AGLI Recortes de Prensa   Viernes 11 Septiembre  2020

El negro horizonte del déficit
Primo González republica 11 Septiembre 2020

Lo peor de las cuentas públicas posiblemente está por llegar. Las exigencias de mayor gasto público derivadas de la pandemia han elevado la maquinaria del gasto por encima de lo previsible. Los ingresos se han desplomado ya que una buena parte del sistema productivo español ha estado paralizado, y aún lo está en gran medida, como consecuencia de las limitaciones que se han impuesto a causa de las medidas contra la extensión del virus.

El estado de las finanzas públicas es, en suma, bastante catastrófico. Y lo que está por llegar, según las previsiones que se vienen manejando, que han de anotar los gastos que aún debe afrontar el país para sufragar sobre todo las bonificaciones por desempleo para muchas empresas que han visto su actividad muy reducida en los meses más recientes, a partir de marzo.

La posibilidad de que el año 2020 sea el peor en varias décadas para las finanzas públicas no es descartable. Años malos los hemos vivido en fechas recientes. En el año 2009 y en el 2012, el déficit superó o rozó en ambos casos el 11% del PIB, sobre todo en el primer año de la crisis pasada, el de 2009, con un 11,28% sobre el PIB. La titánica lucha contra el déficit, que abarcó el periodo comprendido entre los años 2009 y 2012, ha provocado un aumento del endeudamiento acumulado por encima del 100% del PIB.

La drástica lucha contra el déficit logró situar el desequilibrio del año 2019 en el 2,83% del PIB, lo que permitía grandes esperanzas de cara a los años siguientes. Hasta que en marco arrancó la pandemia y todo se ha vuelto del revé, clon un déficit público disparado a causa del incremento exponencial del gasto público y del frenazo de los ingresos fiscales. Los ingresos han caída durante la primera mitad del año en torno a un 16% mientras el aumento de los gastos ha superado el 21% la cifra correspondiente a la primera mitad del año anterior.

Hay que recordar que España arrancó, en vísperas de la crisis que se inició en el año 2008, con niveles de déficit público acumulado del orden del 34%. Ahora acabamos de superar el 100% del PIB y se estima que durante el año 2021 se superará el 112% del PIB. Son cifras casi prohibitivas que exigirán un esfuerzo monumental de austeridad y mejoría de la actividad económica muy considerable si queremos volver a ocupar un puesto destacado entre las economías más prósperas de la Unión Europea.

De momento, el déficit de la primera mitad del año en curso ya supera levemente el 6% del PIB y todo apunta hacia un déficit a finales de año que se moverá entre el 10% y el 12% en el conjunto del ejercicio, lo que podría conducir a ese nivel de endeudamiento acumulado ya mencionado de hasta el 112% del PIB. Es decir, un año entero trabajando para pagar unos diez meses de la Deuda Pública acumulada. Una situación que no tiene precedentes en la historia reciente de la economía española y a la que habrá que hacer frente con diversas medidas, sobre todo mediante una mejora de la actividad económica, ya que aumentar los impuestos en las presentes circunstancias sería una medida que podría castigar los incentivos para las personas con iniciativa y capacidad de inversión.

“Las tijeras del Gobierno”
Francisco Marhuenda La razon 11 Septiembre 2020

El gobierno necesita unas buenas tijeras. Ha llegado el tiempo de los recortes, algo que horroriza a los políticos que siempre están dispuestos a subir el gasto público, incumplir el equilibrio presupuestario y endeudarse como si no hubiera un mañana. Este comportamiento siempre me ha parecido un despropósito, pero son cosas de la política. Es cierto que en ocasiones surgen políticos rigurosos que son conscientes de que el dinero es de todos y que es necesario realizar una actuación rigurosa y eficaz en este terreno.

