AGLI Recortes de Prensa   Lunes 24  Agosto  2020

El incesante endeudamiento de Sánchez
José María Rotellar Libertad Digital 24 Agosto 2020

Mes tras mes, los datos de endeudamiento público, que recoge en sus publicaciones el Banco de España, muestran la tendencia de crecimiento exponencial que ha cobrado la deuda pública española desde que el presidente Sánchez accedió al Gobierno de la nación, tras la moción de censura al presidente Rajoy.

Ese incremento vertiginoso y sin freno tiene su base en que la presión del gasto es cada vez mayor en España. Tanto la caída de la actividad como el incremento del gasto y, con él, del déficit y de la deuda, no puede atribuirse en exclusiva a la situación excepcional que se vive derivada del coronavirus. Es obvio que el impacto de la pandemia en la economía es notable, sobre todo porque el Gobierno decidió cerrar completamente la actividad económica por no haber tomado unas precauciones tempranas, como cerrar en enero las fronteras con China, y porque ahora ha abandonado por completo a la economía a su suerte. Ahora bien, antes de la enfermedad, la economía ya se ralentizaba de manera cada vez más intensa y el gasto no dejaba de crecer de forma rápida.

Así, sólo con las medidas de los reales decretos de los viernes se comprometió gasto estructural por cerca de 10.000 millones de euros, en lugar de adoptar medidas de austeridad que hubiesen permitido tener una mayor capacidad de maniobra ante un retroceso económico, fuese uno como el presente o de menor intensidad, como se preveía.

Sin embargo, con una deuda cercana al 100% del PIB pero que había logrado ir descendiendo gracias al impulso del crecimiento económico -pues la deuda en valores absolutos seguía aumentando, al mantenerse las cuentas públicas en déficit cada año- el Gobierno tomó la arriesgada decisión de expandir el gasto de manera temeraria.

Ahora vemos las consecuencias de ello: una deuda creciente, que ha pasado del 97,6% con el que cerró 2018, al 95,5% del cierre de 2019 y que ahora se eleva al 115,22% de junio de 2020, según los datos de deuda del Banco de España y la previsión de crecimiento del PIB nominal del ministerio de Economía plasmada en la Actualización del Programa de Estabilidad enviada a Bruselas el treinta de abril (página 33 de dicha actualización).

En dicho cociente, ya está comenzando a operar el efecto negativo tanto en el numerador como en el denominador, pues la deuda aumenta en 101.038 millones de euros entre diciembre de 2019 y junio de 2020 y el PIB se estima que se reduzca en 125.775 millones de euros de 2019 a 2020.

Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 132.568 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de algo más de ocho trimestres de mandato el incremento supera ya los 130.000 millones citados anteriormente.

Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de dos años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 2.800,93 euros, casi tres veces y media el incremento del primer año.

O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras algo más de dos años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 174,20 millones de euros cada día.

Y todavía el incremento se nota más si analizamos el aumento diario de deuda sólo en el último mes. Así, en mayo de 2019, tras un año de la llegada de Sánchez, la deuda se incremento diariamente en ese mes en 400 millones. Ahora, a los dos años de su llegada al banco azul, en junio de 2020 se ha incrementado la deuda 1.035,06 millones de euros cada día.

Tenemos esta triste realidad: un incremento exponencial del gasto, una caída en picado de la recaudación y un descenso notable del PIB. Todo ello, hará que la deuda española se sitúe este año entre el 115% y el 125% del PIB, dependiendo de cuál sea la intensidad final del movimiento de déficit y PIB, siendo factible que supere el 130% en 2021.

Por eso, es importantísimo que la UE no le deje a Sánchez malgastar los fondos que le han adjudicado a España. Las condiciones supondrán un freno a las políticas populistas, alentadas por la parte podemita del Gobierno (y apoyadas por Sánchez hasta ahora, frente a Calviño), de manera que Sánchez, si se volviese sensato, se desembarazaría de Podemos y aplicaría una política económica ortodoxa. Si no lo hace, España no recibirá los fondos, el estancamiento estará garantizado y la deuda seguirá incrementándose peligrosamente, con los problemas de sostenibilidad y crecimiento económico que han señalado en diversos informes tanto la AIReF como el Banco de España.

Asesores, altos cargos, productividad, dietas, material de oficina, suministros, alquileres, reuniones, trienios o nóminas: un chorreo de más de 35.000 millones
Francisco Núñez Vozpopuli 24 Agosto 2020

El millar largo de asesores del actual Gobierno, contratados a dedo sin que se conozcan sus méritos o formación académica (ni su sueldo), va a suponer este año un coste superior a los 55 millones, una cifra inédita en los Presupuestos Generales del Estado. Hasta el Tribunal de Cuentas tiene contratado a personal de confianza de sus altos cargos, con un gasto inicial de 1,4 millones; el Consejo de Estado llega a 388.000 euros, mientras que Defensa supera los 1,1 millones.

Llama la atención que también contraten a este tipo de personal ministerios con las competencias transferidas a las CCAA, como Educación (medio millón de euros) o Sanidad (200.000). Hay que incluir también a departamentos como el de Política Territorial y Función Pública, que se dedica a atender las cuestiones relativas a los funcionarios pero que tiene presupuestado un gasto en asesores procedentes del sector privado de casi 800.000 euros, mientras que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional dispone de más de 1,5 millones para ello. Presidencia es quien lidera el gasto, por encima de los 10 millones. Parece evidente que es necesaria una revisión de esta y de otras muchas partidas que tienen que ver con la política de gasto de personal y gasto corriente equidistantes de lo que sucede en el sector privado.

El coste de los altos cargos, muchos de ellos también nombrados a dedo y ajenos a las Administraciones Públicas (incluso afecta a directores generales pese a que existe una ley que lo impide si no se justifica), puede acercarse a fin del ejercicio a los90 millones. Llama la atención el enorme gasto de la cúpula de Defensa de más de 1,1 millones o el de Exteriores (1,6 millones). Una de las causas es la acumulación de trienios, es decir, los pluses que perciben por la antigüedad de que disponen como consecuencia de la estabilidad en el empleo. Hay quien acumula más de 15, es decir, lleva casi 50 años en el sector público, algo inédito en el sector privado en el que ya no se abonan los trienios porque según la patronal estos pluses salariales no priman la productividad.

Todo esto supone un envejecimiento en todas las Administraciones, ajeno a la modernización, actualización y competitividad que se requiere. Por ejemplo, la antigüedad acumulada de los más de 400 altos cargos de los ministerios que son funcionarios supera los 13.000 años (casi 4.500 trienios en total). El cobro de este plus genera en la Administración Central un gasto de 1.200 millones anuales y lo perciben incluso los funcionarios que han salido de su puesto y se dedican, fichados por los partidos, a la actividad política. En esta cifra no se incluye el gasto que se produce en los diversos organismos y empresas públicas. Todos los ministerios tienen su partida para abonar la antigüedad. Por ejemplo, la Jefatura Central de Tráfico destina 34 millones a este pago y más de 53 millones la Agencia Tributaria.

En incentivos al rendimiento, es decir, a la productividad (y gratificaciones), que en muchos casos se conceden sin criterios objetivos por parte de los subsecretarios o de otros altos cargos de los departamentos, el Estado destina más de 1.100 millones. En la Agencia Tributaria, que se enmarca dentro de los objetivos de la recaudación en la lucha contra el fraude (una especie de comisión por acta liquidada y no recurrida), el coste es de 83 millones, mientras que en el Ministerio de Hacienda supera los 38 millones. Sorprende que en el Senado haya una partida de 800.000 euros para esta función mientras que en el Congreso de los Diputados sólo es de 70.000 euros.

También llama la atención que Educación, sin competencias, disponga de casi 4,5 millones para este desempeño y que Sanidad supere los 15 millones. O que el Instituto Geológico y Minero tenga más de 1,1 millones. Por su parte, Trabajo dispone de casi 5,8 millones y Transición Ecológica de otros 5 millones, una cifra similar a la de Presidencia. También son reseñables los incentivos a Tráfico (primas según los objetivos de poner multas), llegan a casi 50 millones.

