AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 23  Septiembre  2020

La bolivarianización de España: el chavista Iglesias llama a la subversión desde el Gobierno
EDITORIAL Libertad Digital 23 Septiembre 2020

El líder de Podemos, y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, está decidido a subvertir el orden constitucional desde las mismas instituciones del Estado. No se trata ya de recordar aquellas declaraciones suyas, de hace sólo unos años, en las que animaba a los ciudadanos a “arriesgarse”, “vivir okupando”, desdeñar el “pago de alquileres o de hipotecas” y “convertir sus propias vidas en una experiencia revolucionaria”. Se trata de denunciar los nauseabundos elogios que ha dirigido este mismo martes en el Congreso de los Diputados a una organización filial del Sindicato de Inquilinos en Barcelona, que acosa a propietarios de viviendas y llama al impago de los alquileres.

Por supuesto, el potentado capo comunista, cuyo casoplón de Galapagar está extraordinariamente protegido a cargo del contribuyente, no tiene nada que temer de quienes usurpan propiedades ajenas y perpetran allanamientos de morada. Lamentable e indignantemente, no pueden decir lo mismo las cada vez más numerosas empresas o personas físicas que sufren semejante lacra. Lo que debería saber el vicepresidente del también blindado Pedro Sánchez es que ambas formas de ocupación están tipificadas como delito en el Código Penal, igual que la provocación para delinquir, en la que ( art. 18) incurre quien “incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito”.

No menos subversivas son las palabras que, también este martes, ha evacuado el infame Iglesias en pro de la insubordinación de los ciudadanos que viven en las zonas donde la Comunidad de Madrid ha impuesto restricciones a la libertad de movimientos por la elevada incidencia en ellas del coronavirus.

Es de todo punto intolerable que desde el Gobierno de la Nación se llame a la insubordinación de la ciudadanía, y especialmente sangrante si se tiene en cuenta que el socialista Sánchez y el comunista Iglesias sometieron a toda España a un régimen de confinamiento muchísimo más duro, que además ha destrozado la economía nacional.

Iglesias, no sólo de palabra sino de obra, y no sólo desde la oposición sino desde el Gobierno, subvierte al modo chavista o bolchevique el orden constitucional. Iglesias es, pues, lo que parece: un indeseable que representa una amenaza formidable para las libertades. Y su socio Sánchez, durmiendo a pierna suelta...

Estado de colapso
Ignacio Camacho ABC 23 Septiembre 2020

El absentismo veraniego de Sánchez, la extraña pausa de sol y arena en su rampante bonapartismo, tenía un propósito de orden político y hay que reconocer que lo ha conseguido. A estas alturas ya se puede admitir que, salvo alguna honorable excepción como Asturias, las comunidades autónomas no ofrecen un balance muy distinto al del mando único establecido por el Gobierno en la primera ola del coronavirus. La trampa de la «cogobernanza» ha cumplido su objetivo mediante el truco ventajista de devolver las competencias a las regiones sin acompañarlas de los correspondientes instrumentos jurídicos. Pero la socialización de culpas que pretendía el presidente tiene un precio excesivo: por una parte ha devuelto la pandemia a niveles de riesgo crítico, y
por la otra ha incrementado en la ciudadanía la sensación de vivir en una suerte de Estado fallido, paralizado por el bloqueo estructural de sus mecanismos administrativos. Para disimular el fracaso de su ensayo de recentralización, el Ejecutivo ha extendido el ya creciente escepticismo que pesaba sobre un modelo territorial hipertrofiado, inoperante y líquido.

De este modo, al proyecto liquidacionista inspirado por sus socios de extrema izquierda, el sanchismo suma una deconstrucción involuntaria (?) del sistema provocada por su exhibición simultánea de irresponsabilidad y torpeza. Al constatar que su intento de jacobinismo autoritario no funcionaba porque la mayoría de los ministerios son carcasas huecas, desprovistas de capacidad de resolución para afrontar emergencias, el Gobierno no tuvo mejor idea que mancomunar entre las autonomías el problema que no había sabido abordar por su cuenta. No fue una decisión estratégica sino una espantada en toda regla, una maniobra escapista aprovechando que el final del confinamiento proporcionaba una tregua que todos los organismos de salud pública consideraban pasajera. No era difícil adivinar las secuelas: una nación irritada y perpleja ante la evidencia de que el segundo y previsible ataque de la epidemia ha dejado a la población indefensa porque las instituciones carecen de otra respuesta que su habitual guerra de reproches y quejas.

De este modo ya no estamos ante un desastre sanitario: es el Estado entero el que ha entrado en colapso, en una crisis de modelo agravada por la ausencia de liderazgo. Sánchez se ha terminado de cargar el tambaleante paradigma del Título Octavo sin sustituirlo por ninguna alternativa de efecto práctico; él mismo sabe que regresar a la excepcionalidad constitucional sería un pronunciamiento temerario con el coste político inasumible de un desgaste de primer grado. Por eso trata de compartir con sus adversarios decisiones antipáticas que puedan suponer rechazo ciudadano. Es demasiado tarde: ni sus aliados más rupturistas habrían dañado tanto ni tan rápido la confianza en la eficiencia del régimen democrático.

