AGLI Recortes de Prensa   Domingo 20  Septiembre  2020

Una economía caracterizada por el derroche y la mala gestión política
Francisco Coll Morales es economista y coordinador del servicio de estudios de Fundación Civismo.
Francisco Coll Morales okdiario 20 Septiembre 2020

La crisis del covid-19 ha afectado al conjunto de las economías europeas. Sin embargo, la economía española presenta una clara ralentización de la recuperación tras la importante caída del PIB y la aplicación de mecanismos laborales como los ERTE que sumados a la incertidumbre de la pandemia hacen necesarias reformas para no perpetuar la mala situación del sistema.

Como se ha podido observar en diversos estudios que se han ido publicando al respecto, la recuperación de la economía española, como era de esperar, volverá a ser más lenta que la experimentada por el conjunto de economías homólogas de la Unión Europea.

Pese a observarse mejoras en indicadores como la producción industrial, el escaso peso que supone la industria, sumado a otro elenco de indicadores que no constatan la misma realidad, pone de manifiesto un claro descuelgue de la economía española en su insistencia, así como su necesidad, de recuperar los niveles previos a la pandemia.

Como arroja el último informe del Banco de España, en la misma línea que lo hace Funcas, la economía española, en aras de lo que ofrecen los datos que recogen la actividad de la pandemia, prevé sufrir una contracción mayor de lo esperado.

En este sentido, el organismo, que ya preveía, en línea con las previsiones realizadas desde Fundación Civismo, una caída del PIB del 11,6%, ha realizado un nuevo reajuste lastrando el PIB en hasta un punto porcentual para el cierre del año.

Así, el PIB español, al cerrar el 2020 podría llegar a sufrir un retroceso que se situase en el 12,6%. Como vemos, un retroceso que dejaría a la economía española, a la vez que más deteriorada, más lejos de esa recuperación que esta precisa para salir del atolladero en el que, en estos momentos, se encuentra.

Si bien es cierto, la economía española, en el contraste realizado por BBVA research con los efectos de la crisis de 2008, muestra un menor acoplamiento en la destrucción de empleo, con relación a la contracción experimentada por el PIB.

Pese a haber registrado durante el segundo trimestre una contracción sin precedentes que llegó a rozar el 19%, la destrucción de empleo, aun siendo notable y la mayor de toda Europa, fue menor de lo que se esperaba, teniendo en cuenta la contracción y el comportamiento que presenta el mercado laboral español.

Los ERTEs, así como la liquidez que inundaba la economía, permitieron esa hibernación que, en cierta forma, salvaguardaba la pérdida de capacidad productiva hasta que la disipación de la pandemia permitiese la reactivación.

Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro próximo, en un escenario en el que los rebrotes siguen dándose con tasas que reflejan una mayor intensidad, dificultan la recuperación de otros sectores que, a diferencia del industrial, requieren de una mayor confianza de la ciudadanía para su funcionamiento.

Sectores que, dicho sea de paso, presentan, como es el caso del turismo, un gran peso en la economía española, tan importante o más que la propia industria. Lo que ha provocado que, como muestran los datos, no solo esté justificada la caída del PIB, sino que, como muestra ahora el organismo, se produzca un mayor deterioro en la contracción, así como un menor dinamismo en la recuperación económica.

Esto es importante destacarlo, pues la economía española, y hacía alusión en párrafos anteriores a dicha situación, presenta, en fases de crisis, una menor resiliencia, así como una mayor vulnerabilidad, que otras economías del continente europeo.

Las divergencias que presenta España; el deterioro de nuestra economía durante los años predecesores a la pandemia; así como el peor comportamiento de un mercado laboral más vulnerable y capaz de destruir empleo, dificultan la recuperación de la economía española, manifestando la necesidad de implantar reformas estructurales que solventen dicha situación para el futuro. Unas reformas que, cabría añadir, podrían iniciarse con la utilización de los fondos de los que nos ha dotado la Unión Europea.

Esto es un auténtico problema, sobre todo en el largo plazo. Y ya no por el hecho de que la economía española, así como su ciudadanía, sufra más durante los periodos de contracción y, por ende, afecte a la Unión Europea en materia de desigualdad. Sino por el hecho de que, como hemos podido observar durante las negociaciones sobre el rescate en Bruselas, existen tensiones entre los países miembros, al observarse un comportamiento de determinados países que, en aras de favorecer sus intereses privados, no respetan la estabilidad y el rigor presupuestario europea; incumpliendo constantemente, dicho sea de paso, los Pactos de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que se acordaron entre los países miembros. De esta forma, el derroche, habiendo tenido que ser paliado por Europa en dos ocasiones, en 20 años de historia, ha comenzado a molestar en sede comunitaria.

Esto se manifiesta en la gestión del gasto público en el país, así como los ingresos. En este sentido, la economía española solo ha presentado una estructura presupuestaria en la que los ingresos superaban a los gastos entre los años 2005 y 2007. Desde entonces, el gasto en España, por norma general, ha sido siempre superior al ingreso que, por otro lado, recibía el país.

Para hacernos una idea de lo que comentamos, haciendo referencia al ejercicio pasado, en 2019, los gastos sumaron 521.949 millones de euros. Esto, con relación al nivel de PIB, supone más de un 40% de dicho volumen. Por su parte, los ingresos, pese a haberse situado, como recogen los principales portales estadísticos en el país, en niveles máximos a cierre del 2019, se quedaron en 476.974 millones (un 39%).

Por tanto, debemos ser conscientes de la situación que presenta España, pero también de la gestión que nos precede. Pues, ante el nuevo deterioro, tanto el empleo como el déficit podrían cerrar el año superando los niveles proyectados por el organismo previamente.

Esto, teniendo en cuenta el claro descuelgue que comentamos de la economía española y la situación en la que quedaríamos, anima a aplicar unas reformas que, de no darse, no solo hace peligrar el proyecto europeo y, por ende, las ayudas que en estos momentos recibimos, sino que perpetuará dicha situación en la historia de nuestro país, ante cada crisis que, como fase correspondiente al ciclo económico, experimente nuestra economía.

La realidad supera a los relatos del Gobierno: comienza la cadena de rebajas de expectativas
Daniel Rodríguez Asensio Libertad Digital 20 Septiembre 2020

España está en la diana. Llevamos meses sin dar una sola noticia positiva desde el punto de vista económico o político, y lo peor es que esto no ha hecho más que empezar.

Nos empeñamos en demonizar un sector estratégico y que aporta el 15% del PIB como es el turismo. ¿Resultado? Éxito absoluto. Tal y como contaba el Financial Times el pasado 18 de septiembre, mientras las tiendas de Gran Vía estaban pensando cerrar no por la crisis sanitaria, sino por la económica, en Alemania las ventas minoristas ya han recuperado los niveles precrisis, y eso que el comercio exterior aún no se ha reactivado.

Nos empeñamos en no afrontar la crisis sanitaria desde sus orígenes, no pusimos medidas en Barajas, no establecimos mecanismos de protección ni un marco jurídico claro, estable y predecible. ¿Resultado? Estamos entrando en la segunda ola con problemas similares a la primera, pero con una sensación de cansancio y zozobra que no ha conocido este país desde la guerra civil.

Podría seguir poniendo ejemplos para llegar a la misma conclusión: El Gobierno de España no ha estado a la altura. ¿Resultado? España no sólo es la que más ha caído durante el primer semestre (22% frente al 15% de media en la Eurozona), sino también, ya de manera oficial, la que peores perspectivas tiene.

Esta semana hemos conocido los informes de Funcas y del Banco de España, cada cual más desalentador. El agujero en nuestra riqueza y en nuestra capacidad productiva es de tal calibre que ha dejado de tener sentido preguntarse cuánto vamos a caer para concentrar el interés en cuándo nos recuperaremos de este desastre.

