AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 9  Septiembre  2020

Bruselas deja en evidencia a Sánchez
Editorial ABC 9 Septiembre 2020

Los datos publicados ayer por Eurostat sobre el impacto de la pandemia en las distintas economías europeas no admiten maquillaje ni lecturas forzadas, porque describen una situación que puede palparse en las calles de cualquier población española. España es el país comunitario más afectado, de lejos, por la congelación de la actividad durante los meses de confinamiento, un desplome económico que, plasmado en la caída del PIB y la destrucción de empleo, solo puede tener una explicación: la gestión que ha llevado a cabo el Gobierno. Si a ello se suma que a estas alturas España es también el país donde la evolución de la enfermedad está más comprometida quedan muy pocos resquicios para entender la actitud complaciente e impasible del Ejecutivo, que parece no haber comprendido la gravedad extrema de la situación a la que se enfrenta el país que entregó la responsabilidad de gobernarlo.

Peor aún -y eso no lo refleja Eurostat en su estadística, de carácter retrospectivo- el Gobierno no solo ha cometido graves errores durante los momentos más dramáticos de la pandemia, sino que a estas alturas sigue sin tener un plan, un rumbo, una idea para sacar al país de la crisis. Las grandes economías de la Eurozona han anunciado ya proyectos novedosos, adaptados a esta situación, para aprovechar el trance y renovar sus estructuras, mientras que el Ejecutivo de Sánchez sigue esperando el dinero que vendrá de Europa, apegado a la vieja narrativa de la moción de censura y con la vista puesta en unos «presupuestos Frankenstein», según la denominación de Pérez-Rubalcaba, pensados no para reactivar la nación, sino para garantizar que Sánchez puede terminar la legislatura, aunque sea sobre los restos de una economía que demanda planes de reconstrucción, no subsidios.

Cooptación y veto
La autonomía de la Justicia es el dique institucional de esta legislatura. Y soporta más presión política que nunca
Ignacio Camacho ABC 9 Septiembre 2020

Incumplir el mandato de renovación de los órganos constitucionales es un acto de obstruccionismo, si no de desacato o desobediencia, impropio de un partido de Estado. Lo que significa que, en términos weberianos de ética de la responsabilidad, Pablo Casado está en la obligación de acceder a renovarlos, sobre todo esa cúpula del poder judicial que lleva caducada dos años. Su negativa, argumentada sobre pretextos débiles y circunstanciales, es inaceptable en abstracto y en la práctica incurre en el mismo vicio que tantas veces ha reprochado a Sánchez: el filibusterismo pragmático, la subordinación a intereses tácticos de los deberes institucionales implícitos en el ejercicio del liderazgo.

Sin embargo, y pese a la endeblez de sus excusas, el bloqueo aplicado por el Partido Popular es la única herramienta autodefensiva de que dispone en esta legislatura que el presidente ha trufado de anomalías legales y maniobras turbias. Sin salir del ámbito de la Justicia, el nombramiento de una ministra como fiscal general es un gesto que contamina la independencia de poderes y la desafía con arrogancia impúdica. Y Podemos, el socio gubernamental, no se ha recatado nunca de cuestionar las sentencias de la magistratura y de acusar a los jueces de conspirar contra el resultado de las urnas. Es el Ejecutivo el que ha embarrado el terreno con toda clase de artimañas sucias, y en esas condiciones no puede aspirar a un pacto que necesita de una mínima base de lealtades mutuas. Se le nota demasiado el interés por someter con premura al estamento que con mayor autonomía se resiste a su proyecto de ocupación absoluta de la sociedad civil y de la función pública.

Para la mayoría de los ciudadanos, por otro lado, el sistema de elección del CGPJ responde a una fórmula de reparto obsceno, una cooptación partidista que ni siquiera se molesta en disimular la crudeza del procedimiento. Casi todos los partidos -incluido recientemente el PP, aunque durante años se ha prestado sin problemas al juego- llevan en sus programas la reforma de ese método que menoscaba la apariencia de imparcialidad de los nombramientos para plazas vacantes en las Audiencias o el Supremo. Cualquier pacto debería estar condicionado a ese objetivo estratégico que ahora mismo no forma en absoluto parte de los planes de un Gobierno obsesionado con allanar cualquier impedimento a su modelo de desvío constitucional encubierto.

El derecho de veto es un arma de doble filo que Casado debe manejar con tiento porque es obvio que está dilatando adrede el proceso y saboteando un imperativo específico del Parlamento. Pero también constituye su mejor baza para evidenciar el concepto arbitrario, selectivo y ventajista que Sánchez tiene del consenso. Y alguna vez alguien le tendrá que demostrar que la democracia es un sistema de contrapesos y que en política los acuerdos tienen siempre un precio.

Sánchez sale en auxilio de Iglesias
Editorial La razon 9 Septiembre 2020

Es lógico que el PSOE se niegue a que una comisión de investigación en el Congreso estudie la supuesta financiación ilegal de su socio de Gobierno, Podemos. Se trata de pura supervivencia política y, por más que dañe a la credibilidad de La Moncloa en su compromiso por la regeneración de la vida pública –si es que lo ha adquirido alguna vez–, más importante es perpetuarse en el poder por encima, incluso, de que en el Consejo de Ministros se siente un partido de dudosa financiación. No es producto de una campaña de las «cloacas» del Estado –conspiración con la que sueña Pablo Iglesias–, sino un informe del Tribunal de Cuentas, donde se apunta el uso de dinero público para el propio partido, por no hablar de fuentes tan oscuras como las procedentes de Venezuela e Irán. Sorprende, por lo tanto, que la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, califique esos indicios de «absolutamente falsos», ya que esas pruebas debería ponerlo en manos del titular del juzgado número 42 de Madrid, donde el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, presentó una denuncia por irregularidades.

