AGLI Recortes de Prensa   Lunes 14  Septiembre  2020

Por qué no se pueden apoyar los presupuestos de Sánchez
José María Rotellar. Libertad Digital 14 Septiembre 2020

El Gobierno puso en marcha la orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que es el inicio de un largo proceso para elaborar la ley más importante que hay cada año y que con Sánchez no ha salido adelante nunca, bien porque no la ha presentado, bien porque el único ejercicio que lo presentó se la devolvieron tras ser aprobada la enmienda a la totalidad presentada.

En estos momentos, Sánchez pide apoyo para sacar adelante los presupuestos; en su desesperación, ha llegado a decir que sin presupuestos no llegará el importe del fondo no reembolsable de la Unión Europea, lo cual no es verdad y ha sido desmentido por la propia UE. Ahora que el Gobierno empieza la elaboración para tratar de presentarlos, insiste en trazar un itinerario presupuestario de expansión del gasto y una gran subida de impuestos. Ambos elementos, perjudicarán más todavía a la economía española, porque la endeudará más por el incremento de gasto y hará que su actividad económica caiga más -y con ello el empleo y la recaudación- debido al incremento de impuestos. Sin embargo, lo que quiere Sánchez es un cheque en blanco para que se apliquen estas políticas, que no son las que necesita España.

Sánchez repite, una y otra vez, que hay que reforzar los servicios públicos, con lo que quiere decir que hay que incrementar las dotaciones presupuestarias de los mismos, que elevará el gasto exponencialmente. Precisamente, la manera más rápida de debilitar dichos servicios públicos es hacer un presupuesto de gasto tremendamente expansivo, porque hará insostenible la deuda por los elevados niveles de déficit que acumulará y más pronto que tarde eso le llevará a tener que hacer fuertes recortes, tal y como le sucedió a Zapatero en mayo de 2019, tras haber dilapidado 13.000 millones de euros en sus dos planes E. Su propuesta de destino de los fondos procedentes de la UE asusta en el sentido de que parece más un nuevo plan E, ya comentado antes, que una iniciativa viable para emplearla de manera productiva, que, además, aumentará el gasto estructural para futuros ejercicios, cuando ya no haya fondos europeos.

Una idea de por dónde va a ir ese incremento de gasto en los presupuestos de Sánchez nos la da la actualización del programa de estabilidad, donde el gasto público se eleva en 54.765 millones de euros, pasando de 521.649 millones en 2019 a 576.714 millones en 2020.

Mientras, los ingresos se hundirán en 25.711 millones de euros, según dicho documento, pero probablemente lo harán más por dos motivos: la economía caerá más de lo previsto en dicho informe y, además, la subida de impuestos la perjudicará adicionalmente.

Esa subida de impuestos prevista no es otra que la que ya recogían en su fallido proyecto de presupuestos, que les fue devuelto en febrero de 2019. No sólo piensan aumentar el IRPF en varios puntos, que desincentivará a los trabajadores, especialmente a la parte de los mismos que más sostiene la recaudación, sino que, además, impondrá un tipo mínimo del 15% en el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, por no hablar de la tasa para transacciones financieras, que perjudicará a la financiación en los mercados, o las ya anteriormente anunciadas tasas digitales. Como última perla de subida impositiva nos encontraremos con un mayor gravamen a las SOCIMIS en la parte de beneficio no repartido, que dificultará la existencia de este tipo de sociedades, de manera que el mercado inmobiliario puede perder parte de su dinamismo, con las consecuencias en cascada que tendría sobre toda la economía.

Además, todas estas subidas no conseguirán incrementar la recaudación. Así, también la Comisión Europea ya puso en duda que vaya a conseguir los efectos recaudatorios que persigue, dudando, por tanto, de que vaya a paliar ni siquiera en parte el desfase presupuestario por mayor incremento de gasto. Lo que sucederá en el medio plazo es que la actividad y el empleo caerán y, con ellos, la recaudación, aumentando déficit y deuda.

De esa manera, la sostenibilidad de las cuentas públicas comienza a ser una preocupación cada vez más intensa dentro del análisis económico nacional, no sólo por el tremendo incremento de déficit que se producirá este ejercicio, sino porque se alcanza sobre la base de una subida desmedida del gasto, al tiempo que la economía se contraerá, y lo hará tanto más como perjudiciales sean las medidas adoptadas, como una subida de impuestos.

En este sentido, Sánchez no deja de repetir que la subida de impuestos será una política que aplicará -él lo llama justicia fiscal- porque el gasto debe ser incrementado, todo lo contrario de lo que recomiendan todas las instituciones, empezando por el Banco de España, la Comisión Europea o la AIReF.

