AGLI Recortes de Prensa   Jueves 17  Septiembre  2020

La crisis es peor de lo que reconoce este Gobierno
Editorial El Mundo 17 Septiembre 2020

No hay atisbo de brotes verdes en la economía española: Sánchez debe corregir el rumbo

El empecinamiento del Gobierno en negar la crudeza de la crisis económica provocada por la covid supone un lastre que puede agravar las consecuencias, ya de por sí onerosas, de un escenario marcado por la inestabilidad, la incertidumbre y la falta de confianza. Los principales indicadores internacionales sitúan a España como uno de los países que peor gestionó la primera ola de la pandemia y va camino de serlo en la segunda. La pésima planificación de la desescalada, la falta de criterios nítidos, la nula cooperación institucional una vez levantado el estado de alarma y la secuencia de rebrotes durante el verano han terminado situando a nuestro país de nuevo ante el precipicio. Esta mezcla de inoperancia y de temeridad frustra cualquier atisbo de recuperación en el terreno económico. Pese a la demagogia desplegada por Sánchez, y pese a la insistencia de Nadia Calviño y María Jesús Montero en ver brotes verdes donde los empresarios y trabajadores no ven más que nubarrones, la realidad es que España se ve abocada a una colosal recesión de efectos imprevisibles. En su tercer informe trimestral, el Banco de España viró ayer hacia el pesimismo: corrige entre dos y cuatro puntos a la baja su expectativa de crecimiento para 2021, que ahora será de entre el 7,3% y el 4,1%. La caída de la economía entre abril y junio fue más severa de lo previsto, y a ello se suma un verano desastroso para el sector turístico. A las previsiones del supervisor y la escalada de la deuda se suman los augurios de los servicios de estudios más fiables: apuntan a que ni en 2023 se habrá logrado volver a la tasa de paro de 2019, que ya era el doble de la Eurozona.

España transita hacia una legislatura perdida en materia económica y laboral. La catástrofe se ve agravada por la inexistente hoja de ruta de Sánchez, la dependencia del PSOE de su pacto con Podemos y los peajes que acarrea la coalición Frankenstein. No hay planificación a medio y largo plazo, no hay señales de certidumbre y no hay confianza entre empresarios e inversores. El Ejecutivo se aferra a las medidas habilitadas hasta ahora, materializadas tarde y mal, y a la extensión de mecanismos como los ERTE, tal como imploran la patronal y las centrales sindicales. Algunos de estos instrumentos, como el ingreso mínimo vital, no están amparando a quien de verdad lo necesita por la insolvencia gubernamental para ponerlos en marcha. En la coalición de Sánchez e Iglesias prima la propaganda sobre la gestión. Y a estas alturas, ni siquiera la cuantiosa inyección a través del Fondo de Reconstrucción de la UE -cuyo destino concreto aún no está definido- permite augurar una salida a la crisis.

Mientras el Gobierno prefiera elaborar unos Presupuestos al lado de socios como Otegi o Junqueras, adalides de recetas radicales y enemigos declarados de la lealtad constitucional, no habrá recuperación. La responsabilidad histórica debería mover a Sánchez a rectificar por completo el rumbo de una política económica suicida. Su agenda ideológica ha caducado.

España, sin pulso para recuperarse
Editorial ABC 17 Septiembre 2020

El último informe del Banco de España ya no es «precoz y preliminar», sino el reflejo de una crisis que no ha dejado de agravarse por la imprevisión y el exceso de confianza del Gobierno

Fue a mediados del pasado abril cuando el FMI corrigió de forma drástica sus previsiones económicas y anunció el desplome de la economía española, herida por la pandemia. La respuesta del Gobierno -inmediata y esquiva, similar a la que unas semanas antes formuló para restar gravedad al Covid-19 y aplazar su toma de decisiones- fue negar la mayor y tachar de «precoz y preliminar» un informe cuyas variables no han dejado de empeorar en los últimos meses, hasta situar a nuestro país como el socio comunitario con mayores tasas de destrucción económica y desempleo. Ayer fue el Banco de España el que, además de confirmar la magnitud del desastre, diagnosticó «cierto agotamiento del proceso de recuperación» para el próximo ejercicio. Aquella uve dibujada por el Ejecutivo para trazar el camino de la reconstrucción económica, prácticamente simétrica a la de la caída del PIB, se desvanece para prolongar la agonía de nuestro tejido económico. Según el Banco de España, el desempleo podría rondar el 20 por ciento hasta 2022, con un déficit público desbocado y una deuda pública que en función de los distintos escenarios sanitarios rondaría el 120 por ciento del PIB. Cinco meses después de que el FMI diera la primera voz de alarma, el Banco de España emite un informe que ya no es «precoz y preliminar», sino el reflejo de una crisis que no ha dejado de agravarse por la imprevisión y el exceso de confianza del Gobierno, cuyas consecuencias ha sufrido especialmente -y va a sufrir en los próximos meses, sin perspectiva alguna de recuperación a corto plazo- el sector turístico y la hostelería, capitales para cualquier proyecto de reconstrucción.

Negar la realidad, cantar victoria de forma precipitada y renunciar a una política de prevención -sanitaria o económica, inseparables en esta crisis- siguen definiendo la acción del Ejecutivo, más preocupado de elaborar una Presupuestos Generales que sellen la vigencia de su «mayoría de progreso» que de contribuir al verdadero y cada vez más urgente rescate de la economía española. Los aplausos que el Consejo de Ministros y la bancada socialista dedicó a Sánchez de regreso de Bruselas, donde cosechó una notable partida de fondos de auxilio, son la expresión del conformismo con que el Ejecutivo gestiona un desastre cuya solución, sin planes de crecimiento o empleo, sin más recurso que los parches estacionales y la propaganda, ha decidido trasladar al campo de la solidaridad exterior.

El Gobierno esconde la crisis económica
Editorial La razon 17 Septiembre 2020

El Banco de España, en su último informe trimestral, advierte de la «distorsión sin precedentes» que está sufriendo la economía española a causa de la pandemia de coronavirus y empeora las previsiones de la evolución del PIB, con una caída de hasta el 12 por ciento para el conjunto del año, y del mercado laboral, con tasas de paro sostenidas hasta el año 2022 de alrededor del 20 por ciento. A nadie se le escapa la gravedad de la situación, mucho menos a las familias, que vuelven a reaccionar de la única forma posible: restringiendo los gastos y primando el ahorro, como demuestra el hecho de que la demanda interna nacional, en pleno desplome, restará hasta un 10 por ciento del PIB, sólo este año. Con todo, lo que más preocupa de este análisis del órgano regulador es la confesión paladina de que muchos elementos de juicio, como el impacto que puedan tener los fondos europeos, están en el aire por falta de concreción, o, lo que es más significativo, la denuncia de que las estimaciones no han podido incluir las líneas básicas del proyecto de Presupuestos, porque nada se ha hecho al respecto. Todo lo contrario, en esta situación sin precedentes, el Gobierno de coalición socialcomunista que preside Pedro Sánchez parece tener otras prioridades, como la elaboración de una ley de «Memoria democrática», de dudoso encaje constitucional, con la que colmar viejas frustraciones, aunque sea a costa de romper los consensos de la Transición. Importa más la estrategia de la fractura social, en la que, por lo visto, las izquierdas se desenvuelven con fascinante habilidad, que afrontar la realidad presente, que amenaza con devolver al paro y a las dificultades vitales a más de cuatro millones de españoles. Sería un escándalo en cualquier país de nuestro entorno el espectáculo de unos gobernantes que posponen lo que es imperativo hacer por lo que intuyen, creemos que equivocadamente, que puede proporcionarles réditos políticos. Unos gobernantes que debaten entre sí cuestiones superadas por la propia realidad de los hechos, como la ideología que debe iluminar unas cuentas públicas que, sin embargo, no tienen el menor margen de maniobra, y que han hecho de la propaganda su mejor activo. No. Es preciso unir al conjunto de la sociedad española detrás de un objetivo común y ello, desde luego, no se consigue desde las prácticas guerracivilistas más pedestres ni tratando de arrinconar a una oposición sobre la que se pretende descargar las propias responsabilidades. Y, sobre todo, urge que nuestro Gobierno, del que, estamos absolutamente seguros, todos los ciudadanos guardarán larga memoria, se ponga a trabajar desde la sensatez en lo que sí es de la máxima urgencia. En unos Presupuestos que, al menos, alivien en lo posible la tragedia que se avecina.

¡Viva la URSS y Stalin!
Nada puede blanquear el horror que sufrió España y el mundo por culpa de la izquierda totalitaria. Ni siquiera la fiscalía que crearán para perseguir la libertad académica, ideológica y política.
Francisco Marhuenda La razon 17 Septiembre 2020

Una de las muchas cosas que se podrá hacer con la futura ley de Memoria Democrática será ensalzar a la Unión Soviética y al «padrecito» Stalin. Es más, será bueno repetirlo con una cierta regularidad. La Nueva Normalidad Política nos muestra claramente el camino que tendremos que seguir los historiadores y juristas si queremos escribir o hablar sobre ese período. Desde 1936 a 1978, de momento, habrá una doctrina oficial que se deberá seguir religiosamente y la relación de libros permitidos, supongo, se publicará en el BOE. No quiero ni imaginar qué les sucederá a los que ignoren las directrices políticas y se les ocurra recomendar alguna obra que no haya pasado la censura gubernamental. Lo más cómodo será recuperar el nihil obstat para que quede claro que el Ministerio de la Memoria Democrática no se opone a su publicación. En tiempos de Franco, los comunistas, con sus distintas tendencias, y los socialistas asaltaron con gran éxito la Universidad y especialmente algunas carreras como Historia, Periodismo, Magisterio, etc… No es casual el enorme peso que tienen en asignaturas como Derecho Constitucional o Historia Contemporánea y la mejor forma de progresar, por decirlo con toda su crudeza, es ser «rojo» y si además se ha estudiado con algún hispanista británico el futuro es deslumbrante. Y la derecha acomplejada les acoge con gran fervor.

