AGLI Recortes de Prensa   Domingo 6  Septiembre  2020

Ya no hay excusa
Pifiarla en marzo tenía la disculpa de lo nuevo, pero ahora...
Luis Ventoso ABC  6 Septiembre 2020

El 4 de julio, Sánchez ofreció un mitin con aires de misión cumplida y titular alentador. «Hemos vencido a la pandemia», anunció, «el virus está controlado». Así que animó a los españoles «a disfrutar de la nueva normalidad» en las calles y criticó a la oposición por «usar el virus para acosar y derribar al Gobierno».

Sesenta y seis días después, España es el país europeo donde más rápido se expande la epidemia, lideramos los contagios en el continente y somos sexta nación del planeta donde más aumentan los infectados. La segunda ola despunta además en el momento más inoportuno y dañino, pues coincide con el regreso a las oficinas y con la chapucera reapertura de colegios y universidades. El viernes, las autoridades sanitarias españolas comunicaban 8.959 nuevos contagios, la mayor cifra desde que arrancó el rebrote. Para entender lo extremadamente anómalo de nuestra situación baste con señalar que la media de casos por cien mil habitantes en España es de 236, frente a 28 de Italia, que era el otro gran enfermo de Europa (en Alemania, 19). El pasado 2 de agosto, ABC tituló en su portada: «Segunda oleada inminente si no hay coordinación». Por desgracia ya estamos donde preveía el periódico (advertencia que Simón recibió escaqueándose a hacer surf a Portugal). La cifra de ingresos ha pasado de una media de 150 en junio a 1.800 en la última semana. Los muertos, de 15 por semana en julio a 160 ahora. ¿Qué ha hecho Sánchez ante un segundo pico anunciado? Nada. Primero irse de vacaciones y después sacudirse el problema con el eufemismo «cogobernanza» (traducción: pasarle la marmita hirviente a las comunidades).

No hay gobierno en el mundo que no haya sudado y sufrido ante un desafío de las dimensiones de esta pandemia. Se podría justificar -aunque yo no lo hago- el despiste del Ejecutivo español a finales de febrero y comienzo de marzo pretextando que todavía se sabía poco del virus. Se podría alegar -y es cierto- que la sanidad estaba transferida por completo a las comunidades desde hace lustros y que el Gobierno se encontró en órsay, porque el Ministerio de Sanidad era una carcasa vacía ya con Zapatero y Rajoy. Si uno es muy, muy, pero que muy «progresista», tal vez hasta encuentre argumentos para justificar las torpezas gubernamentales en la compra de material, que España fuese el país con más sanitarios contagiados, o el único con un Gobierno que no sabe contar los muertos, que Simón ofreciese hasta tres versiones sobre la pertinencia de la mascarilla, o que todavía no exista un plan estatal de rastreo. Se puede intentar incluso defender la falta de sensibilidad de Sánchez con las víctimas y sus familias, su uso abusivo de la televisión como arma de propaganda y su confinamiento extremo, que ha causado el mayor desplome del PIB de la OCDE. Pero lo que es imperdonable es que se haya lavado las manos ante una segunda ola previsible, que puede propinarle además otra estocada a una economía ya comatosa. ¿Cuál es la utilidad de un presidente que cuando llega un problema real y grave sale con que no va con él? En cualquier país de nuestro entorno la ciudadanía ya estaría pidiendo su dimisión. Aquí nos piden que aplaudamos.

Irene y la banquera del pueblo
Jesús Cacho. vozpopuli  6 Septiembre 2020

Una fría mañana de niebla en Berlín, 20 de febrero de 1933. Mientras la gente del común se afana silenciosa en coger el autobús o el tranvía para acudir a sus trabajos, 24 señores se arrellanan en el asiento trasero de sus profundas berlinas negras dispuestos a atender una reunión muy especial a la que han sido convocados. Albert Vögler, Gustav Krupp, Karl von Siemens, Whilhelm von Opel… van apareciendo en el gran vestíbulo del palacio del presidente del Reichstag. Reunidos en un pequeño salón del edificio, los magnates se desprenden de sus gruesos gabanes y sus sombreros de copa, cruzan discretos saludos y se entretienen haciendo antesala mientras encienden gruesos habanos de doradas vitolas. “Nos hallamos en el nirvana de la industria y las finanzas. Ahora se les ve muy silenciosos, muy tranquilos, un tanto ofuscados tras esos casi veinte minutos de espera. El humo de los grandes cigarros les escuece en los ojos” (“El Orden del día”, Éric Vuillard, premio Goncourt 2017, Tusquets Editores).

De súbito las puertas rechinan, el parqué cruje. Alguien conversa en la antesala. Tras los batientes de las puertas se oyen voces ahogadas. Por fin el presidente del Parlamento entra sonriendo en la estancia: es Hermann Göring. Tras pronunciar unas palabras de bienvenida, aborda de inmediato las cercanas elecciones del 5 de marzo. Urge acabar con la inestabilidad y las huelgas. La actividad económica requiere mano dura, aduce. Los veinticuatro caballeros asienten religiosamente. “Y si el partido nazi alcanza la mayoría, estas elecciones serán las últimas durante los próximos diez años, e incluso durante los próximos cien años”, añade con una sonrisa. Un nuevo rumor de puertas y el nuevo Canciller hace por fin su entrada. “Hitler estaba sonriente, relajado, en absoluto como lo imaginaban, afable, sí, incluso amable, mucho más de lo que auguraban”. Hechas las presentaciones, todos volvieron a ocupar sus confortables butacas. El meollo del asunto: había que acabar con un régimen débil, alejar la amenaza comunista, suprimir los sindicatos y permitir a cada patrono ser un fürher en su empresa. El discurso duró media hora. Los viejos industriales, aliviados, lo felicitaron efusivos. Göring tomó de nuevo la palabra en cuanto Hitler hubo abandonado la sala. Para financiar las elecciones se necesitaba dinero, porque resulta el partido nazi no tenía un duro. Krupp, en primera fila, se levantó resuelto de su asiento: “¡Ahora, caballeros, toca pasar por caja!”. Él donó un millón de marcos.