El ruido político ahoga la voz de los científicos
Editorial El Mundo 23 Septiembre 2020

Fue el pasado 7 de agosto cuando algunos de los mejores científicos españoles -de Rafael Bengoa a Alberto García-Basteiro o Margarita del Val-, alarmados por la gestión que se estaba haciendo de la pandemia, lanzaron una llamada de advertencia desde la prestigiosa revista The Lancet. Reclamaban al Gobierno una auditoría externa, estrictamente técnica, para evaluar los errores cometidos por nuestro país no con el ánimo de señalar culpables sino para evitar que sucediera precisamente lo que hoy está volviendo a suceder: que una segunda ola amenaza con reproducir en España el escenario trágico de la primavera. Y esta vez tiene mayor delito, porque las autoridades estaban suficientemente advertidas. Sin embargo, Fernando Simón y Salvador Illa no solo despacharon con displicencia la propuesta de la auditoría sino que han reconocido que el comité de expertos en que amparaban sus decisiones no existió como tal, que era un conjunto de asesores con los que Illa -según confesó ayer- no se ha reunido «en los últimos meses».

Meses después, cuando España vuelve a liderar la tasa de contagios de Europa, los mismos científicos insisten desde la misma revista en la imperiosa necesidad de actuar bajo criterios técnicos y hacerlo ya, sin perder más tiempo y sin ceder a la tentación suicida de esconder las responsabilidades propias bajo el ruido de la confrontación partidista. «Se trata de evitar la culpa y la crítica, solo de sumar esfuerzos a través de un trabajo de consenso multidisciplinar», piden los investigadores. «Debe de haber un equipo que recoja los datos en las comunidades autónomas y en el ámbito estatal y un grupo de expertos nacionales e internacionales que hagan recomendaciones a partir de esos datos», proponen. Ideas todas razonables y urgentes que los españoles no entienden por qué no se ponen en marcha, por qué se han perdido ocho meses en el juego estúpido de las culpas ajenas y de la unidad impostada.

Los autores señalan la escasa utilidad de esa pomposa Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que se creó en el Congreso bajo auspicios ideológicos, como ya criticamos aquí. Nada que ver con la reacción que exhibió Italia, poniendo la reconstrucción en manos de gestores solventes y afrontando la autocrítica incluso en los tribunales. Gracias a esa capacidad para aprender de sus errores, la segunda ola no les ha sorprendido como la primera. Pero España va camino de tropezar dos veces en la misma tragedia, y la segunda vez será más indignante que la primera. Ante la imagen de Sánchez y Ayuso reunidos por primera vez para anunciar el estreno de una colaboración leal, los ciudadanos se preguntan por qué se ha perdido tanto tiempo. Por qué no se escucha a los científicos como Sánchez había presumido de hacer. Por qué no se ha legislado para dotar a todas las autonomías de un protocolo unificado y de recursos alternativos al estado de alarma. Por qué el partidismo más zafio, incluyendo los intentos de censura y agit-prop como en Madrid, no cede siquiera ante la reaparición de la muerte y la agudización de la crisis.

El derecho al voto de censura popular
Amando de Miguel Libertad Digital 23 Septiembre 2020

Recordemos que el Gobierno de Sánchez se alzó con el poder mediante un voto de censura al anterior. Parece un excesivo privilegio reservar ese artificio para los parlamentarios. Habría que diseñar algo parecido para que lo pudieran ejercer los simples contribuyentes, los llamados, ominosamente, “ciudadanos”. No se trata de recobrar la institución del plebiscito o del referéndum, mecanismos asociados, más bien, con demagogia y autoritarismo. En su lugar, se optaría por una especie de voto de censura popular, ejercido, por ejemplo, de forma telemática. Es algo así como hacemos los pedidos a Amazon. No es cuestión de gastar la hijuela en la consulta popular dicha.

Déjeseme presumir de arúspice sociológico. En el caso de que el pueblo español pudiera ejercer el voto de censura al Gobierno, el resultado se acercaría a este. Del total del censo electoral, alrededor de un 20% censuraría al Gobierno por lo mal que lo ha hecho respecto a la pandemia o la crisis económica. Pero el 30% le renovaría la confianza (“el Gobierno hace lo que puede”). El restante 50% no votaría o adoptaría una postura indiferente (“no sabe, no contesta”). Así pues, el lance tampoco supondría una revolución, un cataclismo. La opinión pública española es demasiado mansurrona como para auspiciar un cambio de régimen. Pero se habría dado un paso de gigante: que el pueblo contribuyente (la “ciudadanía”) pudiera juzgar, a las bravas, la labor del Gobierno. Supondría avanzar unos pasos hacia la democracia real.