El infierno está lleno de buenas intenciones, porque luego llega la realidad de ganar votos y muchos gestores ponen en marcha la maquinaria del despilfarro. La pertenencia a la Unión Europea, afortunadamente, establece un marco de actuación que no permite las alegrías de antaño. No tenemos ya un Banco de España con una capacidad emisora ilimitada que provoque una devaluación de la economía para hacer frente a una crisis o las necesidades de un gobierno. Es otro despropósito muy antiguo, porque la devaluación de la moneda desde la Antigüedad ha permitido incrementar los ingresos a corto plazo pero produce con posterioridad unos efectos desastrosos cuando el gobernante se aficiona a ello.

La debacle que vivimos hace necesaria la aplicación de reglas rigurosas en el gasto público si queremos salir reforzados y en el menor tiempo posible. Es el momento de los recortes, el establecimiento de prioridades, la inversión en el tejido productivo y la congelación de salarios y pensiones. Es fácil gobernar en tiempos de bonanza y muy difícil hacerlo en un escenario como el actual, pero sería un error caer en la demagogia y el populismo. Los buenos políticos surgen, precisamente, en estas épocas cuando es necesario olvidarse del corto plazo y tener la vista puesta en los intereses de una sociedad que vivirá una situación angustiosa en los próximos años.

No estamos ante una crisis de corto recorrido, porque el daño es tan profundo como intenso. La aportación de la Unión Europea es un elemento positivo, pero el más importante es la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado que respondan a las necesidades de estos tiempos. El uso de la tijera es muy impopular, pero la caída de los ingresos tributarios, que no es algo coyuntural, no deja otro camino. España se tendrá que endeudar en más de 500.000 millones de euros si tenemos en cuenta el coste de la anterior crisis y será necesario que estos recursos se utilicen adecuadamente.

Primer aviso serio para Sánchez
Editorial ABC 11 Septiembre 2020

El Gobierno no consiguió convencer ayer a ningún otro grupo parlamentario en el Congreso para ver convalidado el decreto por el que se apropiaba de hasta 16.000 millones de euros procedentes del superávit ahorrado por los ayuntamientos. Esta operación de requisa, improvisada durante este verano por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha sido solo rechazada por el PP, Vox o Ciudadanos, sino por toda la oposición en bloque, incluidos los socios habituales de Sánchez en muchas otras votaciones. La soledad de Sánchez y de Iglesias, que in extremis logró que la marca catalana de Podemos votara a regañadientes a favor del decreto, es notable y aventura una agonía permanente para el Ejecutivo en cada votación. Más allá de la cacicada fiscal con la que pretendía chantajear a los municipios, la derrota parlamentaria de ayer tiene vida propia en la medida en que se trata del primer varapalo serio y expresivo de su debilidad, y porque tiene mucho de humillante para quien, en un tono de euforia sobreactuada, aventuraba días atrás que tiene garantizada una «legislatura larga». Hay días en los que la soberbia se paga con fracasos y delatan la soledad de Sánchez. En esta ocasión, la prepotencia habitual del presidente ha dejado de ser su aliada, y el correctivo que se le ha propinado a La Moncloa desde escaños de uno y otro signo -porque el dinero carece de ideología- debería servir a Sánchez para aprender una lección: la de asumir que su gestión de la crisis del coronavirus empieza a contar con un rechazo generalizado.

El Gobierno trató ayer de relativizar su frustración por quedar en soledad durante la votación. Pero lo cierto es que no sirvieron de nada los esfuerzos de última hora de Montero por reconducir lo abusivo e injusto de su decreto para hurtar a los consistorios los ahorros de su correcta gestión. La derrota es una primera señal de lo incierta que será para Sánchez la negociación de sus primeros presupuestos generales. El precio de cada partido a cambio de sus votos crecerá ahora exponencialmente porque el aislamiento supone un enorme desgaste para Sánchez. Su ambivalente cortejo a ERC y a Ciudadanos, con una de cal y otra de arena casi diaria para cada partido, refleja la confusión que invade al Gobierno. Ahora Sánchez ya sabe que no será suficiente gobernar con marketing propagandístico, y que su crédito ante sus socios puede empezar a agotarse. Sánchez no pacta. Impone. No negocia. Solo exige sumisión y claudicación de la oposición, y lo grave es que este aviso en forma de derrota solo le servirá para poner a España al servicio del nacionalismo y el independentismo con tal de prolongar la legislatura, a costa incluso de la recuperación económica. Su cesión ante cualquier chantaje va a ser norma común.

