AGLI Recortes de Prensa   Jueves 20  Agosto  2020

El informe de la vergüenza: 27.000 ancianos murieron abandonados
Sonia Reyes esdiario 20 Agosto 2020

Vergüenza nacional, abandono, genocidio... no hay palabras para definir el demoledor informe de Médicos sin Fronteras, en el que se describe con horrible crudeza el drama de las residencias de ancianos durante la pandemia. La muerte de miles de seres humanos en unas condiciones vejatorias, sólo comparables a episodios vergonzosos de nuestro pasado como el exterminio nazi.

Puertas cerradas, seres humanos suplicando salir, probablemente sin recibir alimento ni aseo durante días y nadie hizo nada al respecto. El informe de Médicos sin Fronteras es desgarrador, digno de una película de ficción, pero esa realidad contada por el personal de los geriátricos, bomberos y militares, ha sucedido en España y aquí sigue todo el mundo en sus puestos, sin mover ficha y sólo pendientes de las tonterías políticas que acompañan nuestro panorama diario.

Pablo Iglesias se encargó personalmente del control de las residencias de ancianos -fue lo que él declaró durante el Estado de Alarma- y el resultado ha sido trágico, con un alto indice de mortandad, pero además de la manera más horrible posible. Y lo más lamentable es que seguramenteun gran número de los fallecidos no estaban ni siquiera enfermos, sólo fueron víctimas de un terrible abandono, debido al aislamiento indiscriminado que sufrieron muchos de ellos.

No sé si la culpa la tienen los fondos buitres que gestionan muchos de estos centros, las comunidades autónomas o el Gobierno Central, pero la cifra de 27.000 muertes en estas circunstancias es un escándalo de órdago y alguien tiene que ser responsable.

Nuestros ancianos han muerto como animales enjaulados, encerrados bajo llave, abandonados a su suerte y en centros de mayores que se convirtieron durante la pandemia en la cámara de los horrores.

Es una gran casualidad que el mismo día que aparece este informe Pablo Iglesias denuncie el “acoso” a sus hijos, al haber tenido que suspender sus vacaciones en Asturias por pintadas y amenazas contra su persona. Dónde están las imágenes de ese peligroso e insoportable ataque señor Iglesias? Si eso es cierto, vaya a l acomisaría de Policía y denuncie como cualquier ciudadano porque tiene usted el derecho y la obligación de salvaguardar el bienestar y la seguridad de sus pequeños. Es inadmisible que los niños tengan que sufrir, en cualquier circunstancia y sólo porque sus padres se dediquen a la política. Quizás sería una buena ocasión para dejar de “naturalizar” -como dijo usted- el insulto a políticos y periodistas y centrarse en los problemas gravísimos que tiene España.

Al margen de su vida personal, usted -como vicepresidente de Asuntos Sociales- y otros cargos con autoridad para tomar decisiones tenían la responsabilidad de haber procurado proteger a muchos de esos ancianos muertos. Ó al menos haber pedido ayuda para evitar esta tragedia humana. Lo que no es de recibo es que se vayan pasando la pelota unos a otros y nunca nadie sea capaz de asumir los errores.

Quien dio las órdenes para encerrar en sus habitaciones a todos esos mayores? Usted debería desde hoy mismo encargarse de llegar hasta el final de este macabro asunto.

Ojalá hubieran sido dejados en las calles si no había recursos para su cuidado. Seguramente alguien los hubiera recogido y protegido. Pero no, los centros de mayores se blindaron a cal y canto para ocultar la tragedia, como se ha hecho con casi todo desde que comenzó la pandemia. Este gravísimo delito debería ser denunciado ante el Tribunal de Derechos Humanos de La Haya. No podemos ni debemos mirar hacia otro lado ante esto. No es una cuestión de ideología, es simplemente una gravísima falta de humanidad indigna de cualquier país que se autodenomine “civilizado”.

Los eslóganes no dan de comer
Nadie se responsabiliza de la realidad de cada uno de los ciudadanos de este país. Si no se hace bien el trabajo, a la calle
María Jesús Pérez ABC 20 Agosto 2020

Había perdido ya hasta la cuenta de las veces que lo había escuchado. Y no solo al presidente del Gobierno, que han sido por cierto en unas cuantas ocasiones. Se lo habíamos oído decir prácticamente a todos los miembros de su ejecutiva. «Nadie se va a quedar atrás», nos han machacado una y otra vez, desde ese anuncio inicial de medidas para paliar el impacto económico y social del coronavirus el pasado 17 de marzo. Pedro Sánchez anunciaba la movilización de hasta 200.000 millones de euros, el 20% del PIB español, de los que 117.000 procederían íntegramente del sector público y el restante se complementaría con movilización de recursos privados, además de la flexibilización para las empresas de la adopción de ERTE por «fuerza mayor». Anuncio a bombo y platillo que, tan solo cinco meses después, se nos ha quedado más que cortos.

