AGLI Recortes de Prensa   Jueves  24  Septiembre  2020

Pedro Sánchez da otro paso más en la demolición de la España constitucional
ESdiario 24 Septiembre 2020

El presidente del Gobierno avanza en los indultos y en el aislamiento de la Corona a la vez, en un proyecto kamikaze para España que solo atiende a su interés personal.

El Gobierno anunció ayer a través del Ministro de Justicia que la próxima semana comenzará a tratar los expedientes de indulto a los políticos catalanes condenados por sedición en el Tribunal Supremo. Y lo hizo el mismo día en que trascendió el veto de Moncloa a la presencia del Rey en un acto judicial en Cataluña

El ministro Campo intentó presentar tan trascendente asunto como si fuera algo inevitable. Técnicamente, los indultos puede pedirlos cualquiera, y en este caso lo ha hecho un abogado barcelonés en nombre de los reos, que prefieren una amnistía que, además de liberarlos, anule las condenas y legitime todavía más los delitos cometidos.

Pero no nos engañemos: si el Consejo de Ministros no quiere conceder los indultos, nada le obliga. Y si los quiere conceder, nadie puede evitarlo. Es, pues, una decisión fundamentalmente política que responde a la intención que Pedro Sánchez tiene con respecto a sus actuales socios.

Y todos los pasos dados por el Gobierno para conceder esa medida de gracia se han dado por la misma razón: eligió a los partidos independentistas como socios de legislatura y logró gracias a ellos, y a Podemos, sus dos investiduras.

A un precio altísimo que empezó a pagar desde el primer momento: cambió la Abogacía del Estado; anunció cambios en el Código Penal para rebajar el delito de sedición; impulsó una mesa de negociación bilateral con la Generalidad; acaba de vetar la presencia del Rey en un acto jurídico en Barcelona y ahora, si puede, indultará a los dirigentes que más han hecho por romper la convivencia en España.

Con un país ocupado en sobrevivir a la pandemia y a la crisis; no parece haber mucha resistencia. Solo así se entiende que, en lugar de atender ese frente tan dramático, se aproveche el momento para tensar las costuras constitucionales y territoriales a la vez con una contumacia orquestada en el que todo encaja: desde el ninguneo a la Corona hasta la indulgencia con los delincuentes catalanes. Y solo parece el comienzo.

Porque cabe temer que todo esto, lejos de ser la meta, es simplemente la salida de un proceso autodestructivo que hasta un socialista como Felipe González ha tenido que denunciar. Veremos si dentro del PSOE alguien le secunda o, por contra, los Page, Díaz, Vara o Puig siguen guardando un silencio cómplice.

Esos indultos son una estafa a España
Editorial ABC 24 Septiembre 2020

La decisión del Gobierno de tramitar ahora las peticiones de indulto para los líderes independentistas condenados por sedición no es casual ni se debe a un mero formalismo jurídico, como falsamente se empeña en justificar el Ministerio de Justicia. Se trata de un anuncio político viciado por el oportunismo de Pedro Sánchez, carente del más mínimo sentido de Estado. Como primera providencia, la operación consiste en preparar a los ciudadanos para normalizar lo que solo es una anomalía: generar la atmósfera política necesaria para convencer a los españoles de que por muy golpistas que fueran, no merecen ya cumplir sus graves penas de cárcel. El Gobierno legitima así el eterno argumento separatista de que la sentencia fue «política», y que con «política» conviene resolver el desaguisado. Esta falsedad tendría poco recorrido argumental si la razón de fondo de Sánchez no fuese otra que la de dar más vueltas de tuerca al desmontaje del andamiaje constitucional de España junto a Podemos y el independentismo. Además, la progresiva destrucción del sistema constitucional de 1978 se está produciendo sin respeto alguno a la «memoria histórica» que sí fraguó la Transición, y con un desprecio flagrante a los consensos legitimados por la Constitución. Inexplicablemente, el PSOE se ha sumado a esta demolición sin abrir ningún debate interno, lo cual no deja de ser desolador.

Dar cauce legal a los indultos es también un acto de rendición del Estado en favor de quienes odian a España y buscan en nuestras propias leyes impunidad para sus delitos. Lo relevante no es la tramitación de las peticiones de gracia para los condenados porque es una obligación legal evaluarlas si alguien lo solicita. Es un derecho. Lo grave es la irritante percepción de que Sánchez se somete a un chantaje para sobrevivir a toda costa, y de que además estaría encantado de concederlos porque es un soberanista convencido. Su constitucionalismo es una farsa. Qué sentido tiene, si no, la simbología del momento elegido, justo al día siguiente de haber vetado al Rey en la entrega de diplomas a la nueva promoción de jueces en Barcelona, y en respuesta parlamentaria al partido de Joaquim Torra, que hasta hace días también lo era del huido Carles Puigdemont.

