AGLI Recortes de Prensa   Domingo 23  Agosto  2020

¿Democracia fiscal? Del Presupuesto de Montoro al gasto 'intocable'
Domingo Soriano  Libertad Digital 23 Agosto 2020

La capacidad de maniobra de un nuevo Gobierno está muy limitada (cada vez más) por las partidas heredadas de sus antecesores.

Todos hacen lo mismo… y todos quieren diferenciarse del contrario. Una de las paradojas más curiosas de la política de nuestro tiempo es que el margen de maniobra de los gobiernos para cambiar el rumbo de sus predecesores es cada vez menor. Y, al mismo tiempo, eso es lo que les fuerza a exacerbar el conflicto con el adversario, aunque sólo sea para reforzar su marca electoral.

En España, el símbolo de esta nueva era política quizás sea ese Presupuesto eterno de Cristóbal Montoro que se renueva año a año, desde 2018…. y veremos hasta cuándo. El mismo PSOE (¡y el mismo Podemos!) que culpaba al austericidio rajoyano de todos los males habidos y por haber, gobierna sin aparentes problemas con las cuentas que, hace tres años, los populares pactaron con el PNV antes de que los nacionalistas vascos les apuñalaran por la espalda.

Y esto no ocurre sólo en España, por supuesto. En Estados Unidos, donde más se analizan estas cosas, hace años que se percataron de una curiosa tendencia: el Presupuesto cada vez deja menos margen de actuación al gobierno de turno y eso, que unifica (para bien y para mal) la política de unos y otros, no sólo no ha contribuido a acercar los bandos, sino que los aleja irremisiblemente.

Lo explica Tyler Cowen en The complacent class, siguiendo el Índice de Democracia Fiscal que crearon en su momento Eugene Steuerle and Timothy Roeper: "En 1962, dos tercios del gasto federal pertenecían a lo que podríamos denominar como 'democracia fiscal': es decir, era gasto que no estaba asociado a programas preexistentes. A partir de ahí, ese porcentaje empezó a caer y a comienzos de 1980 ya estaba por debajo del 30%. Incluso, en 2009, entró en terreno negativo: la cantidad de gasto comprometida antes de empezar el año era superior a los ingresos previstos. Tras la recesión y el incremento de los ingresos fiscales, esa cifra se recuperó, pero los cálculos apuntan a que para 2022, estará por debajo del 10% del gasto federal".

En España no existe un cálculo similar (y, si existe, nosotros no lo hemos encontrado). Pero allí donde se ha hecho, los resultados son similares. Por ejemplo, en este informe del Max Planck Institute, se obtienen datos muy parecidos para Alemania: de un nivel de gasto discrecional que estaba por encima del 60% del Presupuesto a comienzos de los años 70, hemos pasado a cifras por debajo del 20% (incluso por debajo del 10%, según qué gastos incluyamos en nuestra lista)

Por supuesto, decidir qué partidas incluimos dentro del epígrafe de "gasto discrecional" y cuáles son "gasto comprometido" puede ser objeto de discusión. En EEUU, esa línea puede ser trazada de forma más clara (al menos en el gasto federal) porque cada año el Congreso debe aprobar el Presupuesto en lo que hace referencia al gasto discrecional (de ahí, las noticias, cada vez más frecuentes, de amenazas de cierre de agencias gubernamentales cuando no se alcanza un acuerdo para votar las cuentas del año siguiente).

Para nuestro caso, podríamos diferenciar ambas categorías en función de si es necesaria una actuación directa para renovar un gasto o no. Así, por ejemplo, las pensiones públicas son un "gasto comprometido", porque cualquier Gobierno tiene la obligación de abonarlas. Quizás la parte de revaloriación anual sí podría entrar en "gasto discrecional", porque es una decisión que se toma año tras año.

Que sea "comprometido" no quiere decir que sea intocable. Al igual que ha pasado en Grecia en la última década, podríamos imaginar una situación en la que fuera necesario recortar las pensiones un 10-15-20%. Pero sí quiere decir que para recortar ese gasto hay que adoptar una medida concreta: si no se hace nada, por defecto, el gasto se renueva de forma automática.

En este punto, hay dos extremos: el primero sería el de un Presupuesto base cero, que obligaría al gobierno de turno a decidir cada año, en septiembre u octubre, en qué gastar todo el dinero que recaude en el siguiente ejercicio. El segundo sería el apuntado en 2009 para el caso norteamericano: en aquel ejercicio, los gastos comprometidos eran superiores a toda la recaudación prevista. Entre esos dos extremos hay muchos puntos intermedios; pero, en general, lo que estamos viendo en los últimos años es que el punto intermedio real está cada vez más lejos de este teórico (y nunca puesto en práctica) base cero. Desde una perspectiva liberal, para alguien que quiere reducir el tamaño del Estado, es un problema, porque hacerlo sería cada vez más complicado y llevaría más tiempo.

En Libre Mercado, cada año analizamos las partidas a las que se dedica el dinero de los PGE. Y es cierto que, si eliminamos el gasto comprometido (pensiones, transferencias a otras administraciones, pago de intereses de la deuda, subsidio del paro y otras ayudas similares…) el margen de maniobra que le queda al Gobierno es muy bajo. De hecho, si incluimos el sueldo de los funcionarios públicos (y habría que hacerlo, porque en España tiene una protección especial que blinda su puesto de trabajo) nos quedaría un porcentaje muy pequeño del Presupuesto sobre el que puede disponer un nuevo Ejecutivo. Y lo mismo podría decirse de las administraciones autonómicas y municipales.

La tendencia no hace más que acentuarse según pasan los años, porque buena parte de esos gastos crece por encima del incremento de la recaudación. El ejemplo clásico sería el de las pensiones. En los PGE de 2019, la partida para transferencias corrientes de la Seguridad Social ascendía a casi 155.000 millones de euros (pensiones contributivas y no contributivas, incapacidad temporal, permisos de maternidad y paternidad…). Si a esa cantidad le añadimos los 15.000 millones de clases pasivas, tenemos 170.000 millones de gasto público (y subiendo) sobre el que el Gobierno no tiene apenas control: sólo con esta rúbrica, ya estaríamos en el 33% del total del gasto público.

En realidad, con los datos del Plan Presupuestario 2020 que el Gobierno envió a Bruselas a finales del pasado año, si sumamos las tres grandes categorías de "intereses, transferencias sociales y remuneración de empleados", ya estaríamos por encima del 75% del total de gasto público total previsto en España para este año (y eso sin contar gasto corriente como el de mantenimiento de los propios organismos públicos que también es inevitable acometer).

Las consecuencias
La primera consecuencia de este fenómeno es evidente: la capacidad de cada nuevo Gobierno es muy limitada. Por eso, Steuerle and Roeper hablan de "democracia fiscal": la teoría nos dice que el sistema en el que vivimos gira entorno a las decisiones que tomamos a través de nuestros representantes. Y esos representantes (cuando son candidatos) nos venden un futuro nuevo y brillante si ellos consiguen la victoria. "Todo es posible", nos aseguran los de uno y otro lado, si ellos ganan. Pero al final, lo cierto es que la capacidad para cambiar las cosas, al menos en el lado del gasto, cada vez es más limitada. O, mejor dicho, las hipotecas del pasado (justas o no, ése es otro debate) les atan las manos.

Y no sólo en términos absolutos, sino también en lo que hace referencia al reparto del dinero. Esta crisis del Covid-19 es un ejemplo: ante una emergencia de las que ocurren una vez en un siglo, llama la atención la falta de flexibilidad de los gobiernos para cerrar (siquiera temporalmente) algunos programas y dedicar todos los fondos a otros (sobre todo a los relacionados con la salud y la educación). ¿Algo se ha hecho? Sí, pero con la sensación de que ha sido mucho menos de lo necesario. El sector privado ha demostrado mucha más flexibilidad para cambiar sus patrones de gasto ante la emergencia.

Decimos que tienen las manos atadas y no es del todo cierto. En realidad, las tienen atadas sobre todo para recortar. Porque, una vez que una partida se consolida, es muy complicado eliminarla, sea cuál sea su eficacia real: lo que importa no es si cumple sus objetivos, sino cuánto tiempo lleva en marcha; entre otras cosas, porque sus beneficiarios las interpretan como un derecho adquirido. Por eso, la carrera siempre es al alza, a prometer cada vez más gasto. Y, si puede ser, gasto consolidado, que no pueda ser echado para atrás por el siguiente que venga.