La consulta que digo no debe hacerse para ver quién gana (para eso está el Congreso de los Diputados), sino para que la gente del común pueda expresarse ante una situación lacerante. Francamente, el Gobierno no parece que pueda dominar la actual situación de crisis sanitaria y económica, sin precedentes en la historia. Tanto es así que hemos llegado a un punto en el que ni siquiera se puede uno creer las estadísticas oficiales. Por ejemplo, el cómputo del número de fallecidos a consecuencia de la epidemia, o el número de parados, de inmigrantes, de turistas, etc. Mala cosa es empezar a dudar de la fiabilidad de las estadísticas oficiales.

La moción popular de censura al Gobierno no triunfará porque el Gabinete de Sánchez es un verdadero artífice en el manejo de la propaganda. Don José Goebbels redivivo se asombraría de tal grado de maestría en el arte suasorio por parte del Gobierno actual, que nos protege y nos ilumina.

La mejor prueba de mi argumento es que el Gobierno de Sánchez (cuya vida guarde Dios muchos años) es una mezcolanza de intereses, cada uno, por separado, con muy pocos votos: socialistas aburguesados, comunistas de estilo latinoamericano, arriscados independentistas vascos y catalanes. Una confabulación tan exótica se ha propuesto, nada menos, la destrucción de España; así, como suena. Por una razón, porque lo de “España”, a oídos de nuestros gobernantes, suena a fascismo.

A ver si no se merece que se institucionalice el derecho al voto de censura, ejercido, directamente, por toda la población. Ya digo que lo ejercería solo una minoría, pero la democracia es, ante todo, el respeto a las minorías. Lo que llamamos Parlamento o Cortes en España es una confusa fragmentación de grupos minoritarios, cada uno de su padre y de su padre.

Se podría redargüir que lo importante es dilucidar si el Gobierno es legítimo o no. Antes que eso, habría que empezar por el principio elemental de plantearse si el Gobierno es eficaz o no. Caben muchas dudas sobre el particular.

Diario de la pandemia. Segunda oleada
Agapito Maestre Libertad Digital 23 Septiembre 2020

Repitamos lo obvio. No tenemos otra. Denunciemos, denunciemos y denunciemos a estos políticos basura. Mala fue la gestión de la primera oleada, pero es aún peor la segunda. El número de infectados, enfermos y muertos en España supera con creces las cifras de cualquier otro país de Europa. La incapacidad de las administraciones públicas para detener las transmisiones del virus son conocidas en el mundo entero. Aquí no se salva nadie, pero el primer responsable es el Gobierno de Sánchez-Iglesias. La insolvencia de esta gente es total. Nadie debería dejar de tratarlos como un Gobierno de intrusos. Por intrusismo profesional, sí, habría que llevarlos a los Tribunales Internacionales, empezando por el tal Simón y su ministro Illa. Y al fiscal Navajas que lo juzguen por algo similar… Las patéticas declaraciones de este tal Navajas a OK diario son para enmarcarlas. ¡Bochornosas!

La epidemia está fuera de control. El espectáculo es dantesco, pero los políticos sacan pecho. El Gobierno está huido y los mesogobiernos regionales muertos de miedos. Tenemos la casta política más horrorosa de Europa. El Gobierno trata de eludir sus responsabilidades, pero es el primer culpable de la segunda oleada de la pandemia. La epidemia de la Covid-19 ha sacado lo peor del país. Políticos, administración y ciudadanos no estamos saliendo bien parados. La nueva ola de la pandemia en España está siendo la peor gestionada de Europa. Porque la desescalada fue caótica, sin protocolos claros y con anuncios ridículos como el hecho por Sánchez: “hemos vencido al virus”, era de esperar todo lo que está sucediendo.

Será difícil tapar la negligente gestión del gobierno de España de la Covid-19. Tampoco se olvidará fácilmente que, durante la primera oleada, murieron más de 50.000 personas. Sánchez jamás visitó un hospital ni Iglesias pasó por una residencia de ancianos. Nadie, pues, olvidará a este conjunto de políticos “memerres” ante la epidemia de la Covid-19. Y, sin embargo, esta gente saca pecho y persiste en seguir haciendo daño. El destructivo carácter de Sánchez lo mantiene en el poder sin apenas desgaste. Miseria y más miseria es lo que nos espera a los españoles con este Gobierno de intrusos en La Moncloa. Dolor y más dolor es lo que les espera a millones de españoles con esta casta política en el Parlamento. Desesperación y muerte es el futuro de España.

La banda de Sánchez, sin embargo, está fuerte, muy fuerte, porque el país es muy débil. La banda socialista-comunista-separatista impone su ley. Saca a sus cachorros a las calles para protestar contra las medidas de confinamiento de la Comunidad de Madrid y, de paso, preparar el asalto al Palacio de Correos. Quizá no lo consiga, pero, de entrada, mantiene a la gente asustada. Soliviantada. Mejor tenernos asustados que en estado de alarma… El Gobierno pasó de tener poderes especiales con un terrible estado de alarma, que no sirvió nada más que para ensayar “leyes” de corte totalitario, a dejarle la responsabilidad de la pandemia a las comunidades autónomas. A eso le llamó esta banda cogobernanza. ¿Cogobernanza de qué? ¡Cuánta miseria!