Por contra, el PSOE vetó, junto a Podemos y sus socios independentistas, en la Junta de Portavoces la petición de crear una comisión de investigación. Lo ha hecho incluso después de que la Mesa del Congreso acordarse la semana pasada admitir a trámite la petición, que contaba, además, con la aprobación de los letrados de la Cámara. De esta posición habrá que deducir que en el caso de que algunos de los dirigentes de Podemos sean investigados –antes, imputados–, el PSOE asumirá también las consecuencias políticas que siempre ha exigido a los partidos de la oposición, especialmente al PP. No sólo los socialistas han impedido que sus socios sean investigados, sino que ayer mismo vieron con muy buenos ojos que los partidos independentistas pusieran encima de la mesa una comisión de investigación sobre el llamada «caso Kitchen» y el supuesto espionaje a Luis Bárcenas durante el último mandato del PP. Es ejemplar la disciplina con la que actúa la mayoría de la moción que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa y, sobre todo, cómo ha salido en auxilio de un Pablo Iglesias acosado por varios casos judiciales que no son menores. Por un lado, la caja B de su partido y, por otro, la farsa que montó con la desaparición del móvil de su ex asesora, hasta que el juez le acabó retirando la condición de víctima, quedando al descubierto la maniobra con la que engañó a todos: que las «cloacas» del Estado le perseguían. Efectivamente, el PSOE aplica una doble vara de medir para luchar contra la corrupción, dependiendo de si le beneficia o le perjudica, lo que es una retroceso en cualquier propósito de ejemplaridad pública.

En mayo de 2017, se puso en marcha la comisión del Congreso para investigar la financiación del PP a la vista del «caso Gürtel»; un año después, se dictó sentencia judicial y, durante este tiempo, el Gobierno popular tuvo que soportar un juicio paralelo que, sin duda, produjo un enorme desgaste que tuvo consecuencias políticas. Lo que sucedió ayer en el Congreso va más allá: no fue Podemos quien negó que hubiera un caso de financiación irregular del partido, sino el partido con el que está coaligado. Lastra asumió la defensa de Iglesias, incluso en contra de la Fiscalía Provincial de Madrid, que instó al Juzgado de instrucción número 42 a que abriera diligencias para investigar los contratos del partido morado con Neurona Consulting para las elecciones del 28 de abril por un importe de 308.257,20 euros. Mientras el Ministerio Público cree que «existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto» y que se trata de un empresa creada ex profeso para la prestación de este servicio, el PSOE dice tener las pruebas que negarían esta investigación. ¿Puede decirse que Sánchez pone la mano en el fuego por Iglesias?

Sánchez y la voladura de los puentes
Jesús Cacho. vozpopuli  9 Septiembre 2020

Pedro Sánchez acaba de dinamitar el último puente que le unía a Pablo Casado: el de la indispensable relación personal que en una democracia el presidente del Gobierno y el líder de la oposición están obligados a mantener por el buen funcionamiento de las instituciones. “Esto no había ocurrido nunca en democracia, con ningún Gobierno”, aseguraba ayer un prohombre del viejo PSOE, las manos a la cabeza tirios y troyanos ante esa muestra de vandalismo político que supone la revelación por Sánchez del contenido de un wasap que Casado le dirigió en agosto en torno a un asunto, cualquier asunto, la renovación de los órganos del Poder Judicial en este caso. ¿Cómo podrá Casado fiarse en el futuro de Sánchez? ¿Con qué argumento defender la comunicación privada, incluso en graves cuestiones de Estado, con un presidente que lo puede airear a los cuatro vientos el día menos pensado si así le conviene?

La política de tierra quemada de Sánchez progresa adecuadamente. Para nadie es un secreto a estas alturas que la estrategia de supervivencia que persigue el inquilino de Moncloa se bifurca en dos direcciones: apropiarse de la base electoral de Podemos a la mayor velocidad posible, terreno en el que el éxito parece estar acompañándole de lleno, y laminar la representación política de la España de centro derecha, reduciendo al silencio al PP a base de avivar el conflicto y exacerbar el antagonismo con un centro derecha al que se hace responsable de todos los males del país y a quien, además, se asocia reiteradamente con Vox, el mal por antonomasia según esa doctrina. Aislar al PP, si no se puede acabar con él.

Ocurrió la víspera de una de las votaciones en el Congreso de los Diputados para renovar el estado de alarma obligado por la maldita pandemia. En casa de una diputada de un grupo parlamentario pequeño sonó el teléfono caída ya la noche. Era el ministro José Luis Ábalos:

-¿Qué vas a votar mañana?
-Pues ya lo sabes, José Luis, lo he dicho por activa y por pasiva…

-Bueno, mira, dime una cosa, ¿cómo podríamos sumar tu voto?
-¿Para qué quieres mi voto si ya tienes asegurada la mayoría necesaria?

-¡Es que queremos dejar solo al PP en la votación!