El lunes pasado, calurosa mañana de finales de verano en Madrid, 87 años después de aquella reunión en el Reichstag, los grandes capos de la empresa y la banca española han sido convocados a una reunión en el salón de actos de la Casa de América, pleno Cibeles. Han sido contactados a última hora del viernes, sin tiempo material para decir que no y con un fin de semana de por medio. Van a escuchar a un charlatán que circunstancialmente ocupa la presidencia del Gobierno. Están sentados en una semipenumbra, con una butaca vacía de por medio, envueltos en una música que ejerce un efecto adormidera. Como dice Miguel Ángel Aguilar, “un calculado espectáculo de luces y sombras”. Casi 20 minutos de espera. Ana Botín vuelve a ojear su móvil sin ocultar cierto hastío. Por fin aparecen Pablo Iglesias y Carmen Calvo, que no son Göring ni lo parecen, y directamente se dirigen a ocupar sus asientos en primera fila. Momentos después, una potente voz en off inunda la sala: "¡Con ustedes, el presidente del Gobierno!".

Y él, tan moreno, tan gallito, tan gallardo, con una de sus camisas Kalvin Klein, y una de esas chaquetas cortas de tiro, muy a la moda, que se niegan a ajustarse a la arquivolta de su cuello como si pendieran de una percha mal colgada, aparece sobre la alfombra roja, Pedro superstar Picapiedra, estrella del rock, y se dispone, ufano, a endosar al respetable un discurso que lee con la ayuda de uno de esos modernos teleprónter con tres pantallas ocultas al público cautivo, artilugio que le permite mover la cabeza a derecha e izquierda con la soltura de un Kennedy cual si improvisara. Los Botín, Pallete, Galán, Torres, Fainéet altri salen encantados. “Hoy ha estado muy bien”. Ha contado una visión idílica y tópica de esta España a punto de quiebra, si no quebrada, que nadie con la cabeza bien amueblada puede escuchar sin sonrojarse. Los problemas de España son cambio climático, cohesión territorial, digitalización y feminismo. Tócate las napias. Pero a los señores de la patronal, a nuestros Krupp, Opel y Siemens, les ha gustado. Le felicitan en corrillo, hacen la pelota al Gobierno menos business friendly de la historia de España, mientras la Botín, esa moderna banquera del pueblo dispuesta a mover la sede social del Santander a Vallecas, fantasea junto a Irene Pasionaria Montero, pero todos ponen pies en Polvorosa sin detenerse a valorar la charlotada ante los micrófonos, sabedores como son de haber sido utilizados por un tipo que, con 120 diputados, se adjudica, fanfarrón, una legislatura larga sin consulta previa a quienes le sostienen la peana.

Una economía feminista
La señora Botín se ha reafirmado a lo largo de la semana en su apoyo a Sánchez: “Pocas personas en España pueden estar en desacuerdo con los principios del discurso del presidente: hay muchas cosas que nos unen. Queremos todos una economía más sostenible, inclusiva, mas digital y por supuesto, como no, más feminista”, contaba aquí el jueves David Cabrera. ¿Habrá algo más feminista que conceder hipotecas con la garantía del Estado? Admitamos pulpo como animal de compañía y concedamos que el dinero siempre colabora con el poder político, sea del signo que sea, al punto de que sería una incongruencia, además de un suicidio, suponer al empresariado enfrentado a quien dispone de firma en el Boletín Oficial del Estado, dicho lo cual, llama poderosamente la atención la falta de rigor y/o el bajo nivel de auto exigencia de un empresariado que, a menos que disponga de información confidencial de la que el resto de los mortales carece, no sabe una palabra de los planes de este Gobierno para sacar a España de la crisis abismal que se avecina, no tiene idea de qué tipo de proyectos piensa presentar en Bruselas capaces de merecer el nihil obstat de la Comisión para cobrar los 140.000 millones en los que tiene puestas todas sus esperanzas, y tampoco conoce las líneas maestras –techo de gasto, senda de déficit- de los próximos PGE.

Es un caso extraordinario de apoyo a ciegas del mundo del dinero –en realidad meros gestores en su mayoría, empleados cualificados de los grandes fondos que hoy son los dueños de las empresas, colgados de la brocha, también la Botín, de esos escandalosos sueldos que se adjudican, entre salario y bonus, para seguir manteniendo el carísimo nivel de vida al que están acostumbrados- a un Gobierno situado, por lo demás, en las antípodas ideológicas que se suponen han guiado la actividad empresarial desde que el mundo es mundo. ¿Han perdido la cabeza estos romanos? Macron presentó el jueves el plan “France Relance” que, dotado con 100.000 millones, pretende sacar al país vecino de la crisis en dos años. Bajo la dirección del primer ministro, Jean Castex, la iniciativa ha contado con las aportaciones de una veintena de economistas independientes, así como de empresarios y sindicatos. Se trata de ayudar a los sectores y hogares más afectados por la crisis y preparar a Francia (reduciendo, por ejemplo, la carga fiscal que soportan las empresas en 20.000 millones), mediante inversiones específicas, para abordar los retos de la reindustrialización, proteger su soberanía y mantener su unidad (“La République n'admet aucune aventure séparatiste”, advirtió Macron este viernes en un discurso en el Panteón con motivo del 150 aniversario de la proclamación de la República). Y ello sin aumentar los impuestos.

En Francia hay un plan concreto sobre el que trabajar. En España no hay nada. Hay un presidente que se ha tomado varias semanas de vacaciones. Y el humo de discursos vacuos. La niebla de una ignorancia supina. Silencio. En Moncloa se hacen rogativas para que llegue cuanto antes el maná de Europa, sin saber cómo, cuándo y en qué se va a dilapidar, perdón, gastar. Como la única política que concibe este Gobierno es la de tirar del gasto y no hay nada que gastar, toca esperar. Eso sí, con el respaldo entusiasta del Ibex, mientras la España sedicentemente liberal asiste perpleja al insólito espectáculo. Los patronos de la industria alemana acudieron a la llamada de Göring en el Reichstag dispuestos a poner dinero para ayudar a Hitler a ganar las elecciones de 1933. Los patronos españoles fueron el lunes a la Casa de América dispuestos a pedirlo, a impetrar ayuda. Una diferencia obligada por la situación de unas cotizaciones que ponen a buena parte de las empresas a merced de OPA hostil. Santander cotiza en torno a 1,8 euros acción y capitaliza apenas 30.000 millones. La posición de Botín se antoja delicada. Ella, como Carlos Torres y el resto de bancarios, tienen motivos para estar agradecidos: el Covid les ha permitido sanear cartera renovando créditos viejos como si fueran nuevos con la garantía del ICO. Encajar la morosidad latente en el aval del Estado. Ahora quieren dar hipotecas a los jóvenes también con garantía pública. Este debe ser el capitalismo popular y feminista tan del gusto de Irene y Ana. Pero el negocio bancario no da más de sí. Un grave problema de rentabilidad.