Que Sánchez no tiene palabra no es noticia. ABC recuerda hoy sus frases de meses atrás, cuando sostenía que el cumplimiento de las penas sería íntegro. En cambio, hoy negocia una excarcelación prematura, paralegal y obscena desde el punto de vista penal. Se trata de crear la coartada emocional necesaria para victimizar como héroes a unos golpistas de manual que desobedecieron a la Justicia, retaron al Estado y maltrataron la legalidad. El cumplimiento efectivo de las penas va a ser una quimera antes o después. Porque si no es por la vía del indulto, lo será por la de una reforma legal del delito de sedición, que provocará su salida de prisión inmediata el mismo día en que entre en vigor. Atrás quedan aquellas palabras de Sánchez, como quedaron atrás los reproches que le hizo en su día Patxi López por no saber «qué es una nación». Lo mismo Sánchez respalda aplicar el artículo 155 de la Constitución que aplaude unos indultos que posiblemente nunca tengan el visto bueno del TS. El de la Fiscalía, dado el barrizal en que la ha convertido Dolores Delgado, empieza ya a intuirse... en favor de los presos, por supuesto. Todo es doblemente ofensivo. Por un lado, se trata de un gesto político para salvar los Presupuestos mientras se asimilan los indultos en el ideario colectivo con el fin de que, llegado el momento, no sean un escándalo. Y en paralelo, se desactiva el delito de sedición diseñando una amnistía encubierta que convertirá en forzosa la libertad de los condenados de un modo más rápido, quirúrgico e indoloro para echar tierra sobre una estafa procesal.

La operación consiste en someter al Estado, poner en venta la democracia a cambio de garantizarse la legislatura, y provocar la ruptura social necesaria para finiquitar la Constitución mientras la derecha se desangra en odios internos y se muestra incapaz de liderar una alternativa constitucional sólida. Es incomprensible que la izquierda goce de vía libre en su objetivo de pervertir el sentido último de la legalidad y el valor real del indulto creando un automatismo personalizado para privilegiar a unos delincuentes. Esto ya no va de recuperar el franquismo o el populismo más rancio como señuelos ideológicos para dividir a la sociedad. Es peor aún. Es un golpe al mentón de los Tribunales con el argumento de que en España impera el autoritarismo de su presidente y no la separación de poderes. Es una decisión profundamente lesiva para la inmensa mayoría de españoles y servil con la minoría que quiere dinamitar nuestro sistema. Nunca hubo líderes maltratados de una causa justa. Hubo culpables de sedición que nunca se han arrepentido.

8-M, reloaded
Gabriel Albiac ABC 24 Septiembre 2020

Los ciudadanos españoles estamos -digámoslo educadamente- hasta el gorro de los partidos a los cuales financiamos. Porque no se financian los privados partidos políticos con las cuotas de los privados miembros por cuyos privados intereses velan; se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o sea, a nuestros impuestos. Los que nos caen simpáticos como los vomitivos. También los golpistas o los a sueldo de gobiernos tan ejemplares como la República Islámica de Irán o la Bolivariana de Venezuela. De esos asalariados, plácidamente corruptos, es de quienes estamos, digámoslo educadamente, hasta el mismísimo gorro.

No es nueva esa sensación de burla, ese constatar cómo la lista de quienes viven de la política, en todas sus instancias, es la de una patulea de sujetos sin estudios ni oficio. Que la plagiada Tesis Doctoral del Presidente es una broma. Y que el «Doctor Simón» de todos los televisores no pasa de ser un funcionarial «Licenciado Simón» sin Tesis Doctoral alguna, pero al cual el ministro Illa sigue homologando doctoralmente con ese presidente suyo con el cual comparte el récord de bajas por coronavirus en Europa y la medalla de plata de infección en el mundo. De doctor a doctor, toda una hazaña.

No hay lugar hoy para maneras versallescas. La no doctora (en rigor, no-nada) Adriana Lastra convocó a manifestarse en las calles de la ciudad más contagiada de Europa. Y claro que es legítimo que un político no esté demasiado alfabetizado. Y claro que es legítimo que un político ayuno en letras -pero no en sueldo- aspire a liquidar a los miembros del adverso partido que le disputa cargo y salario: la pitanza es sagrada. Y va en las reglas de ese juego de guerra al que llamamos política que la sociedad de apoyos mutuos A busque el modo de borrar del mapa a la sociedad de apoyos mutuos B. No hay dinero -ni cargos- en el Estado para todos. Y, si hay que matar, se mata. Es legítimo. Siempre que se maten entre ellos. Y que su sangre no salpique. No lo es tanto, si los muertos ha de ponerlos una ciudadanía en cuyo vivir nada cambia que el beneficiario de sus impuestos sea el Club B o el Club A, bajo los adjetivos de «socialista», «conservador», «populista» o «de raza superior no hispana».

