AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 12  Agosto  2020

¡Tic-tac, tic-tac… empieza la cuenta atrás para Iglesias!
Liberal Enfurruñada okdiario 12 Agosto 2020

Pablo Iglesias hizo campaña en 2015 copiando a su ídolo, maestro y promotor, Hugo Chávez, con aquel estribillo que imitaba el sonido de la cuenta atrás de un reloj: «Vamos a mandarle un mensaje a Mariano Rajoy… ¡tic-tac, tic-tac, tic- tac… empieza la cuenta atrás para Rajoy”, sentenciaba. La coletilla la había usado antes Hugo Chávez en su toma de posesión de 1999, anunciando el proceso por el que acabaría con la democracia venezolana. Y hasta Nicolás Maduro se la había copiado en 2013, mucho antes que Iglesias. Pues ahora el reloj que se escucha es el de la cuenta atrás de la bomba que tiene atada a su pecho el líder de Podemos, al salir a la luz la imputación de la cúpula del partido de Pablo Iglesias, por la existencia una caja B con finanzas ocultas de Podemos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas del partido y mano derecha de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente, por posibles delitos de malversación y administración desleal. Además, ha requerido a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores. Calvente ha denunciado la existencia de una caja B de la que se pagaban sobresueldos y en la que se ocultaban gastos opacos, con fondos que provenían de las donaciones mensuales de los cargos públicos estatales del partido

Pero ésta no es la única amenaza judicial que pende sobre la cabeza de Pablo Iglesias. El líder de Podemos está pendiente de ver cómo se resuelve el caso Dina, en el que no ha sabido explicar por qué se le entregó a él una tarjeta con datos que pertenecían a su “asesora”, por qué la retuvo durante tantos meses y por qué cuando se la devolvió ya no se podía acceder a ella. Además, el Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades, facturas injustificadas y gastos improcedentes en la contabilidad electoral de Podemos, tanto en las pasadas elecciones del 28-A como en la contabilidad de 2016, la última fiscalizada. El Tribunal de Cuentas y la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales albergan importantes dudas sobre las facturas presentadas por la compañía Neurona Consulting, empresa mexicana cuyo fundador reconoció financiar con dinero obtenido gracias a Evo Morales, a partidos políticos de izquierda en otras partes del mundo, como Podemos en España, lo que también sería delito, ya que la financiación de partidos durante la campaña electoral por parte de extranjeros está prohibida por nuestra legislación.

Para que nos hagamos una idea, es algo así como si cuando Rajoy era presidente del Gobierno, un juez hubiera imputado no sólo a Bárcenas, sino también a Soraya Sáenz de Santamaría y a María Dolores de Cospedal, por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos relacionados con la existencia de una caja B en la contabilidad del Partido Popular. En el debate televisivo celebrado en 2016 entre Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias, el periodista Vicente Vallés preguntó al de Podemos: «¿En qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido?». A lo que Pablo Iglesias respondió: «Apertura de juicio oral, dimisión. Así de sencillo», y quedó grabado para la posteridad. Se acerca la hora, ¡tic-tac, tic-tac, tic-tac… empieza la cuenta atrás para Pablo Iglesias! El presidente Sánchez no puede permitirse mantener ni un día más un Gobierno de coalición con un partido en el que sus máximos dirigentes están imputados.

Podemos
Sánchez ordena proteger a Iglesias de la Fiscalía boliviana en plena imputación por la ‘caja B’ de Podemos
La solicitud para que declaren fue adoptada por el Gobierno de Bolivia el pasado 4 de enero
Carlos Cuesta okdiario 12 Agosto 2020

El caso por la ‘caja B’ de Podemos no sólo se investiga en Madrid. La Fiscalía General de Bolivia reclama el testimonio de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón por la extraña entrada de agentes españoles las pasadas navidades en la Embajada de México en La Paz.

La Fiscalía de Bolivia sospecha que esa actuación -ordenada por el Gobierno de Pedro Sánchez- pudo tener como trasfondo el intento de control de la información de algunos de los presentes en esa sede diplomática en materias como los pagos de Evo Morales a Podemos.

El Gobierno y la Fiscalía de Bolivia, sin embargo, han topado con el freno del Gobierno español, que dilata por medio de la Fiscalía española y su responsable máxima, Dolores Delgado, la testifical reclamada de los grandes fundadores de Podemos. Y es que esa declaración puede suponer la obtención de información clave que se sumaría a las imputaciones comunicadas este martes por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid sobre la financiación B del partido morado y sus movimientos de fondos por medio de la consultora Neurona.