Reducir costes a uña de caballo
Y en esto se anunció boda entre CaixaBank y Bankia o la absorción de la segunda por la primera en una operación que despide un cierto aroma a otra de triste recuerdo: el matrimonio entre Caja Madrid y Bancaja o la historia de dos bancos malos que no hicieron uno bueno. ¿Ganar tiempo con el silencio cómplice del BCE? Tras la fachada del “bancazo” (sic) que se anuncia se esconden las preocupaciones, en apariencia despejadas, de un Fainé que por fin encuentra un sucesor, un heredero, en la persona de Gorigolzarri, un hombre con el que siempre le ha unido una estrecha amistad, y la ambición de Goiri por encontrar un portaviones desde el que navegar abandonando de una vez esa Bankia varada en la playa de la falta de negocio. “Había que hacer algo con urgencia”. Y lo que se va a hacer es una escabechina: poner en la calle a entre 10.000 y 15.000 personas, porque esta es una historia cuya razón de ser es la reducción de costes, ello en el peor momento imaginable, con el paro multiplicándose por las cuatro esquinas de esta España desencajada. Impacto en el empleo e impacto también en términos de competencia. ¿Alguien piensa en el consumidor? ¿Alguien en la dificultad de tantas y tantas pymes para financiarse?

¿Quién piensa en España? Nuestros ricos se ponen aquí en fila para el besamanos de un gañán que se ha instalado en Moncloa para mucho tiempo por la irresponsabilidad criminal de unos, los Marianos de turno, y la diligente ayuda de los enemigos de la prosperidad y la convivencia entre españoles. Los primeros, medios de comunicación aparte, los presidentes y consejeros delegados de nuestras grandes empresas. El mundo del dinero y la dignidad. Es el eterno problema de España con sus elites, hoy responsables en buena medida de la ausencia clara de una alternativa liberal al inane Gobierno social-comunista que soportamos. Para los Krupp, los Opel o los Siemens que aquel 20 de febrero de 1933 tomaron, en nombre de la gran patronal alemana, el compromiso de apoyar con su dinero al partido nazi, aquello no pasaba de ser un capítulo más del business as usual, “una trivial recaudación de fondos”, dispuestos como estaban a viajar con sus calculadoras hasta las puertas del infierno. Ninguno de ellos podía sospechar, sin embargo, que apenas 12 años después, mayo de 1945, de la sala donde se rindieron a Hitler y del propio palacio del presidente del Reichstag no quedaría más que un amasijo humeante de escombros.

Además de un delincuente, eres un desahogado, Pablo Iglesias
EDUARDO INDA okdiario  6 Septiembre 2020

Hay que ver el lío que se montó a cuenta del acoso fake a Pablo Iglesias en Asturias y la indiferencia con la que se tratan las agresiones que sufren a diario los dirigentes de Vox, allá donde quiera que vayan y muy especialmente si el lugar al que van está en el País Vasco, Cataluña o Navarra. ¿Cuántas voces se han escuchado protestando por el brutal escrache, con huevos, petardos y bengalas, sufrido por Ignacio Garriga y Rocío de Meer en el barrio barcelonés de El Raval a manos de colectivos indepes, ultraizquierdistas y de otro denominado Putas Libertarias? ¿Cuántos han dicho “¡basta ya!” a la violencia fascistoide que se repite en cada acto de Vox, mismamente, en el que protagonizó Javier Ortega Smith el jueves en Santurce? Sin embargo, el acoso de pitiminí al vicedelincuente movió días de televisión, toneladas de tinta, miles de horas de radio y millones de páginas en Internet.

Lo del moñetudo vicepresidente y su compañera sentimental, Irena Montera, es el episodio de caradurismo más desvergonzado de un sujeto que no conoce la vergüenza, la legalidad, la moral, la verdad, la ética, ni tampoco la estética —. O sea, que fíjense si es desvergonzado este último episodio. El único vicepresidente con pendientes del mundo occidental jura y perjura que salió pitando de Asturias por el miedo que le había infundido una pintada aparecida en el pavimento de una carretera próxima a su localidad de veraneo con un curioso lema: “Coletas, rata”. Telediarios, periódicos, radios y redes sociales dieron, cómo no, pábulo a su enésima patraña y se pusieron al servicio de la parejita. Fue gritar el führer morado “¡nene, pupa!” y salir todos en tromba a protestar por el “intolerable acoso” que sufrían Iglesias y Montera y, sobre todo, sus hijos, que con la edad que tienen no creo que se enteren de nada.

Nuevamente, volvió a emplear maquiavélicamente a esos niños a los que lleva a todas partes teniendo a tres personas de servicio en casa, salus incluida. La tan vieja como innoble táctica de tantos y tantos corruptos de usar a sus vástagos para desviar la atención y dar pena. En este caso, los de un agosto protagonizado por las ilegalidades destapadas por José Manuel Calvente que derivaron en la imputación de Podemos como persona jurídica; la de la mano derecha de Iglesias, el impresentable Juanma del Olmo, la de la gerente, Rocío Val, y la del Bárcenas morado, Daniel de Frutos. Este último es el personaje que casualmente acompañó a los duques de Galapagar a escriturar el casoplón de 1,2 millones comprado por 670.000 euros. La cortina de humo funcionó unas horas porque esta castuza controla el 80% de los medios de comunicación de este país. Pero pronto se vio que la mentira era paticortísima.

El vicejeta obviaba varias cosas. Primero que una pintada no puede ser motivo de preocupación real para un dúo nada dinámico que va acompañado, donde quiera que se desplace, de 15 guardaespaldas armados. Todo ello sin contar las dotaciones de la Guardia Civil que ahuyentan a los curiosos de sus residencias, ya sea Galapagar en invierno o Asturias en verano. Las posibilidades de que perturben su intimidad o su integridad son las mismas que hay de que se hiele el infierno: entre cero y ninguna. Segunda cuestión: el “¡Coletas, rata!” estaba inscrito a más de media hora andando de su dacha en Felgueras, no a las puertas de su residencia asturiana. Hasta ahí, el terreno de lo incontestable y lo incontrovertible. Hay quien asegura, desconozco si es verdad o no, que la pintada es vieja y se retocó con photoshop para actualizarla.