Excusatio non petita...
Emilio Campmany Libertad Digital 23 Septiembre 2020

En un país donde ya no sorprende nada, Sánchez se ha empeñado en que no perdamos nuestra capacidad de asombro. Que un fiscal proponga archivar las querellas o denuncias que se presenten contra el Gobierno es algo que ya no maravilla. Más noticia sería que hubiera informado favorablemente de la apertura de una investigación. Lo que choca, en cambio, es que el fiscal se vaya a la radio a defender su postura. La memoria no alcanza a recordar ningún antecedente. Y es natural que no los haya. Las decisiones de jueces y fiscales se suponen técnicas y, aunque no lo sean, deben aparentar que lo son. No tiene sentido acudir a los medios de comunicación a defender la propia decisión de críticas que no son jurídicas sino políticas y proceden de personas que carecen de los rudimentos del oficio.

Más asombroso todavía es que el fiscal, una vez en la radio, en vez de limitarse a explicar la decisión a los legos, denuncie que algunos compañeros hayan acudido a su despacho a expresarle su opinión favorable a admitir a trámite los escritos contra el Gobierno. Y, en vez de rebatir los argumentos que le hayan podido esgrimir, califique las visitas de presiones fruto de la adscripción ideológica, sin conceder el beneficio de la duda a quienes tienen tanta preparación como él para calificar si hay o no indicios de delito. No sólo, sino que encima tacha a esos profesionales de sectarios y afirma que están contaminados ideológicamente sin aportar ninguna prueba de ello. Y lo dice la persona sobre la que existe la vehemente sospecha de estar actuando por orden de la fiscal general del Estado, que, además de ser su superior, ha sido ministra de Justicia del Gobierno que el fiscal no quiere investigar. No ha de olvidarse que lo que hace el informe no es resolver que no hay delito, sino que rechaza que se investigue por ser palmariamente evidente que no puede haberlo. Y no es tan evidente que no lo hay, a la vista de la negligencia con la que el Gobierno ha gestionado una pandemia que ha costado decenas de miles de vidas. Sobre todo si se tiene en cuenta que, en términos relativos, somos uno de los países con más fallecidos. En cualquier caso, no hace falta ser un sectario ni padecer ninguna contaminación ideológica para mostrarse favorable a que se admitan a trámite las quejas y se investigue.

La reacción del fiscal saliendo a la palestra a defender una decisión que no debería tener que defender más que en el ámbito jurisdiccional, alegando contaminación ideológica en quienes creen con igual autoridad lo contrario que él, junto con la presencia en la Fiscalía General de alguien con una opinión necesariamente sesgada de la cuestión delatan un caso de libro de excusatio non petita, accusatio manifesta. Lo único que ha conseguido el fiscal comportándose del modo que lo ha hecho es despejar las dudas que tuvieran quienes sospecharon de su informe.

Confinar a la izquierda
Pablo Molina Libertad Digital 23 Septiembre 2020

Las organizaciones izquierdistas están siempre dispuestas a tomar la calle cuando no gobiernan los suyos. En esto cabe reconocer a sus miembros un rigor estajanovista que, si lo emplearan en trabajar, situarían a España a la cabeza de los países con mayor tasa de productividad.

Asociaciones de activistas las hay a miles, todas ellas financiadas abundantemente por el PP, como corresponde a un partido cuyos dirigentes compiten por ver quién entrega más dinero público a los que trabajan sin descanso para echarlos del poder. Ocurre igual con las televisiones y emisoras autonómicas, gestionadas por comandos de agit-prop izquierdista para destruir desde ahí al Gobierno que los mantiene en sus puestos directivos con unos sueldos y prebendas de escándalo, como Telemadrid cuando gobernaba la de las cremas. Luego esos mismos dirigentes se lamentan de que los medios mienten para dañarlos con campañas orquestadas por socialistas y podemitas. ¡Pero si son ellos los que los mantienen como reyes! ¿De qué se quejará esta pobre gente?

Con el confinamiento selectivo decretado en la Comunidad de Madrid, la izquierda ha visto una oportunidad para lanzar un nuevo ataque masivo contra Díaz Ayuso, con la esperanza de que sea el definitivo. El análisis es acertado porque, con un petimetre como Ignacio Aguado en la vicepresidencia, lo raro es que no la hayan echado ya.

Sin embargo, el motivo que esgrimen para sus manifas parece digno de Adriana Lastra. De hecho, lo es. Porque hasta un podemita convencido puede llegar a entender que no es posible aplaudir el confinamiento absoluto de España cuando lo decretaban Sánchez y el hombre del moño y salir a la calle a gritar cuando se adopta una medida mucho menos lesiva en medio de un rebrote que, puesto que Simón dice que será leve, dejará en mantillas a la primera ola del virus con toda seguridad.