Sin embargo, y para «no dejar atrás a nadie» de nuevo, se aprobaban después una batería de medidas sociales, a cual más definitiva y única en la historia de España: moratorias de pago en préstamos de vivienda, de alquileres, para el pago de suministros (luz, agua, gas...), ampliación de los ERTE... hasta la medida estrella, «compartida» y «reñida», en el seno del Gobierno: el IMV, el ingreso mínimo vital, que se presentó como la gran panacea de las ayudas de un Gobierno en el que todo lo que se «vende» suena a eslógan. Y es que cuando se aprobó, el pasado 29 de mayo, se calculaba que beneficiaría a 2,3 millones de personas -850.000 hogares-. Una vez más una ayuda que está tardando más en llegar a los familias de lo que han tardado en acabarse sus ahorros si es que los tuvieran. Hasta el 7 de agosto solo se habían aprobado 3.966 solicitudes para este subsidio, además de las 74.100 que se dieron de oficio el 26 de junio. Más de lo mismo. Una ayuda urgente que contemplaba tres meses de plazo para resolver, cuando ya hay gente que lleva cinco meses sin ingresos. El dichoso «bla bla bla» social-comunista.

Hoy, con las arcas públicas tiritando como están, y tras fiar el desastre añadido por el parón de la economía al fondo de rescate europeo -unos 140.000 millones de euros, de los que 72.700 llegarán serán ayudas directas, un dinero condicionado a reformas y a presentar al resto de socios factura a factura-, la situación sigue siendo para muchos españoles insostenible y el futuro más que incierto: más de 150.000 trabajadores siguen sin cobrar la prestación del ERTE por fuerza mayor; 52.000 empresas auguran que convertirán el ERTE en ERE a finales de año (lo que supondría un mínimo de cerca de dos millones de despidos); 300.000 autónomos temen ya que tendrán que cerrar en los próximos seis meses por el impacto de la pandemia; solo el 0,7% de los españoles que han solicitado el IMV ha sido aprobado; miles y miles de personas aseguran que no les ha llegado ninguna subvención de las anunciadas...

¿Sigo? El problema es que nadie se responsabiliza de la realidad. De aquella que vive cada uno de los ciudadanos de este país. Y es que España no puede funcionar a golpe de eslóganes y consignas de partido -ni siquiera de Gobierno-, más propio de un fino diseño de mentes expertas en otras materias, como Sociología, Demografía o Publicidad, que del buen hacer desinteresado de profesionales que se entregan limpiamente a la tarea de la gestión de los asuntos públicos y políticos. ¿Me explico? Lo cierto es que de los eslóganes, el resto, no comemos. Y cuando no hacemos bien nuestro trabajo, vamos a la calle. Pues eso.

La esperada moción de censura
Fulgencio Coll Bucher ABC 20 Agosto 2020

Desde hace tiempo, la situación en España podría calificarse de peculiar, la crisis de la pandemia viene a poner ante su destino a lo que es un Estado imposible. Por otra parte, el liderazgo político se parece a lo que Jefferson denominó «despotismo electo», una vez elegido, inamovible. Se atribuye a Rodríguez Zapatero la frase de que «cualquiera puede ser Presidente del Gobierno», sea o no cierta la atribución, el aforismo parece consolidarse.

Cuando estalló la pandemia España llevaba dos años con unos Presupuestos aprobados en el año 2017, todo un síntoma de grave anomalía política. El Gobierno de coalición, entre el PSOE y Podemos, con el apoyo de partidos separatistas, es un constructo político que solo puede mantenerse si se consienten excesos marxistas y si cede a las pretensiones independentistas. Para ello, el modo de gobernanza es determinista, tiene que mantener el equilibrio de la coalición y facilitar los objetivos secesionistas, lo que deslegitima a cualquier Gobierno que lo practique y normaliza el desgobierno. Todo ello en un ambiente social dividido, tensionado y bloqueado. Puede alegarse que los partidos en cuestión son legales, efectivamente, pero es ilógico pensar que la benevolencia se confunda con la anticonstitucionalidad. Un partido que propugna la secesión no puede ser legal, es un absurdo. Como diría don Miguel de Unamuno, «eso es de cajón».

En estas condiciones no es posible que el diseño constitucional perdure. La primera evidencia es el tono autoritario de la forma de gobernar. La separación de poderes ha sido la primera víctima, las Cortes son inútiles en tanto no se consiga un cambio radical. El poder judicial resiste, pero los resultados son tozudos, el indulto encubierto a los sediciosos del proceso independentista, mediante una alambicada y grosera simulación burocrática e interpretada por los compañeros de los «condenados», es recurrida desde el Estado. Esa anómala e inédita competencia autonómica se implantó en el nefasto Estatuto de 2006, viéndose como un sometimiento debido al «proceso». Siempre queda el oportunismo político, previa manipulación mediática, de recurrir al indulto motivado por cualquier justificación propia de un capo de banda criminal.

La deformación del Estado ha sido la constante de la acción de los sucesivos gobiernos, pero el empleo de la «nostalgia histórica» para conformar un pasado a la medida, es un hecho por el que el actual Gobierno es un firme candidato a una serie criminal de Netflix.Vemos algunas recientes como el cuestionamiento de la forma de Estado que es pura subversión; acciones que, a falta de un verdadero proyecto de gobierno, muestran una constante recurrencia a la improvisación convertida en permanente propaganda. La falta de capacidad para gestionar la pandemia ha sido el broche de la ineficacia gubernamental, la prolongación caprichosa del Estado de Alarma basada en un inexistente Comité de Expertos, que alcanzó la irresponsabilidad cuando una situación de Seguridad Nacional se descentralizó autonómicamente. ¡Una Comunidad regulando la entrada a su «territorio» desde el extranjero! Ayuntamientos imponiendo confinamientos. Enfrentamientos entre Comunidades … ¡Qué locura!