Así que la señora Lastra alentó, para el domingo, su propia mani, en defensa de su propio sueldo y de su propio cargo. Y del sueldo y del cargo de sus amigos. En guerra también («de clase») contra sueldos y cargos de sus adversarios. Así son ellos. La «consciente» Lastra repite el hallazgo de aquel 8 de marzo, en el cual los clubes socialista y populista dieron con la vacuna para el virus chino: «¡No mata el coronavirus, mata el machismo!» Será preciso, un día, cuando el tiempo y las estadísticas lo permitan, hacer el sencillo cálculo de a cuántos madrileños mató la expansión con la que aquel apelotonamiento festivo disparó un virus que se transmite en progresión geométrica. Pero los muertos dan lo mismo, porque los muertos no votan.

Habrá que hacer ese cómputo. Puede que sea impropio llamarlo asesinato. ¿Lo es acaso sospecharlo homicidio imprudente? Tampoco podremos saberlo nunca: los fiscales de la exministra de Justicia se ocupan de enterrarlo. Y de enterrar, ya puestos, lo poco que de creíble pueda haber en la Justicia española. Quedan los muertos que trajo aquel 8 de marzo. ¿Tendremos que sumarles los que traiga el 27 de septiembre? ¿Hasta cuándo los políticos perpetuarán su trueque de intereses privados por cadáveres?

Las renovaciones del CGPJ y el TC
«La responsabilidad política aconseja no plegarse ante un mero intercambio de cromos, pues solo beneficiaría a los enemigos del régimen constitucional»
José Manuel Maza Muriel ABC 24 Septiembre 2020

Las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional son hoy un asunto prioritario de la política nacional, lo que no debiera extrañar, pues se trata de dos órganos fundamentales de nuestra arquitectura constitucional. Su trascendencia es mayúscula para el normal funcionamiento de las instituciones y, por tanto, la responsabilidad política debiera aconsejar que, una vez cumplido el mandato de sus miembros salientes, se procediera a su reemplazo sin más dilación. Sin embargo, desgraciadamente para los que defendemos la vigencia del orden constitucional, en estos momentos no se dan los estándares mínimos que garantizan el normal funcionamiento que las instituciones requieren, por lo que proceder sin más a la renovación, como solicita espuriamente el Gobierno, sería un acto de irresponsabilidad política que pondría en peligro los cimientos de nuestra democracia. Y esta afirmación, que reconozco grave, encuentra su justificación en una serie de hechos que se han sucedido desde la moción de censura de mayo de 2018. Sin ánimo de ser exhaustivo, algunos de estos episodios son los siguientes:

Primero: las declaraciones del presidente, en una entrevista en RNE, en la cual manifestó: «Es que la Fiscalía ¿de quién depende?». «Del Gobierno», respondió el periodista. «Pues ya está», rubricó el presidente.

Segundo: el ministro de Consumo afirmó públicamente que la Fiscalía General «depende jerárquicamente del Ministerio y de la Presidencia del Gobierno».

Tercero: ERC condicionó su apoyo de investidura a la defensa de sus intereses ante el TJUE por parte de la Abogacía del Estado. El presidente no dudó en someter uno de los cuerpos más prestigiosos de nuestra orgánica jurídica a sus intereses personales, coaligados con los de los sediciosos.

Cuarto: tras la investidura del actual Gobierno, que contó con el apoyo de los grupos parlamentarios que abiertamente abogan por la desaparición de la Nación española, una de las primeras decisiones del Consejo de Ministros fue el nombramiento de la actual fiscal general, que venía de ser, sin solución de continuidad, ministra y diputada socialista.

Quinto: el ministro del Interior cesó a un coronel de la Guardia Civil por cumplir con su deber y no acatar órdenes gubernamentales que podrían poner en peligro la cadena de mando de la policía judicial en relación con instrucciones provenientes de la juez instructora.

Sexto: el ministro de Justicia, en el Congreso, aseguró que España se encontraba inmersa en una «crisis constituyente».

Séptimo: el vicepresidente segundo ha vertido graves acusaciones contra miembros del Poder Judicial, siendo reprendido en varias ocasiones por el CGPJ, manifestando que ese tipo de ataques atentan gravemente contra la independencia judicial.