Es muy complicado que una línea del Presupuesto desaparezca por haber cumplido su función. Y en teoría ésa era la lógica cuando se puso en marcha: nos dicen que nos gastamos el dinero con el objetivo de resolver un problema (el que sea). Lo normal sería que muchos de esos problemas se resolvieran y esa partida se cerrase. O al revés: que viésemos que el problema sigue ahí y llegásemos a la conclusión de que el gasto es inútil; lo que también llevaría a recortarlo. Sería lo normal… y lo que no ocurre casi nunca en la práctica.

Podríamos pensar que, ante esta evidencia, la solución debe estar en el lado de los ingresos. Pero por aquí también hay limitaciones. Por un lado, las electorales: porque todos queremos la subvención-prestación que nos toca (ya se llame pensión, educación universitaria semigratuita, ayuda a la vivienda…) pero nadie quiere la otra parte. Pero, además, porque los ingresos tienen el límite de la capacidad fiscal de un Estado y del daño que una subida impositiva puede hacer a la estructura productiva. La Curva de Laffer no sirve para todo (como a veces parece escuchando a sus defensores), pero tampoco es un invento: subir los impuestos puede tener efectos en la actividad que acaben perjudicando (a corto o a largo plazo) al mismo Estado que se quiere financiar.

El resultado era previsible: porcentaje creciente de gasto intocable, ingresos limitados por razones electorales y de eficiencia, y gobiernos que compiten con promesas que casi siempre son al alza… todo esto sólo podía desembocar en una espiral de endeudamiento como la que han sufrido casi todos los países occidentales en los últimos 20-30 años. Una deuda que habrá que pagar, pero que afrontarán los que vengan detrás de los que ahora votan. Es la patada a seguir de la política contemporánea, que lo fía todo a una resolución futura de los problemas que nunca llega. Alguien pagara; o eso se supone, porque nunca se dice ni quién ni cuándo.

De hecho, los actores externos que controlan esa dinámica (en el caso de España se suele recurrir a los mercados y Bruselas como los malos de la película) se perciben como elementos ajenos al juego democrático. El Gobierno, sea cual sea, tiene derecho a decidir cómo gastar y si alguien pone un límite a dichas pretensiones (aunque el límite sea simplemente su negativa a prestarle dinero), se interpreta como una interferencia ilegítima en su capacidad decisoria y en la misma esencia de la democracia.

Por cierto, en todo este proceso no podemos olvidar otra distorsión muy relevante. Como los programas son más fáciles de incorporar que de sacar del Presupuesto, la tendencia tiende a favorecer a los que han ido acumulando ventajas a lo largo de los años. Es decir, a los mayores frente a los jóvenes. Los recién llegados (al voto y al Presupuesto) tiene que pelear por una porción decreciente del pastel, aunque también son los que sostienen ese mismo pastel con su trabajo e impuestos. Y la promesa de que ellos, algún día, se beneficiarán del mismo juego se antoja cada vez más alejada.

La política de la diferencia
Lo más curioso de todo es que esta uniformidad presupuestaria ha generado más (y no menos, como podría pensarse a primera vista) tensión política. Todas las encuestas apuntan a que los votantes de derecha e izquierda cada vez se sienten más alejados de sus vecinos que piensan diferente. En general, el tono del debate se ha elevado mucho en los últimos años, al mismo tiempo que se estrechaba el espacio para alcanzar amplios consensos. España es un ejemplo de manual de este fenómeno, pero no el único (no hay más que mirar a lo que ocurre en EEUU).

Como apuntamos, sólo a primera vista puede parecer contradictorio. En realidad, es una consecuencia casi inevitable. Si dos partidos, rivales en la contienda electoral, no pueden diferenciarse demasiado en la política real que pondrán en marcha si ganan las siguientes elecciones, de alguna manera tendrán que atraer al votante y convencerle de que merece la pena que les apoye. En este sentido, es lógico que lo hagan exagerando lo que les separa del rival, que suele ser más simbólico que real.

En este punto, la izquierda ha jugado mejor sus bazas. Las políticas identitarias tan en boga en las últimas décadas encajan a la perfección en esta tendencia. Buscas un colectivo, le garantizas una renta y sus miembros te asociarán con la obtención de la misma. Por un lado, bloqueas una pequeña porción extra del Presupuesto que será muy complicado que tu sustituto pueda tocar; por el otro, obtienes una ventaja electoral duradera.

Además, esas políticas identitarias, en lo que no tienen que ver con los presupuestos, también sirven para el objetivo de diferenciación electoral. Si en términos fiscales o de gasto (el terreno clásico de confrontación del eje izquierda-derecha), buena parte del pescado está vendido antes de comenzar la legislatura, hay que buscar otros elementos que reconfiguren las alianzas con los votantes y consoliden tu base de apoyos.

La noticia de la que más se ha hablado esta semana, la salida de Cayetana Álvarez de Toledo de la dirección del PP, encaja a la perfección en este esquema. Se ha dicho que el partido busca la moderación, pero no debemos olvidar que el detonante de su cese no fueron unas declaraciones especialmente contundentes contra sus rivales. Más bien al contrario: fue su petición de un gran pacto PP-PSOE-Ciudadanos para afrontar las grandes reformas pendientes.

Álvarez de Toledo planteó siempre una dicotomía real pero complicada de encajar en el debate público actual: por un lado, es evidente que las políticas prácticas llevadas a cabo en la última década son bastante similares (el PSOE hizo una reforma laboral… y el PP también; el PSOE recortó las pensiones… y el PP también). Lo que les separa es aquello que ella más criticaba: esas políticas identitarias que ponen por delante al grupo (también a los nacionalistas) frente al individuo. Por eso, si ahí se ponían de acuerdo, lo otro debería caer por su propio peso.

Y volvemos a lo apuntado hace un par de párrafos. Eso es precisamente lo que PSOE y PP más temen. Que el votante se dé cuenta de lo que tienen en común, que es mucho más de lo que les gusta reconocer. Su futuro depende, en buena parte, de que sus simpatizantes crean que ellos le darán la vuelta, como a un calcetín, al desastre de país que le dejen los otros. Como, además, buena parte del PP no quiere retar el marco general que ha establecido la izquierda en políticas identitarias, sólo les queda el ruido del "nosotros contra ellos" y el argumento (real) de la mejor gestión para separarse de los de Sánchez.

El problema es que esos grandes pactos son también los únicos capaces de hacer variar el rumbo del trasatlántico en el que se ha convertido el Presupuesto. Antes hablábamos de las manos atadas del gobierno de turno: y es cierto, pero también es verdad que a medio y largo plazo se pueden conseguir cambios graduales que sí tengan un impacto significativo. Como un gran buque, al que no puedes hacer girar 180 grados en un palmo de terreno, pero en el que pequeños movimientos de timón pueden suponer un cambio de rumbo importante si la ruta es lo suficientemente larga. Para la política y la economía de un país, es necesario que esos cambios sean permanentes y que cada timonel no deshaga lo que hizo el que estuvo antes a los mandos. Tampoco por aquí hay demasiado margen, en España, para el optimismo.

El Gobierno tensa las cuentas públicas para evitar el colapso de la economía
Necesita mantener sistemas de protección social, aunque incrementen el gasto público y comprometan las finanzas del Estado, para evitar que se dispare el desempleo y se destruya el tejido productivo
Alejandra Olcese www.vozpopuli.com 23 Agosto 2020

El Gobierno está dispuesto a atender las peticiones de los autónomos, las empresas y los sindicatos, que claman para que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que están en vigor hasta el 30 de septiembre se alarguen mientras no se recupere la actividad económica, y que piden que se vuelva a activar la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia.

Piden, en definitiva, que se mantenga viva la economía de forma artificial, algo que también beneficia al Ejecutivo, ya que no tendrá que lidiar con un incremento del desempleo sin precedentes, ni con la quiebra masiva de empresas, ni con el malestar social que provocarían ambas cosas.

Actualmente en España hay 3,73 millones de parados, unas 840.000 personas permanecen en ERTE y aunque sólo 140.000autónomos están cobrando la prestación extraordinaria por cese de actividad -equivalente al paro, porque deben cumplir el requisito de caída del 75% de su facturación-, muchos otros están sin actividad, según lamentan las asociaciones del sector.

Si a estos tres grupos (parados, ERTE y autónomos) se suman los inactivos -entre los que el Instituto Nacional de Estadística (INE) incluye a muchos parados-, la tasa de paro real sería mucho más abultada que la oficial, del 15,33% según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre.

