AGLI Recortes de Prensa   Domingo 27  Septiembre  2020

La inquietante guerra institucional
Francisco Marhuenda larazon 27 Septiembre 2020

Lo más cómodo es confinar. Se cierra un territorio y nos olvidamos de cualquier otra cuestión. Estamos viendo que los países más afectados intentan todas las opciones posibles con el fin de parar las cadenas de contagio. En algunos casos se ha tenido que volver a medidas muy drásticas, aunque la diferencia es que no sufren guerras institucionales con la intensidad que se vive en la política española. Un empresario con una importante presencia en Italia, así como en otros países del mundo, me explicaba ayer la experiencia italiana donde están controlando la pandemia con una ingente cantidad de test PCR y otros, así como una actuación rápida y contundente de rastreo para aislar a los afectados. Los establecimientos hoteleros, por ejemplo, están abiertos y las tasas de ocupación crecen progresivamente. Es la actuación que parece acertada hasta que no tengamos la vacuna y la medicación como sucede con otras enfermedades. Un amigo viajó a Alemania hace unos días y se tuvo que hacer un test el día antes de embarcar y otro al llegar. Las grandes capitales son siempre un problema para la extensión de esta y cualquier enfermedad. Los aeropuertos son un punto obvio de entrada de la pandemia, por lo que el único camino es establecer controles.

Los hábitos sociales son una fuente de contagio. Lo mejor es huir de cualquier celebración o encuentro multitudinario. Desde que empezó la crisis sanitaria lo hago con una rigidez germánica a pesar de mi origen mediterráneo. El foco del conflicto es ahora Madrid y el gobierno de la comunidad intenta resolver un escenario complicado e imprevisible. En su momento, los expertos aconsejaron el confinamiento estricto y el presidente del Gobierno tomó la difícil decisión de aplicarlo a partir del 14 de marzo utilizando el estado de alarma. Fue una situación muy dura y angustiosa para millones de españoles, pero se cumplió de forma bastante ejemplar, con las habituales excepciones de desaprensivos e inconscientes, y cuando se anunció la Nueva Normalidad la curva parecía que se había dominado dándonos un respiro, se creía, hasta otoño.

La realidad ha sido muy distinta a lo que se esperaba y los intentos de lograr esa normalidad para favorecer la recuperación económica han sido infructuosos. No tengo la más mínima duda de que Sánchez adoptó las medidas desde el 14 de marzo con la mejor de las intenciones valorando la opinión de sus expertos, al igual que ahora pienso lo mismo de Ayuso y su gobierno. Por ello, no entiendo la incapacidad de entendimiento entre ambas administraciones así como la agitación que se busca en las calles para deteriorar a la presidenta madrileña. Estamos ante decisiones de salud pública, donde debería primar la colaboración institucional porque se corre el riesgo de hacer todavía más grave la crisis económica y sanitaria.

El gobierno de Sánchez debería reflexionar sobre el grave error que es abrir tantas crisis institucionales, porque las consecuencias pueden ser devastadoras. Es comprensible que quiera lograr la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pero debería buscar el consenso y no la confrontación. El carácter transversal de esta crisis, que ha paralizado todos los motores de nuestra economía provocando una caída de las exportaciones, los ingresos tributarios y empresariales así como un fuerte y creciente endeudamiento público y privado, hace necesaria una profunda colaboración política e institucional. Se equivocan los que crean que las ayudas europeas serán suficientes cuando cerraremos este ejercicio con un déficit público que se situará alrededor del 15%, una cifra insólita, y el mayor incremento del paro en el menor tiempo conocido.

La asfixia a Madrid y la amenaza soterrada de aplicar un 155 sanitario es, simplemente, un despropósito. La carta de dimisión del doctor Emilio Bouza, al que ambas administraciones habían pedido que ejerciera como portavoz de los acuerdos del grupo convid-19 en Madrid, es muy esclarecedora de la situación. El prestigioso catedrático había aceptado el miércoles y este sábado renunciaba tras «las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25». Este pronunciamiento no puede ser más claro y contundente. Como es normal, Bouza no se va a meter en medio de la guerra institucional que se ha desatado y no puede traer nada bueno. No hay que olvidar que la propia OMS ha rechazado el confinamiento como fórmula mágica y defiende aumentar el ritmo de diagnósticos para estabilizar la situación y controlar la transmisión. Como diría el presidente del Gobierno, es la opinión de la «Ciencia» y deberíamos hacerle caso. Los confinamientos solo pueden ser el último recurso y tenemos que confiar en las autoridades sanitarias que están sobre el terreno, que no es, en este caso, el ministerio de Sanidad, que es un caparazón vacío de contenido, sino la consejería madrileña.

La recomendación de la OMS marca el camino que parece acertado teniendo en cuenta su experiencia en otras pandemias y la que se ha adquirido en esta. La situación española es mala y no solo en Madrid, por lo que es una enorme injusticia utilizarla como cabeza de turco. La pandemia se ha ido extendiendo y ya solo tres provincias tienen una tasa por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Lo sensato sería rebajar la tensión, recuperar los puentes rotos y desplegar todos los esfuerzos para ayudar a Madrid, porque no importa que esté gobernado por el PP y Ciudadanos. Hay que abandonar el relato y dar paso a la acción.

Sánchez acelera la «republiqueta» para desmontar el sistema del 78
El PSOE asume sin debate interno el intervencionismo del Gobierno sobre todas las instituciones, desde la Corona al Poder Judicial
Manuel Marín ABC 27 Septiembre 2020

El contundente rechazo expresado días atrás por el expresidente del Gobierno Felipe González contra la «republiqueta» que están diseñando desde el Ejecutivo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias confirma la creciente preocupación de distintas esferas de poder por lo que empiezan a considerar un progresivo asalto ideológico a todas las instituciones del Estado. Hace tiempo que Sánchez, como había hecho antes José Luis Rodríguez Zapatero, cerró un debate interno en el PSOE imponiendo la tesis de que la Constitución de 1978 ha quedado obsoleta y necesita una reforma en profundidad. Así lo asumió el socialismo sin mayor discusión orgánica. Hoy, más allá de reformas puntuales que podrían ser entendibles, y pactadas con el Partido Popular, Sánchez está ejecutando, con el grupo parlamentario del partido en el Gobierno más reducido en la historia, una reforma constitucional por la vía de los hechos consumados sin tocar una sola letra de la Carta Magna, pero alterando sensiblemente su espíritu.

La «España desfasada» y la España plurinacional
Sánchez ha conseguido instalar en la sociedad la idea -desmentida por el propio Felipe González- de que España es un Estado plurinacional que está obligado a revisar su modelo territorial, abonando las exigencias del nacionalismo y el independentismo. Moncloa, y la necesidad de Sánchez de asegurarse los votos del separatismo y el populismo de extrema izquierda para mantener la presidencia del Gobierno -su prioridad-, se ha erigido en el adalid resolutivo contra lo que considera una «España desfasada».

Su proyecto se basa en una voladura paulatina y controlada del andamiaje constitucional consagrado en 1978 con un proyecto ideológico más cuidadosamente diseñado de lo que demuestra el desorden interno de gestión que, cada vez con más frecuencia, exhibe su gabinete con incesantes pugnas internas entre ministros. No fue casual, ni un lapsus, que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admitiese meses atrás que España se halla inmersa en un nuevo «proceso constituyente».

Intervencionismo ideológico y «sacrificio» de la Corona
El intervencionismo ideológico del Gobierno se deja ver en cada una de las decisiones que adopta. En lo institucional, con un progresivo arrinconamiento de la Monarquía, a la que «sacrifica» -palabra de Campo- reconstruyendo su agenda oficial para que no interfiera en las decisiones del Ejecutivo, mientras Sánchez consiente a Iglesias sostener que el objetivo último es la erradicación de la Corona. En lo político, cuestionando sistemáticamente la separación de poderes, con un control exhaustivo sobre la labor del Poder Legislativo, sobre la fiscalización que le pueda realizar la oposición, y con la aprobación de leyes nutridas de un revisionismo ideologizado sobre la base de que la Constitución está superada.

Control de la Abogacía del Estado, la Fiscalía, los jueces…
La airada reacción de la judicatura, que en seis meses ha tenido que reivindicar ya tres veces su independencia frente al poder político, y frente a los ataques y coacciones que viene sufriendo desde la misma mesa del Consejo de Ministros, permite intuir que reconfigurar la separación de poderes es otro de sus objetivos preferentes. En principio, fue el control de la Abogacía del Estado como instrumento para «suavizar» la ofensiva jurídica del Estado contra los abusos del independentismo. Después, fue el intento de controlar férreamente la Fiscalía, poniendo al frente de la institución a la que fue titular de Justicia inmediatamente después de abandonar ese cargo. Hoy, la Fiscalía está inmersa en una guerra civil y en un profundo descrédito ante el ciudadano, ante quien su imagen de autonomía e imparcialidad ha sido devastada. Ahora, la presión directa es contra la Judicatura, y esta semana se ha percibido con nitidez, e incluso con un conato de rebelión judicial.