San Millán ha sido el cruce del Rubicón, las ayudas las va a distribuir él, el personalismo se impone en la gobernanza, la Constitución es prescindible. La previsible depresión económica, consecuencia de la pandemia y de la mala gestión, ya es un hecho. La actuación de la UE durante la primera crisis fue átona y parece que ha reaccionado ante el daño económico al acordar el Consejo Europeo, tras 100 horas de reuniones, un fondo de recuperación pos-pandemia al que se ha calificado de «histórico». La nominación es correcta y podría confirmarse de disponer de un buen gobierno.

El desarrollo del proceso lo dirá, la ayuda de la UE a España será finalista y tutelada, lo que constituye una expectativa que está por ver. Además, desde la lógica mas elemental, al ser plurianual se requeriría acuerdo con la oposición. Lo más seguro es que haya que recurrir al rescate en un plazo no muy lejano.

Las anomalías que conforman nuestro Estado vienen a mostrar sus efectos negativos cuando se topan con una situación de desgobierno. El panorama es duro, pero sería beneficioso si se sacasen lecciones de todo ello y se aplicasen al futuro, para ello son necesarios gobiernos eficientes, muy alejados de las ideologías.

La figura del caudillaje alocado cabalga en Moncloa.
Este caudillo ha demostrado desde hace tiempo que no es la persona adecuada, ni su numeroso gobierno trufado de incompetentes populistas. Cada día que pase, más difícil será salir de este callejón sin salida. La mejor solución para el cambio pasa por una moción de censura. Cuanto antes, mejor.

Los timos del coronavirus
Pablo Planas  Libertad Digital 20 Agosto 2020

España ya lidera el rebrote del coronavirus en Europa, con 132 contagios por cada 100.000 habitantes. Italia presenta 10 contagios por cada 100.000 habitantes. Son datos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades en los que Fernando Simón no tiene nada que ver. Y a pesar de los malabarismos y la ‘creatividad’ contable del Ministerio de Sanidad, hace ya días que se reportan decenas de fallecimientos a causa del coronavirus. Lejos de estar controlada, la epidemia vuelve a golpear con fuerza a tres semanas del comienzo del curso escolar.

En semejantes circunstancias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa por videoconferencia en un Consejo Europeo extraordinario para abordar la situación política de Bielorrusia. La situación sociosanitaria en España, mientras tanto, es el puro caos, con rebrotes constantes y unas cifras que prefiguran una catástrofe como la que se sufrió en marzo y abril. Médicos y enfermeras constatan que ya es tarde para evitar el desastre, y la sombra del abandono criminal planea de nuevo sobre las residencias de ancianos.

Ese presidente que utilizaba el lenguaje bélico para decir que de esta saldríamos todos juntos y más fuertes es ahora mismo un fantasma. ¿Dónde está el hombre que decía que haría lo que hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta? ¿Qué ha sido de aquellas arengas tan pomposas? La epidemia se descontrola, pero ahora ya no cabe aducir que no se podía saber. Está pasando exactamente lo mismo que ocurrió en febrero y marzo. El virus avanza y las autoridades no hacen nada, salvo culpar a la gente.

A mayor abundamiento, este Gobierno que no iba a dejar a nadie atrás sólo ha aprobado 3.966 solicitudes de las más de 600.000 recibidas para cobrar el Ingreso Mínimo Vital, según apunta el digital La Información. Así que la gran medida del Ejecutivo contra los efectos económicos de la epidemia, el culmen de la justicia social en España, la caraba en materia de derechos, la paga por la que Pablo Iglesias se daba golpes en el pecho como el rey de la jungla, está atascada en los vericuetos burocráticos de una Administración concebida para burlarse del ciudadano. Prueben si no a hacer cualquier gestión telemática o presencial con la Seguridad Social y nos cuentan.

Algo parecido sucede con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, los famosos ERTE de los que tanto presumió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Más de 150.000 trabajadores siguen sin cobrar la prestación del ERTE por fuerza mayor, denuncia en el diario Expansión el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España.

La izquierda me asquea
Daniel Rodríguez Herrera  Libertad Digital 20 Agosto 2020

El buenismo me asquea. Pablo Iglesias e Irene Montero sólo recibieron lo que merecen. Crítica e insultos. No les tocaron ni un pelo, ni uno. Cada periodista que use la palabra ‘acoso’ al hablar de los escraches está a sueldo del Gobierno. Para ser exactos, no sólo los justifico, sino que entendería la violencia reactiva. La de verdad. Si la izquierda es capaz de acosar y apedrear a una diputada por su ideología, imagina lo que harían contigo. Te sientas concernido o no.

Esto que leen no lo he escrito yo. Me he limitado a parafrasear lo que el periodista Lacambra por excelencia, Antonio Maestre, ha dejado escrito en Twitter en dos momentos distintos. Al principio, le parecía estupendo que se acosara a Cifuentes, a la que llegaron a exigir a gritos que se fuera a un hospital privado mientras se debatía entre la vida y la muerte en La Paz, y le hubiera parecido justificado incluso que se llegara a la violencia física contra el Gobierno de Rajoy. Porque, claro, si no haces lo que le parece bien a la izquierda, no es que estés equivocado, es que estás ejerciendo la violencia y por tanto está justificada la violencia en tu contra. Sin embargo, gritarle en su casa o en vacaciones a la pareja de sus amores es inadmisible. No es que España se esté arruinando a ojos vista y hayan muerto decenas de miles de personas por el afán propagandístico de celebrar la manifestación del 8-M, no. Eso no es así, si fuera así no es violencia y si fuera violencia no está justificada la violencia reactiva.