Aunque los trabajadores en ERTE realmente no están trabajando y están cobrando el subsidio por desempleo, hay gran diferencia con estar en paro ya que todo el tiempo durante el que cobren el subsidio no computa en el plazo máximo de dos años de paro permitido y siguen dados de alta en la Seguridad Social, ya que el Estado asume el pago de parte de sus cotizaciones sociales para beneficiar a la empresa.

Se dispara el gasto público
Esto supone un elevado coste para las arcas públicas. Según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Estado habría gastado alrededor de 30.000 millones de euros en mantener los ERTE activos hasta el 30 de septiembre, un volumen de gasto que seguirá subiendo si se prorrogan por más tiempo.

Cuando el Gobierno envió a cierre de abril la Actualización del Programa de Estabilidad a Bruselas estimó que el déficit público se dispararía hasta el 10,3% del PIB en 2020, pero en ese cálculo no tuvo en cuenta que el gasto público destinado a pagar los ERTE podría perpetuarse en el tiempo durante buena parte del año, con lo que el desfase presupuestario real de este ejercicio podría ser muy superior.

Un mayor incremento del déficit conlleva a su vez más deuda pública -necesaria para pagar el déficit-, que ya se sitúa por encima del 110% del PIB.

La sostenibilidad de las cuentas, en jaque
Dado que Bruselas activó al inicio de la pandemia la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los estados de la Unión Europea tienen margen para aumentar el gasto público para paliar el impacto de la pandemia -dado que la UE no revisará su déficit este año-.

España cuenta con esa baza, pero cuanto más incremente el déficit y la deuda, más dudas habrá acerca de la sostenibilidad de sus cuentas públicas, más podría costarle financiarse en los mercados (si se tensiona su prima de riesgo) y más esfuerzo habrá que hacer en los próximos años para volver a la senda de consolidación.

Es una tentación política evitar el incremento del paro con sistemas de respiración asistida a la economía, pero en algunos casos sólo se pospondrá el ajuste inevitable de empleo y la desaparición de algunas compañías, tal y como ha advertido el Banco de España, porque la crisis del coronavirus ha provocado ciertos cambios en la economía que podrían convertirse en estructurales.

"A Pablo se le hincharon las pelotas"
Jesús Cacho. vozpopuli  23 Agosto 2020

“Brillante la entrevista con Cayetana Álvarez de Toledo que hoy publica El País. Ahí están reflejados, como en una radiografía de cuerpo entero, casi todos los males que asolan a este país y también sus posibles soluciones, que deberían girar en torno a `la construcción de esa alternativa que España necesita’. A ver si Casado se da prisa… Una mujer de talento, tan raro en la derecha española, convertida quizá en el último rompeolas contra el que deberían estrellarse los planes disolventes de Sánchez y sus aliados”.

Es el texto de un WhatsAp que el domingo 16 de agosto remití a muchos amigos con los que comparto impresiones, también sueños y no pocas frustraciones, a través de ese canal. La apostilla del “a ver si Casado se da prisa”, que pretendía aludir a la necesidad de concretar cuanto antes esa alternativa que, según Cayetana, España necesita hoy más que nunca, fue contestada el lunes por algunos con la natural rechifla una vez conocido el resultado del lance: “Pues parece que Casado te ha escuchado y se ha dado prisa en cargarse a Cayetana”.

Ocurrió que “a Pablo se le hincharon las pelotas” (sic) cuando a primera hora del domingo se echó al coleto la entrevista de marras en El País, una pieza dura y sin concesiones, respondida por la aludida con su acostumbrada brillantez, de cuya existencia María Pelayo, jefa de prensa del PP, se había enterado el sábado por la tarde, sin posibilidad material de concretar o enmendar nada, “y todos temblando en Génova a ver qué iba a decir” (sic). Lo que dijo Cayetana pertenece al acervo identitario de esa regeneración democrática que tantos españoles reclaman a la iliberal derecha española, derecha desde hace tiempo desnortada, pero derecha obligada, como ha ocurrido siempre a lo largo de nuestra historia, a llevar a cabo las reformas que España necesita en todos los órdenes para convertirse en ese país moderno y no atrabiliario que esos mismos españoles reclaman, algo que nunca podrá llevar a cabo la izquierda populista que hoy preside Pedro Sánchez con el espolón comunista de Pablo Iglesias y los separatistas.

Hablaba Cayetana de la necesidad de reñir la batalla cultural a la izquierda, batalla a la que el PP renunció de la mano del malhadado marianismo. Que es tanto como decir acometer el rearme ideológico de una derecha convertida en un solar doctrinal desde el segundo Gobierno Aznar y más concretamente desde que Mariano decidiera expulsar a liberales y conservadores del partido tras el congreso de Valencia. Y hablaba, ella tan pretendidamente caricaturizada como de extrema derecha, de la necesidad de un Gobierno de concentración constitucionalista con el PSOE de Sánchez, contraviniendo expresamente las directrices emanadas del partido y del propio jefe máximo, quien reiteradamente ha descartado tal posibilidad mientras al frente del PSOE figure “un tipo tan radicalmente amoral como Pedro Sánchez”.

La discrepancia marca el fondo de un episodio que ha encumbrado la imagen de Cayetana como heroína de última hora, ha dañado las posiciones del PP y ha debilitado sobremanera la figura de Pablo Casado. Mucha tela que cortar. “Pablo llevaba tiempo diciendo que estaba harto de hacer de portavoz de su portavoz, desmintiendo cosas que contravenían las líneas directrices emanadas de los órganos del partido. Por ejemplo, lo del Gobierno de concentración. Por ejemplo, lo de que vamos a repartirnos los puestos del órgano de Gobierno de los jueces, y no vamos a repartir nada, no vamos a entrar en ese chalaneo, Jesús, que habéis comprado la mercancía que os ha vendido una mujer ciertamente muy brillante pero también con una carga de egolatría y narcisismo fuera de lo común. Lo ocurrido no tiene nada que ver con una disputa ideológica dentro del partido. No hay razones ideológicas, no os equivoquéis, Pablo no es Mariano, y esto no es una vuelta al marianismo. No van por ahí los tiros, por mucho que así lo quieran vender algunos exquisitos de la derecha escribidora”.

“Los órganos de Gobierno del partido, la junta directiva y el comité ejecutivo nacional, adoptan una estrategia política y marcan unas directrices que la portavoz debe defender aunque no coincidan plenamente con sus puntos de vista. Su puesto tiene ventajas pero también servidumbres, la más importante de las cuales es respaldar la línea política emanada del partido. Y si no asumes esa obligación, lo tienes que dejar. Si no te gusta, te tienes que ir. Todo menos pretender hacer de la portavocía una especie de compartimento estanco dentro del partido. Que Cayetana es brillante, sí; que a veces dice verdades como puños, también, pero ese puesto tiene unas responsabilidades que ella nunca quiso asumir. Había, además, problemas graves de gestión del grupo, derivados de su dificultad para trabajar en equipo. Al presidente no le ha llegado un solo papel en mucho tiempo desde el grupo parlamentario. Pablo la fichó y apostó por ella, pero no la ha podido sostener. La sensación dentro del partido es de alivio, porque la coordinación va a mejorar mucho”.

Casado sale tocado del lance
El líder del PP sale tocado del lance. Los signos externos del affaire Cayetana son recordatorio nuevo de los viejos males que una derecha acomplejada que ha consolidado su rechazo al talento, a la independencia de criterio, y a la posibilidad de tratar a los ciudadanos como adultos y no como niños dispuestos a tragarse cualquier sapo. “En el PSOE están de celebración: ya mandan también en el PP. Casado ha comprendido que su partido no está llamado a ser alternativa, que lo suyo es repartirse el poder en los órganos constitucionales y esperar a que le llegue la alternancia. Mariano ha vuelto” (Rosa Díez). “En su apego a la meritocracia inversa, izquierda y derecha son iguales. Pero solo la derecha asume los esquemas del adversario y ejecuta a los suyos para complacerlo (Juan Carlos Girauta). “La crónica de un cese anunciado ha terminado y el PP ha vuelto a mostrar su peor rostro, el de la mediocridad, el pasteleo, el seguidismo de las ideas de sus adversarios y la falta de una base conceptual y moral sólida” (Alejo Vidal-Quadras).