Octavo: el presidente se ha comprometido a modificar el delito de sedición para exonerar a delincuentes del cumplimiento efectivo de sus penas y lograr su apoyo político.

Noveno: el presidente mostró públicamente su pésame por la muerte de un terrorista, sin recordar a las víctimas.

Décimo: desde el Gobierno se ha optado por el revanchismo político y la recuperación de las dos Españas, acabando así con el espíritu de la Transición.

Estos ejemplos ponen de relieve la anomalía democrática que vivimos, con miembros del Gobierno erosionando el sistema político que más libertad y prosperidad ha traído a los españoles y con un PSOE genuflexo ante un líder que vela por su supervivencia en detrimento del país que paradójicamente gobierna. Como acertadamente explican los profesores de la Universidad de Harvard Levitsky y Ziblatt, en su obra «Cómo Mueren las Democracias», en la actualidad las democracias se destruyen desde dentro, con gobernantes que minan el Estado de Derecho controlando a su antojo instituciones fundamentales y sometiéndolas a sus fines partidistas. Así, defienden los autores, los partidos políticos que abogan por el mantenimiento de la democracia, basada en derechos y libertades, tienen el deber de actuar como freno implacable ante las injerencias y ataques endógenos al sistema. Y, a pesar de los pretendidos chantajes de los primeros, estos políticos responsables deben mantenerse firmes en la defensa de las reglas del juego, los famosos frenos y contrapesos, intentando evitar el descarrile institucional. Pues bien, exactamente eso es lo que se está ventilando ahora a propósito de las renovaciones del CGPJ y del TC y, por tanto, la responsabilidad política aconseja no plegarse ante un mero intercambio de cromos, pues solo beneficiaría a los enemigos del régimen constitucional y supondría un paso histórico en la demolición de nuestro Estado de Derecho.
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José Manuel Maza Muriel es abogado

La destrucción del derecho
Ignacio Sánchez Cámara ABC 24 Septiembre 2020

Entre los síntomas de la profunda crisis espiritual y moral que padecemos se encuentra la pérdida del sentido jurídico, el desprecio del derecho, la renuncia a la herencia romana. El derecho agoniza asediado por la falsa ideología y la mala política. En España, y no sólo en ella, asistimos a la demolición del derecho.

Empezando por la Constitución. Todo el «proceso» catalán y el golpe de Estado, sólo en apariencia fallido, y la reacción del Gobierno, constituyen un ataque contra la Constitución. El «derecho» de autodeterminación, que invocan los separatistas, no sólo es anticonstitucional, sino que se opone a la unidad nacional en la que se fundamenta la Constitución. Para ampararlo habría no ya que modificar la Constitución sino destruirla.

Sería necesario un proceso constituyente. Pero aunque el objetivo fuera ese, salvo que se optara por la vía revolucionaria, el único procedimiento posible sería la elaboración de una nueva Constitución. Como, al menos de momento, no parece ese el caso, ¿qué negocian el Gobierno español y el autonómico catalán como si de dos estados se tratara? Porque si una parte exige la autodeterminación, la otra debería constatar que es legalmente imposible dentro del vigente ordenamiento constitucional. Más aún cuando los separatistas no admiten ninguna otra solución al «conflicto». ¿Qué se puede negociar cuando una parte ofrece una posición innegociable que, además, es inconstitucional? ¿Qué diálogo es ese en el que quien vulnera la ley afirma que no va a ceder? Los separatistas no negocian; pretenden imponerse al margen de la ley, como forajidos. Resulta evidente que los negociadores proclaman la quiebra del imperio de la ley. La ley, dicen, no basta. Al parecer, sobra. Es, dicen, la hora de la política. Será de la política del chanchullo y el mercadeo. Se oponen, así, la política y la ley. Vamos entonces hacia una política fuera de la ley, hacia una política forajida. La política no consiste ya en la búsqueda de la justicia sino en el trapicheo al margen de la ley. Cambalache jurídico. Es la muerte del derecho. El derecho se convierte en un estorbo, en algo molesto que dificulta la acción política, y los jueces en un enojoso obstáculo (a menos que sean adictos al «nuevo régimen»). Y se clama contra la «judicialización» de la política. Claro, quieren una política de manos libres, libres del derecho y de la justicia. Es la vía totalitaria hacia la extinción del derecho.

Lo sucedido durante la pandemia, por lo demás no extinta, confirma el diagnóstico. El derecho ha sufrido la peor cuarentena. Los derechos cercenados y el derecho escarnecido. El último episodio de la defunción del derecho: la libertad de los golpistas sediciosos.