Demócratas «buenos» contra «tardofranquistas»
La tercera pata del proyecto revisionista es la social. Para ello, el Gobierno alienta la fractura de la ciudadanía en bloques ideológicos polarizados, resucita la memoria histórica con afán revanchista, dibuja una línea divisoria entre demócratas buenos -los de la izquierda- y «tardofranquistas» -el resto, en terminología de Carmen Calvo-, y utiliza el CIS, la educación o los medios de comunicación pública a la medida de un progresivo proceso de adoctrinamiento. Con el añadido de que Sánchez ha conseguido imponer un criterio monolítico en el PSOE y silenciar cualquier asomo de discrepancia interna. «Absolutismo orgánico», lo llaman los críticos, ya sin poder reactivo alguno.

Sánchez necesita acelerar la «reforma» de España
El proceso, además, se está acelerando. Ha tomado velocidad de crucero durante la pandemia. Sánchez se ha visto necesitado de imprimir ese acelerón acuciado por las presiones de Podemos en el seno del Gobierno y por una mera cuestión de oportunidad: la derecha está fragmentada en tres partidos, uno de los cuales, Ciudadanos, ha iniciado un giro conciliador hacia el PSOE en su proceso de refundación. Y esa división, acompañada de una constante estigmatización de la derecha sociológica desde el Gobierno, con todos los instrumentos a su alcance, favorece las maniobras de Sánchez en la reforma estructural del sistema que ha puesto en marcha.

Más aún, en el Gobierno crece la preocupación por los conatos de implosión que puedan producirse en las calles en los próximos meses como consecuencia del cierre de empresas, el aumento del desempleo y las dificultades económicas para la recuperación. Por eso Moncloa ha optado por mantener engrasada la maquinaria de su «acción política» y propaganda, con la intención de imponer su autoridad para reafirmar el proyecto ideológico, y compensar con él las carencias de su gestión económica. El ítem sustancial de la legislatura se resume así en dos objetivos: la aprobación de los presupuestos generales para no ver amputada la gobernabilidad de modo prematuro, y el control de todas las estructuras esenciales del Estado para imponer el viraje ideológico definitivo que dé por superada la vigencia fáctica de la Constitución.


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Tres años después, la venganza contra el Rey del Tres de Octubre
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 27 Septiembre 2020

Tras el ataque de los comunistas está, obviamente, el Gobierno, que se declara “traicionado por el Rey”. Hay que tener poca vergüenza.

La semana en que entró oficialmente el otoño de 2020 se puso en marcha una inmensa cámara frigorífica institucional que debe activar crear el shakesperiano “invierno de nuestro descontento”. En pocos días, los programas máximos de comunistas y separatistas fueron asumidos por el Gobierno de Sánchez, el socialista dispuesto a ser, como Largo Caballero desde 1933 y Negrín desde 1937, más comunista y separatista que nadie.

Cuando Felipe VI salió al rescate de la Nación
Eran las vísperas del aniversario de la mejor jornada protagonizada por Felipe VI en su azacaneada vida política, la del 3 de Octubre de 2017. Dos días antes, el 1 de Octubre, la Generalidad de Cataluña perpetró un referéndum prohibido por los jueces y proclamó la independencia de Cataluña. El Gobierno Rajoy, de puro cobarde, llegó a la cima del ridículo. La vicepresidenta Soraya Sánchez de Santamaría, alma vágula del cuerpo blándulo de Rajoy, dijo el 6 de Septiembre, tras aprobar el Parlamento regional la “desconexión” con la legalidad en que se basa él mismo, que “la democracia había muerto en Cataluña”. Pero no llamó a la Funeraria.

Y el día 1, mientras una versión manipulada del referéndum ilegal inundaba las televisiones de todo el mundo, con escenas truculentas y discursos activando la “leyenda negra” de la Inquisición y el franquismo, Martínez Castro ordenó a Interior de parte de Moncloa que ocultara las imágenes de las más de mil agresiones a la policía, “para no echar más leña al fuego”. Soraya, plenipotenciaria de la impotencia de Rajoy, aseguró esa misma noche que la democracia -que ella declaró muerta en septiembre- “había ganado” en Cataluña. Y además anunció e interpuso un valeroso “incidente de ejecución de sentencia” ante el Tribunal Constitucional.

Aquel discurso del 3, aquella manifestación del 8
Los españoles se vieron abandonados por la cobardía del PP, la complicidad nacionalista del PSC-PSOE y el pasmo de Ciudadanos, que reinaba en la Babia de las encuestas. Los tres partidos se habían opuesto muy gallardamente, sobre todo Cs y PP, al olvidado y trascendental golpe parlamentario de septiembre, cuando Moncloa debió intervenir, pero los hechos los habían desbordado. Y entonces, aunque quiso hacerlo la noche misma del 1, Rajoy no tuvo más remedio que aceptar que saliera el Rey.

Su discurso fue extraordinario. Y el efecto, milagroso. Cinco días después, un millón de personas enarbolando banderas españolas inundaban las calles de Barcelona. Mario Vargas Llosa, llevado por Cayetana Álvarez de Toledo, hizo una gran defensa de España, la Constitución y la Libertad. Pero el grito más repetido, en un acto que RTVE no retransmitió, porque según Soraya, “no había que echar más leña al fuego” y “no iría nadie”, fue el de “¡Viva el Rey!”. Los republicanos del PSOE y de IU, no de Caracas, fueron los que más emocionadamente lo repitieron, en el estrado y la calle.

Una semana después se repitió la manifestación, ya con televisión y el mismo éxito, pero con la intención opuesta: encauzar la riada nacional hasta hacerla desaparecer en el arenal del consenso progre. Ya no era un tal Illa el que representaba la deserción del PSC sino el propio desertor Iceta. Y otro sociata, Borrell, dizque españolista y luego madurista, dijo a los que gritaban: “¡Puigdemont, a prisión!”: “¡Esto no es un circo romano!”. Falso: él era Poncio Pilatos, y Herodes Sánchez siguió urdiendo, con comunistas y golpistas, la moción que alumbró el Gobierno de la gran traición a España.

Y a los tres años de aquella intervención salvadora, tras la traición de Marchena y sus unánimes en la sentencia de la Sala II del Supremo, que dejó en sedición, hija de la ensoñación, la rebelión del 1-O contra el orden constitucional, que, según Sánchez, “no ofrecía lugar a dudas”. Ahora, sin duda alguna por su parte, porque la acaudilla, llega la venganza de los golpistas, uncidos de forma inseparable a los comunistas. Sánchez es el encargado de cumplir todos sus deseos: indultarlos antes de amnistiarlos, y unir a Bildu-ETA al bloque de poder para dominar una España donde la Derecha está prohibida. Y, como prueba, prohibir al Rey que se reuniera con los flamantes jueces en la entrega anual de despachos en Barcelona.

La semana de la venganza contra Felipe VI
El lunes, el subministro de Justicia -el ministro real es Garzón, que se deja ver en Roma de la mano de su Fiscal General del Estado, chuleando- anunció en la Cortes que en una semana el Gobierno empezaría a tramitar los indultos a los golpistas. El martes, se supo que el Gobierno vetaba la presencia del Rey. El miércoles, Carmen Calvo posó con Bildu, y después Idoia Mendía, la que brindó con Otegui en Navidad, dijo en El Mundo: “"Es un hito que Bildu se comprometa con la gobernabilidad de España”. El jueves, ningún ministro supo explicar la ausencia del Rey, o peor, dieron explicaciones contradictorias. Todas asociaciones judiciales, salvo Jueces contra la Democracia, criticaron duramente al Gobierno por vetar al Rey, condición de los golpistas para votar los Presupuestos y venganza del 3-O.

Y llegó el viernes. El presidente del Constitucional anunció que no iría a Barcelona, varios jueces dijeron que no recogerían sus despachos. Y llegó el discurso de Lesmes, con el que la facción izquierdista del CGPJ quiso evitar un comunicado común contra el Gobierno. Contra lo previsto, fue nítido: expresó su "enorme pesar" por la ausencia del Rey, que rompía “una larga tradición de más de 20 años", y recordó que su presencia "es expresión del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución”, en la que los jueces “se sentían muy solos”.

Al terminar Lesmes, el clima de la sala estaba electrizado. José Antonio Ballestero, vocal del CGPJ a propuesta del PP, invitó a los presentes a decir con él “¡Viva el Rey!”. Y sonó un estentóreo “¡Viva!” Campo dijo tras la mascarilla: “Se han pasado tres montañas", sin ver que el micrófono estaba abierto y todo se grababa. Al conocer los detalles del acto, los medios ardieron. Campo quiso salir del paso diciendo que “no se reconocía en esas palabras”. ¿En cuáles? Lo pusieron verde hasta los rojos.