Para los gastos sociales de los ministerios (desde formación, economatos, comedores, transporte, cursos, seguros, seminarios y acción social en general, que incluye ocio, viajes, bienestar, salud, belleza, guarderías, escuelas infantiles e incluso estudios universitarios, campamentos, becas, idiomas, asistencia, residencias, atenciones, ayudas para libros…) los Presupuestos Generales estiman más de 250 millones mientras que en el sector privado han desaparecido prácticamente de los convenios. Interior dedica sólo a acción social casi 19 millones y, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas se acerca a los 900.000 euros mientras que el personal de Hacienda tiene 1,1 millones y el de la Agencia Tributaria 3,4 millones.

23.000 millones en nóminas
En total, la Administración Central dedica a nóminas unos 23.000 millones, excluyendo a las empresas y otros organismos. Pero, este Presupuesto inicial tiene letra pequeña porque en realidad es superior. Por ejemplo, no constan como gasto en esta partida los más de 450 millones que se abonan en concepto de dietas a los empleados públicos (indemnizaciones por razón de servicio) por los distintos ministerios y Cortes. Aparecen en el capítulo de gastos corrientes. Por ejemplo, Agricultura tiene 2,2 millones para abonar dietas y locomoción de sus empleados y 2,4 millones hay en el programa de Presidencia del Gobierno. Interior es el departamento con la mayor partida, cuenta con casi 130 millones. Le sigue Defensa con cerca de 95 millones.

Tampoco en esta partida general de los gastos de personal aparecen los conciertos de asistencia sanitaria privada de que disponen los empleados públicos (civiles, militares y de Justicia) y al que pueden optar anualmente o elegir la asistencia de la sanidad pública de la Seguridad Social. Las aportaciones de los Presupuestos al mutualismo privado se cargan también al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios y superan con creces los 2.000 millones anuales. Por ejemplo, la vicepresidenta Calvo fue atendida en un hospital privado cuando resultó afectada por el coronavirus. Curiosamente, el presidente del Gobierno tiene una asignación de 150.000 euros para este tipo de asistencia; a 7,1 millones ascienden los conciertos de asistencia sanitaria de las instituciones penitenciarias y a 6.000 euros llega también el gasto previsto del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales adscrito a Presidencia.

En el capítulo de gastos de personal tampoco figuran los 16.000 millones que cuestan las pensiones de los funcionarios adscritos al régimen de clases pasivas (los que ingresaron en la Administración antes de 2011). Cada año debe hacerse una dotación para esta partida ya que, aunque los empleados públicos sí pagan sus cotizaciones, el empleador (el Estado) no abonó las cuotas patronales que le deberían corresponder. Por tanto, hasta 2011 era más barato contratar en el sector público que en el privado porque las Administraciones no pagaban la parte de cotizaciones que como empresarios deberían realizar.

Ese agujero anual para atender a las 900.000 pensiones públicas en clases pasivas (similar al de sistema de pensiones de la Seguridad Social aunque atiende a 9,2 millones de personas) se carga al Presupuesto en el capítulo de Transferencias Corrientes. La Seguridad Social gestionará a partir de octubre el sistema de clases pasivas y se supone que el gasto no correrá a cargo de los afiliados del sistema público de pensiones sino que los Presupuestos le realizarán la transferencia preceptiva. En esta sección figuran también las pensiones a exministros (2 millones), otras excepcionales por méritos e indemnizaciones militares (5,6 millones), así como las pensiones de guerra o los casi 4 millones destinados a las pensiones del personal marroquí y sus familiares (Fuerzas Mahzen o Guardia Mora que ayudó a Franco en el golpe de Estado de hace 84 años).
Gasto en papeleo y publicaciones en la era 'online' y de Internet

De los Presupuestos también llama la atención que el gasto en material de oficina, así como el de suministros, siga siendo una partida importante del capítulo de gastos corrientes (que alcanza más de 7.200 millones en su conjunto) pese a la ley de Mejora y Racionalización del sector público de 2014, que puso en marcha el PP en 2014, habilitando la colaboración de los ciudadanos en la Administración online y a los sistemas centralizados de compras.

Sólo para material de oficina hay previsto un gasto superior a los 150 millones. Por ejemplo, la actividad parlamentaria (Congreso y Senado) supera los 31 millones de gasto de este concepto; Defensa llega casi a los 20 millones y entre el ministerio de Hacienda y Función Pública suman más de 18 millones. El gasto en luz de los ministerios, pese a las tarifas planas y otro tipo de contrataciones, supera los 320 millones (Interior y Defensa son los que más gastan, unos 65 millones cada uno) mientras que el destinado a comunicaciones telefónicas se aproxima a los 300 millones (Interior gasta más de la mitad de este Presupuesto). A 101 millones asciende el recibo del agua y a 225 millones llega el gasto en combustibles (Interior y Defensa emplean el 85%). Por ejemplo, el Parque Móvil se gasta más de dos millones entre combustible y repuestos para los coches mientras que la Jefatura Central de Tráfico supera los 19 millones.

Mientras, a reuniones, conferencias y cursos, los ministerios destinan más de 50 millones y más de 170 millones a reparaciones y mantenimiento de edificios. Por si fuera poco, a pesar el innumerable patrimonio del Estado, el Gobierno se gasta casi 200 millones en arrendar edificios. Por ejemplo, el CGPJ se gasta casi 600.000 euros en alquileres de edificaciones (también 260.000 en arrendamiento de maquinaria, 69.000 de mobiliario y enseres y casi un millón de equipos para procesos informáticos); medio millón emplea el Congreso; 21,3 millones Hacienda; y casi 11 millones Política Territorial y Función Pública así como 12,2 millones el Instituto Cervantes y cuatro millones la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ministerio de Asuntos Exteriores). Por su parte, la Agencia Tributaria dispone de casi 21 millones para arrendar equipos informáticos y 11 millones más para su mantenimiento. Mientras, el gasto en publicaciones, en plena era de Internet, supera los 12 millones.

El goteo de partidas de gasto corriente es innumerable. El Congreso de los Diputados, pese a la escasa actividad legislativa, tiene previsto un gasto de casi tres millones en inversión de reposición e inversión nueva así como otro millón más en inversión de carácter inmaterial mientras que el Senado empleará 1,3 millones. Las obras en los ministerios, de reposición o nuevas, proliferan cada año. En el programa de Presidencia supera los 2,1 millones. Y llama la atención que hasta el Comisionado para el Mercado de Tabacos tenga una partida de unos 800.000 euros para reparar, mantener y conservar sus edificios, maquinaria y equipos.

Este capítulo de gastos corrientes tiene, además, un corolario de partidas anecdóticas que también habría que revisar. Por ejemplo: el Consejo de Estado tiene casi 100.000 euros para atenciones protocolarias y representativas (el gasto de Presidencia es de 275.000 euros); los gastos de representación de embajadores y Jefes de Misión así como de actos institucionales superan los 5,1 millones; Hacienda tiene más de 10.000 euros para gastos de botiquín (todos los ministerios disponen de un gasto similar); Fomento dispone de 380.000 euros para edición y distribuciones públicas; la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (BOE) tiene 161.000 euros para alimentación, partida que tiene réplica en casi todos los ministerios y organismos públicos; la cobertura informativa de Presidencia se acerca a los 75 millones y los gastos de Palacio y Consejo de Ministros supera los 325.000 euros; el Instituto de la Mujer gasta 1,8 millones en publicidad y propaganda, cifra que llega a casi 9,5 millones en la Agencia Tributaria. Además, el Parque Móvil destina 105.000 euros a vestuario (uniformes y otros), 600.000 euros el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, 682.000 la Jefatura Central de Tráfico y hasta 20.000 euros emplea la Agencia Estatal del BOE. Mientras, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea gasta curiosamente260 euros en actividades culturales y deportivas y el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional dedica 500 euros al suministro de material deportivo, didáctico y cultural.

La pandemia y la gestión del Gobierno acaban con casi 90.000 empresas en cinco meses
Más de dos de cada tres empresas obligadas a cerrar por la pandemia han desaparecido completamente.
Agencias Libertad Digital 24 Agosto 2020

El impacto de la pandemia en numerosos negocios ha sido letal

Era de esperar, uno de los efectos más destructivos y directos del cierre al que obligó la declaración del estado de alarma. Dos de cada tres empresas que tuvieron que cerrar por el confinamiento no han vuelto a abrir.

Es el terrorífico saldo que arrojan los datos estadísticos de la seguridad social. Durante los primeros dos meses de la pandemia un total de 142.000 empresas dejaron de cotizar. Con el regreso a la actividad pudieron volver a aportar a las arcas de la Seguridad Social 55.644, lo que significa que más de 86.000 empresas han desaparecido, el 60% de las que cerraron han desaparecido, según recoge este lunes el diario ABC con cifras de la Seguridad Social. Es decir, que más de dos de cada tres empresas obligadas a cerrar por la pandemia han desaparecido completamente. Todo esto ha sucedido en apenas cinco meses.

