AGLI Recortes de Prensa   Viernes 28  Agosto  2020

El contagioso ego napoleónico de Sánchez
Ramón Pérez-Maura ABC 28 Agosto 2020

Tengo dicho que no paramos de mejorar. Una de las consecuencias del coronavirus, quizá una buena, puede ser un serio replanteamiento del disparate que es que un país de medio millón de kilómetros cuadrados esté dividido en 17 comunidades autónomas y dos ciudades con casi las mismas competencias que la comunidad de Andalucía, que tiene ocho millones y medio de habitantes o que la de Castilla y León, que suma más de 94.000 kilómetros cuadrados.

El disparate de la gestión del Gobierno de la nación en la pandemia que padecemos nos ha llevado a que, a pesar de padecer una reclusión mayor a la de ningún otro país entre nuestros pares occidentales, tengamos unos resultados que nos ponen a la cabeza en el ranking de gestiones incompetentes. Así que el pasado martes, el presidente del Gobierno decidió lavarse las manos y pasar los muertos a las comunidades autónomas, que son las que ahora, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, podrán pedir la declaración de estados de alarma para la totalidad o parte de sus territorios. Lo que yo no entiendo es por qué el 116 es válido ahora y no lo era en marzo. La única diferencia es que entonces Sánchez quiso asumir poderes cuasi dictatoriales y hogaño ni Iván Redondo es capaz de disimular el desastre en que ha concluido todo lo que se hizo durante 98 días de Estado de alarma que se nos anunció que acababan con la derrota del virus. Todavía me acuerdo del recochineo de la retroprogresía cuando George Bush aterrizó en un portaaviones en el golfo Pérsico y proclamó la victoria de los Estados Unidos en Irak. La diferencia está en que entonces los muertos de los que hablaba la izquierda española estaban a miles de kilómetros de nuestras fronteras. Hoy pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos o nuestros consortes. Pero no hay vergüenza para reconocer el error.

En este Estado autonómico Sánchez ha contagiado su ego napoleónico a quienes ahora tienen las competencias sanitarias. Y en estos días hemos visto un ejemplo espeluznante en la comunidad de Cantabria, mi tierra. Según confiesa el consejero de Sanidad de aquel Gobierno, el socialista Miguel Rodríguez, «en la primera semana de este mes los nuevos infectados crecieron un 123 por ciento; en la segunda un 70 por ciento; y en la tercera un 9 por ciento. Esto muestra una tendencia claramente descendente que esperamos se consolide al final de la cuarta semana».

No puedo estar más de acuerdo con el consejero. Pero, a continuación Rodríguez ha incitado a toda la población de Cantabria a denunciar a «los que sepan de gente que debe estar confinada y no lo cumple, que nos lo comunique o que se lo diga a las fuerzas de seguridad. No podemos permitirnos que gente que tiene que estar confinada esté danzando por la calle». Por supuesto que el que tiene que estar recluido no puede pasearse libremente. Pero no se puede permitir que desde un Gobierno democrático se pida a la población que adopte formas de actuación más propias de las peores dictaduras de la historia de la Humanidad: la de la Alemania nazi o la de la Alemania ocupada por los soviéticos. Se pide a los ciudadanos que se conviertan en soplones y denuncien a un vecino que está paseando y del que se puede sospechar que está enfermo porque le han visto toser o porque estuvo un día en un bar donde se vio a otra persona que después dio positivo en un análisis. ¿Se dan cuenta de cuántos ciudadanos de bien quedan indefensos frente a los ataques de vecinos que por cualquier envidia les puedan tener enfilados? De verdad que no paramos de mejorar.

Peligrosa evolución antidemocrática
Editorial ABC 28 Agosto 2020

La gestión política de la pandemia ha metido al Gobierno de Pedro Sánchez en el peligroso territorio de las prácticas antidemocráticas, a rebufo de la excepcionalidad de la situación y bajo el chantaje emocional de los riesgos para la salud de los ciudadanos. Lo que carece de calidad democrática no es España ni su estructura constitucional, sino el Gobierno que la dirige, entregado con entusiasmo a faltar a la verdad sobre todos y cada uno de los aspectos esenciales de su acción política contra la pandemia. De principio a fin, desde el 14 de marzo hasta hoy, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha tenido otra estrategia que la de falsear la realidad y desarticular los mecanismos democráticos de control al Gobierno. España es el noveno país del mundo con mayor número de infectados y el peor de Europa en esta segunda ola o como quiera llamarla Fernando Simón. Se ha llegado a esta situación tras imponer un régimen de confinamiento nacional, con restricciones absolutas de la libertad de movimiento -y persecuciones de la libertad de expresión en las calles y en las redes-, y con el hundimiento de la economía. No hay proporción entre los medios aplicados y el desastroso resultado obtenido.

El Gobierno esconde el número de muertos realmente causados por el Covid-19, aunque los estudios más fiables lo sitúan cerca de 50.000. También esconde el nombre de los «expertos» a los que tantas veces endosó sus contradicciones e improvisaciones y ahora queda la duda de si tales expertos existieron alguna vez. Y para rematar su arraigada política de la mentira, el Gobierno se niega a facilitar al Parlamento documentos esenciales para saber de qué información disponía Pedro Sánchez sobre el Covid-19 y desde cuándo, pero seguro que desde antes del 8-M. Esos documentos son las alertas que el Departamento de Seguridad Nacional remitía al presidente del Gobierno desde finales de 2019. El Partido Popular solicitó una copia de esas alertas, pero el Ejecutivo solo ha permitido que sean analizadas por diez diputados populares, quienes no podrán difundir su contenido. Es una burla a la oposición y a la opinión pública y una manipulación partidista del interés nacional, caricaturizado como interés de conveniencia para Pedro Sánchez. Lo mismo sucede con los informes que la Abogacía del Estado había elaborado con un plan B al estado de alarma. La petición de la diputada de Vox Macarena Olona para que se le entregara copia de esos dictámenes ha recibido como respuesta del Gobierno una negativa sin justificar y una insultante remisión a un discurso del presidente Sánchez, en el que menciona de pasada esos informes.

