AGLI Recortes de Prensa   Viernes 25  Septiembre  2020

Estafa
Carlos Herrera ABC  25 Septiembre 2020

Convendría no engañarse. Ni dejarse llevar por estrategias del tebeo: las cortinas de humo son una exquisita (?) especialidad de los gestores de la gobernación. Los supuestos indultos que tramita el Gobierno para los golpistas catalanes, que ni los han pedido ni los desean ni los piensan admitir, son la última liebre que ha soltado la banda de Sánchez, esta vez en boca del ministro de Justicia. Ni los quieren dar, ni creen que les convenga; eso es mancharse las manos de forma demasiado evidente. El anuncio innecesario de ese trámite en pleno debate del Congreso responde a un simple cortejo escénico a los que tienen en su mano la aprobación de los presupuestos. Un indulto precisa de muchos papeleos
que no están dispuestos a cumplimentar quienes, teóricamente, serían beneficiarios. Ninguno de los golpistas quiere arrepentirse ni pedir perdón: antes la amputación de cualquier saliente. Los golpistas quieren una salida «digna», y esa solo es posible mediante procesos paralelos: usted sáqueme de aquí con la cabeza muy alta y luego hablaremos de lo demás. ¿Quieres que votemos sí a tus cuentas?: pues amnistíame. Nuestro delito no existió.

Sánchez propugna una táctica que resulta menos dañina -supuestamente- que la concesión de indultos que perfectamente podría conceder independientemente de lo que informara el Supremo. Es mucho más fácil cambiar la consideración de los delitos y favorecer a quienes aún siguen encerrados a horas parciales: a partir de ahora dejamos de considerar delito execrable la sedición y en beneficio del reo, todos quedan exentos de las penas que les fueron impuestas. Evidentemente ello conlleva pagos de desgaste, pero seguramente menos engorrosos que hacer al Rey firmar un indulto a aquellos por los que se pronunció en su discurso de Octubre del 17. El indulto obliga al Gobierno a responder por un hecho plástico de alto riesgo: yo libero a los presos que orquestaron un golpe a la Constitución española dando por hecho que considero que no fue un delito que merezca la prisión. Modificando el Código Penal y acogiéndome a supuestos equilibrios de jurisdicción internacional consigo que todo parezca un rebote de consecuencias. Todos sabemos que no es así, pero en la muy lanar opinión española siempre habrá quien considere que es la legislación la que estaba equivocada y que la nueva adecuación supondrá que fueron condenados por una anacronía. Indudablemente es indecente, pero permite esconderse en algunos recovecos argumentales que el «relato» permitirá utilizar de forma perversa. Poco importa que eso no sea sino abaratar la nueva intentona que abrigan y no disimulan los que quieren desmontar España sin contar con la opinión de los españoles: cuando vuelvan a probar suerte, contarán con que el delito de sedición, gracias al sanchismo, cursa prácticamente sin pena alguna.

Todo ello ocurre ante el silencio asombroso del socialismo patrio. Sólo Felipe González -y en ocasiones Alfonso Guerra- han levantado la voz ante el desmadre sanchista y la ofensiva totalitaria de la otra mitad del Gobierno que encarna ese Pablo Iglesias que se lanza en sede parlamentaria a amenazar a la oposición con que jamás volverá a sentarse en el Consejo de Ministros, al estilo de Pasionaria con Calvo Sotelo (no era una forma de pronosticar el futuro: en boca de un comunista venezolano es una forma de amenazar al contrario). ¿Dónde están esos socialistas con los que era posible establecer pactos? ¿Son los barones socialistas unos seres mitológicos que, en realidad, no existen? ¿Piensa alguno rebelarse ante la entrega del Gobierno al execrable y muy racista independentismo catalán con tal de que garanticen la permanencia en el poder de esta pareja de buscavidas? España está inmersa en un gran fraude. El de quien dijo que iba a hacer exactamente todo lo contrario de lo que está haciendo. Los que callen que sepan que serán cómplices de esta estafa.