Por eso (y por tantas y tantas cosas) hay confinar a la izquierda, al menos en lo intelectual. El ruido callejero no representa la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, error de bulto que, por su puesto, la derechita comete una y otra vez. Confinada en las calles, con sus pancartas y sus bongos financiados con subvenciones públicas, la izquierda socialpodemita está muy bien. Lo importante es que los demás mantengamos la cabeza fría y sigamos como hasta ahora, luchando para de preservar nuestra salud y nuestros empleos. Ya habrá tiempo de votar.

¿Hay exceso de políticos en España? Los datos indican que sí hay una "burbuja"
El Polígrafo esdiario 23 Septiembre 2020

Los italianos votan hasta este lunes una espectacular reducción de sus cargos públicos. Si el referéndum sale como todo indica que saldrá, la Cámara de Representantes, que es su Congreso, pasará de 630 a 400 escaños. Y su Senado, de 315 a 200.

Con el número de cargos políticos y sus retribuciones es fácil hacer demagogia. Muy pocos defenderá que su trabajo es intenso, sus salarios medidos y su cantidad necesaria. ¿Pero tienen razón esas quejas? ¿Es la "industria política" el sector menos productivo, proporcionalmente más caro y además el único que no sufre nunca ni ERTES ni ERES?

El Polígrafo ha indagado en esa realidad, que en Italia ha promovido el movimiento Cinco Estrellas y en España defendió, de forma similar, desde Ciudadanos hasta VOX, presentándose en tiempos de Rajoy en el PP, incluso, un intento de reforma de la Administración que nunca llegó a aplicarse en toda su extensión.

No, ni el dinero de Europa para Sánchez es tanto ni da para tapar tanto agujero

De entrada, hay que decir que no existe un censo oficial único que permita saber cuántas personas viven del erario público exactamente entre cargos elegidos, asesores y personal político o sindical que puebla distintos ámbitos institucionales. Pero reconstruyendo las cifras desde distintas fuentes oficiales, puede alcanzarse una conclusión: en torno a 400.000 personas tienen su nómina en instituciones y sus derivados, sean nacionales, autonómicas o municipales.

¿Es normal que España tenga cuatro veces más cargos públicos y políticos, asesores incluidos, que Alemania o Francia? En ambos países se cifra en 100.000 los cargos políticos. Y en la vecina Italia, en 200.000: eso significa que en España hay un "político" por cada 115 ciudadanos; uno por cada 300 en el país transalpino y uno cada 800 entre franceses y alemanes. La diferencia es obvia.

Tenemos más políticos que médicos, policías o bomberos juntos. Y en lugar de apagar fuegos, los encienden. Sin caer en la demagogia, pues, hay que pensar en hacer algo, por el propio bien de la Administración. Su crecimiento para acercarla al ciudadano ha tenido efectos muy positivos, pero también algunos muy indeseables.

Hemos multiplicado hasta el infinito el gasto en entidades públicas, a menudo triplicadas, sin una utilidad clara pero con unos costes laborales ya estables que engordan el gasto público y lo hacen endémico. Es lo que especialistas como Gay de Liébana tildan de "industria política", el único sector que no decrece pese a la terrible crisis económicas que afecta a todos los demás: cálculos oficiosos indican que hasta el 80% de las empresas españolas perderá dinero este año y sufrirá ajustes laborales, algo de lo que se libra siempre la Administración.

Más que en Sanidad
Con una deuda pública que pronto puede llegar al 128% y un retroceso del PIB que el Banco de España sitúa por encima del 12%; el ajuste en la Administración parece necesario: solo en los Ayuntamientos, se calcula la existencia de 70.000 cargos políticos, una cifra desmedida que ha profesionalizado la actividad política incluso en las ciudades.

Italia ha abierto ese melón. Pero todos los países tendrán que seguir sus pasos antes o después. El gasto anual de 135.000 millones en sueldos en el conjunto de la Administración no parece sostenible en un país que dedica 80.000 a sanidad.

La política de trincheras de la izquierda
Francisco Marhuenda La razon 23 Septiembre 2020

No creo que nadie fuera tan ingenuo como para pensar que la izquierda no aprovecharía la oportunidad para hacer la política de trincheras que tanto le gusta. Lo penoso es que miente con la pandemia y utiliza una decisión tan difícil como las restricciones que se han aplicado en algunas zonas de salud de Madrid para seguir con su estrategia contra Ayuso. El gobierno de la comunidad tuvo que adoptar medidas muy difíciles e impopulares para frenar la extensión de la covid-19. No hay ningún motivo ideológico, sino simplemente sanitario porque no existe barrio de la capital que no tenga votantes de todos los partidos. Por ello, es impresentable que organicen movilizaciones y convoquen, además, una manifestación. Es bueno recordar lo que decían con las protestas de Núñez de Balboa o el término despectivo de «cayetanos» para descalificar a los que discrepaban de las medidas gubernamentales. Entonces escribí, como ahora, que estaban en su derecho a expresar su opinión.