Entonces el Gobierno decidió atacar al Rey, que al cabo era el sentido de la operación. Los comunistas agrupados tras el moño de Iglesias compitieron en insultar al mismo Jefe del Estado ante el que los ministros y el vicepresidente segundo habían jurado sus cargos. Abrió fuego Assens, el separatista al que Iglesias encarga los tratos con sus pares, que en poco se diferencian Ada Colau, Rufián, Torra y toda la Catanazi´s Yellow Band: “Si no vuelve a Barcelona, mejor”, himpló, como si la ciudad fuera suya.

El ataque de los comunistas
Le siguió el ministro Alberto Garzón, prácticamente desahuciado de Izquierda Unida por Enrique Santiago, el abogado de las FARC e íntimo de Iglesias. Como todo podemita maltratado en la oficina, maltrató así al Rey:

“La posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido (sic), incumpliendo de ese modo la constitución que impone su neutralidad (resic), mientras es aplaudida por la extrema derecha (requetesic) es sencillamente insostenible.”

Lo insostenible es su incompetencia gramatical, espejo de la política: ni este Gobierno ha sido elegido democráticamente -se eligen diputados, y, si acaso, lo elegido fue un PSOE que se negaba a gobernar con Podemos, so pena de insomnio presidencial.; ni la Constitución impone eso que dice, sino la unidad de la nación española, que separatistas y comunistas tratan de destruir; ni lo aplaude la extrema derecha -si lo aplaudiera sería normal en democracia, pero ni el catanazi Torra ni el racista PNV lo han hecho-. El que atacó al turismo español por “poco valor añadido” está mejor calladito.

Pero en su auxilio, a sentar cátedra de ignorante, llegó Pablo Iglesias:

“Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales. Art.1.2CE: La soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado”.

El estilista moñudo lleva tiempo culitemporero, mezclando posaderas y estaciones, incapaz de leer entera la Constitución o de citar un artículo completo sin desmentir su argumentario, tan antinacional que suele resultar anticonstitucional. Sobre el Poder Judicial, que es de lo que se trata, dice la Constitución: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.” A ver, marqués de la Hoz: ¿Dónde dice que las elecciones al Congreso son para elegir jueces, o que los elija el parlamento o el Gobierno? Esa es una idea liberticida que defienden los que se imaginan en Caracas, pretenden estabularnos en Cuba, o se sueñan dinastas norcoreanos: los Kim-Ti-naja.

Lo que siempre, desde su coronación, defiende el Rey, recordó Lesmes, y quiere todo español amigo de la nación y su Constitución, es que los políticos respeten esa independencia, gran obstáculo, con la Corona, de los golpistas y sus socios que, con Sánchez al frente, buscan degradar al Rey a la condición de Campechano inerte, antes de provocar un golpe de fuerza y mandarlo a Cartagena, aprovechando la cobardía de la Oposición.

La ausencia de la Oposición
Tras ese ataque de los comunistas, está, obviamente, el Gobierno, que se declara ante los periodistas “traicionado por el Rey”. Hay que tener poca vergüenza para culpar al agredido de la agresión, pero el mecanismo de la proyección, típicamente comunista, demuestra de qué va Sánchez. Su proyecto personal de instalarse indefinidamente en el Poder entregando el Estado al separatismo y al comunismo tenía que chocar con el Rey y con la Justicia y ha chocado. Debió topar con la Oposición, y no lo ha hecho.

Dos tuits exhalaron el viernes Casado y Arrimadas en defensa del Rey. Y el sábado, en pomposa rueda de prensa, Casado mostró el miedo que padece y también que luchará toda su vida… contra el franquismo. Hay que ser muy, muy maricomplejines para, tras embaularse el PP la Ley de Memoria Histórica y el asalto a la tumba de Franco, decir de la guerra civil que “los dos bandos merecieron perder”. Según Besteiro, su bando, sí; por eso se rebeló contra Negrín y los comunistas, con socialistas, republicanos y anarquistas. ¿Pero por qué debía perder el bando nacional, apoyado por Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, padres del 14 de Abril, más cedistas, radicales, católicos, monárquicos, y liberales de todo el mundo? ¿Porque defendían la propiedad, la Ley, la nación española, la familia, la Religión? ¿No es eso lo que defiende la derecha política? Casado dirá, a lo Lassalle, que falta la Libertad. ¿Y quién la defendía en la guerra: Largo, Carrillo, Negrín? ¿Debió desaparecer toda España, porque se había portado mal?

El miedo irremediable del PP
Y para psiquiatra fue la frase “Sin ira y sin miedo, ¡Viva el rey! y ¡Viva España!”. Si presumes de no tener miedo, es que hay motivo para tenerlo. Y eso produce ira en todo bien nacido, más en un político que ve a los pobres temerosos y a los ricos del Ibex35 acochinados. Y los que provocan ese miedo son, precisamente, los que atacan al Rey y a España. ¿Cómo creer que los combatirá alguien que se proclama neutral ochenta años después del final de la guerra de la que nació una dictadura y de ésta la democracia que quieren destruir socialistas, comunistas y separatistas?

Era la ocasión de anunciar una moción de censura e invitar a Vox y Ciudadanos a sumarse a ella, sin más condiciones que acabar con el cerco al Rey y a la independencia judicial de Sánchez y sus socios comunistas. No tendrá otra. Ayunos del apoyo de los partidos a los que votamos, los ciudadanos tendremos que organizar la resistencia por nuestra cuenta. Lo haremos, airados contra los traidores y sin miedo a matones ni a miedosos.

O Sánchez y su banda o democracia
Jesús Cacho. vozpopuli 27 Septiembre 2020

Felipe VI tuvo, al fin, un gesto de entereza el viernes, al tirar de móvil y llamar al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para transmitirle que le "hubiese gustado" asistir al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, al que no pudo asistir por habérselo prohibido el Gobierno que preside Pedro Sánchez, es decir, Pedro Sánchez. En una de las semanas más aciagas para la España constitucional que se recuerdan en mucho tiempo, dos silencios han resonado con la fuerza hueca de su significado frente a la brutalidad de un Gobierno decidido a hacer girones este país para poder pagar las facturas que le pasan a cobro quienes le llevaron en mayo de 2018 al poder y le sostienen en la peana de Moncloa: Génova, sede del Partido Popular, y Zarzuela, residencia del monarca. Pero, ¿qué hace el Rey? ¿Por qué no dice nada? ¿Cómo es que no protesta ante decisión tan arbitraria como contraria a los intereses nacionales? Silencio.

Es verdad que la incalificable conducta de su padre, el Rey emérito, le ha dejado una herencia tan pesada como difícil de gestionar, y es verdad también que, de acuerdo con el mandato constitucional, el Gobierno tiene la facultad de refrendar los actos del monarca, de modo que Sánchez no ha cometido ninguna ilegalidad en el caso que nos ocupa, de lo que se deduce que el margen de maniobra del titular de la Corona es muy escaso, por no decir nulo; pero de ahí a asumir como propia la iniciativa del presidente de vetar ese desplazamiento para satisfacer las exigencias de sus socios independentistas, a quienes necesita para aprobar no ya los PGE sino simplemente el techo de gasto, que viene primero, media un abismo. Porque eso es lo que ha hecho Zarzuela: aceptar con mansedumbre la decisión del sátrapa de La Moncloa y endosarla como propia, algo que solo puede entenderse como un desvarío propio del que no sabe lo que se está jugando, o como un pésimo consejo de quienes le rodean, con el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, a la cabeza, un personaje de educación exquisita en el que se funde la prudencia con la cobardía en dosis muy contraproducentes para los tiempos de vértigo que vivimos, en los que el valor es una condición sine qua non simplemente para subsistir.

Cierto, el Rey no puede provocar un conflicto institucional y además no debe hacerlo, obligado como está a mostrar un exquisito respeto al mandato constitucional, pero eso no equivale a cruzarse de brazos en uno de los momentos más críticos de la reciente historia de España. ¿Qué tendría que haber hecho, entonces? Haberse plantado, como poco, y manifestado su disgusto por la decisión del Ejecutivo. La entrega de despachos a los nuevos jueces no es un acto cualquiera. "La Constitución de 1978, al instituir y regular el poder judicial, emplea una fórmula de hondo significado simbólico y constitucional: 'La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey'. Esta breve frase expresa la legitimidad del poder judicial que emana, como todos los poderes del Estado, del pueblo español en el que reside la soberanía nacional y que expresa también que la administración de la justicia se hace en nombre de quien simboliza la unidad y permanencia del Estado, conjugándose así en la fórmula constitucional las ideas de soberanía y unidad de nuestra nación. Por todo ello, la presencia del Rey en este acto tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la Corona al poder judicial en su defensa de la Constitución y de la ley”.