Sánchez, ante un revés premonitorio
Editorial La razon 11 Septiembre 2020

El rechazo parlamentario a la convalidación del decreto de remanentes es mucho más que la derrota de un gobierno en minoría, es la impugnación sin paliativos de una manera de actuar en política, la que práctica el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que sistemáticamente ignora la realidad sobre la que opera. No era difícil prever este resultado. Hubiera bastado con renunciar a la imposición de una medida que la mayoría de los alcaldes consideraban confiscatoria, –que sólo salió adelante en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) gracias al voto de calidad de su presidente, un edil socialista–,y negociar un proyecto alternativo con los diferentes partidos. Pero no.

A las prisas de última ahora, que denotan falta de trabajo previo, se unió la ceremonia de la confusión provocada por el trío negociador que conformaban el equipo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el de la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, y el de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, cuyas propuestas tenían un aspecto demasiado próximo al de un regateo de feriantes. Tal es así, que el único voto externo favorable al Gabinete de coalición, el del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, fue conseguido mediante engaño, lo que, sin duda, no dejará de tener consecuencias.

Con todo, lo peor es la reacción ante la derrota de una ministra, dispuesta a acogotar al conjunto de los Ayuntamientos bajo la poco edificante oferta del «lo tomas o lo dejas, sólo hay una oportunidad». Que no se rompiera el gobierno de coalición, gracias al paso atrás de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que impuso su criterio a la franquicia catalana de Unidas Podemos, es magro consuelo. Porque entre la mayoría aplastante de 193 escaños que votó contra el decreto, se encuentran los partidos nacionalistas y regionalistas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Incluso el PNV, partido con el que gobiernan los socialistas en el País Vasco, se ha alineado en contra. Y, por primera vez, palabras como coacción, soberbia, chantaje, incautación y robo no se han escuchado sólo en las bancadas de la oposición del centro derecha.

Pero, y es importante destacarlo, si la negativa ha sido trasversal al arco parlamentario, las razones de cada partido para oponerse no lo han sido, lo que significa que el Gobierno, al insistir en conceptos tan antipolíticos como el de la unidad debida, es incapaz de entender una negociación en términos más amplios que el conmigo o contra mí. Si el duro varapalo recibido sirve de aviso de navegantes a Pedro Sánchez a la hora de afrontar las negociaciones de los Presupuestos, bienvenido sea. Al fin y al cabo, España necesita unas nuevas cuentas públicas como, por otro lado, los ayuntamientos necesitaban una solución para sus problemas de liquidez y financiación que, por supuesto, no iban a encontrar en el trágala de la ministra Montero.

Y el camino se presenta arduo cuando en el horizonte, la realidad manda, vuelven a avizorarse recortes del gasto público que recaerán en las espaldas de los funcionarios y de los pensionistas, como ya ocurrió con el ejecutivo socialista que tuvo que afrontar la última crisis. Pedro Sánchez debe ser consciente de que no cuenta con una mayoría parlamentaria que le apruebe las cuentas a cambio de nada. Menos si éstas incluyen, como estamos viendo, rebajar el salario de médicos, enfermeras, profesores, policías, guardias civiles y otros servidores del Estado que, en muchos casos, se han dejado hasta la salud en la lucha contra la pandemia. Y ya no es cuestión de arrimar el hombro y de reclamar un patriotismo ciego que a nada conduce. Tendrá que elegir, por supuesto, pero, también, trabajar seriamente en el proyecto presupuestario. Luego llegan las prisas, las presiones y la nada.