Una de las víctimas del acoso en sus vacaciones, Pablo Iglesias, protestó porque "no hay derecho a que mis hijos tengan que sufrir las consecuencias del compromiso y las tareas políticas de sus padres". Sin embargo, nunca le preocupó el hijo recién nacido de Soraya Sáenz de Santamaría, o el que estaba a punto de nacer de Begoña Villacís, o los hijos de Luis de Guindos. A las personas normales a las que nos repugnan los acosos y tenemos un cerebro y una empatía aún no podridos por la ideología, esta doble vara de medir nos parece un caso egregio de hipocresía. Pero lo tenemos claro si pensamos que quizá ahora, cuando ven las consecuencias del conejo que sacaron de la chistera quienes ahora protestan, la extrema izquierda va a recapacitar y condenar los escraches vengan de donde vengan. No. Se buscan excusas para diferenciar entre unos casos y otros para intentar disimular lo que realmente piensan: que unos estaban bien acosados por ser de derechas y por tanto malos y otros en cambio no merecen serlo porque son de izquierdas y por tanto buenos.

Tampoco se engañen. No todo tiempo pasado fue mejor. Sí, es verdad que, antes de aparecer Podemos, fuera de las regiones nacionalistas era noticia que a un político lo abuchearan en la calle, porque sucedía una vez al año, si eso. Sí, era una época en que la vida privada era considerada sagrada, y los familiares debían quedarse al margen de las discrepancias. Pero existía ETA, que mataba, y existían los nacionalismo catalán y vasco, que se ocupaban de hacer la vida imposible a quien no se sometía a su rodillo. Pero fueron Pablo Iglesias y los suyos quienes convirtieron lo inadmisible fuera de las comunidades autónomas sin democratizar en algo razonable y hasta aplaudible, y ahora el juego político es y será así para todos. Resultará difícil en cualquier caso volver a la situación anterior a que el comunismo bolivariano decidiera destruir España, y tenemos Cataluña y País Vasco como ejemplos, pero es imposible si la izquierda no cambia. Y no lo hará porque son eso. No hay nada más. Sin relatos de buenos y malos no tienen nada que ofrecer. Cada vez que llegan al Gobierno dejan el país peor que estaba. Reconocer que es inmoral e ilegítimo escrachar a Cifuentes, Villacís, Abascal, De Meer, Sáenz de Santamaría o cualquier político de derechas significaría concederles el beneficio de convertirlos en seres humanos con los que discrepar, no en las bestias sin alma que hay que destruir.

Hipocresía y falsedad en Podemos
Editorial La Razon 20 Agosto 2020

Unidas Podemos se ganó buena parte de la confianza de un número notable de españoles con distintas banderas que recogían la desazón y la desafección de una sociedad maltratada por una crisis devastadora con estragos y secuelas que conmovieron los pilares que parecían más sólidos en aquellos momentos. El discurso de los necesitados y maltratados, el de los indignados con el sistema, caló en aquel escenario en cuestión que se conformó casi como una fórmula magistral de laboratorio en el que germinar, crecer y desarrollarse.

Y lo cierto es que los dirigentes del partido morado han explotado esas anómalas y coyunturales circunstancias de manera espectacular hasta alcanzar un estatus personal e institucional realmente sobresaliente en poco menos de una década. Hasta haberse constituido en un poder creciente entre la partitocracia que tanto denostaron y en la que definitivamente se han acomodado, con la entrada en el Gobierno pese a su peor resultado electoral y una dinámica en aguda depresión. De entre todas esas vigas maestras que han sostenido la narrativa populista, la igualdad entre hombres y mujeres, la causa feminista, cuajada en ideología de género, ha resultado quizá, sino la más significativa -hay otras muchas-, sí la de mayor eficiencia en cuanto a réditos para el partido y su cúpula.

En ese medio de superficialidad y relativismo, de agitación e imagen, de cortoplacismo y ligereza, sus eslóganes, su propaganda agresiva y su teatralidad contumaz han funcionado, con un acompañamiento generoso de financiación pública a medida que los círculos se enquistaban en las administraciones. El paso del tiempo está provocando, sin embargo, un inquietante desgaste de materiales en una arquitectura ideológica y grupal que llegó como promesa de regeneración, y se ha erigido como legataria de la más añeja política, de esa que predica virtud y acredita una ejecutoria repleta de sombras y falsedades. Incluso, en aquello que se ha formulado como un credo para los seguidores de Unidas Podemos como las políticas de igualdad y equidad entre todas y todos, conforme a su convención léxica, que les ha permitido beneficiarse de un Ministerio del ramo.

Pero ese compromiso radical que rezuma el discurso y la institucionalidad de Unidas Podemos no afecta a su ejecutoria. Es decir, los hechos no secundan sus palabras. Resulta que el partido que exigía la paridad en las instituciones contrata a más hombres que mujeres en una tendencia marcada desde su fundación. En 2019, por ejemplo, ha incorporado el 53,7% de hombres y 46,2% de mujeres, mientras que en el año precedente la brecha fue de 54,5% hombres y 45,4 mujeres. Estamos, por tanto, ante la constatación de un espejismo.

