AGLI Recortes de Prensa   Dominngo 13  Septiembre  2020

Una negligente gestión de la crisis sanitaria
Editorial El Mundo 13 Septiembre 2020

Mañana se cumplirán seis meses desde aquel 14 de marzo en el que a los españoles se les impuso un estado de alarma que llegó tarde, se llevó a cabo de manera unilateral e improvisada y se prolongó más tiempo del necesario. Seis meses en los que ha quedado patente la incapacidad del Gobierno de Sánchez e Iglesias para garantizar el bienestar y la salud de los ciudadanos, y la vida de las personas más vulnerables. Es cierto que la pandemia ha tenido unos efectos devastadores en todo el mundo. Nadie estaba preparado para hacer frente a un inesperado virus del que se desconoce con certeza su origen, que ha demostrado tener una rápida y fácil capacidad de contagio y que cuenta con un alto porcentaje de letalidad. Pero la negligente gestión de la crisis sanitaria de un Gobierno, cuya composición fue deliberadamente más política que técnica, ha provocado que nuestro país haya sido el que peores cifras presenta tanto en número de muertos por habitantes -alrededor de 50.000-, como en personas contagiadas en una segunda ola que llegó antes de lo previsto -más de 12.000 desde el fin del estado de alarma, decretado a finales de junio, con un número creciente de ingresos hospitalarios-.

El Gobierno comenzó su gestión minimizando los riesgos, posponiendo la toma de medidas de prevención hasta pasada la manifestación del 8-M -una irresponsabilidad por la que nadie ha pedido aún disculpas-, asumiendo el control de compras de un material sanitario y para la población que fue incapaz de proporcionar y en el que resultó varias veces estafado, y desentendiéndose de las residencias de ancianos, donde se produjo el mayor número de fallecidos, casi un 70% del total. Pero conforme la realidad iba mostrando su cara más trágica, en lugar de rectificar y aceptar la colaboración del resto de las administraciones, el Gobierno optó por ocultar lo que estaba ocurriendo y mentir a la población, tanto en la cifra real de fallecidos, como en el número de pruebas PCR que se hacían. Incluso, en cuanto a un equipo de científicos expertos en el que justificaba sus decisiones y que nunca existió. Llegado el momento de la desescalada, Sánchez anunció eufórico el fin de la pandemia y no puso los medios, ni materiales ni humanos, para hacer frente a los rebrotes. Se desentendió y descargó toda la responsabilidad en las CCAA. Con el nefasto resultado que ya todos conocemos.

Sánchez: «El virus existe»
Jorge Mestre okdiario 13 Septiembre 2020

El gran descubrimiento del presidente, Pedro Sánchez, esta semana en su comparecencia en el Senado fue pronunciar una lacónica certeza: “el virus existe”. Lo aseguró con tal rotundidad que el plenario quedó cariacontecido. Todos sabemos que Sánchez ha mutado del negacionismo de enero y febrero cuando compartía con Fernando Simón su gran contribución a la ciencia de que en España no iba a haber “como mucho, más allá de algún caso diagnosticado” de coronavirus. Ahora, con 50.000 fallecidos y medio millón de contagios salta a la palestra con semejante tautología.

Pero no lejos de contentarse con su hallazgo médico soltó otros requiebros dignos de ser estudiados en cualquier curso de manipulación del discurso político. Aseguró, por ejemplo, que “la unidad es la única forma de doblegar y mantener a raya el virus”, una declaración de intenciones de lo que supone para Sánchez asumir responsabilidades por su gestión de la pandemia. Es decir, ninguna.

La izquierda socialcomunista que nos gobierna y sus antenas mediáticas vilipendia, critica y machaca a líderes políticos como Trump, Johnson o Bolsonaro por su gestión sanitaria, pero cuando tienen que hablar de la gestión del gobierno español, miran hacia otro lado, y recurren a usos de bajo perfil para atacar a la oposición democrática. Como lo hace Cuba. Como lo hace Venezuela. O como lo hace la Bolivia de Evo Morales. El caso Kitchen es el último circo alentado desde la izquierda para deslegitimar al principal partido de la oposición.

La palabra “error” sólo apareció en una ocasión en la alocución de Sánchez en el Senado y, cómo no, fue para tratar de compartir responsabilidad con el resto de las administraciones. Una manera de quitarse de en medio cara a la ciudadanía, pero que no cuela fuera de nuestras fronteras. La gestión de una pandemia es competencia de los gobiernos nacionales y a ellos se les atribuye los aciertos y, por supuesto, también los errores.

En los peores momentos de la primera ola de la pandemia del coronavirus el gobierno socialcomunista y sus pesebres informativos ya se abalanzaron sobre el PP y VOX para acusarles de pretender tumbar al Gobierno usando a las víctimas de la enfermedad. Por supuesto, Sánchez y sus voceros tachan al PP de pisotear la Carta Magna y, constantemente, al partido de Santiago Abascal como partido de extrema-derecha. La inexistencia de contactos con gobiernos dictatoriales es algo de lo que, sin embargo, no pueden vanagloriarse los socios de Sánchez: Pablo Iglesias, Irene Montero, Juan Carlos Monedero o Íñigo Errejón, por citar sólo algunos miembros de la extrema izquierda española. Ellos asesoraron o asesoran, cobraron o siguen cobrando de regímenes deleznables que violan los derechos humanos como Venezuela, Irán o el de Evo Morales en Bolivia. En todos estos lugares, la democracia es pura entelequia.

No es, por tanto, un contrasentido que todo lo que algunos miembros de este Gobierno de Pedro Sánchez predican para otros, no se lo aplican para ellos mismos. Es llanamente manipulación a sabiendas. Los franceses llaman a esta clase de políticos “langue de bois” o “lenguas de madera” por su uso recurrente de frases hechas, a clichés, a neologismos o argumentos tautológicos para falsear la realidad a los ciudadanos. Pedro Sánchez es buen ejemplo de “lengua de madera”. A las “lenguas de madera” les gusta reiterar estereotipos, abstracciones, adjetivos enlatados para intentar intoxicar a las masas con falsas verdades.

En los discursos de Sánchez es habitual encontrar falsas evidencias. Por ejemplo, en su discurso del pasado martes decía que el coronavirus aumenta la brecha social, la brecha de género y la brecha territorial, o cuando engaña con cifras falsas de los test o de seguir las recomendaciones de la OMS en la contabilidad de casos y víctimas.

La oposición debe tomar buena nota de lo ocurrido esta semana. Cuanto peor le vaya al Gobierno a consecuencia de su inepta gestión, más se lanzarán a la yugular, recurriendo a la descalificación, a la mentira y la guerra cultural. La Ley de la Eutanasia es el primer paso, pero le seguirán normas tramposas para enfrentar a los españoles como la Ley de Memoria Democrática o para generar problemas donde no existen como la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación. Un sistema normativo dirigido no la razón sino a las vísceras, a las entrañas de los españoles.

Gobierno PSOE-Podemos
Así es la ‘corte’ personal del vicepresidente Pablo Iglesias: 22 asistentes que cuestan un millón al año
El Gobierno de coalición con Podemos cuesta 10 millones de euros más sólo en altos cargos
Segundo Sanz okdiario 13 Septiembre 2020

De profesor interino (sin plaza fija) en la Complutense a vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 rodeado de una ‘corte’ personal de 22 asistentes. Así ha sido la evolución del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que pasó de arremeter contra la ‘casta’ política a integrar el Gobierno más caro de la democracia. Tanto que este séquito directamente a su disposición cuesta a las arcas públicas un millón de euros al año.

Según consta en la relación de puestos de trabajo de la Administración General del Estado, Pablo Iglesias cuenta actualmente con un Gabinete y una Secretaría integrados por un director de coordinación, siete asesores, tres consejeros técnicos, un jefe de servicio y nueve secretarios (cinco de ellos como ayudantes).

A estos 21 puestos hay que añadir su jefe de Gabinete, el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) José Julio Rodríguez, que no figura en el listado al ser alto cargo nombrado vía Consejo de Ministros. No se incluyen aquí los altos cargos, asesores y demás personal del resto del departamento de Iglesias, que lo forman básicamente la secretaría de Estado de Derechos Sociales, que dirige Nacho Álvarez, la secretaría de Estado de Agenda 2030, que recae en Ione Belarra, y la subsecretaría que gestiona Joseba Miren García Celada.

