AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 29  Julio  2020

España paga la incompetencia de un Gobierno que nos lleva a la ruina
OKDIARIO 29 Julio 2020

Mientras el Gobierno gasta todas sus energías en propaganda -los aplausos del Consejo de Ministros a Pedro Sánchez a su vuelta de Bruselas fueron una grosera exhibición de insensibilidad-, los datos demuestran la incompetencia del Ejecutivo socialcomunista. España ostenta el triste honor de ocupar el podio de las naciones con más fallecidos y contagios por 100.000 habitantes y en los últimos quince días encabeza las estadísticas de nuevos casos registrados.

España está por debajo de la media de la OCDE en cuanto a realización de test PCR, por mucho que Sanidad insista en que somos el octavo país que más pruebas realiza. Y el Gobierno de España se encuentra, sin duda, entre los más opacos del mundo a la hora de facilitar datos reales. España es el país del mundo que más ha sufrido, en cuanto a destrucción de empleo se refiere, los devastadores efectos de la crisis económica. En caída del PIB y aumento del déficit, otro tanto. Somos, en suma, quienes estamos peor, en términos sanitarios y económicos. Y el Gobierno socialcomunista tiene el cuajo de seguir sacando pecho y presumir de gestión, cuando las cifras demuestran su incompetencia.

OKDIARIO ofrece hoy una muestra más de las mentiras del Ejecutivo: el Instituto Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia, cifraba en 16.364 los contagios registrados entre entre el 29 de junio y el 19 de julio. Pues bien, el Ministerio de Sanidad, en ese mismo periodo, cifraba el número de nuevos contagios en 3.698. Y luego el Gobierno se queja de que Gran Bretaña haya puesto a España en el punto de mira. Estamos pagando el precio más alto por la incapacidad y las mentiras de un Gobierno que nos conduce a la ruina.

Y que todavía tiene la indecencia de aplaudirse, mientras los españoles soportan impotentes su calamitosa gestión. Somos un gran país con el peor de los Gobiernos. Y eso pasa factura. Eso sí: seguirán diciendo que lo tienen todo controlado.

Sánchez miente: sus reformas pasarán el examen de la UE antes de recibir un euro de los 72.700 millones
Carlos Cuesta okdiario 29 Julio 2020

Pedro Sánchez debe explicar a partir de hoy los detalles del fondo europeo de, teóricamente, 72.700 millones de euros en ayudas directas destinadas a España. Lo hará después de haberse autoaplaudido en diversas ocasiones por lo que él ha bautizado como «hito histórico»: pero habrá unos controles de las reformas económicas, que serán revisadas con lupa. Unos exámenes que correrán a cargo de la Comisión Europea y que tendrán respuesta internacional por parte del resto de estados miembros.

Lo cierto es que, ni la cifra de dinero es definitiva, ni la alardeada incondicionalidad aparece por ningún lado. Todo lo contrario: el texto del documento firmado por Pedro Sánchez recoge claramente los exámenes de Bruselas para poder acceder al dinero por parte del Gobierno socialcomunista.

El texto del acuerdo detalla el denominado ‘Mecanismo de Recuperación y Resiliencia’. Allí se recogen las cifras de las ayudas a todos los estados miembros. Y se señala con claridad que «el 70% de las subvenciones concedidas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se comprometerá en 2021 y 2022. El 30% restante se comprometerá enteramente a finales
 de 2023». Es decir, que el 30% está más en el aire que en la tierra.

Además, «por regla general, el volumen máximo de los préstamos para cada estado miembro no superará el 6,8 % de su RNB» (Renta Nacional Bruta). Y «la clave de reparto de los compromisos en el marco del ‘Mecanismo de Recuperación y Resiliencia’ para los años 2021-2022 se establecerá con arreglo a la propuesta de la Comisión. Con respecto a la clave de reparto para el año 2023, el criterio de desempleo durante el periodo 2015-2019 se sustituye, en igual proporción, por la pérdida del PIB real registrada durante 2020 y por la pérdida acumulada del PIB real registrada durante el periodo 2020-2021 y esta se calculará a más tardar el 30 de junio de 2022».

Con lo que las cifras no son definitivas. 
Pero el punto que más problemas políticos internos puede generar a Pedro Sánchez dentro de su Ejecutivo socialcomunista será el de los muy subrayados controles de las reformas económicas. Unos exámenes que correrán a cargo de la Comisión Europea y que tendrán respuesta internacional por parte de todos los estados miembros.

Planes nacionales de recuperación
El punto en cuestión es el A18. Y allí se señala que «los estados miembros elaborarán planes nacionales de recuperación y resiliencia que expongan el programa de reformas e inversiones del estado miembro en cuestión para el periodo 2021-2023».

Por si había alguna duda, el documento añade que «los planes se revisarán y adaptarán según proceda en 2022 para tener en cuenta la asignación definitiva de fondos correspondiente a 2023».

El punto A19 va a más: «La Comisión evaluará los planes de recuperación y resiliencia en un plazo de dos meses a partir de su presentación. Los criterios relativos a la coherencia con las recomendaciones específicas por país así como al refuerzo del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro deberán obtener la puntuación más alta de la evaluación. La contribución efectiva a la transición ecológica y digital también será condición indispensable para conseguir una evaluación positiva».

Por si fuera poco, «el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, aprobará la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia mediante un acto de ejecución que el Consejo procurará adoptar en un plazo de 4 semanas a partir de la propuesta».

«Cumplimiento satisfactorio de las metas»
Por supuesto, «la evaluación positiva de las solicitudes de pagos estará supeditada al cumplimiento satisfactorio de las metas y los objetivos pertinentes». Dicho de otra manera: no sólo hay condiciones, sino que, además, se podrán ir adaptando a medida que se vea el comportamiento de los países.

