena de errores y mentiras.

Las cantidades que el Ejecutivo PSOE-UP vende son irreales: si descontamos de los 140.000 millones de euros que vendrían desde Bruselas en los próximos siete años las aportaciones comprometidas con el presupuesto europeo, el saldo real del fondo de emergencia se reduce a la mitad: 70.000 millones que, en un 50%, son créditos que tendremos que devolver antes o después. Éstos son los números reales. Y no mienten, aunque haya quien los manipule a su favor, igual que en el famoso juego de la mosqueta. Obviamente, es mejor que te ayuden cuando estás endeudado –y nosotros lo estamos por cosas absurdas– a no recibir asistencia alguna, pero no parece que las transferencias europeas permitan pensar que estamos salvados. Básicamente porque el problema de fondo, ahora evidenciado por la enfermedad, no es Europa. Somos nosotros: los españoles todos.

La UE debe mantener a toda costa el mercado único. Mucho más tras el Brexit. Pero ahora no nos otorgan ayudas a la cohesión –como sucedía en tiempos del felipismo– sino dinero finalista para acometer reformas y cambiar nuestras seculares costumbres políticas. Desde este punto de vista, el acuerdo da estabilidad política a un Gobierno cuya supervivencia estaba seriamente en duda, pero limitar la cuestión de fondo a esta interpretación doméstica denota que no se repara en la encrucijada a la que nos asomamos.

Porque, al mismo tiempo las ayudas de la UE son oxígeno para Moncloa, le obliga a tomar decisiones contrarias a sus deseos. Y esta vez no podrá fingir: basta con que uno solo de los países de la UE active el freno de emergencia para que las ayudas prometidas queden automáticamente congeladas. ¿Qué nos piden los europeos? Básicamente que pongamos de una vez orden –el concierto se antoja imposible– en nuestra economía, seriamente lastrada por vicios nacionales y una arquitectura territorial imposible. Aquí es donde comienzan los problemas.

Europa exigirá proyectos competitivos para liberar las ayudas, que no se mueva ni una coma de la reforma laboral –que hace diez años dejó a los desempleados arrojados al océano del desempleo con un flotador con bastante menos aire– y un ajuste de las pensiones. No son peticiones nuevas: están sobre la mesa desde 2014, pero hasta el momento ningún presidente ha querido acometerlas por pánico al coste electoral. Ya no hay más remedio.

La gran dificultad, sin embargo, no son estos sacrificios. Es el hecho de que una parte nada despreciable de esas cuestiones están gestionadas con criterios divergentes por las autonomías. Ocurre, por ejemplo, con el sistema sanitario, lleno de asimetrías regionales. España debe orientar su presupuesto para crear proyectos de inversión en clave digital y ecológica –la mayor parte del dinero público se destina ahora al gasto corriente de unas autonomías que han configurado estados paralelos–, redefinir sus servicios públicos de empleo, parte de cuyas funciones tienen los gobiernos regionales, y cuidar ciertas políticas sociales, como los sistemas de renta mínima, o la educación, cuya administración es de nuevo una competencia regional exclusiva.

Todas estas cuestiones provocarán tensiones y conflictos; las autonomías, antes de que el dinero de la UE sea realidad, ya han empezado a exigir influir en los criterios de reparto. Probablemente el más enconado será la cuestión de la unidad de mercado. Los analistas europeos estiman que una parte de la baja productividad de la economía española se debe a la fragmentación autonómica, que multiplica los costes –legislación específica, administraciones distintas–, e impide la movilidad de empresas y profesionales.

Europa trata de sacarnos de nuestro propio bucle. ¿Y qué le ofrecemos a cambio? Un país atomizado, enredado en debates artificiales sobre su identidad, con todas sus instituciones en crisis, la jefatura del Estado inmersa en la corrupción financiera y un sistema político que, en vez de fomentar la unión y facilitar la cooperación, alimenta a los soberanismos y aviva los enfrentamientos sociales. Un cuadro de El Bosco.

Nadie lo enuncia con claridad, pero la clave de bóveda de lo que nos pasa es que nuestro modelo institucional, desarrollado durante los últimos cuarenta años, es incompatible con el paradigma europeo. Sencillamente no somos Alemania. O ponemos límites al federalismo inverso que está convirtiendo a España en taifas que devoran los presupuestos públicos, o Europa no volverá a ayudarnos más. Y entraremos entonces en lo que Octavio Paz llamó –refiriéndose a México– el laberinto de la soledad: un violento destino de pesimismo e impotencia.

El “paseíllo” de Sánchez
Jorge Mestre okdiario 27 Julio 2020

A Pedro Sánchez le gusta que le rocíen de incienso. Desde dentro y desde fuera. Ante su ausencia este sábado en la Catedral de Santiago y sentirse bañado por la nube de botafumeiro, prefirió anticipar su momento de yo-Adonis a su regreso de Bruselas con un ejército de corifeos -Pablo Iglesias incluido – desde La Moncloa, la bancada socialista y la prensa amiga que lo cegaron de una pantontería que parece aún durarle. Después de casi tres meses impostando cual Winston Churchill ante el avance de las tropas alemanas a las puertas de Londres, ahora el Sánchez vanidoso vuelve a ser Quasimodo refugiado en la catedral de Notre Dame de París para no afrontar la realidad de la nueva normalidad que tan poco le gusta.

Tenemos la segunda ola de coronavirus ya entre nosotros o a punto de querer asestarnos un hachazo definitivo y el Sánchez de ración de “Aló presidente” semanal se ha desvanecido. El Sánchez y su moral de victoria parecen haberse esfumado para que la moral de la tropa la alimenten otros, especialmente desde las comunidades autónomas. Es el Sánchez de enero, el mismo que desoyó las advertencias de la OMS, el mismo que no supo ver ni de lejos la gravedad de la pandemia y confinó demasiado tarde a la población, el mismo que delegó toda la presión inicial al siniestro Simón, ese que ahora surfea las olas de Portugal, mientras los españoles ignoran si podrán surfear las vacaciones en una semana.

A día de hoy, España vuelve a ser el país que a principios de marzo sufrió el veto de países vecinos. Francia y Bélgica no quieren a nadie llegado de Cataluña o Aragón en su territorio. Reino Unido y Noruega han impuesto cuarentenas. Y la lista de países expeditivos seguirá creciendo en las próximas semanas por mucho que Sánchez siga sin querer enterarse de que la situación actual le atañe tanto como en marzo cuando decidió afrontar la realidad. Que España sea el país europeo con la transmisión del coronavirus más desbocada es una realidad incontestable. No se trata ahora tanto de que el sistema de salud colapse o no, sino que la economía española no sufra la puntilla final que nos aboque en una situación límite, desconocida desde los tiempos de la Guerra Civil.