Del discurso con el que se presentó a las primarias compitiendo con Soraya Sáenz de Santamaría y que en su día encandiló a la afición cada vez va quedando menos. El marianismo está tan vivo en el PP, su presencia es tan evidente, que el palentino parece haber renunciado a enarbolar la bandera de la regeneración para acomodarse plácidamente en ese bipartidismo imperfecto que hace tiempo -ya en los noventa, que es cuando debería haberlo intentado- renunció a regenerarse desde dentro y ahora solo aspira a acabar con los recién llegados –Podemos y Vox, tras haber dinamitado Ciudadanos- para seguir repartiéndose el pastel hasta más allá de lo razonable. Hasta que el cuerpo aguante o hasta que todo explote y salte por los aires, que también podría ocurrir. Perdido para siempre el PSOE que conocimos en la Transición, ahora en manos de un apuesto mozo de mulas sin escrúpulos, cabe preguntarse si aún hay margen para la esperanza con Pablo Casado. ¿Merece el personaje, a pesar de los pesares, el beneficio de la duda?

Quienes trabajan con él codo con codo, gente con criterio que no necesita lamerle las botas para ganarse la vida, confían en la valía del personaje y la solidez de sus valores. “Es el reverso de Mariano, un verdadero adicto al trabajo que nos lleva con la lengua fuera, al que le gusta leer y estudiarse los temas a fondo. Un hombre que quiere saberlo todo, con una profunda carga ideológica y una idea clara de lo que quiere hacer con España”. ¿Por qué, entonces, esa imagen de tipo débil que proyecta, instalado en la duda permanente, al que los barones parecen haber doblado el pulso? Su esperado discurso del miércoles ante la Junta Directiva Nacional, tras “lo” de Cayetana del lunes, resultó ideológicamente romo. El PP sigue ayuno de ese proyecto para España que tantos ciudadanos reclaman.

En unos pocos meses vamos a conocer la suerte definitiva de la vieja balsa de piedra que hoy navega sin rumbo"

Lo que parece evidente es que el episodio ha colocado a Pablo Casado Blanco, 39 años, en el disparadero, obligado a demostrar de una vez por todas si es el tipo de criterio y con proyecto que dicen sus exegetas, o estamos ante el hombre permanentemente instalado en la duda que parece transmitir muchos de sus actos. La incógnita no va a durar mucho tiempo. Su futuro, y probablemente el de España entera, se va a dilucidar en unos meses, un tiempo que ya está encima, el de un otoño calamitoso que se aproxima a marchas aceleradas con toda su carga de desgracias imaginables dispuestas a caer sobre un país cuarteado por 17 taifas sumidas en el mayor de los vacíos de autoridad, porque nunca como ahora dio España la sensación de estar sin nadie a los mandos. Con el maldito virus volviendo por sus fueros y la amenaza de un nuevo confinamiento de la población, todas las hipótesis están abiertas, y todas a cual peor. En unos pocos meses vamos a conocer la suerte definitiva de la vieja balsa de piedra que hoy navega sin rumbo.

Si Pablo acepta seguir repartiéndose con el PSOE el botín de la Justicia, o si los barones le hacen pasar por las horcas caudinas de unos PGE contrarios a los intereses generales, el palentino habrá despejado las incógnitas enunciadas en la peor dirección posible. Entonces se habrá acabado cualquier expectativa de una derecha liberal dispuesta a acabar con las taras del pasado. Lo que en ningún caso quiere decir que no pueda llegar un día a la Moncloa. Hemos conocido en la presidencia del Gobierno de España a tipos tan “baratos”, conceptualmente hablando, que Casado no tiene ningún motivo para sospechar que no pueda llegar a ser uno más en la lista. Pero, sin “revolución” cultural y de valores, sin regeneración democrática, eso solo significaría que España seguiría flotando sobre el mar de iniquidad en el que lleva instalada desde hace tiempo.

Sánchez… levántate y anda
Jorge Mestre okdiario 23 Agosto 2020

Como si se tratara del personaje bíblico del Nuevo Testamento, Lázaro de Betania, Pedro Sánchez necesita también ser revivido. España presenta actualmente las mismas cifras de contagios que cuando se decretó el estado de alarma a mediados de marzo y el Gobierno ha vuelto al negacionismo del comienzo de la crisis sanitaria de enero y febrero para asombro de todos. Sánchez ha preferido la tumbona en la playa que atender sus responsabilidades y obligaciones como presidente del Gobierno. No sería la primera vez que un presidente del Gobierno abandonase sus vacaciones y momentos de asueto para volver al puesto de mando, pero en las actuales circunstancias Sánchez ha preferido increíblemente disfrutar de las mismas vacaciones que el año pasado. Como si aquí no pasara nada.

Nos encontramos ante la peor crisis sanitaria que vive el mundo en un siglo y el primer responsable nacional de trazar la estrategia ante un problema de salud pública no puede esconderse en su destino vacacional bajo la excusa de la delegación de competencias en las comunidades autónomas. Las 17 comunidades fueron quienes asumían el papel en la desescalada, pero donde estamos ahora es en fase de nueva escalada. Hasta el propio Fernando Simón, muy desprestigiado por sus rectificaciones constantes y por decir lo mismo y lo contrario en pocos días, advirtió esta semana que “las cosas no van bien”. El responsable de la seguridad de un avión durante el tiempo de vuelo es el comandante o capitán, lo mismo que ocurre en un barco, así que Pedro Sánchez tiene la obligación de coger los mandos. Pero una vez más, llega tarde y mal.

El presidente del Gobierno ha pasado de la sobreexposición constante en los días del estado de alarma, donde presumía de comparecer cada semana en sus famosas alocuciones televisivas de ‘Aló Presidente’ y de reunirse decenas de veces con los dirigentes autonómicos a pegar la espantada. A Pedro Sánchez parecen quemarle los mandos del control de la crisis del Covid-19 y huye de ellos. Resulta muy llamativo que mientras se escudaba en la Ciencia y los científicos para la toma de decisiones durante el confinamiento, ahora se haya decantado por permanecer inerte en la playa y piscina.

La coartada que emplea La Moncloa para exonerar al presidente y dejar caer toda la responsabilidad en la comunidades autónomas es insostenible por cuanto estamos ante un problema de seguridad nacional. La protección del país y de sus ciudadanos ante una pandemia no es competencia de las autonomías, por eso se aprobó el mando único. No estamos hablando solamente de la esperpéntica planificación de la vuelta a los colegios, que requiere indudablemente la coordinación del Gobierno. Proteger los intereses nacionales, implica la protección de los sectores estratégicos y nuestra economía, que batirá este año todos los récords en desaceleración. Pero el presidente sigue en la playa.

Fuera de nuestras fronteras la imagen que se proyecta es la de España, no de la Aragón, Andalucía y Cantabria. Del mismo modo, que cuando se habla de la gestión del coronavirus en EEUU todos pensamos en Donald Trump y no en los diferentes gobernadores estatales, es de Pedro Sánchez y su nefasto papel el que trasciende a la opinión pública internacional. Seguramente a lo largo de esta semana el presidente, una vez finalizadas sus vacaciones, se presentará ante los españoles como el gran redentor del actual desaguisado. Es la clásica recomendación del Rasputín monclovita a Sánchez: “Aparece en el último minuto, casi en el tiempo de descuento, y te marcas un tanto que venga luego bien anotado en el próximo barómetro electoral del CIS”. Puro oportunismo cortoplacista y electoralista. A día de hoy, cada vez me creo más aquella reflexión de hace unos meses de Narciso Michavila que preconizaba que Sánchez no llegaría a finales de 2021 como presidente.

El regreso de Pedro Sánchez
Agustín Pery ABC 23 Agosto 2020

La charla de café en la desierta redacción se centra en la vuelta del gobernante que nunca debió irse de vacaciones. Regresa Sánchez dispuesto a sacar lustre al uniforme de estadista. La cábala es cuánto tardará en reprogramar sus «Aló presidente». El menú elaborado por su chef de cabecera contará como ingrediente principal con uno de los productos estrella cultivados por Iván Redondo. Cuarto y mitad de «os di la libertad y no supisteis usarla». El condimento vale para emplatárselo a las taifas y a todos nosotros. Él agita el salero de nuestro albedrío. Toca pues el Sánchez salvador a quien no le queda mas remedio que corregir nuestra desbocada anarquía. Calará en la polarizada sociedad que no ha tenido más remedio cuando cada nuevo confinamiento es una prueba más de su tremendo fracaso. La sacrosanta función del Ejecutivo es garantizar la libertad de los gobernados y no limitarla por su incapacidad, ahí están las cifras, para domeñar la pandemia.