Además, «la Comisión solicitará el dictamen del Comité Económico y Financiero sobre el cumplimiento satisfactorio de las metas y los objetivos pertinentes. El Comité Económico y Financiero se esforzará por alcanzar un consenso. En el caso excepcional de que uno o más estados miembros consideren que existen desviaciones graves del cumplimiento satisfactorio de las metas y los objetivos pertinentes, podrán solicitar al presidente del Consejo Europeo que remita la cuestión al próximo Consejo Europeo».

Como colofón al sistema de condicionalidad, «la Comisión adoptará una decisión sobre la evaluación del cumplimiento satisfactorio de las metas y los objetivos pertinentes y sobre la aprobación de los pagos de conformidad con el procedimiento de examen».

Siempre teniendo en cuenta que, «de someterse la cuestión al Consejo Europeo, la Comisión no tomará decisión alguna sobre el cumplimiento satisfactorio de las metas y los objetivos ni sobre la aprobación de los pagos hasta que el próximo Consejo Europeo haya debatido la cuestión de manera exhaustiva. Este proceso no deberá, en principio, demorarse más de tres meses a partir del momento en que la Comisión haya solicitado al Comité Económico y Social su dictamen».

El presidente Pedro Sánchez, pese a todo ello, se ha hecho aplaudir por todo su séquito tras ser rescatado por Europa en sólo seis meses de Gobierno. Pero, es más, el rescate económico -que incluye un supuesto pago a España de 72.700 millones de euros en cinco años -entre 2021 y 2025- tiene más letra pequeña: justo desde este año 2020 y hasta ese mismo 2025, España tendrá que ir devolviendo casi milimétricamente ese mismo importe de 72.700 millones en concepto de aportación a la UE anual.

Las últimas exigencias de Bruselas han marcado una aportación anual de España a la UE para financiar el Presupuesto comunitario de 11.950 millones de euros, lo que significa que, hasta 2025, habremos tenido que devolver 71.700 millones de euros. El saldo final del fondo recibido será, por lo tanto, de 900 millones de euros de aquí a 2025: 150 millones por año.

Una crisis profunda de salida incierta
Editorial La Razon 29 Julio 2020

Los datos del mercado laboral, referidos al segundo trimestre de este año, es decir, los meses más duros de la pandemia de coronavirus, reflejan un panorama desolador que nos advierte de que la sociedad española se enfrenta a una crisis económica más profunda que la de 2008 y cuya salida se torna cada vez más incierta. Que el Gobierno de la nación se aferre a la ilusión de que una vacuna pronta pueda revertir la situación no es, desde luego, la mejor señal que pueden recibir los ciudadanos. Entre otras cuestiones, porque sería la primera vez en la historia que se consigue tamaño éxito científico, más sobre un virus, el Covid-19, con un comportamiento completamente anómalo y que ha sido capaz de mantener su capacidad infecciosa en medio de unos meses de calor extremo.

Por ello, sin renunciar necesariamente a la esperanza de algunos de los numerosos equipos que trabajan en la vacuna lo consiga, es imprescindible que las autoridades gubernamentales articulen una estrategia que opere sobre el peor escenario previsto, el de una segunda ola de contagios que termine por dar la puntilla a la industria turística y a la hostelería en general, que podría desatarse, incluso, antes del otoño. Porque lo que nos dice la Encuesta de Población Activa es que nuestro país tenía a finales de junio más de un millón de nuevos desempleados, mientras que otros 3 millones se encontraban bajo la protección de los ERTE, sin que la apertura de la temporada turística haya sido capaz, más bien todo lo contrario, de reconducir la situación creada por el confinamiento y la paralización de la actividad productiva, cuando dos tercios de las empresas y los trabajadores se vieron obligados a cesar la producción.

Con un problema añadido, que el golpe se lo ha llevado casi en su totalidad el sector de la empresa privada, con más de un millón doscientos mil empleos perdidos, mientras que el sector público ha incrementado en 30.000 personas su fuerza laboral, en buena parte, pero no toda, en el sector de la Sanidad. No hay que ser un experto matemático para calcular lo que eso supone a efectos de los ingresos fiscales del Estado. De hecho, nunca, desde que hay estadísticas, se había registrado en España un trimestre peor para el empleo. Tal es así, que ni siquiera las centrales sindicales de la izquierda se han atrevido a circunstanciar los sombríos datos, lo que no ha impedido al líder de CC.OO, Unai Sordo, insistir en la derogación de la reforma laboral, algo que, a todas luces, parece inviable y demuestra que ciertas ideologías son inmunes a los hechos. De ahí que hay que insistir al Gobierno, especialmente a su ala socialista, en la necesidad de preparar un plan B que vaya más allá del próximo otoño y que se traduzca en unos Presupuestos Generales menos expansivos en nuevo gasto social y que tengan en cuenta la amenaza de cierre que se cierne sobre gran parte del tejido empresarial español.

Porque, incluso, contando con las ayudas de la Unión Europea, el mantenimiento de la protección por desempleo ya va a exigir un esfuerzo extraordinario a las arcas públicas. Y, en estas circunstancias, incrementar la presión fiscal a empresas y trabajadores, muchos de ellos ya en el límite de la supervivencia, no sólo no conseguirá el objetivo buscado, sino que desequilibrará aún más las cuentas del Estado. Ciertamente, parece ocioso decirlo, la actual situación exige un gran acuerdo entre las principales fuerzas políticas, que, por un lado, permita afrontar la emergencia, pero, por otro, aborde las reformas estructurales que demanda desde hace demasiado tiempo nuestro sistema productivo y que, a la postre, habrá que afrontar con coronavirus o sin él. Hay una oportunidad con el programa de reconstrucción que sería imperdonable no aprovechar.