La opinión pública no debe acostumbrarse a esta degradación progresiva del nivel democrático del Poder Ejecutivo y si la mayoría de Sánchez en el Congreso le inmuniza del control parlamentario, se hará inevitable acudir al control judicial.

El caos en la educación y la manía de improvisar
Editorial ABC 28 Agosto 2020

Tarde, mal y después de semanas generando confusión, el Gobierno ha avalado por fin la teoría de que el inicio del nuevo curso escolar debe ser eminentemente presencial para los alumnos. Desde el pasado junio hasta ahora, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha estado absolutamente desaparecida. Su departamento no ha dirigido ni una sola consigna, ni una sola instrucción o una sola indicación útil a la comunidad educativa, y ahora, de golpe y cuando apenas faltan dos semanas para la escolarización de millones de niños, reacciona improvisando medidas. Pero la vuelta a las aulas, con los matices que ofrecen los distintos cursos, los tramos de edad, la especificidad de la educación especial, o los riesgos sanitarios para el profesorado y el personal de los centros educativos, es en cualquier caso una buena noticia.

Las comunidades autónomas podrán clausurar colegios en casos extremos de infección y no hará falta la autorización del Ministerio de Sanidad, como pretendía Celaá, que ha perdido también ese pulso con la regiones. Conviene ser plenamente conscientes de que el peligro del virus se mantiene, y que los protocolos de seguridad sanitaria pueden fallar. Por eso es esencial que Celaá haga lo que no ha hecho hasta ahora: liderar una crisis que en otoño podría convertirse en caótica para muchos cientos de alumnos, profesores y padres por la simple gripe de uno de ellos. Los protocolos de actuación deben ser nítidos, y aún no lo son. No basta con fijar criterios tardíos, sino que es obligación del Gobierno hacer un seguimiento constante y sistemático, y colaborar con lealtad con las autonomías en lugar de despreciarlas. Lo demás sería añadir más confusión e incertidumbre a la vida académica de los niños, a la salud de los profesores y a las exigencias laborales de los padres.

El desastre educativo del que no se salva nadie: ni Gobierno ni Comunidades
ESdiario 28 Agosto 2020

El acuerdo entre Celáa y las regiones está más destinado a disimular la improvisación de todas las autoridades educativas que a atender a las circunstancia reales del curso.

El Gobierno y las Comunidades han llegado a un acuerdo de mínimos para el arranque del curso escolar. Y precisamente eso, que apenas salga de generalidades, es la mejor prueba de su escasa dimensión y de su desapego a la realidad que, con casi total seguridad, se va a vivir en las aulas de toda España durante el mes de septiembre.

La insólita desaparición del Ministerio de Educación durante todo el verano y la insuficiente presión de los Gobiernos autonómicos ha desembocado en una situación indignante de desatención e improvisación que, desde luego, no se compensa con un acuerdo más destinado a salvar la cara política de los responsables educativos que a atender la emergencia con solvencia.

Nada está nada claro en ese pacto suscrito por todas las regiones a excepción del País Vasco, que dice no necesitar el visto bueno ni la tutela de nadie para aplicar lo que estime oportuno. Se trata de un compendio de medidas, en todo caso, destinadas a tapar la galopante falta de criterio y de trabajo del departamento de Isabel Celáa, que desechó la experiencia del curso pasado y el precioso tiempo de asueto vacacional hasta que la realidad nos atropelló de nuevo.

No hay un plan real de educación a distancia. No existe un protocolo de actuación preciso en el caso de que haya contagios. No está claro como separar a los alumnos físicamente. No se ha adaptado el plan de asignaturas a las circunstancias. Y, en fin, no se ha despejado la fórmula, ciertamente compleja, para atender las distintas necesidades de cada tipo de alumno; la convivencia entre ellos y los adultos o la conciliación entre el trabajo de sus padres y la cuarentena escolar si llega.

Se ha ganado algo de tiempo, en fin, más para las autoridades políticas que para la comunidad docente, despreciando la experiencia de otros países que planificaron el curso con meses de antelación pese a que sus circunstancias eran menos adversas.

Ahora, con los contagios disparados y muy por encima de los de toda Europa, se pretende simular un arranque presencial que fracasará en poco tiempo, quizá en horas, y obligará a una suspensión progresiva de las clases: si en Alemania se ha procedido así al detectar dos casos en un mismo centro, ¿cómo no se va a hacer lo mismo en España? Y cuando eso ocurra, de nuevo la improvisación será la lamentable respuesta.

¿Qué reformas estructurales necesita España?
Enrique Feás Vozpopuli 28 Agosto 2020

Gobiernos y políticos –del nivel que sean y del partido que sean– han de tener claro que están ahí para ayudar a los ciudadanos, pensando en el bien común y no en las próximas elecciones

Para salir de la crisis, aparte de controlar la pandemia, hacen falta tres cosas: evitar turbulencias financieras, impulsar la demanda y que el lado de la oferta responda. A las dos primeras cosas nos ayuda laUnión Europea, con la financiación de la Comisión para cubrir los ERTE, el control de la prima de riesgo con las compras de deuda del BCE y las transferencias del Fondo de Recuperación para Europa. Pero para que la oferta responda necesitaremos, además del apoyo europeo, ambición y voluntad política para acometer importantes reformas estructurales. De su nivel y profundidad dependerá que España se ponga en marcha con una economía reforzada y avance hacia el futuro o siga para siempre renqueando con muletas.