Y, efectivamente, la diputada aprovechó el ofrecimiento para reclamar ventajas concretas para su circunscripción, ante lo cual Ábalos pidió media hora para cursar la solicitud “arriba”. Al poco rato, el teléfono de la diputada volvió a sonar:
-Hecho.

Naturalmente, el PP se quedó solo en el “no” a la renovación del estado de alarma y al ladito de Vox. Así es como funcionan las cosas en esta peripatética, desencajada España. La factoría de Iván Redondo en Moncloa se dedica a maquinar maldades las 24 horas del día, operaciones de marketing y/o imagen que luego la flota mediática adicta al Ejecutivo social comunista, que es casi toda, desde luego las televisiones en su totalidad, se dedicarán a llevar a la práctica con lealtad perruna.

Entrevista en El País este domingo a Carmen Calvo. Sin venir a cuento, la vicepresidenta avanza que Casado “empieza a tener comportamientos inexplicables”, y que “pretende tener una mayoría en esos órganos [de gobierno de los jueces, se sobreentiende] que ya no se corresponde con sus derrotas electorales”. A la mañana siguiente, lunes, el mismo diario, con la firma del lamentable Elordi Cué, revela que Casado se comprometió con Sánchez por wasap a renovar los órganos del Poder Judicial. Y unas horas después, muy pocas, el propio presidente remataba la faena en unas declaraciones en “La hora de La 1”, donde una meteoróloga especialista en isobaras se encargó de masajearle con algo parecido a una entrevista: “La renovación estaba pactada prácticamente al 99%”, pero Casado se echó después atrás “inexplicablemente”. Los “comportamientos inexplicables” de la Calvo. He aquí pues un trabajo en cadena perfectamente milimetrado. ¡Pena que tal virtuosismo no se aplique para procurar el bien de España y de los españoles en su conjunto!

Y ahí está Casado, más solo que la una, más perdido que un vendedor de helados en el Ártico. Su silencio resuena cual trueno en esta España a punto de perder pie con el futuro. “Resulta incomprensible que se haya callado”, asegura un diputado popular. “Tenía que haber salido negando la existencia de ese wasap [lo hizo, por fin, ayer tarde] o diciendo que está manipulado y, sobre todo y más importante, tenía que haber aprovechado la oportunidad para renovar la oferta al país entero de devolver el control de la Justicia a los jueces, como estaba en la Constitución antes de que en 1985 Felipe González se lo cargara de un plumazo, porque eso sí que lo entendería todo el mundo. Lo que no puede hacer es callarse”. Echar de nuevo mano de aquella promesa electoral del PP en 2011, vendida a los cuatro vientos por Ruiz Gallardón y luego arteramente traicionada, cuando proclamó en el Parlamento que el Gobierno de Rajoy y él mismo se comprometían a “acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que han de juzgar a esos políticos”.

¿Carencia de reflejos? ¿Falta de carácter? ¿Ausencia de instinto asesino? Es verdad que Pablo heredó de Rajoy una escombrera por la que ahora empiezan a asomar su rostro ajado los monstruos de la 'Kitchen', o el uso de las cloacas del Estado para salvar el culo del triste Mariano en el asunto Bárcenas, y es también verdad que no tiene a su lado a un Álvarez Cascos capaz de repartir estopa a diestro y siniestro como el asturiano hacía durante la era Aznar. Por encima de todo, es verdad que carece de un Estado Mayor, bien conectado con la sociedad civil, capaz de ayudarle a perfilar un proyecto de futuro para una España liberal y de llevarlo adelante. Es esa cierta sensación de indigencia, de desvalimiento, que hoy proyecta Génova la que tanto daño está haciendo al PP y al propio Casado. Cuentan que en la sede se ha atrincherado Narciso Michavila como sustituto del ínclito Pedro Arriola, sociólogo por sociólogo, dispuesto a entonar al oído del jefe la misma salmodia que tan buenos réditos otorgara al malagueño con Mariano: tú tranquilo, Pablo, que vamos bien y estamos remontando en las encuestas.

Y es posible que tenga razón, porque torres más altas que la de cartón piedra que sostiene el entero andamiaje de Sánchez han caído. De momento, silencio y resignación, con la CEOE y los empresarios del Ibex 35 divirtiéndose con Sánchez en la toldilla de popa, mientras suena la orquestina y el agua empieza a inundar cual torbellino los tanques de proa. “Es que el miércoles pasado, cuando Ana Botín se reafirmó en sus loas a Sánchez, enfatizando lo muy de acuerdo que estaba con el presidente, Pablo tenía que haber salido a mandarle un recado: olvídese usted de la política, señora mía, y preste un poco más de atención a sus accionistas, que lo están necesitando”, sostiene el mismo diputado. Silencio en el puente de mando de Génova. Y fatal convencimiento, entre grandes capas de la sociedad civil, de que todo, o casi, está perdido. Todos los puentes, rotos. Es el lamento del momento: “Lo de España no tiene arreglo”.

El lunes 31 de agosto, tras la exhibición, teleprónter mediante, del presidente ante sus señorías de la gran empresa y la banca españolas en Casa de América, el bello Sánchez se fue a comer discretamente con Botín y Álvarez-Pallete al restaurante Raimunda, en el propio Palacio de Linares. ¿Están seguros Ana y José María de que Pedro no va a largar pasado mañana lo que le contaron en ese almuerzo entre compiyoguis si le conviene?