No hay centro de estudios económicos que no haya adelantado que, en un escenario de rebrote, la economía española vaya a caer un 15% y llevar la tasa de paro hasta el 25%. El problema es que ese escenario, previsto, para otoño se ha adelantado tres meses y lo hace en el peor momento, en el instante en el que miles de españoles pretenden viajar a su destino vacacional o paliar el calor en la sombra de terrazas o restaurantes. La OCDE advirtió hace menos de un mes que en los lugares más turísticos de España puede llegar a perderse un 40% del empleo, lo que situaría a nuestro país según el cuadro de previsiones que dibuja la OCDE, como el país avanzado que de forma más intensa tenga que recurrir al endeudamiento para superar los efectos de la crisis.

Los españoles, los turistas llegados de fuera y los países vecinos necesitan certidumbre. No vale con delegar la toma de decisiones y explicaciones en las comunidades autónomas en una nueva dejación de funciones. La certidumbre ante una pandemia sólo puede llegar de los gobiernos de cada país. Sánchez cometió ya ese error en los preludios de la pandemia a principios de año y vuelve a esconderse ahora que el virus cabalga de nuevo con fuerza. Los monaguillos que lo rociaron de incienso a su llegada a La Moncloa el otro día deberían saber, al igual que Sánchez, que en el mundo de la nueva normalidad tampoco se puede vivir desentendiéndose de la realidad. Por fas o por nefas.

¿Más impuestos? España ya es el cuarto país con mayor esfuerzo fiscal
En relación con la renta, pagamos en impuestos un 8% más que los alemanes, un 9% más que los suecos o un 21% más que los estadounidenses.
Diego Sánchez de la Cruz  Libertad Digital 27 Julio 2020

El acuerdo europeo para activar un Plan de Recuperación que apuntala la economía del Viejo Continente tras la crisis derivada de la pandemia de la covid-19 incluirá "rescates" condicionados a la aprobación de determinadas medidas y reformas. En el caso de España, cada vez son más las voces que apuntan a una posible subida del IVA y otros impuestos indirectos.

Tal aumento se apoyaría en una narrativa que el gobierno de PSOE y Podemos lleva ya tiempo cultivando y que, en esencia, sostiene que España no puede "financiar un Estado de Bienestar de primera división con unos ingresos fiscales de tercera división". Es por eso que, de forma recurrente, las dos formaciones que conforman el gobierno aluden a la necesidad de "armonizar" nuestro sistema tributario para igualar nuestros niveles de presión fiscal a los ratios observados en el conjunto de la Unión Europea.

José Félix Sanz y Desiderio Romero, expertos de Funcas especializados en asuntos tributarios, consideran sin embargo que la popularidad del indicador de presión fiscal, consistente en dividir la recaudación entre el PIB, no implica que esta sea una métrica robusta. "El índice de presión fiscal es impreciso, poco informativo y de una utilidad muy limitada para realizar prescripciones de política fiscal", explican en un artículo suscrito al alimón.

Entre las limitaciones que identifican ambos economistas en torno a dicho indicador está el hecho de que la medición de la presión fiscal "no dice nada de la composición del sistema fiscal que genera esa recaudación ni tampoco desglosa cómo se distribuye la carga fiscal entre los contribuyentes. Asimismo, tampoco tiene en cuenta el esfuerzo que requiere la generación de PIB, puesto que una misma presión fiscal puede exigir sacrificios fiscales muy distintos".

Como ejemplo de esto último, Sanz y Romero explican que, si en España se aplicase una presión fiscal homóloga a la de Dinamarca (45,4% del PIB), estaríamos creando un marco recaudatorio idéntico a pesar de que la renta por habitante del país nórdico duplica la nuestra (51.600 vs 24.000 euros). Por tanto, habida cuenta de las diferencias entre países, los dos autores consideran "deficiente" el indicador impositivo de la presión fiscal, "no tanto en sí mismo y en su cómputo, como en el uso obsesivo que se le está dando, convirtiéndolo en el elemento esencial, casi único, sobre el que descansa el debate actual en materia fiscal. Puede ser una medición útil, pero su protagonismo es desproporcionado. Un análisis riguroso de los sistemas fiscales requiere de técnicas estadísticas, econométricas y de modelización matemática mucho más elaboradas".

Calculando el esfuerzo fiscal
En este sentido, los dos expertos de Funcas señalan que, si se pretende usar la presión fiscal como argumento central, entonces debe acompañarse de otro índice agregado que mejora nuestro entendimiento de la situación tributaria. Se trata del cálculo del esfuerzo fiscal, propuesta hace más de medio siglo por economistas como Henry Frank o Richard Bird. Ambos indicadores miden la recaudación sobre el PIB, pero a continuación la complementan con la capacidad económica de los contribuyentes.

Sanz y Romero han calculado el Índice de Esfuerzo Fiscal para las veinte principales economías de la OCDE y han encontrado que España ocupa el cuarto país de la tabla en el Índice de Frank o el quinto escalón del ranking en el Índice de Bird. Aunque somos el décimo quinto país en lo tocante a la presión fiscal, figuramos en el top cinco de las economías desarrolladas con mayor esfuerzo fiscal.
Sánchez endeuda a los españoles en más de 2.100 euros por persona tras sus dos años de mandato
José María Rotellar  Libertad Digital 27 Julio 2020

Tras dos años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 137,46 millones de euros cada día.

Han pasado ya más de dos años desde que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno. Hace unos días, destacábamos el balance económico de ese periodo, al analizar la evolución de la industria, los servicios, el PIB y el empleo, entre otros indicadores, obteniendo unos resultados desalentadores, pues el retroceso económico era muy importante.

Junto a ello, la presión del gasto es cada vez mayor en España. Tanto la caída de la actividad como el incremento del gasto y, con él, del déficit y de la deuda, no puede atribuirse en exclusiva a la situación excepcional que se vive derivada del coronavirus. Es obvio que el impacto de la pandemia en la economía es notable, sobre todo porque el Gobierno decidió cerrar completamente la actividad económica por no haber tomado unas precauciones tempranas, como cerrar en enero las fronteras con China. Ahora bien, antes de la enfermedad, la economía ya se ralentizaba de manera cada vez más intensa y el gasto no dejaba de crecer de forma rápida.