En este sentido, ¿qué pretende hacer el Gobierno con el gasto? Subirlo exponencialmente. De hecho, si repasamos las cifras que envió a Bruselas, podemos observar con preocupación que el gasto público se eleva en 54.765 millones de euros, pasando de 521.649 millones en 2019 a 576.714 millones en 2020.

Eso hace que el peso del gasto público supere el 50% del tamaño de la economía nacional, al llegar al 51,54% sobre el PIB en 2020, casi diez puntos más que en 2019, donde representaba -y ya era un peso muy elevado- el 41,92% del PIB.

De hecho, esta estimación de incremento del gasto del Gobierno puede ser relativamente optimista y seguramente se quedará corta, como ya han señalado algunos organismos, como la Unión Europea, que desde hace tiempo considera que las estimaciones de gastos e ingresos del Ejecutivo español tienden al optimismo, aun incluso dentro de la gravedad que suponen unas cifras como éstas.

Este elemento es tanto más preocupante cuando ya en 2019 -año no afectado por las consecuencias del coronavirus- se aceleraba el gasto con las medidas que el Gobierno de Sánchez fue adoptado. Recordemos que en los reales decretos de los viernes previos a las elecciones de abril, acordó medidas por importe de gastos estructural de casi 10.000 millones de euros. Eso hace que con ser importante el incremento de impuestos y muy elevado el nivel de impuestos pagados, el gasto creciese casi un punto más que los ingresos en 2019.

Esa diferencia en la evolución entre ingresos y gastos se agrava en lo previsto por el propio Gobierno para este año, ya que considera que el gasto aumentará en los 54.765 millones de euros ya citados anteriormente mientras los ingresos caerán en 25.711 millones de euros.

Esto dificulta más la sostenibilidad de las cuentas públicas, pues el propio Gobierno prevé, y vuelve a ser optimista, que el déficit será del 10,34% del PIB y la deuda alcanzará el 115,5% del PIB, cifra casi alcanzada en junio, con un 115,22% del PIB. La mayoría de instituciones considera que el déficit podrá ser cercano al 15% y que por el efecto de caída del PIB, que estiman que estará por encima del 9,2% previsto por el Gobierno, el efecto en deuda puede elevar a ésta entre tres y diez puntos sobre lo previsto por el Ejecutivo, dependiendo de la intensidad final del incremento del déficit y de la caída del PIB.

Hay que reducir gasto
Pues bien, ante este desequilibrio la solución no puede ser la que propone el Gobierno, que siempre insiste en más y más gasto, al tiempo que quiere incrementar el nivel de carga impositiva hasta niveles que podrían llegar a ser confiscatorios. Es un error.

España no necesita más gasto, sino gestionar de manera eficiente el que tiene e incluso reducir el que no sirve de nada, para así, precisamente, mantener el grueso de los servicios esenciales. El problema sanitario no ha sido por falta de gasto, sino por mala gestión al no anticiparse con medidas tempranas que hubiesen evitado el colapso de la sanidad y que habría permitido no tener que adoptar medidas económicas tan duras como las que hemos sufrido. Y España no necesita más impuestos, sino mantenerlos sin subir y bajarlos en cuanto sea posible; es más, el de Sociedades debería bajarlo de inmediato para atraer inversiones con las que generar actividad, empleo y, con ello, recaudación.

No puede ser que siempre que hay un problema económico el Gobierno mire sólo hacia el lado de los ingresos. El Ejecutivo, y toda la sociedad, debería mirar hacia el lado del gasto y preguntarse si podemos permitirnos el nivel de gasto que tenemos. Toda familia, empresa y persona hace eso en su día a día; por tanto, como sociedad debemos hacernos la misma pregunta, extensible principalmente a quien administra los recursos públicos, que es la Administración. Es obvio que estamos en unos niveles de gasto que no podemos sufragar. Eso no quiere decir que haya que perder el grueso de actuaciones de gasto, sino que hay que circunscribirlas a las que son más necesarias, con una gestión eficiente que permita aprovechar mejor los recursos. A la sociedad le debe quedar claro que ese “gasto, gasto y gasto” se traduce por “impuestos, impuestos e impuestos”, y que, además de ser confiscatoria, una subida de impuestos empobrecería a ciudadanos y empresas, sin conseguir, además, su objetivo recaudatorio.

Por ello, para poder garantizar el equilibrio de las cuentas públicas e ir disminuyendo la enorme deuda que va a haber a finales de este ejercicio (entre el 115% y 125% del Producto Interior Bruto, dependiendo de la evolución final tanto del PIB como del déficit) hay que reducir gasto. Si no se hace así, la recuperación será muy lenta y el drama social será muy intenso en forma de pérdida de puestos de trabajo.