Ocurre que una de las mayores ventajas de ser de moral laxa es que artilla al político para cambiar de capa cuantas veces le convenga. En esto es un estrella michelin. Aún recuerdo cuando se paseaba por los despachos de los periódicos pidiendo árnica, una oportunidad para un joven que venía a salvar a su partido del flirteo independentista al que amenazaba en sumirle su rival. Entonces, el oponente era Eduardo Madina y Sánchez convenció a todos en las primarias de que el bilbaíno era el aliado natural de los montoneros vascos y catalanes. Si queríamos que el PSOE mantuviera la E de sus centenarias siglas, él y no Eduardo era la opción. Ya ven, año 2014, Sánchez un liberal «salvador de España». Y coló.

Seis años después, el papel a interpretar es otro pero la finalidad la misma: aguantar intramuros. El acento de su engolado discurso disfraza una realidad tozuda. Ha fracasado en la gestión de esta tragedia, ha errado en sus decisiones y abusado de los poderes que le otorga la Constitución. El PP (des)centrado en sus juegos de tronos, anda atribulado porque la pésima gestión empíricamente constatable no parece haber hecho mella en Sánchez y su banda. Quizá porque sus rivales no tienen su catadura, o son tan pánfilos que no se han percatado de que el sanchismo es otra cosa. No aspira a conducir a España hacia la salida. Le basta con pastorearla aunque al resto nos sobre hasta el último muerto cobrado por el desbocado virus.

Revanchismo ideológico para ocultar la pandemia
Editorial ABC 23 Agosto 2020

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunció ayer la inminente tramitación de una nueva ley de «memoria democrática» con la que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretenden dar continuidad a su proyecto para reabrir heridas ideológicas en España y destruir los consensos de la Transición. Se trata de una norma que pretende dar continuidad a la ley de «memoria histórica» aprobada en su día por José Luis Rodríguez Zapatero, pero que esconde, tras la coartada buenista de recuperar la dignidad de los exiliados durante el franquismo, todo un andamiaje de ingeniería social divisora de nuestra sociedad para tensionar y radicalizar a la ciudadanía.

En un momento dramático para España en lo sanitario, lo social, lo económico y lo laboral, la principal preocupación del Gobierno no puede ser la división ciudadana en función de las ideas, ni la prioridad presupuestaria debería ser la previsión de fondos para reabrir fosas de la Guerra Civil, la creación de un banco de ADN para las víctimas de la dictadura o la «resignificación» del Valle de los Caídos, un eufemismo que oculta la obsesión de la izquierda para inflamar a los sectores más extremos de la derecha. La preocupación de España hoy es la reconstrucción real de un país en ruina por la pandemia que ha consentido a su Gobierno mentir con el desparpajo con el que lo ha hecho Sánchez. El otoño promete ser demoledor para millones de trabajadores envueltos en ERTE, ERE e incluso despidos directos, y para cientos de miles de empresarios y autónomos resignados a una recesión que Sánchez ni gestiona ni quiere manejar. De lo que se trata es de saldar cuentas con la historia, reescribirla y dotarla de un aire de revanchismo que en nada conviene en estos momentos.

¿Casado y el PP al servicio del gobierno social-comunista?
Francisco Marhuenda La Razon 23 Agosto 2020

La izquierda anda muy nerviosa porque parece que la década de gobierno socialista que soñaban, aunque sea con sus socios comunistas, se empieza a tambalear. No hace tanto que anunciaban la constitución del gobierno más social de la historia que iba a dar lecciones, además, a nuestros socios europeos. Estábamos ante un nuevo festín del gasto público con el habitual despilfarro socialista, aunque ahora agravado por la presencia de Podemos, y una ofensiva fiscal contra los “ricos”. Esto último se traduce en machacar a los empresarios y las clases medias. Como me recordó en cierta ocasión un importante político del PSOE, cuando llega el PP al gobierno mantiene las reformas que hacemos y así ha sucedido siempre. No le faltaba razón, aunque estoy convencido de que no volverá a suceder. Pedro Sánchez llegaba con renovados bríos despilfarradores y una mochila llena de ingeniería social, porque ya se sabe que la izquierda vive instalada en la superioridad moral y no entiende que haya gente que vote al centro y la derecha. Los líderes de la coalición social-comunista decían en privado que gobernarían dos o tres legislaturas, porque el espacio del centro y la derecha estaba destrozado, aunque hacían la salvedad de que todo podía cambiar si se producía una crisis económica, que tenía que ser más grave que la de 2007, o una catástrofe medioambiental, esto último no lo entendí.

Al final han llegado ambas, aunque la segunda es una pandemia. Es verdad que el centroderecha sigue dividido y esto favorece al PSOE ya que Unidas Podemos parece que está más desunida que nunca y poco puede encontrándose en declive. La destitución de Cayetana Álvarez de Toledo ha sido un auténtico festín mediático para la izquierda que, con una estrategia muy previsible, ha intentado trasladar la idea de que ahora sí se producirá la ansiada sumisión del PP. A esto se une que La Moncloa espera que los empresarios, que confío que influyan menos que mi perra Lolita, y Bruselas se encarguen de poner en vereda a Casado. Es curioso que crean que se producirá una llamada de von der Leyen, Michel, Macron o Merkel para que el PP apoye los presupuestos que quiera el gobierno. La otra batería de llamadas sería las de Garamendí y el IBEX, ya se sabe que en España gusta mucho eso de los poderes en la sombra y si alguien tiene alguna duda que le pregunte a Pablo Iglesias.

En ese sentido, la “Doncella de la Libertad” era, por lo visto, el impedimento para que Casado le regale el CGPJ y el TC a la izquierda y apruebe gratis total unos Presupuestos que nos llevarían a un desastre económico todavía mayor. Por ello, la destitución de Álvarez de Toledo sería el presente del líder del PP para complacer al sistema y a sus “amigos” social-comunistas. El despropósito no puede ser de mayores

dimensiones. A pesar de ello hemos visto sesudos análisis y elaboradas declaraciones para justificar, tanto en la izquierda como en la derecha, que Casado se ha rendido al marianismo y al sorayismo. Es curioso que estos políticos, politólogos desinformados y periodistas animosos olviden la política dura y contundente que hizo el PP a Zapatero cuando estaba en la oposición.

Una regla muy conocida de la política es que la desaparición del líder significa la extinción de los pelotas que le seguían a la espera de un cargo o de mantenerse en él. En cierta ocasión, le comenté a Arriola que había visto a Aznar tenso o distante en una reunión y me contestó que pensaba que los que acudían a verle le hacían la pelota para conseguir un cargo o algún favor. No le faltaba razón. En muchas ocasiones he escuchado a los políticos o directivos ambiciosos decir al líder esa frase de “cuando tú te vayas me iré contigo” o “mantendré tu legado”. Esto hace que no me fíe de quien dice semejante falsedad. El PP tiene ahora un escenario político muy favorable y lo de Cayetana no deja de ser una anécdota, aunque espero que Casado no se vuelva más desconfiado tras esa traición. Es bueno no ser un político profesional al uso. En primer lugar, Sánchez no romperá con Podemos y los independentistas para dar paso a un gobierno de coalición de centro que es lo que necesita España. Lo siento, porque sería lo más adecuado para hacer frente a la pandemia y la debacle económica. Este segundo aspecto producirá un problema social mayor del que la sociedad se imagina ahora que está adormecida por el periodo estival y las ayudas económicas. No hay dinero en caja y el endeudamiento será insoportable. Por ello, se necesitaría emprender reformas profundas, pero con un ejecutivo tan radical lo veo imposible.

Por más que insista el gobierno y su aparato político y mediático es disparate que el PP se someta y alcance acuerdos que abran el paso a la izquierda radical y el independentismo en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Es algo de sentido común. Tras el escándalo de la Fiscalía General del Estado, que muestra el sentido que tienen de la independencia y el respeto al espíritu de nuestra Carta Magna, solo faltaría que se ceda el control de esos dos órganos constitucionales fundamentales a la izquierda y el independentismo. No creo que nadie piense que Casado se ha vuelto loco. Y, finalmente, ¿qué lógica tiene apoyar unos Presupuestos Generales del Estado que sirvan para hacer que la situación económica sea más catastrófica?