A estas alturas, escribir un libro sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo es muy fácil, porque basta con adornarlo con comentarios elogiosos a comunistas, socialistas, anarquistas y la URSS sin olvidar la descalificación a sus rivales. El Premio Nacional de Historia habrá que darlo a quien ponga más veces a la frase «Franco, dictador fascista y genocida». La verdad histórica no importa, porque ahora toca el adoctrinamiento. Cuando se utilice la famosa foto de la Puerta de Alcalá decorada en 1936 con un clarificador «Viva la URSS» y en el centro un retrato de Stalin podrá inspirarse para defender ese régimen brutal y genocida, los juicios de Moscú, la masacre de Katyn, las checas donde murieron miles de españoles inocentes, los gulags, el saqueo del Banco de España, las violaciones masivas de mujeres alemanas por el Ejército Rojo, etc… Es lo que significa la Unión Soviética, Stalin y el comunismo. Nada puede blanquear el horror que sufrió España y el mundo por culpa de la izquierda totalitaria. Ni siquiera la fiscalía que crearán para perseguir la libertad académica, ideológica y política.

Patada de Sánchez a Ayuso en el trasero de los madrileños
OKDIARIO 17 Septiembre 2020

La estrategia de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid en relación con la crisis sanitaria pasa por negarle el pan y la sal -por ejemplo, la realización de pruebas PCR en Barajas, una demanda que Isabel Díaz Ayuso le lleva haciendo desde el comienzo de la desescalada- y luego cuestionar la gestión que el Gobierno autonómico está haciendo de la pandemia. Es decir: apretar para, llegado el momento, ahogarla. Lo insólito es que el Ejecutivo socialcomunista practica la ley del embudo: mano ancha con otras autonomías y palo y tente tieso a Madrid. El último y clamoroso ejemplo es que Sánchez ha autorizado la realización de pruebas PCR en origen y destino a los turistas que visiten Canarias desde los principales países emisores de viajeros, especialmente Alemania y Gran Bretaña. Si tenemos en cuenta que Barajas es la entrada a Europa de los viajeros procedentes de Iberoamérica, donde la pandemia se está mostrando con especial virulencia, la doble vara de medir del Gobierno es la demostración más palmaria del sectarismo que caracteriza al socialcomunismo gobernante.

El doble rasero demuestra que Sánchez está utilizando la crisis sanitaria como instrumento de derribo del Gobierno madrileño del PP. Si el Ejecutivo aprueba la creación de un «corredor seguro» para los turistas que visiten las islas, la pregunta es por qué se niega a hacer lo propio en Madrid, una Comunidad que por la mayor movilidad de sus habitantes y por densidad de población necesita adoptar mayores medidas de prevención y control.

Según la ministra de Turismo, Reyes Maroto, «ha llegado el momento» de hacer los test PCR porque «el turismo debe estar dentro del corazón de Europa y dar confianza a los turistas». Se refería a Canarias, pero a Madrid parece que ese momento no ha llegado por el sectarismo de un Ejecutivo que ha diseñado un plan de acoso y derribo contra la principal comunidad del PP. Todo un agravio comparativo que pone en peligro la salud de los madrileños.

No hay cortina de humo
Juan Carlos Girauta ABC 17 Septiembre 2020

La pésima gestión de la pandemia y la próxima legislación orwelliana sobre la historia brotan de una misma planta venenosa que se llama impunidad. No hace falta dilucidar si Franco es una cortina de humo. El meollo está en la impunidad. Desde la sensación de poseerla -siempre engañosa porque, tarde o temprano, todo se paga- se permite el régimen sanchista miccionar sobre la Justicia valiéndose de una fiscalía de parte.

Orwell ayuda a entender que la gestión sanitaria se califique de diligente y se decida no investigarla mientras el resto de Europa hurga en la conducta de sus gobiernos. Las activas fiscalías italiana o francesa se pondrían las botas si allí se hubiera rechazado en febrero por tres veces, como hizo Illa, la recomendación europea de comprar material de protección; si solo hubieran despertado cuando la demanda se había saturado; si hubieran disfrazado su negligencia con una campaña, de consecuencias letales, contra el uso de mascarillas.

También con Orwell entendemos que la «memoria democrática» es pura neolengua para fabular un cuento chino que atenta contra la historia. Y sin la sensación de impunidad nadie osaría invitarnos al olvido de los asesinatos recientes mientras se refrescan los remotos. Así pues, lo que caracteriza al régimen sanchista es el uso de esas herramientas y comodidades, no la materia sobre la que trabaja, que es todo. El sanchismo es totalizante, por eso los comunistas encajan como parte constituyente del régimen, no como accidente o epifenómeno.

Si no se abortan los Presupuestos, único modo de zanjar la legislatura, nos conducirán a una sociedad sin crítica y sin oposición (pues esta siempre será ilegítima). Eso sí, con una apariencia tan atractiva, por lo visto, como para recibir el apoyo de las grandes corporaciones y, desde luego, para aprovechar en el extranjero la increíble pervivencia del mito romántico de la Guerra Civil.

Si nadie les planta cara, si no se denuncia lo orwelliano ni se les jura que su impunidad se acabará, España acabará dándole las gracias a la ETA y revolcándose en un elaborado recuerdo inducido. Ahí los socialistas no organizaron el alzamiento de octubre del 34 (habrá que prohibir las memorias de Indalecio Prieto) ni mataron a Calvo Sotelo. Ahí Negrín no le propuso al presidente Azaña (que se negó a firmar) la transferencia a una sociedad anónima de todos los activos de España en el exterior. Ahí los socialistas no desvalijaron las cajas de seguridad de la banca privada. Ahí Prieto no sacó una pistola en el Congreso, ni Galarza (diputado, fiscal general del Estado, ministro) dijo en Pleno que «la violencia contra el jefe del partido monárquico no sería un delito», ni ordenó el asesinato de la periodista francesa Carmen de Bati, ni el de Luis Calamita por un asunto de faldas. Ahí El Socialista no celebraba al torturador y asesino de 800 personas García Atadell, con su Brigada del Amanecer.

Memoria desconstituyente
Ignacio Camacho ABC 17 Septiembre 2020

La llamada Ley de Memoria Democrática podría hasta merecer el aplauso si permitiese que el PSOE se dedicara al fin a resolver problemas de Estado una vez consumada su afanosa victoria retroactiva contra el fantasma de Franco, obsesión de la que no ha logrado liberarse ni siquiera después de desenterrarlo. Pero no ocurrirá tal efecto porque, además de un trampantojo ocasional, un artificio propio de la política-simulacro, ese proyecto es la clave ideológica de este mandato: la liquidación del consenso constitucional y del espíritu de reconciliación, que con tanto acierto resumió en su defensa de la Ley de Amnistía Marcelino Camacho, para refundar el régimen del 78 sobre una hegemonía moral de la izquierda basada en la reescritura sesgada del pasado. Una nueva legitimidad que reniega del pacto de la Transición y propugna el retorno a la discordia civil, al enfrentamiento de bandos que produjo el fracaso de los ideales republicanos.

De ahí que la nueva norma no se conforme con la dignificación reparadora de las víctimas de la represión, ni con la anulación de sus sentencias, ni con el imperativo rescate de los restos que aún permanecen en las fosas de la infamia o criando jaramagos en las cunetas. Eso es una cuestión de decencia que hace tiempo debería haber quedado resuelta. Pero la voluntad de adoctrinamiento, de imponer en las escuelas un relato prejuicioso de la dictadura y de la guerra, a despecho de la abundante historiografía objetiva acumulada en las últimas décadas, revela el designio de establecer una verdad oficial que estigmatice solapadamente a la actual derecha como depositaria de un legado de ignominia, deshonor y vergüenza. Y esa memoria oblicua, unidireccional, la alienta un Gobierno que no siente escrúpulo en blanquear a los herederos de ETA y en olvidar o desdeñar la cohesión ética que la resistencia a la agresión terrorista ha proporcionado a nuestra democracia moderna.

Por eso ya tarda Pablo Casado en anunciar su compromiso programático de revertir todos los aspectos de esa ley que no tengan que ver con el justo desagravio a quienes sufrieron el atropello del período totalitario. Porque esto no se trata sólo de una táctica de distracción ante otras urgencias políticas sino de un intento liquidacionista de las bases morales y jurídicas sobre las que se levantó el vigente sistema de libertades individuales y de concordia colectiva. Es una especie de ajuste de cuentas contra el legado de normalidad que representa el modelo constitucionalista. Y, de paso, un truco oportunista para estimular pasiones reactivas que conviertan la escena pública en una diabólica reyerta de simplezas banderizas. El escenario en que la moderación, la inteligencia y la razón queden abolidas en beneficio de la siempre estéril confrontación retroactiva. No puede haber memoria común donde no existen lealtades nacionales compartidas.

El Gobierno copia a Orwell
Isabel San Sebastián ABC 17 Septiembre 2020

El Gobierno se ha instruido en las páginas de «1984», formidable obra de George Orwell, para redactar su Ley de Memoria Democrática. El texto se asemeja tanto a lo descrito por el célebre periodista y escritor británico cuya pluma desnudó las vergüenzas del comunismo, que no puede tratarse de una coincidencia. ¡Han copiado!

