AGLI Recortes de Prensa   Viernes 14 Agosto  2020

España está aterrorizada con el virus y el Gobierno de vacaciones en la playa
ESdiario  14 Agosto 2020

Es indecente sumir a la sociedad en un temor endémico, no darle respuestas claras y además marcharse a descansar mientras las cifras se disparan. Llueve ya sobre mojado.

Los datos de contagio en España siguen una secuencia de crecimiento exponencial que presagian un otoño muy duro, con cifras de infectados similares a las de marzo y abril aunque, eso sí, con una mortalidad muy inferior fruto del cuidado que los mayores están mostrando hacia sí mismos y de la menor vulnerabilidad de la mayoría de los enfermos, con edades que les hacen más resistentes al virus.

Pero lo cierto es que los profesionales sanitarios, nueve sociedades científicas y la Organización Médica Colegial llevan alertando de un nuevo colapso hospitalario desde hace días, con un mensaje que contrasta con el del Ministerio de Sanidad, cuyo portavoz, el célebre Fernando Simón, restó hierro a la posibilidad de un rebrote masivo y virulento.

Teniendo en cuenta que todos los presagios del Gobierno han quedado sepultados por una dramática realidad, en el sentido opuesto al anunciado, conviene creerse más a los médicos y enfermeros que estuvieron en la primera línea en el comienzo de la pandemia y, sin duda, conocen mejor que nadie el comportamiento que puede tener el Covid-19 y los recursos existentes para atender otra oleada.

¿De verdad hay que estar tranquilos como dice Simón y sostiene el Gobierno con un éxodo vacacional de sus miembros, con Pedro Sánchez a la cabeza, incompatible con una situación de emergencia sanitaria? ¿O es precisamente esa galopante ausencia de autoridades la que, de nuevo, resta importancia a un fenómeno que sí la tiene?

Sería gravísimo que en septiembre España volviera a ser azotada por la epidemia y que, en el mes previo, los responsables se hubieran dedicado a minimizar el riesgo y a disfrutar de la playa, dejando en mano de unas Comunidades Autónomas a menudo desbordadas una gestión que, con la ley en la mano, corresponde a la Administración Central.

Lo cierto es que, tras padecer la mayor mortalidad del mundo y sufrir la subsiguiente ruina económica, es inadmisible que a estas alturas no sepamos a qué atenernos y la sociedad española viva en un permanente estado de pánico, repleto de incertidumbres.

No se sabe qué pasará ni se tienen certezas de asuntos clave como la vuelta al colegio, el impacto de los ERTES en el desempleo, la llegada de recursos de la Unión Europea o la gestión global de un drama que comenzó siendo sanitario y ahora es además económico.

Son demasiadas las dudas. Y demasiado sangrante la actitud del presidente y de sus ministros, de irresponsables vacaciones mientras todo a su alrededor se ha derrumbado o va camino de hacerlo. No se puede estar en la playa mientras los daños crecen y los miedos se disparan. Que Salvador Illa haya convocado ahora de urgencia a las Comunidades indica que algo serio ocurre, pero también que quizá lleguemos tarde. De nuevo.

Prevenir otro colapso sanitario
Editorial El Mundo 14 Agosto 2020

Ante la irresponsable pasividad del Gobierno y la actitud intolerable de algunos ciudadanos, que actúan ajenos al peligro letal que supone el coronavirus -poniendo en riesgo su vida y la de los demás-, las asociaciones de médicos han decidido, con enorme acierto, tomar la iniciativa. A través de sendos comunicados, la Organización Médica Colegial y las asociaciones de neumólogos, internistas, microbiólogos, anestesiólogos y médicos de familia, entre otros profesionales especializados, han mostrado su indignación con la situación actual, alertando del "continuo y preocupante aumento de casos de Covid-19", del aumento de enfermos ingresados en los hospitales y en las UCIs, del incumplimiento consciente de las medidas de prevención -especialmente por los jóvenes-, de la negligente inacción del Ministerio de Sanidad y de la desigual actuación de las Comunidades Autónomas. Nada de esto, sin embargo, parece tener importancia para Fernando Simón, que ayer volvió a hacer gala de su contrastada falta de fiabilidad -que tan nefastas consecuencias ha tenido para las víctimas del coronavirus- para, enrocado en su discurso y ajeno a la realidad, negar que estemos a las puertas de un nuevo colapso sanitario, como alertan los médicos.