Hay una cosa clara: nunca será antes de 2023. Los analistas más optimistas señalan principios de 2024 y otros, como la economista jefe del Banco Mundial, retrasan este hito hasta 2025. Mi opinión, desde el pasado mes de junio, es que los que hoy son tildados de pesimistas poco a poco irán mutando hacia los escenarios más probables.

Las previsiones del Banco de España, que anticipan una caída del PIB de hasta el 12,6%, reducen las estimaciones de crecimiento para 2021 a la mitad en todos los escenarios y apuntan hacia un déficit del 12,1% del PIB ya en 2020, que se reducirá sólo hasta el 8,2% en 2022, me parecen optimistas. La razón es muy sencilla: es difícilmente creíble cualquier escenario con menos de un 25% de paro y unas finanzas públicas sin dificultades de financiación para una economía con un crecimiento muy bajo.

Sin empresas no hay recuperación
En los próximos días vamos a comenzar a ver el primero de los efectos no contemplados por prácticamente todos los analistas en marzo: lo importante que es el turismo para nuestro país. Los datos de agosto ya reflejan una nueva caída en el número de empresas registradas en la seguridad social. Es cierto que el mes de agosto tiene un componente cíclico negativo, pero tras la caída de más de 80.000 empresas durante el confinamiento, por puro efecto base la tendencia debería seguir siendo al alza. Y eso, sencillamente, no ocurre.

Que alguien con un mínimo de lógica me diga cómo vamos a reabsorber a las más de 800.000 personas registradas en un ERTE y a los 3,8 millones de parados con la situación tan grave que arrastra nuestro tejido empresarial. Sin empresas no hay recuperación posible.

El gobierno del aplauso y del marketing continúa inmerso en sus guerras ideológicas. Hay países que han llevado a cabo estímulos a sus sectores estratégicos, otros han reducido impuestos, y otros están conjugando medidas de oferta y de demanda. ¿Y nosotros? Una nueva ley de memoria histórica para borrar nuestro pasado y tergiversarlo con el único objetivo de perpetuarse en el poder.

El tiempo, y sobre todo Europa, nos da aire. Pero el crédito no es infinito y la confianza en una recuperación (al menos) del rumbo económico se está tornando en una ensoñación. Buena parte de los analistas señalan hacia una supuesta falta de liderazgo de nuestro ejecutivo para sacar adelante un plan trazado y creíble. Yo, añado, una manifiesta incapacidad de acción como consecuencia del estado real (en términos de caja) de nuestras finanzas públicas.

Miramos hacia Europa esperando la tan ansiada agua de mayo cuando, en realidad, lo que necesitamos es una intervención directa que ponga orden y concierto donde ahora sólo hay desorden, inacción e inseguridad jurídica. Debemos recordar que los 140.000 millones apalabrados sólo serán, en el mejor de los escenarios, el 25% de las necesidades de financiación del país para los próximos años.

La cadena de revisiones a la baja de las estimaciones macroeconómicas no ha hecho más que empezar. Fundamentalmente, por tres razones: 1) De partida, eran optimistas; 2) Obviaban los efectos perniciosos de un gobierno incapaz y sin apenas margen de actuación; y 3) Aún queda la segunda oleada de Covid, que todos esperamos sea menos dañina que la primera, pero generará alarma y titulares muy negativos en todos los medios de comunicación y, con ellos, falta de confianza a todos los niveles.

Sin ninguna duda, España merece más.

No vamos a salir más fuertes sino más débiles y desunidos
Editorial El Mundo 20 Septiembre 2020

El Gobierno, incapaz de articular medidas para frenar la segunda ola de la Covid-19

Las cifras de infectados, de ingresados en hospitales y de fallecidos indican que la segunda ola de la pandemia está azotando a España con una virulencia que no encuentra parangón en los países de nuestro entorno. Ello se explica no solo por el incivismo de una parte minoritaria de la ciudadanía sino por la incapacidad del conjunto de administraciones públicas -empezando por el Gobierno- para habilitar las medidas necesarias para frenar la transmisión del virus. Estamos ante un fallo de país que revela las deficiencias tanto de los distintos niveles de gobierno y también las deficiencias de un sistema sanitario al que se no ha dotado de los suficientes medios en la atención primaria. Al igual que ocurrió en marzo, España vuelve a ser el epicentro europeo del coronavirus. Tal deshonor se debe a la insolvencia de Sánchez a la hora de aplicar lo que pomposamente definió como cogobernanza. El Ejecutivo pasó de retener poderes especiales con el estado de alarma a inhibirse para dejar que fueran solo las comunidades autónomas las que lidiaran con las medidas preventivas necesarias. Tal irresponsabilidad política y administrativa se suma a la falta de cooperación, pese a las recurrentes conferencias de presidentes, y a la ausencia de criterio, coraje y determinación para afrontar las consecuencias de la pandemia.

Los expertos consultados por EL MUNDO, tal como publicamos hoy, señalan que la caótica planificación de la desescalada, la falta de protocolos y mensajes como el de «hemos vencido al virus», que Sánchez pronunció después del confinamiento, han abocado a España a ser el país que peor está gestionando la nueva ola. Ni las comunidades se avanzaron a las necesidades del sistema sanitario ni el Gobierno ha sido capaz de definir unos indicadores epidemiológicos transparentes y unas coordenadas armonizadas para evitar 17 formas de actuar. A la crisis sanitaria se suma la doble crisis económica y social, agravada por la polarización partidista y la inestabilidad de la coalición PSOE-Podemos. Los rebrotes y el colapso del turismo, con los Presupuestos aún en el aire, dejan a España como farolillo rojo de la recuperación. No vamos a salir más fuertes, como indica la propaganda del Ejecutivo, sino mucho más débiles y más divididos.


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Albert Rivera y el jefe de la banda
Jesús Cacho. vozpopuli autores 20 Septiembre 2020

“Puro teatro. Es lo que lleva usted haciendo en los últimos tres meses. Y hoy nos trae aquí un truco de los malos: truco en la tribuna y trato en la habitación de al lado. Discurso aquí para despistar, mientras en la habitación de al lado se reparte sillas con Podemos y hace concesiones a los golpistas. Usted tiene un plan para perpetuarse en el poder. Y, ¿con quién piensa llevar a cabo su plan el señor Sánchez? Pues con su banda: con Podemos, con Otegui, con los nacionalistas vascos, los separatistas catalanes, Més en Baleares, Compromís en Valencia… Sánchez tiene un plan y tiene una banda. Y la pregunta es: ¿la banda se ha juntado para esta investidura? Sí, pero lleva tiempo operando, lleva como mínimo desde la moción de censura, diría yo que desde que le echaron del partido. Usted lleva más de un año ejecutando su plan, un plan que beneficia principalmente al señor Sánchez y que perjudica a las familias españolas. El plan de Sánchez consiste en vender humo en la tribuna del Congreso y pactar con sus socios en la habitación del pánico. Eso es lo que tenemos que desmontar” (Intervención de Albert Rivera en el Congreso el 22 de julio de 2019, debate de investidura de Pedro Sánchez).