¿Qué reformas estructurales? Vamos a concretar un poco y sugerir unas cuantas, incluyendo muchas propuestas de expertos –ahora que por fin hay que hacerles caso– expresadas en los numerosos informes elaborados en los últimos años y que yacen olvidados en un cajón.

Por el lado de las finanzas públicas, habrá que reforzar los ingresos, para lo cual los expertos coinciden en lo sustancial: en imposición indirecta, revisar a fondo tipos reducidos y exenciones del IVA; en imposición directa, revisar y simplificar deducciones en renta y sociedades y recortar regímenes de estimación objetiva (innecesarios en un mundo digitalizado y muy susceptibles de fraude). Crear nuevos impuestos será mucho más efectivo a nivel europeo que nacional. Al mismo tiempo, será imprescindible hacer un análisis de eficiencia de todo el gasto público, asegurar la sostenibilidad de las pensiones (recuperando el factor de sostenibilidad), y garantizar la coordinación con el gasto autonómico (entre otras cosas para asegurar la eficiencia de medidas como el ingreso mínimo vital), así como procurar que el gasto en desempleo se utilice de forma adecuada.

Como una gran parte del gasto público depende del empleo (cotizaciones sociales y gasto en desempleo), para maximizarlo junto con el crecimiento es imprescindible que el impulso de la demanda se acompañe de un sistema productivo ágil y flexible. La transformación digital y medioambiental (que ya analizamos en el Informe del Real Instituto Elcano 'Recuperación o metamorfosis') debe complementarse con importantes cambios regulatorios.

Así, conviene simplificar en todo lo posible la carga regulatoria para las empresas. Regular bien es importante, pero regular mucho no es necesariamente regular bien. Por ejemplo, para negocios pequeños que no supongan riesgo para la salud o la seguridad de los ciudadanos, convendría explorar –siguiendo el ejemplo de países más eficientes– la autoacreditación seguida de inspección posterior (con severas sanciones en caso de incumplimiento). Es preciso además diluir barreras regulatorias al crecimiento empresarial (requisitos que sólo operan a partir de un número determinado de empleados), y garantizar que España funcione como un auténtico mercado único (evitando que las legislaciones autonómicas funcionen en la práctica como barreras proteccionistas).

Consenso para la Educación
La reforma educativa sigue siendo la gran reforma pendiente de España, y requerirá una planificación a largo plazo y un amplio consenso multipartidista. En el ámbito de la formación básica, y tras décadas de estériles debates entre educación para la ciudadanía y religión, es el momento de centrarse en potenciar habilidades y en reflexionar sobre la calidad y motivación del profesorado y su sistema de selección, así como su formación permanente. Por otro lado, la educación obligatoria y gratuita de 0 a 3 años no sólo serviría para mejorar el futuro de los niños y reducir la desigualdad, sino también para evitar que la maternidad condicione injustamente las perspectivas salariales y profesionales de las mujeres (como analizaba recientemente el Banco de España). Asimismo, el apoyo a familias más pobres resulta crucial para evitar el abandono escolar: no hay inversión más rentable para una sociedad que la inversión en la infancia.

Resulta asimismo urgente reconsiderar el modelo universitario español que, más allá de la calidad indudable de algunos profesores o facultades, no consigue colocar a ninguna de sus universidades entre las 150 mejores del mundo, favorece el abandono (un 30% frente al 16% de la media europea) y no atrae estudiantes de posgrado europeos (menos del 10%). Los expertos recomiendan una mayor especialización y diferenciación universitaria, una mayor autonomía asociada a una mayor responsabilidad (con evaluación externa y pública de su calidad, lo que permitiría una menor burocracia), una mejora de la selección del profesorado, fomentar la movilidad y la competencia por el alumnado, órganos de gobierno más reducidos y elecciones a rector simplificadas y abiertas a extranjeros.

La burocracia sigue siendo un lastre tan importante como la falta de dinero en el ámbito de la investigación, donde hacen falta recursos públicos para I+D+i y cambios legislativos, así como un mejor vínculo con la empresa y la universidad. La labor del sector público puede ser fundamental en el desarrollo industrial, proporcionando investigación básica pública y estimulando la privada. En España gran parte del bajo gasto en I+D+i respecto a los principales competidores se explica por la falta de inversión privada, y esta sin duda se debe en parte al escaso tamaño medio empresarial.

Los agujeros del empleo
La educación (no sólo del trabajador, también del empleador, algo crucial en un país con un elevado porcentaje de PYMES) es el pilar fundamental de la productividad y del empleo, e imprescindible en aspectos como la internacionalización. Pero, además, en el ámbito regulatorio, una reforma del mercado de trabajo resulta ya inaplazable. La legislación laboral debería ser muchísimo más simple, porque la complejidad ha demostrado ser el hueco perfecto para el abuso legislativo (incluso en el seno de la propia administración). Hay que probar fórmulas que eviten la enorme brecha entre temporales e indefinidos, y en paralelo reforzar la inspección de trabajo, que debería tener una plantilla mucho más numerosa, actuar de oficio, prestar labores de asesoramiento a PYMES en cumplimiento normativo y cruzar datos con todas las Administraciones (tanto central como autonómica o local). Adicionalmente, resulta imprescindible reformatear las políticas activas de empleo, usando mucho más la tecnología.