Si bien en el Portal de Transparencia del Gobierno todavía no hay constancia del sueldo de José Julio Rodríguez, éste rondaría los 100.000 euros por analogía con otros directores de Gabinete de ministros del anterior Ejecutivo socialista. Tiene rango de subsecretario.

Por su parte, los 21 asistentes restantes perciben unas retribuciones brutas anuales (sin incluir productividad, gratificaciones ni trienios) que oscilan entre los 25.000 euros y los 62.000. Es decir, ascienden a una media de 41.000 euros, computando en esa cantidad el sueldo, el complemento de destino y el complemento específico.

Personal eventual
De estos 21 asistentes que figuran en la relación de puestos de la Administración General del Estado, 12 son personal eventual, es decir, cargos de confianza, tal y como publicó OKDIARIO el pasado junio en base a una respuesta del Portal de Transparencia. Entre ellos se encuentra el fichaje de Lilith Verstrynge, hija de Jorge Verstrynge, ex secretario general de la Alianza Popular de Manuel Fraga, padre político de Pablo Iglesias y protagonista de un escrache -como los que ahora denuncia Podemos contra el chalet de su líder- a su vecina Soraya Sáenz de Santamaría en 2013.

El personal eventual se caracteriza por su nombramiento libre por parte del cargo público en cuestión y por ocupar puestos de confianza o asesoramiento. Puede ser cesado libremente por la autoridad que le nombró y de forma automática cuando se produzca el cese o expire el mandato de la misma.

Toda esta información ha sido ocultada por Pablo Iglesias al Congreso de los Diputados. En una pregunta parlamentaria registrada por el diputado del Partido Popular Mario Garcés sobre el personal eventual en la Vicepresidencia segunda y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Moncloa respondió de esta forma evasiva: «El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece en su artículo 23, la dotación de personal del Gabinete del Ministro y de las secretarías de Estado. Las retribuciones de los mismos son las consignadas en la ley».

Reducir vicepresidencias
Precisamente, el pasado miércoles, el PP presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley instando al Gobierno a «racionalizar» el gasto de su mastodóntica estructura, pero PSOE y Podemos rechazaron dicha iniciativa. En concreto, los populares exigían al Ejecutivo reducir el número de vicepresidencias (hay cuatro, incluida la de Iglesias) y unificar los Ministerios cuyas competencias fueron artificialmente repartidas «sin excesivo sentido por su acuerdo de gobierno con Podemos». Es decir, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Sanidad y Consumo, Educación, Ciencia y Universidades.

Además, y mientras dure esta crisis económica a raíz de la pandemia de coronavirus, el PP instaba al Gobierno socialcomunista a suprimir «todos los puestos de personal eventual no funcionario», es decir, asesores a dedo que prestan su actividad al servicio de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado.

Durante el debate parlamentario, el diputado del PP Pedro Navarro López denunció que «la composición del Gobierno no atiende a los intereses generales de los españoles, sino a los intereses de la coalición de PSOE y Podemos». Y remarcó que la Vicepresidencia segunda de Iglesias «tiene la mitad de las competencias» que tenía la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad dirigida por Mario Garcés en el Gobierno del PP. «La otra mitad la tiene la ministra de Igualdad, de Podemos. Eso es eficiencia en la gestión del dinero», ironizó.

Desde el PSOE, el diputado José Luis Aceves justificó el tamaño sobredimensionado del Gobierno, uno de los más grandes de la Unión Europea, con el argumento de que está pensado para un «país de futuro».

Contra el nacionalismo, libertad y democracia
Mikel Buesa Libertad Digital 13 Septiembre 2020

Conocida es la sentencia que, en un discurso ante el Parlamento Europeo, pronunció en 1995 François Mitterrand, a la sazón presidente de la República Francesa: "¡El nacionalismo es la guerra!" Mitterrand evocaba entonces su propia experiencia: nacido durante la Primera Guerra Mundial, había participado en la segunda; y recordaba una "infancia con familias desgarradas que lloraban a sus muertos y guardaban rencor y a veces odio contra el enemigo de ayer". En el curso de su historia —les dijo a los eurodiputados— Francia estuvo en guerra con todos los países de Europa menos Dinamarca; siempre en nombre de un nacionalismo que transmitía el rencor y negaba las virtudes humanitarias. Mitterrand consideraba que la Unión Europea, que él había ayudado a construir, prometía "un porvenir más brillante fundado en la reconciliación y la paz". Pero, consciente de la fragilidad de tan nobles principios, advertía a los representantes allí reunidos de que "la guerra no es solo el pasado, puede ser también nuestro futuro".

De que la guerra puede acabar siendo nuestro futuro dan testimonio los múltiples conflictos que, desde la década de 1960, se han desencadenado en nuestro mundo europeo —no olvido los países aledaños en el Oriente Próximo o en el África mediterránea—, siempre contiendas civiles en nombre de naciones irredentas fruto del cultivo de la pequeña diferencia. Es este nacionalismo periférico y localista el que ha ido alcanzando altos vuelos, casi siempre defendiendo o reclamando privilegios. En muchas partes —en España, en Italia, en el Reino Unido, en Canadá— ese ha sido, además, el nacionalismo de los ricos contra los pobres.

Pero vayamos a lo nuestro, a los particulares nacionalismos que, en España, atenazan la convivencia porque, finalmente, han adquirido una deriva independentista con la que pretenden subyugar a una mayoría de ciudadanos que desean seguir siendo españoles. Están, es claro, en el País Vasco y Navarra, donde además heredan los frutos políticos de medio siglo de terrorismo. Y en Cataluña, donde en menos de una década han transitado desde el autonomismo a un independentismo implacable que se sublimó con una declaración de independencia que, de momento, sólo podemos considerar provisionalmente suspendida. Y también, aún en un estado incipiente, en las dos regiones catalanoparlantes del arco mediterráneo. En todos esos casos, con una ayuda más o menos entusiasta de la izquierda —tal vez porque ésta, huérfana ya de cualquier atisbo socialdemócrata, los considera como una manifestación genuina del progresismo—, los nacionalistas dicen hablar en nombre de toda la sociedad, incluso a pesar de que, en todos los casos, tanto los votos como las encuestas de opinión les señalan como minorías —a veces, amplias, es cierto, pero en ningún caso lo suficiente como para arrogarse la representación de todos los vascos o los catalanes, menos aún de los valencianos y baleares—.

Ese afán totalizante de encarnación de la sociedad se encuentra en la base de uno de los mayores ataques contra la libertad que se viven actualmente en España, en especial en las regiones gobernadas por nacionalistas. Baste observar los conflictos que surgen por razón de la lengua —como si alguien tuviera el poder de imponerla— o de la simbología política —como si todos hubieran de seguir al mismo borrego— o de las opiniones sobre asuntos públicos —como si hubiera un único pensamiento y éste fuera obligatorio—. Ataques a la libertad que se plasman en hechos de violencia física y simbólica ante los que sólo cabe o la sumisión o la resistencia. Hannah Arendt, en su estudio sobre la banalidad del mal, ya advirtió de esto señalando que, aunque muchos, la mayoría, se someten —casi siempre en silencio, porque el miedo a hablar infecta a la sociedad—, algunos no se doblegan jamás. Son éstos los que nos permiten albergar aún la fe en la humanidad. Y son ellos a los que, quienes no estamos sometidos por vivir en lugares en donde se puede hablar sin miedo, hemos de apoyar en su lucha por la Libertad.

"España lidia … por su Libertad, que es la hipoteca de tantos y tan sagrados derechos", escribió Jovellanos en una conocida carta que, en 1808, escribió a Cabarrús. Lidiar por la Libertad es también hoy una necesidad y una obligación ineludible al enfrentar a los nacionalismos periféricos porque éstos —además de las identidades ideológicas que tanto se cultivan hoy en la izquierda— son pretendidas fuentes de derechos particulares, de privilegios que diferencian a unos en detrimento de otros, de desigualdades en suma. Por eso mismo, la reclamación de la Libertad está unida a los valores republicanos que recibimos de la Revolución Francesa y que, en España, no terminaron de solidificarse hasta la aprobación de la Constitución de 1978. Unos valores que se sintetizan en el lema aprobado por la Convención Nacional en mayo de 1793: "Unidad e indivisibilidad de la República; Libertad, Igualdad y Fraternidad".