En la novela, el Ministerio de la Verdad (sarcástica nomenclatura habida cuenta de su cometido) se encarga de alterar la Historia adaptándola constantemente a lo que en cada momento conviene al Partido, controla a los medios de comunicación, difunde propaganda oficial y da forma al concepto «verdad» con arreglo al neolenguaje que convierte la paz en la guerra, la libertad en la esclavitud o la ignorancia en la fuerza. ¿Les suena? Algo muy parecido pretende la ley alumbrada por nuestra coalición social-podemita, cuyo título constituye también un embuste por partida doble. En primer lugar, porque la memoria es algo personal en lo que el Estado no debería inmiscuirse, so pena se adentre en el pantanoso terreno de la ingeniería social como ocurre en la distopía de Orwell o cada vez más en la España actual. En segundo lugar, porque si de lo que hablamos es de Historia, de hechos acaecidos en el pasado, estos no son ni dejan de ser democráticos. Son lo que son; acontecimientos susceptibles de estudio, análisis, contraste, interpretación y controversia. En eso consiste la labor de los historiadores, profesores o divulgadores en las naciones donde se respetan las libertades de cátedra, investigación, opinión, creación y expresión, entre otras. O sea, en las naciones que no pervierten la democracia usando y abusando de su nombre o bien poniéndole apellidos engañosos.

El Ejecutivo que presiden Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretende reescribir por ley lo acontecido en España desde 1934 con el fin de convertir a los vencidos de la Guerra Civil en vencedores y a los vencedores en vencidos, haciendo mangas y capirotes del ejemplar ejercicio de reconciliación que conocemos como Transición y se basó en el propósito común de pasar página de aquella tragedia en aras de construir juntos una España plural y próspera. Pretende dinamitar los consensos alcanzados entonces para sentar las bases de un cambio de régimen donde quede prohibido pensar con cabeza propia y discrepar de cualquiera de los dogmas incluidos en la doctrina mal llamada «progresista», empezando por el que presenta una república intachable de ciudadanos felices arrollada por la barbarie de unos militares «fachas» que acabaron reinstaurando una monarquía ilegítima. Pretende hacernos olvidar los cincuenta mil muertos que deja tras de sí la pésima gestión gubernamental de la pandemia que nos aflige hoy, en este momento, exhumando a los que llevan más de ochenta años bajo tierra. Pretende ignorar dos leyes de amnistía aprobadas por abrumadora mayoría, a costa de grandes renuncias, pero hacerlo de forma selectiva y sectaria; esto es, desamparando a quienes pudieran haber protagonizado algún hecho delictivo desde las filas del franquismo sin privar de impunidad a las decenas de terroristas con las manos manchadas de sangre que se beneficiaron de esos indultos, a menudo para volver a matar. En definitiva, pretende imponernos una única visión sesgada y partidista de lo acontecido en nuestro país durante el último siglo para así facilitar la magna siembra demagógica y falsaria que ha de sustentar su proyecto liberticida.

La Ley de Memoria Democrática no es solo una cortina de humo. Es un misil en la línea de flotación del sistema constitucional. Un arma de gran calibre cuya finalidad es convertir nuestra ignorancia en su fuerza. Orwell puro.

El gobierno va “de culo y cuesta arriba”
Jesús Salamanca diariosigloxxi 17 Septiembre 2020

Estamos en septiembre y nada sabemos de los presupuestos de Sánchez, salvo que se la ha querido “meter atravesada” a Pablo Casado y ha insistido en que debe haber presupuestos para que llegue el dinero de Europa. Mentira. Otra mentira, como en él es habitual. El día menos pensado va a venir el lobo y se le va a ver el plumero. Si en España ya se le tiene por mentiroso, indecoroso, vago y chulesco, me callo las adjetivaciones que los medios de comunicación europeos le endilgan a diario.

Hasta ahora solo ha buscado apoyos para los presupuestos, pero desconociendo esos. No entiendo que alguien le dé su apoyo sin conocer en qué se beneficia España o cómo se va a planificar eso de que “nadie se quede atrás”. Bueno sí, hay formaciones independentistas, nacionalistas y proterroristas que pasan de eso: lo importante es cuánto me llevo o cuánto me das; decir, los presupuestos se compran y se venden, como en la canción. Ni proyectos ni cuentas ni…ni… Pretende Sánchez que la culpa de algo pueda recaer en alguien que no sea él. Sabe de su ineficacia y de la ineptitud de sus cercanos. Va el Gobierno “de culo y cuesta arriba”.

Siente el miedo de perder la alfombra roja y de tener que recoger el colchón usado de Moncloa: sería un trauma para este “don Narciso” al que miles de desnortados han votado como presidente. Nunca arrimó el hombro ni echó una mano ni colaboró en nada de nada. Él solo quiere vivir a cuerpo de rey aunque con una brutal envidia al rey Felipe VI: no puede ver que el pueblo se vuelque con Felipe mientras a él lo silban, insultan y desmerecen. Es muy duro para un narcisista no estar en el centro ni ser el bautizado, la novia o el difunto en cada caso. ¿Se acuerdan de aquel “No es No, Señor Rajoy. ¿Qué parte es la que no entiende?” Bien, pues ahora él se cree un encantador de serpientes mientras para la ciudadanía es un espantador de inversiones. A los datos de turismo y a la Bolsa me remito.

Lleva Pedro dos años y aún tiene la casa sin barrer y los trastos sin ordenar: crece el paro y no ponen soluciones; más de ciento cincuenta mil ciudadanos siguen sin cobrar los ERTE y se va el Gobierno de vacaciones; se hunde el turismo y el Gobierno sigue con sus gracietas al respecto; cierran miles de autónomos (siete de cada diez) y el Gobierno los echa la culpa de ese cierre; los más vulnerables sufren las consecuencias de la inutilidad del propio Gobierno; los sindicatos sectarios esputan contra los trabajadores y se ponen del lado del Gobierno…. Tan solo la CEOE muestra un mínimo de condescendencia y aporta soluciones al paro, al mantenimiento del empleo, exige que se paguen los ERTE y dice al Gobierno que no es el mejor momento para hacer cambios en la reforma laboral. En fin, al Gobierno Sánchez lo mismo le da hacer una casa sin ventanas que coger la casa de aguas y acabar por los cimientos.

No sabemos hacia dónde va Sánchez ni con qué números trabaja. El criterio parece ser: primero me aseguro la poltrona de Moncloa y después ya veré qué incluyo en los Presupuestos Generales del Estado. No es de fiar lo que diga Pedro ‘Pilatos’ Sánchez porque lo que dice hoy no sirve para mañana. No faltan quienes explican que el cenutrio no es él sino solo un reflejo de la torpeza del tal Iván Redondo. Las pruebas demuestran que no van muy descaminados: solo se trabaja --palabra sacrílega para el socialcomunismo— de cara a la galería, como el organizado e interesado aplauso de los ministros tras su clamoroso ridículo en la Cumbre europea; precisamente la que estuvo a punto de cargarse por sus inútiles exigencias y sus comentarios machistas a Sanna Marin: tan solo la experimentada intervención de Angela Merkel hizo que el estropicio no fuera tal.

Si Sánchez piensa que el dinero de Europa nos resolverá la papeleta, está apañado con poca ropa, porque ese dinero no llegará antes de diciembre de 2021 o marzo de 2022. Ahora nos interesa conocer desde el techo de gasto hasta los ingresos planificados, pasando por los proyectos que se presentarán en diciembre a Europa. Como alguno no sea aprobado por la UE, se va a montar “la de San Quintín”. Yo creo que Pedro Sánchez no ha entendido nada o ha leído boca abajo los documentos. La pasta de Europa no nos resolverá los planes sino que será la aplicación de estos la que haga que llegue ese dinero.

Si piensan que será clave la igualdad de género o la cohesión territorial, por poner unos ejemplos, es que están muy desnortados. El dinero de las ayudas no es para eso. Sí aciertan con la digitalización, las soluciones sanitarias, la mejora de las comunicaciones en la educación, al igual que acertarán si se proponen reducir la administración pública de funcionarios y asesores, libre designación, parasitismo sindical, recorte de gastos improductivos y sin derechos generados, feminismo de farola e igualdad impostada. De momento nos sobran nueve ministerios, claros recogederos de paranoia, ceguera económica, parasitismo social y patente desigualdad. ¿Acaso no ven a la “burra” parada?

No es ningún secreto decir que las políticas sociocomunistas son un desastre anunciado y acentuado. Aún no han entendido que el dinero de Europa tendrá destino concreto en función de los planes que presente el Gobierno. Un Ejecutivo antisocial --como el nuestro-- no puede perder más tiempo con la igualdad de género, ya reconocida en nuestra Constitución y presente en el día a día. Sigue con sus vagas absurdeces. Están desfasados como sus credos. Es mejor que se centren en lo importante y olviden lo accesorio.

Hay muchos departamentos de donde se puede ahorrar mucho dinero, al igual que no tiene sentido seguir con 37.000 coches oficiales y miles de inexpertos asesores. Sin darnos cuenta, se nos ha llenado el Ejecutivo de “bocachanclas” con sueldos estratosféricos. Nadie parece ver el agujero que existe en las cuentas públicas. Al final echarán la culpa a los funcionarios y a los jubilados, como de costumbre. Seguirán sin ver adónde va el gasto inútil ni por qué cada ejercicio vamos peor. La “burra” sigue parada. No avanzamos nada.