Por eso, unos presupuestos así no se pueden apoyar. Lo que España necesita son unos buenos presupuestos ortodoxos, de ajuste de gasto público, reducción del impuesto de sociedades para atraer inversiones y eliminación de trabas en forma de reformas. Ese tipo de presupuestos son los que se podrían aprobar y no el cheque en blanco que pide Sánchez, que sólo sería perjudicial para la economía española y el mercado laboral.

Seis meses de Estado de Alarma: el peor Gobierno en el peor momento imaginable
ESdiario 14 Septiembre 2020

La pandemia está siendo global, pero sus efectos dependen de la gestión de cada Gobierno. El de España ha agrandado los estragos con su negligencia, retrasos e irresponsabilidad.

Este lunes se cumplen seis meses desde que Pedro Sánchez declarara el Estado de Alarma más radical y prolongado del mundo, lo que no evitó que España fuera el país más golpeado por la pandemia en marzo y que vuelva a serlo en septiembre.

Ese contraste entre la intensidad del confinamiento y las deplorables consecuencias sanitarias y económicas anula de un plumazo el principal argumento del Gobierno, que o bien niega la realidad o bien presume de haber sido de los primeros en adoptar medidas y el que más intensas las adoptó.

La realidad es mucho más simple: el Estado de Alarma no fue la medida preventiva que debió ponerse en marcha, con otra formula menos invasiva, a finales de febrero o principios de marzo, cuando las alertas internacionales y los ejemplos externos como el de Italia ya eran nítidos. Si no la inevitable respuesta restrictiva a la falta de reacción previa para frenar el contagio masivo que esa inacción provocó.

Aunque el Gobierno también se empeña en falsear los estragos, hasta el punto de borrar de la estadística incluso a 22.000 fallecidos; seis meses después del comienzo de todo el balance no puede ser más desolador ni la gestión de Sánchez más penosa y negligente.

España es récord mundial de muertos y de contagios, porque nunca ha dejado de serlo; y nadie ha destruido tanto su economía, su PIB y su mercado laboral en toda Europa. Al mismo desafío sanitario, que efectivamente es global, le han correspondido efectos distintos en función de la pericia, la anticipación y el acierto de cada Gobierno nacional.

Las pruebas de que el Gobierno conoció e ignoró las alarmas por coronavirus

Y el español ha estado más ocupado en tapar sus inaceptables errores y en aprovechar la pandemia para imponer su agenda política que en mitigar los efectos y no hacerlos infinitamente más dolorosos que los del resto de países.

De no ser por el abrumador respaldo que Sánchez tiene en el panorama mediático español, capaz de incendiar las calles por un caso de Ébola y de anestesiarlas pese a las muertes en masa y la ruina incipiente, su Gobierno estaría al borde de la dimisión, del banquillo y de las urnas.

La historia le juzgará, como lo hace la prensa internacional con la severidad que merece su gestión, pero mientras habrá que padecerlo. Y tal vez durante bastantes años.

La costumbre de mentir
El Gobierno se ha vuelto negacionista: no reconoce más víctimas que las que proclaman sus estadísticas ficticias
Ignacio Camacho ABC 14 Septiembre 2020

Durante el Estado de alarma, cuando estaba encantado con su papel de comandante en jefe y antes de descubrir que la «co-gobernanza» autonómica era el escudo perfecto para parapetarse contra el fracaso, Sánchez trató de impostar en sus cansinas charlas televisadas un perfil de liderazgo churchilliano. Los amanuenses de sus discursos le copiaban manidas arengas bélicas del premier inglés ignorando lo que sabe cualquier escritor aficionado: que el primero que comparó a una mujer con una rosa era un poeta y el segundo un vulgar imitador, un mediocre gregario. En un aspecto, sin embargo, ha terminado nuestro presidente pareciéndose a su postizo modelo británico: en que sólo se fía, como explicaba con socarronería el viejo Winston, de las estadísticas que él mismo había manipulado.