La ruina laboral de España
Editorial ABC 29 Julio 2020

Los datos de desempleo conocidos ayer -casi 1.100.000 parados más durante el segundo trimestre- demuestran que nada en España está bajo control, que todo responde a la improvisación y la propaganda del Gobierno, y que cuando Pedro Sánchez dice que «nadie se quedará atrás» es solo un eslogan. España se enfrenta hoy a una catástrofe, y no caben ya más interpretaciones buenistas de las cifras ni más edulcoraciones «progresistas» de los datos. España ha pasado del estado de alarma a un peligroso estado de ansiedad ante los engaños de un Gobierno apoyado en la mentira. Sánchez e Iglesias ofenden al sentido común, y cuando la amenaza de un otoño repleto de «colas del hambre» crece, la advertencia no es retórica. España no solo está en una situación crítica, sino en manos de un Gobierno incompetente, carente de iniciativa e incapaz de prever la evolución de la pandemia. Por desgracia, la Encuesta de Población Activa de ayer nos retrotrae a los umbrales de una España pobre. No es una advertencia de agoreros, sino el clima real que se empieza a instalar en un país sin peso exterior, sin capacidad de maniobra, manejado por un ideologismo rancio y divisor, y sometida al arbitrio de autonomías traicioneras como Cataluña. Sánchez está sordo y ciego ante lo que ocurre, pero las advertencias que le llegan desde Europa no parecen ser suficientes. Solo admite aplausos fingidos de sus ministros, minutos gloriosos de telediario y demagogia sin fin.

Es inexplicable que Sánchez no acometa con urgencia una reforma total de su Gobierno. Algunos ministros se comportan como si la tragedia laboral no fuese con ellos porque les basta con sonreír ante las cámaras. Otros, en cambio, han renunciado a tener peso influyente sobre Sánchez con tal de garantizarse la continuidad. Pero es inexplicable también que Sánchez no busque pactos realistas y sinceros con el PP cuando arrastra a la ruina a millones de españoles. Los desalentadores datos de descenso de la ocupación han superado ya las pésimas cifras de la crisis de 2008. Si se cuentan todos aquellos que han pasado a la inactividad por no poder buscar empleo y los considerados inactivos, la cifra real habría sido de 1.117.800 personas. Ni siquiera el maquillaje estadístico le sirve ya a Sánchez para negar la evidencia, desesperanzadora para España. Al margen, quedan 4.706.200 personas inmersas en expedientes temporales de regulación de empleo, muchos de los cuales directamente han dejado de trabajar. En definitiva, casi tres millones y medio de desempleados sistémicos, más el millón largo de ayer y casi cinco inmersos en ERTE, suman más de nueve millones de trabajadores en dificultades. Solo el CIS va a ser capaz de sostener que España está a punto de conseguir el pleno empleo.

Hecatombe laboral
EDITORIAL  Libertad Digital 29 Julio 2020

El largo, draconiano y empobrecedor confinamiento con el que el Gobierno de Pedro Sánchez trató, tan estúpida como ilusamente, de evitar que España se convirtiera en uno de los países del mundo más afectados por el coronavirus ha propinado un golpe inaudito al mercado laboral. Así lo muestra la catastrófica Encuesta de Población Activa del segundo trimestre del año, publicada este martes por el INE, según la cual el número de ocupados en abril, mayo y junio disminuyó en 1.074.000 personas, lo que supone el mayor desplome de la serie histórica iniciada en 1976. Y eso que los datos no incluyen a los más de tres millones de afectados en abril por un ERTE, que la EPA considera ocupados a efectos estadísticos.

La pasividad del Gobierno social-comunista a la hora de combatir la epidemia una vez acabado el estado de alarma –haciendo oídos sordos tanto a las últimas recomendaciones de la OMS como al plan B propuesto por el principal PP–, junto a su resistencia ideológica a bajar impuestos, reducir el gasto público, eliminar barreras al empleo como el salario mínimo y, en general, a liberalizar el demasiado encorsetado sistema productivo abocan a unos datos de empleo aún más desastrosos en el futuro previsible.

El humillante veto que Gran Bretaña y cada vez más países han impuesto a España podrá ser una decisión exagerada y, en algunos casos, artera, pero no deja de ser una consecuencia lógica de la pésima gestión del Gobierno social-comunista. Un Gobierno que pasó de querer someter a cuarentena a todos los turistas extranjeros a permitir que los aeropuertos españoles se convirtieran en un coladero. Un Gobierno que con escandalosa desfachatez dice ahora que nunca existió el comité de expertos que aseguró estaba dirigiendo sus pasos durante la desescalada. Un Gobierno, en fin, que a día de hoy sigue siendo incapaz de informar del número real de fallecidos por el coronavirus y que mantiene como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias al indeseable Fernando Simón, bochornoso incompetente que encima agradece a Gran Bretaña y a Bélgica que desincentiven las visitas de sus ciudadanos a España, no tiene la menor legitimidad ni credibilidad en España o en el extranjero.

Así las cosas, ya podrá Pedro Sánchez exagerar y vanagloriarse de haber conseguido de Bruselas una financiación "equivalente al 60% del PIB alcanzado por España en 2019" –lo cual denota que este supuesto doctor en Economía no sabe a cuánto ascendió el PIB el año pasado, que ignora a cuánto asciende el rescate europeo o ambas cosas a la vez–, pero lo cierto es que aun así no sería dinero suficiente para paliar su desastrosa gestión. Por lo demás, parece ignorar que buena parte de ese dinero lo entregarán a condición de que su Gobierno deje de hacer lo que sigue haciendo.

Por catastróficos que sean los datos de empleo publicados este martes por el INE, con personajes como Sánchez e Iglesias al frente del Gobierno no hay, si la UE no lo remedia, límites al deterioro.