El PSOE tapa la corrupción de Podemos
EDITORIAL Libertad Digital 9 Septiembre 2020

Algunos lectores recordarán un hilarante vídeo que aún circula por internet en el que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, busca y consigue el aplauso fácil de sus oyentes precisamente criticando a "los políticos que sólo buscan el aplauso fácil de la gente". Pues bien: Iglesias ha superado este martes tan contradictorio y esperpéntico espectáculo ante los micrófonos de la cadena SER cuando, tras afirmar categóricamente que las discrepancias que pueda mantener con el presidente se las comunica a él "en privado, y no a un medio de comunicación", ha revelado que tuvo una "fuerte discusión" con Pedro Sánchez porque no le informó de la "huida" de España del rey emérito.

Es comprensible el "cabreo" que ha provocado en las filas socialistas que Iglesias haya desvelado "conversaciones privadas" con el presidente del Gobierno, incluidas las supuestas "disculpas" que Sánchez le ofreció por no haberle informado de la marcha de Don Juan Carlos. Con todo, nadie se llame a engaño: el matrimonio Sánchez-Iglesias sigue gozando de espléndida salud, como demuestra el empecinamiento del presidente en negociar los Presupuestos con Podemos, formación de extrema izquierda que espanta a inversores, empresarios y a la propia Comisión Europea, y su empeño en que, en el cambalache que pretende apañar con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, haya espacio para dos vocales de la cuerda de Podemos.

Es más, la complicidad entre los partidos que comparten el Gobierno comprende también la corrupción, como demuestra el veto de socialistas y comunistas a la comisión parlamentaria de investigación sobre la financiación irregular de Podemos y el aún más bochornoso servilismo de la Fiscalía, que ha pedido al juzgado de instrucción que limite su investigación por este asunto a los contratos podemarras con Neurona, cuando son sólo una parte de lo que se ha denunciado contra la formación de Iglesias.

Como guinda del pastel, o más bien del pasteleo entre PSOE y Podemos, este martes los de Sánchez e Iglesias han votado en contra de la propuesta defendida por PP, Vox y Ciudadanos de despolitizar –o cuando menos desligar del Gobierno– el nombramiento del fiscal general del Estado, de tal forma que no pueda optar al carga quien haya ocupado un cargo público o político en los últimos cuatro años y no tenga el respaldo de al menos dos tercios del Pleno.

Así las cosas, ya puede el gobierno social-comunista, con el concurso de los separatistas, ser una bomba para la sanidad, la economía y el Estado de Derecho, que Sánchez, encantado de estar encamado con Iglesias, demuestra que lo único que le quitaba y le quita el sueño es perder la poltrona.

Una regeneración imposible
Editorial ABC 9 Septiembre 2020

Nadie podrá restar relevancia política y jurídica a las últimas revelaciones sumariales de la Audiencia Nacional sobre la existencia de una «Policía paralela» en el Ministerio del Interior de la anterior etapa del PP, y sobre la red de extorsión que había diseñado el que fuera comisario Villarejo. Los indicios de que aquel PP de Rajoy y Cospedal ordenó expresamente anular cualquier prueba que pudiera conservar Bárcenas sobre la financiación de la antigua dirección del partido resultan inquietantes. La Justicia investiga hoy cada indicio y depurará responsabilidades jurídicas si hay lugar a ello porque los hechos, aunque tengan origen en un chantajista profesional, son graves. Pero políticamente la izquierda incurre en un ejercicio de indecencia democrática al crear un denso muro de distinción entre las irregularidades del PP, siempre condenables, haya o no juicio, y las miserias del PSOE o de Podemos, siempre peccata minuta irrelevante, sea cual sea la gravedad del abuso cometido. Por sistema, el PP es corrupto de fábrica, y la izquierda nunca saquea nada. Como mucho, crea «cajas de solidaridad» en lugar de cajas B o construye redes clientelares con «fines sociales» basados en un progresismo indemne a todo. Ayer, el mismo día en que Podemos exigía una comisión parlamentaria de investigación contra el PP, rechazaba con sus propios votos y los del PSOE otra comisión sobre las irregularidades del partido de Pablo Iglesias. Y todo ello, obviando el informe de la Fiscalía de Madrid en el que asume que deben investigarse penalmente los «contratos» de Podemos con la consultoría electoral Neurona por evidentes indicios de ilegalidad. España está ante un nuevo caso de «corrupción por omisión», en virtud del cual el partido de la derecha es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, y el de la izquierda solo responde a criterios de bonhomía política digna de elogio. El PSOE podría dar aún muchas lecciones al PP sobre mensajes telefónicos sonrojantes, grabaciones inmorales y chivatazos extraños.

Lo grave es el desprecio a la ciudadanía que conlleva esta manera de «hacer» política. Pese a ser imprescindible, la regeneración se hace imposible y la incredulidad del ciudadano crece de manera exponencial en el peor momento de nuestra historia. Los liderazgos son necesarios, pero España está en una fase autodestructiva en la que impera una doble moral desoladora. No es de recibo que las terminales mediáticas de la izquierda justifiquen, escondan y relativicen los escándalos del PSOE y Podemos -unos cuantos en el partido de Iglesias, con la Fiscalía al punto de exigir imputaciones-, y a la vez sobredimensionen los de la derecha, aunque las responsabilidades políticas derivadas de esos casos se hayan dirimido hace tiempo. Emerge la España más tóxica y revanchista, y eso no es justo para los ciudadanos.