La izquierda tiene una concepción patrimonial del poder y en este caso una fijación contra Ayuso que roza el patetismo. Es cierto que el PSOE ganó las elecciones, pero el centro derecha tenía la mayoría para gobernar. A pesar de ello, siguen con su sueño de derribarla por medio de una moción de censura y están preconstituyendo las pruebas, buscando un relato y agitando las calles para presionar a Ciudadanos para que traicionen la coalición firmada con el PP. La evolución de la pandemia es imprevisible. El gobierno de Sánchez es muy consciente de que no hay ninguna certeza o medidas milagrosas, salvo otro confinamiento que haría mucho más grave la actual crisis económica. El problema que afecta ahora a la comunidad de Madrid es el mismo que hace unos días golpeaba en otros territorios y no sabemos a quién le puede tocar en las próximas semanas. Es verdad que es el motor de España, con una gran movilidad y concentración de población, pero las mentiras de la izquierda son solo mentiras. Lo son en lo que dicen sobre los médicos y los enfermeros pasando por los medios materiales y económicos. Una vez más sigue la estrategia comunista de repetir las mentiras hasta la saciedad para que parezca que son verdaderas. Otros países, regiones y ciudades han tenido que adoptar nuevas limitaciones, porque el bicho no se ha podido controlar. Es lo que sabe ahora el gobierno a pesar de que creía que alumbraba una Nueva Normalidad.

Se desmonta Marinaleda, el último bastión comunista en España: «Por fin perdemos el miedo al dictador Gordillo»
Borja Jiménez okdiario 23 Septiembre 2020

El comunismo es prácticamente una realidad en Marinaleda, un municipio de apenas 3.000 habitantes al este de Sevilla en el que el líder del consistorio durante más de 40 años, Juan Manuel Sánchez Gordillo, lidera con puño de hierro este chiringuito comunista en el que hacer oposición era, hasta hace apenas unos meses, la verdadera utopía del último bastión comunista.

Margarita Pradas Quiros lidera la gran crítica y oposición contra Gordillo, «el dictador». Basta con echar un rápido ojo a sus redes sociales para dar cuenta de que su ferocidad a la hora de señalar al alcalde de Marinaleda es acompañada, cada vez, por más vecinos. «Por fin perdemos el miedo al dictador Gordillo», comenta un vecino a Pradas en su Facebook.

Avanza Marinaleda es la plataforma que hace oposición a Gordillo, a quien cada vez sacan menos diferencia en votos. Este partido condena las constantes manifestaciones de los trabajadores del pueblo «en contra de la gestión del Ayuntamiento en base a sus derechos laborales». «Parece ser que se va perdiendo poco a poco el miedo a ser desterrado a las famosas tinieblas», señalan desde Avanza.

Respecto a estas constantes manifestaciones por la repetidas vulneraciones de derechos laborales de Gordillo, desde Avanza Marinaleda se preguntan si el Ayuntamiento irá esta vez a dialogar para buscar una solución o si, como ya hicieron hace días, «recurrirán a las fuerzas del orden público (la Guardia Civil) para evitar una vez más el derecho democrático que tienen las trabajadores a reivindicar sus derechos».

Y es que, tal y como denuncia la oposición, los de Gordillo recurren a la Guardia Civil constantemente para coartar «el derecho a manifestarse que por la seguridad de nuestros vecinos y vecinas en cuanto a robos se refiere».

Todo esto, explican desde el partido, ha sido provocado por no abrir las bolsas de trabajo para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de trabajar y rotar en trabajos públicos: «Cuando no se abren las bolsas, las trabajadoras que hay pasan a tener largo tiempo de servicio y por lo tanto, pasan a tener otros derechos, como puede ser el de la consolidación de la antigüedad en sus puestos de trabajo».

Pradas, por su parte, explica en su Facebook que «no se puede ni se debe, pero aquí lo matan todo. Después de tanta lucha te quitan todos los derechos». Esta vecina, entre otras cosas, acusa al alcalde comunista Gordillo que «mandan a la gente a provocarnos».

Margarita, de hecho, acumula tres denuncias por atrincherarse en el ayuntamiento junto a su familia (su marido e hija) para exigir que se abra de una vez por todas la bolsa de empleo público, que lleva cerrada desde hace más de cuatro años. Curiosamente, durante los días que se encerraron, Gordillo no pasó por el Consistorio. Sin embargo, Pradas ha denunciado a El Confidencial que varios incondicionales de Gordillo se acercaron a buscar enfrentamiento y llamarla fascista.

Marinaleda
En Marinaleda, votar al alcalde tiene consecuencias directas para el votante. El comunista Juan Manuel Sánchez Gordillo ha anunciado que premiará a los habitantes que le mantuvieron en el puesto tras las últimas elecciones dándoles acceso al paquete municipal de ayudas y vivienda gratis. Casas que construye recurriendo a fondos del Plan de Empleo Rural del que vive el municipio.

“847 traidores”. El alcalde comunista de la localidad sevillana de Marinaleda tiene controlados a los votantes que le dieron la espalda en las últimas elecciones y prefirieron a la candidatura (también de izquierdas) de Avanza.