El titular del Juzgado 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado incluso a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.

El magistrado tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas -así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias-, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.

Calvente explicó que Mónica Carmona, otra antigua letrada del partido, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos el pasado mes de diciembre.

Esas irregularidades, según su versión, habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o incluso sobresueldos. Además, la denuncia apunta a Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.

Decisión de Delgado
Pero esta investigación analiza los hechos desde España. Cuando parte de los movimientos económicos parecen acabar, según las sospechas de la Fiscalía General de Bolivia, en los salones del entonces presidente del país, Evo Morales.

Y es ahí donde entra en juego la labor de Sánchez y de Dolores Delgado, fiscal general del Estado, para proteger a Pablo Iglesias. Y es que Pedro Sánchez ha pedido que se frene la petición de declaración de Iglesias, Monedero y Errejón ante la Fiscalía de Bolivia.

Delgado tiene la última palabra para agilizar o retrasar la petición de sus homólogos bolivianos en las investigaciones sobre la financiación ilegal de Podemos. Y esa palabra es la de retrasar al máximo, pese a que el documento en poder de OKDIARIO prueba que la solicitud de declaración fue adoptada por el Gobierno de Bolivia el pasado 4 de enero.

El ministro del Interior de Bolivia, Arturo Murillo, remitió a la Fiscalía boliviana, a las 8.31 hora local de aquel 4 de enero, una carta en la que solicitaba la declaración de los fundadores de Podemos Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón. La petición incorporaba igualmente la petición de testifical del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y del ex juez Baltasar Garzón por sus vínculos con Evo Morales.

El escrito, dirigido a Fausto Juan Lanchipa Ponce, fiscal General del Estado, afirmaba: «Señor fiscal, como es de conocimiento público en fecha de 27 de diciembre de 2019 un grupo de personas encapuchadas identificados como súbditos españoles buscaron romper un cerco de seguridad de la policía boliviana en torno a la Embajada de México, donde presuntamente se asilan una decena de funcionarios del gobierno de Evo Morales Ayma».

La citación pretende esclarecer igualmente las relaciones de determinados cargos del antiguo Gobierno de Evo Morales con el narcotráfico y el uso de ese dinero hacia la propagación de iniciativas políticas de extrema izquierda.

Por ello, la Fiscalía de Bolivia busca información sobre el intento de asalto por parte de agentes españoles encapuchados y armados a la residencia de la Embajada de México en La Paz. Una operación sobre las que extienden las sospechas de que estuviera diseñada para dejar huir a los ex ministros de Evo Morales Juan Ramón Quintana y Héctor Arce. La Fiscalía de Bolivia cree que Quintana estaba al corriente del narcotráfico en Bolivia; y Arce pudo ser el encargado de financiar a Íñigo Errejón como parte del plan de apoyo a iniciativas de extrema izquierda en Europa.

Por todo ello, el ministro Arturo Murillo solicitó a la Fiscalía que citara en calidad de testigos a Iglesias, Monedero, Errejón, Rodríguez Zapatero y al ex juez Baltasar Garzón.

Neurona
Y todo ello se entremezcla con otro nombre: el de la consultora estrella de Podemos y Monedero. Como desveló este diario en abril de 2019, César Hernández Paredes es el fundador de Neurona Consulting, la empresa que, tras conseguir contratos millonarios sospechosamente abultados del Gobierno de Evo Morales, orquestó las últimas campañas electorales de Iglesias. Las investigaciones judiciales han probado el destino de dinero de contratos del país andino a partidos políticos extranjeros. Y la Fiscalía de Bolivia investiga el uso de la consultora Neurona con este fin.

En Facebook, este empresario seguidor de Hugo Chávez y muy próximo a Juan Carlos Monedero, como presume en redes, admitió el desvío de dinero de Bolivia: «Gracias a ese contrato, pudimos financiar otros proyectos progresistas que se encontraban sin capital en otras partes del mundo», afirmó cuando se descubrieron los 1,8 millones destinados desde el Gobierno de Morales a su empresa por una serie de microvídeos propagandísticos.