Las cifras desmontan por sí solas la retórica demagógica de una organización que ha hecho de la equidad su razón de ser y que se muestra incapaz de preservarla en sus estructuras y decisiones. Que exige y reprocha a otros, incluso a esta sociedad de «rasgos heteropatriarcales» que tanto denosta, aquello de lo que se olvida de puertas para dentro. La vieja ley del embudo. Tanto que, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad fijaba en junio como requisito para subvencionar a las asociaciones candidatas a sus programas que el 65% de la plantilla fueran mujeres.

Es más que seguro que la decadencia electoral, y por tanto política, del partido de Iglesias, Montero y compañía no sólo tenga relación con los frentes judiciales pendientes, sino con que la exposición pública ha desnudado la mascarada de un proyecto de casta que no aguanta un mínimo test de estrés democrático. Ni la hipocresía ni la doble moral son rasgos de una conducta de poder que puedan ser enmascarados eternamente. La realidad es que la igualdad sólo es una eslogan al servicio de un partido que la ignora.

Privilegios inadmisibles para los golpistas
Editorial ABC 20 Agosto 2020

Una juez de Vigilancia Penitenciaria avaló ayer la concesión del tercer grado penitenciario -la semilibertad- a siete de los dirigentes catalanes condenados por sedición cuando ni siquiera han transcurrido diez meses desde que se dictase sentencia. Es cierto que de momento la decisión queda en suspenso a la espera de una resolución definitiva del TS, y es cierto también que la independencia de cada juez debe ser respetada. No obstante, es legítimo discrepar, como hace hoy ABC con contundencia. Para privilegiar a los condenados, la juez alega dos motivos incomprensibles. Primero, que la reiteración delictiva no es posible en el actual «contexto político social», y segundo, que nuestra normativa penitenciaria se basa en criterios decimonónicos. Desde luego, si aplicase la misma vara de medir a todos los presos que pasan por sus manos, podría ser coherente. Pero no lo es. La doctrina del TC respecto al cumplimiento de las penas es clara, y en este caso ni siquiera hay arrepentimiento.

La juez ha incorporado a sus resoluciones justificaciones de índole más política que jurídica, y eso no es aceptable. De hecho, existen criterios de otros jueces radicalmente opuestos, y son legítimos, solventes y jurídicamente irreprochables. Si aquel «lo volveremos a hacer» no es un desafío al Estado y un compromiso fehaciente de reiteración delictiva, entonces no se sabe qué es. La juez inventa una argumentación cuasi-política basada en una presunción volitiva y psicológica de lo que ella interpreta que quieren decir los condenados -reivindicar la independencia pero no el golpismo-, y no de lo que realmente dicen como reto al Estado. Además, si considera anticuadas las leyes, dispone de un mecanismo para plantear cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC. Pero no lo hace. Se limita a dar la razón a los condenados creando así un agravio comparativo con decenas de miles de presos. Respecto al actual «contexto político y social», la juez olvida que Carles Puigdemont sigue huido de la Justicia y que Joaquim Torra está penalmente inhabilitado por desobediencia. Un «contexto» idílico.

Denuncian que los carteles sobre el coronavirus del Hospital de la Cerdaña sólo están en catalán y francés
Pablo Planas (Barcelona)  Libertad Digital 20 Agosto 2020

El centro, gestionado por los sistemas sanitarios francés y catalán, alega que atiende a los pacientes en español, francés y catalán.

Los carteles sobre el coronavirus del Hospital de la Cerdaña, también llamado Hospital Transfronterizo de la Cerdaña, sólo están en catalán y francés, según ha denunciado un usuario del centro. Fuentes del hospital han asegurado que eso se debe a que utilizan las plantillas proporcionadas por el Servicio Catalán de la Salud y por su equivalente francés. Además, alegan que tanto la atención telefónica como la cartelería fija del centro está en los tres idiomas.

También apuntan que la atención dentro del hospital se lleva a cabo en el idioma de preferencia de los pacientes, que el personal sanitario lleva a cabo un ingente esfuerzo por hablar las tres lenguas oficiales del centro y que las quejas por razones lingüísticas son excepcionales.

El Hospital Transfronterizo de la Cerdaña es el único de España en el que participa la administración sanitaria francesa, de modo que combina dos modelos hospitalarios diferentes, el francés y el catalán, debido a que las competencias sanitarias españolas están transferidas a las comunidades autónomas. El centro se acoge al modelo de "Agrupación Europea de Cooperación Territorial" y en la actualidad está dirigido por el médico francés Vincent Rouvet, miembro del cuerpo de Directores de Hospitales del Servicio Hospitalario Público Francés. El hospital entró en funcionamiento hace seis años.


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Casado y los principios
EDITORIAL  Libertad Digital 20 Agosto 2020

Volver a escuchar el entusiasta y estimulante discurso que pronunció Pablo Casado en el verano de 2018 después de derrotar a Soraya Sáenz de Santamaría en las internas del PP, recuperado estos días por Libertad Digital, procura dimensión y profundidad a la traición cometida a los principios que él mismo prometió defender con la defenestración de quien fuera su fichaje estrella, Cayetana Álvarez de Toledo, para la portavocía del grupo parlamentario popular.