¡Y cuánta vestidura desgarrada, cuánto aspaviento impostado, cuánto cínico lamento por aquellas palabras de Rivera una mañana de julio! Fueron legión los escandalizados. Pero el entonces líder de Ciudadanos tenía razón. Su predicción se ha cumplido casi al milímetro. Pedro Sánchez tiene un plan y tiene una banda al servicio de ese plan. Una banda muy cara, a la que hay que retribuir en especie un día sí y otro también. Se trata de acabar con el régimen del 78, haciendo añicos la Constitución (desmontando el artículo 1 de la misma, ese que afirma que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, y que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”), para instaurar una República Federal de la que ya se habla estos días con soltura en algunos medios. Para dar el salto a lo desconocido hace falta destruir el legado de la Transición, profundizar en el descrédito de las instituciones y emplearse a fondo en la demolición del sistema de valores que ha garantizado la convivencia entre españoles desde la muerte de Franco. Puro Gramsci. Es probable que Sánchez no cambiara una coma de la Carta Magna si alguien le asegurara el poder durante un número de años, pero, si para seguir en el machito necesita contar con los servicios de la banda, es seguro que no tendrá inconveniente en poner patas arriba el país embarcándonos en ese viaje a la República Federal de Cartagena y sus pedanías.

Inquilinos de una balsa de piedra a la deriva, asistimos perplejos a una preocupante degradación de los equilibrios democráticos. No se puede decir que no hayamos visto en el pasado, tanto con Gobiernos del PSOE como del PP, casos de utilización torticera de las instituciones, pero nada de lo ocurrido desde los ochenta es comparable al desahogo y la desvergüenza con las que este personaje se comporta. Tanto González como Aznar y sus sucesores abusaron de la Fiscalía General del Estado, pero ninguno tuvo el cuajo de nombrar como jefa a su ministra de Justicia; todos barrieron para casa con el CIS, pero nadie llegó a la descarada utilización que Sánchez hace del mismo como arma de propaganda electoral; todos se aprovecharon de RTVE, pero nadie se acercó siquiera al umbral por él traspasado, al convertir la tele pública en un arma de propaganda al servicio del Gobierno social comunista. Todos trataron de utilizar al CNI (¿verdad, señor Bono?) para buscarle las cosquillas al adversario, pero ninguno se atrevió a incrustar en los servicios de inteligencia al líder de un partido crecido a los pechos de un zafio dictador venezolano. Los ejemplos serían incontables.

Hablar hoy de separación de poderes en España es una broma. Hace unos meses nos escandalizamos al enterarnos de que el PSOE había pactado con EH Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral, asunto que provocó un amable pellizco de monja al presidente por parte de CEOE y los patronos del Ibex, pero ahora ya admitimos como normal que Pablo Iglesias negocie los PGE con los herederos de ETA. No es Iglesias quien negocia, claro está, sino el vicepresidente del Gobierno, y lo hace mandatado por Sánchez y en la sede del Ejecutivo. Y como Iglesias sabe de economía lo mismo que de física nuclear, hay que concluir que de lo que está hablando con Bildu y con ERC es de “la necesidad de construir alianzas para avanzar hacia un horizonte republicano”, porque acabar con la Monarquía es “la tarea fundamental” de Podemos (Iglesias este sábado, ante sus fieles). Antes de mayo de 2018 hubiera resultado inimaginable ver al Gobierno de España sentado en una “mesa de diálogo” con los separatistas catalanes, una gente cuya idea de “diálogo” es de todos conocida; hoy, en cambio, consideramos normal que el asunto se debata a cara descubierta (“pues esta semana hablaré con el presidente Torra y espero que podamos tenerla en los próximos días”, dijo Sánchez a la chica de las isobaras, en TVE, el 12 de septiembre). El señor Sánchez está siempre dispuesto a pagar el precio que le exijan por su apoyo los socios de la banda.

Un tándem demoledor
Una barbaridad sucede a otra. Una violación de la ley persigue a otra. Ni un día sin decisión del Ejecutivo capaz de provocar nuestra perplejidad y asombro. Es quizá el mayor éxito de la pareja que forman Pedro y ese que llaman nuevo Godoy, Iván Redondo: la de haber acostumbrado a los españoles a soportar sin pestañear toda clase de arbitrariedades y/o ilegalidades. Un tándem demoledor, en lo moral y lo ético, por supuesto, pero también en lo político. “Este tío es formidable”, se felicita Pedro cuando se mira al espejo por las mañanas, “cada día me dice lo que tengo que hacer para seguir en el poder y no tengo más que cumplir sus instrucciones”. Y, en efecto, se trata de tapar el problema de hoy con la treta, la mentira o la traición que tengamos más a mano. Y mañana Dios dirá. Mañana habrá que engañar o traicionar a otros o quizá a los mismos, tanto da. La oficina de Redondo en Moncloa es una fábrica de maquinar operaciones para distraer, engatusar, engañar. Es la exaltación de la amoralidad. La derrota de la ética. Todo de un cortoplacismo aterrador. Nadie piensa no ya en el largo plazo, sino siquiera a un año o seis meses vista. El próximo 15 de octubre España debería presentar ante la Comisión los primeros proyectos de inversión capaces de justificar el cobro de la talegada de millones prometida por Bruselas. A menos de un mes de esa fecha, nada se sabe del asunto.

Sin respuesta ciudadana. Siempre dije que la explicación a nuestra baja calidad democrática radicaba en la dificultad de construir una democracia sin demócratas, sin gente con tradición democrática. Somos una sociedad acostumbra desde 1940 a soportar cualquier humillación o arbitrariedad del Poder, sea el titular del mismo el presidente del Gobierno o el último guardia municipal. A este pueblo acostumbrado a agachar la cerviz, el Gobierno de Pedro & Pablo le ha hecho traspasar el umbral del dolor de cualquier tipo de vejación o afrenta, al punto de que ahora parece dispuesto a consentir cualquier tropelía, incluso que Sánchez y su banda pongan en riesgo la paz y la prosperidad colectiva. La libertad, en último extremo, el bien más preciado del ser humano. Siempre sostuve también que la peor herencia del franquismo era esa cobardía que la dictadura inoculó en el español medio a la hora de manifestar su opinión en público y comportarse como un ciudadano libre, seguro de sus derechos y consciente de sus obligaciones. El miedo a hablar y el triunfo del cenáculo. La prensa conservadora británica ha reaccionado airada con cada una de las decisiones tomadas por Boris Johnson con motivo de la pandemia que ha considerado lesivas para las libertades. En España nadie ha movido un dedo. En un país sin sociedad civil organizada, Sánchez ha roto todos los diques y derribado todas las defensas. Sociedad a la intemperie. Con la intelligentsia, si alguna queda, entregada a las dádivas del poder, y con los grandes empresarios del Ibex aplaudiendo con las orejas. Es nuestro “club de los inocentes” sobre el que teorizó Willy Münzenberg, genio del agit-prop comunista al servicio de Lenin.

País anestesiado, que consiente sin pestañear espectáculos tan degradantes para nuestra democracia como que el presidente del Gobierno lamente “profundamente” el suicidio de un etarra encarcelado por graves crímenes terroristas, muchos de ellos cometidos contra militantes y/o simpatizantes de ese viejo PSOE ahora cristianamente amortajado. En los escasos reductos liberales que siguen penando por la piel de toro se ha dado certidumbre a la idea de que a Sánchez y a su banda se los llevará por delante la crisis económica en la que ya estamos instalados, con probablemente más de 7 millones de españoles ahora mismo en paro, pero eso no solo no está claro, sino que cada día está más oscuro. Con la Justicia intervenida, los medios de comunicación copados y las fuerzas y cuerpos de seguridad controlados, un país puede perfectamente malvivir en la miseria y en la pérdida de libertades sin necesidad de suprimir la cita electoral cada cuatro años. Argentina era uno de los países más ricos del mundo en la primera mitad del XX hasta que el peronismo acabó con su buena fortuna. Hoy siguen teniendo pobreza y peronismo. Un caso más flagrante aún es el de Venezuela, un país con enormes recursos naturales sumido en la miseria de una dictadura narco comunista.