Así, por algún extraño motivo que sólo puede deberse a la obsesión cabalística por el impacto psicológico o simbólico de las cifras, el Gobierno lleva meses encastillado en una contabilidad ficticia que mantiene el balance letal del coronavirus por debajo de las treinta mil víctimas. Ha llegado la segunda ola, con su dramática secuela de varias decenas de fallecimientos cada día, y el inventario oficial de muertes por Covid y causas asociadas apenas registra una subida imperceptible, mínima. El Ministerio de Sanidad truca los números con artes de prestidigitación política y, ante las evidencias tercamente negativas de otros veinticuatro mil difuntos computados por organismos públicos de solvencia reconocida, se excusa en el confuso magma competencial e informativo de las autonomías. El gabinete de propaganda monclovita ha decidido instalarse en la lógica del Humpty Dumpty de «Alicia en el país de las maravillas»: no hay otra realidad que la que proclaman sus consignas. A despecho de toda verificación objetiva, el Ejecutivo trata de imponer una verdad paralela que se parece demasiado a la doctrina negacionista.

Lo absurdo de esta obstinación es que resulta innecesaria porque a efectos electorales, los únicos que le preocupan, la pandemia no lo desgasta. En las encuestas sigue conservando ventaja pese a que la opinión ciudadana suspende con rotundidad su gestión de la crisis sanitaria. Las razones predominantes de la decisión de voto continúan siendo ideológicas, sectarias, emocionales o hasta biográficas. Es la pura y simple costumbre de mentir, el apego al engaño como práctica rutinaria, lo que motiva este empeño en aferrarse a datos maquillados, a comparaciones autocomplacientes y a estimaciones falsas. El arraigo de un concepto político basado en la desinformación, en la patraña, en el simulacro, en la construcción de ficciones publicitarias. La sensación de impunidad -y de poder- que proporciona la certeza pragmática de que en la España de los bloques bipolares se pueden borrar miles de muertos del mapa sin que suceda absolutamente nada.

El Gobierno como el perro del hortelano
Editorial El Mundo 14 Septiembre 2020

Después de que Pedro Sánchez declarase eufórico a finales de junio que se había logrado vencer a la pandemia, el Gobierno no solo se desentendió de su labor de coordinación con las CCAA de las nuevas medidas preventivas para evitar que en la esperada segunda ola de contagios ocurriese lo mismo que en los fatídicos meses de marzo y abril, cuando una tardía reacción del ministerio de Sanidad provocó más muertes de las inevitables. Hizo algo más. Como en El perro del hortelano, la conocida obra de Lope de Vega, el Gobierno renunció a liderar la gestión en la lucha contra la Covid-19, pero en lugar de facilitar la tarea a las comunidades autónomas parece empeñado en entorpecerla.

Tal y como publicamos hoy, el ministerio de Sanidad ha destinado a su «reserva estratégica» la mayor parte del material sanitario que fue comprando durante meses, en lugar de repartirlo a las consejerías de Salud de cada comunidad. Se estima que solo ha distribuido el 24% de los EPIs comprados y el 18% de los más de 800 millones de mascarillas adquiridas, materiales por los que en algunas ocasiones ha pagado comisiones superiores a un 3%. Las condiciones en las que se hicieron muchas de esas compras continúan siendo opacas, por la negativa del ministro Illa a dar detalles de las mismas, pero lo cierto es que en los hospitales y centros de salud de toda España sigue habiendo necesidad de guantes, mascarillas, gafas de protección, batas desechables, solución hidroalcohólica, kits de PCR o dispositivos de ventilación mecánica, encargados cuando el Ministerio de Sanidad asumió las competencias exclusivas de compras. Es cierto que una parte del material contratado aún no ha llegado, pero es lógico que las CCAA reclamen al Gobierno explicaciones convincentes de por qué no se les dan los medios que necesitan. Si ya es grave que el Gobierno haya pasado de la negligencia en la gestión a la pasividad, más aún lo es que no facilite a las CCAA que puedan realizar eficazmente su trabajo.

A Casado le crecen los enanos
Luis Herrero Libertad Digital 14 Septiembre 2020

A Pablo Casado le crecen los enanos. Al ninguneo del Gobierno, empeñado con éxito en la tarea de restarle visibilidad, se le unió después el desgaste provocado por la ejecución de Cayetana Álvarez de Toledo, emblema de renovación que soliviantaba a la vieja guardia. Ahora es justamente ese viejo partido, todo él, el sorayista y el cospedalista, la terrible bifurcación que partió el marianismo en dos, quien se pone en pie de guerra ante el amago del presidente del PP de romper con el pasado para sofocar el incendio de la Operación Kitchen. Así que ahí está, miradlo, tratando de sobrevivir en medio de una balacera de fuego cruzado, sin saber muy bien —si lo sabe, lo disimula— qué debe hacer para salir de la emboscada.

