AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 16  Septiembre  2020

No es memoria democrática: es frentismo y demolición de la España del 78
ESdiario 16 Septiembre 2020

Con un país hundido por el coronavirus y la ruina, el Gobierno pone el acento en resucitar el guerracivilismo y en enterrar la reconciliación que sellaron los protagonistas de la Guerra.

El Gobierno aprobó este martes el anteproyecto de su nueva Ley de “Memoria democrática”, una herramienta ideológica destinada a enterrar uno de los grandes hitos de la sociedad española reciente: la reconciliación.

Que la impulsaron quienes de verdad sufrieron la Guerra Civil. Y ahora vienen sus nietos a decirles a sus abuelos que lo hicieron mal, despreciando el esfuerzo que hicieron, generoso y conmovedor, para que vivamos en paz y en democracia.

La nueva ley pretende implantar en las escuelas una nueva asignatura de “formación del espíritu”, como se llamaba en tiempos de Franco, para que todos los niños de España se críen en el rencor, con el ejemplo de Cataluña para evidenciar los estragos que genera transformar la educación en una herramienta ideológica.

Porque si se tratara solo de restituir a las víctimas, nadie lo discutirá: ni las de la Guerra, ni las de Franco, ni las del Frente Popular, ni las de ETA, ni las del COVID. Los muertos ya no tienen bando, y devolverles su dignidad es una obligación moral en la que cabemos todos.

Pero no es ése el objetivo. Ésa es la excusa. Se trata, sin más, de desenterrar el lenguaje guerracivilista para imponer en la sociedad un sentimiento de revancha que facilite la movilización a través del enfrentamiento. Se trata de recuperar una España de bandos y de procurar que el propio sea más grande, aunque sea a costa de olvidar y maltratar al otro.

Y se trata, sobre todo, de desmontar la España del 78 para facilitar una hoja de ruta que incluye la degradación de la Corona y la fragmentación territorial del país, dos objetivos que por distintas razones mueven a los distintos partidos que sustentan al Gobierno y permitieron la investidura, por dos veces, de Pedro Sánchez.

Las nuevas leyes frentistas de Sánchez: LGTBI, feminismo y desclasificar el 23-F

La Transición ya fue el antídoto, el calmante y la costura de unos traumas profundos que España cerró de la única manera viable: desde el perdón recíproco y la apuesta por construir un espacio de convivencia para todos.

Y ahora viene Sánchez, el mismo que no reconoce a 22.000 muertos del coronavirus de ahora, a utilizar los muertos de entonces para enterrar la concordia y borrar la memoria democrática reciente, la última barrera de un plan de redefinición nacional sustentado en la revancha, la ruptura y el frentismo. Lamentable siempre. Pero especialmente en un momento en el que a la abrumadoría mayoría solo le preocupa sobrevivir a la epidemia y a la ruina que ha provocado.

La Ley de Memoria Democrática convertirá tu opinión en delito
Liberal Enfurruñada okdiario 16 Septiembre 2020

La semana pasada una ministra de Pedro Sánchez dijo en el Congreso de los Diputados que quienes pensamos que la violencia no tiene género estamos, directamente, «fuera de la ley». Fue Irene Montero, la antigua cajera de supermercado que gracias a concebir los hijos de Pablo Iglesias ha llegado a ministra de Igualdad, quien dijo, en respuesta a la diputada de VOX Mireia Borràs, que le había preguntado por su utilidad, que «este ministerio sirve para que todos españoles, y particularmente todas las españolas, especialmente en los momentos más difíciles, sepan que los que piensan como ustedes y dicen que la violencia no tiene género están simplemente fuera de la ley». Y ni Pedro Sánchez, ni la presidenta del Congreso la llamaron al orden. Nadie del Gobierno ha corregido tamaña barbaridad, todos callan haciendo suya esa afirmación de que con este Gobierno socialcomunista opinar distinto a ellos va a ser delito, mientras la extrema izquierda aplaude el liberticidio.

Hoy mismo el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que va un paso más allá de la nefasta Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por Zapatero y mantenida por la mayoría absoluta del Partido Popular. Se pretende ahora establecer el delito de apología del franquismo prohibiendo las actividades de exaltación y enaltecimiento del franquismo que realizan entidades como la Fundación Franco, que sería ilegalizada si no modifica sus estatutos o cambia su domicilio fuera de España. «No va a poder haber ninguna fundación pública o con presupuesto público que pueda enaltecer, promover o promocionar ideas totalitarias, contrarias a la memoria democrática que nos ha traído hasta aquí», anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Por el contrario, seguirá estando permitida la apología del comunismo, se podrán seguir promoviendo sus ideas totalitarias y contrarias a la democracia. Incluso los grandes criminales socialistas y comunistas españoles, como Santiago Carrillo, Largo Caballero, Indalecio Prieto, la Pasionaria, etc., podrán seguir siendo homenajeados impunemente.

La extrema izquierda española, en la que hay que incluir a este nuevo PSOE de Pedro Sánchez, se enfurece rabiosa cada vez que en los juzgados españoles se produce una condena por apología del terrorismo, pero aplaude entusiasmada ante la posibilidad de que se apruebe este nuevo delito de opinión. No se va a prohibir ahora la incitación a cometer delitos, ni las amenazas o coacciones, que ya están prohibidas, se va a prohibir, por ejemplo, opinar que tuvimos suerte de que Franco ganara la guerra porque así logró que no se instaurara en España la dictadura comunista que perseguía el Frente Popular. Va a estar penado decir que el estallido de la Guerra Civil estuvo provocado por los muchos crímenes, asesinatos y violaciones llevadas a cabo por la izquierda en los años anteriores al 18 de julio de 1936. Nos van a perseguir por denunciar que fue Luis Cuenca Estevas (PSOE), guardaespaldas de Indalecio Prieto (PSOE), el que en la madrugada del día 13 de julio de 1936 asesinó a Calvo Sotelo, que había sido públicamente amenazado de muerte en el Congreso de los Diputados unos días antes por el diputado Ángel Galarza (PSOE) y por la Pasionaria, y que este asesinato del líder de la oposición fue la chispa que provocó el alzamiento en armas de la media España que no quiso seguir dejándose asesinar por la otra media.

Prohibir y castigar al que opina diferente es algo que veíamos muy lejos de nosotros, en la dictadura cubana y en la tiranía venezolana, pero ya lo tenemos aquí en España. Este nuevo proyecto de Ley de Memoria Democrática llega camuflado en medio de unos informativos que sólo se dedican a contar nuevos casos del Covid-19, cuántas aulas de cuántos colegios ha habido que cerrar hoy, y cuántos jóvenes estuvieron anoche sin mascarilla haciendo botellón. Irene Montero y Carmen Calvo dictaminarán de forma definitiva que los de derechas fueron siempre muy malos y jamás hicieron nada bueno y que los de izquierdas siempre fueron muy buenos y nunca hicieron nada malo. La extrema izquierda va a decidir lo que es verdad histórica y toda opinión que discrepe de ellos se va a convertir en delito. Tu opinión va a ser delito.

Una ley de ruptura, contra la Transición
Editorial La razon 16 Septiembre 2020

Estamos ante un texto legal confuso, que supone una amenaza para las libertades

Si bien no deja ser chocante que un Gobierno compuesto por dos de los partidos políticos españoles que más corresponsabilidad tuvieron en la tragedia española de 1936 pretenda reescribir la historia a la medida de sus intereses políticos, lo que realmente importa son los efectos que esa Ley de Memoria Democrática puedan tener sobre los derechos y las libertades de los ciudadanos que hoy habitan en una de las democracias más ejemplares de Europa. No es cuestión, por lo tanto, de entrar a discutir las motivaciones de una iniciativa legislativa que, curiosamente, sortea la doctrina del Parlamento Europeo sobre el comunismo, que lo equipara al nazismo como sistema totalitario y nefasto, sino de advertir de que nos hallamos ante la continuación de la estrategia de ruptura y desvalorización del proceso de la Transición que llevan a cabo la izquierda populista y los partidos nacionalistas desde hace más de una década.

Una estrategia, todo hay que decirlo, que apenas encuentra eco en una opinión pública española poco proclive a secundar batallas pasadas y frente a una oposición de centro derecha a la que se pretende vincular con el régimen de Francisco Franco, como instrumento deslegitimador. Dicho esto, pueden socialista y comunistas ponerse a ganar la guerra civil, hay distopías menos interesantes, pero no es admisible que en el proceso de reelaboración de la historia se conculquen derechos individuales o colectivos ni, por supuesto, se atenten contra principios como la seguridad jurídica, entre los que se encuentra la irretroactividad de las leyes penales. Los actos meramente simbólicos, como la anulación de los consejos de guerra por los tribunales franquistas o la reparación de las víctimas, algo que ya se hizo en la Transición cuando muchos de los perjudicados aún seguían vivos, carecen de la menor trascendencia, al menos, mientras no se conviertan en una vía paralela de financiación de partidos políticos o de asociaciones clientelares.