Este caradura del “¡nene, pupa!” es el que en 2013 escribió una frase premonitoria:
—Los que no dudaban en usar la fuerza pública para apalear ciudadanos ahora lloriquean por los escraches—.

Y otra que viene que ni pintada, y nunca mejor dicho, en estos momentos:
—Los escraches son un mecanismo democrático para que los responsables de la crisis sientan una mínima parte de sus consecuencias—.

Sin olvidar la ya archifamosa del jarabe democrático de los de abajo a los de arriba.

Sea como fuere, acoso y/o agresiones acongojantes son los que sufre a diario Vox, lo que padeció una solitaria Cifuentes en su célebre caminata por el centro de Madrid entre insultos y escupitajos de piojosos perroflautas, lo que padecieron los padres de Albert Rivera en su tienda de La Barceloneta o lo que hizo este individuo en la chavista Facultad de Políticas de Somosaguas con Rosa Díez o Josep Piqué, a los que echaron violentamente. Conviene recordar que a Rajoy un podemita gallego le propinó un croché en el rostro en la campaña de las generales de 2015. O que a Aznar los amigos de los amigos de Iglesias le pusieron un coche-bomba con 80 kilos de amonal que no lo mató porque Dios no quiso. Pintadas pidiendo un tiro en la nuca a Abascal hay miles por toda España y jamás ha dicho “¡nene, pupa!” como el ahora rebautizado por Juan Español como “El Moños”. Sí puso el grito en el cielo por la enésima canallada alentada por la muy izquierdosa Twitter, que consintió el hashtag “Muerte a Abascal” como había permitido días antes otro con un igualmente delictivo “Muerte al Rey”.

Lo que buscaba Iglesias es acallar y despistar una actualidad, la de agosto y principios de septiembre, acaparada por la caja B de Podemos y por la imputación de todita su cúpula menos él y porque está aforado. Lo mismo que parece que hace el fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa, pidiendo la imputación de Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal por el espionaje a Bárcenas —destapado para variar por OKDIARIO— a seis días de la declaración de Calvente en la Audiencia Nacional. Este representante del ministerio público debería estar inhabilitado o, como mínimo, suspendido o apartado tras destaparse su presunta relación íntima con la abogada de Podemos en el caso Villarejo y tras comprobarse cómo él y la tal Marta Flor iban de tikitaka para intentar enmarronarme en un caso Dina, ahora caso Iglesias, en el que nosotros nos limitamos a publicar un chat de interés público en el que el ahora número 3 del Gobierno de España aseguraba psicopáticamente que “azotaría hasta que sangrase a Mariló Montero”.

Hace dos meses supimos que el delincuente en el caso del móvil presuntamente robado no era Villarejo, al que se puede acusar de miles de cosas pero no de esta movida, sino él mismo y su ex asistente Dina Bousselham. Se inventó una trama que no existía porque él recibió la tarjeta sim del móvil, la ocultó a su propietaria y luego la destruyeron, seguramente porque había datos muy comprometedores. Lo ocultaron a la Justicia y arremetieron contra todos sus enemigos, incluido un servidor, pidiendo mi imputación. Resultó que quien tenía en su poder el material robado —en el caso de que lo de la sustracción no sea otra patraña— era la revista Interviú y que quien se lo facilitó a Villarejo fue el a la sazón director de la revista, Alberto Pozas, que fue el vicedircom de Sánchez en Moncloa hasta que el magistrado García-Castellón lo empuró.

La corrupción se puede ocultar a unos pocos todo el rato, a todos un poco de rato, pero es imposible hacerlo con todos todo el rato. Antes o después, se hará justicia. Torres más altas, el Rey Juan Carlos sin ir más lejos, han caído. Nadie está ni puede ni debe estar por encima de la ley. Entre tanto, hay que resaltar cómo se las gasta este desahogado. Cuando ya habían recibido 7,6 millones de la narcodictadura venezolana, un potosí de los satánicos ayatolás iraníes y seguramente ya había caja B, el pájaro escribió tuits como éstos:

—No sabemos qué fue antes, si la caja B o el Partido Popular o si se puede pensar en uno sin el otro—.

—Bárcenas: “Los secretarios generales y tesoreros de cada provincia tenían caja B. Fraude que pagamos todos en recortes. ¿Habrá condenados?—.

El tipo que destruyó la tarjeta sim de Dina por si las moscas en un microondas fue más allá en su desahogo:

—Discos duros que se borran, ordenadores robados… Y parece que lo único que no desaparece es la corrupción—.

—La corrupción del PP es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia española. Hay que echarlos—.

—No hay excusas. Si se está contra la corrupción, no se puede sostener a Mariano Rajoy—.

Por no hablar de lo que piaba Irena Montera contra el PP de Madrid:

—El PP de Aguirre también tenía caja B. Y también intentó negarla y ocultarla. No tienen vergüenza, corruptos y ladrones. Devuelvan lo robado—.

Terminaré parafraseando primero a Pablo Iglesias y a Irena Montera. No sabemos qué fue antes si la caja B o Podemos. Tarjetas sim que se destruyen y parece que lo único que no desaparece es la corrupción de Podemos. La corrupción de Podemos es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia española. Hay que echarlos. Si se está contra la corrupción no se puede sostener a Pablo Iglesias. El partido de Irena Montero también tenía caja B. Y también intenta negarla y ocultarla. No tienen vergüenza, corruptos y ladrones. Devuelvan lo robado.

Y ahora haré lo propio con Pedro Sánchez, que en 2017 redactó otro tuit que se le vuelve en esta mangante coyuntura como un bumerán de una tonelada de peso que amenaza con lanzarlo fuera de Moncloa:

—Me han acusado de radical y separatista. Tienen razón estoy radicalmente opuesto al PP y quiero separarme de su corrupción.

Aplícate el cuento, presidente, y sepárate de Podemos y de su corrupción. No caerá esa breva.

PD: se me olvidaba, Pablo, el moño y los pendientes te quedan monísimos.