Castigo a la soberbia socialcomunista
OKDIARIO 11 Septiembre 2020

El Congreso de los Diputados ha tumbado el decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez sobre los remanentes de los Ayuntamientos, un plan que suponía la incautación de 14.000 millones de euros a los consistorios y que que fue urdido por el Ejecutivo y los alcaldes socialistas de la Federación de Municipios y Provincias, especialmente su presidente, Abel Caballero, alcalde de Vigo, que a estas horas, y después del revolcón, debería estar reflexionado seriamente sobre la conveniencia de dejar su cargo al frente de la FEMP. La soberbia del Gobierno, incapaz de negociar y preso de una patológica obsesión por el ordeno y mando, se ha traducido en una severa derrota por 193 votos en contra y 156 votos a favor, un fiasco en toda regla que demuestra la debilidad de un Ejecutivo que no es capaz de entender que su fuerza parlamentaria es limitada. Lo ocurrido en el Congreso es un hito, pues sólo cinco decretos han sido rechazados en la democracia durante su tramitación parlamentaria y Pedro Sánchez lleva ya dos.

La votación era clave, porque los 14.000 millones que el Gobierno quería confiscar a los Ayuntamientos eran vitales para tratar de cuadrar los Presupuestos Generales del Estado. Lo que pretendía Sánchez era un timo a gran escala: ganar liquidez por la vía de adueñarse de los remanentes de los Ayuntamientos -que habían hecho un esfuerzo de contención en los últimos años- y darles la tercera parte de lo incautado -5.000 millones- en dos años y el resto a largo plazo. O sea, quedarse con todo el superávit municipal y devolvérselo en diez años con el criterio de reparto que decidiera el Ejecutivo.

Pero más allá del batacazo parlamentario que se ha llevado Pedro Sánchez, el fracaso del plan deja al Ejecutivo sin margen alguno para cuadrar unos Presupuestos que se antojan clave para la supervivencia del Gobierno socialcomunista. Como antesala de lo que puede venir, la sonora derrota parlamentaria del Ejecutivo demuestra con toda crudeza que al Ejecutivo le faltan apoyos y le sobra soberbia.

Tres tazas de moderación
Emilio Campmany Libertad Digital 11 Septiembre 2020

Pablo Casado fulminó a Cayetana Álvarez de Toledo para ser digno del carnet de moderación que expide el PSOE de Sánchez. Y no sólo no le han dado el preciado documento, sino que su negativa a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y a arrimar el hombro en los Presupuestos ha sido castigada con una comisión que investigará las trapisondas del PP. Y es que a Casado, para llegar a la moderación de Pablo Iglesias, Rufián u Otegui, le falta todavía un buen trecho.

Casado debería haber aprendido de la moderación de Pablo Iglesias, furibundo defensor de la Constitución que, gracias a su virtuosa templanza, se va a ahorrar que le miren los calzoncillos con el atento escrutinio con el que van a darle un repaso a los de Casado y Rajoy. No es mal profesor de moderación el propio Gabriel Rufián, que, aunque le falta algún curso de doctorado, es un brillante licenciado en la materia, tal y como se aprecia cuando dice que el PP tendría que ser ilegalizado. Lecciones de moderación bien profundas las ha dado siempre Otegui, aunque las más aprovechables son las de gatillo y Parabellum. No obstante, el maestro zen de la moderación, el jedi de la mesura, el shaolín del comedimiento es el propio Sánchez. Para darse cuenta, no hay más que ver con qué medidas palabras alaba su intachable gestión de la pandemia; con qué cuidados adjetivos describe las políticas de sus ministros; con qué sobrios elogios lisonjea a terroristas, golpistas, comunistas y separatistas; con qué sabias advertencias comunica a sus adversarios las consecuencias de oponérsele; con qué sedosos silencios omite referirse a los muchos escándalos que sepultan al PSOE.