A la política de voladura de puentes de Sánchez, empeñado en presentar al PP como un apéndice de Vox sin más interés que el de debilitar al Gobierno a toda costa, Casado respondió con una política de brazos cruzados que aún daba más pábulo a la campaña monclovita. El principal partido de la Oposición, en efecto, parecía haber apostado por la estrategia de avanzar electoralmente no por méritos propios, sino deméritos de su adversario. Lo único que parecía interesarle es que el PSOE se fuera cociendo en su propia salsa y que el deterioro de la situación general, económica y sanitaria, le permitiera mostrarse como alternativa al desastre que se nos viene encima. Un curioso caso de estrategias concurrentes: lo que Sánchez cree que es bueno para él (aislar al PP), Casado cree que es bueno para sí mismo (no acercarse al PSOE).

Hemos llegado a un punto en el que es difícil saber si el PP no arrima el hombro porque no quiere, como dicen en Moncloa, o porque no le dejan, como dicen en Génova. Si la cosa sigue así, al final los ciudadanos tendrán que elegir entre un Gobierno que ha llevado al país al borde del abismo, y todavía más allá, y un partido que no ha hecho gran cosa por evitarlo. El mismo ahínco que ponen los miembros del Consejo de Ministros en culpar a Casado de todos los males que asolan al país, lo ponen los dirigentes populares en denunciar el desprecio y el ninguneo al que les somete la aguja de marear de Iván Redondo. ¿Quién tiene más que perder en ese juego de apariencias? La respuesta me parece sencilla: quien menos cobertura mediática tenga para hacer que prevalezca la suya. Verde y con asas.

Creo que la primera persona que lo vio claro en el PP fue Cayetana Álvarez de Toledo. A medida que pasa el tiempo y se puede analizar con perspectiva el episodio de su defenestración queda más claro que el motivo principal que le costó la portavocía fue su empeño en solicitar un Gobierno de concentración constitucionalista capaz de encarar las reformas que España necesita. ¿Ayuntamiento PP-PSOE? ¿Los dos en la misma barca? ¿Casado vicepresidente de Sánchez? Solo de pensarlo a los dirigentes de Génova se le ponían los pelos como escarpias. Vade retro, Satanás. Fue por eso que la cabeza de la diablesa rodó de fulminante tajada. Y con ella, no solo el susurro de un Gobierno a pachas, sino también el símbolo de un partido realmente nuevo, capaz de mirar a los albaceas del viejo sin complejos.

El precio de la decapitación de Cayetana aún está por determinar. No son pocos quienes han visto caer en el mismo patíbulo las últimas esperanzas de regeneración ideológica que tenían. La ex portavoz era la imagen de marca de una batalla cultural empeñada en sacar al PP del tancredismo tecnócrata en que lo había sumido Rajoy. Al precipitar su caída, Casado abrió un frente nuevo, menos peligroso que el que él columbraba si seguía defendiéndola. La decapitó para tranquilizar a la vieja guardia, sin sospechar que pocas semanas después la Operación Kitchen iban a volver a ponerla de los nervios. Ahora, los barones del antiguo régimen ya no se encabritan con Casado por proteger a Cayetana, sino por haber amagado con arrancarse el marianismo de la piel, por mucho que duela, para salvarse de la quema que se avecina.

Los datos son estremecedores. Mientras Rajoy presumía de haber presentado el mayor paquete legislativo contra la corrupción y de permitir que las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y los jueces actuaran con libertad, su ministro del Interior estaba financiando con fondos reservados una operación policial, urdida en las cloacas de Villarejo, para impedir que las pruebas que guardaba Luis Bárcenas en su casa sobre la caja B del partido llegara a manos de la Justicia. De momento está acreditada la participación de 14 agentes, a las órdenes de Eugenio Pino y García Castaño —los otros dos triunviros de la ciénaga policial— y el pago en sobornos de más de 50.000 euros. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía sostiene que Rajoy estaba al tanto de todo. Así las cosas, ¿qué debería hacer Pablo Casado?

Los mismos que clamaban por la defenestración de Cayetana piden ahora que el PP cierre filas con el ex presidente del Gobierno y el equipo que le rodeó durante los años de autos. ¿También les complacerá en esto? Si no querías arroz, Pablo, toma tres tazas.