Que España volviera a sufrir lo de marzo sería una negligencia criminal
ESdiario  25 Septiembre 2020

Es intolerable que hace unas semanas se diera por ganada la "batalla" y ahora la epidemia esté desatada. Tienen obligación de frenarla, como sea, o de pagar por ello.

El panorama sanitario vuelve a ser terrible, si acaso alguna vez ha dejado de serlo más allá de la tregua veraniega, que hoy se percibe ya improcedente y temeraria. Ya hemos superado los 700.000 casos de coronavirus en España, el 14% de los declarados en Europa, con unos baremos desproporcionados con arreglo a nuestra población que se confirman con la mortalidad: tenemos 663 muertos por millón de habitantes, con las 30.000 víctimas que reconoce el Gobierno.

Solo nos supera Bélgica, con 859, pero tampoco lo haría de reconocer a los 22.000 fallecidos que aún hoy no asume la estadística oficial. Cuando lo haga, la tasa de mortalidad superará los mil por cada millón de habitantes y será la más elevada del mundo.

Para hacernos una idea de cómo está evolucionando la pandemia, un dato lo evidencia. Desde el 4 de julio, cuando Pedro Sánchez dio por ganada la batalla al virus y animó a todos a irse de vacaciones para reactivar la economía, los contagios se han multiplicado por treinta, de 400 diarios a una media cercana a los 11.000. No parece que esto sea "salir más fuertes", como se vanagloriaba hace nada La Moncloa.

Este viernes Madrid anunciará nuevas restricciones, en un indicio de lo que puede ocurrir en breve en toda España, donde las cifras confirman que el desafío sanitario vuelve a ser nacional: ocho Comunidades Autónomas dedican ya más del 20% de sus camas de UCI a pacientes de COVID y utilizan al menos el 10% de sus camas totales, en planta, a enfermos del virus.

La pandemia llega a cifras de marzo al poco de que Sánchez la diera por vencida

Por todo ello, una encuesta de GAD3 ofrece este viernes un resultado demoledor para Sánchez: el 77.8% de los españoles califica de “mala o regular” su gestión de la pandemia. De nada le ha valido trasladar el problema irresponsablemente a las Comunidades, pues. Aunque también ellas suspenden, con un 69% de personas en desacuerdo con su gestión.

Urge una respuesta eficaz y coordinada, pues, a riesgo de volver a perder el tiempo de reacción precioso que en marzo ya desembocó en una tragedia sin precedentes. Si algo así se vuelve a repetir, y nadie es capaz de descartarlo, la negligencia de antaño alcanzará una categoría casi criminal.

Espiral autodestructiva
El sanchismo nos regresa al «viejo país ineficiente» de Gil de Biedma. Alrededor del Covid crece un vértigo de tragedia
Ignacio Camacho ABC  25 Septiembre 2020

Cualquiera de las cuatro crisis que estamos viviendo -sanitaria, económica, política e institucional- sería capaz por sí sola de provocar un trastorno superlativo, que por desgracia salvo en el caso de la salud pública ya hemos sufrido. El problema es que ahora se retroalimentan unas a otras en un efecto de feed-back apocalíptico que multiplica su de por sí alarmante potencial dañino. Ese factor es el que explica que España encabece los índices europeos de impacto negativo del virus; otros países padecen similares dificultades para combatirlo y varios han cometido en materia de salud pública errores parecidos, pero el nuestro se destaca por su rara capacidad de perjudicarse a sí mismo con una mezcla de confrontación sectaria, incompetencia técnica, fragilidad social y caos administrativo. La peculiaridad española consiste en que resulta imposible afrontar tantos compromisos cuando la estabilidad del Estado pivota sobre sus peores enemigos: una amalgama de sediciosos convictos, populistas antisistema y terroristas reconvertidos.