Se lució Lesmes en Barcelona.
Esto es lo que han hecho añicos Sánchez y su banda. Y esto es lo que no puede consentir el Rey si no quiere jugarse la Corona en el cubilete de un trilero dispuesto a romper el edificio constitucional en su personal provecho. El monarca no puede consentir convertirse en una antigualla a la que un Gobierno de izquierda radical arrincona en silencio, un Gobierno hacia el que Felipe VI no oculta, por cierto, sus simpatías, por no hablar de la reina consorte. Curiosa esta querencia de los Borbones por la izquierda, llamativa hasta rozar lo escandaloso en el Emérito huido a los Emiratos Árabes con su dinero a cuestas. Porque si el rey calla y otorga, corre el riesgo de que la gente empiece a preguntarse para qué sirve. En estas andábamos el viernes tarde cuando, a última hora, a las redacciones llegó la bomba fétida lanzada por el ministrínGarzón acusando al Rey de "maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido" por haber contado a Lesmes que le “hubiera gustado” estar en Barcelona, calificando de “insostenible” la posición de la Monarquía, a la que acusa de incumplir el principio de neutralidad que marca la Constitución.

Con ser grave, todo hubiera resultado la típica salida de pata de banco de un tipo no muy dotado por la madre naturaleza, un auténtico good for nothing, si no hubiera sido porque, casi a renglón seguido, la Casa del Rey emitía un comunicado, ¡viernes noche!, dejando a Lesmes a los pies de los caballos al asegurar que ese “me hubiera gustado” nunca salió de labios del monarca. De donde se colige que el jefe de la banda llamó cabreado al rey Felipe y le puso firme o lo intentó, ¿le amenazó? ¿Con qué le amenazó? ¿Qué cosas guarda este Gobierno contra el monarca? Hasta el punto de que en Zarzuela se asustaron mucho, se lo hicieron en los pantalones y decidieron dejar a Lesmes como un mentiroso. Y esto es ya más que una anécdota. Esto es una crisis institucional de proporciones gigantescas, que es quizá la orilla a la que el Gobierno social comunista lleva tiempo queriendo llevar a la Corona. El incidente del golfo de Tonkín. De modo que o bien el presidente Sánchez desmiente y cesa de inmediato a su ministro de no sé qué, el tal Garzón, o realmente es Sánchez, como sospechamos casi todos, quien en primera fila dirige las operaciones de acoso y derribo contra la monarquía parlamentaria española.

Felipe VI debe ponerse en marcha
El episodio, en fin, ha puesto una vez más de manifiesto lo desprotegido que se encuentra el Rey en Zarzuela, lo aislado incluso, lo falto de soportes de talento en derredor. Carente de equipo. El monarca sabe que ya no es el tiempo del actual jefe de la Casa, pero se resiste a reconocerlo y a obrar en consecuencia. Alfonsín es ese contramaestre que asiste al hundimiento de la nave sin ser capaz de lanzar al agua los botes salvavidas. No tiene demasiado tiempo para pensarlo. Felipe VI debe ponerse en marcha dispuesto a movilizar apoyos en la sociedad civil al margen de los partidos, empresarios, colegios profesionales, academias, asociaciones de todo tipo, gente dispuesta a defender algo más importante incluso que el propio Felipe VI, como son la Constitución y la monarquía parlamentaria que han dado cobijo a estos más de 40 años de paz y prosperidad. No tiene tiempo que perder, a menos que un día no lejano quiera repetir el triste lamento que Aixa formula a su hijo Boabdil al abandonar Granada: “Llora como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre”.

Silencio llamativo también el de Pablo Casado al frente de un ausente PP. Esta ha sido la semana más dura de la legislatura para el líder de la oposición. El miércoles por la tarde, mientras se acumulaban las noticias a cual más alarmante (veto al Rey, tramitación del indulto a los golpistas, reforma del delito de sedición, negociación con EH Bildu), medio Madrid se echaba las manos a la cabeza preguntándose, entre el pasmo y la indignación, ¿dónde está Casado? ¿Qué se hizo del PP? ¿Por qué no sale a emitir siquiera opinión? Resultó que había salido, lo había hecho. Había aparecido el mismo miércoles en una fugaz rueda de prensa en el patio del Congreso para calificar de vergüenza que el Gobierno no pudiera garantizar “la integridad física del jefe del Estado” en una parte del territorio español, y para anunciar que recurrirá los indultos a los líderes del 'procés' y se opondrá a la reforma de los delitos de sedición y rebelión. Dio la cara, pero nadie se enteró. Ese es el drama actual del líder del PP: que los medios, en particular esas televisiones que con tanto mimo Rajoy y Soraya contribuyeron a enriquecer, les ignoran olímpicamente.

También a Casado le queda poco tiempo. También Casado se encuentra desasistido, necesitado de incorporar talento con urgencia en la sede de Génova. Falto de un estado mayor con capacidad para arroparle, ayudarle a preparar estrategias y a dar respuesta puntual a las demandas de al menos esa mitad de España (“La fortuna mis tiempos ha mordido / las horas mi locura las esconde / falta la vida, asiste lo vivido / y no hay calamidad que no me ronde”) que asiste horrorizada a la deriva de un Gobierno campeón del sectarismo, la incompetencia y la irresponsabilidad. El PP corre el riesgo no ya de no volver a gobernar (Iglesias, en plan Dolores Ibarruri ante Calvo Sotelo, ya se ha encargado de recordárselo, amenazador, desde la tribuna del Congreso), sino de desaparecer de la política española como un partido desconectado de las necesidades reales de la población.

De modo que Sánchez lo tiene fácil. El presidente del Gobierno con el menor apoyo parlamentario que ha existido del 78 a esta parte goza de la beatífica vida de quien maneja una cómoda mayoría absoluta. Lo hace por incomparecencia del contrario. Con apenas 120 diputados y con la audacia del déspota carente de cualquier barrera moral o ética, Sánchez hace lo que le sale de las pelotas, con perdón por la expresión. Nombra fiscal general del Estado a la novia de Garzón, Baltasar, auténtico capo de la Justicia española en estos momentos, anuncia indultos, veta al Rey, rebaja las penas por sedición, prepara mesas de diálogo, lisonjea a EH Bildu… Todo, con total desahogo; y todo gratis, sin el menor desgaste personal. Porque podría indultar a los golpistas a cambio de algo, a cambio de un arrepentimiento siquiera fingido, de un “no lo volveremos a hacer”. Pero él y nosotros sabemos que lo volverán a intentar, aunque, torpes y patéticos cual son, siempre terminen llegando al mismo sitio del que salieron: a ninguno.

El idílico transitar de Sánchez
Sánchez tiene un Gobierno de coalición a su servicio, con un Iglesias sumamente débil, que jamás osará romper la urna de cristal en la que vive. Y con unos separatistas que igualmente atraviesan por su peor momento en años, conscientes de que tardarán tiempo en volver a embarcarse en otra aventura como la de 2017. Ninguno gana nada rompiendo el idílico paisaje que el presidente y su banda tienen preparado para esta España “amputada, doliente, vencida”, que cantaba Rubén Darío. Ninguno tiene incentivos para traicionarle. Bonito el precipicio que nos está quedando. De modo que el jefe de la banda puede hacer lo que le venga en gana. Sin nadie en frente. Con un PP en las catacumbas y un Cs que ha decidido suicidarse lentamente camino a la próxima cita electoral. Y con Vox sirviéndole de eficaz espantajo para mantener prietas las filas, recias, marciales van hacia la ansiada Confederación de Repúblicas de las Cartagenas Autónomas.

Y lo hace sin estrategia de fondo alguna. Viviendo al día pero, eso sí, dispuesto a hacer lo que sea menester para apalancarse en el poder durante 10 o 20 años. A lo Putin. A lo Erdogan. El signo de los tiempos. Con elecciones cada cuatro años. Ahora se trata de conseguir tener unos PGE de una vez por todas, porque la aprobación de las cuentas públicas le garantiza tres años más de legislatura y lo que venga. Ese es el charco que le queda por vadear. Ese, y el paro y sus secuelas de hambre y miseria, consecuencia de la hecatombe económica que se viene encima, un tsunami que cree poder superar con el dinero europeo. Y para sacar adelante esos Presupuestos está dispuesto a vender hasta la última de las joyas de la abuela, dispuesto a arrastrar por el fango desde la Corona a la última de las instituciones. Y una vez que los tenga en el bolsillo bajará el suflé, atenuará la crispación y aplacará a sus dobermanes para dedicarse con tranquilidad a desmontar definitivamente la Transición y acabar con la Monarquía parlamentaria, haciendo definitivamente realidad esa mayoría social, moral y política de izquierda social comunista que significará el exilio, interior o exterior, de la media España que aspira a seguir viviendo en libertad (“España mía, combate / que atormentas mis adentros, / para salvarme y salvarte, / con amor te deletreo”). O Sánchez y su banda o democracia. Ese es el dilema.