Todo esto, por supuesto, sin ánimo de exhaustividad y sujeto a muchos matices. Aunque será imposible sin dos reformas básicas que España necesita urgentemente desde hace décadas. En primer lugar, una reforma integral de la Administración y del sector público empresarial (como decía la reforma que hizo Canadá en los noventa, más que de decidir lo que hay que quitar, se trata de “decidir qué se debe preservar”). En el ámbito del personal, es crucial ir hacia una selección de directivos exclusivamente por criterios de mérito y capacidad en concursos públicos abiertos (y no con criterios de remuneración política). Sólo desde un sector público profesionalizado y despolitizado será posible plantearse una reforma general del sistema de acceso a la función pública, modernizándolo y simplificándolo, así como reducir el blindaje del empleo público (sólo justificable para evitar la injerencia política).

Es preciso revisar si en el siglo XXI tiene sentido la actual reducida proporción de funcionarios de alta cualificación, permitir una remuneración más acorde con la productividad y tomarse en serio la formación del personal. Esta reforma y despolitización de la administración debería acompañarse de una reescritura de las leyes administrativas, presupuestarias y de contratación, excesivamente rígidas y pensadas para administraciones antiguas. Hay propuestas, pero quizás hay que ser ambiciosos y pasar poco a poco del control a priori y la intervención del gasto hacia el control a posteriori con publicidad y auditoría (el uso de big data, por ejemplo, debería permitir la publicidad de todo tipo de contratos por parte de la administración, incluidos los de menor cuantía). Es decir, más confianza a priori a cambio de más responsabilidad a posteriori, única forma de permitir una administración más ágil que, por ejemplo, contrate rápidamente rastreadores o profesores de apoyo en caso de pandemia.

En este sentido, la digitalización de la administración es una de esas eternas promesas incumplidas (salvo para la Agencia Tributaria). A estas alturas, administraciones como las de Justicia deberían estar totalmente digitalizadas, lo que –unido a la formación y refuerzo de su personal– permitiría una agilización de la Justicia, crucial para garantizar la seguridad jurídica.

Cambio de mentalidad
La segunda gran reforma tiene que ver con la coordinación entre administraciones, tanto verticalmente (entre Estado y comunidades autónomas y administraciones locales) como horizontalmente (entre sectores de la administración, o entre ésta y el sector privado), cuya ausencia se ha puesto claramente de manifiesto durante esta pandemia. Una parte de la solución requiere capacitación, un refuerzo y modernización de medios e intercambio de datos (una vez más: mayor flexibilidad en la disposición de información a cambio de mayor sanción por su uso inadecuado). Otra parte, sin embargo, requiere un profundo cambio de mentalidad para que, desde la lealtad y el respeto de los ámbitos competenciales, gobiernos y políticos –del nivel que sean y del partido que sean– tengan claro que están ahí para ayudar a los ciudadanos, pensando en el bien común y no en las próximas elecciones. Quizás sea éste, en última instancia, el verdadero cambio estructural que más urge en España.

Ahora toca estado de alarma a petición de parte
Sánchez, como Pilatos, se lava las manos en el pilón de las autonomías
Miguel Massanet diariosigloxxi 28 Agosto 2020

Son ya muchos los trucos, las improvisaciones, las manipulaciones o los arreglos a los que nos tiene acostumbrados el señor Pedro Sánchez desde que accedió a la presidencia del gobierno español. En consecuencia, ya nadie se llama a engaño cuando se sale con una de estas ideas “innovadoras” seguramente salidas de su mente o de la de este colaborador, el señor Redondo, al que los españoles vamos a tener que recordar durante mucho tiempo como copartícipe de estas políticas aberrantes que, el actual gobierno, está poniendo en práctica para intentar salvar los platos rotos que vienen resultando de la deplorable gestión que se ha venido haciendo de la pandemia del Covid 19 y de su, no menos desastrosa, forma de afrontar lo que amenaza con ser el gran desplome económico de España, como consecuencia del coronavirus y de la incapacidad de nuestras autoridades de enfrentarse a la epidemia inmediatamente que se tuvo conocimiento de su existencia y del peligro que entrañaba.

Dejando aparte, para quienes tengan la función de aplicar la Justicia en nuestro país, a los responsables de todos los errores presuntamente merecedores de una sanción administrativa o de tipo penal que se hayan cometido hasta la fecha; lo que es evidente es que, en la actualidad, se siguen practicando, por quienes nos gobiernan, una serie de improvisaciones, actuaciones y decisiones que dejan en evidencia que, la política actual de nuestro ejecutivo se basa en tratar de esquivar como fuere, las responsabilidades de los rebrotes de la pandemia, mediante el cómodo procedimiento de “endilgar”, vaya por delante el palabro castizo, a las 17 comunidades autónomas de nuestro país, la responsabilidad de encontrar la solución más adecuada para la nueva situación provocada por la reaparición del coronavirus, renunciando a que sea el Estado quien decida la política común que debiera llevarse a cabo para que no se produzca, como en los reinos de taifas, diecisiete soluciones, probablemente distintas para los españoles residentes en cada una de las autonomías de nuestra nación.

Nadie que tenga una mínima noción de política puede dejar de observar, en la conducta de este experto en maquinaciones que favorezcan a sus intereses particulares, que se vienen centrando en mantenerse en el poder cueste lo que cueste, que es el señor Sánchez, puede tragarse la píldora de que, lo que está intentando nuestro presidente, es evitar que sobre él y su gobierno recaiga el estigma de ser los responsables de un fracaso como el que tuvieron en la primera parte de la aparición del virus; algo que el pueblo español, con toda seguridad, no sería capaz de perdonarles.