Sin embargo, no somos ingenuos y sabemos que llegamos tarde, que la batalla puede estar perdida y que nuestro tiempo es, sin duda, el de los falsos profetas. Por eso, a la apelación a los grandes principios hay que darle un toque de pragmatismo. Ello, en el caso del combate contra el nacionalismo, no significa buscar cómo darle satisfacción —ni inmediata, ni poco a poco, como han hecho los desnortados apaciguadores que nos han gobernado en los últimos lustros—, sino más bien indagar en la manera de someterlo a las reglas del procedimiento democrático. Los dos consejos que extrajo Stephane Dion de su exitosa experiencia de reconducción del separatismo quebequés en Canadá, son relevantes a este respecto: el primero, que hay que dejar de hablar con suavidad a los nacionalistas, dejándoles claro que sus sentimientos —patrióticos o no, poco importa— no son bajo ninguna circunstancia una fuente de derechos; y el segundo, que hemos de reconocer públicamente que los nacionalistas pueden salir ganando —y que, por tanto, negar que la independencia de Cataluña o del País Vasco no es posible porque no es legal, constituye una solemne estupidez—.

Armados con ellos —con esos consejos— exijamos a los nacionalistas que se sometan al procedimiento democrático y que, bajo él, se constate si es verdad que son ellos los que representan a la inmensa mayoría de vascos y catalanes en su afán de independencia. La propuesta que, a este respecto, hizo hace años José María Ruiz Soroa en su contribución al libro coordinado por Joseba Arregi La secesión de España (Tecnos, Madrid, 2014) es muy pertinente. Su idea principal es la siguiente: puesto que la Constitución reconoce a las Asambleas Autonómicas la capacidad para proponer reformas constitucionales —y la secesión implica una reforma constitucional—, pueden regularse el procedimiento a seguir por esas propuestas y las mayorías de apoyo que les sean exigibles —tanto en el parlamento autonómico, como en una ulterior consulta a la población afectada, acordada y gestionada desde el parlamento español— para que el Estado democrático, representado en el Congreso de los Diputados, siguiendo el principio democrático, debiera aceptar su debate, negociar su contenido y encauzar la resolución correspondiente por la vía de reforma establecida en la Constitución —que en todo caso exigiría su aceptación por el pueblo español en tanto que depositario de la soberanía—.

Libertad y Democracia son las armas principales contra las pretensiones, no sólo independentistas, sino totalitarias, de los dos nacionalismos, el vasco y el catalán, que han arraigado en el solar español. Si con ellas, amparados en la Constitución y la Ley, no logramos reconducir el conflicto secesionista, el nacionalismo, como recordó Mitterrand, será otra vez la guerra. ¿Nada nuevo? Tal vez, porque si en los siglos XIX y XX los españoles nos atizamos en unas cuantas contiendas civiles, ahora nada impide pensar que pudiéramos volver a hacer lo mismo.

El Parque Jurásico nacionalista
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 13 Septiembre 2020

Cuando les pedimos a los conciudadanos catalanes que hagan funcionar la parte más evolucionada de su cerebro para inmunizarse contra la avalancha de mitos supremacistas, fraudes históricos y prejuicios cainitas con que los bombardean los adoctrinadores nacionalistas desde los centros escolares y los medios de comunicación públicos para aislarlos del resto de sus compatriotas españoles, no los estamos halagando con una figura retórica sino que nos referimos a algo muy concreto: a la zona del encéfalo que nos distingue de nuestros antepasados reptiles e incluso de nuestras mascotas.

El complejo reptiliano
"El gato está especialmente imbuido de instintos territoriales. El instinto de reclamar y defender territorio es muy fuerte en el gato casero típico, aunque lleve muchas generaciones de adaptación a la vida doméstica", advierte Mordecai Singer (The Good Cat Book, Simon and Schuster, 1981). ¿Y el hombre? Basta echar una mirada a la prensa escrita y a las imágenes de los telediarios para comprender que el instinto de territorialidad, y otros que le son afines, rompen el frágil barniz de racionalidad para arrasarlo todo. Lo que aflora entonces no es la esporádica y puntual fuerza del gato casero sino algo mucho peor, que almacenamos en el tramo más arcaico de nuestro cerebro, en lo que Paul Mac Lean denomina complejo reptiliano o complejo-R. Y nuestros antepasados reptiles eran infinitamente más perversos que cualquier micifuz.

Escribió Carl Sagan (The Gardens of Eden, Random House, 1977):
Si este enfoque es correcto, resulta previsible que el complejo-R del cerebro humano aún esté desarrollando las funciones propias del dinosaurio. (…) Mac Lean ha demostrado que el complejo-R desempeña un papel importante en el comportamiento agresivo, la territorialidad, el ritual y la creación de jerarquías sociales.

Sagan no creía que estemos irremisiblemente condenados a actuar como dinosaurios, y recordaba que el 85% del cerebro humano corresponde al neocórtex, su parte más evolucionada, donde residen las funciones cognitivas. Las cosas se complican cuando, como sucede ahora, el dinosaurio se apropia de algunas de las facultades superiores del neocórtex para aumentar su poder destructivo. El fenómeno no es nuevo, pero no por ello es menos alarmante: el complejo-R se arma con el lenguaje del neocórtex para suministrar una falsa coherencia a discursos viscerales que, enmascarados tras invocaciones metafísicas y esotéricas a la tradición, la fe y el territorio, cuando no a peculiaridades y exclusivismos étnicos, enardecen a las multitudes y estimulan su belicosidad.

Exigen más y más
Ya entramos de lleno en el tema del nacionalismo, que una vez depurado del barniz civilizado con que lo recubre el neocórtex, muestra su feo instinto reptiliano. El Parque Jurásico nacionalista catalán está en su apogeo. Quienes deberían desempeñar la función de cuidadores de la fauna prehistórica no solo no cumplen con su deber sino que, para colmo, miman y estimulan a los machos alfa de la manada. Y los depredadores, cebados por la abundancia del banquete, exigen más y más. Por ejemplo, la anexión con pretextos lingüísticos, imitando a los descerebrados nazis del anschluss, de lo que ellos llaman países catalanes. Ya empezaron invadiendo la capital del Rosellón francés encabezados por un trabucaire usurpador prófugo de la justicia española.

El problema consiste en que este Parque Jurásico no está situado en una isla inaccesible sino en la costa de un país llamado España, ubicado a su vez en la prolongación de un continente llamado Europa, habitados ambos por ciudadanos libres e iguales, evolucionados muy por encima del nivel de los chamanes tribales. La carcundia anclada en el complejo-R y en aquellas supersticiones arcaizantes, compone la aristocracia humana del Parque Jurásico y conspira para convertir en haciendas feudales las parcelas cedidas por los felones de turno. Y explota en ellas a la mayoría que no reúne los requisitos de pureza de sangre, homogeneidad cultural y sectarismo ideológico, indispensables para ascender en la jerarquía del Parque Jurásico.

Dejen convivir en paz
O sea que se da el fenómeno inverso al que dicta la lógica: como si en el zoológico las fieras se pasearan libremente por los caminos interiores y los visitantes estuvieran en las jaulas. Aquí los más primitivos son los que aprovechan su hegemonía en el Parque Jurásico para imponer la servidumbre a los más evolucionados. Un espectáculo bochornoso que se desarrolla ante la mirada cómplice de la casta gobernante y se completa con las escenas de lucha despiadada entre los machos rivales de la manada antediluviana que se disputan el puesto alfa.

Urge desalojar del espacio civilizado a estos ejemplares regresivos de la cadena evolutiva. Y si encuentran un Parque Jurásico hermético donde puedan intercambiar dentelladas dinosaurios, gliptodontes, pterodáctilos… y neandertales, que la suerte los acompañe. Mientras tanto, dejen convivir en paz a los ciudadanos respetuosos de la ley en la sociedad abierta del siglo XXI.

PLATAFORMA PEDRO SÁNCHEZ DIMISIÓN
Madrid: 2.500 personas se manifiestan para pedir la dimisión de Pedro Sánchez
La concentración se ha celebrado sin incidentes con gritos contra el Gobierno, la prensa y "la gran mentira de los test"
Vicente Gil okdiario 13 Septiembre 2020

Cerca de 2.500 personas se han manifestado este sábado en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez. La Plataforma Pedro Sánchez Dimisión, convocante del acto, ha asegurado que ha recibido el apoyo de 220 organizaciones y que más de 200 autocares han llegado a la capital desde distintos rincones de España para sumarse a la protesta. En los días previos, los organizadores afirmaron que esperaban la asistencia de un millón de personas.