Difunto Montesquieu, la cosa resulta más fácil. Para qué dividir el poder si gobierna el pueblo. Para qué limitar el poder si gobernamos nosotros. Ya no es necesario que el poder frene al poder. ¿Qué sentido tiene frenar al pueblo? El camino hacia el absolutismo y el totalitarismo queda abierto. Los jueces deben quedar sometidos al gobierno popular. Y el Parlamento y el Gobierno son la misma cosa. Los jueces no pueden controlar la acción del Gobierno. «Judicialización» de la política. Como si el poder judicial no fuera un poder político… El objetivo es una política sin jueces, es decir, una política sin justicia, contra la justicia. Decisionismo político. Carl Schmitt. Nazis y comunistas juntos, codo con codo. La justicia es un estorbo para la «voluntad popular». Pero la supresión de la división de poderes y del control judicial de la acción del Gobierno entrañan la quiebra del Estado de derecho y, con él, del propio derecho.

Sin un poder judicial libre de intromisiones del Gobierno no hay justicia ni libertad. Tocqueville pensaba que el poder judicial era una de las barreras fundamentales para evitar que la democracia se deslizara hacia el despotismo. Así lo entendieron los fundadores de los Estados Unidos. El poder de los jueces americanos procede del derecho que tienen reconocido a fundamentar sus decisiones directamente sobre la Constitución y, por lo tanto, en el derecho a no aplicar las leyes que consideren inconstitucionales. Es un poder inmenso pero no arbitrario ni absoluto. La última palabra la tiene el Tribunal Supremo Federal. Pero lo que nunca podrán ni el presidente ni las Cámaras es inmiscuirse en el ejercicio de la función jurisdiccional. Por el contrario, son los jueces quienes controlan y limitan el poder del Gobierno y del Parlamento. El sistema tiene inconvenientes pero tiene más ventajas que inconvenientes, sobre todo para la defensa de la libertad y de los derechos. Afirma Tocqueville que «ningún pueblo ha constituido un poder judicial tan inmenso». Además, sus funciones le hacen especialmente apto para defender la libertad.

El Gobierno actual abandona la senda del derecho romano clásico y abraza la teoría del uso alternativo del derecho, que no es sino su sometimiento a los intereses del poder. Nada queda hoy de aquellas sabias palabras del jurista Ulpiano con las que comienza el Digesto: «Cualquiera que intente estudiar el derecho (ius), tendrá que saber primero de dónde se deriva la palabra ius. Se llamó ius, de justicia, pues de acuerdo con la acertada definición de Celso, el derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Debido a esto se nos puede muy bien llamar sacerdotes, porque nosotros rendimos culto a la justicia, tenemos conocimiento de lo que es bueno y justo, separamos lo justo de lo injusto, discriminamos entre lo que está permitido y lo que no está permitido, con el propósito de hacer buenos a los hombres, no sólo por temor al castigo, sino también por el estímulo de la recompensa. Aspiramos, a menos que yo esté equivocado, a una verdadera filosofía, no a una filosofía aparente».

Ahora parece que se trata de someter a los hombres, apoderándose de sus conciencias y negando el derecho de cada persona a defender sus convicciones. Ya no queda nada de «la majestad de las leyes» (Tocqueville). El derecho agoniza, si es que aún tiene un hilo de vida entre nosotros. Y hay que recordar, con Ortega y Gasset, que «la destrucción del derecho no puede producir sino el envilecimiento del hombre».
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Ignacio Sánchez Cámara es Catedrático de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos


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Sánchez e Iglesias, al asalto del régimen del 78
OKDIARIO 24 Septiembre 2020

Nueve meses le han bastado al Gobierno socialcomunista para lanzar su definitivo ataque al régimen de 1978 y promover la ofensiva contra la Constitución y la Monarquía parlamentaria que venían demandando las fuerzas contrarias al actual modelo de Estado. Hoy, como nunca antes, nuestro sistema democrático, la soberanía nacional y la división de poderes peligran ante el acoso de un Ejecutivo que se ha quitado la careta y decidido quebrar de raíz los valores que definen un modelo de convivencia basado en la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, el pluralismo político, la dignidad de la persona y el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.

El anuncio del Ejecutivo de empezar el proceso para indultar a los golpistas catalanes y el veto del Gobierno a la presencia del jefe del Estado en Barcelona para presidir la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces marcan un punto de inflexión crítico. Sánchez ha decidido demoler el entramado institucional sobre el que articula el Estado de Derecho para garantizarse la permanencia en el poder a través de un siniestro plan de retroalimentación de intereses con el populismo, el golpismo y los proetarras de Bildu, convertidos ya en aliados naturales de un socialismo que está a punto de consumar la más ignominiosa traición a España.