No está claro que la economía vaya a pasar factura a este Gobierno. De un modo u otro, más tarde o más temprano, con sudor y muchas lágrimas, de las crisis económicas siempre se termina saliendo; de la crisis política en la que estamos instalados, mucho más grave y peligrosa que aquella, a menudo solo se sale con sangre. Aterrados por la nueva ola de covid, angustiados por la pérdida del empleo y hastiados por el espectáculo de encanallamiento, asistimos sin rechistar a un proceso de involución política que amenaza gravemente nuestras libertades. La “ceguera voluntaria” de la que escribió Christian Jelen. Pedro y su banda siguen apretando el acelerador, convencidos de que nadie se va a rebelar, nadie va a decir basta. Esta semana hemos sabido que el PSOE quiere modificar el Código de Conducta de las Cortes Generales, vinculante para los parlamentarios electos, eliminando el requisito de actuar “con pleno acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Es el “Europa se lo tragará todo” de que alardeaba Stalin cuando su terror rojo.

Rivera tenía razón
El último botón de muestra es ese proyecto de Ley de Memoria Democrática salido del magín de la vicepresidenta Calvo y sus asesores podemitas. Se trata de enmascarar la situación de un país abrasado por la pandemia y el paro insistiendo en la agenda ideológica. Porque para convertir en realidad el cambio de régimen que Pedro & Pablo persiguen es preciso hacer añicos el espíritu de reconciliación entre vencedores y vencidos que presidió la Transición, y demoler los pilares morales sobre los que la sociedad española y occidental basa la convivencia. Una vuelta a los clásicos, a Gramsci –también a Lukacs, teórico del progresismo moderno- y a la necesidad de subvertir el sistema de valores de una sociedad para hacer posible el triunfo del ideal comunista (léase podemita). Esta es la batalla cultural que Pablo Casado ha renunciado a dar.

Eso, y partir la sociedad española en dos mitades irreconciliables mediante las oportunas dosis de odio y revanchismo. Manteniendo a la oposición de centro derecha contra las cuerdas del palo y tente tieso, hasta hacerle abandonar la bandera de la regeneración que era su salvoconducto de futuro y forzarle a volver mansamente al marianismo ramplón. Y una vez de nuevo en la fosa, enterrarle bajo siete capas con abundante tierra de la Kitchen. Arrinconar al PP y mantener a Vox (¡los “fascistas”!) como única oposición reconocida. Con Abascal en la trinchera, Casado a por uvas con Mariano y Arrimadas (“su apoyo nos sale gratis”) de insólita compañera de viaje, tenemos Sánchez para ocho años y lo que venga. De modo que Rivera tenía razón: Sánchez tiene una banda al servicio de un plan, “repartirse España”, que se va cumpliendo metódicamente entre el silencio y la resignación de los corderos. Cometió muchos y graves errores pero, visto en la distancia, la salida de la política de un tipo inteligente y honesto solo puede ser vista hoy como una desgracia más de las sufridas por este país. Este martes presenta en Madrid su libro Un ciudadano libre (Espasa). Espero que revele algún detalle de quienes, entre los dueños de los media y los capos del Ibex, le forzaron a salir por pies de la política.

Cuando el monosabio se hace el amo de la plaza
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 20 Septiembre 2020

Los aficionados a la Fiesta Nacional, tan en peligro como todo lo nacional, hasta el punto de que es más fácil que acabe siendo nacional de Francia que de la tierra donde nació, saben que el nombre de monosabio, con el que se designa al ayudante de las cuadrillas en la plaza, viene de unos monos que triunfaban en un circo de Madrid haciendo como que sabían matemáticas, y sumaban números con entrenada exactitud. Más o menos como un economista de Podemos, pero en selvático y simpático.

Un día, esos hombres que tan valerosamente ayudan a los picadores a soportar la embestida, y que sólo con su gorrilla han salvado del cornalón a tantos varilargueros derribados, estrenaban uniforme: pantalón azul oscuro y camisa roja. Y sonó una voz de las que ya no suenan en Las Ventas, como si resucitara El Ensabanao u otro vozarrón de aquellos que el torero temía más que al toro, tronando: “¡Pero si pa´ecen los monos sabios!”

Y como los monos eran popularísimos en Madrid, tras la síntesis de rigor, en monosabios se quedaron, siempre apreciados en la primera plaza del mundo. En Nimes, que es la primera de Francia, chicos y chicas usan los mismos colores, pero unos con pantalón vaquero y otros no. El viernes, Ponce, sin Anita en la barrera, cortó tres orejas y salió por la Puerta de los Cónsules, pero al darle la vuelta al ruedo, o sea, al coso romano, a un bravo toro de Victoriano del Río, les singes savants, quedaban deslucidos. Espero que los aficionados franceses, tan celosos de la estética, lo arreglen pronto.

El monosabio podemita
El vocabulario taurino, como ha estudiado Andrés Amorós, era una cantera inagotable del idioma español en la época dorada del periodismo parlamentario. Y fácil de actualizar: “se le fue vivo” (Sánchez a Casado), “no sale del salto de la rana” (Teodoro) “sólo toreo de espejo” (Arrimadas), “manso y reservón” (Campo), “zambombo” (Guitarte), pregonao” (Rufián), “sesión de mansos” (socios del PSOE), “desecho de tienta” (Bildu) o “una presidencia sin decoro apuntilla una tarde para la vergüenza” (Meritxell).

Pero a veces una imagen taurina sale de la bruma y Las Ventas del Espíritu Santo se animan con la aparición de la fantasma. Sin Rajoy, no hay Don Tancredo. Pero desde que Pablo Iglesias ha recuperado la camisa roja y presume de mandar, puede decirse que los monosabios han tomado la plaza.

En los últimos días, mientras la ONU condenaba al régimen de Caracas por crímenes de lesa humanidad, sin que la Oposición haya anunciado alguna iniciativa contra la franquicia española del régimen genocida, Pablenin ha sacado del armario la vieja camisa roja de La Tuerka y se ha reunido con Rufián y los bildutarras. No ha escondido, al contrario, su complicidad con la banda etarra, a la que quiere sacar de la cárcel alardeando de una discreción que en él es exhibicionismo. Anteayer dijo muy terne que los Presupuestos “no gustarán a Ciudadanos”; y ayer, que la prioridad de su partido o partida de partidas “es la República”.

¿Qué República nos quiere imponer Iglesias?
El potentado de Galapagar es un zahorí de los chollos inmobiliarios: logró comprar una gran parcela con casoplón y piscina tasada en un millón doscientos mil euros -una casa normal de clase media, ha dicho Anson- por la mitad de su precio y con el aval físico del mismísimo tesorero del partido, para que nadie dudara del respaldo financiero de Podemos al Gran Timonel. Pero impresiona más como buscador del chollo de formas de Estado, que mentes más limitadas debaten entre monarquía y república, parlamentaria o despótica, constitucional o plebiscitaria, y federal o unitaria o confederal. Bah, tonterías. Ante el Consejo Ciudadano, o Soviet del jardín de su casa, ha enhebrado estas reflexiones, cegadoras a fuer de luminosas:

"Es tarea fundamental" de Podemos "trabajar para avanzar hacia un horizonte republicano que profundice en la democracia española" (…) "entender el momento de crisis en el que se encuentra la monarquía y el modelo de Estado que encarna la propia monarquía" (…) "tener la valentía y audacia de poner sobre la mesa la necesidad de que España avance hacia el horizonte de una nueva república" (…)

2/ "La monarquía ya no representa las nuevas oportunidades de negocio de los sectores empresariales más dinámicos. Esos sectores tienen que formar de un nuevo horizonte republicano que también significa modernización económica, mayor eficiencia y mayor capacidad competitiva en el marco de Europa". (…)

3/ Que ese "horizonte republicano" sirva como "escenario de superación de la crisis territorial que vive España" para un modelo de Estado "más federal, confederal, construido sobre la pluralidad y diversidad de España".

