AGLI Recortes de Prensa   Martes 8  Septiembre  2020

Una explicación económica de la crisis apta para políticos
José María Rotellar okdiario 8 Septiembre 2020

La economía es una disciplina que no siempre es fácil, clara o directa. Es verdad que en algunos casos se trata de aplicar el sentido común, pero en otros muchos requiere de conocimientos técnicos avanzados para comprender las relaciones económicas que se dan, cómo actuar y qué implicaciones tiene entre los distintos agentes económicos, que desemboca en una relación causa-efecto.

Es decir, hay cuestiones de la economía que directamente se entienden y otras que son muy complejas y que ni se entienden ni es su función que se entiendan entre los profanos en la ciencia económica. Por ejemplo, en medicina los que no tenemos conocimientos de esa disciplina sabemos lo que es un infarto, y el sentido común nos dice que para evitarlo o no empeorar el corazón no hay que hacer esfuerzos importantes, pero no sabríamos cómo tratar un ataque al corazón. Del mismo modo, en economía sabemos, por ejemplo, que las regiones españolas son distintas entre sí, con diferentes posibilidades, y que la solidaridad entre las mismas hace que unas reciban fondos de otras. Ahora bien, el cómo se articula a través del Sistema de Financiación Autonómica no es algo que conozcan -ni que sea su objetivo conocer- los no iniciados en economía.

Durante un tiempo, como un paréntesis entre el desarrollo de mi vida profesional en el sector privado, ocupe la función de alto cargo en una administración regional. En ese período, las personas que trabajaban en el gabinete de comunicación, así como los políticos de primera línea, decían que “eso tienes que explicarlo como para que lo entienda mi portera”, dicho con todo el respeto hacia quienes ocupan tan honrada profesión. Me recordaba los momentos en los que una compañera mía en tesorería en una gran empresa ligada al sector aeronáutico decía, cuando había que explicar algo complejo, “eso ponlo en Windows para torpes”. En ambos casos, se trataba de pedir, metafóricamente, que se explicase claramente. No obstante, tenía más sentido en el caso empresarial, pues se trataba de hacer una guía detallada y fácil de seguir, que en el político, que muchas veces escondía quedarse en lo superficial.

¿Por qué cuento esto? Porque actualmente nos encontramos ante una crisis económica que ha sido completamente inducida por decisiones políticas. Es cierto que la pandemia podía agravar, por sí misma, la ralentización económica ya existente desde el último trimestre de 2018, pero no el desastre que se generó con las decisiones políticas tomadas desde marzo. Por primera vez, se decretó el cierre casi completo de la actividad productiva, por no haber optado por actuaciones tempranas y más suaves y eligiendo la alternativa más fácil, pero menos eficiente y más perjudicial para la economía y el empleo. Posteriormente, se generaron falsas expectativas, se eliminó toda dirección nacional y, de ocurrencia en ocurrencia, las regiones, abandonadas a su suerte, incrementan restricciones sobre la libertad de los individuos y empresas, con el agravante de que son variables cada muy poco tiempo. Todo ello está provocando una hecatombe económica de unas dimensiones que no hemos visto nunca o, al menos, desde la Guerra Civil y su postguerra.

Pues bien, voy a ver si me aplico en lo que los gabinetes de comunicación de los políticos -y los políticos mismos en muchos casos- exigían a la hora de contar la economía: explicarla con sencillez. Por tanto, voy a narrar la situación económica y el efecto en la economía y el empleo de las decisiones políticas que se toman de manera que sea apta para los políticos, es decir, que incluso ellos sean capaces de comprenderlo, porque sólo se puede explicar las decisiones que están tomando en esta crisis si pensamos que realmente no son conscientes del desastre que provocan con ello.

Para empezar, cuando una realidad se niega y el problema que existe no se quiere ver y se aplaza, siempre empeora: es lo que sucedió con la crisis de 2007 y es lo que pasó a principios de año, cuando el Gobierno del presidente Sánchez negó la existencia de cualquier riesgo acerca del virus. Probablemente, si entonces hubiese adoptado algunas medidas de prudencia, el contagio no habría sido ni tan veloz ni tan amplio y la sanidad no habría colapsado, que es lo que ha incrementado exponencialmente el número de fallecidos. Con la ausencia de esas medidas tempranas, provocaron el colapso total.

Posteriormente, en lugar de realizar pruebas masivas, de aislar a los contagiados, proteger a los grupos de riesgo y mantener, con medidas de prudencia hasta que hubiese vacuna, toda la normalidad para el resto de la población, de manera que pudiesen seguir operando al mayor ritmo posible la economía y el mercado de trabajo, se recurrió a la solución fácil, pero medieval y profundamente equivocada: cerrar todo, sin discriminar según lo dicho anteriormente. Con ello, arruinaron a muchas empresas y muchas familias perdieron su puesto de trabajo: más de cien mil empresas han cerrado en el último año y un millón de empleos se destruyeron en diecinueve días de marzo, según datos de la Seguridad Social.

Después, el no dar una información clara sobre la evolución de la enfermedad y el mantener casi cien días el estado de alarma, con unas medidas de suspensión de libertades fundamentales, generó desasosiego, incertidumbre e inseguridad jurídica, que ahuyentó inversiones y siguió perjudicando, aún más, la actividad económica y el empleo.