Es absolutamente razonable que el colectivo médico, reconocido por toda la ciudadanía por su decidida entrega en las semanas más difíciles de la crisis, no esté dispuesto a seguir ejerciendo el papel heroico y de sacrificio que le tocó jugar. No hay que olvidar que, por la falta de previsión del Gobierno y su fallida política de compras de material, los sanitarios se vieron forzados a realizar intensas jornadas laborales, en muchos casos sin medidas de protección, en las que perdieron la vida 61 profesionales y otros miles acabaron contagiados. Los médicos agradecen en su escrito "los aplausos y el afecto de la población", pero advierten de "la decepción y el desaliento" de muchos de ellos con esa parte de la población que mantiene "conductas irresponsables y posiblemente delictivas". También, con unas autoridades políticas que han incumplido sus promesas de fortalecer el sistema de salud, dotándolo de recursos y personal que ayuden a acabar con el "subdesarrollo de la atención primaria", y cambiando su configuración institucional, para fomentar una colaboración eficaz y eficiente entre las administraciones. Como ya hicieran una veintena de científicos en la prestigiosa revista The Lancet, las asociaciones médicas exigen una auditoría sobre la actuación del Gobierno para evitar caer en los mismos errores y que el sistema vuelva a desbordarse.

Porque ese es un peligro real, a pesar de que Fernando Simón lo minimizase, omitiendo que muchas regiones están ya sufriendo una segunda ola de contagios y que la llegada de septiembre -con el inicio del curso escolar y la vuelta al trabajo de muchos españoles- pude coger de nuevo al sistema sanitario sin la preparación suficiente. Porque de nuevo, la propagación del virus va por delante de la actuación de las autoridades médicas. Además, no se están haciendo todas las pruebas deseables y, sobre todo, las CCAA no se han dotado de un número suficiente de rastreadores, fundamentales para acotar la expansión del virus.

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Así maltrata y margina la Generalidad a quienes hablan español
Sólo un 5% de las iniciativas lingüísticas de la administración autonómica incluyen a quienes hablan español, que son el 54% de los catalanes.
Pablo Planas  Libertad Digital 14 Agosto 2020

La Generalidad conculca por sistema los derechos de quienes hablan español, que son el 54% de los ciudadanos de Cataluña, y margina la cultura en ese idioma, según pone de manifiesto un estudio elaborado por Sociedad Civil Catalana. El Informe de convivencia lingüística revela que sólo el cinco por ciento de las iniciativas lingüísticas de la administración autonómica incluyen a los hispanohablantes.

Por contra, la administración central hace un importante esfuerzo en materia de bilingüismo e igualdad de trato en sus iniciativas a pesar de las denuncias de organizaciones nacionalistas como Plataforma per la Llengua, que exige que todas las comunicaciones orales y escritas del Estado sean en catalán.

El informe subraya que los catalanohablantes temen que su lengua deje de usarse en favor del español, que es la lengua mayoritaria entre los ciudadanos de Cataluña. "Una cantidad importante de catalanes se ven a sí mismos como una minoría étnica, con una cultura amenazada por la influencia del resto de España y la globalización", apunta el documento, que subraya, no obstante, que el catalán dista de estar en peligro de extinción.

Una agresiva política monolingüista
El estudio asegura también que "el gobierno de la Generalidad, se realiza una agresiva política monolingüista en la administración, en la escuela y en la cultura, así como una importante inversión pública en entidades y proyectos que fomentan la lengua y la cultura en catalán".