Baleares, paraíso del comisario lingüístico
Editorial El Mundo 17 Septiembre 2020

Baleares está hundiendo su sistema educativo en el modelo catalán de inmersión lingüística. Una estrategia que ha propiciado, siguiendo el patrón identitario, el despliegue del adoctrinamiento educativo a medida que va menguando la atmósfera de pluralismo y respeto a los derechos constitucionales de los castellanoparlantes, pisoteados por el nacionalismo. Así, hay colegios en Baleares donde solo se puede estudiar en catalán, pues se niega a los padres la posibilidad de que sus hijos reciban una educación en castellano. La permisividad y el vaciado competencial de la Alta Inspección para frenar tal disparate da pie a episodios intolerables como el que recogemos hoy en exclusiva: un instituto público prohíbe a un profesor dirigirse a alumnos, padres y otros docentes en castellano argumentado que «las normas del instituto están por encima de los derechos individuales».Y la norma es el catalán. Si el enunciado liberticida ya es aberrante en sí mismo, el hecho de que lo comunicara por escrito redondea la sensación de impunidad. Solo quien se cree intocable mientras cercena derechos deja constancia del atropello. El profesor ha sido reprendido, pero él es solo el síntoma.

Esta aberración se produce porque el Estado permite que se excluya la lengua oficial del ámbito educativo. Y el idioma, ya lo sabemos, solo es el primer paso de la ingeniería social nacionalista que viene después.

Vox anuncia que recurrirá la Ley de Memoria: "Quieren ganar lo que perdieron en el campo de batalla"
Agencias republica 17 Septiembre 2020

La secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha anunciado este jueves que su formación recurrirá la Ley de Memoria, cuyo anteproyecto el Consejo de Ministros aprobó este martes, al considerar que vulnera "derechos fundamentales" como la "libertad de expresión, de asociación e ideológica".

En una entrevista en esRadio, Olona ha criticado que el Ejecutivo pretende "ganar con una ley lo que perdieron en el campo de batalla". "Pretenden rescribir la historia que mis antepasados cerraron con heridas sangrantes con mucha dignidad y sacrificio", ha apuntado.

Según Olona, y "por las informaciones" conocidas, la Ley de Memoria también vulnera "la jurisdicción exclusiva que garantiza el artículo 117 de la Constitución", que establece que "para que se reconozcan unas víctimas se tiene que publicar un victimario".

En esta línea, la dirigente de Vox ha explicado que el recurso será presentado una vez la Ley de Memoria sea aprobada en el Congreso de los Diputados. A su juicio, se trata de un "avance más del sectarismo ideológico cuyo paradigma es el comunismo de extrema izquierda" que "está en el poder por la ignominia" del PSOE.

Así, Olona ha criticado que con esta ley se pretenda "declarar la nulidad de las condenas impuestas por la dictadura" y que se quiera "implementar una fiscalía especial en el Supremo, que no hará de fiscal sino de historiador". "Y no será objetivo, sino al servicio del Gobierno que quiere derogar la Ley de la Amnistía y resquebrajar la legitimidad de la Constitución", ha añadido.

La portavoz del partido que preside Santiago Abascal ha sostenido además que "la profanación de la tumba del general" Francisco Franco "era la excusa" del Gobierno. "Derrocar la monarquía y la cruz es el siguiente objetivo", ha continuado, para después recordar que, "en 2018, Podemos pidió derribar la cruz del Valle de los Caídos".


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56.000 muertos, más impuestos, menos pensiones, bajan sueldos
Carlos Dávila 17 Septiembre 2020

Es más que probable que al término de este mes de septiembre (faltan sólo catorce días) las cifras oficiosas, pero no oficiales, de fallecidos por el coranovirus alcancen los 56.000. O más. Destaco la paradoja de “oficiosas” pero “no oficiales”, porque el Gobierno de Pedro Sánchez no reconoce este dato: en esta semana se ha vuelto a agarrar a números, absolutamente falaces; unos días 26.000 y otros, al buen tun tun 29.000 muertos. En este periódico la estimación es de 45.000. El Instituto Nacional de Estadística que es un organismo estatal dependiente del llamado Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, o sea, de la señora Calviño, agrava la situación, desmiente absolutamente a Sanidad y lo hace con extraordinaria rigurosidad. Hace tres días, un técnico de este Instituto comentaba al cronista esta disparidad y avanzaba perspectivas aún peores. Me decía: “Desde que finalizó el Estado de Alarma y en los meses de julio y agosto hemos registrado exactamente 53.730 personas fallecidas” y añadía: “Aproximadamente, 3.000 cada mes” y terminaba con un adelanto: “Con estos datos no es imposible prever que a 30 de este mes, España padezca una mortalidad por Covid19, algo superior a los 56.000”. Es decir, una letal brutalidad que en porcentaje es todavía más espantosa: el 5,4 por ciento, por encima por ejemplo de Estados Unidos que está estancado en el 3 por ciento.

Los técnicos estadísticos no mienten y además no tienen la menor intención de disfrazar la verdad. Ciertamente y según mi informante, no han sufrido ninguna presión gubernamental para alterar los datos: “No lo haríamos nunca, pero es que además el sistema con el que trabajamos no nos lo permitiría”. Se quedan en esa espantosa profecía y nada más. Nuestra letalidad por el maldito virus es la más grande de Europa y el porcentaje de casos positivos que se extraen de los resultados de todos los ciudadanos sometidos a las PCR, el modelo casi infalible, es de un 11 por ciento, otra constancia absolutamente terrible. No es momento de abrumar con otra catarata interminable de constancias, pero sí de lamentar profundamente que el Gobierno continúe cometiendo, por llamarlos muy generosamente, dos formidables errores; el primero, continuar disimulando la realidad, mintiendo para que andarnos con cataplasmas; el segundo, mantener igual propaganda que cuando, terminada la Alarma, se gastó Sánchez una millonada en anunciar a los españoles que “Salimos más fuertes” o que “Hemos vencido al virus”. La pasada semana, el depauperado Simón (¿qué hace este hombre que aún no ha dimitido?) tras amagar con meterse el dedo en la nariz, se congratuló de que la curva, la famosa curva que lo mismo vale para un roto que para un descosido, se ha estabilizado; al día siguiente, la verdad era pertinaz: 10.000 contagios y no menos de cien españoles enterrados. Cinco comunidades además con problemas hospitalarios ya y en Madrid los contagios aumentando en más de un 300 por ciento. Pavoroso.

Y con este panorama desolador el presidente del Gobierno, erre que erre, defiende al etarra suicida, se ríe como si la hecatombe fuera hilarante, se desentiende del drama, se lo traspasa a las regiones y se dedica a ingeniar tapaderas para emborronar el campo y desteñir las proporciones de la tragedia. Es decir, lo mismo o incluso peor que cuando el 4 de julio Sánchez, eufórico y desafiante, animaba al personal a salir a la calle, y a divertirse sin precaución alguna. “No tengáis miedo” proclamó como si se tratara de un consejero evangelista, de un predicador para analfabetos de Medio Oeste yanqui. Ahora, la artesanía social (llamarla “ingeniería” sería un insulto a este noble arte) consiste, lo decimos, en llevar al ruedo iniciativas que nadie reclama en el país, como esta de la eutanasia cuyo texto deja en cueros a la atrevidísima ley de Holanda. El proyecto-tapadera español precisa, de forma alarmante, que cualquier individuo pueda exigir el suicidio asistido porque ya no aguanta más, porque la vida que lleva es más negativa que la muerte. Y ahora se parapeta precisamente tras los muertos de la Guerra Civil, siempre y cuando sólo sean de los perdedores

Pero, decimos, la realidad es imparable. ¿Qué otro ardid, que infausta martingala, va a idear en breve el Gobierno para disimular sus seguras subidas de impuestos, su bajada generalizada de las pensiones, sus recortes en la Seguridad Social, sus hachazos al sueldo de los funcionarios? Pues tales amenazas ya tienen previsto un Bálsamo de Fierabrás, o por mejor decir, una cataplasma furiosa: revolver la Historia para abrir una Causa General contra un Régimen, el franquismo, que murió de muerte natural hace cuarenta y cinco años. El rencor de hogaño sustituye ya por los decretos del Gobierno de Frente Popular los pactos, la reconciliación de antaño. Como dicen los castizos: no paramos de mejorar.

El otoño se nos viene encima y y ha nacido una nueva artimaña consistente en fiar todo a las vacunas que, según filtra el Gobierno, ya casi están preparadas para que nos sean inyectadas. Con esta monserga muy dudosa Sánchez pretende llegar hasta las Navidades de la nueva anormalidad. Para entonces no nos atrevemos a predecir con que datos nos azotará el maldito virus. Desde luego hay que advertir de algo incontrovertible: las vacunas pueden prevenir, pero las vacunas no curan. La hecatombe ya está servida con un Gobierno al que no se le ocurre nada bueno, y con un país que todavía no es consciente de lo que tiene encima, de la fotografía de una sociedad, de unos ciudadanos más bien, que se seguirán muriendo a un ritmo infernal, a los que, encima, se les mordisqueará las pensiones, a los que les triturarán con impuestos, y a los que se les recortarán los sueldos si forma parte de esa pléyade angustiosa de dos millones quinientos mil funcionarios que cobijan las administraciones españolas. A veces, los españoles vivimos en esa ciudad alegre y confiada que cree saber que la situación es desastrosa, pero no grave. Una mentira, es una chanza.