Iglesias y sus compinches se quedaban al menos el 50% de cada pago de Venezuela y Ecuador a CEPS
Carlos Cuesta okdiario 14 Septiembre 2020

Pablo Iglesias no se contentó con figurar como “beneficiario” de los fondos que llegaban a la Fundación CEPS procedentes de las narcodictaduras, tal y como figura en la documentación que ya ha publicado OKDIARIO. El dinero que entraba en esa entidad pagado por Venezuela o Ecuador se repartía entre los responsables de cada trabajo realizado y de la propia Fundación: Iglesias fue miembro del Consejo Ejecutivo durante los años 2008 y 2009 y responsable de Investigación. Pero es que, además, durante el periodo de predominio de Iglesias, los 1,36 millones llegados de Venezuela y los 369.019 euros procedentes de Ecuador tuvieron un trato un tanto peculiar: de cada contrato más de la mitad del dinero pagado por las dictaduras no llegó a gastarse ni en viajes, ni en comidas, ni en ordenadores. Directamente fue apartado para que quedase limpio y el reparto entre Iglesias y su equipo fuese mayor.

La mitad del dinero, al menos, de la inmensa mayoría de los convenios y contratos firmados con Venezuela o Ecuador nunca se gastó, según las cuentas de la Fundación. Es decir, los países populistas pagaban para realizar trabajos, pero siempre sobraba dinero -mucho dinero- y nadie lo reclamaba. Y ese dinero se quedaba para ser repartido entre los “beneficiarios” de los fondos, tal y como destacan las cuentas de CEPS publicadas por este diario.

Así pasó, por ejemplo, en el Convenio firmado con la ‘Presidencia de la República de Ecuador’ para el “desplazamiento de varios especialistas con la finalidad de brindar apoyo técnico en materia socio-económica, jurídico-constitucional, de democracia y derechos humanos, de gobernabilidad y generación de gobernanza y de comunicación social”. El contrato se dotó -y figuran como ingresos en las cuentas de la Fundación en 2008- con “102.096,38 euros (150.000 dólares)”, según la anotación de la propia CEPS. Pero los gastos se limitaron a 30.948,28 euros ese mismo ejercicio.

Lo mismo pasó con el convenio firmado con Ecuador para el “apoyo técnico en material constitucional a la Asamblea Constituyente de Ecuador”: se pagó por parte de Ecuador un total de 84.000 euros, pero sólo se gastaron 43.467,65 euros.

Y con Venezuela la dinámica era la misma. Así, el convenio “de colaboración con el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela” sirvió para captar 190.000 euros, pero nunca figuraron como gastos de ese mismo año nada más que 55.361,78 euros. El resto quedó para los “beneficiarios”.

Las cuentas de CEPS
Podemos se enfrenta ya a una imputación por la creación de una ‘caja B’ y el uso irregular del dinero que llegaba al partido. Ahora, la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO aporta innumerable información sobre el inicio de esta historia: sobre la llegada de dinero desde dictaduras populistas a los líderes de la formación morada.

Los documentos que publica este diario reflejan el estado de cuentas de la Fundación CEPS a los largo de los años 2004 a 2013, es decir, los ejercicios previos a la creación oficial de Podemos. Los años en los que varias narcodictaduras financiaban a los impulsores del partido populista para que llegase a eclosionar y contagiase el sistema democrático español. Y en esos documentos figura ya de forma muy destacada el nombre del actual vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez. Pablo Iglesias aparece como responsable de la captación de 1,361 millones de euros del Gobierno de Venezuela entre los años 2008 y 2009, cuando él ocupaba un puesto clave en el Consejo Ejecutivo de la Fundación CEPS. Y de otros 369.019 euros procedentes de Ecuador.

Las cuentas de la Fundación recogen de forma pormenorizada todos los contratos cerrados con la narcodictadura chavista y con Ecuador. Contratos o convenios como el firmado para la “Colaboración con el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela”, por valor de “198.000 euros”; o el “Convenio de Colaboración con el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) de la República Bolivariana de Venezuela”, por valor de “189.080,40 euros”; o el alcanzado con el “Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social”, por valor de “32.400 euros”; o el “Convenio de Colaboración con la Compañía Anónima Venezolana de Televisión (CANTV)”, por importe de “48.000 euros”.

Todos ellos se cerraban bajo impulso directo de los mandatarios populistas con el propósito de apadrinar a los futuros impulsores de Podemos. Y entre los años 2008 y 2009 figuraba en la cúspide de la Fundación CEPS, tal y como recoge su propia documentación, Pablo Iglesias Turrión. Lo hacía, además, con un cargo que le convertía en figura imprescindible en la inmensa mayoría de los trabajos: Responsable de Investigación. Y la mayoría de los convenios incluían una parte de supuesta investigación.

Fallece Severo Bueno, el abogado del Estado en Cataluña que denunció la inmersión lingüística y el golpe de Estado
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 14 Septiembre 2020

Instó a que se investigara a un grupo de votantes del 1-O por desobediencia, resistencia a la autoridad y desórdenes públicos.