Cuando Sánchez eligió a esos aliados, rechazando la coalición con Ciudadanos a pachas con un Rivera que aún se niega a reconocer su monumental error táctico, no sólo estaba comprometiendo las bases del orden constitucional con un desdén insensato sino que condenaba su propio proyecto a sostenerse en equilibrio precario. En enero creía tener el horizonte social despejado y la pandemia apenas había comenzado en China su recorrido macabro; en los planes del presidente, el mandato estaba asegurado si lograba asentar su programa de «guerra cultural» y división de bandos. Ignoró adrede lo que cualquier dirigente responsable hubiese tenido claro: que al primer contratiempo serio todos esos planes iban a venirse abajo. Lo más grave, con todo, es que lo sigue ignorando y al cabo de siete meses de descalabro económico y sanitario persiste en avanzar por el camino equivocado. El famoso síndrome de la Moncloa, en su caso, no se manifiesta en el aislamiento psicológico sino en una hiperbólica fantasía de poder cesáreo. Durar va a durar, pero sobre un páramo de ruina y fracaso.

Porque nada funciona ya en este «viejo país ineficiente» que desesperó a Gil de Biedma. Lo poco que iba bien, que eran algunas instituciones más autónomas que independientes, se está hundiendo a conciencia. El poder judicial, el alto funcionariado, la élite de la empresa, se hallan en pleno proceso de autodestrucción, parálisis o quiebra. El Gobierno incluso ha puesto en arresto domiciliario a la Corona, que era la última garantía de consistencia, y por debajo de ella no queda apenas ninguna instancia política o civil fuera de sospecha. El Covid está otra vez fuera de control y ya no sirve la coartada de la sorpresa. Se palpa un vértigo de tragedia. Alrededor de la epidemia se van juntando todos los elementos de la tormenta perfecta.

Degeneración de la Fiscalía… y de la democracia
EDITORIAL Libertad Digital  25 Septiembre 2020

La colocación de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado está dando ya sus deletéreos frutos: como ha denunciado la Asociación de Fiscales, la institución pasa por sus horas más bajas de los últimos 40 años y se ha convertido en el símbolo de la degeneración de unas instituciones democráticas que están siendo utilizadas por el Gobierno para avanzar en una agenda liberticida de que remite a las tiranías bolivarianas.

Esto es exactamente lo que la amiga del condenado exjuez Baltasar Garzón quiere hacer y para lo que Pedro Sánchez la ha empotrado en la Fiscalía: degradar una institución que es clave en el Poder Judicial y que va a ser de vital importancia en los numerosos problemas judiciales que se les van a plantear al Gobierno y a sus socios en los próximos meses.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado está acosando a fiscales muy relevantes con el infame objetivo de sembrar el miedo ante un Ejecutivo que está dispuesto a hacer lo que sea, sin ningún respeto no ya por las personas sino por las instituciones, con tal de salirse con la suya.

No debería sorprender, cuando uno de los dos partidos que forman el Gobierno está comandado por una yunta de arribistas totalitarios que odian la democracia y siempre han tenido como misión desmontar el sistema que lleva más de 40 años proporcionando a España libertades y prosperidad. Para colmo, los líderes del otro partido son una banda no menos peligrosa de personajes con una ambición inversamente proporcional a su falta de escrúpulos.

La llegada al poder de unos y otros está sirviendo no para regenerar sino para degenerar la democracia y sus instituciones. Son el peor Gobierno posible y en el peor de los momentos, no sólo porque su incompetencia es descomunal, y en esta situación está costando decenas de miles de vidas, sino porque están apostando claramente al ‘cuanto peor, mejor’, porque saben que es la única manera que tienen de perpetuarse en el Poder: creando una sociedad miserable que dependa completamente ellos.

Lo peor es que no se puede decir que no era esperable, porque esto no es una novedad: es lo que el comunismo y sus hijuelas han hecho siempre.