Aquel día, Pablo Casado puso en pie a los suyos en varias ocasiones haciendo una cerrada defensa de los pretendidos principios del PP, "esos principios que han hecho a nuestro partido el primer partido de España", decía. Unos principios que se cifrarían en una inquebrantable y desacomplejada defensa de la libertad. Pero ahora parece que eso choca con su autoridad.

Quienes defienden la decisión de Casado argumentan que Álvarez de Toledo se había convertido en un verso suelto del PP y que con su destitución el aún joven líder popular da un puñetazo en la mesa para demostrar firmeza. El problema es que Álvarez de Toledo no ha hecho otra cosa que defender aquello que defendía Casado. Casado, defenestrándola, se ha desautorizado a sí mismo.

Con la cabeza de Álvarez de Toledo servida en bandeja de plata a una camarilla de intrigantes, Casado no sólo certifica el abandono de los principios que le llevaron a la presidencia del PP, sino la asunción de una estrategia basada, fundamentalmente, en no molestar a la izquierda.

La Sexta y El País, la SER y Mediaset, Podemos, PSOE, ERC y hasta Bildu señalaron a CAT como el nexo del PP con la extrema derecha. Acusaron a Casado de rozar el fascismo por su discurso atrevido en defensa de la libertad. Pues bien, parece que el mensaje ha calado y Casado ha terminado agachando la cabeza. Y eso no tiene un pase. El líder del principal partido de la oposición no puede aceptar que la defensa de la libertad, la Constitución y el libre mercado se considere una amenaza fascista. El líder del partido que aspira a volver a gobernar España no puede dejar de dar la batalla contra el discurso liberticida de la izquierda realmente existente. Pero así ha sido: Casado ha pagado con la cabeza de Cayetana el chantaje impuesto por los herederos de los asesinos de ETA, los comunistas de Podemos, los golpistas de ERC y este PSOE impresentable del felón Sánchez Castejón.

Lo que no quiere ver Casado es que la voracidad de la maquinaria liberticida de la izquierda gobernante, sus satélites mediáticos y sus aliados racistas, golpistas y proterroristas, es formidable. Si cree que la destitución de CAT se van a calmar, se equivoca. Han olido la sangre y no piensan perder el rastro. Que vayan preparándose Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida...

"No hay que tener miedo al debate, no hay que tener miedo a la libertad (...) Somos el partido de la libertad individual, el partido de las personas": qué lejos suenan ya estas palabras que ponían en pie a la militancia popular. Qué lejos queda esa concepción de la política que legitimaba su autoridad dentro del partido. Esa autoridad que ahora Casado parece decidido rendir a la izquierda piafante. Pero la izquierda siempre le considerará un radical, y él no tiene la opción sino la obligación de defender los principios en los que creen sus votantes. Con el coraje, la contundencia y la brillantez con que lo ha hecho Cayetana Álvarez de Toledo.

El cesante y su mesa
Ramón de España Cronica Global 20 Agosto 2020

Mientras los catalanes seguimos cayendo como moscas por culpa del coronavirus, nuestro presidente, que ha recuperado las competencias, pero no se ha recuperado de su incompetencia, dedica su tiempo a las cosas realmente importantes, como (intentar) cesar al letrado del Parlament Xavier Muro (sin éxito hasta el momento: su condición de cesante contribuye a que los de ERC no le hagan el más mínimo caso) y amenazar (¿a quién?) con trasladar a Europa esa mesa de negociación con el gobierno español que no se pone en marcha ni a tiros, tal vez porque las partes implicadas saben que no va a ninguna parte. Torra quiere hablar de autodeterminación y amnistía para los presos patrióticos, pero Sánchez se muestra dispuesto a abordar cualquier tema a excepción de esos dos que tanto preocupan al pre-inhabilitado vicario del ausente Puigdemont. Conclusión: los unos por los otros, la casa sin barrer. De ahí que nuestro conducator haya alumbrado la brillante idea de trasladar la mesa a Europa, algo muy fácil de decir, pero no sé si tanto de llevar a cabo.

Para empezar, hace falta que haya alguien en Europa dispuesto a escuchar las quejas de nuestro Cansino en Jefe, lo cual no parece muy probable en la actual situación sanitaria y económica del continente, agravada por problemas puntuales más serios que los de Cataluña, como la situación en Bielorrusia. Me temo que nadie comparte la teoría del señor Alay, sicofante de referencia de Puigdemont, según la cual el problema catalán es más grave y más urgente que el de los bielorrusos. Así pues, esa difusa amenaza de llevarse la mesa (¿qué mesa?) a Europa no parece preocupar mucho al Gobierno español, lógicamente interesado en retrasar la tabarra catalana todo lo posible: es evidente que Sánchez leyó aquel libro de Dilbert que se titulaba Always postpone meetings with time wasting morons (Pospón siempre las reuniones con merluzos que te hacen perder el tiempo).

Mientras los ciudadanos pillan un virus malévolo a manadas y hay que tirar a la basura la última campaña publicitaria de la Grossa por sobredosis de cinismo, Torra se dedica a empujar una mesa inexistente hacia la frontera con Francia y más allá. No nos explica cómo piensa organizar la cosa porque lo más probable es que no tenga ni idea al respecto. De momento, con una frase rimbombante ("¡me llevo la mesa a Europa!"), vamos que chutamos.