El plan está trazado y representa el mayor desafío al que se enfrenta España desde la instauración de la democracia. Es hora de apelar a los valores que definen nuestro marco de convivencia para, desde la firmeza constitucional y el compromiso con el régimen del 78, impedir que el socialcomunismo logre su propósito. Hoy, más que nunca, urge defender el modelo de Estado democrático que el socialismo y los enemigos de España pretenden demoler para ocupar el poder.

Es momento de la unidad constitucional y de aparcar las discrepancias partidistas. España está en peligro y su defensa es una obligación moral para todos aquellos que se sienten concernidos con la democracia que encarna la Monarquía parlamentaria. Está en juego la supervivencia de la nación y resignarse es claudicar.

Bienvenidos al desguace
Se retuercen las leyes solo para que un señor conserve el poder
Luis Ventoso ABC 24 Septiembre 2020

Ha arrancado un desguace por la puerta trasera del andamiaje institucional que ha sostenido la exitosa democracia española durante 42 años. PSOE y Podemos carecen de respaldo para reformar la Constitución del 78 por su cauce (necesitarían el apoyo de tres quintos del Congreso y el Senado). Pero han ideado atajos para ir minando el orden constitucional. Las leyes que protegen la unidad de la nación van a ser debilitadas. Además, en paralelo, existe una pinza para ir arrumbando a la Corona, velada por parte de Pedro y a saco por parte de Pablo.

¿Comparten la mayoría de los españoles esta operación? ¿Les agrada que se indulte a los presos del golpe de 2017, que se rebajen los delitos de
sedición y rebelión, que se ningunee al Rey desde el Gobierno? Sin duda no. La valoración de Felipe VI es muy alta -barre a la de Sánchez- y la simpatía del grueso de los ciudadanos por Junqueras, Puigdemont tiende a cero. Entonces, ¿por qué se acomete una operación tan impopular? La respuesta es tan sencilla como deprimente: el autodenominado «Gobierno progresista» retuerce las leyes tan solo para que los separatistas les permitan sobrevivir en La Moncloa un poco más. Lo que antaño fue el PSOE se ha transmutado en el PS, el Partido Sanchista, una máquina de poder pura, a la que nada importa aflojar los hilvanes de la nación con tal de ir comprando tiempo a los independentistas, que asombrosamente tienen como rehén al Gobierno del país que odian. En cuanto al socio, Podemos, nunca han disimulado: son un partido populista de ultraizquierda que aspira a derribar lo que desprecian como «el régimen del 78». Aunque las mieles del Xanadú de Galapagar hayan amansado los ímpetus revolucionarios (de salón) de Pablo e Irene, la pareja propietaria de la marca morada se mantiene leal al viejo dicho agrícola: la cabra siempre tira al monte.

El desguace presenta un agravante moral. Se lleva a cabo aprovechando que el país está sumido en una doble conmoción, sanitaria y económica, que focaliza la atención. Las personas están angustiadas pensando en si conservarán sus empleos; asustadas ante el rebrote epidémico. Mientras hacemos frente al Covid parece buen momento para ir pasando de tapadillo por la taquilla de los nacionalistas. El ministro de Justicia anuncia a la embajadora de Torra en el Congreso, Laura Borrás, protagonista de un turbio asunto de corrupción, que la semana próxima empezará a mirarles lo de los indultos del procés. El PSOE impide que vuelva a ser delito la convocatoria de un referéndum ilegal (en contra de la promesa firme de Sánchez en la última campaña electoral). El delito de sedición pasará a ser una maría en el Código Penal, para que Junqueras y sus cómplices salgan a la calle ya y canonizados como héroes de la causa. ¿Que te molesta ver al Rey en Barcelona en un acto con los jueces? Tranquil, Quim, tranquil, que retocamos las tarjetas de invitación y borramos a Felipe. Lo cual ha sido «una decisión muy bien tomada» (Carmen Calvo dixit).

Una televisión zurda. Una máquina de propaganda soberbia. Un país anestesiado. ¿A dónde vamos? Calladitos hacia un desguace.

Pedro Sánchez o la política de tierra quemada
Editorial El Mundo 24 Septiembre 2020

El indulto a los golpistas del 1-O se une el ninguneo al Rey, la caza de brujas en la Fiscalía y las cesiones a Bildu

La política de tierra quemada practicada por Pedro Sánchez desde que decidió vincular al PSOE a la izquierda radical y los independentistas de toda ralea amenaza con socavar las bases constitucionales de nuestro país. La española es una democracia fuerte que, a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, ha demostrado su solidez ante desafíos como el 23-F o la asonada independentista del 1-O. La situación actual es tanto o más grave en la medida en que es el propio Gobierno de la nación el que se aviene a chalanear con quienes aspiran a liquidar la unidad nacional. El objetivo declarado de los socios de coalición y de investidura de Sánchez es derribar tanto la monarquía parlamentaria como el modelo territorial, claves de bóveda de la arquitectura sobre la que pivota la democracia alumbrada en 1978.