España se hunde y su presidente coge una pala para hacer más profunda la zanja
ESdiario 17 Septiembre 2020

Las previsiones económicas del Banco de España son una tragedia sin paliativos. Pero lejos de buscar acuerdos amplios, el Gobierno opta por ampliar la división y profundizar en las heridas.

El Banco de España dio ayer a conocer sus previsiones económicas para los próximos años, marcadas por una profundísima depresión que entierra todo esperanza de recuperación sostenida y rápida y la sustituye por un hundimiento sin precedentes.

El paro llegará al 22%; el PIB se desplomará por encima del 12%, la deuda pública alcanzará el 128% y la crisis durará hasta finales de 2022. Todo esto en el peor panorama posible, que por desgracia es el más probable viendo cómo, en apenas unas semanas, han quedado anuladas con estrépito las expectativas más positivas que se anunciaron.

Todo junto significa que, en el mejor de los casos, España tendrá que esperar a 2023 para recuperar su situación de finales de 2019, que tampoco era especialmente boyante. Y es que el crecimiento económico anunciado por el Gobierno para este trimestre ha fracasado tras una campaña de verano desastrosa, con el turismo hundido, el consumo interno enfriado y las empresas, en general, en una situación muy delicada o terminal.

Pero lo peor es que no se percibe un plan realista para intentar compensar una caída tan intensa. Aquí se confía todo al dinero de Europa, que ni será tanto ni llegará tan pronto al final. O a que los chinos, los ingleses o los americanos descubran una vacuna solvente que interrumpa una emergencia sanitaria que, en el caso de España, vuelve a estar desatada.

Sin respuestas
Pero no hay un plan nacional de respuesta que, con los recursos y herramientas propias, responda a la pavorosa situación. Al revés, cuando más necesario era un Gobierno constructivo y dialogante, más ha irrumpido un presidente sectario al que solo parece importarle imponer una agenda ideológica sustentada en la división y cercana a una tétrica combinación de populismo y separatismo.

Urge una imagen de Sánchez, Casado, la CEOE, los sindicatos y quien haga falta juntos. Diciendo la verdad y haciendo las profundas reformas que necesita España para salir del sótano, empezando por la de la Administración Pública. Pero lo que tenemos es un presidente desnortado, entregado a Bildu, Podemos o ERC y renuente a entenderse con la oposición más generosa que ha tenido ningún Gobierno desde 1978.

Memoria selectiva, no democrática
Editorial ABC 17 Septiembre 2020

No es que la memoria histórica de este Gobierno sea débil. Es inexistente y tiene mucho de provocación ideológica para avivar el frentepopulismo y un revisionismo caduco

Cuanto más se profundiza en la letra pequeña del anteproyecto sobre ese eufemismo que el Gobierno ha dado en llamar «memoria democrática», más preocupante es el diagnóstico. No solo no es una ley prioritaria ante el drama que vive España, sino que además se presenta como una nebulosa ideológica para encubrir su pésima gestión frente al coronavirus. Se trata de un texto con vicios de aparente inconstitucionalidad en el que Sánchez se arroga la capacidad de decidir qué organización puede quedar disuelta sin que conste que medien garantías judiciales para avalarlo. El proyecto contribuye a tensionar nuestra sociedad y a fracturarla emocionalmente, alimentando una ingeniería social adoctrinadora desde la infancia. Por eso tiene poco de «democrático», en la medida en que oculta un concepto dictatorial de la libertad basado en el más puro revanchismo.

No es que la memoria histórica de este Gobierno sea débil. Es inexistente y tiene mucho de provocación ideológica para avivar el frentepopulismo y un revisionismo caduco. Tener una memoria casi fotográfica de lo que ocurrió hace ochenta años, y olvidar lo que pasaba ayer con más de 800 asesinatos de ETA, tiene mucho de mezquindad sectaria. Hoy se puede homenajear a terroristas convictos y confesos, dedicarles calles, e incluso elegirlos en las urnas blanqueando sus delitos de sangre…, pero partidos de la derecha con millones de votos son fascistas. A Sánchez la derecha le da «miedo», pero a Calvo Bildu le parece un partido «leal», y al PSOE Otegui le parece un «hombre de paz». El desprecio a la historia reciente, con muchas heridas y con 300 asesinatos pendientes de juzgar, es insultante. Casi tanto como el pésame de Sánchez a Bildu por el suicidio de un etarra. Es trágico que España se consuma en odios atávicos hasta que todo ciudadano tenga que asumir con normalidad que la única verdad histórica es la impuesta por la izquierda, y que todo el que lo discuta es un peligroso ultraderechista. Esa es la perversión. No se trata solo de manipular el pasado, sino de conquistar un futuro de pensamiento único, cainismo y superioridad moral. Esta ley aspira a ser la piedra angular de un proyecto para que España deje de ser la España constitucional que nació en 1978.

La Ley de Memoria y el nacionalismo catalán
Cristina Losada Libertad Digital 17 Septiembre 2020

No hay duda de que los antiguos convergentes tienen importantes motivos para envolverse en el manto antifranquista.

La vicepresidenta Calvo presentó el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática como una medida inexcusable, urgente y necesaria para la democracia española, pero no explicó cómo ha podido sobrevivir hasta ahora esa democracia española en ausencia de un elemento tan capital. El problema es evidente. Si esa ley cumple una función tan indispensable como la que predica la retórica gubernamental, resulta que mientras no se apruebe, la democracia española está incompleta. Es más, hasta puede que no llegue a democracia.

Lo más asombroso de todo, aparte de enterarnos de que para el Gobierno es dudoso que hayamos tenido una democracia durante cuarenta y dos años, es que de la carencia son corresponsables dos Ejecutivos del PSOE. Entre ambos cubrieron unos veinte añitos de Gobierno. Felipe González no consideró necesario hacer una ley de ese tipo, por lo que no hay mucho más que decir, aparte de denunciar enérgicamente su ¿criminal? inacción. Pero Zapatero, que sí se puso a jugar con la memoria, queda igualmente en evidencia. Tampoco su ley de memoria vale.

Dos Gobiernos socialistas acaban de ser impugnados por los socialistas en el Gobierno y, por esta vez, hay que preguntarse por qué. La respuesta no es la habitual, la conocida, la que esgrime la oposición: cuando tienen problemas sacan a Franco. Está, por supuesto, la que apunta a la gran revisión de la Transición: a su demolición. Revisión visible desde que se define la Transición como un pacto del olvido. O la ley de amnistía como ley de la amnesia.

Pero nuestra cuestión se aclara un poco repasando las medidas que anuncia rimbombante el anteproyecto. Porque muchas de ellas ya estaban en la ley de ZP. ¿No es redundante?

Hay, sin embargo, una que parece igual, pero no es idéntica. La ley de Zapatero declaró ilegítimos los tribunales o consejos de guerra constituidos por motivos políticos o ideológicos durante la dictadura, al igual que sus resoluciones, condenas y sanciones. El nuevo anteproyecto da un paso más y los declara nulos. Lo interesante es quién ha presionado desde hace años para que se imponga esa declaración de nulidad.

Ya con la ley de ZP aprobada, el nacionalismo separatista catalán ha reclamado una y otra vez la anulación del proceso que condujo al fusilamiento de Lluís Companys. La Fiscalía, con Conde-Pumpido de fiscal general, respondió en 2010 que las sentencias que condenaron a Companys eran “inexistentes y nulas de pleno derecho” al haber sido expulsadas del ordenamiento jurídico, como todas las demás de la misma índole. Esa declaración no satisfizo al nacionalismo catalán, que continuó con la misma reclamación y presentó una proposición de ley en 2017. Bien. Sánchez acaba de darles satisfacción.

No hay duda de que los antiguos convergentes tienen importantes motivos para envolverse en el manto antifranquista. Un motivo poderosísimo es que aquel partido llamado Convergència nutrió sus filas en los años de la Transición con alcaldes y jefes franquistas. Los nacionalistas catalanes son pioneros de las políticas de memoria histórica. Enseguida entendieron la utilidad de la memoria histórica para falsear la Historia. Y la pregunta, en fin, es si toda esta nueva tramoya, tan parecida a la anterior, por lo demás, se habrá levantado para satisfacer aquella reclamación del nacionalismo separatista catalán.

La desmemoria del Gobierno indigna a las víctimas de ETA
EDITORIAL Libertad Digital 17 Septiembre 2020

Uno de los aspectos más criticables de este totalitario bodrio jurídico es su absoluto olvido de las víctimas de ETA.

Al margen del atentado a las libertades de expresión, asociación y cátedra que conlleva el cainita, sectario y liberticida anteproyecto de ley de "memoria democrática” impulsado por el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, otro de los numerosos aspectos criticables de ese totalitario bodrio jurídico es su absoluto olvido o el caso omiso que hace a la memoria, la dignidad y la justicia para con las víctimas de ETA.