Lo fundamental es no reconocer jamás la propia irrelevancia y hacer como que se va a eternizar en el cargo. Lamentablemente, nadie se lo cree, y de ahí la displicencia española con su mesa de marras y el cachondeo de ERC ante su conato de acabar con la separación de poderes en Cataluña. Ante semejante tesitura, lo suyo sería convocar elecciones e irse a casa antes de que lo envíe la justicia española, pero Torra es, por encima de todo, un pelmazo impresionante, un brasas descomunal, un cansino insuperable: de ahí la venganza contra el letrado Muro, la absurda amenaza de llevarse a Europa una supuesta mesa de diálogo, la insistencia cerril en amnistías y referendos. Torra ya puso el broche de oro a su administración subiendo la pensión de los expresidentes de la Generalitat (es decir, subiéndosela a sí mismo), así que todo lo que haga hasta que le toque abandonar el cargo es perfectamente inútil. Alguien de su entorno más inmediato debería hacérselo ver para que dejara de alargar eso que en el lenguaje deportivo anglosajón se conoce como los minutos de la basura (aunque en su caso creo que se puede hablar, directamente, de la presidencia de la basura).

Rapapolvo al Govern por ocultar pagos a relatores de la ONU afines al 'procés'
El Parlament abre la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional debido a las reiteradas negativas de la Generalitat a informar sobre las subvenciones
María Jesús Cañizares Cronica Global 20 Agosto 2020

Gasto público que la Generalitat esconde. Tras la reiterada negativa del Govern a dar cuenta de las subvenciones destinadas a entidades vinculadas a las Naciones Unidas, el Parlament ha dado amparo a la diputada de Ciudadanos Susana Beltrán, que lleva seis meses intentando averiguar el motivo y alcance de dichas ayudas tras los informes de determinados relatores de la ONU favorables al proceso independentista.

La Cámara catalana no ha tenido más remedio que reconocer que los derechos de la diputada han sido vulnerados. Y es probable que al presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, no le haya hecho ninguna gracia, pues el rapapolvo contenido en el escrito, al que ha tenido acceso Crónica Global, va dirigido a la Consejería de Acción Exterior, Transparencia y Asuntos Institucionales, dirigida también por ERC y cuyo titular es Bernat Solé.

Curiosamente, este departamento responsable de las políticas de transparencia acumula varias reprobaciones apoyadas en dictámenes del Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la información Pública (GAIP). El más reciente tiene fecha del 24 de julio y afirma que “el derecho de acceso a la información de los diputados forma parte del contenido esencial de la función representativa y parlamentaria" que les corresponde, tal y como explica el documento, que abre la vía a que Ciudadanos presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La opacidad del Govern extiende la sospecha sobre los trabajos que determinados miembros de las Naciones Unidas han realizado sobre el procés, como es el caso del Relator Especial para las Minorías, Fernand de Varennes, presentó un polémico informe sobre los presos independentistas y la “minoría política catalana”.

La normativa explicita que “cabe recordar que la tutela del derecho de acceso a la información de los diputados, en tanto que derecho fundamental, es susceptible de amparo ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que este derecho se ejerza en el marco de una relación entre el Parlamento y el Gobierno. Estas relaciones agotan normalmente sus efectos en el campo estrictamente parlamentario y dan lugar, si conviene, a la aplicación de los instrumentos de control político. Pero esta doctrina no excluye, tal y como reconoce la jurisprudencia constitucional (STC 220/1991, de 25 de noviembre), que si en el marco de esta relación se impide o limita injustificadamente el ejercicio del derecho de acceso, éste se pueda hacer valer mediante un recurso de amparo fundamentado con la vulneración del artículo 23.2 Constitución”.

Posible recurso ante el TC
“Nos lo vamos a plantear. Consultaré al grupo parlamentario. Llevo siete amparos acumulados en cinco años. Si el Govern se niega de nuevo a facilitar información, analizaremos esa vía”, explica a este medio Susana Beltrán.

El argumentos de la Generalitat para rechazar la petición de información de la parlamentaria --copia de los expedientes de subvenciones y ayudas de la Generalitat a organismos vinculados a la ONU-- es la presunta falta de precisión en la solicitud. “La imprecisión y falta de concreción o acotación del ámbito concreto de los expedientes hace muy costoso y largo el trabajo de búsqueda por parte de la Administración”, sostuvo el Govern.

La complejidad no es excusa
Beltrán recuerda que su petición se circunscribe al período 2013-2020, mientras que el Parlament afirma que “la necesidad de una tarea de búsqueda y elaboración de la documentación no puede ser sinónimo de una complejidad que actúe como causa de denegación. Como indica la doctrina de la GAIP, el ejercicio del derecho de acceso a la información es compatible con una cierta tarea de elaboración o tratamiento de la información, siempre que no sea desproporcionada o notoriamente excesiva (Resolución 336/2017). Tampoco se puede confundir la elaboración compleja con el volumen de la información solicitada, si esta información ya está elaborada, como es el caso de unos convenios existentes que no requieren elaborar una documentación ad hoc".