Camino del abismo laboral
Editorial El Mundo 29 Julio 2020

Era de esperar, pero no se recuerda un dato peor. Ni siquiera durante la recesión de 2008 se destruyó tanto empleo en tan poco tiempo. En el segundo trimestre del año la pérdida de puestos de trabajo afectó a 1.074.000 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Y esa cifra no contempla a los más de tres millones de afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se registraron el pasado mes de abril y que hoy, tres meses después, habrán aumentado significativamente. De la capacidad de nuestra economía para recuperarse y hacerse acreedora a las ayudas europeas dependerá que muchos de esos ERTE no se precipiten a la extinción laboral definitiva, lo que dibujaría un panorama apocalíptico. Entre los desocupados temporales y el incremento de desempleo incluido en la EPA, el número de personas inactivas en España de más de 16 años llega hoy ya a 17,58 millones, un récord insoportable para el bienestar de cualquier país. En estos momentos hay más españoles sin trabajar que ocupados. Un escenario puramente insostenible.

Mientras esto sucede, la situación sanitaria no solo no da tregua sino que se recrudece por momentos. Desatendidos por un Gobierno que pasó de concentrar poderes extraordinarios a desentenderse y que hoy oscila entre el tancredismo y la reacción tardía, los presidentes autonómicos combaten los rebrotes como pueden: no hay una estrategia coordinada. Ni el control reforzado en Barajas ni las pruebas PCR en origen que reclaman autonomías de distinto signo ni el aumento de rastreadores ni la reforma legislativa para articular competencias como el confinamiento: todas las demandas de las comunidades o de la oposición han chocado con la pasividad de Moncloa, con los resultados conocidos.

Ante la caótica imagen que viene proyectando España, países como Alemania o Países Bajos desaconsejan a sus ciudadanos que viajen a Cataluña, Aragón o Navarra, un día después de que Reino Unido respondiera con un portazo a los débiles intentos diplomáticos del Gobierno por exceptuar a las islas de la cuarentena decidida por Londres para todo nuestro territorio nacional. En la nefasta decisión de Boris Johnson han pesado circunstancias ajenas a los argumentos científicos -Canarias, Baleares o Andalucía presentan tasas de contagio inferiores a las británicas-, pero no ayudó ni la errática agenda de la ministra González Laya ni mucho menos la actitud entre ofensiva y bochornosa de Fernando Simón, para quien desincentivar la llegada de turistas británicos es buena noticia. Ni como epidemiólogo cabe semejante afirmación, pues España vuelve a liderar el repunte vírico. Pero Simón habla desde un atril del Gobierno y no puede escudarse en su desacreditada condición de científico. Sus palabras causan tal daño a la principal industria del país que se entiende la dimisión que le exige la Mesa del Turismo.

Vox presentará en septiembre una moción de censura contra Pedro Sánchez
El líder de la formación, Santiago Abascal, ha pedido el apoyo del resto de grupos políticos para propiciar un cambio de Gobierno en España
Vozpópuli 29 Julio 2020

Vox ha anunciado que presentará una moción de censura contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez el próximo mes de septiembre. Así lo ha anunciado este miércoles el líder de la formación, Santiago Abascal, que ha pedido el apoyo al resto de grupos políticos para propiciar un cambio de Gobierno en España.

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Mercado laboral
La plantilla pública engorda mientras que la empresa privada destruye 1,2 millones de empleos
Calixto Rivero okdiario 29 Julio 2020

La crisis del coronavirus no está pasando de la misma manera factura al empleo del sector público -tanto funcionarios, personal eventual como eventuales- que a los trabajadores de las empresas privadas.

Según la última Encuesta de Población Activa que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, mientras que aumenta el número de ocupados por las administraciones públicas en el último año se hunde el empleo en las empresas privadas, lo que pone claramente de manifiesto como el sector público sigue siendo la mayor empresa del país a pesar de los crecientes números rojos, del déficit y de la deuda.

En el segundo trimestre de 2020, en plena crisis del coronavirus, el número de empleados públicos ascendía a 3,225 millones, 31.400 más que en el mismo trimestre de 2019, cuando el número total de los trabajadores de la administración era de 3,19 millones.

En cambio, pese a que teóricamente el Gobierno puso sobre la mesa la prohibición de despedir durante el estado de alarma, en las empresas privadas había entre abril y junio 18,60 millones de trabajadores, frente a los 19,80 de un año antes. Concretamente hay 1,197 millones de ocupados menos en la empresa privada que en el segundo trimestre del año pasado.

Sin embargo, también se observa diferencia en la destrucción de empleo con respecto al trimestre precedente, en el que apenas dos semanas estuvieron afectadas por el estado de alarma. Si el empleo público apenas se ha reducido un 0,68%, el privado ha caído en un sólo trimestre con respecto a enero y marzo un 5,4%, y eso sin tener en cuenta que los ERTE no cuentan en este cálculo, una figura a la que no se pueden acoger las administraciones.

De hecho, en el sector público no ha podido haber suspensión temporal de contratos, aunque sus trabajadores tampoco han acudido en muchos casos a su puesto ni han podido teletrabajar, porque no tenían los medios adecuados para hacerlo. En algunos casos puntuales bien justificados sí que se permiten hacer EREs en el seno de la Administración -que sólo pueden afectar al personal eventual- pero no ERTEs.

Este escenario no es asumible para el Estado en los próximos meses tras el desplome de la recaudación tributaria en cerca de un 30%, lo que hace entrever dos opciones: o se prescinde de personal temporal o se congelan o recortan los sueldos, un extremo que hasta el momento el Gobierno niega pero que será la única forma factible de sanear unas arcas públicas cada vez más vacías como consecuencia de la crisis del covid-19. Sobre todo si los países frugales, capitaneados por Holanda, exigen «condicionalidad» a Sánchez a cambio de entregar las ayudas europeas prometidas a España en el último Consejo Europeo.