El juego que se ha estado llevando a cabo no tiene desperdicio desde el punto de vista de un analista que haya querido observar las distintas etapas de todo el proceso. Una primera parte en la que el Gobierno pretendió asumir el protagonismo de la lucha contra la epidemia pensando, sin duda alguna, que las profecías del señor Fernando Simón estaban basadas en sesudos estudios, en la que seguramente pensó que, con facilidad, se podría apuntar en su haber el conseguir doblegar la epidemia antes de que ésta hubiera podido echar raíces en España. No fue así, las comunidades se rebelaron contra el mando único y el Gobierno se vio abocado a tener que apechugar con la deblacle consecuente, debida a su imprevisión e inoperancia.

Ahora le interesaba a Sánchez poner distancia entre Gobierno y aquellos que gestionaban la pandemia. Empezaron por dar datos falsos, trucados, inexactos y decidieron congelar las cifras de fallecimientos en 27.000 para que el crecimiento desorbitado de contagios y muertes debido a loa epidemia no produjera una explosión de miedo en el pueblo, que pusiera en dificultades al gobierno. La solución se encontró pasando la patata caliente a las autonomías, con la perversa intención de dejarles que fueran ellas y no los integrantes del Gobierno Central, las que cargaran con las consecuencias si, como estaba en la mente de todos, el virus no acabaría de erradicarse y, con toda probabilidad, podría repuntar cuando llegaran el otoño y el invierno. Sin embargo, el taimado Covid 19 tenía reservada una sorpresa mayúscula para todos aquellos optimistas que pensaron que, en Verano, se aplacaría la enfermedad como consecuencia del calor y que dejaría un plazo razonable para que, tanto los servicios sanitarios como la economía, especialmente el turismo, tuvieran ocasión de reponerse de los malos resultados de los meses anteriores. No sólo no se aplacó con la llamada vuelta a la “nueva normalidad”, sino que la imprudencia de una parte de la ciudadanía, la ignorancia de quienes auguraron que la epidemia cedería y la realidad de que las medidas adoptadas no han sido suficientes para acabar con una pandemia que, a la vista está, no parece que tenga trazas de disminuir, al menos antes de que se encuentre una vacuna fiable para que se pueda aplicar a todos, antes de que toda la humanidad se vea afectada por semejante peste.

Solución para Sánchez, Redondo y toda la camarilla de quienes viven a costa del Estado, aunque no sean capaces de cumplir con sus obligaciones para con todos los ciudadanos. Ahora que ya consiguieron traspasar a las autonomías el peso de combatir la epidemia, que ha pasado a un segundo término la responsabilidad gubernamental, al menos es lo que ellos quieren hacer creer a los ciudadanos, corresponde hacer un gesto de magnanimidad de modo que, aunque sigue recayendo todo el peso de combatir la epidemia a las 17 comunidades, el Gobierno, generoso, se ofrece a declarar el estado de alarma en cada comunidad que se lo pida. Deberá pedirlo el gobierno de cada una de ellas, que tendrá que hacer saber cuáles son los planes de cada uno para usar el estado de alarma en acabar con el peligro de la epidemia en su comunidad. Esto supone que puede haber 17 estados de alarma meramente permitidos por el Gobierno, en el ejercicio del Artº 116 de la Constitución, delegando la puesta en práctica en cada uno de los gobiernos comunitarios.

La pregunta inmediata que cabe proponer: ¿ es lógico que no exista un criterio unificador que parta del Gobierno de la nación, convenientemente asesorado por las autoridades máximas sanitarias y órganos de la magistratura, para evitar que cada comunidad emprenda por su cuenta una serie de campañas que, evidentemente, no serán todas de la misma eficacia y es posible que, alguna de ellas, pudiera aplicar remedios que fueran contraproducentes y que llevaran a reforzar los rebrotes de la enfermedad? Sin embargo, con esta maniobra, el señor Sánchez y sus mil asesores que, diremos de paso que se calcula que le van a costar al erario público la friolera de 55 millones de euros, en salarios para todos ellos; ha conseguido quedar, con su gobierno, en un segundo plano de modo que, al menos de momento (no sabemos lo que sucederá cuando los efectos económicos de esta doble crisis empiecen a causar mella en el trabajo y en las retribuciones), les deja la responsabilidad (marrón) de estar en primer plano, en el enfrentamiento con el Covid 19, a los gobierno de las respectivas autonomías, que serán los que deberán pensar si les interesa confinar a sus ciudadanos de nuevo en sus domicilios o determinar el grado de libertad que se les puede conceder, para evitar que la epidemia siga haciendo estragos sanitarios y económicos en sus respectivas circunscripciones.

Pero no olvidemos que, el estado de alarma se concede por solo 15 días y mediante decreto del Gobierno pero, en el caso de que en este plazo no se haya solucionado el problema en el tiempo concedido, entonces ya no basta que el Gobierno acceda, sino que ya hace falta tramitarlo en las Cortes y obtener el correspondiente aprobado mediante la pertinente votación. ¿Qué puede pasar si es necesario acudir a esta parte del procedimiento y, en la cámara de representación popular, por los motivos que sean, no se consigue el permiso que se solicita y aquella comunidad que lo ha solicitado se queda sin autorización y sin saber qué camino seguir?