Tras ello, el presidente Sánchez desistió de sus responsabilidades y dejó todo en manos de las regiones, que ni tienen las mismas armas jurídicas que el Gobierno de la nación, ni están coordinadas entre sí. El resultado ha sido una amalgama de normativa que hace que un ciudadano que atraviese España no sepa cómo ha de comportarse según el lugar en el que esté.

Luego, vinieron las ocurrencias y los cambios de normas de manera constante, que hace que los ciudadanos ya no sepan qué opera en cada momento, además de atemorizar a la población con dichos cambios y no contar claramente que no nos encontramos en la misma situación de primavera. Una cosa es no bajar la guardia y otra sembrar el pánico, que es lo que están haciendo. Y con el pánico, ni se consume ni se invierte, ni, por tanto, hay empleo.

De esta forma, y para que los políticos lo entiendan fácilmente, toda la gestión que llevan haciendo desde marzo es desastrosa. No es una opinión, que podría serlo, sino sólo la constatación de los hechos: el país más afectado por la enfermedad y la economía más golpeada. ¿No se estará haciendo rematadamente mal en el ámbito político?

Al cerrar en marzo la economía productiva, no sólo no pararon el virus, sino que al retener a las personas las veinticuatro horas del día en espacios cerrados, pudo incrementarse la transmisión. Al mismo tiempo, el cierre obligatorio de empresas dejó sin ingresos a las mismas, pero con todos los gastos. Muchas de ellas, directamente cerraron entonces; otras, aguantaron pero cerraron a las pocas semanas; otras, reabrieron, pero cerraron después atenazadas por las deudas; otras, puede que lo hagan en otoño, ojalá que no. Con ello, cientos de miles de empleos han sido arrasados. Eso implica que, entre los empresarios que han perdido su empresa y que están llenos de deudas, y los asalariados que han perdido su sueldo, el poder adquisitivo se ha reducido y muchas familias tienen dificultades para comprar alimentos. Como siempre, el sector público trató de solucionar todo con el gasto público, en forma de ERTE y subsidios de desempleo, pero ni siquiera esto lo han sabido hacer de manera eficiente. En lugar de invertir el dinero público para hacer test, proteger a los grupos de riesgo y mantener en pie la economía, han elegido no hacer pruebas sanitarias durante mucho tiempo, cerrar la economía y subsidiarla.

Con cada señal poco clara, se lanzaba un mensaje al exterior que venía a decir que España no era un lugar seguro, que llevó a que el turismo internacional desapareciese de España, con lo fundamental que es la rama turística para la economía española. El resultado ha sido desolador: hoteles cerrados o a un tercio de su ocupación, bares y restaurantes que no han abierto todavía al no ser rentable para ellos las limitaciones de aforo y horario, y comercios que se cierran porque no tienen clientes que vayan a comprar en ellos.

Con cada nueva restricción, se estrangula cualquier posibilidad de recuperación que hubiese aparecido en el horizonte. Con cada ocurrencia, se da una sensación de improvisación que genera miedo y disminuye el consumo y la economía, como el hecho impresentable de que desde que se inició el estado de alarma ni se haya diseñado un plan eficiente para convivir con el virus, ni se haya trazado una actuación lógica en el ámbito educativo, esperando a pocos días del comienzo del curso para decir cuatro generalidades y mantener una inflexibilidad que perjudicará a los alumnos.

Con cada vaivén o cambio permanente en las restricciones, se acentúa esa idea de completa improvisación en las decisiones, que lleva a pensar en una profunda ineptitud e incapacidad de los gestores políticos para gestionar esta u otra situación. Al fin y al cabo, tras tantos años de empeoramiento de la educación a través de las distintas leyes, siempre promulgadas por la izquierda y no cambiadas por el centro-derecha o cambiadas muy al final, que le permitía a la izquierda derogarlas antes de llegar a aplicarse, no podemos extrañarnos de la poca capacitación de los gestores gubernamentales, pues si la sociedad ha visto mermarse su formación, al fin y al cabo los políticos no son más que una representación de la sociedad, máxime en un sistema de partidos que premia más mover una bandera en un mitin que formarse bien para servir a su país, con honrosas excepciones.

Y si todo lo confiamos al gasto público, llegará un momento en el que o no podremos pagar la deuda con él generada o, como estamos en la zona euro, nos impondrán severos recortes en partidas esenciales.

Para que los políticos lo entiendan:

Si las empresas no pueden abrir, no generan negocio.
Si no generan negocio, no pueden mantener a sus empleados.
Si sus empleados son despedidos, aumenta el gasto público, por prestaciones por desempleo, caen los ingresos públicos, por disminución de la recaudación y aumentan el déficit y la deuda, cae el consumo, por empeoramiento del poder adquisitivo, y cae la inversión y de nuevo el consumo, por empeoramiento de expectativas derivado del clima de inseguridad que crea la Administración con sus erróneas decisiones, en una especie de círculo perverso de la economía.
Si no generamos un clima de confianza, ni vendrán turistas, ni llegarán inversiones, con lo que habrá menos actividad económica y empleo, y vuelta al círculo perverso de la economía.
Si no se forma bien a los estudiantes debido a tantas restricciones, mermará su capacidad futura profesional y su también futura prosperidad, y, con ellas, la de la nación, en una forma futura del mismo círculo perverso de la economía.