No así, la amenaza que supone un articulado confuso para la libertad de cátedra, de opinión, de expresión y de propiedad. También para la acción política y para la retorsión de los derechos de la Iglesia. Porque, en efecto, nos preocupa que el revisionismo pueda llevar a enjuiciamientos personales sobrevenidos, prescritos por el tiempo y el corpus legal de la Transición, que incluye una ley de amnistía que fue, y ahí no conviene perder la memoria, una de las principales exigencias de la izquierda española y del nacionalismo tras la muerte del dictador. En último caso, tendrán que ser los tribunales, españoles y europeos, quienes tengan la última palabra. Para lo demás, ahí están los archivos históricos y los libros de memorias, que son muchos, de quienes nos precedieron.

Una ley contra la Historia
Francisco Marhuenda La razon 16 Septiembre 2020

No pensé que sucedería, pero una vez más me he equivocado. La izquierda sectaria y fanática, formada en parte por los hijos de los que se beneficiaron del franquismo, quiere crear una nueva Inquisición, para fijar una verdad oficial y perseguir a la disidencia ideológica. A partir de ahora contaremos con una historia oficial sobre la Guerra Civil y el Franquismo que será la verdad revelada que todo el mundo deberá acatar. Es el sueño hecho realidad del comunismo. El terreno es ilimitado y permitirá, como sucedió en la Unión Soviética, Cuba o Camboya, reeducar a la sociedad. De momento se queda en ese periodo histórico, pero nada impide que se vaya más atrás, porque la limpieza ideológica sustituye a la de sangre que tan útil resultó en el pasado. Rajoy cometió el enorme error de no derogar la sectaria ley de la Memoria Histórica y se limitó a no dotarla. Fue un despropósito que sufrimos ahora con esta nueva ofensiva social-comunista que busca movilizar a la izquierda a la vez que esconder el desastre económico en que nos encontramos. No hay nada como sacar a Franco a pasear.

La lectura de la referencia del Consejo de Ministros donde se informa del contenido del anteproyecto de ley de Memoria Democrática es, simplemente, espeluznante. Es uno de los mayores ejercicios de autoritarismo ideológico que se puede encontrar en los libros de Historia. Por supuesto, no existe parangón con ninguna democracia. No importa el genocidio que sufrieron los católicos durante la Guerra Civil y las decenas de miles de crímenes brutales perpetrados por la izquierda. En cambio, se podrá hacer apología del comunismo que es la mayor maquinaria de represión y muerte de la Historia, superando el horror criminal del nazismo y el fascismo. Lo único importante es lavar la conciencia de los hijos y nietos de los franquistas que están en el Gobierno o en los partidos que le apoyan. No importan los crímenes de ETA, porque se puede dialogar y pactar con sus blanqueados sucesores. Lo que sí resulta urgente es reescribir la Historia para convertirla en un instrumento partidista y emprender el adoctrinamiento ideológico que tanto gusta a los comunistas. El problema es que el PP no hará nada. La Iglesia, que declaró mártires a los asesinados por la izquierda, permanecerá inane, aunque también será arrollada por las hordas de la oscuridad, mientras nada se puede esperar del entreguismo del Supremo y el Constitucional.

Una memez para distraer al personal
Jorge Vilches La razon 16 Septiembre 2020

Lo cierto es que cuando leí que el Gobierno se iba a ocupar de los muertos pensé que se refería a los 53.000 fallecidos por la Covid-19, pero no es así. Este Ejecutivo, volcado más en la propaganda y en hacer oposición a la oposición que en gestionar un país en crisis, ha aprobado lo que será su medida estrella.

Exhumado Franco y olvidado en Mingorrubio, Carmen Calvo ha asumido la tarea de dar una vuelta de tuerca a la Ley de Memoria Histórica. Ha bautizado su empeño como “Ley de Memoria Democrática”. Si cuando salió en 2007 la norma de Rodríguez Zapatero hubo una gran polémica política, no menos fue entre historiadores. Los serios distinguimos entre “historia” y “memoria”, al menos los liberales. El motivo es que la historia es un oficio sometido a reglas académicas, y la memoria es un acto individual de recuerdo.

La ley de 2007 solo sirvió para subvencionar a asociaciones republicanas, redimir a los supervivientes -que ya eran atendidos por el erario público- y levantar muchas heridas. También se creó alguna cátedra con más tinte ideológico que profesional.

Ahora es peor. El gobierno de Sánchez ha decidido que la “memoria” que salga de la comisión de expertos -esperemos que no sea como la inexistente que hubo en Sanidad durante el confinamiento-, sea la “democrática”. Todo lo que no comulgue con ese relato oficial será, usando la antinomia kantiana, “antidemocrático”. No habrá medias tintas. Nunca las hay para el pensamiento totalitario.

No merece la pena entrar en una disquisición nominal. La memoria nunca es democrática, ni todos los que piensan homenajear eran demócratas. Da igual. La palabra “democracia” se ha bastardeado mucho. La usaron Franco y la República Democrática Alemana.

Carmen Calvo ha presentado una ley que reabrirá fosas, hará un banco de ADN para las víctimas del franquismo, retirará títulos nobiliarios y condecoraciones, y hará del Valle de los Caídos un cementerio civil. Aprovechará el colapso de los juzgados para encargar, además, que se anulen las sentencias dictadas durante la dictadura. No importa. Todo sea por contentar a los independentistas catalanes con la anulación de la condena de Lluis Companys.

Además, Calvo está decidida a prohibir asociaciones que “enaltezcan totalitarismos o figuras totalitarias”, como la Fundación Francisco Franco. No me cabe la menor duda de que no se refiere a la Fundación Pablo Iglesias ni a la Fundación Largo Caballero, dos políticos opuestos a la democracia y amigos de la dictadura del proletariado. Tampoco estará pensando en los mensajes en recuerdo de conocidos dictadores, como Lenin, Fidel Castro y Hugo Chávez, que han hecho durante décadas sus compañeros de Gobierno.

Los descendientes de los brigadistas internacionales podrán acceder a la nacionalidad española con esta ley. Murieron por España, pero por una España comunista. Los del otro bando también murieron por España, pero por una España anticomunista. No hace falta leer “Homenaje a Cataluña”, de Orwell, para saberlo. Es que fue la URSS de Stalin la que sufragó el viaje de los brigadistas a nuestro país para morir como carne de cañón. Fue el precio de la propaganda, y ha tenido éxito hasta el día de hoy, como se ve.

Por cierto, mi abuelo estuvo en una de las cárceles del franquismo, luego votó al PSOE, y todo esto le parecería una memez para distraer al personal.

Ley de Distracción Histórica
Humo revisionista para tapar la mala gestión económica y la inhibición ante la epidemia
Luis Ventoso ABC 16 Septiembre 2020

Los comedores filantrópicos no dan abasto, porque el flujo de ingresos de muchas familias se ha visto cercenado por la epidemia. El cacareado «escudo social» de la propaganda se ha quedado en una burocracia colapsada que no logra dar salida a las ayudas prometidas. España es con el Reino Unido el país del G-20 donde más se ha desplomado el PIB y el de peor pronóstico de recuperación. Los empresarios constatan que sus balances no acaban de despejarse, al revés, y ese es un indicador capital. Los datos epidemiológicos resultan también pésimos: tercer país del planeta con más muertos por millón de habitantes tras Bélgica y Perú y líderes europeos en contagios (Simón ya está tomando medidas de urgencia al respecto: se ha largado de vacaciones a Baleares, donde además aprovechará para rodar un programilla en plan Mr. Simpatía con Calleja, nuestro alpinista majetón). Ante un panorama con urgencias tan agobiantes, ¿cuál es a estas horas la prioridad del Gobierno de España? Pues sacar adelante una ley ideológica de Memoria Democrática, revolviendo en hechos sucedidos hace ochenta años y que nuestros mayores habían resuelto con generosidad y altura de miras mediante el pacto de perdón mutuo de la Transición.