Auguramos un negro horizonte para los meses que tenemos por delante. La llegada del otoño promete una situación que puede ser determinante para el pueblo español. Si sigue, como es de esperar, el coronavirus probablemente va a tener que convivir con la gripe de cada año que, aunque fuera benigna, no sabemos lo que puede suceder si tiene que interactuar con el virus de la pandemia. Y por si fuéramos pocos, ya se han registrado más de 35 casos en Andalucía de esta nueva epidemia que se trasmite por el mosquito del Nilo y que tiene efectos mortales si no se atiende con la diligencia precisa. Y, mientras tanto, toda una serie de incontrolados, idiotas y descerebrados, que siguen presumiendo de no temer el contagio y que no hacen caso de las advertencia que se les hacen desde el ámbito sanitario de la nación y siguen actuando como verdaderos idiotas, sin tomar en cuenta que no es que sólo jueguen con su propia salud, lo que seguramente no nos importaría tanto, sino que ponen en peligro la vida de miles de personas que no tienen ninguna culpa de que haya sicópatas que se rían de las advertencias que se les hacen, creyéndose estar por encima del resto de ciudadanos.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos maravillamos de que las encuestas que van apareciendo, ya no hablamos de la del CIS del señor Tezanos, que es obvio que sigue estando manipulada en favor de los socialistas, sino de otras que siguen dando la ventaja a los socialistas aunque nadie puede poner en duda su fracaso en cuanto a la dirección de la nación española durante el tiempo que hace que están al frente del gobierno. Seguramente va a hacer falta que se produzca la gran catástrofe para que algunos entren en razón y sepan reconocer de quién es la responsabilidad de que España vaya en dirección al abismo. Y una de Baltasar de Gracián: “Es tan difícil decir la verdad como ocultarla”

El suicidio de Ciudadanos
EDITORIAL Libertad Digital 28 Agosto 2020

El partido de Inés Arrimadas ha admitido este jueves lo que era un secreto a voces: está negociando los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno que preside Pedro Sánchez. Es bueno recalcar esto, porque aunque desde el partido naranja parecen no entenderlo, no serán los presupuestos del PSOE sino los de todo el Gobierno y eso incluye, para empezar, a un Podemos que tiene varios representantes en el Consejo de Ministros y además, al menos en cierto sentido, también a otros partidos en los que el Ejecutivo ha venido apoyándose desde su propia investidura, esencialmente los separatistas.

A estas alturas de la partida no queda claro si Ciudadanos está autoengañándose o está tratando de engañarnos a todos, pero sus argumentos para apoyar los PGE rozan lo ridículo: pretender que con la intervención cuasi milagrosa de sus diez diputados van a eliminar el "influjo" de Podemos en unas cuentas públicas que después aplicarán ministros de Podemos, dentro de un Gobierno defendido por los 35 diputados de Podemos, es el caso de voluntarismo político más disparatado que hemos visto en años.

Por otro lado, si con cualquier otro esa idea sería un completo disparate, con un presidente como Pedro Sánchez cuya palabra no vale absolutamente nada estamos ya hablando de un terreno que raya en la locura. ¿Qué pacto o qué promesa puede cumplir el que dijo que jamás pactaría con Podemos, que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias como ministro o que no podía haber dos gobiernos en el Gobierno? Más aún, ¿quién puede esperar nada de un Sánchez que para lograr su apoyo al estado de alarma pactó precisamente con Ciudadanos hacer desarrollos legislativos que ya ha admitido que no hará? ¿Cuántas veces se van a dejar engañar Arrimadas y los suyos?

Es difícil ver qué espera lograr Ciudadanos de esta estrategia, pero en este momento se diría que lo único que pretende el partido de Arrimadas es acortar la agonía política a la que parece condenado desde las elecciones del 10N; es decir, morir antes.

No sabemos a qué electorado pretende apelar el partido naranja con estos pactos con el PSOE -¡y con Podemos!- pero desde luego no es el suyo: por muchas especulaciones que se hayan hecho al respecto lo único que es posible certificar empíricamente es que cuando Albert Rivera se presentó con un no radical e inequívoco a Sánchez por bandera logró 57 diputados, mientras que cuando lo hizo con muchas más dudas y una posición ambigua al respecto se quedó en diez. Una progresión que tras un pacto de esta naturaleza parece claro que tendería a cero.

Por supuesto que un acuerdo que implicase la salida de Podemos del Gobierno sería completamente distinto, pero eso algo que no parece estar encima de la mesa, que ni siquiera está pidiendo Ciudadanos y que, desde luego, Sánchez no quiere hacer y no iba a aceptar.

EN resumidas cuentas, Ciudadanos va pactar con el Gobierno en el que está Podemos y va a tirar por la borda todo el crédito político que el partido haya podido acumular en años, algunos de extraordinario y durísimo enfrentamiento con el separatismo con el que sus nuevos socios no tienen ningún problema en sentarse a negociar. Hay que reconocer que uno de los argumentos que esgrimen los de Arrimadas es cierto: España necesita unos presupuestos, pero aún es más cierto que lo que de verdad necesita este país es otro Gobierno y no apuntalar este.


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La estelada, infalible contra el Covid-19
Sergio Fidalgo okdiario 28 Agosto 2020

El comportamiento de los separatistas catalanes durante la pandemia demuestra que piensan que llevar una bandera estelada o un lazo amarillo les inmuniza contra el Covid-19, y que les permite concentrarse por centenares o miles sin contagiarse. Se nota que los secesionistas han convertido a “la República catalana” en una nueva religión, y por eso pasean esteladas, lazos amarillos y urnas de la consulta del 1-O en procesiones. De ahí a otorgar a sus símbolos características milagrosas solo hay un paso. De hecho, si un grupo de independentistas está pidiendo la beatificación de Lluís Companys, pronto exigirán al Papa que lleve un lazo amarillo en la solapa como muestra de “democracia” y de “respeto” al “poble català oprimit”.