Ante la mayor crisis de España: «Tenemos un Gobierno invisible»
El país está aterrorizado con los rebrotes y la mayoría de los 22 ministros del Ejecutivo lo observan desde la playa
Pilar Ferrer. Madrid La Razon 23 Agosto 2020

El estupor es enorme y la indignación creciente entre los empresarios y la comunidad científica. Dos de los sectores más golpeados por la tremenda crisis que asola España. La economía se desmorona, el Producto Interior Bruto (PIB) en picado, con las peores cifras de su historia. Los ERTES impagados y alarmantes cifras de paro. Y lo más terrible, la salud de los españoles en riesgo continuo, bajo unas estadísticas intolerables de muertes y contagios infecciosos. Ante esta catástrofe sin precedentes, el gobierno de Pedro Sánchez brilla por su ausencia, en una clamorosa falta de sensibilidad y escrúpulos. Por ello, dirigentes de las grandes patronales empresariales y científicos internacionales de relieve coinciden en su análisis: «España tiene un Gobierno invisible».

El presidente Pedro Sánchez, se ha pasado diecisiete días de vacaciones a todo plan, a costa de los españoles, muchos de los cuales no han podido veranear, cerrados sus negocios, clausurados sus comercios y, lo que es más grave, con víctimas mortales en sus familias por la pandemia. Insensible a todo ello, Sánchez ha permanecido refugiado entre las rocas volcánicas de Lanzarote y las imponentes dunas de Doñana. Donde, por cierto, se instalaron unas grandes mosquiteras para protegerle del letal virus del Nilo, que ya se ha cobrado dos muertes en tierras andaluzas. ¿Dónde queda el Portal de Transparencia de Moncloa?, que tanto reclamaban los socialistas ante los austeros veranos en Galicia de Mariano Rajoy. En Andalucía se siente que Sánchez ni siquiera se haya dignado visitar algún hospital regional y alentar a los profesionales sanitarios que aún arriesgan su propia vida en favor de los demás.

El resto del gobierno también ha hecho oídos sordos a la catástrofe. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, según fuentes de Moncloa, encargada de ejercer la guardia, ha estado totalmente desaparecida y, su primera aparición ha sido fuera de España para homenajear al último superviviente en el campo de concentración de Mathausen. Loable actitud pero que contrasta con los miles de muertos por el Covid-19 en nuestro país. Familiares, médicos y personal sanitario, muchos de ellos infectados, aseguran que «causa vergüenza tal comportamiento». Por no hablar del otro vicepresidente, Pablo Iglesias, muy indignado por un extraño escrache en tierras asturianas. Lo que un día, en ataques al PP, él definió como «Jarabe Democrático», es ahora «un hostigamiento por motivos políticos y reclamar la república». Curiosa y doble vara de medir. La casta, es la casta.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la titular de Hacienda, Maria Jesús Montero, han disfrutado de sus vacaciones en la costa gaditana. Pero ni una mención a las cifras alarmantes de la economía, las cuentas que reclama Bruselas y los Presupuestos del Estado en el aire. La Seguridad Social está en números rojos y muchos empresarios se preguntan: ¿Dónde está el ministro del ramo, Jose Luis Escrivá?. Nadie lo sabe. La ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, tiene sobre su mesa un buen panel de ERTES impagados y terribles datos de paro. Ajena a ello, se la ha visto en las costas gallegas, donde según los vecinos, tiene una más que confortable casa en El Ferrol. De la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en teoría, presidenta del Comité de Crisis de la pandemia ni está, ni se la espera.

En el sector sanitario, científico y educativo la displicencia es absoluta. Al ministro de Sanidad, Salvador Illa, se le ha visto practicando senderismo por el Matarraña Turolense, en el bajo Aragón, una de las comunidades más azotadas por la pandemia. Y por las que el titular de sanidad ha pasado sin una sola visita o una sola reunión con los afectados y profesionales de la zona. Capítulo aparte merece, el titular de Ciencia, un tal Pedro Duque, que ha sido fotografiado en las costas alicantinas de Jávea, donde disfruta de una exclusiva villa. Científicos internacionales han intentado entablar contacto con el ministerio para debatir la estrategia que España seguirá para el abastecimiento de las futuras y más eficaces vacunas y terapias más actuales frente al Covid-19. Ni un teléfono, ni una respuesta. Muchos científicos españoles, líderes en la lucha mundial contra el coronavirus y que no han podido disfrutar de vacaciones, denuncian la falta de previsión y protocolos específicos ante el desastre que se avecina: «Este ministro sigue en la luna».

Otro flanco vergonzante es el educativo. La potentada ministra Isabel Celaá, a tenor del patrimonio declarado en el Congreso de los Diputados, se ha recluido en su lujosa residencia vasca de Neguri, ajena a millones de familias que desconocen cómo se afrontará el curso escolar. Un escándalo en toda regla unido al del titular de Universidades, el ministro Castells, totalmente escondido ante una comunidad docente, clamorosamente desconcertada. «La educación les importa muy poco», afirman rectores, decanos e, incluso, estudiantes en su día votantes de la izquierda. «El caos y la incertidumbre son absolutas», denuncian estas fuentes.

Y la guinda, la han puesto la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, tercera autoridad del Estado, y su pareja, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Ambos fueron vistos y fotografiados en las costas gaditanas de Barbate. Para colmo, en compañía de los condenados por los ERES, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en amable conversación y sin utilizar las obligatorias mascarillas, como denunciaron los medios locales y vecinos al propio ayuntamiento barbateño por el riesgo sanitario que supone. «Estos se creen inmunes», comentaban varios vecinos que cumplían rigurosamente las normas en la misma playa. Por cierto, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también ha estado silente ante los feroces ataques de Pablo Iglesias contra la independencia de los jueces.

Pedro Sánchez, por fin, ha llegado a la Moncloa, se supone que agotado por su periplo veraniego. Con la economía destruida, la sanidad al borde del colapso por contagios y muertes incontroladas, el paro en cifras alarmantes, su socio de coalición, Unidas Podemos, al borde del banquillo, unas envenenadas elecciones catalanas en el horizonte y una crisis institucional contra la monarquía, sin precedentes, parece poco probable que sus ministros y diputados palmeros le vuelva a aplaudir en el Congreso, en un acto de caudillismo parlamentario nunca visto. Como dicen destacados dirigentes de la CEOE y de la comunidad científica: «Más que aplausos, este gobierno sólo se merece pitidos».

El ex presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre su recurso en el caso de los ERE, mantuvo una conversación con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la popular playa gaditana de Zahara de los Atunes. Allí, el diario local «ElMira.es» les fotografió manteniendo una distendida charla durante varios minutos en la que ninguno de los dos llevaba puesta la mascarilla. Desde el pasado mes de julio, el gobierno de la comunidad andaluza decretó el uso de esta barrera de protección en las playas, incluso durante los paseos por la orilla bajo multas de 100 euros.

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LAS PARTIDAS SUPERFLUAS DE LOS PRESUPUESTOS (I)
Partidas ocultas y pagos desfasados: así despilfarra España millones de euros
Desde economatos y bares en los ministerios a manguerazo de dinero a todo tipo de sindicatos, partidos, asociaciones, a carreras de caballos, fútbol, scouts…
Francisco Núñez www.vozpopuli.com 23 Agosto 2020

Mientras Bruselas decide el destino de las ayudas de la UE para combatir los efectos económicos de la pandemia, el Banco de España ha recomendado al Gobierno una revisión “exhaustiva y rigurosa” de todas las partidas de gasto de los Presupuestos para eliminar las que sean “superfluas” o que ya no respondan a los objetivos iniciales. Lo que es evidente es que los presupuestos de todas las administraciones están moteados de un corolario de partidas (muchas de ellas embozadas en conceptos difíciles de entender), que se repiten año tras año sin que se sepa su objetivo y sentido. Muchas de estas partidas tendrían que ser revisadas y otras deberían ser suprimidas para recortar el ingente gasto público improductivo. De esta forma, se podrían afrontar nuevos compromisos de gasto, como los relacionados con la sanidad o el cambio de un modelo de crecimiento económico estable para el empleo.

El gasto en salarios públicos sube el doble que en las empresas privadas en el inicio de la pandemia

Desde los años ochenta se repiten la misma estructura y conceptos presupuestarios, lejos de los objetivos de ‘base cero’ que se han preconizado en algún momento por los partidos mayoritarios cuando estaban en la oposición para que los gastos tengan que ser justificados en cada nuevo periodo analizando su función para determinar sus necesidades en lugar de los Presupuestos por programas que no han funcionado nunca. El conjunto de las Administraciones Públicas (incluyendo las pensiones) se gastaron en 2019, antes de la pandemia y con un crecimiento del 2% de la economía, casi 522.000 millones de euros (42% del PIB), un 4,1% más que en el año precedente incrementando el déficit hasta el 2,8% del PIB.