A la mayoría de los españoles nos parece bien que se ayude a las familias a identificar los restos de sus parientes -de ambos bandos- represaliados, perdidos en fosas comunes o en las cunetas. También se puede entender que se busque un nuevo sentido al Valle de los Caídos, en la medida de que la solución que se proponga concite un consenso casi unánime en la sociedad, y no sea, como previsiblemente va a ocurrir, un gesto anticatólico que deleite a media España y disguste a la otra media. Pero el problema es que la norma que traen Sánchez y Calvo va más allá, forma parte de su amplio proyecto de ingeniería social. Está impregnada de un resabio dogmático que la convierte en una ley tuerta. Se recuerdan los abusos represivos que cometió en su día el totalitarismo de derechas, pero se corre un velo absoluto sobre los del totalitarismo de izquierdas. En los colegios se impondrá una asignatura sobre «los crímenes del fascismo», pero no se estudiará una coma sobre los del comunismo. El problema es conocido: la supuesta superioridad moral de la izquierda. Los regímenes de Lenin, Stalin, Pol Pot, Mao, Kim... suman más víctimas que los también repugnantes horrores del nazismo y el fascismo. Pero mientras que con toda lógica esas dos ideologías resultan inadmisibles en nuestras democracias, todavía existe un país en Europa Occidental con ministros comunistas en su Gobierno (España). Lo que propugna el sanchismo es contar la historia a medias, un relato maquiqueo, en blanco y negro, cuando la vida discurre siempre en gama de grises.

Estamos ante una Ley de Distracción Histórica, nacida con el objetivo redondiano de abrir debates que aparten la mirada del fiasco gubernamental con la epidemia y la economía. Un poco de «Memoria Democrática», un poco de Kitchen, y ya nos ponemos en Navidades. Con un récord de muertos, quebrados y sin presupuestos, pero mirando a otros temas.

Contra la reconciliación
Emilio Campmany Libertad Digital  16 Septiembre 2020

Iván Redondo, cada vez que a su señorito le sale mal una encuesta, lo pone a lancear a Franco. Ya lo hizo cuando lo desenterró y ahora intenta hacer algo parecido con la futura Ley de Memoria Democrática. La idea, tal y como la expresa Carmen Calvo con su media lengua, es convertir la española en una democracia verdadera que asuma su pasado. Naturalmente, la forma en que el PSOE piensa hacerlo es cambiándolo. Una vez alterado, será obligatorio estudiarlo y enseñarlo de la manera que diga el PSOE, persiguiéndose con gravísimas multas a quien lo explique en cualquier otra forma. Tan grave como cargarse la libertad de cátedra o la de expresión es la pretensión de erigirse en juez y parte, porque el PSOE fue el máximo responsable del conflicto y ahora, 85 años después, quiere prohibir que nadie le eche la culpa de nada. En definitiva, quiere acabar con lo que el relator de la ONU, un tal Pablo de Greiff, llama responsabilidad simétrica, que es la que algunos libros correctamente reparten entre ambos bandos cuando hablan del origen del conflicto. La culpa sólo puede ser de uno.

Carmen Calvo también cree que hay que anular los juicios sumarísimos del franquismo, especialmente el que condenó a muerte a Lluís Companys. Al respecto dice la iletrada que “la mejor forma de reparación es declarar nulo cualquier juicio que haya derivado en el fusilamiento sin garantías de personas importantes como el presidente Companys”. ¿Qué significa esto? ¿Que sólo se van a anular los de personas importantes? En cualquier caso, el Gobierno no piensa pedir perdón, como exige Quim Torra, porque no se siente descendiente del de Franco. Pero, si anulan el de Companys, ¿qué pasará con el de José Antonio Primo de Rivera? ¿No era una persona importante? ¿O es que, como era falangista, no tiene los mismos derechos que los de un separatista, golpista y asesino? ¿O acaso es que su proceso, a diferencia del de Companys, tuvo todas las garantías? ¿No fue suficientemente sumario un juicio que empezó el 16 de noviembre y acabó con el fusilamiento del acusado la madrugada del día 20? Ya que el actual Gobierno quiere instaurar un régimen que conecte directamente con el de la Segunda República y, puesto que fue la Segunda República la que fusiló a Primo de Rivera tras un juicio sin garantías, ¿no debería Sánchez pedir perdón, además de por supuesto anularlo conforme a las normas que él mismo se quiere autoimponer?

No es lo peor que pretendan cambiar el pasado, cosa que al propio Dios le está negado, ni que quieran profanar un cementerio, el del Valle de los Caídos, violando todas las leyes, divinas y humanas, ni que se propongan acallar a quienes proclamen la verdad. Lo peor es que quieren revolver los muertos de un bando para echarlos a la cara del otro con el fin de proclamarse mejores, cuando nunca lo fueron. Y eso exige resucitar a esos dos bandos y acabar con la reconciliación de 1978. Juegan con fuego los muy insensatos y luego, de lo que pase, dirán como ahora que los responsables son otros.

El estado de la Nación
Federico Ysart ABC 16 Septiembre 2020

El primer problema político de España no son los Presupuestos Generales del Estado; es el estado de la convivencia nacional. En los nueve meses de la legislatura en curso la política se ha envilecido como nunca lo había hecho en cuarenta y cinco años. La democracia está hoy sujeta al interés espurio de un sujeto político que ha desnaturalizado un partido para acomodarlo a sus personales ensoñaciones.

Esto no ha sucedido en un partido minoritario, sin relevancia social; ésta es la situación en que se encuentra el PSOE, uno de los dos partidos que han venido turnándose en el Gobierno, con mayor o menor fortuna, durante los últimos años.

La pérdida de su capacidad para representar los intereses propios del sector de opinión que históricamente ha venido ejerciendo se ha traducido en una debilidad parlamentaria de la que ha pretendido salir escudándose tras los grupos más radicales del espectro nacional. Su asistencia le está resultando imposible de cohonestar con la defensa de los intereses generales de los españoles, a lo que como Gobierno de la Nación está obligado.

En un juego similar a la del malabarista con platillos chinos, quien lo preside va salvando el trance yendo de unos a otros al buen tuntún, mientras la realidad reclama el orden y concierto necesarios para resolver los problemas presentes que a todos atañen.

La convivencia entre españoles está aquejada por el solipsismo de un presidente, sólo yo existo, que le incapacita para ver más allá de su proyección personal. Y toda política se reduce a juegos de imágenes dirigidos a arruinar cuanto no llega a controlar. Por la senda emprendida, España podría llegar a ser, en la Europa del siglo XXI, una edición renovada de la Yugoslavia del pasado siglo. Tras guerras sin cuento, al cabo de quince años aquella república socialista se disolvió en seis Estados soberanos.

Ese es uno de los tajos que atentan hoy contra la normalidad democrática. Ignorarlos no conduce a nada; ampararlos es suicida; satisfacerlos, un atentado contra la Historia. ¿En cual de las tres categorías cabe incluir el anuncio de rebajar el delito de sedición para beneficio de los políticos catalanes confesos y condenados por tal delito? ¿Y cómo interpretar la petición presidencial de ser «empáticos y sensibles» con la «ruptura emocional» que vive una «parte de la sociedad catalana»?

Cuando un país sufre en mayor medida que sus homólogos los efectos de una crisis universal es que algo ha hecho peor que ningún otro. La secuela de empobrecimiento generalizado, los niveles de desempleo y el agotamiento de sectores estratégicos para la economía nacional constituyen un segundo tajo que quebranta la esencia de la convivencia.

La instrumentalización desde el Ejecutivo de los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, básicos de todo Estado de Derecho, atenta contra las libertades y la igualdad ante la ley de todos los españoles. Esta es otra quiebra abierta en el estado de la Nación.

Los recientes escándalos de las cuentas y del fraude procesal descubierto que afectan al socio comunista de la coalición gubernamental no puede ser investigado en el Congreso; pero sí el que hace siete años afectó a los populares.

Y el cisco presente por el control del Consejo del Poder Judicial y del Supremo, una vez sometida la Fiscalía General a los deseos de quien alardeó de mandarla, revela la incapacidad generalizada para dotar a la balanza de la Justicia del equilibrio preciso para garantizar el imperio de la Ley. Si algo tan elemental no puede llegar a ser objeto de civilizada transacción, ¿por qué vía pretenden los soportes del gobierno social-comunista reformar la Constitución?

A tenor de los hechos conocidos cabría deducir que socavando sin descanso la clave del arco constitucional, la propia definición del Estado como monarquía parlamentaria. La lealtad prometida en las tomas de posesión de estos gobernantes ha durado menos que la flor del heno. Desde las altas representaciones que detentan, fementidos personajes siembran el juicio apodíctico de que la monarquía parlamentaria sólo interesa a los sectores más reaccionarios de la Nación. Así lo proclamó recientemente un vicepresidente de la coalición gubernamental sin que su presidente haya repuesto el destrozo.

La forma del Estado no es cuestión baladí, como tampoco lo son la fractura de la Nación, la catatónica situación de la economía, el atentado contra la división de poderes y la ocupación o anulación de los cauces de los que la opinión pública se sirve para controlar a sus gobernantes.