Tal y como ya se ha señalado en estas mismas páginas, resulta bochornoso que, mientras el Gobierno pretende crear algo tan surrealista como una nueva Fiscalía de Sala para investigar hechos de la Guerra Civil y la dictadura, se olvide y no haga nada por salvaguardar la dignidad y el derecho a la justicia de las víctimas de la extrema izquierda nacionalista vasca, la inmensa mayoría de las cuales fueron asesinadas en plena democracia. Y es que, como ha venido a denunciar este miércoles Dignidad y Justicia en un encomiable y demoledor comunicado, llama escandalosamente la atención que el Gobierno atribuya a la Fiscalía “funciones más propias de un historiador” que de un investigador del Derecho para indagar hechos acontecidos en una dictadura y en una guerra civil acontecidas en el siglo pasado, pero sin embargo no se acuerde de los más de 370 asesinatos de ETA que todavía no se han resuelto, “muchos de los cuales no han prescrito”. Así mismo, DyJ denuncia la “falta de voluntad de la Fiscalía General del Estado” a la hora de impulsar la causa por “delitos de lesa humanidad” por los crímenes cometidos por ETA abierta en la Audiencia Nacional, a pesar de haberse dictado auto de procesamiento desde el año 2015, “siendo imprescriptibles estos delitos”. Eso, por no recordar que, en estos mismos momentos, Sánchez e Iglesias están buscando el apoyo de los proetarras de Bildu, cuyos representantes se jactan –lamentablemente, con razón– de estar condicionando la acción del Gobierno.

Así las cosas, sólo cabe lamentar el clamoroso y acomplejado silencio que ante este nauseabundo anteproyecto de ley está manteniendo el PP, que lo más que ha hecho hasta la fecha es decir que presentará su propia propuesta, una “ley de concordia”, como alternativa. Al margen de que tampoco la concordia se puede imponer por ley, esta “propuesta propia” de los populares parece encaminada más bien a justificar una inadmisible abstención ante un proyecto legislativo social-comunista que trata, precisamente, de hacer añicos la concordia y la reconciliación alcanzadas durante la Transición, cuyo reflejo legislativo no es otro que la Constitución, aprobada abrumadoramente por los españoles.

El sectario y liberticida anteproyecto de Sánchez e Iglesias no solo merece la más rotunda negativa del partido de Casado –partido que, se supone, pretende seguir liderando la oposición–, sino que también requiere –puestos a hacer memoria– que se recuerde cómo bajo las mismas siglas del PSOE se alentaron atrocidades, crímenes y rebeliones contra la democracia.

Lo que el PP no puede –por mucho que estúpidamente tema que se le tache de franquista– es abstenerse ante la deliberada pretensión del Gobierno de imponer por ley una versión de la Historia, porque eso conlleva el menoscabo de la libertad presente y futura de todos los españoles. Ya sabemos por Cayetana Álvarez de Toledo que el PP de Casado no está interesado en librar el debate de ideas o la llamada 'batalla cultural'. Confiemos en que la renuencia de Casado no llegue a esos cobardes y suicidas extremos. Y menos aún que lo disfrace de una falsa concordia.

Amnesia y pseudohistoria
Santiago Navajas Libertad Digital 17 Septiembre 2020

La Ley de Memoria Democrática es una oportunidad histórica para poner sobre el tapete en la enseñanza y los medios de comunicación las cartas marcadas de la Transición a favor del silenciamiento de la criminalidad política inherente a la izquierda española. Sin duda, vivimos malos tiempos para la lírica liberal. Vox por la derecha pretende censurar a los nacionalistas progolpistas fans de Puigdemont, mientras que la izquierda hace lo mismo con los nacionalistas progolpistas de la acera de enfrente. Nada nuevo bajo el sol iliberal que nos achicharra. Cabe recordar el axioma liberal de que el compromiso con la libertad de expresión se mide por el afán en defender la voz de los discrepantes con los propios postulados. No estamos de acuerdo con las tesis de las fundaciones Francisco Franco, Sabino Arana, Largo Caballero… todas ellas un epítome de glorificación del autoritarismo y la violencia, cuando no la xenofobia. Pero mientras no pasen a la acción y únicamente editen revistas...

Lo de Ley de Memoria Democrática es un eufemismo para una Ley de Amnesia y Pseudohistoria. Amnesia porque la izquierda silencia todo su pasado de criminalidad política durante el siglo XX, también durante la guerra civil, una apoteosis de checas y traiciones a la II República (no podían evitarlo, su modelo era la URSS, no los EEUU). Pseudohistoria porque elabora una ficción justiciera cuyo objetivo no es la verdad sino el escrache partidista. Sin embargo, y a pesar del espíritu orwelliano de Carmen Calvo, todavía queda libertad de cátedra, por lo que las asignaturas podrán ser impartidas desde una perspectiva liberal que recuerde que el asalto a la II República fue cosa tanto de la derecha que admiraba a Dollfuss como de la izquierda que anhelaba a Lenin. De Franco que levantó al Ejército contra el Gobierno legítimo y de Santiago Carrillo que cometió crímenes contra la Humanidad en Paracuellos.

España podrá, al fin, afrontar la tradición violenta y sectaria que contamina a todos los partidos, del PP que fundó un ministro franquista al PSOE que creó un terrorista parlamentario (Pablo Iglesias), creció a expensas de un totalitario a tiempo completo (Largo Caballero) y torpedeó la II República a fuerza de golpes de Estado (Indalecio Prieto) y robos institucionalizados (Juan Negrín). Con menciones especiales a partidos inherentemente xenófobos como el PNV, ERC y Bildu.

Es cierto que tras esta andanada del PSOE y Podemos hay dos objetivos espurios, uno táctico y otro estratégico. El táctico tiene que ver con sacar el fantasma de Franco como cortina de humo para tapar su desastrosa gestión, en este caso los más de 50.000 muertos y la economía destruida en mitad de una pandemia que negó tres veces Fernando Simón. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo con los números de empleo más nefastos desde que Largo Caballero participó en el área social de la dictadura de Primo de Rivera, ha tenido la indecencia moral y la cobardía política de sacar el pasado de su padre, un sindicalista comunista, en las cárceles franquistas como una manera de desviar la atención de lo inútil e incompetente que es. Pero la oportunidad debe ser aprovechada para recordar que los comunistas estaban en la cárcel con Franco, pero no por defender la democracia sino una dictadura de signo opuesto y mucha más intensidad totalitaria.

La meta estratégica del Gobierno de comunistas y socialdemócratas (la socialdemocracia en España, que se pretendía moderada y razonable, está definitivamente muerta después de su sumisión botarate a los demagogos populistas de Iglesias) tiene que ver con el guerracivilismo que susurraba Rodríguez Zapatero a un periodista lacayo cuando pensaban que los micrófonos estaban apagados: “Nos conviene que haya tensión”.

No cediendo a los cantos de sirena de los que denominan a la mentira “moderación” y a la sumisión “diálogo”, cabe aprovechar esta Ley de Amnesia Democrática que será transformada en asignatura, y que a ciencia cierta ni el PP ni Ciudadanos derogarán, acostumbrados como están al cambalache político y la servidumbre filosófica, para alumbrar una auténtica verdad entendida como aletheia (que en griego combina el olvido con el permanecer oculto, para descubrir algo velado con el recuerdo), fundiendo libertad y conocimiento en lugar de, como es el caso, impostura e hipocresía. Si no, estimado lector, la venganza redentora e iluminada de los sectarios social-comunistas pondrá en peligro no solo la economía, como forma parte de su tradición, sino la misma democracia liberal, otra de sus costumbres. Sánchez, Iglesias y Calvo pretenden quemar a los herejes, palabra que significa etimológicamente “los que tienen otra opinión”, y con la excusa de los franquistas convertir España en un erial de pensamiento único. Como nos enseñó Miguel Delibes en su extraordinaria El hereje, seamos más que nunca los que tenemos otra opinión. Contra viento, marea y socialismo.

A Franco muerto, gran lanzada
Iván Vélez Libertad Digital 17 Septiembre 2020

El franquismo, de cuya transformación viene –de la ley a la ley– la España democrática de hoy, fue mucho más que fusiles, fosas y calabozos.

Con la solemnidad que requiere una ocasión que se pretende histórica, justicieramente histórica, el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha presentado el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que vendrá a poner fin a la célebre Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 y sostenida por el Partido Popular, pues, decían, lo importante, lo único, era la economía, salir de la crisis a la que el zapaterato nos lanzó.

El anteproyecto busca, literalmente, el “reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas del fascismo”, e incluso, ahíto de ambición, pretende que la historia no se construya “desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos”, propósitos ambos harto discutibles, pues ¿es riguroso calificar de víctimas a todas las que durante el franquismo lo fueron?; y, aún más, ¿qué se entiende y qué alcance tiene el calificativo de “víctima”? Por otro lado, el manido recurso de la apelación a la voz de los vencidos plantea enormes problemas, pues en la victoria, al igual que en la derrota, existen grados muy diversos.

En cuanto a quiénes fueron las víctimas del franquismo, pues a pesar de que el anteproyecto pretenda limitar el revisionismo histórico, al que nada tenemos que objetar si este se fundamenta un manejo riguroso de la documentación, a los dos últimos siglos, es evidente que lo que se busca es seguir erosionando ese periodo tan complejo que se llamó franquismo, los problemas surgen constantemente cuando se va más allá de las ejecuciones y torturas, hechos, por otro lado, que se dieron en los dos bandos enfrentados durante la Guerra Civil. Víctimas del franquismo, para decirlo de manera directa, fueron muchos franquistas de primera hora, concretamente aquellos que perdieron enseguida el entusiasmo al ver que el Caudillo no estaba por la labor revolucionaria que algunos de sus más firmes apoyos anhelaban. De este modo, muchos de los que vestían ternos de diferentes tonalidades azules se convirtieron en firmes opositores a Franco. Para dar un nombre, nada mejor que el de Dionisio Ridruejo, que pasó de encabezar el aparato propagandístico del bando nacional a convertirse en un dolarizado agente de la estrategia norteamericana que buscaba, al cabo Franco era mortal, una España posfranquista de estructura federal y pasión europeísta, es decir, algo muy similar a lo que busca hoy el PSOE y su socio, el partido de quien reconoció que, puesto que había perdido la guerra a pesar de nacer en tiempos constitucionales, no puede decir “España”. Cabría, por lo tanto, plantear a quienes pretenden impulsar tal ley si Ridruejo era o no franquista, si era o no demócrata.