A la enorme dimensión de esta cifra se le suman otros datos que no vienen a maquillar su importancia precisamente: la estimación de empresas en quiebra técnica, la modificación legislativa que introdujo el Ejecutivo en pleno estado de alarma para aplazar a 2021 la obligación de presentar concurso de acreedores en situación de insolvencia, y la insoportable comparación de las medidas de apoyo al tejido productivo aprobadas por España frente a otros países de la UE.

Tal y como publicábamos en Libre Mercado casi un cuarto de las empresas españolas se encuentra en quiebra técnica (un 22%). Si la estadística que miramos es la de riesgo de impago, el porcentaje crece por encima del 30%.

Estas dos situaciones avanzan un arranque de 2021 que amenaza con convertirse en un caos para la administración de Justicia que tendrá que resolver decenas de miles de concursos de acreedores, sumando una carga de trabajo titánica a sus ya atascados mostradores.

Por si fuera poco, el apoyo prestado por parte del gobierno que les ha obligado a cerrar ha sido inferior al que se ha prestado al tejido productivo en otros países de nuestro entorno. Según denuncia ABC, las ayudas de Francia o Italia a sus empresa han sido, en relación con el PIB, el doble que las de España. En el caso de Alemania, seis veces más que nuestra economía.

España, que ha limitado su actuación a la puesta en marcha de los erte por fuerza mayor, para aliviar los costes laborales a las empresas, y las activación de avales ICO para préstamos a compañías, no ha sido suficiente, y la avalancha de quiebras lo certifica.

Septiembre negro: éstas son las terribles previsiones con el rebrote disparado
Javier Rodríguez. Fernando Escudero esdiario 24 Agosto 2020

Ni el largo confinamiento ni el uso masivo de las mascarillas han frenado al coronavirus: todo indica que la vuelta del verano será horrible. Éstos son los datos que lo confirman.

Cuando Pedro Sánchez se fue de vacaciones a Lanzarote, el 5 de agosto, Sanidad tenía registrados algo más de 300.000 contagios en España. Cuando ha vuelto, 16 días después tras un longevo descanso estival que también le llevó a Doñana, la cifra se ha disparado un 25%. Con respecto a marzo, en los días terribles, la infección ya está a un 60% de aquellas fechas de infausto recuerdo.

España es uno de los pocos países de Europa que no ofrece cifras los fines de semana, de manera incomprensible. Pero cuando este lunes las tenga que comunicar Fernando Simón, el número de infectados estará ya muy cerca de los 400.000, con un aumento espectacular en el me de agosto, tal y como muestra el gráfico de ESdiario con datos oficiales del Ministerio de Sanidad.

Fuentes de la Comunidad de Madrid, que vuelve a ser una de las dos regiones más señaladas por el virus, atestiguan el previsible impacto a la vuelta de unas vacaciones que, en realidad, el virus nunca se ha tomado. "No será igual que en marzo, pero será duro", reconocen mientras ultiman los preparativos en hospitales, residencias de ancianos y colegios, en todos los casos sin la tutela ni el impulso del Gobierno Central, ausente por completo.
La cifra de contagios diarios se ha duplicado mientras Sánchez tomaba el sol

Esta semana, ya frisando septiembre, se registrará la primera reunión entre Moncloa y los Gobiernos autonómicos para ver qué hacen con la enseñanza, en un clima de depresión generalizada que les lleva a pensar en una interrupción del curso nada más comenzar o en demorar el inicio, como parece barajar el Ministerio de Educación mirando a Alemania: solo en Berlín se han cerrado ya 41 centros educativos a las apenas dos semanas de comienzo de las clases.

Y si la planificación educativa llega tarde; la asistencial a los mayores también. Este mismo lunes han sonado las campanas de alarma y Asuntos Sociales, con Pablo Iglesias al frente, intentará coordinarse con las regiones, pero con la misma sensación que con la educación de tiempo perdido. Ni la cruel experiencia previa ni el tiempo concedido por el estío han servido de nada.

"Todo lo hemos hecho solos en las Comunidades", explican a ESdiario desde Andalucía, un diagnóstico en el que coinciden en Galicia, Castilla y León, Madrid e incluso Cataluña. "Nos han abandonado. La cogobernanza ha sido quitarse de encima el problema en todo, desde la inmigración hasta la educación o los mayores", ratifican en todas las Comunidades consultadas.

Y ello pese a que, diga lo que diga el Gobierno para borrarse de la responsabilidad, la Ley de General de Sanidad y la Ley de Salud Pública son tajantes a la hora de señalar que, en tiempos de pandemia, la máxima responsabilidad es de la Administración Central. De Sánchez y su Gobierno.

Septiembre negro
Con el horizonte de un septiembre negro sanitario, surge la pregunta de qué ha pasado en España para que se pueda chocar dos veces contra la misma piedra en tan poco tiempo. "Muy fácil: el brote nunca se ha ido, siempre ha estado aquí, pero desde el Gobierno se dijo que le habíamos vencido y que había que marcharse de vacaciones", explica a este periódico un médico adscrito al PP, el partido que más en cólera ha montado viendo el desastre que se nos viene encima. "

"Hay un plan alternativo entre dejar abandonada a la gente y otro Estado de alarma ruinoso para el empleo, la educación y las libertades: la proposición de ley que registramos y Sánchez se niega a aprobar. Tras 45000 muertos los españoles no merecemos más incompetencia y mentiras".

Son palabras de Pablo Casado este domingo, que reflejan la perplejidad por la situación y la falta de respuestas de Pedro Sánchez, instalado en su nube y convencido de que, si vienen curvas, la ciudadanía le echará la culpa a las Autonomías.

Con la clase media destruida, el déficit camino de los 160.000 millones a final de año, la incógnita de si se renovarán los ERTES y el poder adquisitivo desplomado en diez puntos más que en Francia, el otro gran país junto a Italia más golpeado por el COVID, el panorama es desolador.

"Va a tener que recurrir al rescate del MEDE", afirman a este periódico fuentes populares, apuntando al segundo gran tema, tras el sanitario, del septiembre negro en ciernes: las arcas públicas están vacías, la recaudación fiscal se ha desplomado y los "cheques en blanco" que Sánchez anunció entre aplausos de los suyos, no existen.

El propio Josep Borrell, ahora Comisario de Exteriores y hasta hace nada ministro de Sánchez, lo ha dejado claro este domingo: "No habrá hombres de negro... pero tampoco cheques en blanco". Lo que sí habrá son contagios, porque nunca ha dejado de haberlos. "Simplemente, ahora se hacen los test que no se hicieron en marzo. La cadena de transmisión viene de ahí, no estamos en rebrote, sino en brote".

¿Volverá a ser igual?
Quizá por eso la Comunidad de Madrid tiene habilitados ya dos pabellones en IFEMA, algo que asusta y consuela a la vez. ¿Hará falta algo así? ¿Tantos enfermos graves vamos a volver a ver? Nadie se atreve a negarlo, aunque fuentes sanitarias esbozan un ligero mensaje tranquilizador:

"La inmunidad avanza, los mayores se protegen bien y los casos asintomáticos son muy elevados. Una cosa es que el contagio avance y otra que la mortalidad vuelva a ser la de marzo. Eso no es muy probable". Nadie, sin embargo, pone la mano en el fuego. Todo está abierto pero, sobre todo, oscuro. Muy oscuro.

Urge empezar a tomar medidas para evitar un nuevo desplome de la economía española
Francisco Coll Morales es economista y coordinador del servicio de estudios de Fundación Civismo
Francisco Coll Morales okdiario 24 Agosto 2020

Los indicadores que publican los diferentes organismos internacionales muestran un futuro cada vez más negro para la economía española. Tras la OCDE, ahora es el Banco de España el que publica un nuevo estudio que vuelve a arrojar pesimismo sobre el futuro.

Los indicadores adelantados que ofrecía la OCDE mostraba un mayor deterioro de la economía española frente al conjunto de economías de la zona euro. Mientras que el indicador para los países ‘ricos’ se ha disparado hasta los 97,98 puntos, tras un alza de 0,98 puntos, España ha registrado una caída de 0,63 puntos que ha situado el indicador en los 93,72.