Para aquellos que no le votaron, Gordillo anuncia “tinieblas” y “miseria”. Y recompensas para los fieles que le apoyaron y «dieron la cara por este proyecto». A ellos, dijo la noche electoral, se lo devolverá con subvenciones y casas gratis cuya construcción financia a través de fondos del PER (Plan de Empleo Rural). «Serán los primeros» en recibir las nuevas viviendas, dijo Gordillo.

En sus cuarenta años al frente del consistorio, Sánchez Gordillo ha desarrollado un complejo protocolo de “autoconstrucción” de viviendas sociales. Uno de los principales ejes de la política comunista que viene ejecutando de cara a los vecinos.

Pero, ¿cómo consigue uno de los municipios más pobres de Sevilla, con mayores tasas de abandono escolar y con un tejido empresarial privado prácticamente inexistente costear la construcción de viviendas para los votantes amigos de Gordillo? Expropiando terreno, empleando a vecinos como albañiles y subvencionando, vía presupuestos de la Junta Andalucía, la compra de los materiales.

Expropiaciones
“Lo primero era conseguir suelo. Así que primero expropiamos y luego municipalizamos miles de metros en los alrededores de nuestro municipio. Una vez que tuvimos suelo nos pusimos a reivindicar ante el Gobierno Central y el Autonómico dinero para hacer viviendas”. Así de simple lo explica el propio ayuntamiento.

El protocolo parte de la expropiación de terrenos de propiedad privada bajo la premisa del interés público. Una vez municipalizado ese suelo, el ayuntamiento lo cede de forma gratuita al vecino, al que en el argot marinaleño se le denomina “autoconstructor”.

Antes de comenzar las obras, el Ayuntamiento se reúne con estos autoconstructores para diseñar un plan de construcción y determinar qué tipo de materiales necesita. Esos materiales son cedidos por el consistorio. Y se consiguen “con convenios con la Junta de Andalucía” y con fondos para “obras del PER” (Plan de Empleo Rural).

Albañiles gratis
Sin embargo, pese a disponer de terreno y materiales gratuitos, el “autoconstructor” necesita mano de obra. Y ahí vuelve a entrar de nuevo Sánchez Gordillo. “Le cedemos gratuitamente varios albañiles (a sueldo público) para que dirijan las obras” señala el ayuntamiento.

La legislación de urbanismo exige que el plan de construcción esté acompañado de un proyecto técnico, firmado por arquitectos, que certifique que el proceso se realice en condiciones.

Los arquitectos también son gratuitos (pagados por el Ayuntamiento), y Sánchez Gordillo permite que los autoconstructores se reúnan con los arquitectos para “rectificar o modificar aquellas cosas que mejoren sus viviendas”. Para que las adapten a sus necesidades.

El modelo básico de vivienda consta de dos plantas, en las que se distribuyen 3 habitaciones, baño y cocina. Cada casa, adosada a la de otros vecinos, tiene un patio de cien metros cuadrados. Este espacio está pensado para permitir futuras ampliaciones del domicilio.

Hipotecas de 15 euros
La construcción es gratis. Pero el usufructo de la vivienda tiene un coste mensual. Una especie de hipoteca-cuota con la que aportan fondos a otros planes sociales del ayuntamiento. El coste de esta “hipoteca” la fijan por acuerdo los autoconstructores. Ronda los quince euros mensuales. Eso sí, se calcula el tiempo que ha invertido el vecino construyendo su vivienda y se le devuelve en forma de “salario inducido”.

Mientras, el municipio se mantiene laboralmente mediante cooperativas y empleos públicos, ya que el sector privado es prácticamente inexistente. “El derecho a la vivienda es incluso más vital que el derecho al trabajo porque es tener o no tener un lugar donde al menos poder aguantar la dureza de la que siempre son víctimas los empobrecidos”, advierte el ayuntamiento.

Otros bastiones comunistas:  Oleiros (La Coruña): Villa Che Guevara
Nota del Editor 23 Septiembre 2020

Además del atropello sistemático de los derechos de los español hablanttes, la arbitrariedad y demogogia del ayuntamiento se ve claramente en cualquiera de sus resoluciones. Y encima hay un monumento al asesino y terrorista Che Guevara, y otras lindezas comunistas.

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Violencia para victimizar a Torra
Editorial ABC 23 Septiembre 2020