Iglesias no tiene quien le abrigue
Emilio Campmany  Libertad Digital 12 Agosto 2020

Iglesias llegó a la política española como un Hércules a los establos de Augías, con el propósito de limpiarla y dejarla como una patena. Sin embargo, no ha hecho desde que llegó más que echar estiércol sobre boñiga y guano sobre mantillo. La imputación de ahora es la que más alboroto ha generado porque en España hasta que un juez no imputa no hay escándalo, salvo que uno haya sido rey de España. Sin embargo, ya eran muy graves las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. El caso es que, como siempre hace Podemos, sus líderes rechazan las denuncias acusando al establishment de haber muñido una conspiración contra ellos para evitar que lleguen al poder o echarlos de él.

No tendría nada de particular que quienes pudieron evitar que España esté gobernada por comunistas hayan caído en la tentación de cometer alguna irregularidad con tal de ahorrarnos semejante desgracia. Pero la cuestión es que no es eso lo que está pasando. Podemos fue la niña bonita de Rajoy. El que fuera presidente del Gobierno gracias al dedazo de Aznar dilapidó su mayoría absoluta defraudando a su electorado tras engañarlo miserablemente. Sus votantes huyeron y, para conservar el poder a pesar de ello, entregó las televisiones a Podemos y propició su permanente y estomagante presencia en los medios. De esa manera logró quitar al PSOE y conservar él los votos suficientes para seguir siendo, no obstante la debacle, el partido más votado. Fue en esa época cuando Montoro libró de una condena por delito fiscal a Juan Carlos Monedero avisándole para que regularizara su situación con Hacienda antes de que se iniciara el procedimiento penal. Así fue cómo Podemos, envuelto en sombras y sospechas, pudo presentarse como el partido para una política nueva, limpia y transparente.

Obligado el PSOE a tener que hacer frente al desafío y encontrar la manera de recuperar a su electorado, su primera reacción fue rechazar toda relación con los comunistas populistas alegando que ellos, los socialistas, son gente seria y no podrían dormir si gobernaran con semejantes descerebrados. La estrategia no dio resultado. Entonces, el astuto Iván Redondo pergeñó otra. Formó coalición con ellos y publicitó la labor del Gobierno de manera que el PSOE fuera visto como el artífice de las medidas populistas de Podemos. Por otro lado, le levantó poco a poco al partido morado la protección de la que disfrutaba desde los tiempos de Rajoy y dejó que empezara a salir la mucha porquería que Podemos oculta. Así que lo sustancial de lo que está pasando no es que, como dice Echenique, el establishment esté atacando a Podemos. Lo que ocurre es que está dejando de protegerlo, que es muy distinto.

Pablo, sé fuerte
Pablo Molina  Libertad Digital 12 Agosto 2020

En los meses previos a las generales de 2015, los líderes de Podemos emprendieron una gira de bolos por las capitales de provincia para anunciar la buena nueva: un grupo de jovenzuelos comunistas entrenados en dictaduras bananeras iba a resolver los graves problemas de la economía española y a devolver la esperanza de un futuro mejor a los desheredados del capitalismo. El movimiento ultraizquierdista había obtenido un resultado sorprendente en las europeas del año anterior y, por si fuera poco, La Sexta había encumbrado a sus dirigentes como oráculos de la democracia verdadera.

Por aquellas fechas felices me abordó en una céntrica calle de Murcia una pareja de señoras de cierta edad, con su permanente de peluquería cara y sus preceptivos abrigos de piel, para entregarme un pasquín con el anuncio de un acto de Podemos que iba a tener lugar esa tarde en la ciudad. Ante mi rechazo educado, una de ellas exclamó sorprendida: "¡Pero si viene Errejón!". Ahí vi yo que la admiración hacia unos tunantes fanáticos cuyos discursos movían al sonrojo había hecho surgir a millones de gilipollas asintomáticos que poco a poco comenzaban a dar la cara. La dieron pocas semanas después, aunque no fueron tantos como para hacer presidente al nene, como llevaba meses anunciando la cadena chari de Atresmedia.

A tenor de las siguientes citas electorales, parece que la cosa podemoide se sigue desinflando, aunque con la lentitud que corresponde al grado de fanatismo de una masa electoral que todavía cree sinceramente que solo el comunismo puede dar respuesta a los desafíos de un mundo globalizado bien entrado el siglo XXI.