Estrategia de asalto al Poder Judicial
Editorial larazon  25 Septiembre 2020

El Rey no presidirá hoy en Barcelona la entrega de despachos a los integrantes de la última promoción de la Escuela Judicial. El Gobierno forzó una ausencia no sólo que quebraba de facto un código fundamental de la institucionalidad democrática, sino incluso un valor crítico del espíritu constitucional en el que se fundamenta nuestro ordenamiento y por tanto nuestra convivencia. El artículo 117.1 de la Carta Magna explicita que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. La presencia de Don Felipe no revestía un carácter anecdótico o trivial, sino un ejercicio de hondo simbolismo que servía para revalidar anualmente esa doble de alguna manera legitimidad y encaje del papel de los jueces en nuestro sistema. El malestar provocado en la carrera por la arbitrariedad del presidente del Gobierno, que es el único que puede ordenar esta exclusión, quedó ayer escenificado públicamente en la discusión en el seno del Consejo General del Poder Judicial entre partidarios y detractores de un pronunciamiento como órgano de gobierno de la magistratura contra un flagrante abuso de poder contra la Corona y el propio colectivo togado. Seis vocales expresaron por escrito su censura al desplante, pero no hubo mayoría en la Comisión Permanente del CGPJ para emitir una declaración institucional al respecto. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se comprometió a dejar constancia en su discurso de hoy del desazón causado por la censura al Rey.

Estamos ante un episodio de enorme dimensión envuelto en esa dinámica emprendida por este Ejecutivo bicéfalo de precarizar y horadar al resto de instituciones del Estado y otras entidades de la vida civil que le puedan hacer sombra o estén en condiciones de convertirse en un obstáculo. Nada sucede por casualidad. Los embates a los jueces, la inoculación de la cizaña que genere fractura interna y por ende fragilidad corporativa sirven a ese fin ejecutivo de controlar o influir en todos los resortes del Estado para hacer real la sentencia del vicepresidente Iglesias a la oposición en sede parlamentaria: «Nunca volverán al Consejo de Ministros». Se arrincona al Rey para diluir su ascendencia sobre una ciudadanía que lo admira, al igual que se mediatiza hasta intoxicar el medio judicial con bastonazos despóticos o comisariados políticos en la Fiscalía –«se ha generado el mayor descrédito de la Carrera en cuarenta años», denunció ayer la mayoritaria Asociación de Fiscales–. Hay una carrera en marcha por la okupación de la esfera pública desde la izquierda que se cree hoy omnímoda. Es preciso denunciarla y combatirla con los instrumentos que el Estado de Derecho dispone. O la democracia es la división de poderes o es un monigote en manos del gobierno de turno para someter al ciudadano libre.

Un paso más de Moncloa para el control de la Justicia
Manuel Marín ABC  25 Septiembre 2020

Mientras el Consejo General del Poder Judicial, en otro de esos ejercicios de malabarismos imposibles, intenta ponerse de acuerdo en que debe ponerse de acuerdo en algo, la Judicatura hierve. Lo expondrá hoy Carlos Lesmes en el acto de la Escuela Judicial para expresar de una manera diplomática, institucional y sin aspavientos el profundo malestar de la judicatura con el veto del Gobierno a la presencia del Rey.

Nunca ha sido necesario que los magistrados inunden las redes sociales con su indignación. Nunca hasta ahora tuvieron que reivindicar la figura del Rey, haciendo suya la imagen del jefe del Estado vestido con la toga. Y nunca los jueces tuvieron que votar si se plantaban o no en un acto
oficial porque el Gobierno, unilateralmente, haya impedido acudir al Rey. Pero ahora se han visto forzados a ello.

No es el simbolismo del acto –es lo de menos–, sino la coacción política del Gobierno y sus cálculos para no ofender al independentismo lo que subyace en esta estrategia de progresiva marginación de la Corona.

El conato de rebelión se ha encauzado en las últimas horas porque no está en el ADN de los jueces sobreactuar, y porque su sentido de la responsabilidad pública supera con mucho al del exceso pancartista, al ruido callejero y a la obsesión populista por la cacerola. Pero la indignación existe. La expresan sin estallidos estridentes, pero con la inquietante sospecha de que el Gobierno ha iniciado una operación irreversible de acoso a la independencia judicial, de control ideológico de los Tribunales, y de intervencionismo sobre la separación de poderes.

La guerra civil de la Fiscalía es solo un indicio del cisma que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretenden provocar en el poder judicial para debilitarlo y plantear al ciudadano que, frente al caos, solo Sánchez garantiza el orden. Y si para ello La Moncloa recurre a instrumentalizar la figura del Rey para no soliviantar al separatismo, el temor judicial a que estas maniobras sean un éxito se multiplica.