Salvar al dictador Maduro
Emilio Campmany Libertad Digital 9 Septiembre 2020

Causó alguna sorpresa el indulto que el chavismo otorgó a poco más de una cuarta parte de los líderes de la oposición perseguidos, encarcelados o exiliados. El gesto es en realidad parte de una calculada operación destinada a deshacerse de Juan Guaidó, al que Occidente reconoce como legítimo presidente interino de Venezuela. Y en última instancia tiene como fin apuntalar la dictadura comunista que padece el país caribeño. Para vergüenza de todos los españoles, se trata de una tarea en la que nuestro Gobierno desempeña un importante papel.

Los indultados se han comprometido a participar en las elecciones legislativas convocadas por Maduro para el 6 de diciembre. La cabeza visible de ese pacto es el opositor Henrique Capriles, viejo enemigo de Leopoldo López y Juan Guaidó. Muñidores del acuerdo han sido el papa Francisco, Michelle Bachelet –alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos– Josep Borrell y Pedro Sánchez. Como se ve, todos socialistas. Estipulación importante del pacto, con toda seguridad impuesta por Borrell, es la petición que Maduro ha cursado a la Unión Europea para que envíe observadores a las elecciones del 6 de diciembre. Borrell remolonea, pero es seguro que, como parte del acuerdo, ya aceptó mandarlos. Maduro espera que, con el visto bueno de los observadores, su jefatura y su régimen queden legitimados. Capriles dice que el plan es que los observadores denuncien las irregularidades que con seguridad se cometerán y que ello provocará el levantamiento del pueblo venezolano y la caída del régimen al estilo de lo que está sucediendo en Bielorrusia. No es tan ingenuo. Su verdadero objetivo es provocar la caída de Guaidó y sustituirle él como única cabeza visible de la oposición. Y luego, ya veremos.

Desde el principio, España está dedicada a proteger el régimen de Maduro a escondidas, mientras lo ataca tan sólo de boquilla. A eso fue Zapatero en tiempos de Rajoy y a eso se dedican Borrell y Sánchez. Cuando Estados Unidos apoyó la arriesgada apuesta de Guaidó, nuestro Gobierno socialista fingió respaldarla reconociendo al presidente interino, pero en realidad saboteó cuanto pudo la jugada. Por ejemplo, aunque reconocimos a Guaidó, permitimos que el representante de Venezuela en España siguiera siendo el embajador chavista. Y, cuando Trump sugirió una operación militar si Maduro no se iba por las buenas, España la desdeñó a sabiendas de que, sin intervención exterior, no hay forma de que el régimen caiga, como demostró la intentona militar fracasada del año pasado.

Obsérvese que España no espera que las elecciones del 6 de diciembre sean impecables. Y tiene la intención de denunciar las irregularidades que se produzcan. Pero, mientras tanto, el objetivo de librarse de Guaidó se habrá alcanzado. Y, sin esa piedra en el zapato que tanto le molesta, Maduro puede sobrevivir y tratar de salir del aislamiento diplomático en el que se encuentra. Si lo logra, lo habrá conseguido con la impagable (o a lo mejor pagada) ayuda de España. Por qué Rajoy dejó hacer y por qué Sánchez y Borrel se han enrolado en esta misión de salvar al dictador Maduro es harina de otro costal y tema para otro artículo.

Mango se suma a Carrefour y Frigo: excluye al español de sus tiendas en Cataluña
Mango también veta el español de sus tiendas en Cataluña pero dice ahora que rectificará
Andrea Aguado Robles okdiario 9 Septiembre 2020

El menosprecio al español continúa en Cataluña. Mango se suma a Frigo y Carrefour tras conocerse que también excluye el castellano de la cartelería de sus tiendas en Barcelona, donde en los pasillos de la multinacional del sector textil se pueden apreciar rótulos en catalán e ingles, pero ni rastro del español. Una imagen a la que no nos tenía acostumbrados la firma del sector textil, que por primera vez excluye de sus rótulos el idioma que hablan a diario miles de catalanes.

Tras la polémica, fuentes de la compañía han confirmado a OKDIARIO que «varias tiendas de Mango en Cataluña tienen sus rótulos en catalán e ingles, pero no en español». Una exclusión que ha incendiado las redes sociales y ha caído como jarro de agua fría en sus clientes, que han amenazado con no volver a comprar sus productos: «Soy clienta de Mango hasta hoy que me he enterado que rotulan en inglés y catalán. Soy española y no voy donde no me respetan, que les compren los independentistas».

Las redes sociales arden
«Llamándose Mango deben sentirse muy identificados con los Puyol». Así cargaban en Twitter algunos clientes de la firma catalana contra su exclusión al español de sus tiendas en Cataluña. Un boicot que se suma al que iniciaron las redes sociales contra la marca de helados Frigo y la cadena de supermercados Carrefour, tras una denuncia de Hablamos Español. Además, califican de «poco inteligente recurrir al valor añadido del independentismo como reclamo para aumentar sus ventas».