Con todo esto por delante cabe preguntarse si el primer problema de la Nación son los Presupuestos Generales del Estado. Claro que su aprobación es un problema, y más aún si en su definición se cierran las puertas a la oposición, acusándola de obstruccionista cuando no se le brinda opción real de participar; cuando el reclamo responde a una mera operación de imagen, brújula única de la presidencia.

Por la senda de la confrontación permanente, del unilateralismo, del recorte de libertades y de la remoción de los principios básicos de nuestra convivencia en libertad redescubriremos la tragedia de las dos Españas. Como si todos los españoles fuéramos tan imbéciles como quienes las armaron en anteriores ocasiones.

El estado de la Nación reclama un parón y marcha atrás de la correría acometida hace nueve meses, un resetear que abriría espacios a la normalidad democrática, a la reapertura del concierto de voluntades que fraguó la concordia.

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Federico Ysart es periodista

Revisionismo histórico
Sánchez ilegalizará la Fundación Franco pero ayudará a las que hacen apología de asesinos del Frente Popular
Estas entidades ensalzan a figuras del bando republicano involucradas también en el horror de la Guerra Civil
La reforma de la ley de Memoria de 2007 crea una Fiscalía para perseguir y sancionar su incumplimiento
Segundo Sanz okdiario 16 Septiembre 2020

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes la reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007, un texto que conllevará la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Sin embargo, el Ejecutivo socialcomunista permitirá al mismo tiempo que asociaciones que hacen apología de asesinos del Frente Popular continúen con su actividad y además reciban subvenciones públicas.

Estas entidades que ensalzan a figuras protagonistas del bando republicano de la Guerra Civil española, involucradas también en el horror y en el pasado más negro de este país, podrán recibir cuantiosas subvenciones públicas por parte del Ejecutivo de Sánchez que prosigue la línea del revisionismo histórico iniciado por José Luis Rodríguez Zapatero. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 29 de julio la orden ministerial que regula la próxima concesión de subvenciones para actividades relacionadas con la Memoria Histórica.

Entre estas fundaciones se encuentran, por ejemplo, la Fundación Largo Caballero, la Fundación Domingo Malagón, nombre del responsable del aparato de falsificación del Partido Comunista e integrante del Quinto Regimiento de las milicias populares, la Fundación Anastasio de Gracia o la Fundación Horacio Fernández Inguanzo.

En su caso, la Fundación Largo Caballero, fundada en 1978 para ensalzar la figura del Lenin español y vinculada al sindicato UGT, recibió del Ejecutivo de Zapatero sólo en el año 2009 más de 200.000 euros para proyectos como el ‘Archivo Oral del Sindicalismo Socialista’. Francisco Largo Caballero, secretario general de UGT cuando se declaró la Guerra Civil, tomó la decisión de armar a las milicias populares.

Paracuellos y checas
Es más, las figuras de Largo Caballero y del dictador Francisco Franco coinciden en que ambos dieron golpes armados contra la Segunda República. El líder del PSOE fue promotor del golpe de 1934 y además era jefe de Gobierno cuando tuvo lugar en la zona republicana la matanza de Paracuellos, entre otros, después de las sacas de cárceles y checas (lugares de exterminio de influencia soviética).

Por su parte, la fundación Domingo Malagón recibió entre 2006 y 2010 por orden del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero subvenciones por un importe total de 421.342,56 euros, de los que 193.165 fueron para la recuperación de fosas. La cantidad restante se destinó a estudios, monolitos y placas. Domingo Malagón combatió contra el bando nacional y formó parte del Quinto Regimiento.

De igual modo, la fundación Horacio Fernández Inguanzo obtuvo en esos años una asignación de 45.000 euros para una actividad archivística titulada ‘Un acercamiento prosopográfico a la represión contra los comunistas, 1956-1963’. Fernández Inguanzo, el Paisano, integró las milicias comunistas con el rango de teniente de artillería durante la Guerra Civil.

En cuanto a la fundación Fundación Anastasio de Gracia, también recibió dinero público del Ejecutivo de Zapatero. Por ejemplo, 40.226 euros para la «dignificación moral de los líderes sindicalistas del metal». Anastasio de Gracia fue subsecretario de Armamento del Ministerio de Armamento Nacional bajo la presidencia del Gobierno republicano de Juan Negrín, tras haber sido ministro de Industria y Comercio y de Trabajo y Previsión entre 1936 y 1937.

El socialista Anastasio de Gracia llegó a visitar la checa liderada por Agapito García Atadell. Lo cuenta así el historiador José María Zavala en Los gánsters de la Guerra Civil (Plaza & Janés, 2006): «Para la realización de sus fechorías, los chequistas de Atadell contaban con el respaldo de la autoridad oficial y de la Agrupación Socialista Madrileña, así como de la minoría parlamentaria del Partido Socialista, cuyos representantes, incluido algún ministro como Anastasio de Gracia, visitaban la checa y alentaban a sus miembros».

«Incitación a la violencia»
El anteproyecto de ley de Memoria Democrática, aprobado por el Gobierno de PSOE-Podemos para ampliar la norma de Zapatero de 2007, alude en su título II capítulo IV al «deber de memoria como garantía de no repetición».

Según el Ejecutivo, este apartado «incluye actuaciones dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista». Nada dice de aquellas otras fundaciones que rinden homenaje desde su propio nombre a quienes fueron responsables de la violación de derechos humanos por parte del bando republicano.

Además, el texto impulsado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, prevé «acciones en el plano educativo actualizando los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato», según consta en la referencia del Consejo de Ministros.

El articulado también declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada en 1957 por un decreto franquista y encargada de gestionar «con plena personalidad jurídica» los bienes del enclave, sus edificios y mobiliario, a través de la comunidad benedictina allí instalada.

Veinte preguntas de Juan Español ante la crisis
Vicente Benedito Francés. vozpopuli 16 Septiembre 2020

He aquí veinte preguntas urgentes que se plantea el ciudadano español ante la crisis que nos devora. Esperan una respuesta

Decía Woody Allen, que "la vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema”. O mejor, como dijera Bertrand Rusell: “Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos por hacer lo posible, imposible”. Termina rematando Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados".

¿Cuáles son los interrogantes, los ”porqué” del común de los ciudadanos de nuestro país? Del tradicional y estereotipado Juan Español en estos tiempos de incertidumbre y de continuos sobresaltos.
Hago mías -muy sucintamente y sin ánimo de ir más allá de señalar- aquellas preguntas o aquellas respuestas que la sociedad actual se está planteando a diario en este contexto no bien explicado de la covid 19 y de crisis económica. De muy difícil alcance y, sobre todo, anticipación.Bajada del PIB de más del 15%, el paro por encima del 20% y una deuda pública sobre el PIB del 120%. Y, por supuesto, los 50.000 muertos. A tal fin, he seleccionado diferentes ámbitos de reflexión:

El entorno europeo
-¿Por qué no tenemos un Gobierno europeo fuerte, con capacidad y autoridad, y no dependiente tan sólo de decisiones individuales de alguno de sus países miembro?

-¿Por qué no tenemos ya un Gobierno y un Parlamento Europeo con cesión de soberanía de los países miembros?

Estructura de Estado y autonomías
-¿Por qué no se revisan estamentos intermedios entre la sociedad civil y el Estado como son las autonomías, el Senado, las diputaciones y gran número de ayuntamientos, cuya única razón de existir parece la de incrementar nuestro déficit frente a los pocos beneficios que reportan? ¿Recordaremos que el Estado es un mal necesario que solo debe actuar cuando la sociedad civil no pueda resolver sus problemas?

El plano político
-¿Por qué se toman decisiones sobre nuestro futuro que nadie ha votado y que ni siquiera figuran en los programas de los partidos?

-¿Por qué la política se ha convertido en una profesión en la que predominan los intereses económicos sobre el bien social y el servicio a la Nación?

-¿Por qué se trata siempre de buscar un único responsable, normalmente un 'muerto o un herido de muerte', para justificar decisiones que han perjudicado a nuestro país y a nuestras instituciones y que han sido tomadas por recalcitrantes profesionales de la incompetencia, que se manejan con absoluta falta de responsabilidad y diligencia, algo siempre exigible a quien se desempeña en el ámbito público? Es la aplicación moderna de la famosa frase pronunciada por el jefe galo Breno que había sitiado y vencido a la ciudad de Roma: ”Vae victis!” (Hay de los vencidos).

-¿Por qué se utiliza en exceso la dedocracia y no la meritocracia para cubrir los puestos de responsabilidad tanto en la Administración como en las empresas públicas?