En comparación con estos adalides de la moderación, está claro que Casado, forjado con tics franquistas, nublada la mente por resabios fascistas, agriado el carácter con inclemente ultraconservadurismo, ennegrecido el intelecto con pestilente neoliberalismo, enturbiada el alma con reaccionario ultracatolicismo, no puede alcanzar, por mucho que reniegue de Cayetana, las cotas de moderación de sus adversarios de bancada. Éstos no pueden tenerle como un moderado de los suyos mientras no aprenda a amar los ideales de la izquierda. Es verdad que Casado los tiene en alta estima y que ya ha confesado que no quiere, ni mucho menos, cambiar esta sociedad nuestra bendecida con tanto socialismo. Pero no es suficiente. Tiene que ser más moderado. Y mientras aprende moderación, Kitchen al canto para que se dé cuenta que uno no se hace moderado de la noche a la mañana echando a una radical del partido y haciendo apostasía de las propias ideas. Hace falta más. Hay que aprender a amar las dictaduras, si son de izquierdas y por tanto bien intencionadas, al terrorismo, si es de izquierdas y por tanto de ideales universales, y al nacionalismo, si es de izquierdas y por tanto legítimo. ¿Quieres moderación? Toma tres tazas.

Podemos, la mafia, la cloaca
EDITORIAL Libertad Digital 11 Septiembre 2020

Tal y como adelantó Libertad Digital, la declaración ante el juez del exabogado de Podemos José Manuel Calvente ha tenido gran importancia y puede provocar el giro definitivo en lo que se ha dado en llamar el caso Dina pero puede perfectamente denominarse el caso Iglesias.

Durante las cuatro horas de su comparecencia, Calvente se reafirmó en lo que ya había dicho repetidas veces: que los delitos denunciados no tuvieron lugar, al menos tal y como Podemos aseguraba, y que todo fue un montaje para sacar tajada política de una causa judicial que probablemente nunca se debería haber iniciado. Además, acusó a Pablo Iglesias de mentir en sede judicial, lo que, dado que el vicepresidente acudió al tribunal en calidad de testigo, equivale a acusarle de cometer un delito de falso testimonio.

No menos importante fue el testimonio de Calvente sobre lo que está viviendo en las últimas semanas. El letrado de hecho llegó a responsabilizar a dirigentes de Podemos de las coacciones que estaría sufriendo. La acusación es tan grave como creíble, al punto de que el juez ha decidido deducir testimonio, pedir a la Fiscalía que investigue y ofrecer protección a Calvente.

Con el propio despido de Calvente, Podemos ya demostró sus modos mafiosos y cloaquiles, pues trató de destruirle civilmente con una demanda de acoso tan disparatada que la Justicia desestimó enseguida.

No sería de extrañar, por tanto, que, ante una causa judicial que empieza a ser muy peligrosa para el partido y para su líder, se pasase del intento de destrucción personal y profesional a las amenazas explícitas: es el comportamiento habitual de las organizaciones mafiosas y cloaquiles.

Muchos pensarán que el control del Ejecutivo sobre la Fiscalía va a hacer que este asunto quede en nada. Con Dolores Delgado como Fiscal General no del Estado sino del Gobierno, se trata de una preocupación razonable; pero precisamente este caso, en el que se dio una convivencia vergonzosa y quizá delictiva entre los fiscales y los abogados de Podemos, es un buen ejemplo de que, al menos algunas veces, la verdad se abre paso. Iglesias y sus matones tienen motivos muy serios para preocuparse.

Vox no es España ni Sánchez un patriota
Antonio Robles Libertad Digital 11 Septiembre 2020

En el Congreso sorprendió el despliegue de símbolos nacionales en las mascarillas del presidente del Gobierno y de Santiago Abascal. Éste por exceso y el otro por cálculo.

Hasta ahora eran los diputados nacionalistas los que hacían esos alardes. Una forma imperativa de mostrar su identidad o el rechazo a la identidad común. Pero las cosas están cambiando. A pesar del deterioro. Algo tiene el agua cuando la bendicen.