Mientras, la marca de ropa no ha hecho declaraciones a través de sus distintas redes sociales, a pesar de incendiar Twitter con el desprecio al español. Una estrategia de marketing que se distancia de los valores que la compañía aseguran tener. Así se presentaban en su última campaña en su cuenta de Instagram: «La diversidad hace del mundo un lugar mejor», un lema que no coincide su compromiso con el español en sus tiendas en Cataluña.

Mango cambiará los carteles
No obstante, la compañía del sector textil ha avanzado a este diario que «los negocios que tenían los rótulos sólo en catalán e inglés, ya han procedido a su retirada para incluir los tres idiomas en las tiendas más turísticas», y han explicado que «se comenzará por el local de Paseo de Gracia en Barcelona».

Muchos usuarios han pedido a Mango que cambie «urgentemente» este tipo de rotulación de sus tiendas en Cataluña, «si quieren que volvamos a pisar alguna de sus tiendas», y que encarguen una nueva cartelería, de lo contrario cambiarán su compra a Zara o Cortefiel. Por lo que olvidar el español en la cartelería de sus supermercados le puede salir caro a la multinacional.

Las escusas de Frigo y Carrefour
Lejos de la justificación que alegaron Carrefour y Frigo para justificar la exclusión del español de su cartelería: «La rotulación de Frigo en Cataluña cumple con la legislación vigente obligatoria para todas las compañías que comercialicen sus productos en esta comunidad autónoma» y han recalcado que «es nuestra responsabilidad respetar la legalidad vigente, así como servir en todo momento a nuestros consumidores y clientes allá donde se encuentren».

En el caso de Frigo ya ha anunciado que va a rectificar. También lo ha hecho Carrefour, según avanzó Hablamos Español en su cuenta de Twitter, aunque en su caso es más difícil de creer ya que contestaron lo mismo cuando saltó la misma polémica a principios de año y no han cambiado.

La Justicia tumba el intento de Iglesias de echar a 9 policías que protestaron ante su casoplón
Carlos Cuesta okdiario 9 Septiembre 2020

Pablo Iglesias puso el grito en el cielo. Irene Montero desató su ira. Y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cumplió con las exigencias de la pareja podemita de cargar contra los 9 agentes que osaron protestar de paisano ante el casoplón de Galapagar. El expediente abierto contra ellos fue de tal magnitud que podía llegar a provocar fuertes castigos salariales y de promoción e, incluso, la salida del Cuerpo de Policía. La Justicia ahora ha decidido poner cordura en el asunto y frenar todas las actuaciones contra los agentes. Todo un varapalo para Marlaska. Y para la pareja gubernamental.

La protesta estuvo motivada por el incumplimiento del Gobierno socialcomunista de su compromiso de acometer de una vez una equiparación salarial real y efectiva entre los agentes nacionales y los autonómicos. Pero eso fue lo de menos para Iglesias y Montero: el mismo vicepresidente que animó hace meses a los agricultores a protestar por la caída de sus ingresos, ahora quería un castigo ejemplar para los agentes. Porque habían osado hacer la protesta ante su casa.

El Ministro del Interior entendió a la perfección las órdenes del vicepresidente amante en el pasado del “jarabe democrático”. Y decidió abrir un expediente por todo lo alto contra los agentes.

El sindicato Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía y la Asociación Profesional de la Guardia Civil Jucil, subrayó desde el primer momento su crítica e indignación por la decisión de la Dirección General de la Policía de abrir expediente a los citados agentes. Un agente de la Guardia Civil también se vio dentro del proceso sancionador.

Desde el sindicato confirman que la reivindicación realizada frente al domicilio del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado mes de marzo, se realizó por un motivo laboral y salarial: la petición de la equiparación prometida e incumplida de sus sueldos con los de las policías autonómicas. Es decir, que realmente, la protesta de los agentes se acogía, además, al derecho de movilización laboral para la reivindicación de cuestiones estrictamente profesionales. Un derecho laboral amparado por la Constitución.

El acto de protesta y reivindicación, de hecho, se llevó a cabo tras adoptar el Gobierno la decisión de vetar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Jusapol para lograr la equiparación salarial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas.

Pese a todo ello, la respuesta de Grande-Marlaska fue inmediata: desde la Dirección General de Policía, dependiente de su Ministerio, se dio orden de presentar un expediente disciplinario contra los agentes de la Policía y de la Guardia Civil por protestar, a título personal, frente al casoplón del vicepresidente del Gobierno. Hay que recordar que Pablo Iglesias en primera persona fue uno de los artífices del veto a la ILP.

El expediente, además, batió todos los récords de velocidad: se abrió en menos de 24 horas hábiles, cuando el tiempo medio habitual para este tipo de procedimiento ronda los 10-15 días hábiles.

Denuncia de los sindicatos policiales
Desde Jupol y Jucil, denunciaron ya en su momento que incluso la identificación de los agentes en el momento de la protesta fue irregular: “No se realizó con arreglo a la legalidad vigente. Y es que en la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, artículo 16.1, se señals que en el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos: a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción. B) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito”. Desde Jusapol señalan que ninguno de esos supuestos se puede aplicar a los agentes acusados en aquel momento.

Pese a ello, los miembros de Jusapol no se opusieron a la identificación y colaboraron presentando todos ellos sus documentos de identidad. Los agentes, pese a ello, realizaron una pregunta al sargento de la Guardia Civil encargado de la identificación: el motivo de esa actuación fuera de lugar. Y la respuesta fue igualmente singular: “Órdenes de la Superioridad”.