Así, sólo con las medidas de los reales decretos de los viernes se comprometió gasto estructural por cerca de 10.000 millones de euros, en lugar de adoptar medidas de austeridad que hubiesen permitido tener una mayor capacidad de maniobra ante un retroceso económico, fuese uno como el presente o de menor intensidad, como se preveía.

Sin embargo, con una deuda cercana al 100% del PIB, pero que había logrado ir descendiendo gracias al impulso del crecimiento económico -pues la deuda en valores absolutos seguía aumentando, al mantenerse las cuentas públicas en déficit cada año- el Gobierno tomó la arriesgada decisión de expandir el gasto de manera temeraria.

Ahora vemos las consecuencias de ello: una deuda creciente, que ha pasado del 97,6% con el que cerró 2018, al 95,5% del cierre de 2019 y que ahora se eleva al 112,35% de mayo de 2020, según los datos de deuda del Banco de España y la previsión de crecimiento del PIB nominal del ministerio de Economía plasmada en la Actualización del Programa de Estabilidad enviada a Bruselas el treinta de abril (página 33 de dicha actualización).

En dicho cociente, ya está comenzando a operar el efecto negativo tanto en el numerador como en el denominador, pues la deuda aumenta en 68.951 millones de euros entre diciembre de 2019 y mayo de 2020 y el PIB se estima que se reduzca en 125.775 millones de euros de 2019 a 2020.

Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 100.481 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de los dos años el incremento supera ya los 100.000 millones citados anteriormente.

Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los dos años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 2.151 euros, dos veces y media el incremento del primer año.

O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras dos años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 137,46 millones de euros cada día.

Y todavía el incremento se nota más si analizamos el aumento diario de deuda sólo en el último mes. Así, en mayo de 2019, tras un año de la llegada de Sánchez, la deuda se incremento diariamente en ese mes en 400 millones. Ahora, a los dos años de su llegada al banco azul, en mayo de 2020 se ha incrementado la deuda 746 millones de euros cada día.

Tenemos esta triste realidad: un incremento exponencial del gasto, una caída en picado de la recaudación y un descenso notable del PIB. Todo ello, hará que la deuda española se sitúe este año entre el 115% y el 120%, dependiendo de cuál sea la intensidad final del movimiento de déficit y PIB, siendo factible que supere el 130% en 2021.

Por eso, es importantísimo que la UE no le deje a Sánchez malgastar los fondos que le han adjudicado a España. Las condiciones supondrán un freno a las políticas populistas, alentadas por la parte podemita del Gobierno (y apoyadas por Sánchez hasta ahora, frente a Calviño), de manera que Sánchez, si se volviese sensato, se desembarazaría de Podemos y aplicaría una política económica ortodoxa. Si no lo hace, España no recibirá los fondos, el estancamiento estará garantizado y la deuda seguirá incrementándose peligrosamente.

Tertuliano de En Casa de Herrero.

Los aplausócratas
Federico Jiménez Losantos  Libertad Digital 27 Julio 2020

El tiempo corre en favor de la Aplausocracia, ese jardín de infancia al que los aplausócratas, comunistas, socialistas y separatistas, quieren reducirnos.

En 1968, el poeta cubano Heberto Padilla fue encarcelado por su libro de poemas Fuera de juego. Tras una penosa autocrítica al clásico estilo de Moscú, que es el de todos los regímenes comunistas, y gracias a la presión de los intelectuales que no respaldaron la represión castrista -otros sí lo hicieron, y con entusiasmo-, fue desterrado para siempre de Cuba.

Lo conocí una mañana lluviosa en Madrid, entre dos aviones, cuando iba a un encuentro de intelectuales en Alemania u otro lugar de clima aún más frío. Yo había participado con Carlos Alberto Montaner y muy pocos más -Dragó, Armas Marcelo, Severo Sarduy- en la petición del I Congreso de Escritores de Lengua Española, en 1978, en Canarias, para que pudiera salir de la isla. Él lo supo y me lo agradeció con esa pena cansada del que no sabe cómo lidiar lo obvio ni celebrar el respirar. Me pareció una persona fuera ya del mundo, un superviviente de una vida que no era suya, que le habían arrebatado para siempre sus carceleros. Tomábamos café con leche y yo veía en sus ojos acristalados tras unas gafas setenteras la misma lluvia que golpeaba los cristales de aquella cafetería de Madrid, cerca de Barajas. Nunca volvimos a vernos, si es que aquello fue vernos y no despedirnos.
Un poema anticomunista y actualísimo

He recordado a Padilla y uno de los poemas de su libro maldito al ver esta semana al Consejo de Ministros, en pleno y en círculo, aplaudiendo al llegar a Moncloa al presidente del Gobierno, Sánchez, que, uniéndose al círculo, aplaudió, 'humildeando', junto a sus aplaudidores. El poema es éste:

INSTRUCCIONES PARA INGRESAR EN UNA NUEVA SOCIEDAD
Lo primero: optimista.
Lo segundo: atildado, comedido, obediente.
(Haber pasado todas las pruebas deportivas).
Y finalmente andar
como lo hace cada miembro:
un paso al frente, y
dos o tres atrás:
pero siempre aplaudiendo.

El poema, como tantos testimonios de resistencia anticomunista, es sempiternamente actual. Éste, en concreto, puede leerse de arriba abajo o al revés, y se mantiene el mensaje, que es el aviso de una amenaza perpetua: si empezamos por el final, no salimos del Gobierno ovacionándose a sí mismo; si nos fijamos en el título, nos parece saludar la "nueva normalidad" decretada por Sánchez cuando nos obligó a aceptar su gran éxito: provocar 50.000 muertos de la covid19, contar la mitad, y encima, presumir de ello.

Sánchez tiene motivos para presumir
Si evitamos la valoración moral, hay que reconocer que motivos para presumir no le faltan. Por mucho menos, la intoxicación del aceite de colza, quedó UCD herida de muerte. Por muchos muertos menos, el PP cargó con la culpa del 11-M, y aún anda huyendo de su responsabilidad, que era la de investigar el culpable intelectual y los autores materiales de la masacre. Por supuesto, si a un gobierno del PP le cae encima la pandemia tras mantener la movida del 8-M, habría dimitido, convocado elecciones y hoy sería ruina.

Pero si después de todo lo que ha hecho, el Gobierno se aplaude, el PP, que ha entrado en una entropía rajoyana verdaderamente patológica, debería darse cuenta de que nunca heredará por las buenas el Poder. Este Gobierno no lo dejará más que arrastras, y no bastará el saldo de las urnas.