A bote pronto, que Pedro Sánchez lleve la enseña nacional impresa en una mascarilla cuando su Gobierno se sostiene sobre los votos de populistas, nacionalistas y filoetarras, todos contrarios a ella, pudiera parecer un compromiso del presidente con la nación española. O, si quieren, una manera de decir a sus socios: ese es el límite, ni un paso más, necesito vuestros votos, eso me obliga a ceder ante vuestras exigencias, pero no a costa de la nación.

Pero barrunto que no van por ahí los tiros. Ya lo hizo una vez, huele al mismo camelo. ¿Se acuerdan de aquella descomunal bandera española que cubría el fondo de sus mítines en las elecciones generales de 2015? Por entonces sus socios del PSC, encabezados por Miquel Iceta, defendían el derecho a decidir con fervor nacionalista. Ese flanco nacional desatendido lo quiso cubrir el PSOE para evitar a los adversarios. Idea de Pedro Sánchez. No le salió bien. No lo volvió a repetir.

Hoy, su excesiva exposición a la toxicidad de los enemigos de España que mantiene en el Gobierno podría erosionar su futuro electoral. Y parece que vuelve a recurrir al símbolo que lo evite.

Juega a todas las bandas. Y lo volvió a demostrar humillando a Inés Arrimadas después de que la usara para advertir a ERC de que tiene recambio. La bisoñez de Edmundo Bal y la desesperación de Inés por evitar la extinción de Cs le vinieron de perlas para mantener a la coalición unida. Hasta la próxima.

Mientras Sánchez parece utilizar la bandera como táctica, Santiago Abascal parece hacerlo por apropiación. Me temo que confunde Vox con España.

Frente al minimalismo de una pequeña bandera española en la mascarilla impolutamente blanca del presidente español, Santiago Abascal optó por una mascarilla azul con cuatro banderas españolas y dos símbolos de la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas (Bripac) con la leyenda “¡Desperta Ferro!”. El lema alude históricamente al grito de guerra de los mercenarios almogávares de la Corona de Aragón en su expansión imperialista por el Mediterráneo. Hoy es un lema de los independentistas. Tanto en el uso amontonado de banderas y símbolos como en su voluntad identitaria, su apropiación de la simbología española empieza a resultar nociva para la propia defensa de España.

Vox no es España, ni la bandera de la nación debe utilizarse como identificación partidista. La bandera, el escudo o cualquier otro símbolo de la nación son de todos, y nadie debe apropiarse de ellos. Bien está que se enarbolen, mejor aún que se respeten.

Es cierto que cuando los partidos se desentendían de la bandera española como si tuviera tiña, Vox la desplegó con orgullo y sin complejos. Bien está, y se le debe reconocer. Pero nadie, tampoco Vox, puede obviar que la identificación partidista que hizo Franco de España y sus símbolos con su dictadura ha sido aprovechada por todos sus enemigos para rechazarla. Comete un error Vox apropiándosela. No la defiende más, muy al contrario, da argumentos torticeros, pero argumentos al fin y al cabo, a los enemigos de España para seguir identificando España con una ideología. No importa cuál. En 1977, Santiago Carrillo lo advirtió a su propio partido: “La bandera española es de todos, si no la utilizamos nosotros, se la apropiará la ultraderecha”. Así fue y el error aún se sigue pagando. Que no convierta Vox por exceso de celo la necesidad en vicio.

PS: “Allí donde veo ondear la bandera española, sé que mis derechos están defendidos”, alegó en su favor Fernando Savater hace muchos años en circunstancias dramáticas. No es cuestión de alardear de quién la tiene más larga, sino de darle sentido a lo que representa. Y compartirlo como bien universal.

Vox es lo que queda de España
Nota del Editor 11 Septiembre 2020

Si no defendemos a Vox, que es lo poco que queda de España, el último que apague la luz. A ver si de una vez alguien se dedica con ahínco a conseguir que el Dr Cum Fraude desaparezca, previo levantamiento de alfombras, devolución de lo afanado y pago penal por los cargos demostrados, y de paso que el PSOE haga lo mismo.