Moción de reprobación
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli  27 Septiembre 2020

Vox ha anunciado que la moción de censura que se propone presentar en el Congreso será defendida por su diputado por Barcelona, Ignacio Garriga, aunque todavía se desconoce quién será el candidato a la Presidencia del Gobierno que exponga el programa que exige el carácter 'constructivo' de esta iniciativa parlamentaria. En principio, esta operación puede ser vista como una pirueta excéntrica de ánimo puramente propagandístico, dado que sus posibilidades de prosperar con la actual distribución de escaños en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo son nulas. Sin embargo, la situación que atraviesa nuestro país, fuertemente castigado por una doble crisis sanitaria y económica de proporciones gigantescas y por una crisis institucional que pone en peligro su supervivencia como Nación, permite contemplar este acontecimiento político desde una perspectiva muy distinta que lo dota de sentido.

En un reciente artículo, esclarecedor como todo lo que publica, Guillermo Gortázar señala un aspecto del Reglamento del Congreso que resulta clave a la hora de analizar esta cuestión. Nos recuerda el riguroso historiador y sagaz comentarista que en nuestra Cámara Baja no está prevista la moción de reprobación al Presidente que, a diferencia de lo que sucede en otras democracias occidentales, se encuentra muy protegido frente a la crítica de la oposición. Vista la desastrosa gestión de la pandemia por parte de Pedro Sánchez, cuyas incompetencia e imprevisión han provocado miles de muertos que nos podríamos haber ahorrado y su manifiesta irresponsabilidad al apoyarse en una abigarrada mayoría de comunistas-chavistas, separatistas golpistas y filoterroristas que pugnan por liquidar la obra de la Transición, es obvio que una reprobación de su persona y de su ejecutoria a cargo del Parlamento está más que justificada. Ahora bien, como señala Gortázar, el Reglamento sólo contempla la reprobación de ministros y altos cargos, pero no de la cabeza del Ejecutivo. En este contexto, el único recurso fuerte del que dispone un Grupo de la oposición que quiera formalizar la condena y el rechazo al Presidente del Gobierno de manera rotunda, aparte de una Proposición No de Ley, inane para el propósito que nos ocupa, es, en efecto, la moción de censura.

Si la pública y solemne repulsa al indocumentado sin escrúpulos que habita en La Moncloa hace tiempo que impregna el espíritu de millones de españoles, sucesos recientes la han convertido en una necesaria demostración de dignidad nacional y de higiene política. La infamia de vetar la presencia del Rey en el acto de entrega en Barcelona de despachos a la nueva promoción de la carrera judicial para complacer a los independentistas desairando a la Corona y humillando al Estado, la indisimulada intención de indultar a los sediciosos del 1 de Octubre, la vergonzosa exhibición de pesar por el suicidio de un criminal de la peor especie, la exhibición desafiante de totalitarismo de su socio negando desde la tribuna del Congreso a la oposición la opción de gobernar en el futuro, la aceptación de Bildu como interlocutor legítimo pisoteando el derecho de las víctimas a reconocimiento y reparación y la imposición a la sociedad española de una determinada interpretación maniquea de nuestra historia reciente pulverizando la libertad de opinión, son otros tantos y poderosos motivos para expresar en la sede de la soberanía nacional con la máxima contundencia la desaprobación de un Presidente que no vacila en hundir a la Nación en la ruina y el descrédito con tal de mantenerse en la poltrona.

Mera protesta verbal
En una democracia bien configurada, los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, son independientes entre sí y se controlan y vigilan mutuamente. Cuando uno de ellos pretende manejar a los otros dos, el sistema cruje y la libertad de los ciudadanos es cercenada. Nuestra Constitución, por desgracia, facilita que un Ejecutivo desaprensivo ponga sus zarpas en espacios que deberían estarle vedados. Así, los parlamentarios no son representantes del pueblo directamente vinculados a sus votantes, ante los que deben responder, sino mansos rebaños de empleados del jefe de partido. En cuanto a los jueces y magistrados, la aciaga reforma legislativa socialista de 1985 abrió el camino para el reparto nefando de la Justicia por cuotas de partido y para el etiquetaje de los togados con las siglas de sus correspondientes vasallajes, pervirtiendo su imparcialidad y su profesionalidad.

Pese a ello, cuando una institución es atacada en sus competencias o en su estatus debe defenderse, gallarda actitud que en España no sólo no abunda, sino que es la excepción. Por ejemplo, lo que debería haber hecho el presidente del Consejo General de Poder Judicial y del Tribunal Supremo ante la tremenda ofensa infligida por el Gobierno a la Corona, en nombre de la cual se dictan las sentencias, es suspender el acto de entrega de despachos remitiéndoselos a los interesados por correo. La mera protesta verbal durante la ceremonia no es suficiente frente a la magnitud de la tropelía cometida por Pedro Sánchez. El que no se respeta a sí mismo, difícilmente se hará respetar por los demás.

Votar en contra
En este contexto, cabe interpretar la moción de censura presentada por Vox como una moción de reprobación llevada a cabo con el ropaje y la denominación que el Reglamento consiente. Así deberían explicarlo sus autores para que la gente entienda su auténtico significado y que, lejos de ser una pirotecnia inútil destinada a desvanecerse tan pronto se sustancie, constituye una llamada a sus señorías y al conjunto de la sociedad para arrojar a la cara de la mentira bípeda que preside el Gabinete más incompetente, sectario y destructivo que hemos conocido en las últimas cuatro décadas, el desagrado que merece. Enfocada desde esta óptica, se les hará muy cuesta arriba al Partido Popular y a Ciudadanos abstenerse o votar en contra porque semejante posición equivaldrá a desaprovechar la oportunidad de materializar en un gesto concreto de honda repercusión su radical desacuerdo con las fechorías perpetradas por Pedro Sánchez.

Si el sufragio fuese secreto, incluso algún miembro del Grupo Socialista podría sentir la tentación de aflorar la repugnancia que sin duda le suscitan las numerosas traiciones y bajezas de su líder. Una magnífica ocasión -que lamentablemente los complejos y las rencillas de un constitucionalismo dividido desperdiciarán- para devolver al oscuro anonimato del que nunca debió salir a un personaje cuya maldad intrínseca corre pareja con su desmedida soberbia.

El Alzamiento de Pedro Sánchez
EDUARDO INDA okdiario 27 Septiembre 2020

En contra de lo que la historiografía ha sostenido secularmente, la sublevación de los nacionales contra los republicanos no se inició el 18 de julio de 1936 sino el 17 y no en suelo español sino en el protectorado de Marruecos. Allí llegó Franco en el célebre avión Dragon Rapide, pagado por Juan March, para situarse al frente del golpe en el Norte de África. Como quiera que la LOGSE ha hecho tanto daño, Juan Español también desconoce que él no era el jefe del autodenominado “Alzamiento Nacional” sino más bien Emilio Mola, apodado por estas mismas razones El Director. Y el segundo de a bordo era José Sanjurjo, venido del exilio —allí se encontraba tras ser condenado por la sanjurjada de 1932— para echar una mano a sus compañeros de armas. El ferrolano, pese a ser el general más joven de la historia de Europa junto a Napoleón, no accedería a la cúspide hasta la muerte en sendos accidentes de avión —así se escribe la historia— de sus teóricos jefes, cinco y 20 años mayores que él.

El Alzamiento devenido tras la victoria en la Guerra Civil en dictadura se ejecutó tras las tropelías de un Frente Popular que robó las elecciones de febrero de 1936, instauró un régimen de terror con los paseíllos, las checas y el asesinato de 6.800 curas y monjas. La legalidad, lógicamente, se fue al carajo. El Estado de Derecho ni estaba ni se le esperaba hacía mucho tiempo, exactamente, desde la mal llamada Revolución de 1934 que técnicamente fue un golpe de Estado como la copa de un pino. Tal y como recordaba la semana pasada, el punto culminante fue el asesinato el 13 de julio de 1936 del diputado monárquico y abogado del Estado José Calvo-Sotelo por los escoltas del criminal socialista Indalecio Prieto. Y aquello desencadenó esa contienda de malos contra malos que representó la Guerra Civil.

Entonces los que rebasaron la legalidad eran unos y los que dieron el golpe de Estado eran otros. Aunque, de momento, no estamos en las mismas ni de lejos, ni es mi intención trazar identificaciones sino paralelismos, ahora los roles del incumplimiento de la legalidad y la perpetración de un golpecillo silencioso los desempeña la misma persona: Pedro Sánchez Pérez-Castejón. El tipo que quiere ser jefe de Estado, cueste lo que cueste, va erosionando las instituciones, el pacto del 78 y las normas poco a poco, sin prisa pero sin pausa, con el indisimulado objetivo de acabar siendo el Azañilla —comparar a este indocumentado con don Manuel es un delito de lesa españolidad— de nuestro tiempo.

El modus operandi de este indeseable es tan aparentemente sutil como en el fondo cantoso. Consiste en jibarizar los actos del monarca, su visibilidad, para hacerlo desaparecer de la escena pública con el fin de que quede como un muñeco inservible, como ese jarrón chino del que hablaba Felipe González, “un objeto de valor que nadie sabe dónde ponerlo y que corre el riesgo de recibir el codazo de un niño y acabar en la basura”. Esta metáfora empleada por el ex presidente para definir el estatus efectivo en el que quedan los ex presidentes viene que ni pintado para definir el que quiere otorgar el presidente menos votado de la democracia al jefe del Estado. Ni más ni menos, ni menos ni más.