Porque lo que inaugura esta forma de gobernar a la que podemos llamar aplausocracia, se sitúa al margen de la moral, la verdad, la realidad, la ley y el más elemental decoro cívico. Es entender y convencer a toda la sociedad de que debe entenderlo igual de que estamos ante una continua representación, un guiñol político, una ceremonia de teatro infantil cuyos papeles administra Doña Tele, ese monstruoso poder mediático que la Izquierda detenta en exclusiva gracias a la política suicida de la Derecha.

La Aplausocracia no admite alternativa
Los aplausócratas parten de una premisa que hace imposible la alternancia política: ellos son los buenos siempre, ellos siempre hacen el bien, y si ellos celebran con aplausos haber conseguido la mitad de la mitad de lo que pedían es porque han tenido un gran éxito. ¿Y cómo se demuestra que es un gran éxito? En que lo celebran con aplausos ¿Qué puede plantear la Oposición ante la Aplausocracia? Con sus reglas, nada. Le haría falta un papel en ese retablo de marionetas y no lo tiene. Sería preciso entrar en la televisión después de los aplausos, y ni sabe, ni puede, ni quiere intentarlo. Peor aún: es tan estúpida que piensa que la Aplausocracia caerá por sí sola.

Es verdaderamente trágico ver cómo el PP de Pablo Casado, con el sólido apoyo de su secretario general, el 'dizque kiko' Teodoro García Egea, ha recorrido en el último año y medio todo lo que había avanzado en el primer medio año, pero hacia atrás. Hasta el punto de que hemos vuelto no sólo a la pachorra de Mariano esperando que el Gobierno le cayera en la mano sin moverse de la hamaca, sino a la activa desactivación del partido por el 'sorayo' de Murcia, cuya tarea básica es hacer imposible que nadie en el partido haga algo que no sugiera el líder, y como el líder sugiere esperar, que nadie haga otra cosa que obedecer la orden de espera.

Sólo ha habido en el Parlamento una sesión de Oposición importante: la protagonizada por Cayetana Álvarez de Toledo cuando le dijo a Iglesias todo lo que tenía que decirle, de comunista libertófobo a machista irredento y, lo más importante, porque demostraba el fin del miedo a la superioridad moral de la izquierda: que es hijo de un terrorista del FRAP. Pero como ese miedo no ha desaparecido, sino que es, de nuevo, constitutivo y definitorio del Mando, la reacción del PP oficial fue de pavor ante la ruptura del tabú, amplificada luego en los medios, en especial los sensibles al teosorayismo.

Dos días después, fue Santiago Abascal, mientras Pablo Casado se acurrucaba en su escaño a modo de oruga, el que reivindicó el discurso de Cayetana contra Iglesias e, implícitamente, criticó el ilegal comportamiento de la presidenta de las Cortes, que se atrevió a decir que borraba del Libro de Sesiones una verdad indiscutible, demostrada por Cayetana con el texto del artículo publicado por el vicepresidente del Gobierno en homenaje a Carrillo, el genocida de Paracuellos, y enorgulleciéndose de que su padre fuera del FRAP. No del PCE (m-l), ni del comité pro-FRAP: del FRAP.

Lo que el PP no entiende
Que fuera Abascal y no Casado el que respaldara aquel discurso formidable y que, en su casa, aplaudió toda la España anticomunista, en la que están casi todos los votantes del PP, pero, ay, no la dirección, revela el problema de fondo de la Derecha española: sigue sin entender la naturaleza del comunismo, sigue sin querer enterarse de que un Gobierno con Iglesias no es lo mismo que un Gobierno del PSOE, porque si lo fuera, no tendría dentro a Iglesias; sigue sin comprender que el socialcomunismo ha alterado la naturaleza del poder y de las relaciones con él de la ciudadanía, sigue sin darse cuenta de que, después y gracias a la covid19 el Gobierno trata a los españoles como a párvulos, y va a seguir haciéndolo así, porque, si fueran adultos, no habrían tragado lo que han tragado ni tragarían lo que tragarán.

Es estúpido pensar que el dinero de Bruselas será un freno a esta forma de ejercer el Poder, que consiste en ampliarlo ilimitadamente. Al revés: el resultado da igual mientras se mantenga el bululú teatral, el relato, la puesta en escena de un Poder Bueno que afronta las dificultades sin la ayuda de la Oposición. ¿No ve Casado que, mientras tenga éxito el chantaje de que debe ayudar al Gobierno a cambio de nada seguirá pagándolo?

Todo lo que no sea deslegitimar el discurso de la Izquierda y a la Izquierda misma, hoy más hija del FRAP que del PCE, es perder el tiempo. Y el tiempo corre en favor de la Aplausocracia, ese jardín de infancia al que los aplausócratas, comunistas, socialistas y separatistas, quieren reducirnos. Y sin que nuestros representantes, con honrosas, excepciones, sean capaces de ayudarnos. Ellos, a heredar. ¡Como si les fueran a dejar!

La transparencia no es una broma
Editorial ABC 27 Julio 2020

Desde el año 2013, España dispone de una Ley de Transparencia ideada desde la base de que nuestra Administración debe ser diáfana cuando el ciudadano reclama información pública de los organismos del Estado. Sin embargo, en cierto modo, el Consejo de Transparencia regulado para poner en práctica una auténtica política de ventanas abiertas no ha dejado de ser en estos años un organismo casi decorativo, vacío de muchas funcionalidades y carente de herramientas esenciales para poder ejecutar sus resoluciones. A menudo parece que se trata de un organismo creado por la corrección política para imitar a países de nuestro entorno que luchan contra la opacidad de sus gobiernos. Pero en España sigue habiendo mucha ocultación.

El Consejo de la Transparencia no da abasto con las peticiones de ciudadanos para saber cómo se manejan las administraciones y empresas públicas, sobre todo con el presupuesto; necesitaría el triple de personal -actualmente lo componen 22 empleados públicos- para poder atender todas las peticiones que le llegan; y sobre todo le falta tener una capacidad ejecutiva real, no solo teórica, para poder sancionar a aquel Ministerio que se oponga a revelar datos que deberían ser públicos. Sobre el papel, la Administración debe acatar las resoluciones del Consejo de Transparencia, pero a la hora de la verdad, este organismo no tiene regulados mecanismos punitivos. Por eso, cualquier organismo que quiera esconder datos, contratos públicos o adjudicaciones, lo tiene fácil para resistirse y negar la información. La Ley de Transparencia está coja y la Administración no es castigada con multas. A lo sumo, sufre un coste reputacional cuando se niega a ser transparente y la prensa lo publica, pero eso al Gobierno de turno le da francamente igual.