Además, apunta que algunos de estos proyectos "buscan la expulsión del español, como por ejemplo, el monolingüismo en catalán en la escuela, la no inclusión de información en español, lengua cooficial en Cataluña, en las comunicaciones de la Generalidad y muchos ayuntamientos, la exclusión de la cultura catalana en español de las ayudas y recursos públicos, el requisito de utilizar el catalán para acceder a subvenciones o ayudas generales, o la petición de CatalApp de informar sobre qué empresas no usan 'suficientemente' el catalán, y promover la delación para boicotear o imponer multas lingüísticas; unas multas que el TC ya declaró ilegales en 2018".

Sentimiento victimista
Según el informe, "el sentimiento victimista, y el concepto de 'lengua propia del territorio', alimentados por el nacionalismo están detrás de los casos de supremacismo, señalamiento, discriminación e incluso acoso de hispanohablantes".

Quienes hablan español en Cataluña "ven que, a pesar de la cooficialidad del español en Cataluña, la administración pública no respeta sus derechos lingüísticos individuales, y que en el ámbito público tienen menos derechos y acceso a recursos que los catalanohablantes". El informe sostiene que "muchos hispanohablantes sin titulación de catalán sienten como un agravio comparativo el que tener dicha titulación sea requisito para concursar a empleos públicos en Cataluña".

Idioma erradicado en la enseñanza
"La Generalidad y muchos ayuntamientos -añade el estudio- utilizan en sus leyes y normativas el impreciso término 'la comunicación será normalmente/preferentemente en catalán', que en la práctica se plasma en que todas las comunicaciones orales o escritas son en catalán hasta que no se piden explícitamente en castellano, y que aun así hay muchos formularios y páginas web oficiales, así como toda la toponimia y la radiotelevisión pública, exclusivamente en catalán".

El mayor agravio es que "la única lengua vehicular en la escuela pública sea el catalán, a pesar de que el Tribunal Supremo ha declarado que se debe ofertar también el castellano como lengua vehicular, al menos en un 25% de las asignaturas, y para conseguir hacer que la Generalidad respete el derecho de sus hijos, han de litigar ante los tribunales y a veces resistir situaciones de acoso institucional".

Golpe al pluralismo en el País Vasco
Editorial ABC 14 Agosto 2020

Nacionalistas, socialistas, podemitas y proetarras se unieron ayer en el Parlamento vasco para recortar asesores y actividad legislativa al Grupo Mixto, integrado únicamente por la diputada de Vox, Amaia Martínez. Vuelven estos partidos a demostrar su difícil convivencia con la tolerancia y la democracia (una característica tradicional del nacionalismo excluyente y la izquierda radicalizada) pues hace dos legislaturas también había un solo integrante en el Mixto, en ese caso el diputado de UPyD, Gorka Maneiro, y no se tomó la sectaria decisión de limitar sus facultades parlamentarias. La realidad es que los cuatro partidos aludidos han decidido establecer un «cordón sanitario» parlamentariamente impresentable sobre la formación verde. Y es impresentable porque no se trata solo de dar la espalda a un partido con representación en la Cámara o negarse a cualquier acuerdo, avenencia o contacto con él, sino que se le cercena arbitrariamente su capacidad de actuación en la Cámara, al margen de lo que hasta el momento se permitía allí a un partido con ese peso.

Hablamos de un claro menoscabo del pluralismo político, pues mientras Vox se ajuste al marco legal que rige a las formaciones debe ser tratado reglamentariamente como el resto. Gustará más o menos lo que dice. Desde estas páginas hemos criticado algunos de los mensajes y propuestas de este partido. Pero los votantes de Martínez son tan vascos como los que votan al resto de las formaciones políticas de esa Comunidad y tiene derecho a que su representante disponga de las mismas herramientas parlamentarias que el resto. Acordar para Vox una actividad recortada es discriminatorio y sectario. Y que Bildu, legatarios de más de 800 asesinatos de inocentes, hable de que Vox tiene lo merecido por «fascista» es más que un sarcasmo.