Si se miran los datos de asalariados que también recoge la EPA de las administraciones públicas se observa cómo la Central, la que dirige Pedro Sánchez, cuenta con 7.900 trabajadores más que hace un año. El Gobierno da empleo a 534.800 personas, sin contar con sus empresas públicas. La Seguridad Social también tiene 2.100 asalariados más (hasta los 25.100) y las comunidades autónomas, 33.500 trabajadores adicionales que en el segundo trimestre de 2019.

Sin embargo, los ayuntamientos -que era hasta 2019 la administración con más superávit de todas, si bien es cierto que tiene un problema de morosidad creciente con sus proveedores- han pasado de contar hace un año 650.900 asalariados a tener en el segundo trimestre de 2020, 621.800, 29.100 menos.

Pedro Sánchez también suspende en diplomacia
Liberal Enfurruñada okdiario 29 Julio 2020

La tarde del pasado jueves 23 de julio Pedro Sánchez envió a su ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a reunirse en Algeciras con el máximo responsable del Peñón de Gibraltar, Fabian Picardo, en un encuentro bilateral sin la presencia de ninguna autoridad de Reino Unido. Apenas 48 horas después, en la tarde del sábado 25 de julio, el ministerio de Exteriores del Reino Unido anunció que el Gobierno británico sacaba a España de la lista de países seguros para viajar y a partir del día siguiente, con apenas 4 horas de anticipación, quienes regresaran provenientes de España tendrían que hacer una cuarentena de 14 días. Una decisión tan repentina que incluso pilló recién llegado a España de vacaciones con su familia al ministro británico de Transporte, Grant Shapps, corresponsable de esta decisión, y al secretario de Estado para Londres y de Asuntos de Consumo, Paul Scully, que está veraneando en Lanzarote.

La evidente precipitación con la que los británicos castigan tan duramente a la economía española, difícilmente justificada por razones sanitarias o epidemiológicas, hace que inexorablemente tengamos que relacionar ambos acontecimientos preguntándonos si el Gobierno del Reino Unido estaba informado y había prestado su consentimiento para que, por primera vez en los 300 años que llevan ocupando ilegalmente el Peñón de Gibraltar, España haya otorgado esta interlocución a las autoridades gibraltareñas, justamente al mismo tiempo que se llevan a cabo las comisiones mixtas que deben aclarar cuál va a ser el estatus que tendrá Gibraltar cuando se produzca el Brexit, el próximo 31 de diciembre. No olvidemos que González Laya afirmó en la primera Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en la que compareció que no descartaba negociar «un nuevo estatus» para el Peñón tras el Brexit, mientras que las autoridades británicas afirman que la soberanía gibraltareña no va a cambiar.

Nuestro Gobierno ha intentado justificar esta reunión bilateral, como siempre, mintiendo. Han dicho que fue una «reunión informal» y «fuera de agenda», lo cual no hay quien se lo crea. Y se justifican en que ya hubo un encuentro entre Borrell y Picardo en 2018, del que jamás habíamos sabido nada y cuyas imágenes no trascendieron, así como con el tremendo error que cometió Moratinos en 2009, cuando tras 300 años de litigio en los que ningún ministro español había pisado el peñón, el representante de Zapatero decidió viajar a la colonia, concediéndoles gratuitamente el papel de tercer interlocutor en el conflicto con Gran Bretaña al mantener una reunión tripartita con el antecesor de Fabian Picardo, Peter Caruana y el ministro británico de Exteriores, David Miliband. Todos los ministros mencionados como excusa son socialistas, en cualquier caso. Y ninguno concedió la fotografía que, orgullosa, subió a sus redes sociales la ministra González Laya, para darle publicidad al encuentro.

El único que se ha mostrado «profundamente satisfecho» tras la reunión ha sido Picardo, mientras que surgen dudas sobre la postura del Gobierno español a la hora de exigir la soberanía de Gibraltar tras el Brexit. Recordemos que González Laya instó hace unos días al Gobierno británico a «acelerar» la negociación por Gibraltar, palabras que no han sido contestadas por Londres y tras las que sólo se ha producido el anuncio de cuarentena que tanto daño hace a nuestra economía. Dicen que “la diplomacia te saca de un problema en el que el tacto te hubiera evitado meterte”. Es posible que la reunión de Algeciras y la cuarentena británica no estén relacionadas, o que existan otras razones con las que se expliquen ambos hechos. Pero sea de una forma o de otra, lo que no cabe ni la menor duda es que Pedro Sánchez también ha suspendido en diplomacia y que la consecuencia de su nefasta gestión la vamos a pagar muy cara los españoles.

Tribunales
Delgado retrasa en el Supremo las 51 causas contra el Gobierno por su gestión del coronavirus
El Alto Tribunal pidió al Ministerio Público que se pronunciarse sobre si corresponde investigar a Pedro Sánchez y el Consejo de Ministros por su gestión de la pandemia
María Jamardo okdiario 29 Julio 2020

El Tribunal Supremo está pendiente del informe de la Fiscalía bajo la tutela de Dolores Delgado sobre un total de 51 causas pendientes –15 querellas y 36 denuncias-, contra el Gobierno por sus decisiones durante la crisis sanitaria del coronavirus. Más de un mes después de que la Sala Segunda del Alto Tribunal solicitase al Ministerio Público que se pronunciase sobre la competencia, posible acumulación y fondo del asunto, todas ellas continúan pendientes de impulso judicial desde que se declarase el estado de alarma. La Fiscalía aún no ha contestado.

Fuentes judiciales confirman a OKDIARIO que los magistrados encargados «no pueden hacer nada hasta conocer la posición» del departamento que dirige la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado. Tras recibir el informe del fiscal «que lo soltará», previsiblemente y según las mismas fuentes, en agosto, la Sala «decidirá lo que proceda». Un escenario que, en todo caso, no se producirá antes del mes de septiembre.