Freno judicial a la mordaza de Podemos
Editorial El Mundo  6 Septiembre 2020

Los de Iglesias tienen un serio problema con las libertades, en especial con la de expresión.

En el debate de investidura de Sánchez, Pablo Iglesias declaró "enemigos" del Gobierno a jueces, empresas y medios críticos. Los intentos de amordazar la libertad de expresión que hemos visto desde entonces responden a esa lógica perversa. Por suerte, nuestro Estado de derecho aún mantiene muchas de sus fortalezas y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional acaba de atajar el último de la formación morada para silenciar las voces críticas contra el Ejecutivo. En concreto, ha dado carpetazo a las diligencias por la difusión en redes de comentarios o imágenes -manipuladas algunas y otras sencillamente mordaces- para criticar la gestión de Sánchez y los suyos durante los primeros meses de la pandemia. Podemos denunciaba que se imputaban actuaciones falsas con el ánimo de desinformar y alarmar a la población. Eso sí, el partido ni se ha cortado en lanzar su propio panfleto digital como lanza contra la prensa independiente. Pues bien, el fiscal deja claro que "los hechos no pueden ser perseguidos penalmente" porque están dentro del amplio margen de la libertad de expresión y, además, subraya que "la crítica es necesaria porque así se controla la acción del poder y se evitan las conductas totalitarias y carentes de respeto con los derecho de los ciudadanos". Es un revolcón a una formación que tiene un preocupante problema con las libertades.

No estamos ante una maniobra novedosa de la coalición que hoy comparte el Consejo de Ministros. Baste recordar el escándalo que generó el reconocimiento por parte de un alto mando de la Guardia Civil de que tenían órdenes de investigar en las redes lo que fuera "susceptible de provocar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno". El ministro Marlaska nunca asumió su responsabilidad, se limitó a esconder la cabeza y a dejar correr el tiempo. Resulta inquietante no ya la nula cintura de Podemos y PSOE para asumir las críticas, máxime en un asunto como la gestión de la pandemia en el que los datos objetivos son tan alarmantes, sino su obsesión continua por limitar derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución como el de expresión o el de información. Que Podemos, además, denuncie las críticas que le afectan como delitos contra las altas instituciones del Estado cuando no deja de exigir, por ejemplo, la despenalización de las injurias a la Corona, es de un cinismo insoportable.

Sánchez Dragó formará parte del Patronato de Disenso, la 'Faes' de Vox
Estará presidido por el propio Abascal y contará con nombres como José María Marco o el ex ministro Carlos Bustelo.
Mariano Alonso Libertad Digital  6 Septiembre 2020

Santiago Abascal ultima los detalles del lanzamiento de Disenso, la Fundación que, a imagen y semejanza de otras como FAES, creada por José María Aznar cuando presidía el Partido Popular, dotará de ideas a Vox. Este nuevo think tank estará dirigido, tal y como adelantó este jueves El Mundo, por Jorge Martín Frías, un licenciado en Filosofía de 40 años que estuvo en FAES y participó en la fundación de Red Floridablanca, otro centro de pensamiento liberal-conservador centrado en lo que se ha dado en llamar la "guerra cultural".

Un concepto al que precisamente apelaba este verano la ex portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, para asegurar que el poco interés en ese enfoque de Pablo Casado fue uno de los puntos de desencuentro que precipitó su destitución.

Próximamente se presentará el Patronato de Disenso, presidido por el propio Abascal, que contará como uno de sus miembros más ilustres con el escritor y colaborador de esRadio Fernando Sánchez Dragó, tal y como ha podido confirmar Libertad Digital. Dragó (Madrid, 1936) que como miembro del Partido Comunista de España (PCE) sufrió la cárcel y el exilio durante la dictadura franquista, fraguó una exitosa carrera literaria a partir de la publicación en 1978 de "Gárgoris y Habidis. Una Historia Mágica de España", galardonado un año después con el Premio Nacional de Ensayo.

Posteriormente obtendría otros premios como el Planeta de literatura mientras prodigaba su actividad como columnista en las principales cabeceras de la prensa nacional y como presentador de programas televisivos literarios, singularmente Negro Sobre Blanco, emitido desde finales de los noventa en Televisión Española.

Más recientemente publicó un libro de entrevistas con Abascal, "Santiago Abascal. España Vertebrada" en 2019. Este año, durante el confinamiento, fue despedido fulminantemente como columnista de El Mundo, al que estaba ligado desde su fundación en 1989. Una decisión que calificó como de "manu militari" por parte del diario dirigido por Francisco Rosell.

Además de Dragó, formarán parte del Patronato de Disenso el escritor e historiador José María Marco, fundador de Libertad Digital, el ex ministro y ex presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) Carlos Bustelo, el periodista y eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch o el catedrático Francisco Contreras.


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Autonomías: ¿para qué?
Benito Arruñada. vozpopuli  6 Septiembre 2020

Durante años, quienes veíamos con escepticismo la evolución del estado autonómico nos consolábamos pensando que sus conflictos proporcionaban un sucedáneo de separación de poderes y competencia implícita. Queríamos creer que este sucedáneo podía tener algún valor en un país cuyo legislador constitucional sacrificó la separación entre el poder ejecutivo y el legislativo en aras de la estabilidad. Un país cuyo Gobierno forzó poco después la mano de su primer Tribunal Constitucional para que le solucionase su fiasco en el caso Rumasa. El mismo Gobierno que luego abusaría de su mayoría parlamentaria para desprofesionalizar la Administración y consagrar la subordinación partidista del propio Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.

Sabíamos que el estado autonómico era costoso y sospechábamos que era ineficaz. Lo ha confirmado el que la mayoría de sus 18 gobiernos no haya sabido gestionar la pandemia y no hayan sido capaces de coordinarse. Quien creía tener 18 ministerios de Sanidad ha descubierto que, si bien paga los 18, a la hora de la verdad no tiene ninguno. Como consecuencia, muchos servicios sanitarios han sufrido déficits notables de dirección.

La pandemia también demuestra que la valoración del Estado autonómico como separación de poderes era optimista. En las últimas semanas, es evidente que, lejos de proporcionar contrapesos entre poderes políticos, ese reparto de papeles sirve de coartada para que cada gobernante excuse sus errores en los demás. El Gobierno central culpa a las autonomías que cree desafectas y todas ellas al Gobierno central. Ambos son muy celosos de sus competencias pero ninguno asume sus responsabilidades.