“Esto se hace aún más patente --añade-- cuando se trata de una documentación que dispone de un tratamiento específico que los hace relativamente fáciles de acceso e identificación por parte del Gobierno. El Decreto 52/2005, de 5 de abril, crea y regula el registro de Convenios de colaboración y cooperación, un registro en el que se inscriben los convenios y los acuerdos de colaboración que firman el Gobierno de la Generalitat y los organismos y entidades que integran el sector público catalán con organismos internacionales. La existencia de este registro es un instrumento que organiza la información en materia de convenios y acuerdos firmados entre la Generalitat y los organismos internacionales y facilita, por tanto, al Gobierno su disponibilidad”.

"Un gobierno perezoso"
A juicio de Beltrán, “tenemos un gobierno perezoso instalado en la desidia institucional. Las excusas que dan son una forma de opacidad. No puedo ejercer mi función de control, que es la más importante para un diputado de la oposición, sin esa información”.

La diputada considera “gravísimo” que no se tomen en serio esa obligación de rendir cuentas “como haría cualquier directivo de una empresa privada”.

Sobre esa negativa a detallar el gasto público “ya existe ‘jurisprudencia’, porque el Govern es reincidente”, afirma la parlamentaria. En julio, tal como informó este medio, el Parlament envió una queja formal al Govern por considerar que “de forma reiterada durante esta legislatura, ha incumplido su deber de atender las solicitudes de información a los diputados y diputadas”. Una medida sin precedentes propuesta por Torrent y avalada por la CUP en respuesta a la reclamación de Ciudadanos

La pintada contra Iglesias en Asturias y las amenazas constantes que nadie condena en Cataluña
Pablo Planas (Barcelona)  Libertad Digital 20 Agosto 2020

Jueces, hijos de guardias civiles, familias que piden más clases en español y constitucionalistas sufren un señalamiento cotidiano en Cataluña.

La pintada contra Pablo Iglesias en una carretera aledaña a la casa donde había decidido pasar las vacaciones con su familia ha desatado una profunda indignación entre las filas podemitas, que acusan a fiscales, jueces y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de tolerar el acoso contra su líder, el vicepresidente segundo, y su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero. Los afectados se quejan además del efecto que las amenazas puedan tener sobre sus hijos.

La condena es unánime. Pero también se recuerdan los "escraches" azuzados contra dirigentes populares por Pablo Iglesias o las pintadas con amenazas de muerte contra Santiago Abascal. Las redes sociales bullen y "refrescan" las pintadas en el domicilio en Cataluña del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el instructor del sumario sobre el golpe de Estado separatista. Nadie en la izquierda o en el separatismo condenó el señalamiento. Envalentonados, los jóvenes de Arran sembraron de pintadas amenazantes la carretera que conduce hasta la Escuela Judicial de Barcelona, donde daba clases la esposa de Llarena. También se marcó su segunda residencia, en la Cerdaña sin que eso provocara la más leve crítica.

El fallecido juez Ramírez Sunyer, que era el titular del juzgado que investigaba en Barcelona los preparativos del reférendum, también sufrió el marcaje del separatismo. Los alrededores de la casa que alquilaba en la Costa Brava amanecieron un día plagados de pintadas contra el magistrado. El casero decidió no volver a alquilarle la vivienda. Nadie alzó la voz. La secretaria de ese juzgado también sufrió el acoso, esta vez en redes, del separatismo. Se le acusaba de simpatizar con Ciudadanos.

Civiles y guardias civiles
Pero no hace falta formar parte de la magistratura o trabajar para la justicia para sufrir amenazas en Cataluña. Los padres que piden más clases de español para sus hijos también pueden ser señalados y acosados. Se marcan sus domicilios y sus lugares de trabajo o negocios. Es parte del "éxito" de la inmersión lingüística. La denuncia de unos padres de Balaguer (Lérida) llegó hasta el parlamento europeo. En Cataluña, en cambio, operó la ley de silencio.

También es un riesgo ser hijo de guardia civil en Cataluña cuando son los profesores los que organizan las protestas contra las fuerzas de ocupación.

Retirar de la vía pública los lazos amarillos con los que el separatismo recuerda a los golpistas presos es una actividad en la que se puede pasar de recibir amenazas a sufrir una brutal agresión sin que tampoco eso altere mucho la agenda política. Fue el caso de un ciudadano que fue brutalmente apaleado con un bate de béisbol. Las fuerzas locales de Sant Julià de Vilatorta condenaron el hecho, que se pasó por alto en la capital, Barcelona.

El pan de cada día
En cuanto a los políticos no nacionalistas, las amenazas, los escraches, el acoso, las pintadas y los insultos son el pan de cada día. A modo de ejemplo, el ataque sufrido por Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autònoma de Barcelona cuando encabezada la candidatura del PP en la capital catalana. Reacción de la izquierda y el nacionalismo: silencio absoluto. Más casos: Pintan el coche del dirigente del PP Alejandro Fernández con una esvástica: la desinfección de Amer, el pueblo natal de Puigdemont, tras la visita de Arrimadas o los insultos contra la dirigente liberal en su colegio electoral.

Las familias de los políticos no tienen la culpa, pero si no son nacionalistas se les puede acosar impunemente. Fue el caso del señalamiento del negocio de los padres de Albert Rivera, quien al poco de debutar en política recibió en su domicilio un sobre con una bala y su foto ensangrentada.

Y de nada sirve que algunos constitucionalistas ya no estén en política. El expresidente del PP catalán y exconcejal en Barcelona, Alberto Fernández, es insultado e increpado con frecuencia. Los Mossos consideran que el peligro de que los insultos se pase a la agresión es leve.


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