-¿Por qué se pueblan de políticos y expolíticos los consejos de administración de empresas públicas y privadas pese a que carecen de la formación y las condiciones adecuadas a las responsabilidades que se asumen?

-¿Por qué no ponemos los medios necesarios para retener talento, evitando que los mejores tengan que ir a buscar ocasiones laborales fuera de nuestro país con el consiguiente empobrecimiento intelectual que ello nos va a producir?

El terreno económico
-¿Por qué no se explican con abierta claridad los necesarios e indispensables planes de ajustes que coyunturalmente pueden empobrecer a la sociedad?

-¿Por qué no se protege al emprendedor y se potencia a las Pymes que crean el 80% del empleo en nuestro país?

-¿Por qué no tenemos una política industrial definida y valiente y no pensar, como hasta ahora, que la mejor política industrial es la que no existe?

-¿Por qué en lugar de criminalizar neciamente a la economía sumergida no se ponen todos los medios posibles para hacerla aflorar y que de ese modo contribuya decididamente al mayor enriquecimiento de nuestra sociedad?

En las instituciones financieras
-¿Por qué, hasta la fecha, se ha tardado tanto en llevar a cabo la restructuración del sistema financiero? ¿Quizás por que se ha pretendido resultar demasiado complaciente con determinados organismos y personas? Las fusiones son necesarias tanto a nivel nacional como europeo.

-¿Por qué no se reduce ya el número máximo de bancos existentes en nuestro país? Basta ya de componendas y contemplaciones, “más vale una vez rojo que ciento amarillo”.

-¿Por qué el sistema financiero toma dinero barato del BCE y luego lo invierte en deuda pública, o en atender sus compromisos de deuda, en vez de hacer fluir el crédito en el sistema productivo con el fin de crear empleo?

Las inquietudes sociales
- ¿Por qué no se informa con transparencia del número de muertos hasta ahora por la pandemia, que según fuentes no oficiales superan los 50.000?

-¿Por qué se abandonó a las residencias de la tercera edad y se trató a sus enfermos como apestados?

-¿Por qué somos el segundo país del mundo en muertos por cada cien mil habitantes?

-¿Por qué se persigue y machaca a la clase media que es la pagana de tanto despilfarro? Visto lo visto, la estrategia es muy clara: un escándalo tapa otro escándalo y la gente termina inmunizada, rendida y preparada para aceptar estoicamente la nefasta gestión de un gobierno socialcomunista.

Podríamos seguir recogiendo en este breve artículo otras muchas demandas de respuesta de los casi cuarenta y siete millones de Juan Español que conforman la población española actual, pero resultaría excesivamente preocupante, largo y cansino.

Sin embargo, antes de despedirme, quisiera trasladarles la angustia que en los últimos días me vienen trasladando algunas personas, confiadas en que por mi edad y experiencia pudiera aportarles algo de luz y sobre todo tranquilidad.

¿No sería necesario, y urgente, que las voces más autorizadas de nuestro Gobierno se dirigieran a la nación, explicaran lo que se está haciendo, a dónde nos pretenden conducir y tranquilizaran a los ciudadanos antes que el miedo y el pánico, en esta sociedad nuestra de la comunicación sin fronteras, acabe produciendo un daño irreparable?

No quiero angustiarles más, queridos amigos y lectores y por eso termino diciendo que no me resigno a aceptar aquella expresión anarquista que dice “si votar sirviese de algo, no se nos dejaría votar.”

Al Gobierno la pandemia se le escapa otra vez de las manos
OKDIARIO 16 Septiembre 2020

No lo dice OKDIARIO, sino la Organización Mundial de la Salud (OMS): de cada 10 personas que se han hecho un test PCR para detectar el coronavirus en España en la última semana, entre una y dos han dado positivo, lo que refleja una tasa de positividad que revela que la pandemia de coronavirus está fuera de control: actualmente España alcanza un 12,6% y casi triplica el 5% que la OMS marca como umbral máximo aceptado.

Es decir, si tenemos en cuenta los criterios de la OMS establecidos el pasado 12 de mayo, al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez la situación se le ha vuelto a ir de las manos, por mucho que desde el Ministerio de Sanidad se insista en que no hay motivos para la alarma. En el documento de la OMS se especifica claramente que una nación puede considerar que tiene controlada la pandemia cuando «menos del 5% de las muestras analizadas den positivo para COVID-19 al menos durante las dos últimas semanas, siempre y cuando la vigilancia de casos sospechosos sea integral».

Pues bien: según la última actualización de datos del Ministerio de Sanidad, en España se ha alcanzado una tasa del 12,6%, muy por encima del límite máximo marcado por la Organización Mundial de la Salud. Esto es así porque de las 631.238 pruebas PCR realizadas entre el el 4 y el 10 de septiembre, 79.535 dieron resultado positivo, casi el triple de lo exigido por la OMS. Traducido: la pandemia está absolutamente descontrolada, pues España tiene una incidencia de contagios en la segunda ola solo superada por Argentina. Ni que decir tiene que somos, tristemente, los líderes en incidencia acumulada de Europa, superando, de largo, la media de las naciones de la UE.

Y, mientras, el Gobierno sigue a lo suyo: desviando la atención con reformas como la de la Ley de la Memoria Histórica. Franco para tapar su incompetencia en la gestión. Reaccionó tarde, gestionó la pandemia de forma negligente en la primera ola y ahora, en la segunda, vuelve a caer en los mismos errores de entonces. Es la condena del socialcomunismo.

Fiscalía General de Pedro Sánchez
Editorial ABC 16 Septiembre 2020

Las afirmaciones hechas ayer por la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, atribuyendo «normalidad» a la decisión de la Fiscalía de rechazar tajantemente una veintena de querellas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia, no deben sorprender a nadie. Una fiscal general del Estado como Dolores Delgado, nombrada pocos días después de dejar de ser ministra de Justicia con Sánchez, no puede, por impensable, avalar acusaciones penales contra su propio jefe de filas. No es que su imparcialidad esté en entredicho. Es que sencillamente esa imparcialidad no existe porque en el pecado de su nombramiento está la obscenidad que intoxica nuestro sistema acusatorio. Es más, fue expresamente designada fiscal general para evitar conflictos penales al Ejecutivo, y bien que se encargó ella misma de dejarlo claro en campaña electoral. Es lo que ocurre en las democracias en las que el sistema permite a un cargo público pasar de ser una ministra «hoolligan» a ocupar el cargo esencial del Estado con el que blindar a sus jefes de cualquier acusación penal. Y Delgado cumple su papel a la perfección. Sánchez y su Gobierno son ya una especie protegida a los ojos de la Fiscalía más politizada y menos independiente que ha existido en democracia. De hecho, la estética de su designación es un deshonor democrático, y su nombramiento se mantiene impugnado con criterios jurídicos objetivos ante el TS, que algún día tendrá a bien pronunciarse al respecto. Mientras tanto, Delgado seguirá haciendo y deshaciendo a su antojo con su control sobre la Fiscalía.

Sin embargo, no está claro que el Supremo vaya a quedar condicionado por el criterio del Ministerio Público contrario a la admisión de las querellas por negligencias varias en su gestión del coronavirus. Su criterio no es vinculante, y a buen seguro el debate en el Supremo no está cerrado pese al deseo de Delgado. Es posible que nadie pueda acusar porque sí al Gobierno de miles de homicidios imprudentes por una nefasta gestión de la crisis sanitaria. De hecho, las mentiras del Ejecutivo y su ocultación de muchas verdades no son en sí un delito. Pero el manejo de contratos de la Administración al albur del «mando único» de Sánchez, sus instrucciones concretas para bunkerizar a ancianos en las residencias sin opción alguna de salir a hospitales, y la negligencia en la previsión de medios materiales con los que proteger al personal sanitario, pueden no estar exentos de responsabilidad penal. Lo investigue el Supremo, o sean tribunales ordinarios quienes lo hagan, es una cosa que aún no está al alcance del proteccionismo político, que no jurídico, de Delgado. La Fiscalía General ha impuesto criterios ideológicos a la Fiscalía del Supremo. Negarlo carece de sentido. Ahora, solo falta que la Justicia cumpla su función, y no las instrucciones de Sánchez.

La dependencia servil de Delgado
Editorial El Mundo 16 Septiembre 2020

Damos por hecho que a alguien que nombra fiscal general a su ministra de Justicia -azote de «la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha» en el Congreso- le importa muy poco la apariencia de imparcialidad que rige en las democracias respetuosas de la separación de poderes. Pero por si no lo diéramos por hecho, el propio Sánchez confirmó su impudor en una ya célebre entrevista radiofónica: «¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está». Pero Dolores Delgado concedió en mayo -cuando la pandemia segaba vidas de españoles por centenares a diario- una entrevista a EL MUNDO en la que formuló un solemne compromiso: «Vamos a investigarlo todo, las víctimas son una prioridad». Y quizá por la dimensión desconocida de sufrimiento que estábamos viviendo, quisimos creerla.