Si sólo se gasta el dinero que el sector público no tiene, llegará un momento en el que no podremos devolverlo, con un daño inimaginable en la economía española, pues desde 1882 España no suspende pagos, tras hacerlo hasta en trece ocasiones desde el inicio de la Edad Moderna. Una suspensión de pagos implicaría un enorme empobrecimiento de la economía.
Y si, al estar en la zona euro, gracias a Dios no se suspende pagos pese al aumento de la deuda, entonces los grandes recortes que nos impondrán nuestros socios mermarán el poder adquisitivo, por ejemplo, de pensionistas y empleados públicos, ni más ni menos que cerca de catorce millones de personas, con una nueva edición del círculo perverso de la economía.
Todo ello, sólo traerá más desempleo, menos cuantía en las pensiones, menos dinero para sanidad y educación, más mortalidad, por tanto, por todo tipo de enfermedad, peor formación y, por ello, menos capacidad futura de desarrollo económico. En definitiva, menos prosperidad, debido a la destrucción de buena parte del tejido productivo y a un elevado desempleo crónico que se produciría.

Y si aún no he logrado ser claro con estas explicaciones de los efectos que el sector público está provocando con sus erróneas decisiones, que los responsables políticos se paseen por sus ciudades, vean el retorno a España, lamentablemente, de las colas del hambre, con cientos de personas haciendo fila en los comedores religiosos de caridad o en distintos comedores sociales para que les den una bolsa de comida; que vean la cantidad de comercios y negocios con el letrero de “se vende”, “se alquila”, “se liquida” o “se traspasa”; que vean la tristeza instalada en el día a día de la sociedad española ane el puesto de trabajo perdido o el miedo a perderlo al día siguiente. Quizás con ello terminen de comprender el daño histórico del que, si no cambian su proceder, serán responsables por preferir la propaganda a la gestión eficiente, las prohibiciones al coraje, y los cálculos electorales a la determinación para reactivar la economía y permitir que nos mantengamos con una economía próspera, generadora de riqueza y puestos de trabajo.

Sin independencia no hay Justicia
Editorial La razon 8 Septiembre 2020

Para asegurar la independencia de la Justicia es necesario una ley que proteja sus órganos de intromisiones políticas. Para ello es necesario un pacto de amplio espectro, lo que, en un principio, no debería ser complejo si hay voluntad para hacerlo. No hay partido con responsabilidad de Gobierno que no esté de acuerdo en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no sea elegido con una mera mercantilización de votos, cuotas y servidumbres inconfesables que sólo perjudica a los que deben administrar Justicia. De ser así, no hay más vía que poner los medios legales para que se asegure la independencia del órgano de los jueces y el sistema de elección. El PP, a través de sus responsable de Justicia, Enrique López, ha avanzado en una Ley de Reforzamiento de la Independencia de la Justicia, toda vez que el PSOE rechazó el 20 de diciembre de 2018 el proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque salió adelante. Entre las modificaciones introducidas se incluía la obligación por ley a los miembros del CGPJ a hacer públicos sus bienes.

Claro que es necesario que PSOE y PP negocien la renovación del órgano, pero debe hacerse partiendo del redactado de una ley que asegure su independencia en un momento crucial. No se recuerda que desde un Gobierno se haya atacado con tanta insolencia al poder judicial como las críticas lanzadas por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, siempre para salir en defensa de los litigios que él y su partido tienen abiertos. Además de que como pedagogía pública es nefasta, es una forma de presión inaceptable, lo que obligó al CGPJ a emitir un comunicado en el que llamaba a «no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas». La despolitización de la justicia es un objetivo al que no se debe renunciar y hay que dar pasos en ese sentido, de ahí la necesidad de avanzar en la redacción de la Ley de Reforzamiento de la Independencia de la Justicia. La tentación de controlar la administración de justicia está ahí y no hay que ser ingenuos, pero en los sistemas donde se respetan con escrúpulo la división de poderes hay que poner medios que impidan las intromisiones. Pedro Sánchez dio un paso muy poco edificante cuando su ministra de Justicia, Dolores Delgado, fue elegida Fiscal General del Estado, despreciando una incompatibilidad evidente, lo que ha sido un mal precedente y, como decíamos, una tentación que queda abierta sin medidas de protección. El artículo 122 de Constitución determina que una «ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de Juzgados y Tribunales», y es ella la que deberá adecuarse para ejercer sus tareas de control y buen funcionamiento. Existe, además, un problema político de peso, que es lo que ha paralizado las negociaciones que habían emprendido los dos grandes partidos del arco parlamentario: era imposible desde cualquier principio democrático llegar a un acuerdo cuando desde el propio Gobierno –de nuevo a través de Podemos– se había iniciado un brutal ataque contra la jefatura del Estado en la figura del Rey.

Sánchez puede permitir que Iglesias erosiones las instituciones democráticas, pero no puede pedir que en ese viaje les acompañe partidos como el PP. Por lo tanto, convendría que primero se pusiera orden en el propio Ejecutivo y después se renovasen los órganos que fuesen necesarios –CGPJ, Defensor del Pueblo, Consejo de RTVE–, pero, insistimos, poniendo control a la tentación de monopolizarlos. En nada ayuda para esta negociación que Sánchez muestre su disposición a suavizar en el Código Penal los delitos de rebelión y sedición para contentar a lo que queda de Convergencia en el Congreso con el objetivo de recaudar cuatro votos más para la aprobación de los Presupuestos Generales. Es realmente difícil llegar a acuerdos con este Gobierno.