El gasto público en 2020, sin un presupuesto oficial, con la economía en recesión y los efectos de la pandemia, se ha desbocado. Se hace necesario por tanto un ajuste porque una subida de impuestos generaría un mayor parón de la economía, como ha señalado Bruselas. El sector público dedicó en 2019 casi 13.000 millones de euros a subvenciones, que hay que revisar y actualizar, y, por ejemplo, más de 134.000 millones a pagar nóminas públicas y 33.000 millones a trasferencia sociales en especie, así como 64.000 millones en consumos intermedios. Sin embargo, a la inversión pública, generadora de empleo y crecimiento, sólo se destinaron 25.000 millones, 3.000 millones menos que a abonar los intereses de la deuda.

Toca meter la tijera al gasto superfluo, improductivo y generador de mayores costes corrientes de todas las Administraciones así como de sus organismos satélites. En todo caso, las partidas de los Presupuestos Generales del Estado que elaboró el PSOE para 2019 (están en vigor los de 2018 elaborados por el PP a golpe de ampliaciones de crédito), que fueron rechazados por el Congreso, dejan en evidencia el poco interés político por realizar cambios. Sólo hay que ver el aumento de ministerios, altos cargos y asesores y la existencia de casi 20.000 organismos públicos entre Administración Central, Autonómica y Local (hay un ente por cada 2.300 habitantes). Se trata de muchas partidas incongruentes con los tiempos que corren, algunas no muy significativas individualmente desde el punto de vista económico, pero todas suman cantidades muy importantes.

El bar y el restaurante del Congreso
Bajo el concepto de “transferencia a empresa privada”, el Congreso de los diputados destina casi 1,2 millones de euros a subvencionar que los precios del bar y el restaurante de la Cámarase sitúen por debajo del mercado para que sus señorías paguen por un café o una cerveza cerca de 0,90 céntimos o algo más de 9 euros por un menú. Todos los ministerios, instituciones y organismos públicos mantienen también subvenciones para “economatos y comedores”. Destaca, por ejemplo, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) disponga de 531.000 euros para financiar esta partida o que el organismo autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (del antiguo ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) disponga de 321.000 euros mientras que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía tenga una ayuda de 544.000 euros o que hasta el Instituto Geológico y Minero tenga habilitados 42.000 euros.

Llama la atención que, además de las subvenciones oficiales, los partidos y los políticos (también la Casa Real) dispongan de otras partidas enmascaradas en otras secciones. Así, en Exteriores hay 150.000 euros para las Fundaciones de los grupos políticos o 450.000 más en Cultura para sus fundaciones o asociaciones dependientes para “el desarrollo del pensamiento político”. Algo similar sucede con todo tipo de sindicalismo o asociacionismo, de clase o no. A esto se añade un flujo de dinero inexplicable a Hermandades de Jubilados (18.000 euros en Hacienda), o asociaciones profesionales (18.000 euros para los letrados del Tribunal Constitucional; 460.000 para las organizaciones judiciales del CGPJ o 292.000 euros para la de la Guardia Civil para “el refuerzo de la imagen institucional”) u otro tipo de agrupaciones como la recreativo cultural y la de padres de la guardería del extinto MOPU en Fomento (187.000 euros) o la organizadoras de carreras de caballos (450.000 euros) o las federaciones de scouts y otros movimientos como la Federación de Gays, Transexuales y Bisexuales (442.000 euros en total).

También hay partidas sorprendentes como la financiación del Estado a la jubilación anticipada de la policía autónoma vasca (16,6 millones); la compensación financiera al País Vasco derivadas del Impuesto sobre Labores de Tabaco (134 millones) o también los 246 millones al Gobierno de Euskadi como compensación por la regularización del cupo vasco tras el acuerdo del PP con el PNV para apoyar los Presupuestos de 2018. Hay que sumar también 1,4 millones de euros más (para el País Vasco y Navarra) por “costes de traspaso fuera de cupo”, que curiosamente figuran en el Presupuesto del Fondo Español de Garantía Agraria (organismo autónomo de Agricultura).

Por su parte, Cataluña se lleva 150 millones euros en concepto de regularización de la financiación revisada de los Mossos d'Esquadra. Además, la primera parte de la equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con la policía autonómica catalana aparece dotada con más de 250 millones de euros.

Partidos, sindicatos y realeza
En 1978, cuando se configuró y aprobó la Constitución Española, hubo que dotar financieramente a los agentes democratizadores, entre ellos los partidos, los sindicatos y todo tipo de movimiento asociativo. Pero, han pasado ya más de 40 años y conviene darle una vuelta a este marasmo de partidas directas e indirectas improductivas en su mayor parte.

Para los partidos los Presupuestos del PSOE para 2019 recogían en Interior una financiación de 53 millones, más otros 70 millones por el resultado de las elecciones generales y otros 3 millones más para sufragar gastos anuales de seguridad (escoltas). Las asignaciones para partidos y políticos son también importantes en el Congreso y Senado, sin que dependan de su productividad, la asistencia o, por ejemplo, las necesidades del país.

Los grupos políticos tienen una subvención que se acerca a los 18 millones anuales. Con este dinero ni siquiera pagan a la inmensa cohorte de más de 450 asesores contratados a dedo de que disponen. Se carga al Presupuesto General y cuestan más de 12 millones al año. En cuanto al sueldo de los políticos, la asignación constitucional supone coste de unos 38 millones. A ello hay que añadir otros 18 millones de indemnización por razón de su servicio, una especie de dieta que cobran diputados y senadores en 14 pagas haya actividad o no (cada político que no pertenece a la circunscripción de Madrid cobra por este concepto 28.000 euros anuales y la mitad los de la capital). Curiosamente esta remuneración (la cobran también los ministros que siguen siendo diputados o senadores), que representa casi un tercio del sueldo global de los representantes políticos, no tributa a Hacienda (así lo decidieron sus señorías). En total, la actividad legislativa del Estado cuesta a los españoles más de 200 millones.

Las subvenciones a sindicatos y organizaciones de todo pelo no tienen límites. Sánchez ha vuelto a incrementar las ayudas a los sindicatos de clase que ajustó Rajoy. Hay partidas por todas las secciones de los Presupuestos Generales. El Ministerio de Trabajo acumula 9,5 millones a las centrales en función de su representatividad, más otros 2,9 millones para compensarles por su participación (también a la CEOE) en los órganos consultivos. Otros 2,2 millones aparecen para la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), donde también figuran CEOE y Cepyme, y otros 44,2 millones constan en la Fundación Tripartita (UGT, CCOO y CEOE) para la Formación en el Empleo. También destina este departamento 2,5 millones para la inversión nueva y de reposición en los inmuebles del patrimonio sindical acumulado (en manos de los sindicatos y de la CEOE, por ejemplo, su sede nacional).

Al Consejo Económico y Social (CES), con representación de sindicatos y patronal, destina otros 7,2 millones. La patronal percibe además otros 150.000 euros para realizar el programa de liderazgo y promoción de mujeres directivas del Instituto de la Mujer, que también dota con 80.000 euros a cooperativas agroalimentarias y a la asociación nacional de mujeres de la pesca.

El manguerazo es importante en una lista de ayudas interminable: a las mujeres deportistas (2,4 millones); a los sindicatos de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos (350.000 euros); a federaciones y asociaciones deportivas (77,2 millones); al fútbol (28,4 millones para la Liga Nacional y Real Federación); a las organizaciones sindicales de la Policía Nacional (237.000); para compensar a sindicatos por su participación en el Consejo de la Policía (23.000); por participación de los sindicatos en los órganos de negociación colectiva de los centros docentes no universitarios (92.000); al apoyo institucional de los sindicatos de la enseñanza privada (481.000); a ayudas a las confederaciones y asociaciones de padres de alumnos (860.000).