No sólo son cesiones a sus socios de Gobierno o gobernabilidad, que también, es algo más. Es aprovechar las exigencias de los unos y su deseo psicopático de no tener a nadie por encima el que le conduce a este golpecillo silencioso. Tan cierto es que con estas chulerías al monarca contenta a Podemos, que reclama la abolición de facto —lo del reférendum es una excusa de mal pagador— de la monarquía parlamentaria, y a sus socios golpistas de ERC, que le exigen que Don Felipe, la Reina Letizia, la Princesa Leonor o la Infanta Sofía no se acerquen por Cataluña.

Lo de esta semana, prohibiéndole presidir la entrega de los despachos a los jueces recién salidos de la Escuela Judicial de Barcelona, es el colmo de los desplantes. Esta gentuza alega razones de seguridad, un motivo más falso que un duro de madera, entre otros elementales motivos porque cada vez que el Rey acude a un acto público le acompañan no menos de 50 guardaespaldas de Zarzuela y alrededor de 200 agentes, bien sean policías nacionales, guardias civiles, mossos d’esquadra o ertzainas. La posibilidad de altercados o sustos graves oscila, por tanto, entre cero y ninguna.

Claro que esto no es una anécdota. Menos aún un error. Ni siquiera una casualidad. Que esto forma parte de una estrategia premeditada lo certifica el hecho de que no es la primera vez que sucede, ni la quinta, desde luego no la décima y con toda seguridad tampoco será la última. Es la penúltima. Ahí va una retahíla de desplantes, chulerías y macarradas del sujeto malencarado que ocupa La Moncloa. Hay más pero les enumero las que se me han ocurrido a vuelapluma sin un orden cronológico que, desde luego, no altera el producto:

1.-Ya no despacha semanalmente con el Rey, como era tradición desde 1977. Lo ha destapado esta semana el diario hermano La Razón. Cuando se quiere comunicar con el jefe del Estado, le llama o le manda un sms. Como si estuviera tratando con un coleguita.

2.-Sánchez anunció su pacto con el delincuente Pablo Iglesias el 11 de noviembre pasado, mientras el Rey volaba a Cuba, viaje oficial que Zarzuela había solicitado posponer por el vacío de poder inherente a las jornadas posteriores a todo proceso electoral. Conclusión: les vacilaron y no les hicieron ni puñetero caso.

3.-La Cumbre del Clima en diciembre del año pasado, trasladada a Madrid por los disturbios en Chile, se hizo sin la presencia de Don Felipe. Con un par, Sánchez lo borró de toda la agenda de un evento, el desarrollado en Ifema, que nos convirtió en capital del mundo por unas horas.

4.-El aprendiz de Tejero coló la votación de investidura en Reyes, jodiendo no sólo al personal del Congreso, que se quedó sin vacaciones, y a los medios, que tenían a medio personal de vacaciones de Navidad, sino también a Felipe VI, cuyo discurso de Pascua ante la cúpula militar quedó relegado a un segundo plano. Toda España estaba pendiente del sobrecogedor diputado de Teruel Existe.

5.-Lo habitual, normal y no sé si hasta lo legal era que el presidente recién elegido visitase al inquilino de Zarzuela para comunicarle la composición del Gobierno antes de que se difundiera en rueda de prensa o vía comunicado. El marido de Begoña Gómez también se pasó este trámite por el forro de sus caprichos.

6.-Nuevo ninguneo al monarca, esta vez a cuenta del Covid. Don Felipe quedó anulado desde el punto de vista de la presencia pública desde el minuto 1. No se le vio el pelo hasta que, 11 días después de decretarse el estado de alarma, le consintieron pasarse por el hospital de campaña de Ifema.

7.-Tres cuartos de lo mismo aconteció en el homenaje a las víctimas del coronavirus en el Patio de la Armería del Palacio de Oriente. La ceremonia la presidieron los Reyes, hasta ahí podíamos llegar, pero las invitaciones iban encabezadas con el nombre del narcisista de siempre: Pedro Sánchez.

8.-Premios Princesa de Gerona: la basura independentista ha declarado personas “non gratas” a la Familia Real y Sánchez no ha dicho esta boca es mía. Mucho me temo que Doña Leonor no los entregará este noviembre. Tiempo al tiempo. A ver qué excusa se inventa esta basuresca.

9.-El papelón, o no, porque desconocemos si fue voluntario o involuntario, de Pedro Sánchez poniéndose a saludar junto a los Reyes a los invitados a la recepción en el Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad fue seguramente una traición del subconsciente. Pero a nadie le cabe ninguna duda de que aquel viernes de 2018 se vio de qué pie cojea este pájaro de cuentas.

10.-Sánchez anunció la ronda de consultas para la formación de Gobierno robando al Rey esa potestad. Siempre fue él quien la convocó.

Cuando te propinan una bofetada la culpa es del agresor. Pero cuando pones repetidamente la otra mejilla, la responsabilidad acaba siendo tuya por no responder al matón del barrio. Esta es la película de terror democrático que estamos viendo los españoles de un tiempo a esta parte con dos protagonistas de excepción: el pendenciero de Moncloa y el elegante inquilino de Zarzuela. Con una peculiaridad: las instrucciones del presidente a su involuntario oponente son un acto de prevaricación de primero de Derecho Penal. Felipe VI debía haberse plantado esta semana y haber anunciado no que “le hubiera gustado estar en Barcelona” sino que, “como siempre”, viajaba a la Ciudad Condal. Vamos, que debería haber mandado a tomar por todos los vientos a nuestro prevaricador presidente. La llamada a Carlos Lesmes es un recadito al Gobierno socialcomunista que quiere acabar con nuestras libertades. Pero se antoja insuficiente. Porque luego volvieron a asustarse calificando de “gesto de cortesía” el telefonazo al presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Tengo la mejor de las opiniones no sólo de Don Felipe sino del jefe de su Casa, Jaime Alfonsín. En el terreno intelectual, en el legal, en el personal y no digamos ya en el ético. Pero no estaría de más que convenza al de arriba de la necesidad de pasar al contraataque. Tan cierto es que todos los actos de la Jefatura del Estado han de someterse al refrendo del Gobierno como que el legislador constituyente se refería a actuaciones cuando escribió “actos”. ¿Es un acto protocolario una actuación? Sea como fuere, nuestro ordenamiento jurídico, como el de que cualquier democracia de pro, obliga a desobedecer órdenes ilegales.

A propósito de la reciente muerte de la juez del Supremo estadounidense Ruth Gingsburg, alguien decía que “la justicia no llega como un rayo sino más bien a través de una tenaz persistencia, día a día”. Lo mismo puede aplicarse a esa injusticia absoluta que es violar las leyes para transformar un régimen democrático en uno autocrático o directamente tiránico. Eso es, sin espacio alguno para el matiz, lo que se vivió en Venezuela: la nación más rica y libre del Cono Sur no pasó a ser una narcodictadura y un país paupérrimo en un pispás. Fue un proceso de lluvia fina. Lo mismo ocurre con la jibarización de nuestro Rey. Lo quieren reducir a la insignificancia para, más pronto que tarde, largarlo con viento fresco. Y lo que vendrá no será una república democrática sino un paraíso del pensamiento único. Han asaltado el poder ejecutivo, asimismo manejan a su antojo el legislativo merced al pacto bastardo con golpistas y proetarras y, poco a poco, como se vio esta semana con el blackout del Rey en Barcelona, irán invadiendo ese otro que constituye su gran asignatura pendiente: el judicial. El día que eso ocurra, estaremos ya en Españozuela. Y, como sucedió con el Frente Popular, los muy malos se impondrán a los menos malos y a los buenos. Y la vida democrática volverá a ser sueño, que diría el gran Calderón.

Sánchez-Iglesias: el Gobierno más destructivo de todos los tiempos
María Fuster okdiario 27 Septiembre 2020

Siendo objetivos, los españoles estamos teniendo muy mala suerte. Mala suerte porque en uno de los peores momentos de nuestra historia reciente tenemos al peor Gobierno posible. Yo creo que si hace unos años alguien me hubiera preguntado sobre cuál sería el peor Gobierno que pudiera imaginarme no habría sido capaz ni de acercarme a describir semejante monstruosidad.

Acerca de cómo han gestionado la pandemia antes (mintiendo y ocultando información), durante (improvisación, con retraso y autoritariamente) y después (dejación absoluta de funciones) sobra decir que han sido unos incompetentes. En lugar de ver el COVID-19 como el enemigo a batir, han preferido centrar el tiro en la oposición y en seguir con la hoja de ruta que se marcaron antes de que llegara el virus.