Hora de reformar la elección del CGPJ
Editorial El Mundo 8 Septiembre 2020

Que Carlos Lesmes aprovechara su discurso de apertura del Año Judicial para instar a la renovación de los órganos judiciales entraba dentro de lo pertinente y previsible. El mandato de Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial lleva dos años vencido y la anomalía amenaza con perpetuarse tras la negativa del PP a reeditar una vez más el cambalache judicial. Pero en ese tiempo ha sucedido en España algo que no era ni previsible ni pertinente: el descarado proceso de colonización partidista de las instituciones protagonizado por Sánchez. El nombramiento de Dolores Delgado para controlar a la Fiscalía -como el propio Sánchez confesó en RNE- y la cohabitación con un partido antisistema como Podemos complican aún más el ya de por sí ominoso pasteleo del CGPJ. Dado el cargado horizonte judicial que se avecina, el partido en el poder muestra más interés que nunca en el mantenimiento de una Justicia politizada. Pero para ello necesita al PP.

Ciertamente, el PP se ha prestado al enjuague desde que el PSOE enterró a Montesquieu en los años 80. Y ello a pesar de que ha llevado en su programa -en el vigente también- el cambio en el sistema de designación de los jueces. Solo cuando Marchena renunció a ser moneda de cambio tras filtrarse el mensaje bochornoso de Cosidó, se avino Casado a condicionar la renovación del CGPJ a la despolitización del sistema mediante reforma legislativa. Lo cierto es que PP y PSOE han continuado negociando hasta este agosto, cuando Casado suspendió los contactos. Más allá de la deslealtad de Sánchez al filtrar el supuesto contenido de sus mensajes privados con el líder de la oposición, el PP aduce como obstáculo principal la presencia de Podemos en el Gobierno. Un partido imputado por corrupción, que proclama la necesidad de tumbar la Monarquía, ha expresado su vocación de sometimiento ideológico de los jueces y arremete contra ellos cuando no se pliegan. Lejos queda ese Podemos que en enero de 2018 coincidía con Cs -que conserva la coherencia- en la necesidad de despolitizar la Justicia; pronto llegaría la moción de censura, y el ansia regeneracionista del partido de Iglesias se esfumó a medida que se aproximaba la expectativa del poder.

El PP debe resistir la presión. Sánchez está malacostumbrado a que su voluntad se cumpla a despecho de cualquier decoro institucional. Desde la administradora única de RTVE hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a cuya cabeza colocó Sánchez a una abogada de su gabinete; desde la degradación del CIS de Tezanos a agencia de propaganda socialista hasta situar a un jefe de gabinete en Correos; desde la dirección del CNI -Sánchez rompió la norma de consensuarla con el líder de la oposición- hasta los enchufes en Red Eléctrica o Enagás, pasando por Aena y hasta EFE: Sánchez tiene el récord de injerencias de la democracia.

En junio el Consejo de Europa volvió a afear a España que no diera pasos para la retirada de los partidos del Poder Judicial. El actual bloqueo debería verse como una oportunidad para mejorar la calidad e independencia de nuestra Justicia a través de un gran acuerdo constitucionalista. La época del reparto de cromos en el CGPJ debe tocar a su fin. Es la hora.

No hay democracia de calidad sin justicia independiente
Rosa Díez. okdiario 8 Septiembre 2020

La separación de poderes no es una mera formulación de la democracia, es la esencia misma del sistema democrático. Así pues, la exigencia de una justicia independiente es pues una reivindicación de higiene democrática.

Es cierto que la solución sobre los problemas que aquejan a la justicia española requiere de mediadas en varios ámbitos, empezando por la dotación de medios materiales y humanos, por la atribución del principio de responsabilidad a todos los agentes del sistema y a todos los niveles, por una revisión al reparto competencial… pero sobre todo hemos de afrontar lo que a mi juicio es el cáncer principal: hemos de librar al sistema, empezando por el Consejo General del Poder Judicial de su servidumbre partidaria. Como dije, es una prioridad de higiene democrática, pre-política y, por supuesto, supra partidaria.

El Consejo General del Poder Judicial es un Órgano de Gobierno que tiene importantes limitaciones, pero aún así tiene las suficientes competencias como para jugar un papel clave en la regeneración del servicio público.

Por eso nada más llegar al Congreso de los Diputados, en marzo de 2009, presenté una interpelación sobre la cuestión. El Presidente del Gobierno era entonces Zapatero y el Ministro de Justicia era Caamaño, ya había caído el compañero de cacería de la hoy Fiscal General del estado, Lola la de Garzón y Villarejo…

El Gobierno rechazó la moción en la que se pedía que los políticos dejaran de meter la mano en los órganos de la Justicia más allá de lo estrictamente constitucional, tanto en la letra como en el espíritu, tanto de la Ley del 85 como de la propia Constitución , tal y como estableció el TC respecto de la mencionada Ley – impulsada por el PSOE, mayoría absoluta- que modificaba la de 1980. Luego hablaremos de esa sentencia.

Todas las iniciativas legislativas que defendí desde ese momento hasta que dejé de ser diputada fueron rechazadas. El pacto de Estado para repartirse la tarta de la Justicia se ha mantenido inmutable y en él estaban no solo el PSOE y el PP sino el conjunto de grupos de la Cámara.