Abascal sobre el veto a Vox en el País Vasco: «Las prácticas totalitarias que acompañaban con plomo ahora con apoyo del PSE»
OKDIARIO 14 Agosto 2020

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha equiparado este jueves el acuerdo en el Parlamento Vasco para que la única parlamentaria de la formación en dicha cámara, Amaia Martínez, tenga un tercio de tiempo para sus intervenciones con «las mismas prácticas totalitarias que acompañaban con plomo» en el País Vasco.

«El Parlamento Vasco ha impuesto hoy un cordón sanitario para amordazar a Amaia y eliminar a Vox», ha sostenido en un mensaje publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press. Abascal ha asegurado que este hecho le recuerda a «las mismas prácticas totalitarias que acompañaban con plomo». «Pero ahora con el apoyo del PSE», ha apuntado.

Asimismo, el dirigente político ha confirmado que Vox recurrirá la decisión de la cámara ante los tribunales. «Nos veremos en el Tribunal Constitucional. Y ante la justicia penal», ha escrito en su cuenta de Twitter.

Vox, que cuenta con una sola parlamentaria en la cámara vasca, Amaia Martínez, tendrá un tercio del tiempo establecido para las intervenciones en el Parlamento respecto al resto de grupos y contará con un único asistente, tras el acuerdo alcanzado entre PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU.

Martínez ha denunciado este jueves «la cacicada» al «recortarle» derechos, como la duración de sus intervenciones, el número de iniciativas a presentar o los asistentes, y no ha descartado recurrir a los tribunales. «Han atacado la idea del pluralismo político, fundamental en una democracia y, además, han vulnerado el derecho fundamental de esta parlamentaria, de mi persona, previsto en el artículo 23.2 de la Constitución Española», ha afirmado.

Boicot a Frigo: hosteleros amenazan con poner fin al contrato con la marca por excluir al español en Cataluña
La acusación a Frigo de no etiquetar en español en Cataluña incendia las redes sociales
Andrea Aguado Robles okdiario 14 Agosto 2020

Rotular la cartelería en catalán, alemán e inglés le puede a salir caro a Frigo. El menosprecio al español de la famosa marca de helados ha desatado el enfado de algunos hosteleros en las redes sociales, que han amenazado a la compañía de alimentación del grupo Unilever con eliminar sus productos de sus negocios de forma indefinida.

En concreto, un usuario de Twitter asegura que retirará inmediatamente este producto de su negocio del sector de la hostelería: «Tengo dos bares con helados Frigo, acabo de dar la orden de que los retiren o pongan las neveras en la calle». Un mensaje en el que también llamaba al resto de hosteleros de España a hacer lo mismo y que ha generado una gran polémica.

Una acción a la que se unen otros usuarios: «Yo he empezado a negociar con otras empresas y quitar a Frigo de mis nueve restaurantes. Así es la cosa, que tomen nota, y los que irán detrás». Un boicot que se ha extendido al resto de usuarios que han compartido su negativa a la hora consumir helados de esta marca, cuyo comentarios incluso afectan a todo el grupo angloholandés Unilever.

No obstante, eliminar el español de su cartelería se trata de una estrategia de marketing que se distancia de los valores que la compañía aseguran tener. Así se presentaban en su última campaña: «La diversidad es parte de la estrategia, valores y es clave para entender a clientes y consumidores», un lema que no coincide con la diversidad de su rótulos en Cataluña.

«Cumple con la legislación»
Por su parte, la famosa marca de helados no ha hecho declaraciones a través de sus distintas redes sociales, a pesar de convertirse en ‘trending topic’ en España desde que se desató la polémica el pasado miércoles.

Aunque sí lo ha hecho Servicio de Atención al Consumidor de Unilever España a través de un correo electrónico al diario ‘Dolca Catalunya’: «La rotulación de la cartelería de Frigo en Cataluña cumple con la legislación vigente obligatoria para todas las compañías que comercialicen sus productos en esta comunidad autónoma», y han recalcado que «es nuestra responsabilidad respetar la legalidad vigente, así como servir en todo momento a nuestros consumidores y clientes allá donde se encuentren».