4/ "Cada vez menos gente en España entiende, especialmente los jóvenes, que ya en pleno siglo XXI la ciudadanía no pueda decidir quién tiene que ser su jefe de Estado y que este no tenga que responder ante la Justicia como cualquier ciudadano o como cualquier cargo público".

5/ Iglesias se dice consciente de que no se da la mayoría parlamentaria suficiente para impulsar una reforma constitucional (…) Podemos es el "ejemplo" de que las cosas pueden cambiar: "En política, las cosas puede cambiar y nuestra fuerza ejemplifica que todo puede cambiar. Objetivos que parecen imposibles se convierte en realidad a veces más rápido de lo que parece".

Repasemos las reflexiones del pensador que se viste de monosabio en homenaje a los humildes del Ruedo Ibérico. En el punto 1/ insiste en el horizonte, y en su valor y audacia para avanzar hacia el horizonte. Pero todo horizonte es inalcanzable, nadie llega nunca a él, porque se aleja al acercarse. “Oficina de horizonte” es una obra surrealista de teatro de Miguel Labordeta, de la que, muy probablemente, Iglesias desconoce autor y argumento. Pero es fácil entender que ofrecer un proyecto surrealista a un partido político es como la corrida submarina de Diego Bardón, aportación al Teatro Pánico que no pudo pasar del dibujo: toros afeitados con escafandra, toreros buzos y espectadores zambulléndose un minuto para volver rápido a la superficie. Lo que tiene que plantear Iglesias no es un horizonte sino un referéndum. Le animo a un plebiscito: echar de España a la monarquía o echar a Podemos. Y si pierde frente a Felipe VI disuelve su partido y se va con el Padre Ángel.

Podemos y los nuevos sectores económicos
Eso nos lleva a saltar sobre el punto 5: todo puede cambiar muy rápido y Podemos lo demuestra. Si Podemos es él, sin duda: nadie ha prosperado tanto como Pablenin y familia mientras su partido se hundía tan rápidamente. De sus fundadores, quedan él y los tesoreros: Monedero y el del casoplón. Si Sánchez lo echa del Gobierno, Podemos se iría por el vertedero más próximo. Nada podría cambiar más rápidamente que su estado hipotecario.

Tal vez esta inquietud por el dinero y su futuro o viceversa explica la reflexión, pasmosa en un comunista, sobre la inadecuación de la monarquía parlamentaria a las expectativas de negocio de los sectores más dinámicos. ¿Una balcanización de España, con una o varias repúblicas en el famoso horizonte, animaría a invertir a los sectores más dinámicos del capitalismo? ¿Son éstos el Chapo Guzmán, el Cártel de los Soles, Maduro o Raúl Castro? Dinámicos, tal vez. ¿Crédito internacional? ¡Si no invierten ni en Argentina! ¿De esto hablaba con Ana Botín en la Casa de América? Debería explicarse.

También debería explicar el punto o reflexión número 3. ¿Qué clase de república, en el horizonte o más a mano, nos plantea: federal o confederal? Dado que el sujeto de soberanía define al Estado, y dado que no está claro que él sea el líder en torno al cual se vaya fundar la república de repúblicas, ¿dónde reside la soberanía en el pueblo español, o en pueblos diversos, plurales y lo que quiera, pero que debe definir: ¿soberanía riojana, sí o no? Una república no puede ser a la vez federal y confederal o unitaria y federal. En el horizonte, tal vez, para nunca llegar a ella, pero en la realidad, jamás.

Justicia para todos menos para Iglesias
Y llegamos al punto más exigente: que el Jefe del Estado sea elegido por la ciudadanía y responda ante la justicia por sus actos como los demás. El rey fue elegido por una mayoría aplastante Jefe del Estado cuando votó la Constitución, donde además se especificaba al heredero de Juan Carlos I. Lo que no existe es una monarquía parlamentaria puesta a votación cuando las circunstancias lo aconsejen o lo impongan. Hay una sola experiencia, casi tan mala como la de las dos repúblicas españolas: la monarquía visigoda, que al ser electiva propició cuarenta reyes, casi todos asesinados, en dos siglos. Algo inestable para los inversores, por dinámicos que sean sus negocios.

Y lo que el Consejo Ciudadano podría haber preguntado es: ¿cómo puedes pedir que el Rey responda ante la Justicia como todos, si tú huyes de ella refugiado en tu condición parlamentaria, si pides que Martín Villa sea juzgado en Argentina, pero tú no vas a Bolivia, donde la Justicia te reclama?

Un castizo se preguntaría: ¿dónde se ha visto que un monosabio se anuncie en las Ventas como figura del toreo? La triste respuesta sería: aquí.

La transición traicionada
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli  20 Septiembre 2020

La Historia es, según Ortega -y no la Física, aclaraba- la ciencia fundamental. Esta afirmación tan contundente, a medio camino entre la provocación y la boutade, muy en el estilo de nuestro pensador más destacado del siglo XX, encierra el propósito de llamar la atención sobre el papel crucial que la materia que los antiguos griegos asignaron a la musa que portaba un libro y soplaba una trompeta, la sabia y serena Clío, juega en la correcta organización de la vida colectiva. En efecto, sin un conocimiento profundo y meditado sobre esta maestra de la vida presente basada en el estudio de la pretérita, no hay sociedad que pueda orientarse hacia la futura. La reflexión objetiva, tranquila y rigurosa sobre los hechos del pasado, sobre las grandes figuras de otros tiempos, sobre las formas de vida y las creencias de nuestros ancestros, nos proporcionan los elementos indispensables para no repetir errores, para no dejar pasar oportunidades y para gobernar con acierto. Un político que ignora la historia de su país y del mundo o, lo que es peor aún, que la falsifica o la retuerce con bastardos fines partidistas, es una auténtica desgracia, además de un desaprensivo sin escrúpulos.

La ley de la gravitación universal o la estructura de los polímeros no son cuestiones que se presten a la apasionada controversia transida de emociones. En cambio, la expulsión de los judíos por los Reyes Católicos, la influencia de los ocho siglos de presencia musulmana en España en la formación de nuestro ser nacional o el balance de nuestra conquista del inmenso territorio que abarca desde el sur de lo que hoy son los Estados Unidos a la Tierra de Fuego, por citar tres de los numerosos ejemplos que se podrían evocar, han alumbrado tensas polémicas, dado a publicar miles de volúmenes y son todavía la fuente de vivos conflictos entre académicos, grupos sociales e incluso países.

Un error tan frecuente como dañino en las controversias sobre la interpretación de acontecimientos y épocas ya extintas es el de juzgar lo entonces sucedido de acuerdo con valores, convicciones y perspectivas actuales. Este desenfoque, tan superficial como absurdo, puede conducir a auténticos desastres. Cuando los indígenas misak derribaron hace pocos días en Popayán, capital del departamento de Cauca en Colombia, la estatua ecuestre de su fundador, el descubridor Sebastián de Belalcázar, nacido en Córdoba, España, en 1480, cometieron tal salvajada llevados de una visión de la violencia que acompañó la arribada del guerrero andaluz a aquella lujuriante tierra caribeña, elaborada con los mismos parámetros éticos que aplica ahora el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Cualquier analista sensato ha de concluir que semejantes anacronías únicamente desembocan en destructivos sinsentidos.

De cara a las próximas elecciones presidenciales norteamericanas, el candidato Joe Biden se supone que representa el amable progresismo benéfico mientras que Donald Trump es descrito como un hosco populista ultraconservador. Sin embargo, hace doscientos años el Partido Demócrata, hegemónico en el Sur, defendía con ardor la esclavitud y fue un republicano, Abraham Lincoln, el que ganó la guerra que otorgó la libertad a la población negra. La Historia da muchas vueltas y debemos siempre evaluar sus distintas etapas en el contexto de su tiempo.