El Supremo informó a la Fiscalía de la necesidad de posicionarse sobre las querellas o denuncias planteadas, en calidad de acusación particular, durante los peores meses de la pandemia, desde diferentes ámbitos: sindicatos médicos, como CSIF y el Consejo General de Enfermería; organizaciones de consumidores; partidos políticos, como Vox; o, las impulsadas por familiares de víctimas o plataformas de afectados constituidas para dicho fin.

Ahora, el Ministerio Público tiene pendiente decidir cuál será su posición común en todas ellas y responder al Alto Tribunal si corresponde abrir causa judicial contra el Gobierno en pleno o si, por el contrario, lo más adecuado es revisar las que se han dirigido de forma concreta contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como máximo responsable político en materia de Salud Pública o el de Interior, el ex magistrado Fernando Grande-Marlaska. Algunas de ellas afectan, también, a altos cargos sanitarios como Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Sobre este último pesan sendos recursos en la Audiencia Provincial de Madrid tras rechazar dos juzgados madrileños, en primera instancia, investigar una posible actuación negligente antes, y durante, los días más críticos y aciagos de la pandemia. También en esta jurisdicción la Fiscalía guarda silencio y mantiene al tribunal a la espera de sus alegaciones para tomar una decisión definitiva.

Fiscalía y Supremo darán a conocer, una vez la primera cumpla con el requerimiento de los magistrados de la Sala Segunda, si avanzan penalmente contra el Ejecutivo, o parte de sus miembros, como piden investigar quienes señalan a Sánchez y su consejo ministerial como responsables de varios delitos de homicidio imprudente, prevaricación administrativa, contra la salud y la seguridad de los trabajadores y de lesiones graves por imprudencia profesional.

Duras críticas de los fiscales
Los fiscales han acusado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de oscurantismo y falta de transparencia en las 51 querellas o denuncias contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. Una situación que, a su juicio, alimenta «las sombras de duda» sobre su imparcialidad.

Tan es así, que la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera judicial, ha remitido una durísima carta al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, a la vista de que Delgado «ha hecho hábito de no contestar a las cuestiones que por esta asociación mayoritaria de Fiscales se le han dirigido». Se referían en su requerimiento a la carta que la AF ya remitió el 15 de julio a la propia ministra exigiéndole que dejara clara, a la mayor brevedad, su abstención en las citadas causas y reclamándole «transparencia e imparcialidad» para la tramitación de las mismas.

También le pidieron que Navajas le sustituyera en todos los casos y que se convocara a la Junta de Fiscales para ser escuchada y establecer un criterio común en la defensa de la legalidad que no viniera decretado, prefijado o impuesto por Dolores Delgado. Especialmente teniendo en cuenta que la fiscal general del Estado fue miembro del actual Ejecutivo en la anterior legislatura, al frente de Justicia. Pero Delgado ha dado la callada por respuesta.

Los fiscales creen que Delgado les ningunea y hablan de una «situación inédita en 150 años de la institución» y de «hito de difícil superación» en apenas 5 meses de mandato.

La presidenta de la asociación profesional mayoritaria y, a su vez, decana de la fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, Cristina Dexeus, aseguró que la abstención de Dolores Delgado era esencial para «mantener la neutralidad e imparcialidad» de una institución que «ya ha quedado dañada por su nombramiento». «Como la fiscal general del Estado ha sido miembro del Gobierno», hasta que pasó a ocupar su cargo actual, «no debe resolver cuestiones que afecten» a otros integrantes del actual Ejecutivo y ex compañeros suyos, declaró Dexeus.

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¡Qué cosas pasan en Euskadi!
Rosa Díez okdiario 29 Julio 2020

Antes de celebrarse las elecciones autonómicas del pasado día 12 de julio que dieron la mayoría relativa al PNV y colocaron como segunda fuerza a los filo etarras de Otegi -el único “partido político” que creció en número de votos y de escaños- el País Vasco aparecía en todos los medios de comunicación –no solo los vascos- como una especie de oasis en el que la “buena gestión” del PNV garantizaba que la crisis social, económica y sanitaria iba a tener en esta tierra una repercusión menos que en conjunto de España.

Los dos trabajadores enterrados bajo toneladas de escombros en Zaldibar apenas si tuvieron repercusión ni espacio en la campaña; los brotes de la epidemia, que nunca pararon, apenas si se colaban en los informativos; los pactos del PNV con su amigo Sánchez para autoafirmarse en esa especie de independentismo subvencionado por el resto de España que tanto les gusta a los de la boina no pasaron de ser meros rumores; la economía “solo” iba a resentirse en un 10%, o menos… La prensa concertada de Sánchez y los medios de comunicación vascos (todos público o concertados) hicieron todo lo posible para que el oasis nacionalista vasco pareciera una realidad y no un espejismo.

Pero una vez pasadas las elecciones no era posible seguir escondiendo tanta mentira, tanto engaño, tanta falsificación de la realidad. Y, sobre todo, ya había ganado las elecciones “quien tenía que ganar” para que todo siguiera igual y en la política vasca siguiera mandando el dueño del caserío, que diría Arzallus. Acuérdense de aquella sentencia de quien fuera líder indiscutible del nacionalismo vasco durante muchos años: “Vale que lleguen de fuera y les invites a comer a tu casa; vale que, incluso, los sientes a tu mesa; vale que, llegado el caso, hasta los permitas casarse con una de tus hijas… Pero el caserío es nuestro”.

Por eso pasadas las elecciones los dueños del caserío permitieron que la realidad comenzara a abrirse paso en el espejismo vasco. Y empezaron a aflorar los datos de nuevos contagios; y supimos que el País Vasco se había convertido -junto con Aragón, Cataluña, y Navarra- en una de las cuatro regiones españolas con más número de nuevos brotes de la pandemia. Y el Gobierno Vasco hizo saber su `preocupación´ y anunció nuevas medias de protección como la obligación del uso de mascarillas en espacios abiertos o restrictivas en el sector hostelero, de ocio…, así como la reducción de aforos en funerales, reuniones familiares, fiestas… Pasaron las elecciones, se hizo la luz y vimos al virus en todo su esplendor.