En consecuencia, hay pocas esperanzas de que la existencia de una caja B en el partido chavista lleve al grueso de sus votantes a extraer la conclusión de que son una organización corrupta. Iglesias les dirá que es cosa de las cloacas del Estado, como cuando denunció el robo de la tarjeta de teléfono de una estrecha colaboradora con vídeos íntimos y lo cierto es que la tenía él. Total, los votantes de un partido dirigido por una pareja que insultaba a los políticos que se compraban chalets o colocaban a sus respectivas y ahora repasan sus abultadas nóminas públicas en el salón de recibir de su mansión no van a cambiar el voto por que resulte que también tenían una caja B. ¡Ni que fueran del PP!

Pero, con todo, en Podemos andan nerviositos, y eso es muy bueno para el país. Pablo, sé fuerte, porque este otoño vais a tener que lidiar con graves acusaciones judiciales y una catarata de revelaciones periodísticas mientras miráis de reojo a Sánchez, cuya capacidad de traición, como tú sabes bien, es proverbial.

¿Los crujirá la Justicia antes de salir del Gobierno o aprovechará Sánchez uno de esos días de portadas tremendas para desembarazarse de todos ellos y mandarlos a Galapagar? El resultado lo vamos a ver más pronto que tarde. ¡Que llegue septiembre ya!


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Las cuentas (tramposas) de Podemos
Editorial La Razon 12 Agosto 2020

De asaltar los cielos a pisar los juzgados. Con una parada intermedia en La Moncloa, que puede ser minada y acortada por los hechos que ayer se conocieron. Ese, está claro, va a ser el destino de Podemos en los próximos meses. Demasiadas sombras en el proceder de un partido que de asambleario pasó a un rígido organigrama en el que pocas cosas se escapaban a su líder. Un secretario general, Pablo Iglesias, que acumula protagonismo en la crónica judicial. Ahora, del «caso Dina», una enrevesada trama en la que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha apostado por volver al inicio y citar a un testigo que puede ser clave a la hora de decidir si todo fue un montaje, hemos pasado a la última vuelta de cuerda.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido, José Manuel Calvente, por posibles delitos de malversación y administración desleal. A este último, desde Podemos se le despidió con confusas y elaboradas acusaciones de acoso sexual. Otros, sottovoce, hablan de prácticas como subidas de sueldo de hasta mil euros para superar el límite salarial impuesto por la formación. Las confusas tablas salariales de los trabajadores de Podemos, especialmente las de aquellos más cercanos al núcleo dirigente, están en el punto de mira judicial. El magistrado ha citado a los tres el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados. Lo que puede tener a ciencia cierta un largo recorrido también es la decisión del magistrado de imputar también a Podemos –partido político– como persona jurídica en la causa que investiga la financiación de la formación morada. Muchos en el entorno de Pablo Iglesias, además, contienen la respiración ante el rosario de causas ante las que se pueden encontrar en un corto espacio de tiempo.

El juez ha requerido abundante información y documentación tanto a Podemos como a organismos públicos, al grupo de policía judicial, al Tribunal de Cuentas, al Registro Mercantil, al Registro de Cooperativas de Madrid y a entidades financieras. Por todas estas diligencias, la representación legal de Podemos ha dirigido un escrito al instructor en el que solicita la nulidad de las mismas alegando que el juzgado sólo le ha proporcionado «los primeros 41 minutos y 52 segundos» de la comparecencia que prestó Calvente el 29 de julio, a pesar de que en realidad la declaración se alargó casi tres horas y media. Temen en Podemos que esas horas de declaración que desconocen estén trufadas de cuestiones que podrían afectar a la continuidad de sus actuales dirigentes.

Más de uno, dentro y fuera de Podemos, por otro lado, ya está releyendo los estatutos de la formación morada por saber si dicen algo de dimitir cuando se está imputado... Una bandera en la que sus dirigentes se envolvieron pero que ahora parecer ignorar. En su lugar, echan mano de algo tan manido como que «todo forma parte de una difamación mediática». Niegan la mayor, niegan a la Justicia y a los jueces, como también negarán las sentencias. Demasiados ejemplos tenemos. El último, su solidaridad con los condenados del «procés». Ahora, todo forma parte de una campaña orquestada por sus enemigos políticos. Todo para socavar su «prestigio» y desgastarles. No estaría mal que, en vez de agitar de nuevo el espantajo del enemigo exterior, mirasen a sus cuadros y fueran más allá de las palabras y los gestos. A los hechos y al respeto a la Ley.