El período comprendido entre 1931 y 1939 y los trágicos avatares que España atravesó durante su transcurso han sido analizados y discutidos exhaustivamente, fabricado bibliotecas enteras y encendido los debates más agrios y más espinosos que uno pueda imaginar. No existe, por tanto, una versión canónica universalmente aceptada de las bondades y las maldades de unos y otros en los dos bandos de aquel terrible enfrentamiento. El abordaje moralmente más alto y políticamente más inteligente tras la muerte del general fue, pues, el que adoptó la Transición: la reconciliación, el equilibrio, el reconocimiento de las mutuas culpas, el perdón y la construcción conjunta de un nuevo sistema institucional y político plenamente democrático e inserto sin reservas en el espacio europeo y atlántico que nos es natural.

La trayectoria del PSOE
El bodrio legislativo que se dispone a infligirnos el Gobierno sanchista-chavista con el apoyo entusiasta de separatistas y filoetarras y que denomina pomposamente 'Ley de Memoria Democrática', es un monumento al revanchismo, al sectarismo y al revisionismo que reabrirá viejas cicatrices, agitará bajas pasiones y dividirá peligrosamente a los españoles en momentos en los que necesitamos más que nunca unidad, solidaridad y cohesión. Peor aún, volará por los aires el ejemplar pacto civil de 1978, fundamento de nuestra estabilidad social, de nuestro orden jurídico y de nuestra prosperidad material. No se puede concebir un proyecto normativo más corrosivo, más superfluo, más inoportuno y más venenoso que este empeoramiento de la vigente Ley de Memoria Histórica, que ya ha causado bastante daño como para que se insista en su maligna intención corregida y aumentada. Es irónica, por otra parte, la denominación de este engendro porque si de democracia hablamos, la trayectoria del PSOE durante la Segunda República y la Guerra Civil está plagada de episodios lamentables, golpes de Estado, viles asesinatos, expolios y distribución de armas a turbas incontroladas, todo muy democráticamente edificante.

Solamente a sujetos poseídos por el rencor acomplejado se les puede ocurrir que sentencias dictadas y firmes sean anuladas por una ley cuando en una democracia con separación de poderes esta operación compete a los tribunales o que se les pueda imponer a los ciudadanos bajo coacción la opinión que deben tener sobre la historia de su nación o que títulos otorgados por el Rey sean anulados por un Gobierno. Este dislate legislativo será sin duda desmontado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo llegada la ocasión, pero antes habrá cumplido el fin urdido por sus impulsores, el avance hacia la demolición de nuestro orden social, institucional, económico y legal, impecablemente democrático, por cierto.

Poco pudieron imaginar los padres de la Constitución de todos los colores ideológicos, las Cortes Constituyentes tan plurales que la aprobaron y el pueblo español que la refrendó masivamente, que cuatro décadas más adelante una pandilla de indocumentados resentidos e irresponsables iban a traicionar tan arteramente su noble y excelsa labor. Esperemos que tanta maldad y tanta bajeza reciban más pronto que tarde en las urnas la reprobación que merecen.

Una amenaza para la convivencia
Editorial ABC 20 Septiembre 2020

Sin anestesia ni eufemismos, disfrutando de su cargo de vicepresidente segundo del Gobierno y consciente de que sus escaños son imprescindibles para Pedro Sánchez, Pablo Iglesias desgranó ayer en el Consejo Ciudadano Estatal de Unidas Podemos un plan político que conduce a España al conflicto civil. Iglesias fija como objetivo de su partido la derogación de la Monarquía parlamentaria, la instauración de una república y la transformación de España en un Estado «más federal, confederal», como si ambos modelos fueran compatibles, ignorancia inexcusable en un sedicente profesor de Ciencias Políticas. La demagogia de Iglesias se adorna con la habitual invocación a los jóvenes, de los que dijo que no entienden que no se pueda elegir al Jefe del Estado, nueva prueba de la ignorancia deliberada del vicepresidente del Gobierno sobre la legitimidad democrática de la Corona. El mensaje no va dirigido al Rey, ni a los jóvenes, ni siquiera a Ciudadanos -al que despreció varias veces en su intervención-, sino a Pedro Sánchez, convertido por voluntad propia en el padrino de una formación política que quiere pactar una nueva transición con los golpistas de ERC y los proetarras de EH Bildu. Esta es la verdadera realidad del Gobierno de coalición que preside Sánchez. Es un proyecto político cuyo propósito es hacer una transición vengativa contra media España. Convendría que Ciudadanos se enterara de esto de una vez y dejara de creer que su gran aportación al país será evitar que el impuesto sobre la renta suba uno o dos puntos.

Pedir una república federal -y confederal al mismo tiempo, según el creativo vicepresidente segundo- no es sólo pedir la abolición de la Monarquía. Es desfigurar España como realidad nacional y adentrarla en la senda de los sistemas autoritarios con los que se identifica Iglesias. Lo que propone Iglesias es muy viejo y ya sabemos, precisamente por nuestra «memoria democrática», la misma que pretende manipular el Ejecutivo, cómo ha funcionado en España y qué consecuencias trágicas ha tenido para los españoles. El líder de Unidas Podemos no oculta su plan para dinamitar los cimientos de nuestro Estado de Derecho. Nunca lo ha hecho. Es el PSOE el que con su pasividad y su cinismo alienta, al tolerarlas, unas tensiones que resultan demoledoras para nuestra convivencia. Las «distintas sensibilidades» que conviven en el Gobierno no pueden servir de excusa para que Pedro Sánchez se presente ante la opinión pública como un estadista cuya figura política se beneficia del creciente radicalismo, cada vez más desinhibido, de su vicepresidente segundo. Socavar las instituciones democráticas desde el propio poder ejecutivo es obra de Pablo Iglesias, pero es Pedro Sánchez el que lo permite con su silencio, interesado y cómplice.

Los asesinos del 78
EDUARDO INDA okdiario 20 Septiembre 2020

La Transición era un cóctel explosivo que podía haber acabado como el rosario de la aurora. La izquierda tenía ganas de revancha tras 40 años de dictadura en los que buena parte de ella tuvo que coger ese terrible camino del exilio que supone dejar atrás recuerdos, posesiones, familiares y amigos del alma. La derecha se debatía entre quienes exigían mantener el status quo de la dictadura y esa inmensa mayoría que quería para España una democracia liberal como la que disfrutaban nuestros vecinos del norte, la antaño fascista Italia, la en su día nazi Alemania, los Estados Unidos, Japón e incluso algún país sudamericano.

Afortunadamente para todos, a las pruebas de estos 40 años me remito, ganaron los que observaban con un mix de envidia y admiración a esos países europeos en los que gobernaban los que le daba la gana a la mayoría y no los que imponía una minoría. La Transición se cimentó en una filosofía tan fácil de entender, de aceptar y de aplaudir como casi imposible de implementar: las renuncias mutuas. Pero el milagro fue posible. La Ley de Amnistía de 1977, que excarceló a presos políticos y comunes, fue el primer paso. Este gesto de Juan Carlos I, cuya descomunal visión política ha quedado difuminada por su elefantiásica corrupción, permitió que la oposición liderada por el PSOE de Felipe González y el PCE de Santiago Carrillo concluyeran que la cosa iba en serio y embridasen a unas bases que se lanzaban a la calle para montar el pitote cada dos por tres.