Dejando a un lado el interés de los propios políticos y funcionarios en multiplicar sus empleos, empieza a estar claro que el único motivo para mantener las autonomías es el de reforzar nuestras identidades regionales. Por ello, ante el recorte de gasto público al que estamos abocados, la cuestión clave es si preferimos recortar en servicios tangibles, como la sanidad o las pensiones, o en ínfulas identitarias. Cada ciudadano ha de juzgar si el inflar su identidad local le resulta o no valioso en el mundo en el que quiere vivir.

Como liberal e inmigrante multirreincidente, mi opinión es negativa, y no sólo por ser este de la identidad un lujo muy caro. Es un lujo que no debemos permitirnos: incluso tras el localismo más inocente, laten instintos ancestrales que a mucho político e intelectual sin escrúpulos le resulta fácil manipular para anular al individuo y desencadenar odios tribales en su propio beneficio. El legislador constitucional no pudo equivocarse más al creer que el despliegue real de las autonomías mejoraría la convivencia.

Por supuesto que muchos amigos identitarios se creen pacíficos y niegan toda intencionalidad agresiva por su parte. Supongamos, en aras del análisis, que su intención —y no el efecto real— fuese el factor relevante, supongamos que son sinceros con los demás y consigo mismos, y supongamos que lo único que desean es “vivir plenamente” dentro de su cápsula identitaria. Supongamos incluso que ese encapsulamiento tampoco entrañara coste alguno para sus conciudadanos.

En ese mundo imaginario, quizá pudiera tener sentido semejante apuesta por la identidad local. De gustibus non est disputandum. No deja de ser una posición propia de nuevos ricos, que se dicen y seguramente se creen dispuestos a sacrificar una parte de su recién adquirido bienestar para “consumir” más identidad. De hecho, fue éste un argumento muy socorrido hace pocos años aquí en Cataluña.

Por ello, la pandemia es una noticia pésima para este sueño aislacionista. Ya el declive económico de Cataluña a raíz del procés ha devuelto a la estrategia del “pájaro en mano” al separatismo más oportunista. La crisis económica en ciernes reducirá aún más la demanda de lujos identitarios: el supremacismo se cura rápido con pobreza. (Por cierto: más allá de la justicia, sería esta una buena razón para dejar de subvencionar al País Vasco).

Mecanismos coordinadores
La manifestación más costosa del lujo identitario es que tenemos unas administraciones públicas duplicadas y gravemente disfuncionales, y no sólo en las regiones que demandan más identidad. La covid ha puesto en evidencia que en los servicios públicos existen economías de escala y que, de hecho, el actual estado autonómico es incapaz de alcanzarlas. La covid también ha demostrado que es iluso pretender que el fallo reside en los mecanismos coordinadores. Si no han logrado coordinarse ni bajo un estado de alarma, ¿cómo pretenden conseguirlo en circunstancias normales?

España es un país eminentemente pequeño, pues los medios de comunicación casi han eliminado las barreras naturales. Simplemente, hoy necesitamos menos que nunca 18 seudoministerios de Sanidad o Educación. Las empresas están cubriendo la península desde una sola sede, y eso cuando no lo hacen desde un tercer país. Los ministerios o los órganos que los sustituyan no tienen por qué estar ubicados en Madrid pero sí deben ser únicos, para alcanzar así economías de escala y servir al ciudadano con un mínimo de eficacia.

Al ubicar sus sedes y reorganizarlos, bien podríamos considerar cómo han funcionado sus miniaturas autonómicas. Por ejemplo, dado que Asturias no lo hizo mal con la covid, procedería situar allí Sanidad (habría que descartar Lisboa porque, dada nuestra ineficacia con la pandemia, sería difícil convencer a los portugueses). También cabría ubicar Educación en Salamanca, si es verdad que Castilla y León lo hace tan bien como dicen las pruebas PISA. Y Ciencia en Cataluña, si se confirmase que sus universidades son realmente las mejor organizadas.

Gestionar la enseñanza
Cuesta imaginar que algo así sea posible. Sin embargo, a los que votaron la Constitución les hubiera resultado aún más difícil imaginar el desvarío en el que nos hemos instalado. Piense, por ejemplo, que, tras 40 años de autonomía e incluso en ámbitos en los que tienen pocas restricciones legales, las 17 autonomías responden igual. No tiene más que ver cómo gestionan la enseñanza concertada. Uno esperaría que algunas la usaran para generar competencia con la enseñanza pública, obedeciendo los deseos de la demanda. Sin embargo, todas ellas, sin excepción, han constreñido su desarrollo, contaminándola de paso con muchos de los defectos de la pública. Observe, además, que esas autonomías estaban gobernadas por todo tipo de partidos, señal de que todos ellos miraban a una misma demoscopia y obedecían a un mismo equilibrio de fuerzas.

Peor aún. Cuando, por algún raro designio, alguna autonomía aplica políticas diferenciadas —como es la bajada de impuestos de Madrid—, son curiosamente las más soberanistas las que —revolviéndose contra lo que un ingenuo pensaría que era su naturaleza— promueven la uniformidad coactiva. Si en verdad tuvieran un proyecto sustantivamente distinto, lo lógico sería que se dedicaran a aplicarlo.

Si los ciudadanos de Cataluña en verdad deseasen aplicar una política diferente, a sus gobernantes les bastaría con, no solo establecer impuestos más altos para recaudar más, sino también prestar más y mejores servicios. Si usasen bien el dinero, la convertirían en la Suecia del Mediterráneo y los votantes se lo agradecerían. Pero no hay tal demanda de políticas diferentes en lo sustantivo, sino tan sólo en lo identitario. Quizá por eso, pese a que la Generalitat de Cataluña es de las que cobra impuestos más altos, sobre todo a los catalanes más humildes (que son los que menos demandan esteroides identitarios), ha sido la comunidad que, en coincidencia con el procés, más ha recortado el gasto social.

Un país homogéneo
En el fondo, tanto la demanda como la oferta de políticas diferenciadas es mínima porque España es un país mucho más homogéneo de lo que nos gusta creer. Como ilustra la tabla adjunta, las preferencias son relativamente uniformes entre las distintas regiones. Para esas variables —parciales pero reveladoras—, los promedios de preferencias de las regiones españolas son más heterogéneos que los de las francesas pero mucho menos que los de las alemanas, situándose muy cerca de los de Italia o el Reino Unido. Además, también nuestras preferencias son relativamente homogéneas a escala individual, tanto en toda España como en muchas regiones. Por ejemplo, los catalanes somos algo más homogéneos que los residentes en la mayoría de otras regiones españolas.