Reacciones políticas
Una polémica que ha llegado al mundo de la política. En concreto, Jordi Cañas, diputado en el Parlamento Europeo por Ciudadanos, ha anunciado en su cuenta de Twitter que va a denunciar ante la Comisión Europea (UE) la respuesta de la multinacional angloholandesa Unilever por vulnerar y violar la normativa europea, tras excluir el español de sus rótulos.

También se ha sumado a la polémica el presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández: «Ninguna administración debería obligar a etiquetar en una determinada lengua. A eso se agarran los nacionalistas para multar. Las empresas deben elegir libremente cómo se comunican. Las administraciones no: deben garantizar las lenguas oficiales».

Ángela Herrero: "En Cataluña hay un conflicto lingüístico y debe reconocerse para solucionarlo"
La directora del 'Informe de convivencia lingüística' elaborado por SCC analiza la discriminación de los castellanohablantes por parte de la Generalitat
Alejandro Tercero Cronica Global 14 Agosto 2020

Societat Civil Catalana (SCC) ha elaborado un estudio en el que refleja la discriminación sistemática de los castellanohablantes por parte de la Generalitat en el ámbito de las iniciativas lingüísticas y culturales. El Informe de convivencia lingüística, dirigido por la historiadora y antropóloga cultural Ángela Herrero, concluye que, ante la "conculación de los derechos de los hispanohablantes", ha llegado "la hora de una segunda ola normalizadora que haga normal en las instituciones lo que es normal y valioso para las inmensa mayoría de catalanes, sus dos lenguas propias". Herrero habla con Crónica Global para profundizar en este planteamiento.

-Pregunta: ¿La Generalitat discrimina a los castellanohablantes?
-Respuesta: Sí. Es evidente. El estudio de SCC lo refleja. La Generalitat no hace nada por respetar a los castellanohablantes. De hecho, en el periodo estudiado, la única cesión en este sentido es un concurso de tuit-relatos coorganizado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en el que se podía enviar el tuit en catalán o castellano. Y nada más.

-Los nacionalistas dicen que el Gobierno central ya se encarga de cuidar la lengua española.
-Pero nosotros somos ciudadanos de Cataluña y la Generalitat debe respetar también los derechos de los hispanohablantes que viven en esta comunidad.

-¿Hacía falta un informe de este tipo?
-En una ocasión, le preguntaron a Puigdemont​ sobre el conflicto lingüístico en Cataluña, y éste negó que lo hubiera. Pero sí lo hay. Este informe lo demuestra y trata de explicar por qué lo hay. De qué se quejan unos y otros.

-¿Con qué objetivo?
-En Cataluña hay un conflicto lingüístico. Y este debe conocerse y reconocerse. Sobre todo los políticos. Y deben tomarse medidas para solucionarlo.

-¿Qué medidas?
-La Generalitat es el gobierno de todos los catalanes, por tanto, debe atender a todos.

-¿Así se lograría la convivencia lingüística?
-Si la mayor parte de las quejas son por la falta de bilingüismo en las instituciones, es razonable pensar que en buena parte se solucionará si se respetan por igual los derechos lingüísticos de los dos principales grupos de hablantes de Cataluña que, además, lo son de sus dos lenguas oficiales.

-No parece que la Generalitat esté por la labor.
-Es que su política de negar los derechos lingüísticos de una parte de la población --al menos, en su relación con la Generalitat-- lanza un mensaje muy negativo a la otra parte. Y de ahí surge el conflicto.

-¿De verdad cree que hay forma de resolverlo?
-Es que en Cataluña hay dos lenguas propias --tres con el aranés--, eso hay que aceptarlo y se debe encontrar la manera de convivir. En la calle conviven, ¿por qué no pueden convivir también en la administración?
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-¿Por qué han circunscrito el estudio al periodo de reclusión por la pandemia?
-Nos ha servido de laboratorio. Hemos podido comprobar que, incluso en una situación tan excepcional como la generada por la pandemia, ha continuado el conflicto lingüístico que algunos niegan que exista.