La nueva luz tuvo también efectos en la vergonzosa situación del vertedero de Zaldibar. Transcurridos cinco meses Joaquín Beltrán y Alberto Soraluce fueran sepultados bajo toneladas de escombros se “activó” la causa penal y la ertzaintza detuvo al propietario y otros dos directivos de la empresa. Donde hasta el día de las elecciones no había nada salvo silencio –e insultos a quienes hablaban de una gestión mortal de ese vertedero y de una desidia institucional tan cómplice como escandalosa- de la noche a la mañana afloraron los “culpables”. Los efectos taumatúrgicos de las urnas en el País Vasco son dignos de ser estudiados.

La luz también alumbró los entresijos de la economía y el empleo vascos. Y así supimos que el paraíso vasco, este que tan bien gestionan los nacionalistas (con la imprescindible compañía de los socialistas, atentos escuchantes y valerosos cómplices de la incompetencia) también resultó ser un espejismo. Y el Instituto Vasco de Estadística (un organismo público del entramado institucional vasco, o sea, perfectamente controlado por el poder nacionalista) hizo público que Euskadi había entrado en recesión. Y de la noche a la mañana supimos que el PIB vasco se desplomó entre abril y junio un 20,1 por ciento, lo que resulta un máximo histórico y que contrasta con la previsión que hizo el Gobierno Vasco que fijó el posible descenso en un máximo del 13,4%. Los malos datos económicos afectan de manera muy negativa al empleo, cuya tasa se desplomó en solo un trimestre un 19,8%, frente al vaticinio del Gobierno que lo situó en el 10,7%. Los datos hechos públicos son de abril y junio; cualquier experto les dirá que los datos reales se conocen mes a mes, según se van tomando las muestras y cerrando las estadísticas. Lo que quiere decir que el Gobierno Vasco conocía la realidad a finales de junio, antes en todo caso del 12 de julio, fecha en la que se celebraron las elecciones autonómicas. Pero había que llevar a la gente a las urnas engañada, confiando en el buen hacer del dueño del caserío…

Pasadas las elecciones del 12 de julio también supimos que el PNV apoyó las prórrogas del estado de alarma tras alcanzar un acuerdo secreto con Sánchez que les garantizaba independencia económica y fiscal completa y más privilegios para diferenciarse del resto de los españoles, aunque la factura la pagáramos entre todos. Aitor Esteban hizo público que su voto a favor de la prórroga no estuvo basado en ningún criterio sanitario sino que el Gobierno de España le prometió que los dueños del caserío iban a poder gastar a voluntad y sin ningún tipo de coherencia fiscal el dinero de todos los españoles, que a la vista está que lo gestionan muy bien.

Todo ello mientras España se sitúa la primera en el ranking de los países europeos en los que más crecen los nuevos brotes de la pandemia; todo ello mientras varios países cuyos primeros ministros se sentaron en la cumbre con el “simpa” empiezan a recomendar no viajar a España, a establecer cuarentenas, a cerrar fronteras… para alegría de Simón, que aplaude el hundimiento del sector turístico español una vez que él ya ha disfrutado de sus vacaciones den Portugal.

Y en estas estamos unos días después de que el inane “simpa” haya vuelto de la cumbre europea tras demostrar que callado está más guapo (por poco la fastidia en la cena del último día, al ponerse chulo con Sanna Marin la socialdemócrata primera ministra de Finlandia) y esté preparando el nuevo show de aplausos en el Congreso de los Diputados.

Escribo este artículo un día antes de la gloriosa comparecencia del “simpa”. Si alguien piensa que el Gobierno codirigido por ese singular cuatripartito (la pareja tóxica Sánchez/Iglesias y la pareja contaminante Tezanos/Redondo) va a hacer autocrítica y va a tomar la mano tendida que le ofrece la oposición o que los aplausos no van a arreciar hasta que les duelan las manos a sus señorías (un día antes de volver a su tierra de origen para explicar a sus ciudadanos por qué no llegan los turistas, por qué sus gobiernos municipales o autonómicos tienen dificultades para decretar medidas especiales para prevenir la extensión de la enfermedad o aislar a quienes ya la han contraído) es que no conoce al personal. Mientras el país se hunde, Sánchez sobrevive. Y eso, amigos, es lo único que les importa a los populistas y sectarios que cohabitan en Moncloa. Eso y mantener las alianzas con golpistas, nacionalistas, pro etarras que les llevaron a vivir en el palacio y en el chalet.

Aplaudan, no dejen de aplaudir.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
La Justicia suspende la semilibertad que Torra regaló a los golpistas
María Jamardo okdiario 29 Julio 2020

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña ha revocado el tercer grado (régimen de semilibertad) de los golpistas catalanes que tendrán que volver a prisión. «Se acuerda el efecto suspensivo de dicha calificación así como su tramitación preferente y urgente», ha indicado el tribunal, tras admitir el recurso planteado por la Fiscalía de Barcelona. La decisión afecta a los condenados Oriol Junqueras, líder de ERC, los exconsellers Joaquim Forn, y Raul Romeva; y, los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

A comienzos de este mismo mes, el Ministerio Público anunció que llevaría ante la Justicia las resoluciones de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios de Lledoners, en San Juan de Torruella (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueras (Gerona) y la cárcel de mujeres Wad-Ras, en la capital catalana, tras proponer que los líderes independentistas sólo volviesen a dormir a la cárcel de domingo a jueves, pudiendo disfrutar de los fines de semana en sus domicilios y cerca de sus familias. La decisión administrativa dependió, en última instancia, de la Consejería de Justicia de la Generalitat que preside Quim Torra.