Se dice que el ladrón cree que todos son de su misma condición. Y eso les debe ocurrir a Sánchez e Iglesias, porque si de verdad piensan que con volver a sacar el tema del Valle de los Caídos o con la revisión de las señales de tráfico por ser «machistas» los españoles nos vamos a distraer y no vamos a seguir su gestión, se equivocan. Los españoles no somos tontos; ellos… ahí lo voy a dejar.

La reunión que mantuvo el lunes en Sol con la presidenta Díaz Ayuso, con esa entrada llevándose la mano al corazón, fue tan lamentable como fraudulenta. Sánchez no sabe lo que es dialogar. Su intención no era consensuar medidas para ayudar a revertir está segunda ola de contagios en Madrid. Él, fiel a su estilo, sólo quería imponer sus medidas: confinar a toda la capital para apretarnos así un poco más las tuercas y castigarnos de nuevo a todos los madrileños. Y así lo dejó claro el ministro Illa en la rueda de prensa que convocó al tiempo que comparecía el viceconsejero Zapatero.

En esta batalla yo estoy con Díaz Ayuso. Ya lo he dicho en otras ocasiones, la solución no es el confinamiento. La solución pasa por respetar las medidas (distancia social, higiene, y uso de mascarillas, sin despistarnos tampoco en las reuniones con amigos y familiares, que son el principal foco de contagios), tests en Barajas y en Atocha, tests para dar el alta a los enfermos y a los que han estado en contagio con ellos, contratar más rastreadores y reforzar el transporte público.

Pero dicho esto, vamos a hablar de lo que pasó esta semana en el Congreso y del asunto del Rey, que ambas cosas me parecen gravísimas. El protagonista no es otro que el ministro de Justicia, el señor Campo.

Que Sánchez no cree en la separación de poderes no es nada nuevo, pues ya lo dejó clarísimo en aquella entrevista de radio en la que dijo:»¿Y de quién depende la Fiscalía General del Estado? Pues eso, del Gobierno».

Si eso nos pareció poco, esta semana el ministro de Justicia, sí de Justicia, en sede parlamentaria, se dirigió a los diputados separatistas para decirles que él ya iba a dar trámite a los indultos de los golpistas, así que ahora les tocaba a ellos apoyar los Presupuestos.

¿Se puede tener más poca vergüenza? ¿Se puede mostrar más desprecio por nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes? El pobre Montesquieu tiene que estar revolviéndose en su tumba.

Pero no todo queda ahí. El Gobierno, como comentaba al principio, sigue con su hoja de ruta previa al confinamiento y lo hemos podido ver esta semana con un nuevo desprecio a S.M. el Rey Felipe VI.

El viernes se celebraba la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. Ceremonia que siempre ha estado presidida por el Rey y a la que en esta ocasión el Gobierno le ha prohibido asistir; primero, alegando motivos de seguridad (desmentido incluso por los Mossos d’Esquadra) y después, alegando «razones del día día», que nadie sabe lo que quiere decir exactamente pero que todos sabemos lo que subyacía realmente: cumplir con la enésima cesión a los separatistas.

Afortunadamente, Lesmes hizo una aguerrida defensa del Rey, quién le confirmó que él querría haber asistido. También la juez número uno de la promoción lamentó en su intervención la ausencia del Monarca, pues los jueces son al final los que imparten justicia en su nombre.

Pero esto no es todo. Una vez finalizada la ceremonia, el vocal del Poder Judicial, José Antonio Ballestero, se puso en pie y grito un «¡Viva el Rey!» respondido por el auditorio prácticamente al completo con el correspondiente «¡Viva!». Hasta aquí todo normal. Lo que no lo es tanto (hay que tener mucho cuidado con los micrófonos) es que el ministro de Justicia respondiera a esa proclama diciendo que Ballestero «se había pasado tres montañas». Otro desprecio más al Monarca.

En resumen, que mientras nuestro personal sanitario y nuestros gobiernos autonómicos y locales luchan contra la pandemia y nosotros peleamos por sacar adelante nuestros negocios, por llegar a final de mes o por no perder nuestro trabajo, el gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias sigue a lo suyo. Y lo suyo no tiene otro objetivo que el de conseguir un cambio de régimen y acabar con la Monarquía, la única institución que a día de hoy nos representa con orgullo a todos los españoles y además nos mantiene unidos.

Son las viejas banderas del odio
Editorial larazon 27 Septiembre 2020

No hay precedentes en los más de cuarenta años de democracia de un ataque tan frontal contra la Monarquía parlamentaria. De los gestos, de la falta de atención hacia determinados deberes institucionales, de la reducción de la agenda de Felipe VI, se ha pasado directamente a la descalificación y el anuncio de un cambio de régimen desde ministros del mismísimo Gobierno. No hay que engañarse sobre las causas que han podido llevar a plantear una situación tan absolutamente irresponsable. Hay que decir que esta ofensiva se realiza desde uno de los poderes del Estado, lo que ya da medida de la gravedad de la situación. Esta semana ha estado sembrada de errores mayúsculos, como no invitar al Rey a la toma de posesión de los nuevos jueces, que tradicionalmente presidía, para atender las exigencias de los independentistas catalanes justificándose en que no se podía asegurar su seguridad. Es la aciaga semana de los pactos con Bildu y el anuncio del indulto a los procesados por el 1-O. Al margen de las aspiraciones políticas inconfesables del presidente del Gobierno, sí que son abiertamente públicas, y en muchas ocasiones obscenamente exhibidas, las del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Hace unos días, manifestó que la República estaba entre sus objetivos más inmediatos, y ha dado pruebas de que su estrategia pasa ya por la desestabilización de lo que con desprecio denomina «régimen del 78».

Elegir a Felipe VI ya no es un alarde de ese republicanismo guerracivilista idolatrado por la izquierda más intolerante, sino poner en el punto de mira a la representación directa de la Monarquía en un momento en el que el Gobierno, que es quien debe defenderle, no lo hace. Alberto Garzón, un lamentable ministro-cuota para compensar al sector comunista ortodoxo de Unidas Podemos, ha acusado al Rey de actuar políticamente contra el Gobierno, lo que luego rubricó Iglesias. Un insulto de estas dimensiones sólo puede hacerse sabedor de la debilidad del proyecto político de Sánchez, de un Gobierno desorientado y que ha decidido apartarse de la crisis del coronavirus para que las comunidades autónomas, especialmente Madrid, asuman toda la responsabilidad. En definitiva, la crisis gubernamental quiere ser derivada a una crisis institucional y aprovechar el momento para deslegitimar a la Monarquía. El Rey se ha situado en el centro político en contra de su voluntad y por factores que tienen que ver con el cambio de régimen que abiertamente se ha puesto encima de la mesa y por su defensa de la Constitución y de la unidad territorial tras el golpe independentista. No sólo Garzón debería estar ya cesado, sino que Sánchez debería decidir si quiere jugar la carta de ese republicanismo de las viejas banderas o dar un golpe de timón y desprenderse ya de Iglesias, un verdadero peligro para la democracia en España.

El frente anti-78
Ignacio Camacho ABC 27 Septiembre 2020

Cuando el ministro Juan Carlos Campo habló en las Cortes de «crisis constituyente», el pasado mes de junio, pudo cometer un lapsus lingüístico pero no político. Al titular de la cartera de Justicia conviene escucharlo porque prepara a fondo sus intervenciones y no habla a humo de pajas, además de porque es el instrumento ejecutivo de la estrategia jurídica del sanchismo. (La fiscal Dolores Delgado lo es de la judicial, que siendo paralela y complementaria se desarrolla en un plano distinto). Si Campo anuncia el trámite de indulto a los presos independentistas, con un «por cierto» como de arranque imprevisto, no estamos ante una ocurrencia baladí ni un estrambote repentino: es que se trata exactamente de lo que había ido a decir, del núcleo del mensaje en sentido estricto. Y si habló de «crisis» o de «debate constituyente» -en ambos casos dirigiéndose a portavoces del separatismo- hay que interpretar la existencia de un planteamiento explícito de revisión crítica del vigente orden normativo.

Basta con prestar atención al orden de los acontecimientos. Desde aquella declaración parlamentaria se ha producido el emblemático alejamiento de España del Rey emérito, el blanqueo moral de Bildu como interlocutor habitual del Gobierno, la presentación de una Ley de Memoria que supone de hecho la ruptura del pacto de reconciliación sobre el que se fundamentó la cultura del consenso y, last but not least, la campaña de cuestionamiento de la monarquía emprendida por los dirigentes de Podemos. Todo eso no se puede interpretar como una simple táctica de negociación de los Presupuestos; forma parte de un proceso más o menos planificado de deconstrucción de la legitimidad histórica, civil y política del actual modelo. Un proyecto refundador tan evidente en sus términos que ha suscitado en Felipe González la voluntad de «combatirlo (sic) con las fuerzas que me queden a la edad que tengo.