Cuando Polonia salvó a Europa de los soviéticos
Pedro Fernández Barbadillo  Libertad Digital 27 Julio 2020

Hace 100 años, en agosto de 1920, Polonia se convirtió en la primera nación que venció militarmente al expansionismo comunista. Las democracias abandonarían a los polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

La primera derrota del Ejército Rojo ocurrió en agosto de 1920, una batalla en la que los polacos detuvieron primero e hicieron retirarse después a los invasores soviéticos, en unas circunstancias de inferioridad tales que en la historia polaca se denomina el ‘Milagro del Vístula’.

Polonia fue la primera nación que venció militarmente al expansionismo comunista, casi veinte años antes de que lo hiciera España. También fue la primera que combatió al nacionalsocialismo alemán. Pero las democracias abandonaron a los polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

Lenin ordena al Ejército Rojo invadir Europa
El armisticio alemán del 11 de noviembre de 1918 llevó la paz a las trincheras de Europa Occidental, pero en Europa Oriental y Turquía prosiguieron las guerras, los motines y los tiroteos. Cuando se firmó el 19 de junio de 1919 el Tratado de Versalles entre los Aliados y la República alemana, la guerra civil rugía en Rusia.

En el caos posterior a los armisticios, el desarme de los ejércitos y el derrumbe de las casas imperiales, se proclamaron nuevas nacionalidades; algunas fugaces, como la ucraniana, otras históricas, como la polaca, y unas inventadas como la checoslovaca.

Los bolcheviques, ya establecidos en Moscú, no se limitaban a defenderse de los blancos, sino que mantenían sus planes para la revolución mundial. Y ésta, según mandaba el catón marxista, debía producirse en países industrializados, como Inglaterra o Alemania. El 13 de noviembre de 1918, Vladímir Lenin, presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de Rusia, ordenó al Ejército Rojo que desencadenase una ofensiva hacia el oeste para recuperar los territorios perdidos en la guerra y marchar a Berlín.

Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, Bielorrusia y Polonia se habían declarado independientes. Lenin había proclamado el derecho de autodeterminación de los pueblos que componían el Imperio zarista. Entonces, ¿cómo atacar a los nuevos países? Para los comunistas, el respeto a los tratados internacionales y a sus propias palabras nunca ha sido un obstáculo. Podían intervenir legítimamente en esos países porque estaban dominados por oligarquías reaccionarias que sojuzgaban a los campesinos y obreros.

Los rojos vencieron a los bielorrusos y constituyeron la república socialista soviética de Bielorrusia. En enero de 1919 el alto mando soviético señaló como su próximo objetivo el río Vístula. Sin embargo, la diversidad de frentes a los que Moscú debía atender (los ejércitos blancos del almirante Kolchak y del general Deníkin), debilitó la fuerza de la ofensiva. Además, los polacos, dirigidos por Józef Pilsudski, nombrado jefe de Estado, se aliaron con Simon Petliura, líder de República Popular de Ucrania, a cambio de la cesión de la República Occidental de Ucrania, constituida sobre el territorio dominado por los Habsburgo y con capital en Leópolis/Lvov.

En abril de 1920, comenzó una ofensiva de los dos aliados contra los soviéticos, tan afortunada al principio que les permitió tomar Kíev el 7 de mayo. León Trotski, comandante en jefe del Ejército Rojo, ordenó un contraataque al general Mijaíl Tujachevsky, uno de los militares más inteligentes del Ejército Rojo (asesinado por Stalin en 1937).

El ‘Milagro del Vístula’
El 13 de junio, el Ejército Rojo reconquistó Kíev y apuntó sus columnas contra Varsovia. En una arenga famosa a sus tropas, Tujachevsky anunció los planes bolcheviques: "El destino de la revolución mundial se está decidiendo en Occidente: el camino a una conflagración mundial pasa por encima del cadáver de Polonia... A Vilna, a Minsk y a Varsovia: ¡adelante!".

El objetivo último era Berlín. El ambiente parecía propicio para la subversión deseada por los rojos, pues el año anterior había habido revoluciones en Hungría, Berlín y Baviera.

En el verano de 1920, las líneas de resistencia polacas fueron moviéndose al oeste, de los ríos Bug y Narev al Vístula, debido a la presión soviética. En agosto, el Ejército Rojo se aproximó a Varsovia. Casi 150.000 militares, muy fogueados, estimulados por los comisarios políticos y con ánimo de victoria, contra poco más de 100.000 polacos, que no habían dejado de retroceder desde las semanas anteriores.

Las delegaciones diplomáticas, salvo el nuncio Achille Ratti (que luego sería el papa Pío XI) y el representante británico, huyeron. Los húngaros trataron de enviar refuerzos a los polacos, pero el Gobierno checo, aunque burgués muy pro-soviético, negó el permiso para cruzar su territorio.

La batalla comenzó el 13 de agosto, con ataques rojos a la ciudad de Radzymin. Los polacos resistieron las oleadas de caballería y de infantería y los bombardeos artilleros. El plan consistía en cercar la ciudad. El 14, el V Ejército polaco, bajo el mando del general Wladyslaw Sikorski (primer ministro del Gobierno polaco en el exilio, muerto en un misterioso accidente de avión en 1943), inició una pequeña contraofensiva.

El avance rojo hacia Varsovia se detuvo el 15, la fiesta de la Asunción de la Virgen. Ese día, un regimiento de los famosos lanceros polacos capturó el estado mayor del IV Ejército soviético en Ciechanów, con sus planes y una de las dos estaciones de radio utilizadas para comunicarse con el alto mando en Minsk. Los radiotelegrafistas polacos usaron este aparato para interferir las comunicaciones de los invasores emitiendo sin cesar versículos de la Biblia.

Un personaje tan importante como los generales fue el teniente Jan Kowalewski, experto en criptoanálisis, que ya en 1919 había descifrado las claves del Ejército Rojo.

El 16 de agosto, el general Sikorski capturó la ciudad de Nasielsk y las tropas de Pilsudski pasaron a la ofensiva. Los soviéticos, aunque superiores en número, estaban agotados y desmoralizados. Los enfrentamientos concluyeron en una desbandada. El ejército polaco se lanzó el 21 a la persecución de los enemigos. El 24 de agosto varios miles de soldados soviéticos se refugiaron en Prusia Oriental.

El número de muertos por parte polaca ronda los 4.500, mientras que por parte soviética pudo alcanzar los 25.000.