¿Dónde está la regeneración, Pablo Iglesias?
EDITORIAL  Libertad Digital 12 Agosto 2020

Podemos está imputado, así como buena parte de su cúpula. El partido de Pablo Iglesias se enfrenta a una seria amenaza judicial como consecuencia de las múltiples irregularidades que se han ido conociendo, y que sólo refrendan parte de lo mucho que se sabía de una formación que desde siempre ha tenido relaciones con regímenes sin escrúpulos y corruptos, con los que sólo es posible estar en tan estrecho contacto cuando se es de la misma calaña.

Al contrario de lo que hace siempre la banda de Iglesias, no hay que tomar la imputación del partido ultra como una condena, pero sí es un asunto de notable seriedad política y requeriría, cuando menos, unas explicaciones que desde luego no se están dando. Bien al contrario: la reacción de los podemarras ha ido desde el silencio absoluto del capo de Galapagar a los exabruptos contra los jueces del chequista vocacional Pablo Echenique.

Por el momento, los podemarras, otrora adalidades de la regeneración y azotes de corruptos, en lugar de esa transparencia de la que tanto presumían están abrazando el oscurantismo, tratando de que la verdad no salga a la luz: lo hicieron en su momento orquestando una repulsiva y criminal denuncia falsa para desacreditar a su exabogado José María Calvente y lo hacen ahora tratando de frenar la acción judicial apelando a defectos técnicos, en lugar de entregar sin mayor problema toda la información que reclama el juez.

Qué lejos queda aquella sesión en el Congreso en la que el capo Iglesias espetaba a Mariano Rajoy que no era posible que no tuviese conocimiento de lo que ocurría en su partido: una más de las incontables ocasiones en que sus palabras de hace sólo unos años son el mayor ataque que se puede hacer al hoy vicepresidente.

Por otro lado, llama poderosísimamente la atención la cobertura que están dando a este escándalo las televisiones, que le dedican un espacio ridículo en sus informativos, o periódicos como El País, que sumergen la noticia en el fondo abisal de sus portadas. ¿Qué harían si el imputado fuese el PP? No hace falta imaginarlo: basta recordar sus linchamientos salvajes de hace muy, muy poco tiempo.

Sea como fuere, es muy poco probable que Iglesias y los suyos asuman las responsabilidades políticas que ellos mismos y sus terminales televisivas exigían al PP: sólo cabe esperar que la Justicia actúe con libertad, que se llegue hasta el final en los asuntos turbios que están surgiendo y, sobre todo, que la opinión pública tome nota de qué son en realidad aquellos que llegaron a la vida política hace nada con una promesa de regeneración radical...

'Caso Beteragune'
Voces contra el Terrorismo y Vox piden un nuevo juicio contra Otegi en la Audiencia Nacional
OKDIARIO 12 Agosto 2020

El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, podría sentarse de nuevo en el banquillo por el ‘caso Bateragune’ si prospera la iniciativa de la Asociación Voces contra el Terrorismo y Vox ante la Audiencia Nacional para que el proetarra sea juzgado de nuevo. El Tribunal Supremo anuló recientemente la sentencia por este asunto a instancias de la justicia europea.

La defensa de esta iniciativa será llevada a cabo por los servicios jurídicos de Vox «en su compromiso por la defensa de la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo».

«Perseguiremos a los asesinos y secuestradores hasta la más recóndita de sus madrigueras y hasta el último de sus escaños. Nunca descansarán en su impunidad temporal porque nunca descansaremos en nuestra exigencia de justicia», ha manifestado Abascal en su cuenta personal de Twitter.

Por su parte, la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha explicado que este escrito presentado a la Audiencia Nacional pretende evitar que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha llevado a esta nulidad «dé lugar a una patente de impunidad para los condenados».

La Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo dio la razón a Otegi y otros condenados en el ‘caso Bateragune’ -de reconstrucción de la dirección de la ilegalizada Batasuna- cuando anuló el pasado 31 de julio la sentencia de 2012 que les condenó a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista.

«Temor legítimo»
Fue a raíz de un recurso presentado por los condenados después de que el TEDH determinara que la sentencia de la Audiencia Nacional vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo, ya que entendía el «temor legítimo» de los acusados a una falta de imparcialidad del tribunal.

Estrasburgo no vio «ninguna evidencia» que llevara a pensar que en el tribunal había «animadversión personal» hacia los acusados, pero sí que las «dudas» de éstos estaban «justificadas». Así, rechazó «cualquier indemnización para los recurrentes en concepto de daño moral, considerando suficiente la constatación de la declaración de la vulneración del derecho solicitado».