La manifestación ha transcurrido sin incidentes. Un considerable dispositivo de seguridad de las UIP (Unidad Policial de Intervención) de la Policía Nacional ha blindado el recorrido delante de la cabecera y por las calles adyacentes con el apoyo de la Policía Municipal. La marcha se ha iniciado a las siete de la tarde en la Puerta del Sol y ha discurrido por la calle Alcalá, Cibeles y Paseo de Recoletos hasta la plaza de Colón. Los organizadores habían pedido que se acudiera con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad de dos metros. Lo primero, en general, sí se ha respetado. Lo segundo, no.

Los participantes han lanzado gritos de «¡Pedro Sánchez dimisión!» y «¡Pedro Sánchez, a prisión!». También, «No queremos una Venezuela» o «España unida, jamás será vencida». El lema oficial de la marcha ha sido: «Frente a su impostura, nuestra voz». En una gran pancarta al inicio se leía «Contra el gobierno socialcomunista, alza tu voz».

La prensa y las televisiones también han sido objeto de críticas. Se ha coreado: «Prensa española, manipuladora». Al principio, se ha producido algún momento de tensión con los reporteros gráficos presentes, que no ha ido a más. La Policía ha intervenido retirando a uno de los manifestantes.

La nota de color la han puesto las numerosas banderas españolas y un grupo de negacionistas –sin protección alguna– que gritaban «¡Illa, Illa, Illa, fuera mascarilla!», «¡Falsos positivos, falsos test!» y algún que otro eslogan –poco reproducible– contra las vacunas. En una pancarta se leía también: «Millones de falsos positivos. La gran mentira de los test».

Ha habido también quien ha apuntado a China: «Stop al virus del PC chino. España libre, di no a la China comunista», rezaba la pancarta de un señor desmarcado de la masa y situado al principio, junto a la policía.

La convocatoria pretendía ser apolítica, aunque Pablo Casado y Santiago Abascal estaban invitados. Los líderes del PP y de Vox no han acudido. Los organizadores han señalado que lo que ha movido esta convocatoria ha sido «el hartazgo de los españoles por un Gobierno inepto que tiene a España hundida ante la crisis del coronavirus».

También han criticado la moción de censura de VOX contra Sánchez. «No suma para salir adelante. Los que vamos a echar a Pedro Sánchez vamos a ser los ciudadanos». La plataforma organizadora de la manifestación ha lanzado un ultimátum al Gobierno: si en 15 días no presenta su dimisión, «sacaremos en todas las ciudades de España –dicen– a millones de españoles a la calle».

La plataforma asegura ser un «movimiento» que se apoya en «autónomos, trabajadores, comerciantes…. gente normal, cansada de la deriva política y económica del país». La única referencia visible es un grupo de Facebook con 38.000 miembros, creado el 26 de marzo en plena oleada de muertes por el Covid.

Al margen de esta concentración en Madrid, los organizadores aseguran que habían convocado, hoy también, manifestaciones en 50 ciudades. Por la mañana, tenían previsto, según anunciaron, acudir al Palacio de La Zarzuela para entregar un manifiesto al Rey.

El final anunciado de la Fundación Franco
Tras años en la diana, la nueva Ley de Memoria Histórica prevé su ilegalización, pero su presidente dará la batalla con Abascal e incluso se plantea abrir la sede en EE UU
Andrés Bartolomé La razon 13 Septiembre 2020

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) se creó el 8 de octubre de 1976 con la finalidad de preservar «la memoria y obra» del «Caudillo» con Carmen Franco, la única hija del dictador, al frente. En la actualidad cuenta con unos 1.500 socios que realizan aportaciones mensuales y benefactores ocasionales que incluso donan su herencia a una entidad privada envuelta en la polémica durante los últimos años. La Fundación que actualmente preside el general de Infantería en la reserva Juan Chicharro solo ha recibido una subvención, de 150.843 euros, que le otorgó el Gobierno de José María Aznar. Tenía como objeto la digitalización y microfilmación de su archivo documental, 230 rollos y 27.357 documentos que forman parte del legado histórico de España, y cuyo acceso es libre en la propia sede de Concha Espina en Madrid, donde basta con pedir una cita y esperar turno. Un convenio con el Ministerio de Cultura estableció en 2001 que el archivo de la FNFF conservara su condición de privado al tiempo que quedaba adscrito al sistema español de archivos. Las copias de aquel microfilmado están en el Centro Documental de Salamanca.

Documentación personal
Señalada por sus detractores desde hace décadas, es incuestionable el valor del principal patrimonio de la Fundación Franco: la documentación personal del general al mando de España durante 40 años. Esos 30.000 documentos que acumuló entre 1936 hasta su muerte y entre los que se mezclan manuscritos, anotaciones sobre borradores, bocetos de leyes e, incluso, informes secretos y correspondencia personal, entre ella, la intercambiada con presidentes y jefes de gobierno como Churchill, Hitler o Mussolini. La Fundación Franco, que ha vivido tiempos convulsos, lleva años en el ojo del huracán como diana preferente de un Pedro Sánchez que se propuso «regenerar la vida democrática».

La exhumación de Franco fue un primer paso. Y el litigio por el Pazo de Meirás, otro capítulo amargo para los Martínez-Bordiú Franco y la propia FNFF. Y ahora, la puntilla que acaba de anunciar la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, con su ofensiva final contra las fundaciones «que enaltezcan el totalitarismo o figuras dictatoriales que son justo lo contrario del afianzamiento y la profundización de la democracia que somos». El anuncio previo al proyecto de Ley de Memoria Democrática que el Consejo de Ministros aprobará la semana que viene. Y epílogo de una ofensiva que viene de años atrás. En febrero de 2017, el grupo parlamentario Unidos-Podemos consiguió sacar adelante una proposición no de ley (PNL), presentada por En Marea, para que el Protectorado de Fundaciones abriera una investigación a la Fundación Franco por sus actividades «presuntamente ilícitas», por incitar al incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y sospechar de «indicios racionales de ilicitud penal en su actividad».

Un año después, la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, señaló la intención del Gobierno de ilegalizar las fundaciones y asociaciones que hicieran «apología del franquismo en España», un compromiso que hizo propio el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Ante este escenario, la FNFF adaptó sus estatutos a la Ley de Fundaciones «para evitar las posibles sanciones que pudieran venir por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica», explica a LA RAZÓN Juan Chicharro, su presidente. Ya entonces, la Fundación apoyaba su defensa en tres artículos de la Carta Magna –14, 16 y 20– en los que se defiende la no discriminación «por razón de opinión», la garantía de la «libertad ideológica» y el derecho a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones». Sin embargo, la intención manifiesta en primer lugar del Gobierno socialista y, desde noviembre de 2019, con su socio de coalición, Unidas Podemos, es culminar la reforma de la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero para, entre otras cosas, ilegalizar la Fundación Franco. En el punto de mira estarían otras siete entidades de corte similar: Fundación José Antonio Primo de Rivera, Fundación Yagüe, Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, Fundación Blas Piñar, Fundación Serrano Súñer, Fundación Ramiro Ledesma Ramos y Fundación Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés.

Chicharro, responsable de la mediática FNFF, se muestra cauto ante el desenlace de algo que «se sabía desde hace tiempo». «Cuando cambiamos los estatutos ya se intuía. La profanación [así se refiere a la exhumación de Franco] y esto son los mayores ataques que hemos sufrido», afirma acerca de la condena que pende sobre la entidad. Aunque advierte de que «va para largo; esto lleva un trámite parlamentario, unas enmiendas –incluso a la totalidad–. El término medio de una ley cuando entra en el Congreso es de cinco meses, y una vez que se aprobara iríamos a los tribunales». El general en la reserva dice «confiar en que Vox dé la batalla», porque ha hablado con Santiago Abascal «y me ha dicho que nos van a apoyar», asegura. Respaldo que no existe por parte del PP, con quien, lamenta, no hay «nada». Poniéndose en lo peor, Chicharro aventura que «siempre hay un plan B. Vamos a seguir defendiendo lo que creemos porque tenemos derecho a ejercer nuestra libertad de opinión. Si nos ilegalizan igual montamos la Fundación en Estados Unidos, donde he tenido propuestas hace mucho tiempo. Prefiero España, pero con este mundo globalizado la podemos constituir en Texas», apostilla. Para él son días de atender a medios de comunicación de toda España, y también extranjeros, pues refiere el presidente de la FNFF la «repercusión internacional» de su inminente ilegalización, «con entrevistas en Reuters y Voice of America, que tiene 200 millones de oyentes». A quienes atacan a la Fundación Franco con el argumento de que sería impensable un organismo así en memoria de Hitler o Mussolini, el militar responde que «el franquismo no se parece en nada al nazismo y al fascismo, hay muchas diferencias. La principal es que Franco ganó la guerra».