El padre de Juan Pablo II
El Gobierno francés envió a Polonia unos 400 oficiales experimentados a finales de 1918. Entre éstos figuraba el capitán Charles de Gaulle, que fue instructor de unidades de infantería. También participó en operaciones a lo largo del río Zbrucz y recibió la principal condecoración militar polaca: Virtuti Militari.

Los militares polacos demostraron su capacidad para descifrar códigos secretos y comunicaciones del enemigo.

Otro militar implicado en esta guerra fue Karol Wojtyla, padre de san Juan Pablo II. Hasta el 31 de octubre de 1918, Karol fue segundo teniente en el Ejército Imperial austriaco y al día siguiente se unió al ejército polaco, en el que se convirtió en el jefe de la oficina de la Comisión de Suplementos de Poviat en Wadowice.

Durante la dictadura comunista, esta batalla, una de las más importantes de la historia europea (la décimo octava, según Edgar Vincent, miembro de la Comisión Interaliada presente en Varsovia), se ocultaba a los niños y adolescentes.

Gran Polonia y grandes enemigos
Moscú aceptó negociar la paz en el otoño de 1920. Al final, el Tratado de Riga fue suscrito en marzo de 1921 entre Polonia y las repúblicas soviéticas de Rusia y Ucrania. Se reconocieron las fronteras, que Stalin violó en septiembre de 1939, después de repartirse Polonia con Hitler. Además, los bolcheviques, como sucesores de la Rusia imperial, aceptaron devolver a los polacos parte de las obras de arte y reliquias históricas arrebatadas por los zares.

Una consecuencia de la guerra fue la formación de un Estado polaco muy extenso (casi 400.000 kilómetros cuadrados), pero sin fronteras naturales. Por otra parte, la Polonia de entreguerras mantuvo contenciosos fronterizos con casi todos sus vecinos: la URSS, Alemania, Lituania, Checoslovaquia. Y alrededor de un tercio de la población (35 millones en 1939) pertenecía a alguna minoría: ucranianos, alemanes, judíos, lituanos, rutenos...

Otro efecto fue el odio que incubó la cúpula bolchevique, sobre todo Stalin, contra los polacos como pueblo ‘reaccionario’ y ‘clerical’ y, por tanto, como enemigo de la revolución.

Los militares polacos demostraron su capacidad para descifrar códigos secretos y comunicaciones del enemigo. Su experiencia la aprovecharían los Aliados en la Segunda Guerra Mundial.

Hoy, Polonia es, por fin, una nación reconstruida y libre. De Moscú y de Bruselas.

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Nueva derrota socialista para el campo español

Milagros Marcos Ortega El Confidencial 27 Julio 2020

Hace poco más de un mes escuchábamos a Pedro Sánchez presumir de que conseguiría un billón y medio de euros "sin condiciones" de los fondos europeos, gracias a que su peso en Europa y su reconocimiento por otros países europeos eran incuestionables. Esta semana seguía presumiendo del gran éxito que ha supuesto para España ser merecedor de un rescate en toda regla y por recibir solamente un tercio de lo que había anunciado.

No es nuevo que el presidente del Gobierno venda la piel del oso antes de cazarla, lo hemos visto con el tema de la presidencia del Eurogrupo y Nadia Calviño. No es nuevo que este Gobierno presuma, incluso, de cuestiones de las que cualquier otro sentiría vergüenza: el número de fallecidos, los disparatados datos del paro o las nefastas previsiones macroeconómicas de nuestro país. Esto parece ya la tónica general, y mientras unos sonríen la farsa, y hasta la aplauden, otros sufrimos ante tamaña irresponsabilidad porque no podemos dejar de pensar en las consecuencias de todo este teatro aquí y fuera de nuestras fronteras, por mucho que pretendan que los españoles nos acostumbremos a ello.

Lo hemos visto esta semana en las negociaciones europeas. Cuando se negocian los fondos no hay premio al mejor intérprete, el éxito no es para el mejor actor o el más aplaudido por sus palmeros, sino para el más responsable. En Bruselas no se valora lo que se cuenta, sino las cuentas, el compromiso, el rigor y la seriedad. Todo esto lo tenía España hace tan solo dos años, todo esto lo ha perdido España en menos de dos años.

Al presidente del Gobierno español lo han pillado intentando engañar a la Comisión europea con la senda de déficit, certificando una cifra falsa. Se ha presentado ante ellos con un acuerdo con Bildu en el que se comprometía a derogar íntegramente la reforma laboral, cuando lo que se estaba pidiendo desde Bruselas era precisamente lo contrario. Sus socios comunistas populistas, el despilfarro de los viernes sociales con fines exclusivamente electorales, o el despropósito de cargos, asesores y ministerios no generan más que desconfianza en Europa. Y solo hay un responsable, un único protagonista y actor, Pedro Sánchez.

La farsa ha continuado después de la negociación. Lejos de agradecer a quienes le han ayudado frente a la dura oposición de la izquierda europea —los que deberían haber sido sus socios naturales—, lejos de reconocer con humildad que no se han conseguido los objetivos esperados, ni en cuantía ni en condicionalidad, volvemos al escenario teatral, vuelven el actor y la propaganda. Y vuelve incluso para negar la evidencia de lo que está escrito en el documento aprobado por el Consejo de jefes de Estado.

La Política Agraria Común es la que más ha perdido en todo este escenario. Menos fondos, un 10% menos en el llamado primer pilar, es decir, en las ayudas directas a agricultores y ganaderos. Y casi un 12% de reducción en las ayudas para desarrollo rural, a las que además del presupuesto se les ha reducido en otro 10% la tasa de cofinanciación europea. Esto obligará a las Comunidades Autónomas, salvo que lo asuma el Estado, a poner más fondos incluso para quedarse en el recorte del 12%, cuanto más, para obtener el mismo dinero que en el momento actual. Estamos ante una situación especialmente preocupante teniendo en cuenta que este "segundo pilar" está destinado a modernizar las explotaciones, invertir en regadíos, apoyar la incorporación de jóvenes, innovar o investigar, entre otras cosas. Especialmente preocupante es el recorte y, especialmente llamativa, la negativa del Gobierno a reconocer lo que está en el acuerdo.

A esta más que evidente reducción de ayudas, que podría llegar a ser de unos 5000 millones de euros, es decir, el equivalente a un año de PAC —haciendo la equivalencia con el % que se está recibiendo en España en este momento sobre el total— se une el aumento de exigencias y requisitos, es decir, de gasto e inversiones que agricultores y ganaderos deberán realizar para cobrar. En el mismo documento del Consejo se plantea que los diferentes fondos destinarán hasta un 30% a reducir el impacto sobre el clima de las políticas financiadas, en el caso de la agricultura este porcentaje se eleva al 40%. Y por si fuera poco hace poco más de un mes la Comisión Europea ha lanzado dos Estrategias 'De la Granja a la Mesa' y de 'Biodiversidad', para avanzar en la sostenibilidad ambiental que todos deseamos, tan ideales y teóricas como imposibles de cumplir a corto plazo, máxime sin inversión ni presupuesto adicional.