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No es solo una derrota de Sánchez: es la imagen de su dependencia de lo peor
ESdiario 11 Septiembre 2020

El presidente con menos apoyos de la democracia le debe el puesto a un ramillete de partidos que solo le mantienen en el cargo a cambio de prebendas inasumibles. Y se lo han recordado.

La derrota de Pedro Sánchez en su intentona de legalizar para confiscar el supuesto superávit de los Ayuntamiento es importante por varias cosas. La principal: se visualiza cuál es su fuerza real, que es inferior a la que simula cada día: aunque ejerce como si tuviera mayoría absoluta, es el presidente con menos diputados propios de la historia democrática española.

Y de eso se deriva una evidencia incontestable: para gobernar necesita apoyos, y los que él ha elegido voluntariamente, pese a tener más opciones, le convierten en un presidente intervenido y dependiente de partidos que solo le sostienen en el cargo por interés propio, incompatible con el general y dañino para el país.

Porque en el peor momento para España, con una crisis sanitaria, otra económica y una más territorial, Sánchez ha aceptado la tutela de Podemos, de ERC y de Bildu, que la asumen con gusto por la certeza de que así tienen más sencillo lograr sus objetivos.

La tutela aceptada por el presidente no es solo un acto ignominioso de un dirigente que sufre más por un etarra muerto que por 22.000 víctimas del coronavirus no reconocidas siquiera, o que ha acercado a España más a Caracas que a Bruselas. Fue, es y será además un reconocimiento expreso de que si a Sánchez le das a elegir entre el futuro de España y el suyo propio, él siempre antepondrá lo segundo.

Tiene alternativas
Si con este asunto de los Ayuntamientos le han humillado en público así, ¿qué no estarán dispuestos a hacer con los temas que les importan de verdad, incluidos los Presupuestos de todo el país? El aviso de los partidos que decantaron su investidura es un recordatorio de que, sin ellos, Sánchez simplemente desaparece. Y de cuál es el precio que tendrá que pagar para evitarlo, dan cuenta la agenda territorial o económica de sus aliados.

Qué Sánchez tenga tendidas las manos del PP y Cs para llegar a pactos de Estado imprescindibles y las desprecie hace más grave su elección. Porque teniendo una alternativa razonable, en todo momento pero especialmente en uno de catástrofe nacional, mantiene una hoja de ruta con socios que convierten la degradación de España en un requisito fundamental para imponer sus metas.

Se ha colado una charnega en el bar
José García Domínguez Libertad Digital 11 Septiembre 2020

Ruidoso alboroto con algún rasgar de vestiduras incluido en el ámbito catalán de comunicación, que es como se refiere a sí misma la nueva prensa local del Movimiento en el País Petit, después de trascender a la opinión pública, siempre gracias a los avispados reporteros del principal telediario de TV3, que una charnega de muy obscena obediencia fonética castellana, cierta Amparo Izquierdo por más señas, se ha colado en un recinto tan sagrado como la cafetería del Parlamento de Cataluña, espacio en el que sirve cafés y refrescos todos los días a los señores diputados. Al parecer, y según la investigación periodística, esa Amparo Izquierdo lleva nada menos que once años perorando en castellano ante los legítimos representantes electos del pueblo catalán. El escándalo, que ya ha alcanzado una dimensión mayúscula en las redes sociales domésticas, donde la perplejidad inicial del público no ha tardado en dar paso a un carrusel de invectivas contra la pasiva negligencia de las autoridades de la Cámara que ha hecho posible semejante irregularidad, se suma a una larga tradición de atentados lingüísticos impunes, en especial dentro del ámbito de los trabajadores de servicios personales cara al público.