Jupol y Jucil solicitaron a la Dirección General de la Policía el archivo de los expedientes disciplinarios abiertos. Y ahora la Justicia les ha dado la razón: “Remítase testimonio del auto sobreseimiento recaído en el presente procedimiento, haciéndose constar que es firme al estar notificado y no ser recurrido por ninguna de las partes”.

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Otra victoria del nacionalismo vasco
Es muy relevante que en este momento el PNV escoja la jura en Guernica para volver a lucir las cadenas de Navarra
Ramón Pérez-Maura ABC 9 Septiembre 2020

El 2 de noviembre de 1978 el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca se apropiaba de los símbolos del Viejo Reino de Navarra e introducía en su escudo las cadenas. En 1982 la Diputación Foral de Navarra, presidida por el centrista Juan Manuel Arza, presentó ante el TC una demanda por «conflicto positivo de competencia». El 29 de julio de 1985 hay sentencia favorable a los argumentos de la Diputación Foral. Pasan los meses y el Gobierno vasco ignora la sentencia del Constitucional. Entonces empieza una campaña promovida por Alianza Popular de Navarra en la que cada día se publica en «Diario de Navarra» un pequeño anuncio diciendo «x días desde que el Gobierno Vasco no cumple la sentencia sobre el uso del escudo de Navarra». Al fin José Antonio Ardanza no tuvo más remedio que acatar el 26 de marzo de 1986. Pero cumplió por la presión popular por medio de un periódico, no porque los gobiernos socialistas de la nación y de Navarra le empujaran a hacerlo. La persona que promovió aquella campaña de AP, Pancha Navarrete, me lo recordaba ayer al hilo de la información publicada en nuestras páginas con la reaparición del cuartel de Navarra en las bandoleras del uniforme de gran gala de la Policía autónoma vasca, ante la indiferencia de la presidenta socialista de la Comunidad Foral. Vamos camino de una nueva abjuración como la de Enrique III de Navarra cuando proclamó el 25 de julio de 1593 que «París bien vale una Misa» y se convirtió en Enrique IV de Francia. Ahora, entre el presidente vasco, Iñigo Urkullu, la navarra, María Chivite y el propio Pedro Sánchez están dando pasos hacia la incorporación de Navarra al País Vasco.

Es muy relevante que en este momento en que Urkullu sabe que Sánchez le dice que sí a todo lo que le pide y la socialista Chivite depende del independentismo vasco para ocupar su despacho en Pamplona el PNV haya escogido la jura en Guernica del presidente de su Gobierno para volver a lucir las cadenas de Navarra en el escudo de un cuerpo oficial del Gobierno vasco. Como bien decía ayer en estas páginas Itziar Reyero «el escudo oficial vasco sigue cuarteado esperando a Navarra». Pero lo peor de ese escudo es cómo sigue manifestando la tergiversación antihistórica, la mentira sobre la que está construida la que llaman Euzkadi. Se suprimieron antaño los atributos de la institución monárquica como la cabeza del león del cuartel heráldico de Vizcaya y el recuerdo a «las luchas fratricidas entre los vascos» en referencia a la victoria castellana sobre Navarra en Velate en 1512 con ayuda de tropas guipuzcoanas. Porque ya sabemos que el nacionalismo está basado en una gran mentira y en estos tiempos en que contamos con el presidente del Gobierno más mentiroso del Occidente libre, no podemos pretender que los nacionalistas vascos se avergüencen de sus embustes. Ni su catolicismo impostado los mueve a eso.

Hace muchos años que se puede comprobar la voluntad expansionista de la llamada Euzkadi por el simple hecho de cruzar sus lindes, incluyendo la frontera con Francia. Cuando se cruza de Cantabria a Vizcaya, un gran cartel en la autovía informa de que se está entrando en Euzkadi. Cuando se circula por la nacional 629 de Ramales de la Victoria (Cantabria) a Lanestosa (Vizcaya) uno se encuentra idéntico cartel. Pero en la mayoría de las carreteras por las que se accede desde el País Vasco francés o desde Navarra a la comunidad autónoma vasca no existe ese cartel. No te anuncian tu feliz llegada a Euzkadi porque ellos creen que tú ya estabas en ese territorio. Sólo falta unos trámites para incorporarlo a su escudo.

Hay pésames que resultan infames
OKDIARIO 9 Septiembre 2020

«Me quería referir al caso de Igor González Sola, el preso de la banda ETA que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene. Y quiero antes de nada decir algo obvio: lamentar profundamente su muerte. Lo lamento», ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigiéndose al senador de Bildu Gorka Elejabarrieta.

Igor González Sola fue hallado muerto el pasado viernes en su celda, donde decidió quitarse la vida. Había ingresado en prisión en marzo de 2005 para cumplir una condena de 20 años de cárcel por colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación dentro de su actividad en el comando Amaiur de ETA, integrado en el complejo Donosti. Si lo obvio, según Sánchez, es dar una suerte de pésame al representante de la formación proetarra por la muerte de un terrorista, lo obvio es plantearse los motivos que han llevado al jefe del Ejecutivo a expresar públicamente sus condolencias por el suicidio de un etarra. Resulta insólito que el presidente del Gobierno se dirija a un representante de Bildu en estos términos. ¿Por qué lo hizo? Está claro que porque Bildu se ha convertido para el Gobierno socialcomunista en aliado preferente. Los herederos políticos de quienes sembraron de sangre inocente las calles -entre ellas las de muchos socialistas- son ahora el apoyo de un Ejecutivo que no duda en mostrar su pesar por la muerte voluntaria de un etarra.