Solo cuatro meses después, tras un verano de vacaciones gubernamentales y con España liderando la segunda ola de contagios en Europa, aquel compromiso de Delgado a ido a engrosar el atestado cajón de las mentiras junto con el insomnio de Sánchez si gobernaba con Podemos o su programa de regeneración en el Gobierno plusmarquista de los dedazos y los decretazos. Lo cierto es que Delgado está demostrando una dependencia servil a la hora de velar por el descanso del Ejecutivo más chapucero del continente en números redondos.

En el país de los 50.000 muertos y el récord de sanitarios infectados, las víctimas tienen derecho a que se les haga Justicia. Por supuesto que la cascada de querellas presentadas -originadas por el dolor y la rabia- admiten el debate sobre su pertinencia técnica. Por supuesto que muchas de ellas carecerán de sustento penal suficiente y procederá su archivo. Pero que el Ministerio Público, cuya función estatutaria consiste en defender a las víctimas y perseguir el delito, se erija en empalizada preventiva y defensiva del mando único de Sánchez y sus ministros -mientras descarga sobre las autonomías toda eventual responsabilidad y abrió rápidamente diligencias contra la Comunidad de Madrid por las residencias de ancianos- delata un sectarismo que avergüenza. Y redunda en una deriva de peronización institucional que apunta a la Justicia como último objetivo de domesticación. De ahí también la presión al PP para amarrar el cambio de cromos del CGPJ. ¿Acaso no ha habido negligencias graves en la desastrosa gestión de la pandemia? ¿No sería lo democrático investigarlas, lo mismo en Madrid o en Cataluña que en el Gobierno central, al margen del color político?

Es la tercera vez que Delgado sale en defensa de su ¿antiguo? jefe. Ya se había enfrentado a la juez que asumió la causa sobre la autorización de las marchas del 8-M con focos del virus ya fuera de control: en aquel caso la Fiscalía actuó como abogado personal del delegado José Manuel Franco. Más recientemente, acaba de limitar la investigación sobre los distintos escándalos que afectan a Podemos a la financiación irregular a través de la consultora chavista Neurona, dejando fuera el entramado denunciado por José Manuel Calvente.

Sánchez se inhibe cuando debe gestionar. Delgado, cuando debería inhibirse, interviene a favor del Gobierno. «Pues ya está».

Una reunión secreta de lo más productiva
OKDIARIO 16 Septiembre 2020

Pablo Iglesias e Irene Montero -vicepresidente segundo y ministra de Igualdad del Gobierno de España- mantuvieron una cita a finales de 2017 en La Paz (Bolivia) con la diputada de Evo Morales que negoció la adjudicación de 1,6 millones de dólares a la consultora Neurona Consulting, ahora investigada por la justicia. Lo curioso es que antes de ese encuentro, que fue ocultado por la presidencia boliviana y los medios de comunicación, Evo Morales sólo había adjudicado a la consultora un contrato de 33.738 dólares. Después de la reunión, el Gobierno boliviano aprobó otras siete adjudicaciones más por importe de 1.550.140 dólares. Dicho de otro modo: fue reunirse la hoy pareja gubernamental con la diputada de Evo Morales y Neurona recibió una lluvia de millones, lo que demuestra que el encuentro fue de lo más productivo.

A partir de ahí se adjudicaron contratos sobre aspectos variopintos -«Enajenación de empresas públicas», «Gestión de redes sociales» o «Realización de reivindicaciónes marítimas», todos los palos de una baraja que permitió a Neurona ampliar su facturación de forma exponencial. Y fueron Pablo Iglesias e Irene Montero quienes aparentemente lograron el milagro de multiplicar por 50 los ingresos de la consultora que después, qué casualidad, se haría cargo de las campañas electorales de Podemos.

La Fiscalía de Bolivia que investiga los pagos a la empresa Neurona cree que el papel de la ex diputada Silva en la contratación de la consultora fue decisivo al ser una de las personas de la máxima confianza de Evo Morales. Cabe recordar que la Fiscalía Provincial de Madrid ha dado luz verde para que el Juzgado de Instrucción número 42 siga adelante en la investigación a Podemos por los contratos suscritos entre el partido y la filial española de la consultora chavista, Neurona Comunidad SL, para las elecciones generales del 28 de abril por un importe de 308.257,20 euros, al apreciar la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo».

El director de la consultora, César Hernández, admitió que parte del dinero que había cobrado de Evo Morales fue usado para financiar a Podemos. A lo que cabe añadir que el dinero que cobró de Morales y que permitió financiar a Podemos lo logró, qué casualidad, después de que el vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad se reunieran con la mano derecha del entonces presidente boliviano. Verde y con asas.

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La totalitaria 'Memoria Democrática' es una aberrante maniobra de distracción
EDITORIAL Libertad Digital 16 Septiembre 2020

Por mucho que resulte lamentable tener que dedicar un editorial a lo que es una clarísima maniobra de distracción, con la que el Gobierno social-comunista pretende desviar la atención respecto de su pésima gestión, tanto en el ámbito económico como en el sanitario, la mal llamada Ley de Memoria Democrática, con la que pretende ahondar en la senda cainita y liberticida de la detestable Ley de Memoria Histórica, constituye tal afrenta a la reconciliación nacional fraguada en la Transición, y tamaño atentado contra el régimen de libertades que consagra la Constitución, que bien merece la más enérgica repulsa de este periódico.

Para empezar, este bodrio jurídico liberticida, propio de las dictaduras que encandilan al vicepresidente comunista del Gobierno, tiene de democrático lo mismo que tenía la extinta República Democrática de Alemania, tan del gusto del indeseable ministro comunista Alberto Garzón. La memoria es una capacidad estrictamente personal, y dictaminar por ley lo que uno puede o no recordar o manifestar sobre el pasado –aun cuando sea respecto de un pasado tan remoto y felizmente superado como el de la Guerra Civil o el del régimen franquista– constituye una pretensión del todo sectaria y totalitaria que debería ser absolutamente inadmisible en un régimen democrático. Así, ilegalizar la Fundación Francisco Franco o multar a los historiadores por ensalzar o destacar alguno de los logros alcanzados por España durante el franquismo constituye un atentado a las libertades de asociación, cátedra y expresión. El hecho de que ni Franco ni su régimen fuesen democráticos no legitima en modo alguno la censura o la persecución mediante multas de cuanto positivo se pueda decir de ambos. No más democrático era, por cierto, el execrable PSOE de Largo Caballero, quien abiertamente incitó a la guerra civil, llamó al exterminio del oponente, denostó la democracia como “engañifa burguesa” y se afanó en instaurar la “dictadura del proletariado”. ¿Se va a ilegalizar acaso la Fundación Francisco Largo Caballero, estrechamente vinculada a la UGT?

No menos injusta y odiosamente revanchista es la pretensión de suprimir los 37 títulos nobiliarios concedidos por Franco durante su régimen. Al margen de que la Constitución establece que corresponde al Rey “conceder honores y distinciones con arreglo a la ley” –competencia en la que una reiterada jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional, incluye la concesión y mantenimiento de los títulos nobiliarios–, ¿se puede saber qué culpa tienen Santiago Ramón y Cajal o Ramiro de Maeztu, o sus herederos, del hecho de que Franco no fuese demócrata? La transmisión de esos títulos nobiliarios ya han sido refrendada y avalada por el Rey, y tendría que ser el monarca el que los derogara, así como, ya de paso, todos los títulos nobiliarios concedidos desde la Edad Media por reyes que, a diferencia de Juan Carlos I o Felipe VI, en modo alguno encabezaron regímenes democráticos.

Hay que hacer mención también al odio anticlerical que destila esta pseudoley, con la que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias pretende desacralizar el templo del Valle de los Caídos y expulsar a los benedictinos que allí residen. Los talibanes que nos gobiernan contemplan incluso la posibilidad de derruir la impresionante cruz que corona el monumento, lo cual encandilaría a aquellos socialistas y comunistas que alentaron y protagonizaron, antes y durante la Guerra Civil, una persecución religiosa que adquirió perfiles de lo que posteriormente la ONU catalogaría como genocidio.

Finalmente, no puede quedar en el tintero la denuncia de cómo un Gobierno que no mueve un dedo para detener y enjuiciar a los autores de los centenares de crímenes de ETA sin resolver, que gobierna con el apoyo de los proetarras de Bildu y que, recientemente, lamentaba "profundamente" por boca de su presidente el suicidio de un etarra preso pretenda crear una nueva Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar hechos de la guerra y la dictadura “hasta la entrada en vigor de la Constitución”.