El último informe publicado por el Banco de España ha resaltado el gran problema que vive la economía española con su deuda, además de con sus empresas. España es un país que se vio inmerso en esta crisis con un nivel de deuda que se situaba en la ratio deuda/PIB en el 99%. Esto, además de lastrar las capacidades de la economía española, supuso un gran limitador para la aplicación de políticas contracíclicas que, de forma unilateral, permitiesen al país afrontar la crisis sin esa excesiva vulnerabilidad que supone el escaso fondo de maniobra que presenta la economía española.

Además, lo que ha subrayado el Banco de España es el deterioro que va a sufrir la economía española y los derivados de dicho deterioro en el apalancamiento de la economía española. De acuerdo con los pronósticos, el nivel de deuda pública, una vez disipada la pandemia, podría situarse en el 120% del PIB. Un nivel de endeudamiento que, habiéndose superado el mes pasado por la caída del PIB, traería muchos problemas a la economía española.

Entre deuda y recuperación económica, el Banco de España destaca el gran problema de las empresas españolas y su vulnerabilidad para salir del escollo actual. Para hacernos una idea, el 99,9% del tejido empresarial español se compone de pymes. Pymes con recursos muy limitados y que, ante la paralización de la actividad económica, han sufrido una descapitalización sin precedentes. Tal es la magnitud del problema que, como concluye el Banco de España, cerca del 40% de las empresas en el país se encuentran en quiebra técnica. Y es que, con una caja media de 57 días, la liquidez de las empresas españolas se ha esfumado por completo.

Empleo
La situación se ha tornado muy complicada en lo que al empleo en el país se refiere. Si atendemos a los últimos datos publicados, España destruye uno de cada tres puestos de trabajo que se pierden en la Unión Europea. La escasa capacidad de las empresas españolas para afrontar una crisis sin precedentes como la que hoy nos acontece, así como la mayor adversidad del empresario español ante una crisis económica, han hecho de España el país que más empleo destruye del bloque comunitario.

Teniendo en cuenta que España entraba en la crisis con un 14% de paro estructural -el más elevado de toda la Unión Europea, por detrás de Grecia-, con un 33% de paro juvenil -también el más elevado de Europa, por detrás de Grecia-, dificultan la recuperación de un empleo que, descontando la estacionalidad y contrastando con la etapa anterior al covid, se ha recuperado en un 15%.

Hablamos de una situación complicada… que podría empeorar. El Banco Central Europeo (BCE), en sus últimas declaraciones, ha avisado de que los mercados están pecando de un optimismo que, por otro lado, no se percibe en los indicadores macroeconómicos. Sumados los rebrotes que siguen previendo mayores caídas para economías tan deterioradas como la española, debía hacernos reflexionar y comenzar a aplicar medidas que nos permitan ver la luz al final del túnel.

Sánchez castiga a las empresas
Editorial ABC 24 Agosto 2020

En cinco meses de pandemia, el tejido empresarial en España se ha visto tan severamente dañado que de momento ha arrasado a unas 90.000 empresas sin que el Gobierno haya adoptado medidas útiles para impedirlo. Todos los planes del Gobierno se han convertido en humo. Todo era propaganda: desde las prometidas ayudas de 200.000 millones que a la hora de la verdad no han llegado a un amplísimo porcentaje de empresas, hasta aquel engaño ideado en Moncloa según el cual «nadie quedará atrás». Solo era pura mercadotecnia política porque la trágica realidad es que las persianas de 90.000 empresas, comercios y autónomos no han vuelto a abrir. Nunca hubo un plan económico de reconstrucción, sino charlatanería gubernamental.

Los fondos previstos por el Gobierno para rescatar a empresas y trabajadores, e incluso la propia mecánica de los ERTE, están suponiendo un fraude y una decepción para muchas personas ya en la ruina. En su plan de contingencia, Alemania aprobó préstamos hasta seis veces superiores a los de España, y Francia o Italia han ofrecido el doble de ayudas para proteger a sus empresarios. En cambio, el plan de Pedro Sánchez, es fallido porque nada se sustenta en reanimar la inversión con ayudas fiscales o con moratorias de pagos, sino en la más rancia cultura del subsidio. Nada está orientado a crear riqueza, sino a generar una dependencia estructural del Gobierno más intervencionista de nuestra democracia. En estas condiciones, solo es posible gestionar la miseria, y en pocos meses España sufrirá una tasa de desempleo desconocida y miles de hogares verán mermados sus recursos al límite. Es lamentable comprobar cómo el delirante prurito ideológico de este Gobierno nos está condenando a un cierre masivo de los únicos instrumentos que crean riqueza y empleo, las empresas.

La epidemia se ha vuelto a descontrolar por la desidia de un Gobierno negligente
ESdiario 24 Agosto 2020

El virus vuelve a golpear a España como a nadie en Europa, con otro fallo inaceptable de Sánchez y sus ministros, de vacaciones mientras la emergencia seguía vigente.

Desde que Pedro Sánchez se fuera de vacaciones, animando a los ciudadanos a hacer lo propio, los contagios han subido en España cerca de un 25%, para rozar ya los 400.000 oficialmente reconocidos. Y la mortalidad se ha multiplicado casi por nueva en apenas siete días, pasando de una media de 15 fallecidos por semana a otra de 135.

Si a esto se le añade la existencia de transmisión comunitaria y la confirmación de que el 8% de los test realizados dan positivo, tres puntos por encima de la cifra que la OMS utiliza para hablar de pandemia, la conclusión no puede ser más inquietante: estamos de nuevo en una situación muy parecida a la de marzo, con una curva ascendente imparable y la sensación de que puede volver a pasarnos lo mismo.

Lo sorprendente es que esto nos pase después del confinamiento más prolongado de Europa y con el uso más generalizado de mascarillas en todo el continente, lo que solo puede explicarse por dos razones: nunca dejamos de estar en situación de brote y, además, la laxitud de las autoridades ha derivado en una reducción de las defensas en la ciudadanía.
Septiembre negro: éstas son las terribles previsiones con el rebrote disparado

De lo primero hay pocas dudas. Aunque el propio Sánchez anunciara solemnemente que se había ganado la "batalla" al virus, lo cierto es que no fue así y que ahora seguimos pagando las negligencias de febrero y marzo, cuando la inepcia del Gobierno ante las alertas sanitarias que le llegaban provocó un contagio masivo que seguramente sigue explicando las cifras de ahora.

Y de lo segundo, hay que reconocer probablemente una cierta irresponsabilidad en determinados sectores sociales, pero no resulta sencillo mantener la tensión preventiva cuando las propias autoridades se relajan, miran para otro lado, anuncian "victorias" sanitarias inexistentes y avalan con su comportamiento personal una distensión generalizada.

¿Qué va a pensar un joven, por ejemplo, si lo que ve en el presidente del Gobierno o en el portavoz sanitario es cómo se van de vacaciones a la playa y se comportan con una frivolidad incompatible con el panorama que realmente teníamos?

Si a Sánchez y a su Gobierno hay que imputarle, sin duda, el impacto del brote original, que llegó a España sin su participación pero se extendió por su negligencia; hay que adjudicarles también el repunte: se han dedicado a ignorar sus responsabilidades más elementales y a cargar en las Comunidades Autónomas un liderazgo que es indelegable. Y así estamos. De nuevo al borde de la catástrofe, sin habernos recuperado de la que ya sufrimos como nadie en el mundo.

Mentiras que matan
Los españoles estamos pagando en sufrimiento y vidas humanas la poltrona de Pedro Sánchez
Isabel San Sebastián ABC 24 Agosto 2020

Todas las mentiras sobre las que se aupó Pedro Sánchez para ocupar su actual poltrona le han salido gratis. Las promesas de regeneración, los viernes electoralistas con pólvora del rey, el compromiso firme de no pactar jamás con Bildu («¡la duda ofende!»), la no menos firme proclamación de que la presencia de Podemos en el Gobierno le quitaría el sueño… Todos esos embustes, y muchos más, han resultado ser impunes. ¿Qué digo impunes? Tremendamente rentables desde su punto de vista. En su cuenta personal se inscriben viajes en «falcon» para asistir a conciertos, veraneo en mansiones regias, baños de multitud indispensables para su desmesurado ego y un sueldo intacto, con cargo al presupuesto público, que ni en sueños percibiría en

el sector privado. Los españoles, mientras tanto, estamos pagando una factura abrumadora, que crece cada hora que pasa. Una factura económica terrible, en forma de quiebras, ruina, deuda disparada y paro desbocado, pero también, sobre todo, una factura en sufrimiento y vidas humanas inasumible e inaceptable.