Los jerifaltes de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana están tan convencidos de los poderes preventivos y curativos de la estelada y el lazo amarillo que la Generalitat ha ido aprobando a lo largo de la pandemia diversas medidas restrictivas para los ciudadanos catalanes, como reducir el horario y el aforo de ciertos locales o prohibir las concentraciones de más de diez personas, pero sin perseguir ni multar cuando centenares de radicales secesionistas se juntaban en el espacio público para pedir la “llibertat” de los “presos polítics”.

De hecho, Quim Torra ha anunciado esta semana una nueva batería de medidas que reducen las libertades de los ciudadanos por el riesgo de expansión del Covid-19, pero asegurando que las “manifestaciones”, si se ejercen “respetando las medidas de distanciamiento, mascarilla e higiene de manos” sí se permiten. Claro, la Diada está a la vuelta de la esquina, y prohibir la kermesse anual de la ANC y Òmnium Cultural no tiene sentido, dado que la estelada es milagrosa y evita que el virus contagie a los que se acoge a su santa protección.

Vamos, que si doce ciudadanos catalanes “equidistantes” o “unionistas” se reúnen, con mascarilla, higiene de manos y manteniendo la distancia social, puede venir un batallón de Mossos d’Esquadra y multarles, y en caso de resistencia, acabar en el calabozo por delito contra la salud pública. Pero si doce mil separatistas se juntan en la vía pública para decir que España es una “dictadura”, que hay “presos políticos” y que hay que acabar con el régimen del 78 “fascista y opresor”, entonces no hay riesgo sanitario. Claro, llevan esteladas y lazos amarillos, y no hay nada más que el Covid-19 tema que a los símbolos de los que defienden la “República catalana”.

¿Cómo no se va a extender el virus por toda Cataluña con un gobierno autonómico tan lamentable, que aplica la ley del embudo? Aplica restricciones, salvo cuando afecta a la cuestión separatista, entonces hay barra libre. ¿Por qué un ciudadano catalán que no esté abducido por el secesionismo va a confiar en las medidas que dicte la Generalitat cuando Torra y sus consejeros cada día demuestran su parcialidad y su falta de criterio? Lo mejor para luchar contra la pandemia en Cataluña sería que todo el Govern se fuera a su casa, y entraran políticos que aplicaran medidas justas y racionales. Pero la “justicia” y la “racionalidad” son términos que el separatismo ha expulsado de la política catalana, y los ha sustituido por el sectarismo y el fanatismo. Todo vale para defender su propaganda rupturista, y todo vale para extender su programa de máximos entre la población.

Por eso el “otoño caliente” separatista no se detendrá ni por el Covid, ni por una plaga de langostas, si la hubiera. El 11 de septiembre y el 1 de octubre tendremos un aluvión de concentraciones separatistas que TV3 venderá como “cívicas” y “festivas”, y en los que no veremos un solo plano con alguien sin mascarilla. En tapar lo que no les interesa son auténticos maestros. El camino hacia la construcción de la “República catalana” se construye así, a base de mentiras y de convertir a unos en ciudadanos de primera, y a otros en ciudadanos de segunda.

Carrefour sigue su veto: coloca vinos de España en el lineal internacional «porque no caben en otro siti
Andrea Aguado Robles okdiario 28 Agosto 2020

Carrefour continúa con su veto al español en sus supermercados de Gerona. Esta vez la compañía de distribución de origen francés ha colocado marcas de vinos españoles como Mar de Frades, Yllera, José Pariente, Enate y Cuatro Rayas en el lineal de ‘vins internacionals’ en una de sus tiendas en Calella de Palafrugell. Además de situar este producto ‘made in Spain’ como fuera extranjero, los clientes que visiten este pasillo no encontraran en la cartelería ni rastro del español.

La firma de supermercados gala ha explicado a OKDIARIO que, en este caso, «no se trata de ningún menosprecio al español» ya que han colocado los vinos españoles en el lineal de internacionales «por que no caben en otro sitio de la tienda». Clientes de la firma se han puesto en contacto con este diario para mostrar su indignación ante este hecho que han calificado de «patético».

Además, coincide que ninguna de estas marcas de la sección de vinos internacionales son de Cataluña: Yllera, José Pariente y Cuatro Rayas pertenecen a la Denominación de Origen Rueda, que se encuentra en las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila, integrada por 72 municipios de Castilla y León. También podemos encontrar en este lineal de ‘vins internacionals’ Enate o Mar de Frades, que lejos de ser de fuera de España pertenecen a la DO Somontano en Aragón y la DO Rías Baixas en Galicia, respectivamente.

Por su parte, algunas de las bodegas españolas afectadas por esta situación han mostrado su indignación y han explicado a este diario que aparecer en el lineal de vinos internacionales perjudica gravemente sus ventas, ya que muchos clientes acuden a los supermercados buscando productos nacionales «por su gran calidad y no todos saben diferenciar cual es la procedencia de los vinos».

El menosprecio al español
No es la primera vez que Carrefour excluye al español en Cataluña, como ha publicado ya este diario. Un ejemplo son los pasillos de la cadena de supermercados de Rosas en Gerona, donde sólo se pueden apreciar rótulos en francés y catalán, pero ni rastro del español. Un hecho que lejos de rectificar, Carrefour explicó de la siguiente manera a este diario: «La rotulación que utilizamos en cada una de nuestras tiendas se ajusta a la normativa lingüística vigente obligatoria de la comunidad autónoma».

El menosprecio de Carrefour al español en los pasillos de sus supermercados incendio las redes sociales, donde los clientes cargaron contra la marca de supermercados de origen francés hasta amenazar con eliminar sus productos de la cesta de la compra. Críticas que no sólo afectan a sus usuarios en Gerona, si no también a otros de diferentes puntos de España: «Harto de tanta empresa extranjera que ofende a España».