Y mientras, España padeciendo la peor crisis económica y sanitaria de su historia reciente…

A ver si se entera Sánchez de que no hay dictaduras buenas y malas
OKDIARIO 16 Septiembre 2020

Cada vez que el Gobierno socialcomunista tiene un problema, se saca de la chistera la memoria histórica y el franquismo, mantras con los que la izquierda pretende desviar la atención. Desde que en 2007 Zapatero aprobara la Ley de Memoria Histórica, la norma se ha utilizado como instrumento de distracción, porque aquí no se han exhumado a las víctimas del franquismo -nada de «dignificar a los muertos» como prometió el socialismo – y el único exhumado ha sido el dictador Francisco Franco. Ahora, el Ejecutivo se saca de la manga una reforma de la ley para ilegalizar la Fundación Franco, mientras gobierna gracias al apoyo de de sus socios comunistas, los golpistas de ERC y los proetarras de Bildu, que son mucho más dañiños para la democracia, por su influencia nociva sobre la convivencia y el Estado de Derecho. Sánchez es un hipócrita que se empeña en vender la falaz idea de que la única dictadura que representa un peligro es la franquista, cuando quienes son verdaderamente una amenaza son sus aliados naturales

El Ejecutivo socialcomunista permitirá al mismo tiempo que asociaciones que hacen apología del Frente Popular continúen con su actividad y además reciban subvenciones públicas, lo que demuestra su grado de sectarismo. De modo que la Fundación Largo Caballero -fundada en 1978 para ensalzar la figura del Lenin español, secretario general de UGT cuando se declaró la Guerra Civil y que tomó la decisión de armar a las milicias populares-; la Fundación Domingo Malagón, nombre del responsable del aparato de falsificación del partido Comunista e integrante del Quinto Regimiento de las milicias populares; la Fundación Anastasio de Gracia o la Fundación Horacio Fernández Inguanzo seguirán sufragándose con el dinero de todos los españoles, al tiempo que la nueva ley anulará, por ejemplo, la sentencia contra Luis Companys, condenado a treinta años de prisión por la II República y luego fusilado por el franquismo. Companys fue el responsable del asesinato de miles de personas, en su mayoría católicos.

El pasado más negro de la izquierda se blanquea y todo el objetivo se centra en condenar a la dictadura franquista, lo que revela que Sánchez distingue entre dictaduras buenas y malas por criterios de estricto sectarismo ideológico. En suma, la nueva Ley de Memoria Histórica es la ley del embudo socialcomunista: toda una manipulación de la historia con la que Pedro Sánchez pretende tapar su negligente gestión de la crisis.

Cuando la necesidad aprieta, sale Franco

Editorial El Mundo 16 Septiembre 2020

Hace falta poco escrúpulo y mucha frivolidad para alentar, en medio de la pandemia, una ampliación de la divisiva ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo de Ministros dio luz verde ayer al anteproyecto de ley pensado para prolongar la guerra cultural entre españoles, ahora bajo el nombre de Memoria Democrática. Se trata de una norma que, como entonces, se basa en una burda distorsión de las palabras para azuzar el revanchismo y exprimir la utilización maniquea del pasado para condicionar el presente y ganar poder en el futuro. Urge socavar más el significado de la Transición, porque donde hay reconciliación se esfuma la rentabilidad electoral del populismo. Aunque el precio sea abrir heridas en una generación que ni las sufrió ni tuvo que restañarlas.

Esto no tiene nada que ver con la memoria ni con la historia ni con la democracia. Se trata de alargar artificialmente la ganancia política -cohesión del sanchismo y estigmatización de la oposición- de la exhumación de Franco después de exhumado Franco. Lo peor de esta obsesión por reescribir la historia -ahora resulta que Companys, golpista contra la República, fue un mártir- y atar a peligrosas emociones guerracivilistas el debate mediático no es solo el cinismo que desprende la maniobra de distracción; es el precio que se cobra en términos de libertad. Por supuesto que es necesario coadyuvar al derecho de los familiares a recuperar los cuerpos de las cunetas. De ambos bandos. Pero mezclar esta obligación moral del Estado con la amenaza a la libertad de expresión, hasta el punto de querer vetar ideas -por repelentes que sean- en una democracia pluralista, es intolerable. ¿Por qué no piden ilegalizar a Bildu por sus homenajes a asesinos vivos? Es sucia la estrategia de tildar de fascistas a quienes no viven de repartir carnés de demócratas.

Una vez más este Gobierno, cuando su gestión naufraga y los escándalos se le amontonan, llama a la tumba del dictador. Su necrofilia ya resulta grotesca.

Sánchez, atado a la 'coalición Frankenstein'
Editorial El Mundo 16 Septiembre 2020

El presidente del Gobierno acusó hace justo una semana a Ciudadanos de permanecer en «la foto de Colón», reafirmando así la política de bloques que ha guiado al Gobierno más frentista de la historia de la democracia. La realidad, por mucho que Sánchez intente fingir un giro a la moderación, es que el PSOE continúa apostando a través de Podemos por mantener la coalición Frankenstein para sacar adelante los Presupuestos. Sánchez, después de que los socialistas firmaran un pacto de gobierno en el País Vasco con el PNV, allana el camino a ERC reactivando la vergonzante mesa de diálogo y alentando una reforma legal para rebajar el delito de sedición. Y ello pese a que el sedicioso condenado Oriol Junqueras continúa amenazando con la unilateralidad. Al tablero sanchista hay que sumar la búsqueda de los escaños de Bildu, extremo insólito desde la Transición.

Otegi, quien como otros socios de investidura exige el fin de la dispersión de los presos etarras, ya puede considerarse un aliado gubernamental. Sánchez se condolió en sede parlamentaria por el suicidio de un etarra, sin mencionar su abyecta trayectoria. Este blanqueo es una exigencia previa para desbloquear los contactos con los herederos de ETA. Iglesias es el encargado de abrirlos como nexo útil entre el PSOE y cuantos aspiran a liquidar la Constitución. Sánchez no respeta líneas rojas si se trata de blindar su poder.

El Gobierno ensaya el adoctrinamiento
Editorial ABC 16 Septiembre 2020

Tan oportunamente como se suelen lanzar las cortinas de humo para tapar su caótica gestión de la crisis, el Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, desarrollado a partir de la ley de Memoria Histórica y en el que Sánchez va mucho más allá de donde fue Zapatero. De hecho, si en general aquel texto era más bien de inspiración revanchista, sin otro objetivo que el revisionismo teórico del pasado, el nuevo es claramente intervencionista y pasa directamente a ser no solo ejecutivo (multas, sanciones, ilegalizaciones) sino también adoctrinador, pues lleva su versión a la escuela, para alumnos de Secundaria, y se incluirá en la formación de los profesores de tal forma que no quede ningún cabo suelto para la institucionalización de la nueva doctrina.

El proyecto rebasa con mucho el necesario desentierro de las personas represaliadas durante la Guerra Civil cuyos restos aún permanecen en las cunetas y que ya es hora de que sean sacados de allí. No es eso, se trata de imponer una visión sesgada de cara al futuro. «Nuestros jóvenes deben saber de dónde venimos», afirmó ayer la vicepresidenta Calvo para justificar el aleccionamiento. Pero en realidad el Gobierno persigue que los jóvenes deglutan la versión hemipléjica de aquel desastre a través de una especie de desahogo revanchista. La vertiente judicial de la ley, con la creación de una Fiscalía especial que vigile en el Supremo su cumplimiento o la anulación de los juicios durante el franquismo, puede tener en algunos aspectos difícil encaje constitucional. Además, en su tramitación en las Cortes nacionalistas, separatistas y proetarras van a querer sacar tajada a su favor, embarrando definitivamente el debate y haciendo de su capa un sayo con su sectarismo identitario, pues Sánchez necesita sus votos.

Pésames
Gabriel Sanz. vozpopuli  16 Septiembre 2020

Pedro Sánchez debe reflexionar sobre su pésame a Bildu: el etarra suicidado Igor González Sola, lejos de abjurar de su pasado, había empezado a coquetear con los sectores más irreductibles del mundo abertzale

Lo peor del pésame de Pedro Sánchez a Bildu, tras el suicidio en prisión del etarra Igor González Sola no es ese gesto de solidaridad que nos hace dignos de llamarnos seres humanos. No, lo peor es que suena demasiado a maniobra de un presidente en apuros para sacar adelante la legislatura sin una formación cuyo portavoz, Arnaldo Otegi, todavía no encuentra razones para dar uno solo por los 829 asesinados por ETA... Y mira que ha tenido tiempo. Por no remontarnos mucho, nueve años, los que lleva la banda terrorista sin atentar. Lástima.