Observando este tipo de cifras, quizá haya que empezar a pensar que nuestra xenofobia nacionalista se ha volcado hacia lo regional no sólo por vicisitudes históricas —por ejemplo, el que en los últimos dos siglos y a diferencia de otros europeos, apenas hayamos sufrido conflictos exteriores—, sino también por esa homogeneidad. Al fin y al cabo, cuanto más se parece el ser humano a sus vecinos, más pretende diferenciarse de ellos.

La toma del Palacio de Invierno de Meirás
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 6 Septiembre 2020

Tras el asalto a la tumba de Franco, en virtud de esa Ley de Memoria Histórica que condena a media España a arrodillarse eternamente ante la otra media, como los Demócratas americanos ante los terroristas de Black Lives Matter, y mientras Martín Villa humillaba a la Nación declarando voluntariamente ante una grotesca y octogenaria criatura judicial argentina llamada Servini, "La Chuchi" o "Bada Budú Badía", por el presunto delito de genocidio desde 1936 a 1978, condenando la Transición y la democracia española, una jueza tomaba en primera instancia el Pazo de Meirás, regalo de varias instituciones gallegas a Franco durante la Guerra Civil y donde veraneó el dictador hasta la llamada del Altísimo, que no le advirtió de que la Iglesia a la que salvó dejaría que lo desenterrasen como a un perro. Sólo si el perro era franquista, claro. Si el can era comunista, descansaría en paz. A juzgar por la satisfacción de la Izquierda y el PP, diríase que han tomado el Pazo de Inverno dos Zares y proclamado A República Socialista Galega Ceibe.

El Pazo sería propiedad de Felipe VI
El argumento de la juez es de los más peregrinos que se recuerdan, pero si según el Tribunal Supremo, en su ala tendencioso-administrativa, era "urgente" sacar a Franco del Valle de los Caídos después de cuarenta años enterrado, nada en la relación de los Franco con la Justicia puede ya sorprendernos. Abochornarnos, mucho. A los jueces decentes, muchísimo.

Dice la briosa jueza gallega que el regalo de los coruñeses se hizo al "autonombrado" Jefe del Estado, pero no a Francisco Franco Bahamonde, cosa que, según la familia, desmiente el Registro de la Propiedad, donde no aparece el Jefe del Estado, sino Francisco Franco, al que muchos españoles, durante varias generaciones, consideraron, erróneamente, Jefe del Estado.

El argumento de la jueza, de ser cierto, haría propietaria del Pazo a la familia Azaña, el otro Jefe del Estado en España cuando el regalito. Pero ya no, porque Azaña dimitió en 1939 como presidente de la República ante Martínez Barrio, Presidente de las Cortes, que tampoco quiso asumir la magistratura, y el último Presidente en el exilio por acuerdo de España con México, que financiaba su fantasmal existencia, reconoció el régimen Constitucional del 78. Sin Jefe del Estado republicano el Pazo pertenecería, pues, ¡a Felipe VI! La Prensa, poblada de necios, proclama: "El Pazo de Meirás vuelve al pueblo". Recuerda aquel "¡Rumasa, tó pál pueblo!" de Alfonso Guerra, que le costó al Pueblo dos billones de pesetas. Porque las cosas se pagan, no se roban. Y recuperar una propiedad supone indemnizar.

Feijóo se nos hace antifranquista
Si la Justicia española no fuera camino de la argentina, los Franco serían indemnizados, y como su deseo era vender la propiedad, se hallaría un justiprecio, y a otra cosa, mariposa. Estando la Junta de Galicia de por medio, y en manos del PP casi siempre, el asunto debería haberse resuelto, convirtiendo el Pazo, antiguamente Torres de Meirás, en museo dedicado a su propietaria y jardinera, Doña Emilia Pardo Bazán, la más importante escritora gallega en español, si no en español, con permiso de Santa Teresa. Hace unos años escribí sobre su obra, admirabilísima, en Libertad Digital. (Doña Emilia Pardo Bazán (I). Emilia Pardo Bazán: la genio).

Pero con los Franco se ha impuesto la justicia chavista o comunista del "exprópiese". Y a cuenta de una dictadura a la que combatimos cuatro gatos, los únicos que no presumimos, no sólo se expropia la tumba y la propiedad sino la verdad y hasta la dignidad más elemental. Núñez Feijóo, tras asegurar la autoridad de Casado, que se muestra vigorosa en la defensa de la Comunidad de Madrid por el PP, ha celebrado jubilosamente que el Pazo "vuelva a Galicia", sin respetar a un gallego, Francisco Franco, y a su familia, que tiene derecho a recurrir y, si hay justicia, lo harán y ganarán.

Cómo el PP usa la Abogacía del Estado
Pero lo curioso es que hasta hace un año, y lleva muchísimos al frente de la Junta de Galicia, Feijóo no era partidario del "exprópiese", sino de la negociación. En realidad, de acuerdo con Rajoy, prefería dejar pasar el tiempo y no meterse en líos. Durante mucho tiempo, Feijóo se negó, de acuerdo con Rajoy, a participar en el asalto al Pazo de los nacionalistas y el PSOE. Estaba de por medio otra propiedad, la de dos esculturas de dudosa, aunque valiosa autoría mateística (del Maestro Mateo, padre del Obradoiro) y el PP en el Poder iba dilatando la cosa, no sé si esperando que todos los Franco murieran o se aburrieran y se lo regalaran al Ferrol, por lo bien que han tratado a su hijo más famoso y, en vida, fervorosamente idolatrado.

El irrintzi satisfecho de Feijóo ha sido acogido con lógica rechifla por los que durante tantos años encontraron en él un obstáculo insalvable para el asalto al Pazo de Meirás. Se han reproducido muchas de sus frases, sobre todo una, tan rotunda que sorprende que la olvidase: "aquí no se trata de Franco sino del Estado de Derecho". En 2017 se negó contundentemente a aceptar que el Pazo fuera robado y no propiedad de los Franco. Pero un día Rajoy convenció a Feijóo de usar la Abogacía del Estado para defender que el Pazo "no era propiedad privada", algo tan evidentemente falso que sobraban abogados, bastaban comisarios. Eso ha suscrito la jueza Canales, que si no hubiera querido adornarse habría quedado en sólo oficialista.