El sector primario está al borde del colapso, y apoyarle no es cuestión de ideología política, sino de inteligencia económica. Si negamos la evidencia, si ni siquiera se reconoce el problema, ¿cómo se van a adoptar las soluciones urgentes que se requieren para su continuidad?

Una nueva derrota socialista para el campo español. Una vez más el Gobierno socialista ni ha priorizado ni ha defendido los intereses de agricultores y ganaderos: ni en los fondos de recuperación —solo el 1% del total será para agricultura, la mitad de lo comprometido—, ni en la PAC, pero lo que puede llegar definitivamente a los agricultores y ganaderos españoles se puede aún negociar, el reparto por países no está decidido.

Da miedo pensarlo, pero precisamente porque el reparto entre países no está cerrado, visto lo visto, el problema aún puede empeorar. Mientras el Gobierno se felicita y aplaude ante el espejo, está perdiendo el tiempo en la batalla de esa negociación.

Nadie entiende por qué estando abierto el periodo de negociación de los fondos que pueden llegar a España se da por buena una cifra inasumible y con ello la posibilidad de mantener o incluso aumentar los fondos que lleguen definitivamente. Que haya menos fondos de partida no es condición para asumir una pérdida de financiación. Se puede y se debe negociar. Es responsabilidad del Gobierno evitar el descalabro llevando a cabo una buena negociación, aunque todos sabemos que sin credibilidad será muy difícil hacerlo.

A estas alturas ya todos sabemos que cada vez que gobierna el PSOE el campo español pierde, de hecho en la negociación de la PAC 2006/2013 con un gobierno socialista y 5.000 millones de euros más a repartir en Europa, a España llegaron para la PAC 1.300 millones de euros menos. Mientras que en la negociación de la PAC 2014/2020 con un gobierno del Partido Popular, y un presupuesto europeo de 1.346 millones de euros menos, a los agricultores y ganaderos españoles les llegaron 238 millones más de PAC, hasta los 47.500 millones que están recibiendo actualmente.

En este momento en que el presupuesto europeo es tremendamente expansivo como consecuencia de la necesaria recuperación tras la pandemia, no podemos dar por buena una reducción del 5.000 millones de euros a la primera de cambio, porque serán los agricultores y ganaderos de otros países —con los que competimos— quienes se beneficien. Debemos exigir que el Gobierno salga de ese juego de trileros en el que se ha instalado con las cifras de la PAC, que reconozca, sino el fracaso, al menos el recorte y se comprometa a negociar. Que no nos tomen a todos por tontos, asuman su responsabilidad y se pongan a trabajar. Solo el Gobierno está invitado a la mesa de negociación y nadie puede sustituirlo. Él y solo él, debe hacer esa tarea. Agricultores y ganaderos no han dejado de hacer la suya en ningún momento a pesar de las dificultades, y ahora más que nunca necesitan que se les defienda como merecen y dónde corresponde.

La manifestación convocada en Alsasua contra la Guardia Civil
José Manuel Otero Lastres ABC 27 Julio 2020

Como seguramente sabrán, está convocada para el próximo 29 de agosto una manifestación en Alsasua, bajo el lema «Ospa eguna» (más o menos «El día del adiós»), para exigir la expulsión de la Guardia Civil y sus familiares de Navarra y el País Vasco. El pasado 22 de julio la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, integrada por Oficiales del Cuerpo, ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional para que se prohíba el acto porque entiende que puede dar lugar a un delito de enaltecimiento del terrorismo. Añaden que al estar convocada en las proximidades de la casa cuartel afectará al derecho a la intimidad de sus familiares Y concluyen indicando que su celebración produciría un descrédito, menosprecio y humillación de las víctimas de los delitos terroristas, especialmente las del Cuerpo de la Guardia Civil.

Probablemente los ciudadanos que no están familiarizados con la protección de nuestros derechos fundamentales se extrañarán de que un grupo de filo-terroristas y allegados puedan exigir la expulsión de unidades de nuestras Fuerzas Armadas de Alsasua, que es una villa española situada en la Comunidad Foral de Navarra. Lo cual podría hacer pensar que corresponde a los naturales de Alsasua decidir quiénes pueden habitar allí, cuando lo cierto es que, al tratarse de un municipio español, tal decisión incumbiría a todos los españoles.

La cuestión tiene que ver, una vez más, con el delicado equilibrio entre los derechos fundamentales y sus limitaciones: el derecho de reunión o manifestación, del artículo 21 de la Constitución, que solo puede ser prohibida cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Este derecho se configura con elementos de la libertad de expresión y del derecho de asociación, de tal forma que ha podido definirse, por nuestro Tribunal Constitucional, como la agrupación temporal para reivindicar una finalidad por medio de la expresión de ideas o como una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria. A lo que ha de añadirse que el citado derecho se vincula también con otros como la participación política o el derecho a la huelga, lo que le confiera un cierto carácter instrumental. Razón por la cual, nuestra jurisprudencia constitucional suele primar el principio «pro libertate» frente a los intentos de limitación injustificada o con escasa justificación.

La exégesis del art. 21 de la Constitución, según el Tribunal Constitucional, revela que los requisitos que han de cumplir indefectiblemente los ciudadanos para manifestarse en una vía pública son que la reunión sea pacifica y que anuncien a la autoridad el ejercicio de su derecho.

El primero de los requisitos enunciados es de inexcusable cumplimiento en todo tipo de manifestación, pues el único derecho que la Constitución protege es el de reunión «pacífica y sin armas». A lo que hay que agregar que la Constitución establece como límite «razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes», límite que se rebasaría, según el Tribunal Constitucional, cuando de la conducta de los manifestantes pueda inferirse determinada violencia «física» o, al menos, «moral» con alcance intimidatorio para terceros.

Así las cosas, la Audiencia Nacional deberá decidir si prohíbe o no la manifestación del 29 de agosto. Tendrá, pues, que ponderar si se debe mantener la reunión pública para que los manifestantes expresen libremente su opinión de que la Guardia Civil y sus familiares deben abandonar Alsasua; o entender, en cambio, que existen motivos suficientemente justificados para prohibirla. Motivos que se resumirían en la posible comisión de delito de enaltecimiento del terrorismo, la afectación del derecho a la intimidad de los familiares de la Guardia Civil, y un descrédito, menosprecio y humillación de las víctimas de los delitos terroristas, pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil, lo que originaría una violencia, al menos moral, de carácter intimidatorio, contra los afectados.