Carrefour se ha sumado al veto al español de otras compañías, como Frigo. La compañía de alimentación, que pertenece a la multinacional angloholandesa Unilever, también alegó las mismas razones que Carrefour para justificar la exclusión del español de sus rótulos: «La rotulación de Frigo en Cataluña cumple con la normativa legislación vigente obligatoria para todas las compañías que comercialicen sus productos en esta comunidad autónoma».

La Generalitat catalana obliga a las empresas a rotular en catalán, pero no prohibe hacerlo en español. Las compañías pueden imprimir su cartelería en catalán y castellano, aunque el coste económico se incrementa.

Terrorismo. Celebración del 'Ospa Eguna'
Crispación en la Guardia Civil por la pasividad del Gobierno ante un acto 'abertzale' en Alsasua
FERNANDO LÁZARO. Madrid. El Mundo 28 Agosto 2020

El cuerpo policial reclama al delegado, al Ministerio del Interior y a la Audiencia Nacional que intervengan ante el 'Ospa Eguna' que reivindica expulsar a la Guardia Civil de Navarra

La agresión. Dos detenidos por agredir a dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en Alsasua
El juicio. El fiscal: "Las agresiones de Alsasua fueron xenofobia, racismo y fascismo en estado puro"
La sentencia. El Supremo rebaja las condenas a los ocho acusados por las agresiones de Alsasua

Los ánimos en el seno de la Guardia Civil están crispados. No sólo porque este sábado, 29 de agosto, de nuevo los radicales vayan a protagonizar un nuevo acto de ataque a la Institución Armada, sino porque, además, detectan un silencio institucional, una permisividad al Ospa Eguna (Día del adiós) que se celebrará en la localidad navarra de Alsasua, la misma en la que dos agentes y sus parejas sufrieron una paliza por eso, por ser guardias civiles.

La Guardia Civil detecta permisividad hacia el mundo radical y falta de defensa hacia sus agentes, y señalan a la Audiencia Nacional, a la Delegación del Gobierno en Navarra y al Ministerio del interior.

Fue la Unión de Oficiales la que el pasado mes de julio levantó la voz y llevó el caso a la Audiencia Nacional para buscar que ese acto no se celebrara. Esta organización alegaba que claramente se convertía en una jornada de odio contra la Guardia Civil y de aplauso para los etarras y sus entornos.

La Unión de Oficiales entendía que había motivos para que actuara la Fiscalía de la Audiencia o los propios juzgados de instrucción al entender que se podía estar produciendo una enaltecimiento del terrorismo. Pero aún no ha obtenido respuesta.

Cartel: 'Tú eres el virus'
Ya el año pasado también fue requerida la Audiencia para pronunciarse y uno de sus magistrados avaló los actos de los abertzales al considerar que no había indicios de que se produjera violencia.

Con el Ospa Eguna, los radicales reivindican la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Navarra y el País Vasco. Este año -estas jornadas contra la Guardia Civill se vienen celebrando desde 2010-, los organizadores han utilizando el lema Tú eres el virus, comparando a los guardias civiles con el coronavirus. El cartel no deja muchas dudas a la campaña de desprestigio.

La Unión de Oficiales entiende que se "está alentando a cometer delitos contra los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, uno de los cuerpos españoles más duramente castigados, junto con sus familiares, por la acción criminal de la organización terrorista ETA".

En el cartel se utiliza la imagen de un Gremlin verde (ya pasado por agua), en representación de la Guardia Civil, vestido con el uniforme portando un retrato del dictador Francisco Franco, junto a una pistola, una condecoración franquista, una botella de whisky y una olla a presión a punto de explotar.

Reclamaciones a Grande-Marlaska
Pero otras asociaciones como Jucil o la AUGC también han levantado la voz para tratar de poner fin a esta nueva jornada de acoso a la Guardia Civil en Alsasua.

En este caso, la mirada de estos guardias civiles se dirige al Gobierno, en concreto al Delegado del Gobierno en Navarra y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Les reclaman que pongan en marcha medidas para evitar estos nuevos hostigamientos en Navarra. Y apuntan que, con sus silencios, lo que están haciendo es avalar la actitud de los radicales abertzales contra el Instituto Armado.

Tanto Jucil como la AUGC denuncian que año tras año, desde la impunidad absoluta, se multiplica ese acoso a los guardias civiles y a sus familiares. Recuerdan, además, que estamos en una fase importante de repunte del contagio de la Covid-19 y que ése ya debería ser un motivo suficiente para que la delegación del Gobierno prohibiera las movilizaciones de este sábado.

Desde las filas del PP también se ha levantado la voz. La vicesecretaria de Organización de los populares y presidenta de este partido en Navarra, Ana Beltrán, exigió al Gobierno la prohibición "en el que se equipara a la Benemérita con el coronavirus" y "se humilla a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a sus familias".
Pedro Sánchez, "cómplice"

"La indiferencia de Pedro Sánchez le hace cómplice de la humillación a la que sus socios de investidura someten una vez más a la Guardia Civil", alertó Beltrán, en alusión a las organizaciones convocantes del acto, que tiene como lema Vosotros sois el virus.

"Es un acto de odio que utiliza la peor crisis sanitaria que recordamos para humillar a servidores públicos que arriesgan su vida a diario con el objetivo de protegernos de la pandemia", dijo Beltrán, para quien resulta "intolerable" que después de los miles de muertos causados por el coronavirus se permita la convocatoria de ese acto "contra guardias civiles que han sufrido graves problemas de salud o que incluso han fallecido por ayudar a contener la enfermedad".
 


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