Juan Chicharro considera que la proposición parlamentaria que busca dejarles fuera de la ley es «inconstitucional, pues atenta contra la propia Constitución, que determina que ningún español podrá ser discriminado por sus ideas y garantiza la libertad ideológica, de pensamiento y de expresión». Chicharro se pregunta «qué pasa con las fundaciones marxistas» como las de Largo Caballero o Juan Negrín, o «las racistas como la de Sabino Arana». «Por cierto», afirma, «condenadas en la Asamblea de la Unión Europea», en referencia a la reprobación en Bruselas hace un año de los crímenes perpetrados por los regímenes totalitarios.

«Ley sectaria»
El responsable de la FNFF enmienda la plana a la vicepresidenta Calvo cuando esta habla de «fundaciones públicas que utilizan recursos públicos». «La nuestra no es pública ni recibe subvenciones, al contrario que la de Largo Caballero», rebate Chicharro. En su opinión, «no hay duda» de que se trata de «una ley sectaria con el objetivo de dividir y enfrentar a los españoles, especialmente a la derecha, pues ya sabemos por experiencia las posiciones divergentes de Vox y PP».

Juan Chicharro se refiere a la reciente sentencia del Pazo de Meirás como «infumable, es una sentencia política», y enmarca una vez más la iniciativa –en este caso, legislativa– del Ejecutivo de coalición en una maniobra para poner fuera de foco otros asuntos. «Cuando el Gobierno quiere desvíar la atención, pues Franco otra vez a la palestra», denuncia. Asegura el presidente de la FNFF que «nunca» le ha gustado «volver a enfrentamientos pasados. Eso debe quedar para historiadores, pero estos socialistas, comunistas y separatistas quieren incidir en el guerracivilismo». «Aunque no me gusta, si siguen empeñándose les recordaremos todas las desgracias que trajo a España el PSOE desde 1934 y la consecuente Guerra Civil», advierte. «Quieren revertir una historia imposible. Perdieron la guerra por incompetentes pese al inmenso apoyo de Stalin. Quieren borrar a Franco y la Transición llevándose la Monarquía por medio, como estamos viendo». La voluntad de Chicharro es firme: «Con ley o sin ley seguiremos defendiendo la verdad histórica y el legado de Franco, les guste o no». Incluso, afirma, con una posible pérdida de libertad. «Si quieren llevarnos a la cárcel por pensar distinto a ellos, adelante. Nos convertirán en presos políticos por opinar distinto a su verdad comunista orwelliana».

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Sánchez toca fondo
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli  13 Septiembre 2020

Existe una diferencia sustancial entre la inmoralidad y la amoralidad. El que comete actos inmorales es consciente de que ha vulnerado reglas éticas cuya validez no niega y lo hace a sabiendas, supeditando el bien al mal para conseguir los fines que le dicta su ambición, su codicia, su envidia, su vanidad o su concupiscencia. El amoral, en cambio, desconoce la frontera entre lo correcto y lo incorrecto y cuando mata, hiere, destruye, humilla, roba o atropella se deja llevar por instintos y pulsiones ciegos a la razón, como una tormenta atmosférica, un incendio forestal espontáneo o un terremoto devastador. Un tigre devorador de hombres no puede ser acusado de inmoralidad porque carece de conciencia que le permita distinguir entre aquellas de sus acciones que desde una perspectiva racional, es decir, humana, se sitúan en el campo de lo perverso o de lo benéfico. La terrible simetría de la fiera del inmortal poema de William Blake es implacablemente amoral.

Pedro Sánchez no admite la calificación de amoral, que le exoneraría de culpa. Su trayectoria le caracteriza sin remisión como una persona profunda y sistemáticamente inmoral. Tampoco se puede cobijar en la helada morada erigida por el autor de El Príncipe, ese espacio normativo ajeno y distinto al de la moral tradicional, tan magistralmente descrito por Isaiah Berlin, en el que la seguridad y prosperidad del Estado legitiman los más horribles crímenes. Por el contrario, su recurso permanente a la mentira, su alianza con aquellos cuyo propósito explícito es liquidar la Nación que en su función de presidente del Gobierno se ha comprometido a preservar y su incumplimiento reiterado de la palabra dada, no sólo no contribuyen a la grandeza y al prestigio de España, sino que la ponen en grave riesgo de desaparición y de ruina. Su inmoralidad es, por tanto, manifiesta e innegable.

Sin embargo, una vez escogida la opción de entregarse sin escrúpulo alguno a todo tipo de bajezas, infamias y traiciones al servicio exclusivo de su propio interés, el actual inquilino de La Moncloa podría ser colocado en la misma categoría de otros muchos políticos presentes y pasados que, con tal de alcanzar, conservar y disfrutar el poder, también han faltado a la verdad, practicado sucias corruptelas o colaborado con compañeros de viaje indeseables. Formaría parte, así, de una larga lista de personajes que, a lo largo de los siglos, en la disyuntiva de tomar el camino de la coherencia y la honradez o el de la inconsistencia y el engaño, han seguido sin vacilar la senda oscura si ello les garantizaba la púrpura.

Esta descripción de Sánchez como uno más de una multitud de gobernantes desaprensivos ha sido adecuada hasta su intervención desde la tribuna del Senado el martes 8 de Septiembre cuando expresó solemnemente en sede parlamentaria su sentido pesar -“lamento profundamente” fueron sus palabras acompañadas de una actitud contrita- por la muerte por suicidio del etarra Igor González Sola en su celda de la cárcel de Martutene, donde cumplía una condena de veinte años por delitos de colaboración con banda armada, tenencia ilícita de armas y falsificación de documentos oficiales.

González Sola perteneció al comando Amaiur, integrado a su vez en el comando Donosti, el grupo responsable de una de las atrocidades más execrables de la banda terrorista, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en Julio de 1997. Anteriores jefes del Ejecutivo habían mantenido contactos con ETA e intentado negociaciones de diversa índole, pero ninguno se había rebajado hasta el nivel de abyección mostrado por Pedro Sánchez con tal de amarrar los votos de Bildu y del PNV de cara a la aprobación de los Presupuestos. Sin duda, la ignominia cometida por la segunda autoridad del Estado es de tal magnitud, degrada hasta tal punto a la sociedad española, ultraja tan cruelmente a las víctimas y revela una carencia tan repugnante de dignidad personal, que hunde a su protagonista en las simas más tenebrosas de la infamia.

En 1981, los presos del IRA Provisional en la penitenciaria británica de Maze se pusieron en huelga de hambre. Exigían la restauración del régimen especial del que disfrutaron hasta que en 1976 un Gobierno laborista se lo retiró y pasaron a ser tratados como crimínales comunes. EL Reino Unido no cedió y diez de ellos fallecieron hasta que la huelga se suspendió. Tras la primera muerte, la de Bobby Sands, la entonces primera ministra, Margaret Thatcher, declaró: “Sands era un criminal convicto. Eligió acabar con su propia vida. Es una elección que su organización no permite a sus víctimas”. Entre la determinación y el coraje de la desaparecida baronesa y el nauseabundo espectáculo proporcionado por Sánchez en el Senado media un abismo, el que separa a una estadista como la copa de un pino de un quídam al que la Historia, si es que alguna vez lo menciona, nunca absolverá.

Yo no lamento el suicidio del etarra
EDUARDO INDA okdiario 13 Septiembre 2020

No por conocido ni sabido deja de ser menester recordar lo que la gran Margaret Thatcher espetó a la Cámara de los Comunes cuando le preguntaron en 1981 por el suicidio en prisión del norirlandés Bobby Sands, miembro del IRA, la banda terrorista gemela de ETA. La premier británica, la mejor desde Churchill, poco dada a los eufemismos y al mierdoso buenismo, fue clarita para variar: “El señor Sands era un criminal convicto [entre otras cosas, el tipejo había puesto varios coches bomba] que eligió llevarse su propia vida. Una opción que su organización no dejó tomar a sus víctimas”. Más claro, agua.