Que la elección del Consejo General del Poder Judicial deje de ser un mercado persa entre partidos políticos, que dejemos de vivir el bochornoso espectáculo de conocer antes de ser elegidos a qué padre y a que madre “ideológica”, en qué cuadra corren, cada uno de los vocales del Consejo es una asignatura pendiente de nuestra democracia.

El espectáculo lleva años siendo vergonzoso, pero cada vez lo hacen con mayor descaro. Fíjense que en este momento en el que en España no hay acuerdos para nada (salvo para destruir el sistema del 78 por acción u omisión) la prensa del régimen – o sea, prácticamente toda- sigue bendiciendo el chanchullo y “expulsando” de la política (en palabras de la Ministra Portavoz del Gobierno) a quien no se pliega al chanchullo.

Pero esto no ocurre por casualidad; esto es España y en el reino del pasotismo político pasan cosas como estas. Los partidos políticos son culpables, ya lo creo que si; y la mayoría de jueces y magistrados son responsables porque forman parte del engranaje del sistema perverso (si no se presentaran a la elección los partidos no podrían perpetrar el asalto a los órganos de la Justicia) y se quedan tan anchos cuando se habla de la mayoría “progresista” y/o la mayoría “conservadora”. No les importa aceptar que son de una u otra cuadra, son intercambiables, iguales, obedecen instrucciones. Son como la Visa y la Master Car: distinto color, el mismo objetivo. Y, por supuesto, para que esta trama tenga éxito (y no pase factura a los partidos políticos en las elecciones) hace falta un cómplice: la prensa. Ni que decir tiene que en la España de la prensa concertada y pública (otro ejemplo de Visa y Master Card) cuentan con ello.

Defender la justicia independientes es básico en democracia. Y que para ello hay que empezar por reformular el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. El sistema actual DEBILITA la democracia, DESTRUYE la separación de poderes y COMPROMETE la independencia y autonomía del poder judicial.

Traiciona sin paliativos la ley Orgánica del Poder Judicial del 85 y las dos modificaciones posteriores pues en la exposición de motivos de la citada ley se insistía en la necesidad de “una absoluta sustracción del estatuto jurídico de jueces y magistrados a toda posible interferencia por parte de los otros poderes del Estado” . Lo mismo se puede decir de la sentencia del TC 108/86 al respecto, pues condicionó la validez del nuevo sistema de nombramiento de la totalidad de los integrantes del CGPJ por las Cámaras a que dicha designación no se realizara según un sistema de reparto de cuotas partidistas pues ello supondría “frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional”.

Analicemos las leyes a la luz de sus consecuencias. Pongamos que el legislador quería evitar el exceso de corporativismo en el órgano de la justicia, que quería que la Justicia, como pilar del Estado, representara la pluralidad de la sociedad española. Y que por eso- es mucho suponer- cambió el sistema del 80 introduciendo en la exposición de motivos el párrafo que antes mencioné: que no puede haber interferencia política en el estatuto jurídico de jueces y magistrados. Pues como está a la vista que se ha pervertido el espíritu, hay que cambiar la ley. Y el debate que se debe plantear no es cómo repartirse mejor las cuotas sino sobre la necesidad de implementar un nuevo sistema que elimine las cuotas partidarias.

Pues así están las cosas. Sin justicia independiente, sin separación de poderes, no hay democracia. Hay culpables, hay responsables, hay cómplices. ¿Vamos a seguir callando?

¿Pero qué renovación?
Cristina Losada Libertad Digital 8 Septiembre 2020

Se ha constatado alguna vez, a través de las encuestas, que muchos españoles no saben de la existencia del Consejo General del Poder Judicial. Igualmente se ha comprobado, y no alguna vez, sino muchas, que los españoles no creen que haya independencia judicial en su país. Esta opinión podrá achacarse a nuestra antigua y genérica desconfianza en las instituciones, pero tiene fundamento y sería aún más mayoritaria y sólida si todos estuvieran al corriente de cómo se elige a los miembros del órgano que debe velar por la independencia judicial y que resulta ser, al mismo tiempo, descarada representación de su ausencia.

Tal estado de dependencia se ha prolongado desde la gran operación de captura de ese órgano por los partidos políticos, que fue la reforma de 1985, obra magna del PSOE, hasta ahora mismo. Entre otros motivos, porque el PP, después de anunciar a bombo y platillo el proyecto de retornar al procedimiento menos intervencionista, dio marcha atrás y configuró, hace siete años, un sistema de elección de vocales que, con leve camuflaje, mantuvo las riendas en manos de los partidos.

Hay que poner en su sitio la cháchara sobre la renovación del Consejo. No fuera a ser que algún ingenuo pensara que se trata de una reforma en profundidad o que tiene realmente por objeto el fortalecimiento de las instituciones, como dice arrullador el Gobierno. Cuando se habla de renovación, no se habla de otra cosa que de modificar la relación de fuerzas entre los partidos en el seno del órgano que gobierna la Justicia. Relación que es reflejo de la representación parlamentaria. Ése es el meollo de la discusión y de la pelea partidista cada vez que suena la música de la renovación. No el fortalecimiento de la institución. Lo único que se fortalece en estas periódicas y encarnizadas batallas es el poder de los partidos sobre los altos tribunales del país. De unos más que otros; de ahí los bloqueos. Es el turnismo político en la Justicia, con espectáculo de pirotecnia verbal.