Así, pese a las reiteradas denuncias en la prensa alertando de que el idioma de las chachas y de las porteras sigue colándose en el espacio civil para romper la convivencia tras cuarenta años de esfuerzo normalizador, los casos se repiten con exasperante frecuencia. Ese enésimo incidente ha hecho recordar a muchos la provocación de que fuera víctima Carod Rovira cuando, siendo vicepresidente de la Generalitat, tuvo que dirigirse en idioma galo a una camarera de origen sudamericano que mostraba signos inequívocos de no entender lo que en claro y perfecto catalán le estaba ordenando la por entonces segunda autoridad de Cataluña. A la descarada inmigrante se le había preguntado por parte de Carod, tal como recogieron al día siguiente las crónicas del altercado, si se debía pedir la consumición en la barra o si, por el contrario, procedía esperar a que tomasen nota en la mesa. Pero nada. Ella como si oyese llover. “Parlez-vous français?”, le dejó caer entonces y con fina ironía el líder de la Esquerra. Pregunta que la camarera sudamericana tampoco entendió ni pudo contestar. Indignado, Carod tuvo que terminar abandonando el restaurante. Y es que, como se ha dicho, llueve sobre mojado.

La UPV concede la condición de emérito a Francisco Llera, el profesor que combatió la doctrina de ETA desde las aulas
El exdirector del Euskobarómetro fue vetado por su propio Departamento de Ciencias Políticas
Adrián Mateos ABC 11 Septiembre 2020

Francisco Llera ha logrado que la UPV/EHU le conceda la condición de profesor emérito, lo que le permitirá continuar con su labor docente. Una puerta que trataron de cerrarle sus propios «colegas» de Departamento por una «vendetta» política, según dijo el exdirector del Euskobarómetro, al que no le faltaron enemigos en determinados entornos de una universidad en la que fue señalado por alzar la voz contra las doctrinas de los violentos.

Según confirmó a este periódico el propio Llera, de 70 años, la dirección del centro le ha comunicado ya su condición de emérito, además de la de jubilado. Por el momento, añadió, desconoce los términos de su nuevo contrato.

Llera, al igual que el puñado de profesores que se reconocieron no nacionalistas en la etapa más sombría de la violencia etarra, aprendió a vivir bajo la amenaza de los radicales. Su nombre apareció entre los papeles de la banda terrorista, e incluso pudo llegar a ser «destinatario» en el 2000 de un paquete bomba que no llegó a estallar. El acoso y derribo de los intolerantes se encuentran entre los motivos de su «exilio» a la Universidad de Sevilla, de la que regresó tras el final de la actividad armada de ETA.

Tras 45 años de docencia, el pasado curso solicitó la condición de emérito para poder seguir ejerciendo otro lustro, pero fue vetado por su Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración. Llera solo obtuvo de sus «colegas» un voto favorable. Dos lo rechazaron, y otros 12 se abstuvieron. En una entrevista en ABC atribuyó este hecho a las «inercias de un pasado sin resolver o mal resuelto». «Simplemente, los tipos como yo molestamos en su zona de confort», apuntó el profesor, que sin embargo reconoció su «sorpresa y decepción ante la noticia».

«Sorpresa, porque el director me convenció de que era una cuestión de trámite. Decepción por la forma tan poco académica de sustanciar el asunto y el silencio de quien esperaba otra actitud más académica», reconoció en mayo.

Ante esta situación, y a pesar de su dilatada trayectoria, la rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka, le comunicó que no podría cumplir su deseo de quedarse. Debía prevalecer el «respeto a la normativa y al los procedimientos», apuntó Llera, que recordó que para ser emérito se tiene que tener el apoyo de los compañeros del departamento.

Pero Llera no estaba solo. 201 profesores de todo el país remitieron una carta a Balluerka para que cediera en su posición de no concederle la condición de emérito. En su ayuda acudió también el Departamento de Historia Contemporánea, con Mikel Urquijo a la cabeza, que de forma unánime le apoyó para que siguiera ejerciendo en campus vizcaíno de Lejona.

«Gracias al rescate del Departamento de Historia Contemporánea, el Consejo de Gobierno me ha comunicado que soy profesor emérito», celebró ayer Llera, el hombre que ha logrado resucitar de la «muerte civil».
 


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