La maquinaria propagandística de La Moncloa goza de merecida fama, entre otras razones por su capacidad para suministrar a los medios de comunicación amigos (la inmensa mayoría) argumentarios exculpatorios ante el fracaso clamoroso cosechado por Sánchez y su Gabinete en la gestión de una pandemia que se les ha ido nuevamente de las manos y empieza a arrojar cifras de contagios inquietantemente similares a las de marzo. El más recurrente consiste en imputar todos los errores a las autonomías, con especial acento a las gobernadas por el PP y, en particular, Madrid, la gran bestia negra de la izquierda por su pertinaz negativa a dejarse engatusar por sus cantos de sirena en las urnas. Cuando conviene a sus intereses, el Ejecutivo central invoca su condición de tal para imponer su criterio. Cuando, por el contrario, le beneficia escudarse en la descentralización de nuestro sistema autonómico, se lava las manos, cual Pilatos, y abandona a su suerte a los ciudadanos. Eso hizo con las residencias de ancianos, confiadas al vicepresidente Iglesias, donde millares de personas indefensas sufrieron el ataque del virus privadas de libertad, y otro tanto ha ocurrido con la Educación, convertida en gigantesca trampa para millones de escolares ignaros de cuál será su suerte. Cuando se trataba de adoctrinar a placer a nuestros hijos y nietos, la ministra Celaá apeló al «derecho fundamental y constitucional a la Educación» para recurrir una medida tomada por la Comunidad de Murcia en relación al llamado «pin parental» y llegó a decir aquello de que «no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres». Ahora que el desafío es reabrir los colegios y dotarlos de suficientes garantías de salubridad para profesores y alumnos, la responsable del sector está desaparecida y delega la patata caliente en los diecisiete consejeros, como si España no fuese una nación soberana sino un reino de Taifas abocadas al desgobierno.

Con todo, lo peor, lo más grave, lo realmente imperdonable son las patrañas que nos embucharon y siguen embuchando incluso ahora para tratar de encubrir su negligencia culposa. Ese fantasmagórico «comité de expertos» compuesto en realidad por el filósofo Illa y su leal escudero, Fernando Simón, dispuesto a poner su credibilidad de epidemiólogo al servicio de la más baja política afirmando que las mascarillas no servían de nada, simplemente porque no había mascarillas en las farmacias. O la promesa de que disponíamos de suficiente Remdesivir, el único medicamento aprobado contra el Covid-19, que se agotará en las próximas horas por falta de previsión y estocaje.

Hay mentiras y mentiras. Las de este Gobierno, matan.

Una distopía democrática
Y llegó el coronavirus quitándonos el trastorno de pensar y el esfuerzo de vivir
Juan Manuel de Prada ABC 24 Agosto 2020

Afirmaba Bernanos que «democracia y totalitarismo son el absceso frío y el absceso caliente de una civilización degradada y desespiritualizada». Y si el totalitarismo se caracteriza por su pretensión de brindar una explicación totalizadora y articulada del mundo al modo hegeliano, pocas formas políticas parecen tan dotadas como la democracia para alcanzar tal pretensión. Pues la democracia, a diferencia de los totalitarismos antañones, puede permitirse el lujo -como advierte Tocqueville- de presentarse ante las masas sometidas, no como un tirano que las oprime y castiga, sino como un tutor que vela amorosamente por ellas, creando un clima de conformismo social que llega a convertirse en el líquido amniótico en el que las masas bogan felices.

Esta distopía democrática ha adquirido contornos en verdad amedrentadores, a rebufo de la plaga coronavírica. Reparemos, por ejemplo, en las medidas restrictivas arbitradas por la patulea gobernante -estatal o autonómica-, y más concretamente en la prohibición de fumar en espacios públicos cuando no media una arbitraria «distancia de seguridad» (decimos arbitraria porque nadie sabe cuánto puede brincar el coronavirus). A ninguna persona que no tenga las meninges arrasadas por el napalm de la propaganda sistémica se le escapa que esta prohibición es desquiciada; pues, si consideramos que al exhalar el humo de un cigarrillo podemos contagiar a quienes nos rodean, igualmente debería prohibírsenos hablar en voz alta, expeler ventosidades o abanicarnos cuando estamos sudados, en presencia de otras personas. Pero una ingente masa de gentes cretinizadas aplaude la prohibición del fumar, como mañana aplaudirían la prohibición de hablar en voz alta, expeler ventosidades o abanicarse cuando estamos sudados, pues considera que la patulea gobernante tutela su «derecho a la salud». Así, aprovechándose de este conformismo propio de esclavos (puesto que se funda en el miedo), la patulea gobernante puede ejercer sobre la sociedad una tutela de apariencia benévola.

En una profundización de esta distopía democrática, será incluso eliminada la injerencia de jueces aguafiestas, como acaban de proponer los peperos -siempre fieles a su vocación cipaya y bardaje- al Gobierno, solicitando que las medidas restrictivas no precisen de autorización previa de un juzgado, sino que se confíe su «ratificación» posterior a tribunales de alto rango, mucho más controlables y benigüigüis. Todo ello, naturalmente, en aras de garantizar paternalmente la «salud pública», que es la única (y quimérica) forma de salvación que esta distopía democrática puede ofrecer a una sociedad degradada y desespiritualizada. Así se cumple la profecía avizorada por Tocqueville, que vislumbró la ominosa servidumbre que amenazaba a los pueblos democráticos: «Por encima de ellos se eleva un poder inmenso y tutelar, que se encarga él solo de asegurar sus goces y velar por su suerte. Es absoluto, detallado, regular, previsor y dulce. Se parecería a la potestad paterna si, como ésta, tuviera por objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero no pretende, en realidad, sino fijarlos irrevocablemente en la infancia. Quiere que los ciudadanos disfruten con tal de que no piensen sino en disfrutar. Trabaja de buen grado para su bienestar, pero anhela ser el único agente y el solo árbitro. Provee a su seguridad, asegura sus necesidades, facilita sus placeres, conduce sus principales negocios, dirige su industria, regula sus sucesiones, divide sus herencias. ¡Por qué no podría quitarles, por ejemplo, el trastorno de pensar y el esfuerzo de vivir!».

Y llegó el coronavirus, para que esta distopía democrática se completase, quitándonos el trastorno de pensar y el esfuerzo de vivir.

El horizonte judicial del chavismo
Editorial ABC 24 Agosto 2020

El proceso de extradición de Alex Saab se va perfilando como el caso más devastador para desactivar la estructura criminal de latrocinio, usurpación y blanqueo del chavismo

La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela se encuentra políticamente aislada, económicamente en quiebra y ahora se estrecha el cerco judicial contra sus pocos contactos con el exterior a través de los que seguía enriqueciéndose. El proceso de extradición de Alex Saab en Cabo Verde se va perfilando como el caso más devastador para desactivar la estructura criminal de latrocinio, usurpación y blanqueo de las magras riquezas que quedan en Venezuela después de dos décadas de chavismo. La acumulación de pruebas que incriminan al testaferro de Maduro ante la justicia norteamericana ha adquirido un volumen y una contundencia que hará muy difícil que sus abogados puedan evitar que tenga que comparecer ante un tribunal. No podrán evitarlo ni siquiera las maniobras del equipo de Baltasar Garzón, siempre dispuesto a sostener a cualquier gobierno que se proclame como progresista, aunque haya abandonado la democracia. Poco parece importarle que se trate de unos manejos indecentes en los que los verdugos se han enriquecido con el hambre de sus víctimas, cuando se puede encontrar un argumento conspirativo para culpar a Estados Unidos. Tal como están las cosas, Garzon haría bien en distanciarse de algunas de sus amistades iberoamericanas cuyo futuro judicial puede revelar no pocas sorpresas en España.

Tampoco cabe ninguna duda de que detrás de Saab y sus manejos indecentes para trasvasar el dinero formalmente destinado a la ayuda humanitaria hacia las cuentas corrientes de los principales responsables de la dictadura (con la imprescindible ayuda del régimen iraní) se encuentra el propio Maduro, que hasta ahora ha defendido tanto a Saab como sus actividades. De alguna manera, cuando Saab comparezca ante un tribunal, en el fondo será el propio Maduro el que lo haga, como principal beneficiario de la trama de malversación y pillaje en Venezuela. Es más, lo que le suceda a Saab será sin duda el prólogo de la acusación que seguramente acabará cayendo sobre el propio Maduro y su «numero dos», Diosdado Cabello, porque nada de lo que se le reprocha a Saab hubiera podido ser llevado a cabo sin la anuencia de los principales responsables de la dictadura.