La legalización del PCE en la Semana Santa de 1977 por parte de ese gigante que es Memoria Democrática de verdad, Adolfo Suárez, fue el auto de fe refinitivo que garantizó el éxito de un tránsito de la oscuridad a la luz hasta entonces puesto en almoneda por el permanente ruido de sables. Aquél no fue precisamente un movimiento fácil sino enormemente arriesgado. Santiago Carrillo era ni más ni menos que el ogro de la derecha sociológica española, por sus crímenes en Paracuellos, donde ordenó fusilar a 6.000 personas, entre ellas unos cuantos niños.

Unos y otros, otros y unos, entendieron que la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, la misma que hubiera habido pero de signo contrario de ganar los comunistas y unos socialistas echados al monte, era el episodio más terrible de nuestra historia. Tenían tan clara esta circunstancia como que apelar a los demonios del pasado constituía un riesgo de consecuencias impredecibles, amén de una torpeza desde el punto de vista pragmático. Las renuncias mutuas culminaron en ese Pacto del 78, sintetizado en esa Constitución que nos ha regalado el periodo más longevo de paz, estabilidad y prosperidad de una historia que no es precisamente para presumir. Hasta ese Pacto del 78 España fue un caos permanente, en el que todos los reyes acababan en el exilio y en el que inevitablemente terminábamos a garrotazos haciendo buena la escena del cuadro del genial sordo de Fuendetodos.

Fue el tan simpático como frívolo José Luis Rodríguez Zapatero el que destrozó ese Pacto de la Transición que nos permitió pasar de ser una nación ejemplo de todo lo que no hay que ser a convertirnos en objeto de admiración en las grandes facultades de Politología del mundo. No por haberlo contado muchas veces, deja de ser una obligación moral recordar con qué sana envidia me hablaban importantes profesores universitarios estadounidenses durante unas jornadas en las que tuve el honor de intervenir. Nos regalaban los oídos porque al fin nos habíamos puesto en el lado correcto de la historia, incitando a numerosos países autocráticos o directamente dictaduras a transformarse en democracias. “Su Transición, modélica y pacífica, es un ejemplo para el mundo”, no paraban de repetir disparando exponencialmente mi orgullo patriota.

Lo de Zapatero fue un disparate que Mariano Rajoy dejó estar, pudrir apostillaría yo, como casi todas las cuestiones espinosas de su mandato. En lugar de derogar la revanchista, parcial y absolutista Ley de Memoria Histórica, la mantuvo. Y ahora ha llegado el peor presidente de la democracia y la ha convertido en Ley de Memoria Democrática, yendo más allá incluso que ZP, por dos motivos: contentar a sus comunistas socios de Gobierno y despistar en unos momentos en los que ostentamos el deshonor de ser los campeones del mundo per cápita en muertos y contagiados por Covid-19, tanto en la primera como en la segunda ola. Al robatesis, Franco le importa un pepino, salvo para emplearlo como aburrida cortina de humo. O sí le importa teniendo en cuenta que parte de su familia política era de Fuerza Nueva…

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática olvida algo tan perogrullesco como necesario de resaltar en estos tiempos de totalitarismo intelectual: “La Guerra Civil fue una contienda de malos contra malos [el gran Stanley G. Payne dixit]”. Una tesis tan obvia como fundamentada en la estadística. Esta iniciativa, que acabará siendo derogada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo —tiempo al tiempo— si no lo hace nuestro politizado Constitucional, reescribe la historia sentenciando que había una España beatífica, la del bando republicano, y una diabólica, la del nacional. Y pobre del que ose ponerlo en cuestión porque se enfrenta a sanciones que pueden llegar a los 150.000 euros.

Los historiadores más respetables, aquéllos que no hacen política, coinciden en que las penas de muerte, normalmente por fusilamiento, se cuentan por decenas de miles en uno y otro lado. En el franquista fueron no menos de 25.000, aunque a partir de 1945 conmutaron algunos miles por 30 años de prisión que, cierto es, tampoco es moco de pavo. Que Franco era un asesino no lo puede discutir nadie con apego a la verdad. Como tampoco nadie medianamente justo, leído e instruido puede negar que las sentencias de muerte dictadas por el Frente Popular se cuentan por decenas de miles. Se habla de unas 70.000.

Todo ello por no hablar del periodo republicano. De ese golpe de Estado que perpetraron los socialistas Largo Caballero y Prieto, otros dos asesinos como la copa de un pino, que se apiolaron a 1.200 personas en la mal llamada Revolución de 1934. Tan cierto como que el socialista bilbaíno encendió la mecha del golpe del 18 de julio al asesinar seis días antes su guardia personal, la mafiosa Motorizada, al diputado monárquico José Calvo-Sotelo. Que no era un angelito sino un delincuente lo demuestra también el hecho de que en una pelea en el Congreso de los Diputados sacó una pistola y apuntó al derechista Jaime Oriol.

La Ley de Memoria Democrática es una aberración moral porque no sancionará a quienes exalten estas pequeñas cuitas y a estos personajes deleznables. La norma, que convertirá en material lectivo los crímenes de un Ejército pero no los del otro, no perseguirá a quienes nieguen o directamente exalten la matanza de Paracuellos. Tampoco a quienes desmientan otra verdad como un templo: el asesinato de 6.800 sacerdotes y monjas y la violación sistemática o la castración de quienes pudieron contarlo. Este basuresco a la par que sectario anteproyecto debería obligar a divulgar en los colegios las 8.000 penas de muerte que dictó otro criminal de tomo y lomo: Lluís Companys (ERC), que disfruta del honor de tener estatuas por toda Cataluña y hasta de un estadio olímpico a su nombre.

No estaría de más que en el periodo de tramitación parlamentaria se incluyan también los crímenes republicanos. O las barrabasadas que soltaban tipejos como el socialista Largo Caballero. “No creemos en la democracia como valor máximo, tampoco creemos en la libertad”, apuntó en un discurso pronunciado en Ginebra en 1934. O ese pasaje parlamentario en el que tres décadas antes Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE, se mostraba partidario de “llegar al atentado personal” contra Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros.

Y, ya puestos, igualmente sería de justicia que se enseñe en las escuelas dos frases pronunciadas en la Carrera de San Jerónimo en las jornadas previas al asesinato de Calvo-Sotelo. La que salió de la boca del socialista Ángel Galarza en dirección al diputado monárquico muerto a tiros el 12 de julio de 1936: “La violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida”. O la que escupió otra asesina, Pasionaria, en sede parlamentaria. No me la invento yo, no es fruto de la investigación de ningún historiador franquistilla, la rememoró a la vuelta del exilio el gigantesco Tarradellas: “Es la última vez que Calvo-Sotelo habla aquí”. Tanto ella como Galarza tuvieron, desgraciadamente, razón.

Espero, confío y deseo que Carmen Calvo, el cerebro de esta aberración histórica, jurídica y moral, incluya también entre el material docente el bombardeo de su pueblo, Cabra. Tres aviones soviéticos katiuska del Ejército Republicano bombardearon el centro de la localidad cordobesa, arrasándolo y cobrándose 109 vidas y 200 heridos. La mayoría de las víctimas era campesinos que se encontraban vendiendo sus mercancías en el mercado de abastos, el epicentro del bombardeo.

Los que detestamos el franquismo y el tardorrepublicanismo, quienes nos situamos en la Tercera España de Ortega, Marañón, Costa o Madariaga, no aceptaremos jamás el trágala de una ley que impone una verdad, que oculta realidades científicas y académicas inapelables, y que elimina de facto el artículo 20 de la Constitución que consagra la libertad de expresión. Porque si se va a multar a quienes defiendan el franquismo, imagino que habrá que hacer lo propio con los que defiendan a un Frente Popular, que asesinó en cantidades industriales. Si se ilegaliza la Fundación Franco, no debería quedar otra que poner fuera de la ley a Bildu, que sigue defendiendo a ETA, o a los partidos catalanes que dieron el golpe de Estado y continúan advirtiendo que lo reeditarán. Y si se empapela al tal Chicharro, el baranda de la Fundación Franco, habrá que tratar con idéntico rasero a Monedero e Iglesias, que se pasan el día justificando el narcorrégimen de un Nicolás Maduro al que la ONU acusa de “crímenes de lesa humanidad” o a aquellos que niegan, por ejemplo, los 100 millones de muertos provocados por el comunismo. Digo yo.