Además, se encuentran otras como las destinadas al fomento del trabajo autónomo (3,4 millones); a las CCAA para la formación de actividades emprendedoras de los trabajadores autónomos (1,4 millones); a centros y entidades de formación (8,3 millones); a agrupaciones empresariales innovadoras (10 millones); al emprendimiento joven (200.000); a organizaciones agrarias sin especificar (1,8 millones); a sindicatos del sector agroalimentario (376.000); al fomento del cooperativismo agrario (2,8 millones); a la Federación de Regantes (100.000); a los jóvenes en el medio rural (un millón); al fomento del asociacionismo rural (180.000); a actuaciones de la mujer rural (843.000); a la organización de selvicultores (100.000); al apoyo instrumental en la negociación colectiva de empleados públicos (1,2 millones); a los sindicatos de trabajadores del sector agroalimentario (23.000); a la subvención al movimiento asociativo de la mujer (600.000); a ayudas a las cooperativas de consumo (3,1 millones); a financiar sindicatos universitarios (65.000); a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (219.000); a la Cooperativa Agroalimentaria de España (219.000); a la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderos (219.000); a la Unión de Pequeños Agricultores (219.000); y, por ejemplo, también a la Unión de Agricultores y Ganaderos (91.000).

Por su parte, la Casa Real dispone de 8 millones de gasto para su mantenimiento. Aunque se trata de un Presupuesto aún poco transparente, y que ahora parece ser menos abultado por los últimos cambios producidos sobre las percepciones de sus miembros, se desconoce, por ejemplo, cuál es el gasto que ocasiona a otros departamentos como Interior, Defensa o Exteriores para atender la seguridad o los viajes. Entre la maraña de partidas del resto de ministerios se puede entresacar que Presidencia tiene una consignación de 6,3 millones para “Apoyo a la gestión administrativa” de la Jefatura del Estado (gasto en funcionarios) así como otros 300.000 euros para la Fundación Princesa de Asturias. Además, el organismo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional dispone de 2,7 millones para “los gastos derivados de párrafo 1 artículo 2 de la ley 23/82….”, que no es otra cosa que una dotación para atender los bienes afectados al uso y servicio de la Casa Real. A ello, hay que añadir, por ejemplo, otros 240.000 euros más para gastos protocolarios y representativos derivados de “actos institucionales”.

Con Cuca en vez de Cayetana, ya sólo falta el bolso de Soraya
Federico Jiménez Losantos  Libertad Digital 23 Agosto 2020

Casado renuncia a que el PP intervenga en una sociedad conformada por socialistas, comunistas y separatistas. No se quiere cambiar nada.

Casado ya no cree en Casado y el PP no cree en el PP como partido político sino como gestora de intereses municipales y regionales que, de vez en cuando, gestiona los del Estado. El PP no renuncia al Gobierno pero sí al Poder, que depende de las leyes y las ideas vigentes en una sociedad. En el Congreso, Casado no pone otra portavoz, cosa razonable si fuera igual o mejor que la anterior, sino una gestora de trámites parlamentarios.

Lo primero que ha hecho la oradora de Logroño -cuyo gran éxito no ha sido ser la alcaldesa más votada, como dice Casado, sino perder la alcaldía porque se empeñó en seguir- ha sido pedir a Sánchez que "cese" a Iglesias, forma de reforzarlo que pronto tendrá habilitada ventanilla telemática. El eco de tan audaz iniciativa, que interfiere varias investigaciones judiciales, ha sido nulo. Pero pronto tendrá ocasión de estrenar su talento. Dice que "hay que salir de las trincheras". Barrunto que ya tiene peluquero de Bildu.

La coartada de Martínez Almeida
En el escrache a Cayetana, porque eso estamos viendo por parte de los Teócratas del partido y sus 'hashsihins' mediáticos, que degrada de forma irreversible la imagen de Casado entre los liberales, no sé si pocos o muchos, pero los únicos que lo apoyamos, me sorprendió la colaboración de Martínez Almeida, a quien conocí tan devoto de Cayetana como Casado, hasta que un día lo elogió Felipe González y tras él toda la Izquierda para atacar a Díaz Ayuso. Como viperinamente señala Lucía Méndez, ya es el nº 3 del PP… como Gallardón. No sé si lamentará esta traición ética y estética, infame en un colchonero, como Gallardón de mayor, o heredará, por Cuco, el erial. Pero ser coartada de la purga interna del PP hunde su imagen. Y cuando le exijan devolver ese préstamo progre con intereses que no puede pagar, será el sayón opusdeísta en la quema de la bruja laica. Al tiempo.

Para Cuco Casado, el sustituto ideal de Cayetana era Marhuenda, que ya fue Secretario de Relaciones con las Cortes y se ha significado, no diré distinguido, por su ferocidad atacando a Cayetana por dos graves delitos: el público de haber sido destituida y el privado de haber dicho que La Sexta, del mismo grupo que La Razón, ataca el régimen constitucional siendo una concesión del Estado. "Palabras como puños", le reprocha Casado, sin duda comparándola con Ferreras y señora, tan delicados siempre al tratar al PP.

En cuanto al símbolo del partido, la gaviota o "rata del aire", en realidad charrán, también debería ser sustituido por el bolso de Soraya, al cabo la fiel imagen del PP que estalló: el cultivo de intereses personales y la abdicación de los deberes nacionales. También es lo último que vimos de Rajoy, que prefirió irse a beber y dejar en el Gobierno a Sánchez antes que convocar elecciones y que pudiera ganarlas Rivera. Hasta ahí podíamos llegar. Ana Pastor, eterna renovadora moderada, gestionará bien el bolso.

Los palmeros del PP, que los tiene, porque entran como cuota en las tertulias del duopolio golpista, defienden, al unísono con los palmeros del Gobierno y los portavoces de los partidos separatistas y comunistas, que la sustituta de Cayetana es una mujer que "trabaja mucho", y es "humilde". No lo será tanto cuando se atreve a sustituir a la que los mismos palmeros dicen que era brillante pero mala para el PP, ahora que lo ha dicho Casado.

Cuca y su "Ante todo, mujer"
También le dijo Casado a Cayetana que el PP "no debía entrar en la guerra cultural". Es lo contrario de lo que él dijo para llegar a presidente del PP. Pero el PP siempre entra en las batallas culturales. Lo que pasa es que, para no darlas, lo hace al lado de la Izquierda. Precisamente Cuca Gamarra fue la que defendió públicamente, contra Cayetana y Díaz Ayuso, que el PP debía ir a la manifestación del 8M y que iba a hacerlo con el lema que parece un título de Sofía Loren de los años 50: "Ante todo, mujer". Ni persona, ni ciudadana: mujer, sexo ante todo. Le sobra el voto.

En lo que no entró el PP fue en la batalla cultural entre el feminismo liberal y el totalitario o discriminatorio, también llamado feminazi, ni se enteró de que el 8M se planteaba una guerra abierta entre el feminismo discriminatorio del PSOE, el de la Ley de Violencia de Género, y el queer de Podemos. Eso discutían en la pancarta la vicepresidenta de Sánchez, la mujer de Iglesias y la mujer de Sánchez. Todas, también ante todo, "mujer de". Y todas infectadas. Las del PP iban al final del infectódromo y así no le tiraron orines como a las de Ciudadanos en el Orgullo, pero insistieron.

Cayetana, que por disciplina asistió al aquelarre "Ante todo mujer", sí entró de lleno en el debate fundamental: si el feminismo, cualquiera de ellos, puede atribuirse la representación de todas las mujeres, si el 8M las representaba a todas porque, como dijo Carmen Calvo, "les iba la vida". A muchas, efectivamente, les fue, porque se infectaron y murieron. El PP cuco sabía del peligro, aunque luego lo negara, pero fue al 8M. ¿A qué? Y Público editó un vídeo contra Cayetana que la reivindica. En él decía:

"No hay una ideología machista que decida someternos a las mujeres por el hecho de ser mujeres". "No somos bloques las mujeres. No somos un colectivo identitario. No todas pensamos lo mismo. No todas somos iguales. No todas sentimos lo mismo. No todas nos identificamos de la misma manera".

"En mi nombre no puede hablar nadie. No habla en mi nombre ni un hombre ni habla en mi nombre una mujer". "¿Por qué tiene que hablar Carmen Calvo en mi nombre o Irene Montero en mi nombre? ¿Porque yo nací con los mismos órganos que ella? ¿De verdad vamos a caer en eso?

"A mí que no me metan en un bloque monolítico granítico llamado "mujeres" y no me digan que tengo que pensar de una determinada manera".

"No nacemos víctimas. Porque la victimización es el primer paso al dominio y el sometimiento por parte de otros". "No son los machos los que han decidido que las mujeres somos las que tenemos niños, es algo llamado naturaleza".
 


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