Maduro ya no tiene más objetivo que llegar a diciembre para celebrar las pretendidas elecciones legislativas, que ya han sido denunciadas por la comunidad internacional, porque la dictadura carece de legitimidad para convocarlas. El horizonte del régimen chavista no llega más lejos y sus recursos menguan a medida que se le cierran los caminos de acción clandestina. La caída de Saab no es solo la de un hombre de paja. A Maduro le va en ello mucho más que eso.


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Félix Ovejero: "Como acabamos con el racismo y el sexismo, hay que vencer al nacionalismo"
El profesor universitario, escritor y articulista habla en esta entrevista a 'Vozpópuli' de la difícil situación política y social española; y de los sectarismos ideológicos de la izquierda, que han condicionado algunas investigaciones
Rubén Arranz Vozpopuli 24 Agosto 2020

Son tiempos turbulentos en los que la sociedad española se enfrenta a la mayor crisis de las últimas décadas. En este contexto, los problemas que arrastra el país podrían agravarse. No sólo los económicos, sino los políticos y los sociales.

Félix Ovejero (Barcelona, 1957), profesor universitario, escritor y articulista, reflexiona sobre los grandes riesgos de la situación actual en esta entrevista, en la que mantiene su discurso contra las ideologías que atentan contra el concepto de la libertad y la igualdad en España.

Pregunta: El PP ha cesado a Cayetana Álvarez de Toledo, ¿otra vez emprenderá el camino hacia la moderación?
Respuesta: La descripción convencional lo presenta como un movimiento hacia el centro, hacia la moderación. No sé muy bien qué se quiere decir con eso. Desde luego, no se ajusta con las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo mostrándose partidaria de un Gobierno de concentración nacional ni con sus críticas permanentes a Vox. El único modo de hacer inteligible la fábula de la Cayetana radical es si aceptamos el trastorno mayor de la política española, a saber, que uno se modera cuando está a bien con el nacionalismo, esto es, con aquellos que tienen como objetivo proclamado destruir nuestra comunidad política. Según parece, su radicalidad consiste en defender una España de libres e iguales. Volvemos al viejo turnismo de los dos grandes partidos, sostenidos por unos nacionalistas que señorean sus cortijos con la complacencia de los partidos nacionales.

P: ¿Los nacionalismos catalán y vasco tienen todavía algo que ver con la identidad o ya son exclusivamente una herramienta de presión?
R: Tienen que ver con la identidad. Sin la identidad se deshace su guion. Para que tú puedas decir que quieres construir un Estado, necesitas una comunidad de referencia que se distinga por sus diferencias. Por eso la imposición lingüística resulta imprescindible. Hoy supone la mayor barrera anti-igualitaria de los españoles. Un español no puede encontrar trabajo en una parte de los servicios públicos en su propio país porque no maneja lenguas que son minoritarias incluso en sus comunidades de referencia. En los públicos y en los privados, que también se legisla sobre estos. Por cierto, eso, además de contrario a la igualdad, es contrario a la eficacia, pues supone que en estos lugares no tengamos a los mejores médicos ni a los mejores profesores. Pero se impone el voto clientelar, mejor que los de fuera no puedan competir. Pero, sí, sin inventarse diferencias se encuentran sin justificación para su objetivo de levantar fronteras, de convertir a conciudadanos en extranjeros.

P: El análisis está claro, la pregunta es: ¿cómo comenzamos a reparar todos estos daños?
R: Lo que no podemos es repetir lo que nos ha conducido a donde estamos. Algo perfectamente previsible por lo demás. El nacionalismo ha tenido una estrategia que consiste en reclamar competencias para construir un Estado a cambio de demorar la independencia. Elegir entre la independencia y pasos a la independencia solo tiene un equilibrio final: la independencia. Y un precio: perpetuar el problema. El nacionalismo necesita generar problemas a los que se presenta como solución. En esas condiciones, los problemas están asegurados. Lo que hay que hacer es cambiar las reglas del juego, reconocer que el problema no es lo que nos dice el nacionalismo, sino el nacionalismo, esa sórdida ideología. Pero, para eso, claro, hay que librar la batalla de ideas.

P: ¿Cómo?
R: Pues mira, del mismo modo que hemos vencido o estamos venciendo al racismo y al sexismo. El nacionalismo también persigue la discriminación: yo, porque soy o digo ser distinto tengo derecho a limitar tus derechos. Todavía más radical, pues quiere privar a los españoles de su condición de ciudadanos en su propio país, convertirlos en extranjeros. Si aceptamos el falso guion de que hay una opresión económica o cultural y de que estoy en deuda, ya estamos perdidos. Al revés, lo que toca es desnudarlo en lo que es, pensamiento reaccionario superlativo, en tanto pretende justificar unos derechos especiales a partir de la identidad o la historia; vamos, como un régimen estamental.

P: En un mundo globalizado, con los estados cada vez más líquidos, no parece que los nacionalismos pierdan fuerza...
R: Porque, aunque no tengan vertebración ideológica, tienen rentabilidad política. Se amparan en sórdidos aspectos de la psicología humana, seguramente con raíces biológicas, que se ven alentados por los diseños institucionales. Quizá no está en nuestra mano corregir lo primero; pero sí lo segundo. Y en nuestro caso el propio diseño de las autonomías ha allanado el camino. Si a los votantes locales les prometes que por razones lingüísticas van a tener un acceso exclusivo a trabajos o mercados, o que no vas a redistribuir, evidentemente, te van a apoyar. Incluso aquellos a los que les parece mal, si no pueden hacer otra cosa. Si veo que las diferencias resultan rentables, si no las tengo, me las invento. Total es lo único que, desde el ámbito autonómico, puedo hacer. Por eso los españoles, a la vez que critican el estado de las autonomías, se muestran partidarios de la suya. Hay muchos procesos sociales parecidos. Casi todos terminan en el peor resultado posible.

P: Me dice usted, entonces, por lo que puedo concluir, que las ideologías no han muerto...
No, muchas de ellas, las mejores, se han realizado históricamente o están en curso. Entre ellas el programa de libertad, igualdad y fraternidad. En ese sentido, la izquierda debería mostrarse orgullosa de sus éxitos: buena parte de lo que fue su programa hoy forma parte del paisaje moral compartido, comenzando por el sufragio universal. Lo sorprendente es que ahora parece interesada en reivindicar las ideas que en su día derrotó.

P: Dicen los nacionalistas que España es algo que se construye dentro de la M-30...
R: Es una falsa metáfora y muy tramposa. Mira, la situación que se ha producido en España es que, para obtener la mayoría en Madrid, tú tenías que pactar con unos tipos que decían que a ellos España “se la suda”. O peor, que quieren acabar con ella. Lo dicen ellos, no yo. Eso, el desprecio de interés general, rompe la lógica de la democracia, el vínculo entre el debate del Parlamento, las leyes y la justicia. Y además, esa conducta no se penaliza electoralmente, porque ellos solo responden en un demos local, en su comunidad autónoma. En esas condiciones, quienes pagan la fiesta serán los otros, ente ellos los de Madrid. O los de las comunidades autónomas sin partidos nacionalistas. Es justo al revés de lo que dicen.

P: Y los políticos catalanes son más influyentes que los de los partidos constitucionalistas...
R: Y no por su calidad. Repase la lista: Tardà, Rufian, Montilla, Torra, Puigdemont, Maragall, el mismo Pujol. A lo sumo argumentan por sedimentación, añadiendo una capa más de lo ya repetido. Incapaces de enhebrar un discurso medianamente articulado lógicamente. Naturalmente, no es resultado de ninguna tara genética, para expresarse al modo de Torra, sino de la falta de penalización institucional de los ineptos, de ausencia de selección natural. Sobre todo porque los medios caminan por la misma senda que el poder. Eso en Madrid no ocurriría. Aunque solo fuera por el aceite del odio, que engrasa las instituciones, siempre había alguien dispuesto a destacar los desatinos o los sinsentidos.