¿Por qué llaman “presos políticos” a los condenados por secesionismo?
El efecto de aceptar el lenguaje utilizado por quienes pretenden politizar la acción de la Justicia
Miguel Massanet diariosigloxxi 8 Septiembre 2020

Que estamos entrando en una etapa de la historia de nuestro país en la que parece que admitir los efectos de una propaganda demagógica, de quienes están interesados en darle un vuelco total a nuestra débil democracia, se ha convertido en algo incontrovertible debido a la pasividad, la abulia, la desgana o la complicidad de una parte muy importante del pueblo español, resulta ser algo evidente, innegable y, desgraciadamente, con todos los visos de conducirnos hacia un olvido total de los principios, valores y tradiciones que durante siglos fueron el acervo y patrimonio de quienes creían en la justicia, la seguridad jurídica, las libertades ( no confundir con lo que actualmente se confunde con ellas), y el orden como elementos irrenunciables en todo modelo de Estado democrático.

Hoy en día la negación de derechos fundamentales como es el de la propiedad; el respeto por las ideas ajenas; la patria potestad; la libertad de cada ciudadano a mantener sus creencias y su facultad de exigir que sean respetadas y defendidas por los poderes fácticos; el derecho básico de la defensa de la vida, incluso la del nonato; la defensa de la moral y la ética, como principios esenciales para la convivencia de las personas y la necesidad de que existan una reglas y un orden que regulen el comportamiento de los ciudadanos para evitar que unos pocos, unas minorías o unos grupos de indeseables, puedan convertirse en un peligro para la paz y la tranquilidad del resto de españoles; amenaza y pone en cuestión el futuro de una nación, España, que parece que, desde hace unos años, ha contraído una de las dolencias que pueden llegar a constituir una seria amenaza para sus habitantes, lo que se pudiera entender como un intento de revertir un sistema de gobierno, que ha funcionado durante años y que había conseguido que el país fuera adelantando en la medida que los acontecimientos lo iban permitiendo y cuando los poderes públicos apoyaban a los ciudadanos en su ejercicio de la libertad de iniciativa, emprendedora e innovadora, hasta el punto de que nuestra nación ya empezaba a mostrar claros síntomas de recuperación, llegando a un momento en el que el crecimiento de nuestra economía ya parecía querer estar por encima del resto de naciones europeas; para intentar el cambio de régimen de gobierno, basado en una democracia parlamentaria, para convertirla en no se sabe qué tipo de república revolucionaria y, todo ello, sin seguir los procedimientos reglamentarios establecidos por nuestra Constitución de 1978, si no intentando habilitar el uso del poder como mecanismo para sustituir la voluntad de los españoles, expresada a través de las urnas mediante las oportunas consultas.

En estos momentos España está amenazada, aparte de por un gobierno socio-comunista instalado en el poder y con evidentes intenciones autoritarias y con intentos de usos totalitarios; por dos lacras que, cada una de ellas por si solas, representa un peligro para la estabilidad, la continuidad y mantenimiento de nuestros principios democráticos. Hablamos del separatismo catalán y vasco, cada uno de ellos con sus características particulares, sus métodos, sus objetivos y su idiosincrasia, lo que no impide que ambos constituyan una amenaza para la integridad de nuestro país y para el ejercicio de la democracia tal y como se concibe a través de nuestras normas constitucionales y, en segundo lugar, pero no menos peligroso y amenazante, existiendo la posibilidad de que ambas amenazas actúen sincronizadas, con los efecto sinérgicos derivados de una semejante alianza; es el caso del peligro comunista bolivariano que nos importaron de Venezuela este grupo de universitarios, surgidos del movimiento 15M, Unidas Podemos que, contra previsión alguna, fueron capaces de encontrar un hueco en nuestras instituciones, acaparando una parte importante de los escaños de nuestras dos cámaras de representación popular. Van perdiendo popularidad y es muy posible que, en unos próximos comicios, su estrella se apague pero, de momento, forman parte del Gobierno y siguen teniendo la llave de la legislatura que, sin sus votos, no permitiría a Sánchez el seguir gobernando la nación.

Y, en esta tesitura, los españoles que seguimos creyendo en una España unida y democrática, contemplamos, entre indignados y pesimistas, como el actual Gobierno socialista y comunista, parece seguir manteniendo encendida una vela a Dios ( en su caso a quién lo sustituya en su ideario) y otra al Diablo, en un tipo de estrategia que, como es obvio en aquellos que pretenden jugar con dos barajas a la vez, siempre tiene el peligro de que, en un momento determinado, se les descubra la trampa y la combinación salte por los aires lo que, a quienes más iba a perjudicar sería a los ciudadanos españoles, metidos involuntariamente en semejante juego de insensateces. ¿Mesa de negociación con separatistas catalanes, como pide insistentemente los políticos catalanes? O, acaso, ¿ un movimiento táctico de Sánchez hacia la derecha, en este caso representada por la señora Arrimadas y Ciudadanos, un partido que apenas tiene representación parlamentaria, metido en medio de una serie de contradicciones que lo sitúan en tierra de nadie y que, como bote a la deriva, se mueve de acuerdo con lo que, en cada momento, estima que le es más favorable, sin tener en cuenta que el gran beneficiario de su colaboración no es más que el señor Pedro Sánchez y sus compinches del gobierno y que, cuando le convenga, les va a propinar la patada de Charlot pese a que ahora, porque los necesita para sus planes, se muestre muy atento con ellos.