La mismísima Maggie fue igual de concluyente cuando en el mismo Parlamento de Westminster la volvieron a interpelar siete años más tarde por la muerte a tiros por un comando del SAS, las prestigiosas fuerzas especiales británicas, de tres terroristas del IRA que estaban en Gibraltar con 25 kilos de explosivos y no precisamente para montar un espectáculo de fuegos artificiales. Prensa y diputados pidieron explicaciones con esa pelmaza insistencia que aparcan cuando la víctima es un miembro de las fuerzas de seguridad o un militar. Ya se sabe: para parte de esta banda de progres los derechos humanos de policías o soldados son de segunda o tercera categoría, para la otra simplemente no existen. Leal a sus hombres, consciente de que obviamente ella había dado el nihil obstat a la operación, la mujer que cambió el mundo en los 80 fue tajante: “Yo disparé”. Y colorín, colorado, el cuento se acabó porque, obviamente, nadie se atrevió a meter mano a la poderosísima y votadísima política de Lincolnshire.

Pedro Sánchez no es ni será Margaret Thatcher en 70 reencarnaciones. Está a años luz de la hija del tendero en todo: en preparación, ella era doctora en Químicas por Oxford y luego se licenció en Derecho, él es economistilla y titular de un doctorado robado; en ética, éste no le dice la verdad ni al médico porque es un mentiroso patológico, ella iba siempre de frente y decía lo que pensaba gustase o no; y no digamos ya en respeto a la historia de su nación y a sus costumbres democráticas. Y así como el primero pactaría con Bin Laden si dependiera de sus votos para mantener una poltrona a la que accedió en condiciones sospechosas, la segunda tenía rotundamente claro que con los terroristas y sus apéndices políticos no se puede ir ni a heredar. Ni siquiera la Margaret Thatcher demenciada hubiera osado jamás aceptar los votos del Sinn Féin, el brazo político del IRA, para mantenerse en un Downing Street del que se largó a cuenta del poll tax porque prefirió anteponer sus principios al poder. Como ella se encargaba de recalcar cada dos por tres, «la debilidad nunca es rentable cuando se trata de hacer frente al terrorismo internacional”

Sánchez da el pésame a ETA
Rosa Díez okdiario 13 Septiembre 2020

La Sesión de Control del pasado martes día 8 en el Senado nos dejó unas imágenes y unas palabras del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que han de ser conservadas en la memoria de la infamia.

Pedro Sánchez ha expresado su pésame a un Senador de Bildu que le interpelaba sobre la muerte de Igor González, un terrorista que se ha suicidado mientras cumplía condena en la cárcel de Martutene, en el País Vasco.

Durante su respuesta Sánchez ha lamentado “profundamente” la muerte del terrorista , a quien se ha referido como miembro de “la banda ETA”. Y luego, con desgana, ha dado una serie de explicaciones técnicas sobre los ratios, los protocolos… Les animo a que vean el video y estudien el lenguaje corporal en ambos momento: el pésame y las explicaciones.

A ver, soy la primera en no celebrar muerte alguna, menos aún un suicidio, aunque la persona que haya decidido quitarse la vida me merezca el mayor de los desprecios por lo que hizo durante su vida. Por eso no me hubiera parecido bien que en respuesta a una pregunta sobre el suicidio de un terrorista el Presidente del Gobierno, este o cualquier otro, hubiera mostrado su alegría por la decisión del terrorista de quitarse la vida. Y me hubiera parecido reprobable que el Presidente se hubiera referido a la muerte del recluso recordando la conocida frase de Mario Benedetti: “Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo”, a la manera de la expresión utilizada por su vicepresidente Pablo Iglesias cuando hizo esa recomendación a unos policías autonómicos catalanes que habían sido amnistiados por el Gobierno, a la vez que lamentaba que no lo hicieran quienes habían tomado la decisión de amnistiarlos. Pueden leer aquí el citado artículo, publicado en el 2012. Les copio a continuación el primer párrafo:

“Esta reflexión de Mario Benedetti pone un título triste a mi entrada de hoy. Triste porque, al fin y al cabo, la única esperanza de que se haga justicia tras el nuevo indulto del Gobierno a los mossos condenados por torturas, es que se suicidaran, algo poco probable y que, por otro lado, seguiría dejando impunes a los verdaderos responsables”.

Pero una cosa es eso y otra la intervención de Pedro Sánchez en el Senado. A mi juicio el pésame presidencial, en Sesión de control Parlamentaria, está de más. El Presidente del Gobierno debió utilizar su réplica para poner desmentir las afirmaciones del Senador de Bildu que mintió para descalificar el sistema penitenciario español y cuyo partido habla de “exterminio” en las cárceles españolas; el Presidente debió explicar, ahí si con todo énfasis y contundencia, que nuestro sistema penitenciario está entre los más avanzados y humanitarios del mundo; debió defender, también aquí con todo énfasis, la profesionalidad de los funcionarios de prisiones. Y, en todo caso, lamentar que a pesar de todo no se hubiera podido evitar que el citado preso terrorista se quitara la vida. Como, desgraciadamente, lo hacen otros reclusos que no son terroristas y no merecen lamentaciones oficiales ni pésames presidenciales.

Pero Sánchez puso el énfasis en dar el pésame al Senador con las palabras y el gesto al uso cuando uno va a un funeral y se acerca a la familia del muerto. Sánchez dio el pésame al Senador de Bildu (su socio en Navarra, su apoyo en el Gobierno de España) porque lo considera de la familia (política) del muerto…. Y resulta que el muerto es un terrorista… Y resulta que aquellos a los que ofrece el pésame, unidos por vínculos de sangre al muerto, son sus socios… Todo resulta tan obsceno como entendible, habida cuenta con quien Gobierna Sánchez.

No es ninguna novedad constatar que Sánchez eligió como compañeros de viaje a gentuza que no solo no ha condenado jamás a ETA ni a su historia de terror sino que le rinden homenaje y se sienten orgullosos de su historia sangrienta. Pero por muy conocida que sea la pulsión de Sánchez de entenderse con los enemigos de España, espeluzna verle compungido componiendo un gesto de dolor que les ha negado a las más de 20000 victimas de la Covid-19 que ni siquiera reconoce…

Están los gestos y están, también, las palabras. Nos hemos fijado mucho en el “lamento profundamente” que Sánchez le dedicó al compañero del finado ; pero quiero destacar por relevante el cuidado con el que el Presidente se refirió a la organización terrorista de la que era miembro el preso que se suicidó. “La banda ETA”, dijo Sánchez como toda referencia. No es casual que no llamara terrorista ni al muerto ni a la organización a cuyo servicio perpetró los actos criminales. Sánchez no utilizó el término correcto para referirse a la organización terrorista ETA porque estaba dando el pésame a alguien que formaba parte del entramado, a alguien cuyos votos desea, a alguien con quien gobierna en Navarra y que le apoya para seguir en Moncloa… No le iba a llamar “terrorista” en el Pleno… Sabido es que blanquear a sus socios trae como consecuencia blanquear a ETA, a toda su historia de terror. Un nuevo ejemplo de infamia.

Quienes mejor leen estas cosas son quienes habitan en el mundo de las tinieblas, los testaferros de ETA. Por eso la reacción de Bildu no se ha hecho esperar; ellos si que han tomado buena nota y su portavoz Maddalen Iriarte ha agradecido la “receptividad” de Pedro Sánchez, ha calificado de “paso simbólico” sus palabras y “su gesto” y ha insistido en que tras sus afirmaciones sobre la muerte de Igor González “pase de las palabras a los hechos”. No se exactamente qué quiere decir, pero me temo que pronto lo veremos…

A Pedro Sánchez poco le importa que sus palabras y sus gestos hayan levantado una polvareda de críticas entre las que se encuentran víctimas del terrorismo o Guardias Civiles y Policías, dos colectivos que sufren la lacra del suicidio de manera inmisericorde. La empatía de Sánchez – siempre escasa en una personalidad psicopática- está reservada para aquellos cuyos votos necesita para seguir viviendo en la Moncloa.

Cuanta indecencia. Y cuanto silencio cómplice, por cierto.

Cuando se insulta la memoria de un país
Sánchez y su pésame por un etarra fallecido
Álvaro Ybarra ABC 13 Septiembre 2020

La memoria de las ultimas tres generaciones de españoles está marcada por la violencia, la sinrazón y la cobardía de la banda terrorista ETA. Como ciudadano, nacido además en el País Vasco, he vivido muy de primera mano cómo la tiranía del tiro en la nuca, el secuestro y el coche-bomba destrozaba familias enteras y sembraba el terror en el conjunto de la ciudadanía. El recuerdo y el respeto de todas las vidas robadas por parte de estos asesinos es y ha sido siempre un pilar inquebrantable de unidad para la sociedad. Una memoria que no entiende de colores políticos ni ideologías porque en ella solo están personas inocentes que no pensaban como ETA.