Cuando se le pregunta por qué no nos obsequia con su humanidad en público -en privado lo ha hecho alguna vez-, Otegi aduce no se qué razones estratégicas sobre un "conflicto" que parece querer ad eternum, el sabrá, aunque lo que nos ocupa es que a nuestro presidente del Gobierno le haya faltado tiempo para congraciarse con él y los suyos... iba a escribir "sin pedir nada a cambio" -como el niño que empieza a saber de los Reyes Magos y prefiere no seguir por interés- y no es verdad.

Permítame, señor presidente, recomendarle la lectura de esta estupenda crónica de nuestro especialista en Interior Alejandro Requeijo.Revela la correspondencia del etarra González Sola con sus conmilitones desde la cárcel y... solo cabe una conclusión: lejos de arrepentirse, era alguien que empezaba a coquetear peligrosamente con ATA, la escisión etarra que lidera ese otro desahuciado para la convivencia que es Iñaki Bilbao; lo hacía amenazando a Otegi y los suyos al grito de "¡puedo publicar todas las miserias!".

El Estado dio la mano al etarra González Sola en forma de beneficios penitenciarios pero él no encontró mejor forma de 'agradecerlo' que enrocarse en el asesinato y el terrorismo antes de suicidarse

Así se expresaba alguien a quien el Estado democrático y de Derecho tendió la mano en forma de beneficios penitenciarios -a punto de salir en tercer grado después de veinte años de cárcel, había sido trasladado a la cárcel de Martutene (San Sebastián) cerca de su familia por problemas mentales-. No encontró mejor forma de agradecerlo que enrocarse en un terrorismo salvaje, ciego, del que nos ha salvado únicamente que se haya quitado de en medio.

Por eso es tan peligroso su pésame, señor presidente. Reflexione. Porque lo que usted y su gobierno diseñaron como gesto de humanidad inocuo que puede permitirles acabar la legislatura, ETA y lo que queda de ella en las cárceles y la política lo perciben como debilidad. Y esto no va únicamente de su permanencia en La Moncloa.

Se lo dice alguien que pasó buena parte de su juventud en el País Vasco, estudió en su Universidad pública, verdadera cantera de terroristas, pudo engancharse a esa y otras redenciones laicas y no lo hizo, y ahora, en la madurez, tampoco va a ejercer de separador retrasando lo importante: que el País Vasco y del resto de España se reconcilien desde la premisa todos "decidimos" sobre lo que es de todos... eso sí, sin urgencias parlamentarias. Ya me entiende.
La banalidad del mal

Cuando acabe esa crónica de Requeijo, si puede lea Patria, la novela de Fernando Aramburu, la cual, igual que ocurrió con el mítico A sangre y fuego de Manuel Chaves Nogales, la mejor descripción de la Guerra Civil porque relata episodios reales con personajes que parecen pura ficción, dibuja una atmósfera tan atosigante, unos personajes y situaciones tan irreales en una sociedad sana, que ningún ensayo sobre datos reales podrá nunca describir mejor qué fue el terrorismo, sus secuelas y los odios entre amigos que dejó por el camino.

Y, si todavía tiene tiempo, coja del brazo a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y vean juntos este episodio 3 de la extraordinaria serie de Jon SistiagaETA. El final del silencio. En él Jon Aldalur, miembro del comando de adolescentes -tenían 18 años- que en 1976 conmocionó a la sociedad vasca secuestrando y asesinado al industrial Angel Berazadi, relata con escalofriante precisión cómo confraternizaron con él, llegando a cocinar para aquellos, que acabaron descerrajándole un tiro en la sien así como lo cuenta Aldalur:

Sí, señor presidente, La banalidad del mal de la que ya escribió profusamente Hannah Arendt... que no atiende a aritméticas parlamentarias y geometrías variables. Usted ya me entiende.

Independentismo en Cataluña
El Congreso rechaza la reforma de Vox para ilegalizar partidos separatistas con la abstención de PP y Cs
Los populares no respaldan el texto porque "pretende ilegalizar a los independentistas por el mero hecho de serlo"
La formación de Arrimadas rechaza que ésta sea "la forma más eficaz de debilitar al separatismo"
Segundo Sanz okdiario 16 Septiembre 2020

Vox ha llevado este martes al Pleno del Congreso una reforma de la vigente Ley de Partidos Políticos para ilegalizar a todas las formaciones independentistas y a las que promovieron el golpe de Estado en Cataluña de 2017. Es decir, ERC, JuntsxCat, la CUP y EH Bildu, entre otros, no descartando incluir también aquí a formaciones soberanistas como el PNV o el BNG en caso de asumir objetivos separatistas. Sin embargo, la mayoría de grupos, salvo que PP y Ciudadanos que han optado por la abstención, han rechazado esta propuesta.

En concreto, el texto registrado por el propio presidente de Vox, Santiago Abascal, planteaba ilegalizar «a todos los partidos que busquen destruir la unidad y la soberanía de España». Así, Vox denuncia que en la actualidad existen partidos que expresan en sus estatutos -e incluso desde las administraciones e instituciones como la Generalitat de Cataluña- su voluntad de «romper España» y el orden constitucional, además de tratarse de formaciones que han incitado «a la violencia, a la desobediencia de los tribunales, al incumplimiento de las leyes, al abuso de poder» y que han «justificado» el terrorismo.

El partido de Abascal reclama que las formaciones políticas sean herramientas de participación política y una expresión de pluralismo, pero no «un peligro para la unidad y la convivencia entre españoles». «No se trata sólo de proclamaciones ideológicas sino también de actuaciones reiteradas y sistemáticas que ya han merecido las más severas sanciones de la jurisdicción nacional, constitucional y ordinaria», rezaba la iniciativa.

«El Legislativo no puede hoy abstenerse de intervenir, lo que sería tanto como hacer dejación de su alta función en una situación crítica, sin procurar al Poder Judicial medios normativos suficientes para el enjuiciamiento de legalidad de tales partidos, con arreglo a la jurisprudencia constitucional», añadía el texto.

En rueda de prensa este martes, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, afirmó que era un «orgullo» para su formación la defensa de esta proposición de ley en cumplimiento de una de sus principales promesas electorales.

Además, enfatizó que esta propuesta busca que «aquellos que quieren romper la unidad de España no tenga una silla en la mesa de la política española». «Pueden tenerla en otros ámbitos y la libertad expresión les ampara para escribir libros, dar conferencias y expresar su opinión, pero otra cosa es que intenten romper el tablero de juego en el que estamos todos instalados según la ley», subrayó.

Ya desde la tribuna de oradores, Espinosa de los Monteros ha insistido en que «no se trata de ilegalizar ideas como hace el Gobierno con la nueva ley memoria histórica; no queremos construir una memoria común de todos los españoles, qué salvajada, no vamos a crear una policía de ideas, sino preservar un espacio de libertad, que es la Constitución», ha destacado el portavoz de Vox.

«Cobardes»
«En este momento crucial nadie puede evadir su responsabilidad patriótica. Sería traicionar nuestro juramento. Más vale tener cicatrices por intentarlo, que la piel intacta por ser cobardes. Viva España», ha concluido Espinosa de los Monteros.

Por su parte, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro ha explicado que el Grupo Popular también se abstendrá porque «no hay democracia sin pluralismo, que las ideologías son libres y que son los medios ilegales y violentos los que están prohibidos en nuestra ordenamiento. Nuestra democracia no es militante».

Así, ha señalado que los populares no votan a favor del texto porque «pretende ilegalizar a los independentistas por el mero hecho de serlo y eso va contra nuestra Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional. Cuando se invoca a la Constitución hay que invocarla entera», ha sentenciado Bermúdez de Castro.

Corte electoral
Por la mañana, el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara baja, Edmundo Bal, avanzó la abstención de su grupo dado que en la formación naranja «no somos partidarios de ilegalizar ideas, sino las conductas violentas, que favorecen el odio o la separación», explicó.

Además, Cs no comparte que la «ilegalización de formaciones sea la forma más eficaz de debilitar al separatismo». Por contra, remarcan desde la formación naranja, sí lo es «hacer irrelevantes en la gobernabilidad de España a quienes quieren destruir España en el futuro inmediato e impulsar un umbral democrático con las reformas pertinentes como el que hay en otros países para que los partidos que no comparten el interés general de los españoles dejen de verse beneficiados por la ley electoral nacional».

En este sentido, el grupo de Arrimadas aboga por establecer un corte democrático electoral del 3% para que las formaciones políticas que no obtengan ese total del voto nacional no tengan representación en el Congreso de los Diputados.

 


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