El jefe de la abogacía del Estado en Cataluña, Severo Bueno, ha fallecido este domingo a los 53 años. Sufría esclerosis lateral amiotrófica. Severo Bueno ocupaba el cargo desde mayo de 2016 y se distinguió por las denuncias contra la inmersión lingüística y contra el golpe de Estado separatista.

Bueno denunció en 2009 a la Generalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la inmersión lingüística, un caso personal para que su hija no fuera sometida al procedimiento y que ganó. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia. En el plano público, Bueno se distinguió por su compromiso en defensa de la legalidad en Cataluña.

En marzo del año pasado instó a la investigación de un grupo de 36 personas que habían denunciado a la Policía Nacional por supuestas agresiones durante el referéndum ilegal del 1-O. Bueno presentó recurso ante la Audiencia Provincial en el que se razonaba que los presuntos heridos podrían haber incurrido en los delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad y desórdenes públicos.

La Asociación Profesional de la Magistratura ha informado del deceso y mostrado sus condolencias en Twitter. Su cuenta se ha llenado de comentarios independentistas celebrando el fallecimiento.

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La amenaza separatista, más viva que nunca
EDITORIAL Libertad Digital 14 Septiembre 2020

Todas las encuestas electorales coinciden en aventurar que el separatismo superará por primera vez la barrera del 50% de los votos en los próximos comicios autonómicos catalanes. Por un lado enflaquece el apoyo a la independencia, pero por otro aumenta la cuota electoral independentista. Los partidos que enarbolan la bandera de la secesión no ocultan que si obtienen más de la mitad de los votos volverán a la carga para derribar al Estado en Cataluña. El pasado viernes, con ocasión de la fiesta regional del Principado, las organizaciones separatistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium les pedían un nuevo embate.

La aguda crisis entre las formaciones encabezadas por el prófugo Carles Puigdemont y el preso Oriol Junqueras, Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, la dispersión de las facciones posconvergentes, la fatiga de las bases independentistas y la mayúscula incompetencia del Gobierno regional, presidido por Quim Torra, son algunas de las razones que explican el vagar mortecino del separatismo, su actual falta de fuelle y pulso callejero. El independentismo está en un trance de pausa, a la espera de que mejoren las condiciones objetivas para atentar de nuevo contra la democracia y al menos la mitad de la población de Cataluña.

Personajes como Torra, que esta semana promete visitar Madrid para montar un show a las puertas del Tribunal Supremo, que el jueves decidirá sobre el recurso de su defensa por la sentencia que le inhabilita por desobediencia, mantienen el motor del separatismo al ralentí y acumulan supuestos agravios para la próxima fase del proceso. Entre tanto, el Gobierno Sánchez trata de hacer todo lo posible por mantener vivo el separatismo, por llevarle en volandas hacia esa próxima fase. De ahí la mesa de diálogo que a toda costa quiere celebrar Pedro Sánchez a pesar de los insultos y desprecios de Puigdemont, Torra y Junqueras; de ahí las deliberaciones en el Ejecutivo sobre el indulto a los golpistas que este domingo confesaba Pablo Iglesias en La Vanguardia; de ahí también que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no tenga empacho en confirmar la reforma de los delitos de sedición y rebelión que prometía Sánchez el pasado lunes, la puerta por la que la próxima intentona separatista no tendrá réplica judicial.

La situación no ha hecho más que empeorar desde octubre de 2017. Se refutará que muchos de los golpistas están en la cárcel y que media docena de ellos huyeron de España, pero las principales instituciones catalanas están en manos de sus partidos y el Gobierno depende de formaciones como Bildu y ERC sin que eso parezca un problema para Sánchez, sino todo lo contrario.

Una de las principales tareas del Gobierno ha sido la de desmovilizar al electorado constitucionalista, desactivar las organizaciones de las que se había dotado parte de la sociedad civil catalana para hacer frente al separatismo, desalentar el asociacionismo y desandar lo que se había conseguido en manifestaciones como la del 8 de octubre de 2017, cuando un millón de personas salió a las calles de Barcelona para parar el golpe de Estado alentados por el discurso del Rey del 3 del mismo mes.

Ahora no hay ningún plan contra el separatismo. Ciudadanos, que ganó las pasadas autonómicas, puede quedar reducido a la insignificancia en la que ya se encuentra el PP, y la posible irrupción de Vox en la Cámara catalana no tendrá ningún reflejo en el equilibrio de fuerzas. Que el separatismo no haya tenido una presencia significativa en la calle este último 11 de Septiembre no significa que haya dejado de ser un peligro, tal como pretenden hacer creer a la sociedad Sánchez e Iglesias y como pudiera desprenderse de la pasividad de Pablo Casado e Inés Arrimadas. La división de los separatistas es un hecho tan contrastado como que a la más mínima oportunidad volverán a unirse en el objetivo de derrotar al Estado, y todo apunta en estos momentos a que será con el consentimiento e incluso la complicidad del propio Estado.