Pues bien, a la hora de ponderar el derecho de los convocantes y la prohibición solicitada por los oponentes, pienso que hay que tener en cuenta que llevamos cuarenta y dos años de democracia durante los cuales han ocurrido acontecimientos suficientes como para que el pueblo, titular de la soberanía nacional, tenga suficientemente claros los perfiles de una convivencia democrática libre y plural. Y si esto es así, no veo razón alguna para dar primacía al derecho de los convocantes por encima del de los que se oponen a la manifestación. Para mí, estos últimos son dignos de mayor amparo democrático. Y me atrevo a decir algo más: la excesiva tolerancia que supondría no prohibir la manifestación minaría la confianza de la ciudadanía, al ver que algunos que se consideran «dueños» de un territorio sin serlo, habitantes de Alsasua, reclaman la retirada del territorio español de unidades de las Fuerzas Armadas de España.
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José Manuel Otero Lastres es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

En el hospital San Juan de Reus
La Sanidad catalana se niega a dar el informe de Urgencias en castellano a una madrileña que sufrió un accidente
La dramática odisea de una familia que sufrió en Tarragona la discriminación del castellano tras dañarse la madre una mano y la cura que requirió
Carlos Cuesta okdiario 27 Julio 2020

Algunos profesionales de la Sanidad catalana parecen más preocupados por la defensa del catalán que de los pacientes. Con un corte de un tendón y dos nervios seccionados en la mano derecha. Recién sufrido un accidente casero. Así es como una madre, de viaje en Tarragona con su marido y su hija de 7 meses, tuvo que enfrentarse a la decisión de la médico que le atendió de no querer expedirle en castellano el informe revelando los daños que acababa de sufrir. La incredulidad e indefensión no fue sólo suya: su seguro privado no dejó de reclamarle los datos en castellano para poder tramitarlos.

OKDIARIO ha hablado con la familia afectada. «Nos encontrábamos mi mujer, mi hija y yo en Tarragona la madrugada del martes al miércoles del 8 de junio. Y allí fue donde mi mujer tuvo un accidente casero que le provocó el corte de un tendón y de dos nervios en la mano derecha». Aunque de todo ello se enteraron posteriormente por la negativa de la médico a atenderles en español.

«Somos residentes en Madrid, no conocíamos el sitio donde teníamos que acudir, llamamos al servicio de urgencias 112, el cual nos atendió en un primer momento en catalán y tuvimos que pedir la atención en castellano», señala el marido.

«Después de pasarnos con tres personas que nos atendieron sucesivamente en catalán, por fin, el 112 nos derivó a un hospital».

Operar de urgencia
Todo ello, con el accidente aún fresco y los nervios a flor de piel. «Tuve que pedir en varias ocasiones que me hablaran en castellano y sólo en castellano, porque en ese momento optaron por decirnos las cosas una vez en castellano y otra en catalán, con lo que no llegábamos a saber si nos estaban diciendo lo mismo, o es que se trataba de conversaciones y apreciaciones distintas», señala el marido de la accidentada sobre la atención recibida de la Sanidad catalana.

Hospital San Juan de Reus
«Al final pudimos acudir al Hospital ambulatorio de Cambrils, al cual nos guió una patrulla de policía municipal que nos encontramos en el camino». Pero al llegar, les aseguraron que «en ese ambulatorio no se podían hacer cargo de la herida que tenía mi mujer y nos derivaron al Hospital Universitario San Juan, al cual llegamos aproximadamente a la 1:50 de la mañana. Nos atendieron muy bien. Nos decían las cosas como primera opción en catalán y luego en castellano, lo que no suponía problema. Nos parece normal. Entendimos que debía ser su comunicación diaria».

El marido añade que «después de ser atendida por varios médicos, por fin determinaron que el corte era mucho más grave de lo que pensaban en un primer momento, por lo que nos comunicaron que tenían que operar de urgencia para poder revisar la herida en el quirófano».

El matrimonio revela que, entre la pelea, por la lengua, el cambio de centro sanitario, los cambios de versión y demás «no nos dio ninguna tranquilidad, ya que no habían hecho ninguna prueba radiológica, TAC o resonancia» en el centro perteneciente a la Sanidad catalana.

Si hasta ese momento, la asistencia médica en la Sanidad catalana fue todo un baile y caos, a partir de ahí «empieza nuestro calvario», según relata el marido.

«Pedimos que nos entregaran un informe para poder trasladar a mi mujer a Madrid», detalla el marido. Pero dicho informe se niegan a entregarlo en castellano, pese a las prisas que los propios médicos habían mostrado: «Nos lo dan en catalán. Yo no le di la mayor importancia, porque le pregunté a la doctora que si el informe final sería en castellano y me aseguró que sí». En ese momento, la familia remitió dicho informe a su compañía aseguradora, que, a su vez, lo reenvió a la Clínica Cemtro en Madrid.

A vueltas con el informe
Pero la familia no tardó en descubrir el problema: «La clínica nos dice que no pueden hacerse cargo de mi mujer, al no entender el informe». Desde las 8:00 de la mañana hasta as 17:30, la familia, con la mujer con el tendón seccionado y los dos nervios cortados, intentó que les tradujeran dicho informe en instancias sanitarias, con el fin de que el informe en castellano fuera oficial. «Pero, al no estar ya de guardia la doctora no pudieron abrir el informe y, según nos dijeron, no podían modificarlo. Nos pasamos más de 8 horas esperando la traducción de dicho informe, y a las 17:30 tomamos la decisión de irnos por nuestros propios medios», destaca el marido de la accidentada. Y, eso sí, por supuesto, sin el informe en castellano.

«El traslado fue por nuestros medios, en nuestro coche, con mi mujer con una herida y con mi hija de 7 meses. Nos subimos al coche y después de una hora de viaje me di cuenta de que llevaba sin dormir más de 24 horas y que el viaje era un riesgo adicional debido al cansancio: tuvimos que llamar a un familiar que nos recogió y nos llevó, por fin, hasta Madrid».

El marido cierra su crónica con un mensaje: «Creo que todo esto es innecesario, pago mis impuestos, que se destinan a cualquier provincia. Y siento que están jugando con nuestra salud y con nuestras vidas. Hemos sufrido una profunda sensación de impotencia y abandono que no habíamos sentido nunca».
 


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