Por lo que respecta al bando contrario, ¿cómo ajustarlo a los quicios democráticos? El Frente Popular, tan heterogéneo como el franquista, también pretendía terminar, por la vía revolucionaria, con la burguesa II República, periodo arcádico para una izquierda española dispuesta a ilustrar sus fabulaciones segundorrepublicanas con imágenes del cine subvencionado. Muchas de las víctimas de ese bando en absoluto pretendían acogerse al sagrado democrático, y son por todos conocidos los expeditivos métodos que se emplearon en la retaguardia e incluso en el frente para con aquellos que se desviaran de las líneas estratégicas más vigorosas, muchas de ellas trazadas lejos de nuestras latitudes en un contexto que a menudo se abstrae cuando se trata este periodo de nuestra historia.

El anteproyecto, en suma, transido de un democratismo harto criticable no solo por su indefinición sino por su operatividad en el campo político de hoy, que para eso y no para otra cosa se ha concebido, nace muerto desde un punto de vista mínimamente crítico, pues el franquismo, de cuya transformación viene –de la ley a la ley– la España democrática de hoy, fue mucho más que fusiles, fosas y calabozos. Fue también mucho más que cruces, incluida la de Cuelgamuros. Cruces que, una vez salvados quienes las enarbolaron, operaron decididamente no sólo para desgastar al régimen desde posiciones supremacistas –volem bisbes catalans–, sino para dar cauce, en seminarios y otros ámbitos, a organizaciones criminales en sus métodos y radicalmente antidemocráticas.

La ley, como decíamos, sin perjuicio de que se cobre piezas personales, ofrezca réditos propagandísticos o permita acciones iconoclastas que harán las delicias de revanchistas, fetichistas y antifranquistas post mortem, no puede ocultar su enorme flaqueza: el fundamentalismo democrático en el que se asienta, un fundamentalismo que impide comprender de qué modo ese pasado, inserto en un contexto histórico muy concreto, permitió sentar las bases materiales de nuestro presente.

La dictadura catalana
Cuando los totalitarios se revisten de ropajes democráticos se produce la más miserable de las dictaduras. Como sucede en Cataluña
Miquel Giménez Vozpopuli 17 Septiembre 2020

Cataluña es una dictadura, insisto. Todos los resortes del poder político están en manos de personas que anteponen el poble o el “mandato popular” a la ley y la instrumentalización de las instituciones al juego limpio. Además, es un nido de corrupción, protegiendo al ladrón si es de los suyos. Aplaude la violencia que surge de sus filas, emplea el señalamiento público para estigmatizar a los opositores y miente constantemente. Dictadura, volvemos a insistir, y no democracia.

En ningún lugar con un mínimo de democracia podría un presidente inhabilitado judicialmente por desobediencia, que no por libertad de expresión o por ideología, seguir ocupando su cargo como si tal cosa a la espera de que la sentencia sea en firme. Siquiera por vergüenza del interesado o por la de sus correligionarios. Pero esto es Cataluña, la tierra del pensamiento sectario elevado a la categoría de dogma social, un lugar antaño próspero convertido por obra de los separatistas en un páramo donde escasean por igual moral y prosperidad.

Torra no ha dicho qué hará - hablamos por lo escuchado en el debate de política este miércoles pasado – pero ya se intuyen cosas. Esquerra, su socio en el Govern, le pide que convoque elecciones como salida in extremis a la parálisis en la que vive la Generalitat. Se lo piden también las CUP, el PSC y los Comuns. Pero da igual quienes se lo reclamen, Torra vive recluido en su burbuja mágica en la que no puede permitirse, sic, que “el estado ponga y quite presidentes de la Generalitat”, citando a Puigdemont y a él mismo, como si el de Bruselas no fuese un cobarde que no ha querido dar la cara ante la justicia por sus actuaciones; actuaciones, digámoslo de paso, que serían juzgadas severísimamente en Suiza o Francia, por ejemplo, y ya no digamos en Alemania.

Nada parece hacer mella en quien escucha voces inaudibles para el común de los mortales, como si se tratase de Juana de Arco. Torra cree sinceramente -lo conozco bien - que es un perseguido, una víctima, un héroe. Puigdemont o Mas, en cambio, ejercen un calculado cinismo porque saben que son tahúres profesionales que solo aceptan la partida si es con las cartas marcadas. Tengo para mí que Torra se diferencia de ellos en que no ve más allá de la estelada, de los CDR – todavía le duele y no comprende cómo han podido llegar a increparle -, de su pueril ensoñación, de su empecinamiento en defender una idea podrida, la neoconvergente, mezclándola con el radicalismo cupaire, la perfidia republicana y los bolsillos nada honorables de algunos de sus ídolos.
"Eres un despropósito, como todo lo que te rodea"

Este jueves Torra estará en Madrid enfrentándose, según él, “A un estado instalado en la venganza que me quiere inhabilitar por haber defendido la libertad de expresión”. No, Quim, irás porque desobedeciste la más elemental norma electoral democrática, la que indica que las instituciones deben jugar limpio en los periodos electorales y no pueden posicionarse en favor de ninguno de los contendientes. Irás porque con risita de conejo pretendiste torear a la justicia, poniendo y quitando pancartas del balcón de la Generalitat por personas interpuestas, como Lluís Llach o Antonio Baños, por cierto, actual contertulio en la televisión pública de esa misma España de la que quiere marcharse. Irás porque te comportaste como un cateto, porque te olvidaste de que las instituciones son de todos y no solo de los tuyos. Has roto los vidrios del colegio a pedradas y ahora que te llaman del despacho del director aduces que te van a reñir porque te tienen manía.

Eres un despropósito, como todo lo que te rodea. Tirar piedras os parece fantástico siempre que, cuando escondéis la mano, nadie se atreva a pediros cuentas. Menos mal que los que sois como tu siempre podéis acudir a Sánchez por que ¿la fiscalía, de quien depende? Sin ese primo de Zumosol que habéis encontrado en la izquierda rencorosa o en la derechita acomplejada, qué poco habríais durado. No sois demócratas, solo sabéis imponer vuestra santa voluntad por acción o por omisión. Y a eso se le llama dictadura, aquí, y en la China popular, citando a Carod Rovira. Que ya es citar

¿Ley de Memoria Democrática o manipulación fraudulenta de la Historia?
“Siempre nos van a manipular, sólo tenemos que saber cómo reaccionar” Noam Chomsky
Miguel Massanet diariosigloxxi 17 Septiembre 2020

Forma parte de cualquier intento de implantar el totalitarismo, por quienes fijan su proyecto político en dominar a quienes tienen la debilidad, la flaqueza, la impotencia o la falta de criterio que los hace incapaces para oponerse o calibrar las consecuencias de dejarse arrastrar por ideas trasnochadas pero evidentemente agradables, ilusionantes, convincentes y, por encima de todo, que comportan, para el que las escucha, la esperanza de que colaborando con quienes los convencen con cantos de sirena políticos, van a conseguir, sin esfuerzo y sólo por medio de subvenciones, socorros económicos, subsidios, exenciones o cualquier otro tipo de gratificaciones a cuenta del Estado, que promete que va a conseguirlas mediante el cómodo procedimientos de gravar a los ricos, a las grandes empresas, a los lobbies, a los profesionales y a todos aquellos a los que las izquierdas ( mientras no les afecte a ellos o a sus compinches) les atribuyen ser los causantes de que en el mundo haya pobreza, miseria, opresión o falta de trabajo, desigualdades y todas aquellas lacras que los desheredados de la fortuna se ven obligados a soportar.

Esta forma de contemplar el panorama social no es más que una de las tretas que, el comunismo leninista marxista, ha tenido que inventar para intentar acabar con el sistema capitalista, el que fomenta el esfuerzo, la iniciativa, el trabajo, la libertad de enfocar el futuro de cada uno, el aliciente de mejorar la calidad de vida y el convencimiento de que, al Estado, no le corresponde otra misión, y así lo entienden quienes practican la verdadera democracia, que hacerse cargo de aquellos temas que quedan fuera del alcance de los ciudadanos como individuos y es necesario que deleguen en los gobernantes para que se hagan cargo de cubrir necesidades colectivas de tipo sanitario, defensa, pensiones, orden público, enseñanza, cultura y, en resumen, todas aquellas actividades que por su complejidad, coste, importancia social e interés colectivo, es necesario y prudente que sean ejecutores, designados por la comunidad, para hacerse cargo de que tales temas puedan ser dirigidos y administrados convenientemente, por personas capacitadas para ello, en beneficio de la ciudadanía del país.