-En el informe sorprende que haya quejas de algunos catalanohablantes contra el bilingüismo.
-Si el mensaje que se lanza desde la Generalitat y desde algunas organizaciones es que en Cataluña debe haber una sola lengua y una sola cultura, cuando aparece alguna administración --principalmente local-- que también usa el castellano, algunos se lo toman como una cosa tremenda. Y es que muchos entienden que lo normal es que todo esté solo en catalán.

-Curioso...
-Curioso, no. Es la consigna oficial. Incluso la lanza la propia consejera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.

-¿El bilingüismo mata, como dice Pau Vidal?
-Es comprensible que cuando dos lenguas conviven algunos hablantes de la lengua menos potente puedan pensar que la otra pueda acabar con la suya, pero los estudios demuestran que el catalán goza de muy buena salud.

-En TV3 destacaron que, pese a la discriminación de los castellanohablantes denunciada por SCC, solo el 31% de los ciudadanos tienen el catalán como lengua propia.
-Los derechos de las personas están por encima de los derechos de las lenguas.

-¿Los políticos constitucionalistas han estado a la altura?
-No sé si alguna vez se han ocupado realmente de este tema...

-Dicen que es el "primer" informe. ¿Habrá otros?
-Queremos hacer cuatro al año. Aunque tenemos recursos limitados. Hemos dedicado muchas horas de nuestro tiempo libre para elaborarlo.

Lengua bífida
Nota del Editor 14 Agosto 2020

Los que tienen dos lenguas propias deben sentirse muy afortunados, al tener dos lenguas en propiedad, aunque tal derecho no está claro donde se sustenta, parece un error de apreciación. De todos modos, no necesitan dos lenguas para detectar el mal olor que desprenden los asuntos y escritos de algunos de sus comisionistas profesionales de la política.

carteles sólo en catalán
El alto directivo de Frigo que excluye el español en Cataluña a los líderes del procés: «No estáis sólos»
Andrea Aguado Robles okdiario 14 Agosto 2020

El vicepresidente de la marca de helados Frigo, Xavier Mon, alardeó de su apoyo al independentismo en 2019 en su cuenta de Twitter -advierte de que son opiniones personales- lanzando mensajes de ánimo al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al ex consejero de Interior de la Generalitat Catalana, Joaquim Form, cuando los nacionalistas entraron en prisión por el desafío independentista.

Frigo ha saltado a la actualidad por su decisión de excluir el español en su cartelería en Cataluña. Una imagen a la que no nos tenía acostumbrados la compañía de alimentación otros veranos, que por primera vez excluye el idioma que hablan a diario miles de catalanes de sus famosos carteles que generalmente se encuentran a la puerta de bares y tiendas de alimentación.

En concreto, el vicepresidente del negocio de helados de la multinacional Unilever felicito el cumpleaños a la hija del antiguo líder de la ANC en Twitter, mostrando el apoyo a la familia tras la encarcelamiento del independentista hasta asegura que «tienes un gran padre».

En otra ocasión, Mon mencionó un mensaje en Twitter del ex consejero de Interior de la Generalitat Catalana, Joaquim Form, con el transparentó su credo separatista y mostró todo su ánimo a Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

No obstante, la famosa marca de helados no ha hecho declaraciones a través de sus distintas redes sociales, a pesar de convertirse en ‘trending topic’ en España. Una estrategia de marketing que se distancia de los valores que la compañía aseguran tener. Así se presentaban en su última campaña: «La diversidad es parte de la estrategia, valores y es clave para entender a clientes y consumidores», un lema que no coincide con la diversidad de su cartelería en Cataluña.

Aunque sí que lo ha hecho Servicio de Atención al Consumidor de Unilever España a través de un correo electrónico al diario Dolca Catalunya: «La rotulación de la cartelería de Frigo en Cataluña cumple con la legislación vigente obligatoria para todas las compañías que comercialicen sus productos en esta comunidad autónoma», y han recalcado que «es nuestra responsabilidad respetar la legalidad vigente, así como servir en todo momento a nuestros consumidores y clientes allá donde se encuentren».
 


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