P: En los últimos tiempos han lamentado la falta de voluntad de 'Madrid' para dialogar...
R: Otra falsedad. Hay un experimento natural que lo refuta para siempre: unos tipos de una emisora catalana que llamaron a Rajoy haciéndose pasar por Puigdemont. Al expresidente le faltó tiempo para contestar “cuando quiera”. Por lo demás, el lugar natural del diálogo es el parlamento. No estamos en un régimen señorial en donde se acude al Rey con peticiones a ver que concede. El estado no es patrimonio de nadie.

P: ¿Es la prensa subvencionada el gran problema? ¿Cómo se revierte eso?
R: Lo ha dicho los clásicos, “el nacionalismo se tiene que inventar la nación” en nombre de la que habla. Para ese objetivo resultan imprescindibles los medios y la educación, y los intelectuales cortesanos. Penalizar al discrepante y premiar al siervo. Te recuerdo que cuando en el Parlament aprobó el Estatuto de Cataluña, todos los periodistas se levantaron a aplaudir. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Y que se firme un editorial conjunto?

P: Dicen que redactado por Enric Juliana...
R: Claro, claro, por Juliana...sin duda, un verdadero fenómeno, encarna todas las virtudes periodísticas de la Vanguardia.

P: Influyente...
R: Claro. Inexplicable si nos atenemos a los méritos, pero perfectamente inteligible dentro de ese complejo con el que los demás españoles, y en particular los madrileños, nos miraban a los catalanes, como si nos debieran algo. Y que ya viene de tardofranquismo: parecía que nosotros éramos el MIT. Algo que nunca tuvo sentido y ahora, cuando encuentras gente brillante en departamentos de universidades de toda España, todavía menos. Pero, desde luego, enormemente rentabilizado. Basta con ver la presencia de catalanes en medios de comunicación. Debería estudiarse empíricamente.

P: Volvamos al tema del PP. Después de conocerse el cese de Cayetana Álvarez de Toledo, reconoció que ella quería librar la batalla cultural, pero Pablo Casado no. ¿Por qué derroteros va esta lucha, en su opinión?
R: Ignoro la batalla cultural que tiene que librar el Partido Popular, un partido, en la mayor parte de su historia, inane. Yo vengo de la izquierda, marxista sí quiere un adjetivo, y en ese sentido la batalla en la que me reconozco está en la herencia ilustrada, de emancipación racional. Si he terciado en la batalla cultural en mis dos últimos libros ('La deriva reaccionaria de la izquierda' y 'Sobrevivir al naufragio') ha sido en defensa de esa herencia. Arrancan de la perplejidad al ver a la izquierda defendiendo las tradiciones, criticando la ciencia o la racionalidad, contraponiendo la diferencia a la igualdad. Incluso ha salido en defensa de la religión, de la sinrazón.

P: El mundo al revés...
R: Sí, una parte de la izquierda, muy influyente en ciertos departamentos universitarios, de trato poco frecuente con las ciencias duras, ha acabado por defender las tesis de los pensadores reaccionarios del XIX. En España, hemos añadido una defensa del nacionalismo. Basta con ver ese desquiciado defensa de las lenguas en clave romántica, completamente desprendida de las ventajas prácticas e igualitarias, y hasta de progreso cognitivo, de converger en lenguas comunes. Repiten la cháchara de “La lengua como identidad de los pueblos”, algo desinformado científicamente y peligroso políticamente. Con esos mimbres se levantó la historia más negra de Europa.

P: ¿Ha pagado Álvarez de Toledo el precio de oponerse a eso?
R: Pues no le sabría decir. Quizá solo se trata de mediocres a la espera de que corra el escalafón. Lo que sí es seguro es que ella mantiene el compromiso ilustrado, racionalista y de afán de verdad. Yo tengo profundas discrepancias con ella, pero comparto ese compromiso, el perímetro que hace posible el diálogo racional, la posibilidad de persuadir y de progresar. Lo terrible es que cuando uno recuerda ese territorio común, o cosas más elementales, que tienen que ver con la posibilidad de discutir, inmediatamente le estigmatizan. La etiqueta más reciente es “negacionista”. Solo por poner en duda ideas que, no pocas veces, son puro delirio. No te dicen “esto es falso y se lo voy a demostrar”, sino “usted me ofrende y quiero que se calle, sea verdad o no lo que dice”.

P: Habla de la deriva reaccionaria de la izquierda y se me viene a la cabeza el famoso manifiesto que varios intelectuales firmaron hace un mes en la revista Harper's, sobre el tono reaccionario que había adquirido la izquierda. Al leerlo, pensé que la situación estaba peor de lo que pensaba, dado que hasta Chomsky, que en su día se fotografiaba con Pol Pot, lo apoyó...
R: Él era anarquista, con coqueteos desinformados con el marxismo. Pero es que Chomsky es un científico serio y sabe lo que es una discusión racional. Mira, cuando los lingüistas quieren expulsar a Pinker -¡a Pinker'- de su sindicato, uno de los grandes cracks de la disciplina, por consideraciones políticas, es para echarse a llorar. Pero vamos no es nuevo. En La deriva reaccionaria arranco con una anécdota de principios de los noventa, cuando estaba en Chicago: un negro me acuso de racista por no pasarle la pelota en un partido de fútbol. El virus ya estaba allí.

P: La ciencia, sometida a las ideologías...
R: Entendámonos, la ciencia, por supuesto, no justifica cualquier cosa. Por eso no aceptábamos los experimentos nazis y por eso podemos considerar la posibilidad de frenar investigaciones potencialmente peligrosas. Pero lo de ahora es otra cosa. El otro día leía que en neurobiología no se atreven a investigar las diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer por lo que puedan decir estas sectas ideológicas. Pese a que los hallazgos pudieran mejorar tratamientos médicos. A ese punto hemos llegado... Es un comportamiento inquisitorial. Se quieren acallar las verdades que no gustan. Se las califica de falsedades y hasta quiere negar la posibilidad de investigar.

P: ¿La supercheria ideológica ha ganado la partida a la razón?
R: Lo enojoso de este asunto es que una parte de la investigación se tiene que dedicar a desmontar las tonterías; en lugar de a investigar en positivo. Y toca hacerlo porque la deriva oscurantistas se ha ido adueñando de las instituciones y ahora se dedican a fiscalizar la actividad de los demás. Como, además, en la academia tampoco sobra el coraje, pues campan a sus anchas. A veces, en determinados gremios, la defensa de la verdad es cuestión de “cojones duros” por utilizar la expresión de Pavese.

P: ¿Se puede cuestionar en voz alta en la Universidad actualmente los movimientos ecologista y feminista de nuevo cuño?
R: Eso requeriría entrar en detalle. En el caso del ecologismo, hay razones de fondo para atender a la consideración de que vivimos en un planeta con recursos limitados, para no desatender que tenemos una obligación moral respecto a las futuras generaciones de legar un planeta habitable. En el caso del feminismo, yo no conozco a nadie que esté en contra de la igualdad entre hombres y mujeres. El igualitarismo ha ganado o está en camino de hacerlo. La discusión interesante es acerca de cómo podemos asegurar iguales condiciones de libertad para elegir los proyectos de vida. Lo que, entre otras cosas, requiere redistribuir. Ahora bien, la cosa cambia con la aparición de ciertas variantes del feminismo, según las cuales, el sexo es una pura convención, en donde se ignora dimorfismo sexual. Eso erosiona el proyecto feminista. Si no hay mujeres –o si, lo que es lo mismo, basta con autoidentificarse como mujer para ser mujer—no hay igualdad que reivindicar por la disolución de sujeto de reivindicación. Es como si el capitalista dijera “yo soy un proletario porque me siento proletario”. Una vez más el sentimiento convertido en demostración. E imponiendo silencio, que es lo peor.

P: ¿Y cabe la discrepancia sobre el nacionalismo en la universidad?
R: No siempre es sencillo. Depende de departamentos y facultades. Recuerdo una experiencia que se repitió más de una vez hace unos años: un colega venía por un pasillo solitario, miraba para atrás y, una vez se aseguraba de la ausencia de testigos, cuando estaba a tu altura, te decía, casi a la carrera: “muy bien eso que escribes, estoy completamente de acuerdo”. Yo tengo muchos amigos que se han acabado marchando de Cataluña por esta razón. Pero bueno, ocurre en otros lugares de otra manera. Sería interesante conocer lo sucedido en la Universidad Complutense en los departamentos en donde surge Podemos. Conozco gente brillantísima, de primera línea, filósofos de la ciencia que han ejercido en centros de primer nivel, a los que les han hecho la vida imposible.