Días atrás, un ministro vino a afirmar sin sonrojo que la mayoría de la judicatura es conservadora… «y eso tiene que cambiar». Es de suponer que por decreto. Esa es la filosofía.

Los jueces están agotando su capacidad de resignación y aguante frente a los ataques a su dignidad porque ya saben que el proceso de sometimiento va en serio.

Estas no son las clásicas quejas de unos u otros contra los «pasteleos» ideológicos, los nombramientos pactados o la politización de la justicia. Es peor. Es la temerosa inquietud por que la libertad se les derrumbe y los escombros les aplasten con la toga puesta.

'La semilla de la autodestrucción'
Juan Pablo Colmenarejo. vozpopuli  25 Septiembre 2020

El vicepresidente segundo del Gobierno,Pablo Iglesias, despacha al PP con una frase. Ni es un deseo, ni tampoco un pronóstico. Iglesias tira de soberbia para advertir sobre una certeza: “No volverán a formar parte del Consejo de ministros”. Ni es la primera vez, ni tampoco la última, pero queda escrita en el aire del hemiciclo y sobre todo en el diario de sesiones de este septiembre lleno de tinieblas. Iglesias se remueve herido en el escaño. Ya sabe que no es inmortal y que el Poder Judicial también le roza e incluso le hurga.

El líder de Podemos aplaude a la vicepresidenta Calvo sin desviar la mirada de los escaños del PP a los que primero desafía y después avisa. El dos del PP, García Egea le empieza a tomar la medida, aunque le queda mucho trecho. Iglesias viene toreado de los platós de unas televisiones que, buscando más cuota de pantalla, crearon todo un ejemplar de la política sin complejos. De aquellos gritos televisados a estos meneos a la democracia del 78. A Iglesias, se le intuye dolorido por los primeros golpes recibidos, dentro y fuera del Gobierno. Su odio a lo que Stalin llamaba “los perros de la derecha”, es decir, todo aquel que no fuera esclavo voluntario del único pensamiento, es latente. Se les escapa por la boca y le hace falta muy poco para escribirle un epitafio al PP. Iglesias echa la cuenta y le sale.

La actual mayoría parlamentaria de Frankenstein -el partido -sanchista', ex PSOE, lo que quede de Podemos y los independentistas condenados por sedición y los legatarios de la banda terrorista ETA (como sentenció el Supremo)- va a repetir porque todos los sumandos coinciden en cerrar el 78, cuanto antes mejor. Lo del indulto y la reforma del delito de sedición para sacar a los líderes del golpe a la calle es un comienzo, para empezar a hablar de lo suyo.

La visita solemne a la Real Casa de Correos de Madrid fue como la entrega de las llaves de la ciudad a un Jefe de Estado de visita por España. Sánchez, ajeno a todo, llega, posa y se va Iglesias juega de líbero en el Gobierno. No tiene competencias para casi nada y eludió su responsabilidad, como mando único, en las residencias de ancianos en lo peor de esta crisis. La hecatombe, mejor dividida en 17 y que cada trozo de España aguantara su vela en cada entierro. Iglesias se ha soltado de manos y no va a parar de hacer todo el daño que pueda al Rey. La Corona es un pilar e Iglesias ha cogido la perforadora para ir haciendo el agujero. Sánchez no le frena. Los jueces y los fiscales ya están en alerta porque sin su independencia el sistema se va a quedar cojo de por vida. El Gobierno del binomio se despliega para conquistar el terreno que les falta. La colonización del Estado sigue su curso. Iglesias juega a largo plazo y su proyecto personal se desliga del político. Si Podemos desaparece, seguirá asido a Sánchez que juega a ser monarca. La visita solemne a la Real Casa de Correos de Madrid fue como la entrega de las llaves de la ciudad a un Jefe de Estado de visita por España. Sánchez parecía ajeno a todo, como un turista despistado esperando una maleta en la cinta de un aeropuerto. Llega, posa y se va.