Doble rasero: tiempo de mafias
Pedro de Tena Libertad Digital 14 Septiembre 2020

Será doble, pero reduce el cerebro del incauto demócrata a la mitad o a menos. Rasar, esa operación que consiste en medir con idéntico afán y procedimiento cualquier grupo de cosas y hechos, también puede significar, no se olvide, arrasar. Y así es. El doble rasero es un modo de arrasar la inteligencia, la sensibilidad y la voluntad de un demócrata. Se trata de medir un mismo comportamiento con balanzas distintas.

Pongamos un ejemplo: expresar condolencia ante la muerte de un etarra con vocación de asesino, pero manifestar indolencia ante las muertes de sus víctimas. Las muertes son iguales para todos. Doble rasero: las de ETA se lamentan, las de sus víctimas se silencian, un modo miserable de despreciarlas y desmerecerlas. Se habla de los derechos humanos de los presos etarras, pero de los de sus víctimas asesinadas ni palabra. Y así en todo, hasta en el feminismo, la homosexualidad, lo que sea. Aquí, en la infame España, causas sublimes. Pero de lo que se hizo en Cuba o se hace en Irán, ni palabra.

La aplicación del doble rasero en política es el síntoma inequívoco del sectarismo y el deseo de exterminio del adversario por el medio que sea. Se trata de que en una sociedad, pongamos por caso la española y constitucional, no haya valores ni criterios firmes aplicables a todos por igual. Se trata de mirar a través del cristal conveniente, no para ver realidades sino para ser infectados por una realidad ya interpretada. Dicho más directamente, se trata de arremeter contra la igualdad ante la ley y la decencia ante la inteligencia y la verdad. Se trata del método más eficaz para acabar con la democracia. Parafraseando, sin deformarlo, a Federico Jiménez Losantos, a la izquierda se le perdona lo que se reprocha a todos los demás.

Véase el caso actual de Podemos y su enjuiciamiento como partido con escándalos de todo tipo, machismos insoportables y financiaciones irregulares. Pero no. Nada de investigación parlamentaria. Ese espectáculo político-mediático se reserva sólo para el PP, que es un partido perverso e inmoral de por sí mientras que Podemos y su cúpula son proyectados como víctimas de conspiraciones. Eso de que quien la hace la paga no vale para todos. O Vox, que es calificado de partido extremista aunque los que golpean a sus militantes son izquierdistas. O naciones sólo hay dos, Cataluña y País Vasco, porque España no es más que un invento opresor, diga lo que diga la historia. Es más, defender la nación catalana o la vasca es democrático, pero defender la española es reaccionario y dictatorial.

Ignacio Gómez de Liaño escribió que “el doble rasero es para el niño, y debería serlo también para el adulto, la imagen viva de la injusticia y la irracionalidad”, añadiendo que es un comportamiento frecuente en los nacionalismos y los izquierdismos, tipos ambos de un narcisismo intelectual y moral sencillamente ridículos.

La democracia es igualdad ante la ley y ante el futuro mediante el voto individual, en la suposición de que los ciudadanos tienen acceso a la verdad rasada, no arrasada, de las cosas. ¿Es posible un voto libre donde triunfa el doble rasero sobre el examen racional y equilibrado de los hechos?

Un asesinato debe ser un asesinato, lo perpetre quien lo perpetre. Pero no, hay asesinos buenos que mataron por causas nobles, los etarras por ejemplo, y asesinos malos que mataron por maldad. Sobre todo, Franco, claro y cómo no, que dio un golpe de Estado en 1936, dos años después del silenciado golpe de Estado socialcomunista y nacionalista de 1934. La II República murió porque sus pocos demócratas no pudieron impedir el insoportable hedor del doble rasero.

Ese doble rasero, repicado hoy en escuelas, universidades, prensa, TV, redes sociales y demás medios de influencia es un crimen intencionado contra la democracia. La mata por confusión. La mata por perversión. La mata por desmoralización. No se sabe qué es moral y qué no. Mejor dicho, sólo es moral lo que dicen y hacen los nuestros. No hay nada objetivo y común.

Vivimos, pues, tiempos de mafias, de sectas, de tribus, de señores feudales ideológicos. Y tales entes son incompatibles con el desarrollo democrático de una nación y un Estado de Derecho, que es lo que se quiere, claro.
 


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