Si para sacar adelante los Presupuestos, Sánchez tiene que mostrar su pesar a Bildu por el suicidio en prisión de un terrorista -después de que Otegi insistiera en que el Gobierno sigue manteniendo la «violencia de Estado como fórmula política»- es que el jefe del Ejecutivo es capaz de denigrar la memoria de las víctimas del terrorismo con tal de arañar un puñado de votos. Lo que tenía que haber hecho Pedro Sánchez es salir con urgencia a defender la dignidad del Estado cuando hace unos días Arnaldo Otegi avisó de que la muerte de González Sola tendría consecuencias y añadió: «¿Cuándo vamos a hablar en pasado de la violencia del Estado?, ¿cuándo va a desaparecer y cuándo van a entender que no se puede utilizar la violencia para imponer un proyecto a este país del régimen del 78?».

Ahí tendría que haber salido Sánchez. No a lamentarse días después en la sede de la soberanía nacional de la muerte de un etarra. Hay pésames que resultan infames.

Las víctimas muestran su rechazo y vergüenza hacia Sánchez por lamentar la muerte de un preso de ETA
Redacción La Gaceta 9 Septiembre 2020

Varias asociaciones de víctimas han mostrado su repulsa por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno de ayer del Senado, al lamentar profundamente la muerte del preso de ETA Igor González Sola, que, según las investigaciones, se suicidó en la cárcel donostiarra de Martutene.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Dignidad y Justicia han lamentado que Pedro Sánchez trasladara este martes sus condolencias por el fallecimiento de un terrorista de ETA.

«Avergüenza que lo haga el presidente del Gobierno como representante de todos los españoles y es humillante que lo haya hecho en el Senado», ha indicado Dignidad y Justicia en un comunicado.

A través de su cuenta de Twitter, la AVT ha considerado «impropias» las palabras del presidente y ha denunciado el lenguaje que empleó al referirse a «presos vascos en lugar de presos etarras o terroristas, y ‘la banda ETA’ en vez de organización terrorista».

La AVT, que lamenta que el presidente no se haya reunido con la asociación tras solicitarlo el pasado 8 de enero, subraya «la importancia del lenguaje para la deslegitimación del terrorismo» y denuncia «ciertas expresiones que lo único que pretenden es blanquear el pasado terrorista de ETA».

Dignidad y Justicia, por su parte, le solicita «que pida disculpas y rectifique públicamente estas lamentables declaraciones y que se defina claramente sin grises y sin matices, o está con las víctimas o está con los terroristas».

Asimismo, pide que esas manifestaciones sean retiradas del diario de sesiones de la Cámara Alta.

El comentario de Sánchez también ha sido objeto de críticas durante la primera sesión de control al Gobierno del curso político en el Congreso, donde los líderes del PP, Pablo Casado; Voz, Santiago Abascal, y Ciudadanos, Inés Arrimadas, le han reprochado que lamentara la muerte de Igor González Sola.

Policías y guardias civiles machacan a Sánchez por homenajear a etarras muertos
El Retuitero esdiario 9 Septiembre 2020

Con más de cien víctimas de ETA a sus espaldas, los Cuerpos de Seguridad reaccionan con contundencia tras el "pésame" del presidente a Bildu por el etarra que se suicidó.

Mira que es difícil detectar unanimidades en España, pero las palabras de Pedro Sánchez lamentando "profundamente" el suicidio de un etarra, dirigidas en el Senado a Bildu, lo han logrado. Casi nadie lo ha entendido y a casi todos les ha indignado.

Pero especialmente en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incapaces de digerir el sapo abertzale que su máximo jefe les ha hecho tragar: con más de cien víctimas mortales salidas de sus filas, asesinadas con bombas y pistolas por los compañeros de Igor González Sola, la indignación está más que justificada. Y la expresan públicamente a través de sus asociaciones:

Otra de las organizaciones que agrupa a números de la Guardia Civil se ha servido de las palabras de Sánchez para sacar a escena otro espinoso asunto, del que a menudo poco se habla y que, desde luego, no parece merecer la misma solidaridad del Gobierno. El mensaje es espeluznante y desvela que en la Benemérita se registra un suicidio al mes sin que nadie diga nada:

Pero la mayor contundencia de todos la mostrado Jusapol, la combativa asociación de agentes de la Policía Nacional que tanto peleó por la equiparación salarial y que nunca tiene pelos en la lengua. Si Sánchez lee su mensaje, se quedará sin duda tiritando:

Mucho se teme el Retuitero que la polémica, lejos de aminorarse, crecerá. Porque a las palabras del presidente ayer en el Senado se le suman las "reflexiones" de Bildu este miércoles en el Congreso, que quizá ayuden a entender el "pésame" que les ofreció Sánchez: detrás de todo ello, parece estar la política penitenciaria y las concesiones a los presos por terrorismo. Algo con lo que Moncloa quizá tenga que tragar para lograr el apoyo de los cinco diputados batasunos:

Ninguna palabra se pronuncia gratis. Y éstas del presidente, parecen estar dispuestas a pagar un altísimo precio.
 


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