España destaca y se coloca a la cabeza o la cola de las clasificaciones europeas, según se mire. Al frente de las tasas de contagios y fallecidos; y como farolillo rojo del paro y la deuda pública. La segunda ola empieza a abatir a la sociedad española que con miedo pregunta cuál es el futuro. Se nos va poco a poco. El binomio Sánchez-Iglesias avanza porque cada día es un triunfo. No hay prisa ni para hacer unos presupuestos. La Unión Europea se va a convertir en el ultimo valladar. Las 'condiciones duras' que la Comisión estudia poner a España a cambio del dinero se van a convertir en una alternativa de Gobierno. Así estamos en España, otra vez esperando un rescate mientras Iglesias, con el beneplácito de Sánchez, mueve los hilos y negocia indultos a cambio de tiempo en el poder. Su silla es suya y de nadie más hasta que acabe la tarea y ya no tenga sentido que otro la ocupe. No es de extrañar que uno de los actores de la transición a la democracia, el expresidente González empeñe “lo que me quede de fuerzas con la edad que tengo y el futuro”, en combatir a quien define como “la semilla de la autodestrucción” de España como “Estado Nación”.

Un problema óptico
José T. Raga Libertad Digital  25 Septiembre 2020

No se puede pretender un crecimiento económico sin un nivel muy riguroso de seguridad jurídica.

Más vale que así sea, porque un problema óptico suele resolverse, salvo en patologías graves, con unos cristales correctores que, a día de hoy, hasta pueden resultar elegantes.

Se preguntarán algunos de los lectores qué tiene que ver la óptica con la economía, y comprobarán, por lo que diré, que sobre la economía –o, con más precisión, sobre la actividad económica– inciden significativamente un conjunto de variables, unas positiva y otras negativamente.

Sin ir más lejos, ahí tienen ustedes una enfermedad que está afectando a buena parte de la población –pandemia del covid-19, la llamamos familiarmente– y que, por incapacidad del Gobierno para luchar eficazmente contra ella, ha destrozado y sigue destrozando nuestra economía. Ante ello, el fiscal Navajas prefiere solicitar el archivo de las peticiones de justicia presentadas.

Y esto que acabo de decir no es cuestión de óptica, porque ahí están los datos del derrumbe del PIB. Otros países, pasando también por la pandemia, han vuelto al crecimiento sin tanta parafernalia.

Lo que trato de resaltar es que circunstancias muy diversas pueden hacerse notar en los resultados económicos de una nación: paro, hambre, incertidumbre, en definitiva, crisis general. No se puede pretender un crecimiento económico sin un nivel muy riguroso de seguridad jurídica.

La seguridad jurídica, en las leyes que nos gustan y en las que no, depende del poder judicial, de los jueces y los fiscales, que son la única garantía que el pueblo tiene de que sus derechos serán respetados y las leyes, cumplidas.

A mí, que un vicepresidente del Gobierno distinga, en la ocupación ilegal de viviendas, si éstas son de propiedad individual o de sociedades o bancos es algo que no me quita el sueño, mientras haya un poder judicial que garantice el respeto al derecho de propiedad.

Lo que sí me ha alarmado es que la Fiscalía, respaldada por la señora fiscal general, ante la petición de archivo de las querellas contra el Gobierno por su gestión del covid-19 diga que se aplica la ley “desde nuestra óptica”. Yo preguntaría: ¿qué ley, la promulgada o la corregida por un efecto/defecto óptico?

Omití hace ya años, por respeto a los grandes de nuestro poder judicial, cuando pregunté a un famoso juez, recordando a un gran jurista italiano, si no convendría que los jueces fueran como una máquina registradora –aquellas de las farmacias–. En su teclado, terminada la vista, marcarían el artículo infringido, y los de las circunstancias atenuantes y agravantes, tras lo cual accionarían la manivela y la máquina emitiría un ticket con la condena aplicable. Su respuesta fue preocupante: los jueces también tienen derecho a tener opiniones propias a la hora de sentenciar. Una cosa son opiniones propias y otra, muy diferente, el encargo constitucional de dictar sentencias justas.

Hay quien, hasta próximo a su jubilación, menosprecia la independencia y renuncia, en términos de Gracián, a ser hombre de entereza a quien nadie obligue a pisar la raya de la razón.

******************* Sección "bilingüe" ***********************


 


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