Para llegar a esa ineludible justicia histórica bastaría con aplicar el espíritu de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre de 2019 en la que “se condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo”. Una declaración que censura la existencia de calles y monumentos en el Viejo Continente dedicados a bestias de una y otra ideología. En España, sin ir más lejos, hay vías con el nombre de Carrillo, Dolores Ibárruri, Companys, Largo Caballero, Indalecio Prieto. Una infamia de marca mayor. Espero que, más pronto que tarde, se modifique de arriba abajo la ley para incrustar en ella la prohibición de exaltar el comunismo, el fascismo y toda suerte de regímenes tiránicos. De lo contrario, resucitaremos nuestros peores demonios. Los pueblos que olvidan su historia, o al menos una parte de ella, están condenados a repetirla. Cuidado.

PD: espero que esta columna no me cueste un multazo del fascistoide pensamiento único.

Cuatro presidentes independentistas catalanes, con problemas con la Justicia
Corrupción y secesionismo, de la mano desde 1980 en el Gobierno autonómico
Mercedes Lodeiro. La Voz 20 Septiembre 2020

Desde el mítico «ja sóc aquí» pronunciado por Josep Tarradellas (1899-1988) hace 40 años en el balcón del Palau de la Generalitat, las paredes de la sede de la presidencia del Gobierno catalán han visto seis presidentes: Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont y Joaquim Torra. Excepto los socialistas Maragall y Montilla, el resto han tenido o tienen problemas con la Justicia, por cuestiones de corrupción o por desafíos al Estado. Y los cuatro (Pujol, Mas, Puigdemont y Torra) proceden de la misma familia política, el partido Convergència Democrática de Catalunya, que evolucionó del nacionalismo de 1974 al independentismo actual, pasando por el PDECat y Junts per Catalunya.

JORDI PUJOL
El patriarca. Jordi Pujol fue el fundador de CDC en los años setenta, del nacionalismo catalán y del germen del independentismo actual. Desde 1980 que accedió a la Presidencia, se ocupó de crear una identidad nacional a través de la educación, dominar las fuerzas de seguridad con el repliegue de las del Estado, eliminar contrapoderes como las corporaciones metropolitanas, y acariciar al empresariado que le iba a financiar su proyecto político y personal.

Durante sus dos décadas en el Gobierno, Pujol aglutinó millones de euros, que la UDEF cifra en 290, partiendo del famoso 3 % «de comisiones por actos administrativos». Pero no solo él, su mujer y sus siete hijos están implicados en diferentes corruptelas y disfrutan de abultadas cuentas en paraísos fiscales, como Andorra y Luxemburgo. La UDEF no duda de que la inmensa fortuna de los Pujol procede de mordidas. Jordi junior estuvo en prisión por blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental; Oriol, el delfín político que vio interrumpida su carrera, fue a prisión por un delito de corrupción relacionado con la adjudicación de oficinas de ITV.

Aministía fiscal. En julio del 2014, Jordi Pujol reconoció públicamente que tenía unos millones en Andorra que había heredado de su padre Florenci, un exbotones que llegó a banquero. Al parecer, se benefició de la amnistía fiscal. Su hermana dijo desconocer la existencia de esa herencia. Fue denunciado por cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad. En el 2018, el juez José de la Mata vio indicios de delito para juzgar a la familia Pujol por pertenencia a una organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude y falsedad documental.

Uso de la prensa. En los años setenta, Pujol compró y hundió los diarios Destino y El Correo Catalán. Este se vio implicado en 1985 en el caso Casinos. Una operación de financiación ilegal de Convergència a través de los tres casinos que había en Cataluña y que estaban en manos de la familia de su amigo de colegio Artur Suqué.

Quiebra de Banca Catalana. En 1959, Jordi Pujol fundó con su padre un banco que financiaba actividades catalanistas, y que acabó en quiebra, Banca Catalana. La Fiscalía lo acusó de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas, pero la Audiencia de Barcelona lo libró de ser procesado y el banco fue absorbido por el BBV.

ARTUR MAS
Desobediencia y finanzas. En el 2001, Jordi Pujol eligió como sucesor a Artur Mas. Y el alumno no defraudó: malvendió patrimonio de la Generalitat, fue el padre de los recortes sociales en Cataluña y acabó con una cuenta bancaria abierta por su padre en Liechtenstein y con una condena penal por desobediencia por convocar la consulta del 9N. Fue condenado a un año y un mes de inhabilitación y 36.500 euros de multa. Como consecuencia de esta sentencia, el Tribunal de Cuentas lo condenó a pagar los más de 5 millones de euros que costó al erario público la consulta.

Inició un giro independentista, según algunos, para esquivar las protestas por la crisis económica y tapar la corrupción. Lideró el PDECat, un partido heredero de la CDC que llegó a tener seis causas abiertas en los tribunales por casos de corrupción por amaño de contratos. Según la Guardia Civil, usó el CNI catalán para tapar la corrupción, la trama de sobornos del 3 % de la que alertó en el 2015 Pasqual Maragall y que resultó ser más elevada.

Reconoció que el desfalco del Palau de la Música Catalana por su presidente Fèlix Millet le animó a alejarse de la política. Las ramificaciones del caso Millet han afectado a CDC, que habría sido receptor del pago de comisiones de Ferrovial a través del Palau a cambio de la concesión de obras públicas, como la Ciudad de la Justicia o líneas de metro de Barcelona. El partido fue condenado en la causa.

CARLES PUIGDEMONT
Corrupción y huida. Si el Gobierno de Artur Mas fue investigado por la privatización del suministro de agua en Barcelona para que recayese en Agbar, financiadora de CDC, un juzgado de Gerona pidió que se investigue a Carles Puigdemont por irregularidades relacionadas con el uso de fondos millonarios de la empresa de aguas de Gerona, Agissa, cuando era alcalde. El asunto recae en el Supremo al ser aforado, por ser europarlamentario, el expresidente huido de la Justicia.

Además del desafío al Estado con la convocatoria del referendo ilegal del 1-O del 2017, el Gobierno de Puigdemont ocultó, según la Guardia Civil, un informe del 2016 que admitía la existencia de graves irregularidades en la licitación de contratos durante la etapa de Mas y ratificaba las sospechas sobre la financiación ilegal de la antigua Convergència mediante comisiones de constructores que luego eran recompensados con encargos millonarios. La Guardia Civil lo halló en la operación Pika, una de las últimas fases de la investigación contra el 3 %.

JOAQUIM TORRA
Heredero del 3 %. El escándalo del caso 3 %, en el que están imputados varios extesoreros de CDC, dirigentes del partido y empresarios que habrían pagado mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública, le estalló también en la cara a Torra. El pasado agosto, la Generalitat aseguró que se personará en la causa para poder acceder a la instrucción y al sumario. Una de las maniobras de Puigdemont con la creación del nuevo partido Junts per Catalunya es para romper amarras con la CDC y el PDECat. Torra fue condenado por el TSJC por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar una pancarta del Palau en período electoral y está pendiente de si el Supremo ratifica esa condena que lo inhabilitaría. Además, tiene otra causa en el TSJC el día 23, en la que también está investigado por desobediencia, por mantener en el Palau una pancarta con un lazo amarillo a favor los políticos presos.


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