El indulto a los presos del procés, que el ministro de Justicia empezará a tramitar a partir de la semana que viene, es más que una vergonzosa cesión a los independentistas. Se trata de un ataque extraordinariamente grave al Estado de derecho. Dejaría sin efecto la condena por sedición dictada por el Tribunal Supremo y no serviría para aplacar la amenaza de unilateralidad del secesionismo. El propio Sánchez afirmó antes del arranque de la legislatura que los indultos «no estaban encima de la mesa». Su palabra, a estas alturas, carece de valor. Ahora asume esta posición por exigencia de Iglesias y añade una vergonzante reforma legislativa para rebajar el tipo penal de la rebelión y la sedición. Todo al gusto de los separatistas y, de esta forma, allanar el respaldo de éstos a las cuentas públicas de las que depende la supervivencia política del propio Sánchez. Negociar impunidad a cambio de presupuestos constituye un oprobio y una muestra más del cinismo de un presidente que demuestra operar sin escrúpulos.
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Sánchez huyó ayer a una cumbre cancelada en Bruselas el día que España entró oficialmente en recesión, Calvo se reunía con los herederos políticos de ETA para suplicarles su apoyo y el Rey es vetado por el Gobierno en Cataluña. La cancelación de la anunciada presencia de Felipe VI en Barcelona en la entrega de despachos a los nuevos jueces -el CGPJ envió invitaciones al acto con el Monarca como autoridad- es otra bochornosa cesión de PSOE y Podemos al separatismo. Desde que Sánchez es presidente, La Moncloa ha diluido la presencia del Jefe del Estado en Cataluña, lo que representa una anomalía inaceptable. A ello se suma la caza de brujas que ha empezado a perpetrar Dolores Delgado en el Ministerio Público a raíz de las impresentables declaraciones de Luis Navajas, el fiscal que exculpa al Gobierno de responsabilidades penales en la gestión de la pandemia. Después de que el teniente fiscal del Supremo acusara de presiones a sus compañeros Consuelo Madrigal y Fidel Cadena -hecho tan grave como insólito-, la Inspección Fiscal tramita una denuncia contra Madrigal por la tribuna publicada en EL MUNDO el pasado 4 de mayo en la que cuestionaba el encaje legal de la imposición del estado de alarma. Frente a la irresponsabilidad de Navajas, cuyas declaraciones dañan la credibilidad de las instituciones, cabe subrayar que Madrigal es una fiscal de reconocida independencia y de trayectoria intachable.

Han bastado unos meses de legislatura para que los españoles se pregunten qué quedará de la España del 78 después del sanchismo. Resulta indigno asaltar las instituciones de todos para sacar adelante los Presupuestos. No vale todo para aferrarse al poder. El plan de Sánchez siempre fue la coalición Frankenstein, de la mano de los populistas y del secesionismo: su hoja de ruta pasa por repudiar la mano tendida de Ciudadanos para luego culpar a la formación de Arrimadas de seguir atada a la foto de Colón. Ni PP ni Cs pueden transaccionar nada con un Gobierno insolvente y temerario que desprecia el marco constitucional.

Candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña
Ignacio Garriga: "La cobardía del PP es la tapadera del sanchismo"
IÑAKI ELLAKURÍA El Mundo 24 Septiembre 2020

El líder de Vox en Cataluña asegura que Pedro Sánchez "va a ser el primer presidente que acabe juzgado por alta traición"

El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, es el elegido por Santiago Abascal para defender en el Congreso la moción de censura a Pedro Sánchez. Un reconocimiento al peso que ha ganado internamente, fue el coordinador de las campañas vasca y gallega, y de la importancia que otorga Vox a los próximos comicios catalanes, donde podría entrar en el Parlament con cuatro diputados.

Usted va a defender una moción de censura condenada al fracaso y que muchos creen que acabará reforzando a Sánchez...
Ésa es la foto que presenta el Partido Popular, que por pura cobardía no se atreve a apoyarla. Casado es la gran tapadera de Sánchez. Arrimadas es su cómplice. La moción ofrece a los 350 diputados la opción de escoger entre la responsabilidad de liberarnos del peor Gobierno para la peor crisis o la ruina sanchista. La moción es una cuestión de lealtad.