Se dirá que el PP vuelve a lo antañón: ni un minuto para defender la verdad histórica, combatir la demagogia progre y dar esa "batalla cultural", que la Izquierda gana porque la Derecha huye. Yo creo que es peor: el PP no quiere quedarse atrás en la carrera populista de izquierdas, y tragará el sable de la memoria histórica hasta el píloro. Carmen Calvo ultima la Ley de Memoria Democrática. Veo al sector "moderado" del PP abrazándola.

Así habló Feijóotustra
Muchos piensan que Rajoy alcanzó cumbres inaccesibles en el arte del escaqueo, el subibaja y la paradoja paralizante. Ojo a Feijóo, que puede alcanzarlo y superarlo. Al hilo de esta fechoría que habría llevado a Pardo Bazán a escribir un "J´accusse" más rotundo que el de Zola, recuerdo una frase del actual, digo eterno, presidente de la Junta de Galicia, que dejo a la consideración dominical del lector de LD. Un día, creo que invernal, dijo que era mejor para una sociedad mirar con un ojo al futuro que con los dos.

Así habló Feijóotustra. Yo lo sigo meditando.

Despilfarro
El Gobierno de coalición con Podemos cuesta 10 millones de euros más sólo en altos cargos
Segundo Sanz okdiario  6 Septiembre 20209

El Gobierno de coalición que conforman PSOE y Podemos el pasado enero costó en su primer semestre de vida hasta 10,1 millones de euros más que el mismo periodo de año anterior. Así se desprende de los datos que ofrece el propio Ejecutivo socialcomunista a través del Ministerio de Hacienda en el avance comentado de pagos de la Administración General del Estado.

En concreto, entre los meses de enero y junio, los altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias supusieron un gasto de 46,3 millones de euros, mientras que en ese tiempo de 2019 el importe se situó en 36,2 millones de euros. Es decir, se ha producido un aumento del 28% en este desembolso por parte de las arcas públicas. Podemos entró en Moncloa con 5 carteras mientras que Sánchez se rodeó de 17 ministros del PSOE o de su órbita.

Se da la circunstancia de que el actual Gobierno socialcomunista, con 23 miembros, es el segundo más extenso de la democracia, únicamente superado por el de Adolfo Suárez (UCD) en 1980. Además, es el que tiene más vicepresidencias: cuatro. Y ello conlleva todo un despliegue de asesores y otro personal asociado.

En este contexto, el presidente del PP, Pablo Casado, cuestionó este martes la eficacia de los 23 integrantes del Gobierno de Pedro Sánchez y aludió concretamente al ministro de Universidades, Manuel Castells, que sólo ha dado una rueda de prensa desde su nombramiento en enero y que ha permanecido sin agenda durante 24 días en agosto en plena planificación de la vuelta a las aulas ante la pandemia del coronavirus. Además, Castells se ausentó el lunes de la reunión telemática de la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria a consecuencia de una convalecencia médica tras ser operado de un problema de espalda.

«Lo primero que vemos al ver al ministro Castells es que sobran la mitad de los ministros», declaró Casado en una entrevista en Antena 3 al ser preguntado por la escasa actividad pública del titular de Universidades.

El dirigente popular emplazó a Pedro Sánchez a volver al número de carteras que «se encontró» después de la moción de censura a Mariano Rajoy. «Eran 14, ahora tenemos 23 y la eficacia ha sido mucho peor», denunció el jefe de la oposición.

Por su parte, Vox ha propuesto en el Congreso un recorte del tamaño del Gobierno de coalición para eliminar tres vicepresidencias y 10 ministerios, lo que permitiría así ahorrar gastos y dedicar más recursos a la recuperación económica ante la crisis que se avecina por la pandemia del coronavirus.

«Robusto»
Tal y como publicó OKDIARIO el pasado junio, el Gobierno defiende su estructura elefantiásica porque entiende que la actual situación requiere de un Ejecutivo «robusto». Así lo expresó en una respuesta parlamentaria a Vox, descartando recortar el sueldo a sus miembros como gesto de solidaridad con la ciudadanía sumida en su peor crisis económica. La Moncloa argumentó en dicha contestación que «ahora más que nunca hay que resaltar la importancia de contar con un sector público robusto» y añadió que «todos los empleados públicos están dedicando todo su tiempo y esfuerzo a gestionar los efectos derivados de esta crisis, de la misma manera que lo está haciendo el Gobierno de España».

La pregunta fue registrada por el diputado de Vox Francisco José Contreras, quien señaló que los sueldos de muchos altos cargos superan los 100.000 euros, de acuerdo a la información facilitada a través del Portal de Transparencia. Citó aquí el caso de Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, o Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, con retribuciones de 126.124 euros.

Contreras también apuntó que José Manuel Albares, ex secretario general de Asuntos Internacionales, UE, G20 y Seguridad Global en el Gabinete de la Presidencia y ahora embajador en Francia, percibió 120.86 euros en el último ejercicio, mientras que Andrea Gavela, ex directora adjunta del Gabinete de Presidencia y hoy subsecretaria de Estado de Cultura y Deporte, cobró 118.854 euros.

Duplicidades
De igual modo, en otra respuesta parlamentaria en el Senado antes del parón veraniego, el Gobierno justificó su mastodóntico organigrama con el argumento de que «replica en su composición las grandes prioridades de transformación que precisa la sociedad española».

La pregunta fue registrada por Josep Lluís Cleries, portavoz de Junts per Catalunya en la Cámara alta. El parlamentario independentista afirmó que el incremento de vicepresidencias y de ministerios provocó un «aumento del gasto muy significativo». «¿Cree el Gobierno que esta estructura facilitará su funcionamiento y coordinación, o por contra significará una mayor dispersión y un crecimiento de los costes de duplicidad entre los nuevos departamentos creados?», interpeló Cleries al Ejecutivo socialcomunista.

Moncloa contestó que «es potestad del presidente del Gobierno definir la estructura y composición de su Gobierno en función de las necesidades del propio Ejecutivo» y recalcó que éste «replica en su composición las grandes transformaciones que España necesita».


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