La Fiscalía no avaló que Torra beneficiase a los suyos con una semilibertad encubierta, cuando algunos de ellos, con penas que llegan hasta los 13 años de cárcel -en el caso de Junqueras- ni siquiera han cumplido una cuarta parte de la condena y no estaban arrepentidos.

No se puede «utilizar la progresión a tercer grado en fases tan iniciales de cumplimiento de la pena, como es el caso, como un modo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento«, sostuvo la Fiscalía en su escrito. Además, a juicio de la Fiscalía, no se han cumplido «los fines de reeducación y resocialización», o no al menos con el alcance concreto que requieren en este caso los líderes separatistas, ya que todos ellos estaban integrados en la sociedad antes de cometer los delitos de sedición y malversación que les llevaron a ingresar en la cárcel.

Los presos no podrán volver a pisar la calle durante los próximos días una vez que reingresen en prisión esta tarde. Esto es, vuelven a quedar clasificados en segundo grado penitenciario. Sin embargo, se plantea la duda jurídica de si conservan el beneficio del 100.2 del reglamento penitenciario del que disfrutaban y que el tercer grado dejó sin efecto. A la espera de que sus defensas presenten las apelaciones correspondientes, en un plazo máximo de 3 días, la única que lo tiene suspendido es Carme Forcadell, por decisión del Tribunal Supremo.

El Supremo fijó la senda
La Sala del Tribunal Supremo que juzgó la causa del ‘procés’ fijó la senda a seguir en la cuestión de la semilibertad de los políticos separatistas catalanes tras admitir, la semana pasada, el recurso de la Fiscalía y revocar el auto por el que el pasado 28 de abril el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lérida acordó dejar en semilibertad -por la aplicación del artículo 100.2- a la ex presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio por un delito de sedición. Los argumentos dados por los magistrados en el auto anticiparon el escenario que se confirma para el resto de líderes independentistas, cancelando el tercer grado que disfrutaban desde hace unos días.

La columna vertebral del auto del Tribunal Supremo fue el rechazo a la aplicación a Forcadell del régimen flexible del 100.2, en «fraude de ley», al no existir vinculación entre el programa de tratamiento aprobado -tareas de voluntariado y cuidado de su madre- y el proceso de reinserción de la dirigente separatista con el delito cometido y probado en la sentencia firme del Supremo.

La gravedad de las condenas
Los magistrados de la Sala Segunda del Alto Tribunal, bajo la presidencia del magistrado Manuel Marchena, lanzaron severas advertencias a las autoridades separatistas, en la resolución de Forcadell: «Nuestra sentencia no tiene que ser permanentemente reinterpretada. En los hechos declarados probados y en su fundamentación jurídica se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos sentenciados y su efecto demoledor para la convivencia democrática».

Los jueces avisaron que su sentencia puso «de manifiesto una idea clave de la que no puede prescindirse. Y es que la Sra. Forcadell no fue condenada por perseguir la independencia de Cataluña. Las ideas de reforma, incluso ruptura, del sistema constitucional no son, desde luego, delictivas. Su legitimidad es incuestionable, está fuera de cualquier duda. El pacto de convivencia proclamado por el poder constituyente no persigue al discrepante. Ampara y protege su ideología, aunque ésta atente a los pilares del sistema. La Sra. Forcadell no fue condenada por su ideología independentista. Fue declarada autora de un delito de sedición por los hechos declarados probados en el juicio histórico de nuestra sentencia».

En el caso de Forcadell, los miembros del tribunal subrayaron «su decidido protagonismo en el concierto delictivo ideado por los demás acusados y se concluye cómo su actuación rebasó el ámbito de su cargo institucional, con actos y decisiones plenamente integrados en una estrategia delictiva, en un expreso desafío al orden constitucional y a las autoridades que actuaban a su amparo».

La Justicia pone freno al abuso de la Generalitat con los presos del Golpe
ESdiario 29 Julio 2020

Liberar a los condenados en Cataluña con trampas políticas es inadmisible. El primer intento ha sido frenado, pero el Supremo tiene mucho trabajo por delante.

Un simple juzgado local, a instancias de la Fiscalía, ha decidido suspender la arbitraria decisión de la Generalitat de conceder la semilibertad a buena parte de los presos del Golpe institucional que el propio Gobierno catalán impulsó hace dos años, saldado con penas de prisión para nuevo dirigentes separatistas por delitos de sedición y malversación, entre ellos a Oriol Junqueras.

Se trata de una decisión inevitable, pues la ley impone la suspensión de la clasificación al tercer grado de todo reo, sea cual sea su delito, si los fiscales lo recurren: al juez, en fin, no le quedaba margen de maniobra y, a la espera de que resuelva el fondo del asunto, solo podía suspender esa media de gracia impulsada por las mismas instituciones que impulsaron los delitos.

Porque lo lamentable no es que la Justicia haga lo posible por garantizar el cumplimiento de las penas, sino que cualquier poder político se busque artimañas. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo: la concesión de la semilibertad ha sido firmada por compañeros de los condenados, que pretenden con ello convertir los fallos judiciales en papel mojado.

Y de paso legitimar los abusos cometidos por quienes más obligación tenían y tienen de respetar y hacer cumplir las leyes, que no son la manifestación de un poder caprichoso, sino la concreción del deseo de convivencia entre distintos que caracteriza a una democracia sólida.

La reacción del independentismo, no por previsible es menos lamentable. Acusar a España de una medida que es estrictamente judicial y nace de la independencia y separación de poderes definitoria de un Estado de Derecho en el que el poder político no subordina nunca al de los jueces.

Eso es lo que pretendía la Generalitat, y lo que jalean partidos de Gobierno como Podemos, dispuesto siempre a doblegar a los jueces para ponerlos al servicio de sus causas, por nefandas que sean. Queda por conocerse si esa infame presión afectará al Tribunal Supremo o si, por contra, cumplirá con sus funciones hasta el final y no se dejará influir por nada que no sea la justicia.
 


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