España, para su desgracia, ha entrado en una fase en la que, los trapicheos de los políticos que nos gobiernan, ante una pasmosa e inquietante pasividad de muchos españoles, que nunca hubiéramos podido pensar que transigirían, si rebelarse, con ello; la están conduciendo a un estado de atontamiento colectivo capaz de dejar que, quienes controlan la actividad política y mediática de la nación desde posiciones de izquierdas, vayan implantando, cada vez con más descaro y temeridad, una serie de imposiciones, limitaciones, restricciones de libertades de todo orden, leyes de claro tinte opresor y arbitrariedades gubernamentales, capaces de irnos limitando nuestros derechos constitucionales y nuestras libertades democráticas, estableciendo o pretendiendo hacerlo, medios, sistemas, censuras e imposiciones que, cada vez más, tienden a irnos coartando en nuestra libertad de expresión, nuestra facultad de crítica a los poderes públicos, nuestro amparo para exponer libremente nuestras ideas, cualesquiera que sean, aun cuando no sean de agrado de quienes están al frente de nuestras instituciones; hasta el punto de convertir a quienes pudieran tener ideas de derechas o franquistas, en proscritos, ilegales, prohibidos y rechazados por toda la sociedad, mientras existe la flagrante contradicción de que, aquellos que son los verdaderos continuadores de las políticas de la banda terrorista ETA, Bildu, pueden campar libres por las instituciones españoles, tengan facultades de manifestarse en defensa de los etarras sin que la policía haga nada para evitarlo, poniendo en duda la legalidad de la nación española, atentando contra quienes no opinan como ellos y, en algunos casos, como es el catalán, los que se consideran “oprimidos”, sean precisamente aquellos que no han dudado en poner en duda y desobedecer las leyes constitucionales españolas y tener el atrevimiento de rebelarse contra la unidad de la nación española; con el añadido de que, el actual Gobierno de la nación, no tiene inconveniente alguno en apoyarlos contra quienes legítimamente los atacan y, para mayor INRI, no tienen inconveniente en humillarse acudiendo a negociar con los independentistas, que fueron condenados por intento de secesión y malversación de caudales públicos, con las garantías y privilegios que pudieran tener unos negociadores de dos estados independientes distintos.

Y ahora, de manos de esta vicepresidenta, señora Calvo, que lleva impreso en el rictus de su cara, siempre contraída en una mueca de resentimiento perpetuo, el revanchismo que lleva en sus genes en contra de las derechas, nos tenemos que tragar que, en nombre de no se sabe que reivindicación de aquellos que sucumbieron en manos del general Franco, se está pretendiendo reforzar con una nueva Ley, este bodrio legal conocido como Ley de la Memoria Histórica, para sustituirlo con una nueva Ley, la de Memoria Democrática que, ni tiene memoria alguna ni, mucho menos, se puede entender como algo democrático, porque lo único que contiene son sandeces, mentiras, ocultación de los hechos verdaderos para substituirlos por lo que, al Gobierno actual le interese que conste para, cuando lo enseñen en las escuelas, lo que va a ser obligatorio, nuestros descendiente se hagan una idea equivocada, inexacta y, por supuesto, amañada por quienes la hayan redactado, sin que les haya importado un bledo la verdad de lo que realmente sucedió en aquella guerra.

¿Qué se les puede pedir a unos señores que aún no habían nacido, ni han tenido una información fidedigna de cuando se produjeron aquellos hechos que, ahora, los comunistas pretenden borrar de los libros de historia para contar sus heroicidades y omitir a los miles de inocentes sacerdotes, cristianos, republicanos, personas y profesionales que no comulgaban con el régimen republicano, víctimas de denuncias de porteros descontentos, de las milicias de la CNT y la FAI que recorrían por las noches las calles de Barcelona para robar, asesinar y torturar, en las Checas soviéticas, a cuantos infelices conseguían atrapar antes de que, para salvar sus vidas, tuviesen la oportunidad de huir de sus viviendas en busca de un lugar en el que ocultarse de las iras de las hordas asesinas, armadas por el señor Company, con los fusiles y pistolas del cuartel de San Andrés. A otros puede que estos insensatos destructores de la historia vayan a poder engañar, pero no podrán hacerlo con un superviviente de aquellos años que todavía tiene muy claros los acontecimientos que tuvieron lugar en aquellos tiempos, especialmente de la guerra civil, por ser un niño cuando aquellos cruentos hechos tuvieron lugar.

La ministra, señora Calvo, ha tenido ocasión de demostrar el espíritu más repelente y revanchista de lo que ha sido un intento de remover las cenizas de la Guerra Civil para conseguir, una vez más, contrarrestar los avances electorales del PP del señor Casado, embarrando, una vez más, con sus denuncias ante los juzgados y sus reiterados referentes al franquismo que hace años ha desaparecido, pero que les continúa siendo útil a comunistas y socialistas cuando se trata de resucitar viejos odios, rencores y enfrentamientos entre derechas e izquierdas, para mantener la antorcha de los enfrentamientos que es lo que les conviene a unos gobernantes acosados por la pandemia del coronavirus, por su desastrosa gestión de la crisis sanitaria y por su no menos forma de intentar enfrentarse a la crisis que amenaza caer en breve sobre nuestra patria, pretendiendo engañar una vez más al pueblo contándole historia falsas de lo que sucedió hace ochenta años, callándose los crímenes cometidos por los socialistas y ácratas de la segunda república desde el 14 de Abril de 1931 hasta el final de la guerra Civil en la que vencidos tuvieron que rendirse y huir a Francia algo de lo que, al parecer, no queda constancia alguna en este nuevo panfleto de las izquierdas, en su nuevo intento de borrar una parte de la Historia de España que les resulta particularmente incómoda para quienes, teniendo en sus manos la mayor parte del Ejército y prácticamente todo el armamento de la República, no supieron derrotar a un puñado de legionarios que saltaron el estrecho de Gibraltar, mientras toda la armada roja veía impotente como se les escapaban ante sus narices. ¡Cuenten todo esto, cuéntenlo, y también si tienen algo de vergüenza lo que sucedía en las checas de Barcelona y Madrid, además de las de Valencia, donde miles de personas fueron salvajemente torturadas y asesinadas en manos de verdaderos criminales llenos de sadismo y crueldad, entre los cuales ahora, seguramente ,los habrá que con la decisión de la señora ministra Calvo, de declarar nulas aquellas sentencias franquistas de la posguerra, se los va a considerar como “inocentes víctimas” de la represión franquista. ¡Mandan huevos!, como decía el señor Trillo.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos enfrentamos a lo que la señora Calvo en el cenit de su protagonismo político, ha definido como un proyecto “cuajado de decisiones tajantes”. Algunos creíamos que se trataba de una revisión histórica y no de tomar decisiones, algo que no hay que hacer cuando no se pide que las tomen, sino que relaten los hechos tal y como sucedieron y, nada más; pero lo más chocante es que, esta dama, inconsciente de lo que estaba diciendo, ha añadido algo así como que “Esta es una ley para encontrarnos todos… La democracia española no se podía permitir ni un solo día más sin una ley como esta” En efecto ¡cómo podríamos los españoles seguir viviendo, luchar contra el coronavirus, soportar la muerte de 53.000 personas por el Covid 19, alcanzar el medio millón de contagios, prepararnos para enfrentarnos a una de las peores crisis económica y social que vamos a tener que soportar y poder seguir viviendo tranquilos sin que esta ley, tan importante, tan necesaria y tan imprescindible para la señora Calvo, no viniera a aliviar nuestros pesares y el futuro de la nación española! Y, para concluir, una frase de estas que nos reconcilian con la humanidad, que debemos a la pluma del inmortal Francisco de Quevedo: «La soberbia nunca baja de donde sube, porque siempre cae de donde subió.»

El Pacte se niega a eliminar el requisito del catalán para el personal sanitario

M. A. FONT. Palma. El Mundo 17 Septiembre 2020

El PP ha presentado la propuesta con la finalidad de atraer en plena pandemia a más profesionales de la sanidad a las Islas.

El Parlament ha rechazado una vez más la petición del PP para que el conocimiento del catalán pase a ser un mérito y no un requisito a la hora de seleccionar personal sanitario. Con motivo de la pandemia del coronavirus y con la finalidad de atraer a más profesionales de la sanidad a las Islas, el PP ha presentado la propuesta de eliminar el requisito del catalán pero la misma ha sido rechazada con los votos en contra del PSIB, Més, el PI y Unidas Podemos.

Sobre este punto, la diputada de Més, Joana Aina Campomar, ha defendido que el catalán sea un requisito y no un mérito para acceder a un lugar de trabajo a la Sanidad Pública y ha lamentado que el PP continúe con el «desprecio» a la lengua insistiendo que el catalán sea un mérito y no un requisito de la carrera profesional. La diputada, informa Europa Press, ha añadido que su formación siempre reclamará la garantía de los derechos lingüísticos en la sanidad pública balear.

La Cámara ha rechazado igualmente instar al Ejecutivo autonómico a aumentar la cuantía del complemento de indemnización por residencia del personal del Servicio de Salud con el objetivo de actualizarlo al coste real de vida y equipararlo, progresivamente, al complemento de Canarias. Sí que se ha aprobado por unanimidad la petición 'popular' instar al Govern a negociar con el Gobierno central que se incluya el coste de la indemnización por residencia del personal sanitario en el Régimen Especial de las Islas Baleares y, al mismo tiempo, que la variable insularidad tenga un valor destacado en el futuro sistema de financiación autonómica.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Antònia Martín ha señalado que la fidelización de los profesionales sanitarios se consigue «con condiciones laborales y profesionales competitivas e innovadoras». En este sentido, Martín ha aseverado que Baleares «merece una sanidad de primer nivel», por eso hay que conseguir atraer y fidelizar a los mejores profesionales. Además, ha defendido que la fidelización de los profesionales sanitarios está directamente relacionada con la calidad asistencial que proporcionan los centros de salud, hospitales y centros sociosanitarios.

En referencia a la indemnización por residencia del personal sanitario, Martín ha dicho que se tiene que incluir en el Régimen Especial de las Islas Baleares (REIB) y que la variable insularidad se tiene que reconocer y tener peso en el futuro sistema de financiación autonómica.
 


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