¿A quién?
A los muchos españoles que están deseando desalojar a este Gobierno ilegítimo y fundado en la mentira, que los ha llevado a la ruina, provocando el cierre de negocios y el aumento del paro, y a la muerte con su nefasta gestión de la crisis. Estoy convencido de que Sánchez será el primer presidente juzgado por alta traición.

¿Por su gestión de la crisis del coronavirus?
Está aprovechando la crisis para llevar adelante su agenda oculta. Mire los indultos a los presos independentistas. Estoy convencido de que va a reformar la sedición en el Código Penal para acortar las penas. Son una mafia que por aprobar los Presupuestos y seguir en su poltrona son capaces de todo. Estamos presenciando cómo el Gobierno avanza hacia un cambio de régimen, con sus ataques al Poder Judicial, al Rey... Un proceso que hemos de evitar con la moción de censura.

Usted defenderá la moción pero no han aclarado si el candidato a presidente será Abascal...
Tenemos el mejor candidato posible, que es Abascal. Pero aún no está decidido. El objetivo de la moción es echar a Sánchez, no reforzar a Vox.
Los últimos sondeos indican que Vox entraría con cuatro diputados en el Parlament, pero que el constitucionalismo estaría por debajo del simbólico 50% de los votos.

Cs plantea una candidatura unitaria con el PP. ¿Ustedes estarían dispuestos a estudiarla?
No podríamos estar en una coalición que representaría décadas de políticas fallidas frente al separatismo. Entre otras razones porque Ciudadanos y PP no están dispuestos a salirse del consenso progre y nacionalista, con la ideología de género, el feminismo, el revisionismo histórico... Tampoco están dispuestos a ilegalizar los partidos que con dinero público atentan contra la unidad de España.

¿Qué ofrecen además de velar porque se aplique la ley? Cataluña es hoy una sociedad fracturada, con los lazos sociales rotos...
Vamos a liderar la auténtica oposición al separatismo después de que PSC y PP hayan estado 40 años mercadeando con el nacionalismo para sentarse en La Moncloa, con constantes cesiones y vulneración de derechos fundamentales. PSC, PP y también Ciudadanos han sido los responsables de que el separatismo esté en plena rebeldía. Dicho esto, la situación en Cataluña nos va a obligar a años de perseverancia, de trabajo en las calles y las instituciones para dar la batalla de las ideas. El Estado de las autonomías es un sistema que ha caducado -lo hemos visto en la gestión de la pandemia- y ha roto el principio de igualdad y solidaridad entre españoles. Debe haber una mayor presencia del Estado y sus símbolos en Cataluña. Urge también que el Gobierno recupere ciertas competencias porque, de lo contrario, nunca conseguiremos derrotar al separatismo.

¿Cuáles?
Las de seguridad o educación. Los nacionalistas tienen controlados los colegios, donde inoculan odio a las nuevas generaciones, como se ve en la evolución del voto entre las nuevas generaciones. Como controlan también los medios de comunicación. Hay que cerrar TV3, entre otras cosas por deficitaria.

Habla de ilegalizar partidos nacionalistas. ¡Vaciaría así prácticamente el Parlament!
No tiene sentido que haya partidos que se nutren de fondos públicos con el cuyo único objetivo de romper España y dinamitar el régimen constitucional. Han de renunciar a romper la unidad de la nación y a su agenda política de vulneración de derechos fundamentales. La mejor herencia que recibimos de nuestros abuelos es una patria y no podemos renunciar a ella. Tenemos derecho a defender España.

¿Esta estrategia de choque frontal no puede radicalizar y dar más argumentos al independentismo? La idea del agravio y el victimismo siempre ha sido uno de sus combustibles emocionales...
El discurso de evitar el choque lo único que pretende es desactivar la denuncia sin complejos de las tropelías nacionalistas y que muchos catalanes, gallegos, vascos no puedan darse cuenta de que llevan décadas con sus derechos secuestrados. Descubrirían que pueden recuperar, por ejemplo, la libertad económica, porque el nacionalismo exprime a impuestos a las clases medias para seguir financiando su agenda radical y sus instituciones.

El debate en Cataluña sigue girando sólo en torno al 'procés', cuando la devastación económica es brutal, con la marcha de Nissan, la caída del turismo... ¿Cuál es el programa económico de Vox?
Es urgente reducir el gasto político e ideológico para dar ayudas sociales directas. Es inadmisible que se siga aumentando el gasto en asesores, subvenciones para la fiesta independentista... Nosotros además eliminaremos los impuestos de sucesiones y donaciones, porque penalizan el ahorro. Bajando impuestos generaremos mayor actividad económica y, por lo tanto, más empleo.
 


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