La hipotética confirmación judicial de que Joaquim Torra quedará inhabilitado en los próximos días puede convertirse en un nuevo desafío para la seguridad en las calles de Cataluña si, como prevén los Mossos d’Esquadra, la nueva marca radicalizada del separatismo inicia una nueva escalada de disturbios violentos. ABC se hace eco hoy de la preocupación que invade a la Policía autonómica catalana tras constatar durante los últimos meses cómo al menos medio centenar de miembros de Blanc Bloc -así se hacen llamar- se han entrenado a conciencia en técnicas de guerrilla urbana en polígonos abandonados. Si los ya conocidos CDR protegidos por el propio Torra causaron serios destrozos en Barcelona durante los días posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo contra los golpistas catalanes, ahora, este grupo considerado aún más violento y organizado, promete volver a incendiar las calles. Su aprovechamiento de las redes sociales, el amparo institucional del que gozan como punta de lanza del independentismo más combativo, y sobre todo la irracionalidad de su odio contra España, son el caldo de cultivo idóneo para que Cataluña se sumerja en otra crisis política y social sin precedentes. Se trata de victimizar a Torra, de propiciar un tenso vacío de poder y de fomentar una especie de anarquía complicada de controlar en las calles con el mayor grado de virulencia posible. Ya ni siquiera es la preocupación habitual que generan los CDR y su capacidad de movilización; es que Blanc Bloc pretende reeditar las viejas técnicas cuasi terroristas de la «kale borroka» para criminalizar al Estado en las calles. Su objetivo sigue siendo evidente: forzar a Torra de la manera más agresiva posible a declarar la independencia.

Afortunadamente, lo que debió ser su primer ensayo con motivo de la Diada fue un fracaso anunciado. La movilización fue mínima y se impuso el miedo a los contagios por coronavirus en las concentraciones. Sin embargo, para estos grupúsculos la eventual salida de Torra de la Generalitat sería equivalente a una declaración de guerra. Su único objetivo es causar al Estado el mayor destrozo institucional posible. El propio presidente de la Generalitat no ha sido dudoso al animar simpre a los CDR a «apretar». No es extraño que los elementos más radizalizados del entramado separatista, muy complejo y variopinto, se tomen al pie de la letra la consigna y se ponga a la tarea de la única manera que entienden: con violencia. Ahí radica la irresponsabilidad de Torra, que obvia la peligrosidad que supone que grupos como Blanc Bloc tomen su discurso como una orden para reventar definitivamente la convivencia -socialmente ya muy maltrecha- en Cataluña.

El joven socialista que avergüenza a Sánchez por sus nefandos pactos con Otegi
ESdiario 23 Septiembre 2020

Un chaval del PSE retrata a su propio partido denunciando sus acuerdos con Bildu y define al PSOE: lo único que ha recibido a cambio son advertencias y regañinas.

El pasado domingo, un joven defendió la memoria de España y del PSOE con una frase digna de enmarcarse en estos tiempos de olvido. Se llama Víctor Trimiño y, al ser elegido secretario general de las Juventudes Socialistas del País Vasco, dijo lo siguiente en referencia a los reiterados pactos de su partido con Bildu: "Ninguna necesidad aritmética" justifica "blanquear" y “tratar como un partido más a quienes, desde un punto de vista ético, no lo son”.

Cabe recordar que, desde 2018, Sánchez se ha entendido por activa y por pasiva con Otegi: en dos investiduras, para abordar el Gobierno de Navarra e incluso para anular la reforma laboral. Y que su socio, Podemos, exige y está camino de conseguir que Bildu sea un socio estable para todo la legislatura.
La frase del joven socialista que deja por los suelos los pactos con Otegi

Si pudieran, Fernando Múgica, Joseba Pagaza, Fernando Buesa, Isaías Carrasco o Ernest Lluch aplaudirían. Pero no pueden, son algunos de los socialistas asesinados por ETA junto a otros 857 políticos, ciudadanos, policías, militares, juristas e incluso niños. Y tantos otros heridos de por vida o en un exilio forzoso a otras regiones que explica, en parte, la hegemonía electoral de las opciones abertzales.

Desgraciadamente, a las palabras de Trimiño no le han seguido, por todo ello, los parabienes de la dirección del PSOE. En Ferraz se ha hecho un silencio elocuente e incómodo, indiciario de la mala conciencia que tiene su dirección y de lo acertado de las palabras del joven socialista.

Y en el PSE, Idoia Mendía, la que salió cocinando con Otegi hace un par de años por Navidad, le ha lanzado un aviso lamentable para que deponga su actitud. El Diario Vasco desvela la regañina que le han echado al joven por decir, simplemente, lo que el PSOE siempre sostuvo.

Según el periódico, sus jefes achacan su discurso a la “falta de experiencia” y le envían un recado: que evite “desahogos” y “opiniones personales” cuando ejerza de portavoz. Un mensaje terrible para alguien que, en síntesis, se limita a decir una obviedad que hasta hace bien poco era línea oficial de su propio partido.

Un PSOE silenciado
Hace escasos años, a Sánchez le hicieron dimitir como secretario general al detectar, en su Ejecutiva, que estaba dispuesto a pactar hasta con Bildu tras perder por segunda vez en seis meses frente a Rajoy, con más estrépito que en la primera.

Hoy gobierna con ellos y todos los dirigentes que intentaron evitar esa tropelía están silenciados o fuera de cualquier responsabilidad institucional o política: la sustitución del sensato Javier Fernández por Adriana Lastra en Asturias simboliza ese viraje y esa degradación. Frente a la que Trimiño, un joven desconocido, se ha rebelado con dignidad, valentía y, ojalá, perseverancia.
 


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