ETA nunca pidió perdón a las víctimas y a la sociedad española en su conjunto por todos sus años de violencia y muerte. Tampoco logró derrumbar nuestra libertad y por eso fue derrotada por el Estado de Derecho y el inquebrantable compromiso de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Resulta inexplicable, y aún más difícil de definir o encontrar la palabra adecuada, calificar el insulto del presidente del Gobierno, el pasado martes en el Senado, a todos los españoles y en especial a la memoria de las víctimas del terrorismo, cuando manifestó su sentido pésame al senador de Bildu por la muerte por suicidio de un preso de ETA. Igor González Sola fue condenado a veinte años de cárcel por colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación dentro de su actividad en el «comando Amaiur» de la banda terrorista, integrado a su vez en el siniestro «complejo Donosti».

La bajeza moral de nuestro presidente ya estaba sobradamente apuntada. Sin embargo, resultaba difícil creer que una misma persona fuera capaz de insultar tanto a las miles de familias que han perdido a sus familiares a consecuencia de la pandemia como a toda la memoria de un país que aún sigue llorando a las víctimas de ETA.

Exequias
Será muy difícil restablecer la confianza de los españoles en la democracia liberal
Jon Juaristi ABC 13 Septiembre 2020

Las reacciones a la muerte del etarra González Sola son una prueba clarísima de la inviabilidad de la democracia liberal en la España de la pandemia. Es obvio que quedan algunos nostálgicos de aquella, aunque no en cantidad suficiente como para influir en la deriva del país, y, desde luego, fuera de la política en general. En los partidos españoles ya no hay demócratas; sólo fanáticos.

La primera reacción que conviene considerar es la de Arnaldo Otegui, una amenaza explícita dirigida al Gobierno: «Mientras el Estado no haga desaparecer su violencia, difícilmente se podrá hablar de convivencia». Se parece mucho a una semejante del lendakari Ardanza al Gobierno de Felipe González en 1986, cuando aseguró que ETA no desaparecería hasta

que se respetaran los legítimos derechos del pueblo vasco. En ambos casos se trataría de responsabilizar al Estado de una situación de violencia. En 1986 la lectura de la advertencia de Ardanza era muy clara: si el gobierno desea que ETA desaparezca, deberá ceder a todas las exigencias del PNV, único portavoz autorizado del pueblo vasco. La advertencia de Otegui es más sibilina si cabe: si el gobierno no excarcela a los etarras aún presos, Sánchez no podrá contar con Bildu de ahora en adelante, puesto que la mera permanencia en prisión de los terroristas condenados equivale a una intolerable violencia del Estado contra el pueblo vasco.

Otegui amenaza al Gobierno porque está presionado por sus bases que le exigen romper con Sánchez si no se pone a los etarras en la calle, y Sánchez expresa sus más sentidas condolencias a Bildu como una desesperada disculpa que encubre apenas la promesa de ponerse a ello en cuanto consiga que se aprueben los Presupuestos. La derecha acusa a Sánchez de aliarse con los terroristas contra sus víctimas, y Sánchez reacciona acusando al PP de ser un partido corrupto y antidemocrático y a Ciudadanos de mantener sus pactos con la extrema derecha. De Vox ya se ocupa una trepa de TVE que insulta desaforadamente a Abascal so pretexto de hacerle una entrevista de interés humano.

En estas circunstancias, es difícil que se restablezca la confianza de los españoles en la democracia liberal. Entre los seguidores de los partidos de la izquierda, porque su gobierno ha ido demasiado lejos en la creación de una enorme red clientelar de población subvencionada y de cargos, carguitos y enchufes en general dentro de las administraciones que controlan, una red que se movilizará en la calle ante cualquier atisbo de que la derecha pueda ganar las próximas elecciones legislativas. En rigor, la manifestación del 8 de marzo fue una demostración masiva de que a la izquierda no le importa arriesgar la democracia, la salud pública o lo que sea, y que está dispuesta a tomar medidas drásticas o superdrásticas (tía), para mantenerse en el poder. Ha optado abiertamente por el modelo bolivariano.

Los partidos nacionalistas nunca han creído en la democracia liberal. Lo suyo son las «democracias étnicas». Pero, ¿qué pasa con los votantes liberales de la derecha? Pues que se han sentido estafados en sus expectativas. En nombre de la democracia se ha proscrito de la vida pública la moral cristiana y el patriotismo. Además, la derecha culpa tácitamente a la democracia liberal de la paradójica victoria política de una ETA teóricamente derrotada, del mismo modo que los hoy triunfantes populismos centroeuropeos comenzaron culpando a la democracia recién estrenada de la pervivencia camaleónica de los partidos comunistas. Las exequias del etarra González Sola vienen a ser así las de una democracia que se ha suicidado. No preguntes por quién doblan las campanas, etcétera.

Las mentiras más eficaces del nacionalismo: del "España nos roba" a los "presos políticos"
Pablo Planas Libertad Digital 13 Septiembre 2020

El catalanismo lleva cuarenta años en el poder mintiendo a la población con gran éxito de crítica y público.

Fake news. Las viejas mentiras de siempre para las nuevas generaciones. Nada nuevo bajo el sol, salvo la multiplicación de oportunidades para difundir toda clase de falsedades en toda clase de medios masivos, directos e inmediatos. La mentira repetida mil veces por mil veces por mil veces en medio de un ruido ensordecedor.

El nacionalismo catalán es especialmente hábil en el manejo de las mentiras y del victimismo. Se construye a base de mentiras y crece con el victimismo como palanca. Mentiras de todo tipo, como que el 80% de la población quiere un referéndum de autodeterminación. Esta es la última gran mentira del independentismo, el dato falso sobre el que pivota la hora más reciente del discurso nacionalista. La versión más extendida es que ese porcentaje procede de una encuesta realizada por el diario Ara antes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Tal sondeo, con una base de menos de dos mil personas, sostiene toda la retórica con la que los representantes del prófugo Carles Puigdemont y el recluso Oriol Junqueras, Quim Torra y Pere Aragonès, comparecen en la mesa de negociación con el Gobierno socialcomunista de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Ni siquiera tienen que documentar de dónde sacan el dato. El ochenta por ciento es un mantra.

Más mantras. España nos roba y somos un pueblo oprimido. Tres mentiras en dos enunciados, robo, opresión y pueblo. Estos preceptos fueron el punto de partida de la última fase del largo proceso separatista, la que empieza en 2012 con Artur Mas. El pueblo, "un solo pueblo" según la retórica catalanista, impregna todos los discursos. "Pueblo se emplea tantas veces al hablar y escribir como la sal en la comida; a todo se agrega una pizca de pueblo", escribía Victor Klemperer en La lengua del Tercer Reich.

El uso de la mentira es indiscriminado y sin reparos. Uno de los últimos casos es el de Clara Ponsatí, exconsejera de Enseñanza. Sucedió en su debut en el Parlamento Europeo. "Uno de los crímenes más graves contra el pueblo judío tuvo lugar en 1492, cuando los denominados Reyes Católicos ordenaron su expulsión. Este primer episodio de antisemitismo de Estado fue admirado por Hitler, que trató de superarlo", dijo la prófuga. Todo vale para atacar a España, y la mentira es una herramienta habitual. Pero Ponsatí no sólo ignoró que las persecuciones a los judíos en Europa comenzaron mucho antes de los Reyes Católicos, sino que llegó a comparar la situación del "pueblo catalán" con la de los judíos durante la época de Isabel y Fernando. Sin sonrojo y a degüello. "España ha sustituido a los judíos por los catalanes; la intolerancia española adopta hoy la forma de menosprecio ante los derechos de la minoría catalana en un contexto de indulgencia ante la apología fascista", abundó.

En esa misma sesión, Carles Puigdemont dijo que no se atrevía a volver a España porque "me meterían en la cárcel el resto de mi vida". Mentira y victimismo a partes iguales en cuatro palabras. Mientras los miembros de su Gobierno que se quedaron en España ya disfrutan de permisos y salidas para trabajar, Puigdemont pretende convencer a los eurodiputados de que el sistema legal español concibe la cadena perpetua. Llueve sobre mojado. Según TV3, a los nueve condenados por proclamar la república les han caído cien años. Hay que sumar las penas de cada uno para llegar a esa cifra, pero la retórica informativa de la cadena nacionalista no hace esa distinción ni expone tal matiz. A los "presos políticos", pues así les llaman, les han caído cien años. Cien años, además, por poner las urnas, aunque nada más lejos de la realidad, que son entre nueve y trece años por abolir la Constitución y el estatuto de autonomía y proclamar la república catalana.