Pero ya no parece que a nadie, ni de derechas ni de izquierdas, le sorprenda que, cuando se habla de los presos por el referéndum de octubre del 2017, en lugar de emplear el término condenados, revolucionarios, secesionistas o penados, se utilice insistentemente la expresión “presos políticos”, como si su permanencia en prisión estuviera fundamentada en la simple expresión de ideas políticas y no estuvieran, como ha sucedido y han dictaminado los tribunales, condenados por unos hechos tipificados en nuestro CP, constitutivos de delitos muy graves, como son el de secesión y malversación de caudales públicos, que son aquellos por los que están encerrados, cumpliendo condena en la cárcel.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, estamos viendo que, todo lo que está sucediendo en España, aparte de lo referente a la pandemia del coronavirus (y, en muchas ocasiones, aprovechando que la epidemia eclipsa todos el resto de problemas), tenemos la impresión de que, en todo lo que está actuando el actual ejecutivo, no existe planificación alguna y que, las medidas que se vienen tomando, son fruto de la improvisación y el oportunismo, al que se ven obligados como consecuencia de carecer de personas preparadas para otra cosa que no sea la demagogia y el pretender desviar el foco de las críticas hacia otros partidos que, en realidad, no tienen ninguna culpa de que, precisamente, no se los haya tenido en cuenta a la hora de tomar las decisiones que se ha venido reservado, para sí solo, el Gobierno hasta que, cuando vio que no era capaz de contener los efectos de la pandemia, decidió escurrir el bulto y pasarles la patata caliente a las comunidades autónomas. Pero ahora es cuando tiene que ir cediendo ante las peticiones de los catalanes para no tenerles en frente en una situación en la que toda ayuda que pueda obtener es poca, porque se trata de salvar la legislatura del PSOE, algo que, con toda seguridad, no conseguiría si no fuera capaz de sacar unos presupuestos ad hoc para el próximo año. Aristóteles, el sabio filósofo, acertó cuando dijo: “Las repúblicas declinan en democracias y las democracias degeneran en despotismos”; puede que, esta última parte, esté más cerca de llegar de lo que pensamos.

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Segundo asalto a la unidad de España
Pablo Planas Libertad Digital 8 Septiembre 2020

Se cumplen tres años del Pleno de la Vergüenza, una sesión de dos días en el Parlamento catalán en la que se convocó el referéndum ilegal del 1-O y se tramitaron las leyes de desconexión. Ocurrió entre el 6 y el 7 de septiembre de 2017 y fue el pistoletazo de salida del golpe de Estado que culminaría casi dos meses después con la proclamación de la república catalana en ese mismo escenario.

Aquella sesión tendría que haber dado paso inmediato a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero como todo eso de Cataluña y el procés era un "lío" que llevaba Soraya y a Mariano le daba una pereza inmensa, los golpistas catalanes pudieron seguir adelante con sus planes y celebrar el referéndum con la única oposición del Rey y unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que fueron enviadas a Cataluña para cubrir el expediente político, cuando se tendría haber intervenido el mando de los Mossos para que fueran estos quienes trataran de impedir la votación.

La gestión del Gobierno de Rajoy propició un desastre descomunal que se paga y se pagará durante años. En aquellas semanas el Ejecutivo tuvo varias oportunidades para acabar con el separatismo. Rajoy podría haber pasado a la historia como el presidente que aseguró para las generaciones venideras la unidad de España, pero lo hizo todo mal. Como es conocido, acabó sus días políticos en el reservado de un restaurante bebiendo whisky mientras el bolso de Soraya ocupaba su escaño. Un final digno de tal personaje.

Carles Puigdemont reconoce en sus memorias que si se hubiera aplicado el 155 en toda su extensión y de la forma en que él se temía, no hubiera quedado piedra sobre piedra en el independentismo. Se optó por una intervención débil y timorata, por un control laxo y patético de parte de la administración autonómica, por una fiscalización burocrática que fue la risa de los altos cargos separatistas. Con decir que Elsa Artadi era la persona de confianza de los hombres de negro del Estado está dicho todo. Por la mañana despachaba con los enviados de Mariano y por la tarde deshacía lo convenido y lo comentaba con Puigdemont.

Lo extraordinario del caso es que haya golpistas en la cárcel, pero la situación de Junqueras, los Jordis o Carme Forcadell llama a engaño. A diferencia de compañeros suyos como Carles Mundó (exconsejero de Justicia) o Meritxell Borràs (exconsejera de Gobernación), decidieron sacar pecho en vez de exhibir un falso arrepentimiento y a los jueces no les quedó más remedio que mantenerlos en prisión primero y condenarlos después. En definitiva, se inmolaron. No tardarán en salir y los tres años en la cárcel habrán sido una gran inversión para sus carreras políticas.

En cuanto a lo que se denominó con un exceso de optimismo "bloque constitucionalista", Ciudadanos va camino de una caída electoral de impacto, el PP seguirá en la irrelevancia aunque doble escaños (ahora tiene cuatro) y el PSC se apresta a sumar algunos votos de Ciudadanos para suplicar a ERC que le admita en la mesa de la gobernación de Cataluña, en compensación por el magnífico trato que Sánchez dispensa a un tipo como Rufián. Lo único positivo es que Vox entrará en el Parlament y sus señorías tendrán que escuchar que Cataluña es una región y que "Generalitat" en español es "Generalidad".