P: Mientras usted pensará muy mucho cada artículo que publica en prensa, la contraparte inventa micromachismos y el mansplaining...
R: Bueno, el trabajo, en realidad, te lo facilitan. Tú tarea es como la del forense. Te ponen el cadáver y lo que tienes que hacer es diseccionarlo, desmenuzar los argumentos, la cháchara auto-referencial. Lo malo es que ahora parece que el muerto se levanta y quiere prohibir la autopsia. No se discute esta o aquella tesis, sino que se rechaza la posibilidad de discutir. La verdad la decide el BOE. Ese espíritu estaba ya la Ley de la Memoria Histórica. ¿Y si descubriéramos que Franco estaba al servicio de la KGB? ¿Tendríamos que callarnos? Solo podemos estar seguros de la calidad de nuestras tesis si tenemos la posibilidad de revisarlas, de discutirlas. Lo otro es querer apuntalar prejuicios. Tengo ciertas ideas a los veinte años y me paso el resto de mi vida levantado parches para salvarlas. Y no, lo debido es lo que decía el clásico: donde la razón me lleve. Hay que respetarse un poco. En el fondo, la aspiración de Camus de “vivir una vida verdadera”. El mismo que dijo que “si yo creyera que la verdad es de derechas, allí estaría”.

P: Sepa usted que mientras hablábamos, hay una mujer feminista que la semana pasada habló de un nuevo tipo de machismo que consiste en ir con la nariz fuera de la mascarilla en el transporte público...
R: En el último libro (Sobrevivir al naufragio) me he ocupado con algún detalle de cómo funciona ese truco intelectual: se relaciona lo que me parece mal con el macroconcepto estigmatizado (capitalismo, sistema, heteropatriarcado, Estado) y se proporciona una ilusión de explicación. La operación se remata con una condena en la que el acto de señalar es ya un diagnóstico. Está estudiado empíricamente: con un número suficiente de individuos iniciales condenando algo, por más absurdo que sea (vestir de un color, peinarse así o asá), puedes conseguir que todos los condenen por machista, capitalista o lo que sea. Es, ni más ni menos, la negación de una sociedad libre, aquella en la que, para decirlo con Sabina, no debe costar tanto ser valiente y ser cobarde no debe valer la pena. Hemos de asegurar en serio el derecho a discrepar, a decir que no. Lo de Marx en el Manifiesto Comunista, la defensa de una sociedad en la que el libre desarrollo de cada uno es la condición del libre desarrollo de todos”.

P: ¿Se le ocurre algún ejemplo concreto en España?
R: El ejemplo vasco, donde las víctimas van acobardadas por la calle y los asesinos son homenajeados. Hay que ir muy lejos en el espacio y muy atrás en el tiempo para encontrar una sociedad más podrida moralmente.

P: ¿Es la covid-19 una nueva amenaza para nuestra libertad?
R: Es, ante todo, una amenaza para nuestra salud. Y un ejemplo notorio de los nuevos retos civilizatorios a los que tendremos que enfrentarnos con nuestro mejor conocimiento y tratando de preservar las principios que nos importan. Ante todo, no hay que engañarse con conjuros. Resulta infantil pensar que todo lo que deseamos es realizable simultáneamente: comer chocolate y estar delgado; amar y no ser frágiles. No es impensable que una sociedad autoritaria resuelva algunos problemas mejor que una democrática. Pero nos importa una vida digna, no cualquier tipo de vida. Nadie firmaría estar en una bañera conectado a un aparato que le suministra LSD permanente, aunque “fuera” feliz. Pero precisamente por eso, porque nos estamos jugando algo tan importante, no se pueden permitir caprichos arbitrarios de cualquier gobernante circunstancial. Y es cierto que se están abriendo mucho el campo para comportamientos arbitrarios. El miedo allana el camino.

P: ¿Ha tenido el Gobierno de España una posición autoritaria durante el estado de alarma?
R: Ha tenido una posición autoritaria, identificable menos en la legislación, de la que no ha dejado de hacer un uso discrecional, como en la exigencia de unanimidad precisamente a quienes tienen la obligación de controlar, al Parlamento. Recordar que el gobierno lo ha hecho fatal en los tres indicadores básicos, economía, salud y respeto a las libertades, se consideraba antipatriota. Un argumento muy franquista.

P: Aun así, se ha mantenido la 'paz social', por decirlo de alguna forma...
R: De que se ha gestionado mal no caben dudas. Tenemos una suerte de experimento natural con la comparación con países razonablemente parecidos al nuestro. La paz social depende de las correas de transmisión, para decirlo con Lenin. No tengo duda de que si esto hubiese pasado con la derecha en el Gobierno, las calles hubiesen estado incendiadas. Nos lo recuerda desde el otro mundo Excalibur, el perro sacrificado cuando el ébola.

P: En las crisis suelen surgir profetas del apocalipsis que tratan de encaramarse al poder o conseguir lucro. ¿Qué nos espera a partir de ahora?
R: No creo que surja desde la izquierda. Los sospechosos habituales, Podemos, está en el Gobierno y de ahí no lo van a quitar ni con agua caliente. Y no hay otra izquierda. En ese sentido, el destrozo que el Gobierno ha hecho a la izquierda es brutal. Es fácil en el terreno de los principios, pero, no en los mimbres sociales, convertidos en un erial. Tenemos un vicepresidente que ha visitado en la cárcel a delincuentes que han encabezado el proyecto más anti-igualitario de nuestra historia reciente y no tan reciente. Han ensuciado las palabras y las herencias.

P: ¿Y qué puede pasar a partir de ahora?
R: Seguramente, si Vox tira de la veta obrerista-populista-nacionalista, autárquica, podría aprovechar electoralmente ese descontento. Sobre todo ahora que Ciudadanos ha perdido cualquier perfil ideológico y el PP marianea de nuevo, un marianismo sin técnicos, que es lo peor.

P: ¿Empeorará el ambiente social?
R: Es posible. De todos modos, por lo que sabemos desde Tocqueville, cuando el personal está muy mal no hay revoluciones. Se requiere cierta esperanza de que las cosas cambien y condiciones y cauces de organización. Nada de eso se da. Quizá se produzca algún fenómeno de violencia, pero no creo que se descontrole. Otra cosa son los reajustes electorales. Pero mejor dejar el género de las especulaciones, tan gratuito.

P: Hablemos de sus sentimientos. ¿Se equivocó Ciudadanos con el giro hacia el Gobierno durante el estado de alarma?
R: Nunca hay que escupir sobre lo que se ha amado mucho (ríe). Aunque, en rigor, ciudadanos no es una criatura mía. Quizá no esté de más recordar que nosotros no creamos un partido, sino que firmamos un manifiesto en favor de un nuevo partido político en Cataluña y animamos en los primeros pasos. Cuando aquello cogió ciertas hechuras, algunos propiciamos un compromiso con la socialdemocracia, perfectamente compatible con el mejor liberalismo contemporáneo. La herencia ilustrada, sí. En un momento determinado, Albert Rivera, con la complicidad de muchos de los que luego ha hablado de girar a la izquierda, purgaron el ideario, expulsando las referencias a la socialdemocracia. Algo conceptualmente ridículo, porque cambiar de principios es cambiar el partido. Jugar al fútbol con la mano se llama baloncesto. Naturalmente, eso llevó a muchos a abandonar el proyecto. Rivera, una vez enterrado Rajoy con malas artes, apostó a ser el líder de las tres derechas. Lo critiqué. Por los pelos no lo consiguió, pero era una derrota definitiva. Y estaba obligado a mantener su compromiso de que no apoyaría Sánchez. Por eso después lo defendí. De eso va la democracia, salvo para Sánchez, claro. Ahora, ya no se pueden dar más golpes de timón. Creo que es un partido acabado.

P: Le escucho hablar y se me plantea una pregunta. ¿Qué tendrán los egos que trastornan?
R: Seguramente, salvo excepciones, si no tienes ego no te metes en política. Supongo que el coraje que conlleva dedicarte a la política y renunciar a las modestas limosnas de los días, que diría Borges, tiene también sus externalidades negativas. Y como los aduladores no tardan llegar es tentador subirse a la peana. El hambre y las ganas de comer. Entre los artistas pasa mucho. Por eso los hay tan capullos. Pero vamos, no pasa con todos. Fíjese en Rajoy. Él era...Mariano (ríe).


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