En Cataluña, donde la represión del Estado alcanza unas proporciones dantescas según la versión separatista, las cárceles forman parte de la Administración autonómica, de modo que quienes denuncian la antedicha represión hacen lo que les place en materia penitenciaria. Oprimidos como dicen que están, los dirigentes separatistas controlan los permisos y grados de sus colegas presos, a quienes dispensan un trato deferencial que es la mofa y befa del sistema judicial, la sentencia y el sentido de las penas.

Como mienten más que hablan, los independentistas aseguran que los políticos presos reciben el mismo tratamiento que cualquier otro interno, que no hay privilegios ni trato de favor. Y lo dicen mientras sus colegas salen de la trena con todo el desparpajo que les proporciona el hecho de que en realidad ellos son los subordinados de los capos presos. Por ejemplo, Ester Capella es la consejera de Justicia de la Generalidad porque así lo ha decidido el interno Oriol Junqueras. Dada la circunstancia, se entiende perfectamente que el presidente de ERC haya dejado de dar clases en la cárcel para darlas en el campus manresano de la Universidad de Vich.

Que Junqueras no cumpla ni uno solo de los requisitos para que se le aplique el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario (un atajo por el que los clasificados en segundo grado disfrutan de las condiciones del tercero) no es ningún problema porque no sólo estamos hablando de alguien muy importante en Cataluña sino de una pieza clave para el sostenimiento del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Esa misma importancia es la que le permite a Junqueras no tener que disimular ni buscar excusas para salir de la cárcel. En teoría va a dar clases de historia del pensamiento occidental, así, a pelo y sin cortarse un ídem. El doctor Junqueras, el pensamiento occidental y la materia oscura, sustancia, composición y densidad del sexo de los ángeles. Hay bofetadas para matricularse.

Han pasado cuatro meses de la sentencia y menos de dos años y medio desde que se saltaron todas las leyes y ya pisan la calle. Dos años y medio en los que no han hecho otra cosa que dar entrevistas, recibir visitas y disfrutar de privilegios desde el momento en que fueron trasladados a Cataluña..

A modo de ejemplo, y según la memoria de Fiscalía, los nueve encarcelados recibieron 2.300 visitas de autoridades sólo en los seis primeros meses de 2018. Otro dato. Solo cuatrocientos reclusos de los siete mil que cumplen condena en Cataluña disfrutan de los beneficios del antedicho artículo 100.2 que según la consejera Capella sería de aplicación automática porque a los golpistas presos se les trata como al resto de los presos.

Las mentiras calan en una sociedad acostumbrada desde hace cuarenta años a las mentiras de más grueso calado. Cataluña es una nación, la honradez de Pujol, la discriminación de la lengua catalana, la persecución durante el franquismo son algunos ejemplos de viejas fake news que cuentan con la colaboración de los herederos directos del franquismo catalán, gentes como Pere Aragonès, el mismo Puigdemont o el ínclito cantautor Lluís Llach, todos ellos descendientes de alcaldes y gerifaltes del régimen y todos ellos paladines de un furibundo antifranquismo cuyo ajuste de cuentas se sustancia fuera de los muros domésticos y se utiliza para arremeter contra todo vestigio de lo español en Cataluña, tachado indefectiblemente de franquista.

En este contexto, no es extraño que cundan toda clase de patrañas con la etiqueta catalanista. El nacionalismo ha catalanizado a todos los grandes personajes de la historia de España, de Cervantes a Santa Teresa de la Cruz, pasando por Colón, los hermanos Pinzón y Hernán Cortes, entre otros. También fueron catalanes Erasmo de Róterdam y Leonardo da Vinci, y la bandera de los Estados Unidos no es más que una versión de la senyera. Son hallazgos del Institut de Nova Història, una entidad que ha gozado del favor y la difusión de TV3 y de subvenciones de los organismos públicos controlados por el nacionalismo. Comparadas con las mentiras sobre el pueblo, la nación y la represión, los delirios de grandeza y las teorías de la conspiración del Institut resultan de una candidez entrañable.

Juan Carlos Girauta: "La izquierda tiene una pulsión destructiva con España"
Juan Carlos Girauta, ex-portavoz de Ciudadanos en el Congreso, escritor y columnista analiza para Libertad Digital la relación entre la izquierda y el nacionalismo.
Nuria Richart Libertad Digital 13 Septiembre 2020

Echar la vista atrás y valorar cómo te ha cambiado la vida las políticas nacionalistas es doloroso. “El nacionalismo es la peste, es un virus”, dice Juan Carlos Girauta en esta entrevista, "el nacionalismo lo ha enfermado todo". Dosis identitaria inoculada sin tregua, fumigación controlada a toda la sociedad. Para impresionar lo que ha pasado en Cataluña en los últimos cuarenta años tanto nos sirve George Orwell como Jack Finney autor de la excelente novela Los ladrones de cuerpos. “Hay un momento que el destrozo es tan grande que yo llego a la conclusión de que mis afectos por aquello se han terminado”, nos cuenta, "no tengo por qué seguir viviendo en un sitio hostil donde he perdido tantas amistades, dónde se ha vuelto todo tan estúpido, dónde no hay ironía, donde la idiotez literalista ha hecho estragos, ha perjudicado notablemente el sentido crítico, la cultura”. El ex-político recuerda aquel momento, año 2003, cuando Libertad Digital le “tendió la mano” porque “no disponía de oportunidades”. Desde este medio pudo contar al resto de España “las cosas que ocurrían en el manicomio de Cataluña” y "en aquel momento aquello es escandaloso porque se ven en el espejo y son muy feos". Desde entonces Girauta es un “repelente para el nacionalismo”.

Juan Carlos Girauta, nacido en Barcelona en 1961, reconoce que la izquierda le "engañó un tiempo" pero que el nacionalismo no le "engañó nunca”. Fue de los pocos en acudir en Barcelona a la manifestación tras el golpe de Estado del 23 F, "con una carpeta forrada con la bandera de España".

Sobre la izquierda dice Girauta que al haberse "quedado sin su causa" en una "sociedad muy interclasista" en la que "es imposible traducir a los padres de la iglesia marxista”, ha degenerado en una “pulsión identitaria muy fuerte”. Entonces, continúa, “lo que ha hecho es atomizarse en muchas causitas que conllevan la incorporación del sentido de pertenencia a algo, dado el vacío existencial...”, bromea. Implacable afirma que “la izquierda no es nada, hace acopio de todo aquello que represente descontento y que sea potencialmente destructivo y nocivo para el Estado democrático de derecho”. Otra opción, ironiza el ex-portavoz de Ciudadanos, es que "la socialdemocracia se podía disolver”, pero no ha sido así.

Girauta desmiente el mito de que la izquierda no es nacionalista. “¿no lo es en el mundo de las Ideas de Platón?”, se pregunta. "El PSC es un partido de traidores" porque "en la realidad siempre cede ante el nacionalismo cuando tiene que elegir”. Para el columnista “la izquierda española está dispuesta a cualquier cosa que haga daño a España, tiene una pulsión destructiva con respecto a España”. Y recuerda que “Jordi Pujol se compró a todos los políticos que había en Cataluña, desde la extrema izquierda hasta la derecha; comprar con dinero”.

Con el columnista también recordamos el momento en el que el diario El País se une a la campaña pujolista de persecución a los castellanoparlantes y a cualquier voz crítica con la incipiente inmersión lingüística. Federico Jiménez Losantos fue uno de los promotores del Manifiesto de los 2300 en defensa del derecho del uso del español que le costó el secuestro y un tiro en una pierna por parte del grupo terrorista Terra Lliure. Federico, comenta Girauta, fue purgado de El País “que tiene que someterse al nacionalismo como se sometió todo”.

Sobre el Presidente del Gobierno dice que "Pedro Sánchez es un hombre peligroso para España, es falso todo él. Es un personaje ridículo". Asegura, recordando su salida de Ciudadanos, que "tiene la conciencia muy tranquila" porque con Sánchez "no se podía pactar nada".

Por último, el escritor confiesa su pesimismo respecto al futuro de Cataluña y cuenta como "algunos decisores muy importantes en España decidieron que había que exterminar a Ciudadanos". "Nos llegamos a poner a 80.000 votos del Partido Popular diciéndole a la gente la verdad de lo que era Sánchez y su banda. Nos castigaron enormemente por ser coherentes". Sin duda el análisis de esos meses está por hacer.


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