Sin embargo, todas las encuestas apuntan a que los partidos separatistas sumarán en las próximas elecciones autonómicas más del cincuenta por ciento de los votos, lo que desencadenará una reedición del proceso separatista mucho más peligrosa aún que la primera parte. Será el segundo asalto a la unidad de España. Tres años después de todo aquello, la Generalidad estaría todavía intervenida y el Parlament cerrado si se hubiera activado de verdad el artículo 155. La realidad es que la Generalidad está en manos de Torra por delegación de Puigdemont y la cámara regional es la cantina de los separatistas.

Es imposible la unidad con este Gobierno
Jorge Vilches. vozpopuli  8 Septiembre 2020

En la facilísima entrevista que ha disfrutado el Presidente del Gobierno en su televisión ha dejado caer una de esas frases que muestran su sentido de la política: “Conviene que el PP acepte el resultado electoral". Pablo Iglesias, con moño, declaraba antes que los populares se ponían en “una posición golpista” por negarse a la renovación del CGPJ. Además, durante estos días los periodistas orgánicos cargaban contra el partido de Pablo Casado, al que acusaban por esta razón de “fraude democrático”.

Este Gobierno socialcomunista ha cambiado el eje del consenso político. Si hasta la llegada de Pedro Sánchez éste se encontraba entre los partidos constitucionalistas, los que salieron de la Transición, desde entonces, con la podemización del líder del PSOE, el eje ha cambiado. Los socialistas han conseguido lo que Zapatero inició en 2003 con el Pacto del Tinell: establecer el eje del consenso entre los partidos que quieren romper el orden constitucional.

Todo el mundo sabe quiénes son esos partidos. De hecho, son los que apoyaron a Sánchez para ganar la moción de censura, y los mismos que votaron a su favor en la investidura. Es la coalición Frankenstein de la que hablaba Rubalcaba; por cierto, un Rubalcaba que contuvo hasta donde pudo al PSOE republicano, pro-comunista y favorable a los independentistas que tenemos hoy.

Sánchez prefiere a los ERC, JxCAT, PNV, BNG, Bildu y demás grupúsculos de la unidad de destino en lo particular. Todos y cada uno de estos odian al PP, a Cs y a Vox, y los socialistas se han unido a ese odio calculado. Entonces, ¿para qué pedir unidad a la oposición? El Gobierno socialcomunista lo exige desde que se inició la pandemia. Ha ordenado la obediencia ciega y la tragadera ancha para todas sus decisiones. Fuera de esa sumisión, solo había traición a la patria y al Gobierno, que para ellos son lo mismo.

Un consenso ideal, por contra, sería aquel que, sin pertenecer al mismo Gobierno, supusiera el acuerdo entre constitucionalistas sobre varias leyes que dieran estabilidad al sistema, seguridad jurídica y perspectiva económica. Leyes sobre las que tendría que haber acuerdo, ya sea una de sanidad que permita la coordinación autonómica y la prevención, o un plan económico al estilo europeo, no caribeño.

Rectificar alianzas
Sin embargo, el camino no es tan fácil, porque aprobar una serie de leyes con el Gobierno socialcomunista sin establecer unas condiciones previas sería apuntalar al creador del desorden. Resulta imposible si el PSOE no rectifica en sus alianzas y espíritu, en ese ansia descarada de buscar a toda costa el acuerdo con quien sea para mantenerse en el poder aun por encima del interés nacional. ¿Cómo fiarse de Sánchez en la renovación de los órganos judiciales? Sería una irresponsabilidad.

Por ejemplo, la búsqueda del apoyo de ERC y JxCAT para aprobar los Presupuestos Generales del Estado pasa por un acuerdo sobre los golpistas presos y el futuro político de Cataluña. Lo ha dicho Sánchez en su entrevista en TVE: modificar el delito de sedición en el Código Penal para beneficiar a los independentistas encarcelados "es un compromiso que anuncié en mi investidura y, por tanto, sigue firme".

Por esto, ese cambio del PSOE de Sánchez, el retorno al consenso entre constitucionalistas, no se va a producir. Rectificar es de sabios, pero ahí no hay ninguno. Sacará adelante sus leyes contando con la resurrección de la mayoría anticonstitucional. La dirección la llevará Sánchez, que controla a su partido, al IBEX como señalaba Jesús Cacho, a los medios, y domina el arte del reparto y trueque.

Pablo Iglesias quedará para insultar a la derecha, como ha hecho hasta ahora, porque tras casi diez meses como vicepresidente 'de derechos sociales' no se le recuerda ni una sola medida. Servirá, además, para presionar al Rey llamando a la proclamación de una República bolivariana, y funcionará como puente con el independentismo. Es más; Sánchez utiliza a Iglesias como radical que modera su imagen pública, y a quien finalmente echará las culpas de los pactos con los enemigos del orden constitucional si le hace falta.

Ya escribía Proudhon en 1863 que un Gobierno valía en función de los hechos que lo habían traído y los hombres que lo representaban. Este Gobierno salió de una investidura con quien no debía, y es prisionero tanto de su ambición mal entendida como del desprecio a las reglas más básicas de la democracia. Los hombres que tiene al frente, además, no son lo deseable: Sánchez no es ejemplo de sinceridad, rectitud y compromiso, ni Iglesias de tolerancia, coherencia y lealtad institucional. En fin; un lujo.
 


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