El caso se remonta al juicio en la Audiencia Nacional, el cual, según Estrasburgo, no cumplió con todas las garantías al formar parte del tribunal la magistrada Ángela Murillo, quien anteriormente, en marzo de 2010, había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en otro juicio por enaltecimiento del terrorismo en el que estaba acusado también Arnaldo Otegi.

En aquella vista oral, Murillo preguntó a Otegi si condenaba a ETA y, ante la negativa de éste a ofrecer una respuesta, la juez le dijo que ya sabía que no le iba a contestar. El Supremo apartó a la magistrada del caso, que ejercía de presidenta del tribunal, al apreciar en ella «prejuicio». La vista oral fue repetida y el exportavoz de Batasuna resultó absuelto en ese procedimiento.

Inhabilitación
En el ‘caso Bateragune’, Arnaldo Otegi volvió a ser juzgado por un tribunal en el que estaba Ángela Murillo, de ahí que tanto él como los otros condenados recurriesen al TEDH, que les dio la razón. Esto ha llevado a la anulación de la condena por parte del Supremo, de modo que queda sin efecto la pena de inhabilitación que seguía pesando sobre Otegi y que finalizaba en febrero del año que viene.

A pesar de todo, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha dicho este martes que el partido «va a agotar todos los resortes legales posibles para conseguir que Arnaldo Otegi y el resto de condenados sean juzgados de nuevo».

Por su parte, el presidente de Voces contra el Terrorismo y diputado de Vox por Jaén, Francisco José Alcaraz, ha agradecido que la formación haya decidido «blindar» a una asociación que «no contaba con recursos ni con subvenciones para seguir adelante con este proceso contra Otegi».

Las víctimas toman medidas para cortar la barra libre de Sánchez con los presos
J.R.V esdiario 12 Agosto 2020

La AVT quiere reformas y se sentará en septiembre con la Fiscalía General del Estado para limitar el alcance de los acercamientos de los terroristas que no hayan cumplido los requisitos.

Dado que La Moncloa y, sobre todo, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska las ignorado y despreciado, las víctimas del terrorismo han decidido moverse y tomar medidas ante la radical modificación de la política penitenciaria desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) planteará una reforma del Estatuto de la Víctima que les permita ampliar los supuestos de recurso ante propuestas de semilibertad en la progresión al tercer grado de los presos de ETA o la aplicación del principio de flexibilidad a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. También quieren recurrir como asociación en el caso de no existir víctimas individuales.
Marlaska acelera los acercamientos de etarras sin oír la petición que le hacen las víctimas

Según explican desde la asociación que preside Maite Araluce, la AVT ya ha cerrado una reunión a principios de septiembre para abordar con la Fiscalía General del Estado, entre otras cuestiones, la posible reforma del Estatuto de la Víctima. La propuesta también ha sido trasladada a grupos parlamentarios.

Este mismo lunes, además, la AVT ha solicitado verse con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, después de que este en una entrevista con Europa Press haya defendido la política penitenciaria y los traslados de presos etarras negando presiones o un plan prestablecido y recordando, además, que ante estas decisiones ni Fiscalía ni víctimas plantean recursos.

La AVT también tiene solicitada una reunión con Marlaska, al rechazar la política penitenciaria con el acercamiento de 54 presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

En concreto, censuran que Interior ha puesto fin a la política de dispersión avalada por los tribunales en la lucha contra ETA sin valorar antes si existe un pronóstico favorable de reinserción del preso condenado por terrorismo, ya que no se solicita previamente su colaboración con la justicia.

La abogada de la asociación ha reconocido que las decisiones para acercar a cárceles próximas al País Vasco a los presos de ETA "son legales" -" faltaría más"- por cuanto es "una decisión discrecional de la Administración Penitenciaria que en ningún caso podría ser objeto de recurso".

Lo que reclaman es "subir el listón exigiendo la colaboración con la justicia a la hora de valorar el pronóstico favorable de reinserción exigible antes de concederles cualquier mejora en su situación penitenciaria". Desde la AVT entienden que esta exigencia es "la única manera" de valorar una evolución personal positiva de los presos para asegurarse de que "salen de la cárcel mejor de lo que entraron, que es de lo que va la reinserción de los presos y que toda pena de prisión debe buscar".

 

 


Recortes de Prensa   Página Inicial