En ese contexto, el eventual indulto a los condenados del procés independentista catalán o la más probable reforma en su beneficio del tipo penal de la sedición constituye un hito significativo: viene a suponer, como ha señalado en ABC el profesor Sánchez Cámara, la destrucción del Derecho en el sentido de admitir que el delito -incluso cometido y sentenciado- no es delito si se opone al estatus político sobrevenido, que para el adanismo sanchista parece constituir la única fuente legitimadora de un sistema jurídico mutable a su capricho.

El presidente no es un hombre de pensamiento estratégico; vive de la improvisación adaptadiza, de la contradicción desprejuiciada, de la finta oportunista, de la pirueta pragmática. Su socio Iglesias sí tiene un programa, basado en un plan de ruptura, un instinto de revancha y una declarada fascinación por la mitología republicana. Pero de alguna manera, más bien intuitiva o ensayada sobre la marcha y con la pandemia en el centro de las preocupaciones ciudadanas, entre ambos ha surgido la complicidad necesaria para desmantelar la estructura constitucional de forma solapada, recorriendo a la inversa el ingenioso itinerario diseñado hace cuatro décadas por Torcuato Fernández Miranda: mediante la creación de un nuevo entramado legal que habilite en la práctica un desmontaje de la Carta Magna sin necesidad de abordar el inviable procedimiento requerido para tocar los títulos protegidos por la «mayoría agravada».

De este modo el bloque Frankenstein, la alianza de investidura que en principio apuntaba sólo a un inestable acuerdo parlamentario, se va convirtiendo en un frente contra el 78, en una federación de propósitos coaligados para liquidar el régimen y establecer unas nuevas bases del Estado. La pieza esencial de ese designio es por supuesto la Corona, sometida a un visible estrechamiento de campo que aprovecha el flanco débil de los escándalos de don Juan Carlos. Sánchez consiente que Iglesias y los secesionistas alienten el debate antimonárquico para ofrecerse ante Felipe VI como un dique protector falso que en realidad aísla al Rey en el círculo de un creciente poder presidencial de carácter cesáreo. Cuando el Gobierno restringe la agenda del Rey hasta permitirse humillarlo vetando -como esta semana en Barcelona- su presencia en determinados actos para no incomodar a sus aliados, lo que hace es convertir su figura en un elemento no ya simbólico, que lo es, sino meramente decorativo, floral, protocolario. Y le envía el mensaje inequívoco de que tiene el futuro de la institución en sus manos al erigirse en el único agente de tráfico capaz de detener o desviar la ofensiva de los republicanos.

El segundo y crucial factor deconstituyente consiste en el control del poder judicial, a través del asalto a la cúpula de los tribunales. La Fiscalía del Estado es el instrumento clave, pero no el único porque no basta para someter la autonomía de los magistrados en sus ámbitos jurisdiccionales; de hecho existe en la judicatura un malestar cada vez menos sordo sobre los criterios e instrucciones que el Ministerio Público imparte respecto a querellas o contenciosos que el Ejecutivo considera ideológica o políticamente relevantes. El CGPJ, el organismo que decide sobre la carrera profesional, y el Tribunal Constitucional se han convertido en el objetivo prioritario de Sánchez, y de ahí la presión que ejerce sobre Pablo Casado para cerrar la renovación de sus vocales. Pactar la composición del tercer poder del Estado es abrir la puerta al cambio de régimen, y ambos lo saben; la cuestión es hasta dónde y hasta cuándo resistirá el jefe de la oposición ese apremio asfixiante. Si se desploma esa última barrera no permanecerá una sola institución al margen de la influencia gubernamental y la estructura de las libertades quedará a merced de un concepto de democracia formal subvertida por el empuje de los populismos «iliberales».

Esta semana volvió a sonar en el Congreso -y van tres veces- la amenaza «pasionaria» del líder de Podemos, cuando declaró que el Partido Popular no volverá a sentarse en el Gobierno. La verdadera memoria histórica otorga a esas palabras un eco siniestro, pero revelador de lo que está en juego: la extinción de la alternancia y el dominio perpetuo de medio país sobre el otro medio. El totalitarismo consiste exactamente en eso.

La alarma
Gregorio Morán. vozpopuli  27 Septiembre 2020

Nadie se atreve a decir que el estado de alarma en Madrid significaría la quiebra del país. Seguimos sin saber por qué España afronta la pandemia de la peor manera de Europa. Nadie tiene nuestra proporción de contagios y tampoco nadie afronta lo que va llegando con la misma tranquilidad de jugadores de golf. Miran el hoyo y le dan al stick con la convicción de que hacen lo que pueden.

La verdad es que no hacen nada que dé un mínimo de tranquilidad a una población aterrorizada después de haber concedido el poder a unos incompetentes. Que no estaban preparados, cierto. Que tuvieron tiempo para aprender, también. Cuando escucho que debemos confiar en las ayudas de la Comunidad Europea sé que me engañan. Nadie está dispuesto a dar un duro a unos irresponsables que lo único que se les ocurre es decretar medidas que no hay condiciones para cumplir. Ellos nos mienten haciéndonos creer que la cosa no va tan mal como parece y nosotros nos engañamos creyendo que en el siglo XXI no nos hundiremos sin que nos echen algún salvavidas.

La buena gente que nunca se hizo preguntas se queja. Los que saben, dicen, no nos informan. En primer lugar, los que aseguran saber sí informan, pero no es de lo que la gente quiere oír. Estamos hartos del coronavirus, aseguran, como si fuera un achaque que se cura con pastillas. Metidos en una guerra quieren que se hable de todo menos de los frentes de batalla. Ocurrió con los sanitarios. Todo eran loas, y ahora que se ha descubierto que estaban abandonados y sin medios, se han inventado todas las triquiñuelas para endosarle la responsabilidad al primero que se salga del rebaño.

La “tarea fundamental” del momento es hacer avanzar la República. Y eso lo dice un presunto radical desde su puesto de mando. En los duros años 30 los latifundistas gritaban a los jornaleros que no contrataban: ¡comed República! La nueva casta de la lengua y la cucaña no sabe lo que está evocando. Pablo Iglesias ha pasado de Rosa Luxemburgo a Alejandro Lerroux, es como las tertulias, que antes eran en los cafés con derecho al vaso de agua y azucarillos y ahora son bajo contrato, sin más camareros que los oyentes. Antiguamente a la gente así, tan radical y tan inane, se les denominaba “rabanitos”: rojos por fuera y blancos por dentro… Ahora que se ha perdido el lenguaje, son youtubers.

Proclamar en pleno proceso de destrucción de las clases populares y medias en España que la tarea fundamental es avanzar hacia la República es digno de aquel FRAP paterno que apelaba a “la guerra campesina firme y prolongada”. No es que estén jugando con nuestros sentimientos -es difícil encontrar monárquicos en España desde hace un siglo- pero sustituir una institución anquilosada por una banda de cantamañanas no es buen arreglo. Puede esperar. Los que no pueden esperar son ellos; tienen que inventarse una trampa cada semana y para eso no se basta Iván Redondo y su pool de monederos falsos.

Observen el laberinto presupuestario. Se está tramitando sin la más mínima filtración a los ciudadanos, que es para quien debería proyectarse. ¿Qué tienen en común la programación de gastos entre Bildu, Esquerra Republicana, el fallero valenciano ignífugo, Ciudadanos y los flecos de todos los zurcidos? Lo que en mordaz lenguaje adolescente se dice pillar cacho. Difícil, aunque haya para todos: el PSOE y Podemos, organizadores de la timba, se repartirán el bocado más grande. ¿Y la emergencia? Puede esperar; ¿no han aguantado hasta aquí? ¿Qué les incita a cabrearse ahora? Y si se enfadan saldrá Iglesias cual profeta del sexto cielo con las palabras benditas: “estos Presupuestos no gustarán a la derecha”. Es decir que, si usted les dice que son unos estafadores de esperanzas, amén de los presupuestos, prepárese porque ya está usted definido en el pestífero vagón del enemigo.

Los promotores no logran pensar nada que sirva para algo, pero se cuidan muy mucho de las conclusiones que tú puedas sacar. No se te ocurra retratarles: son alérgicos al espejo salvo para dárselas de gente cool, el presidente arrogante, el vicepresidente con posado rupturista acicalado: un pendiente a lo Shakespeare, según se hacía en su época, porque retratos suyos no existe ninguno que no se deba a la imaginación, y moño de Pasionaria, ama de casa no ejerciente. ¡Espectacular, muchacho! Tiene gancho posturero.

Si supieran algo de literatura se trataría de una parodia del mundo de Becket y su “Esperando a Godot”. Qué mejor homenaje que el de Carmen Calvo para definir que el Rey no vaya a Cataluña: “Es una decisión muy bien tomada”, dice. Quién la tomó, le preguntan. “Quien corresponde”, respondió. Así hasta tres veces. Lo volvió a repetir el ministro de Justicia, con menos tablas. Misión: nunca mencionar al responsable. Es un dios por encima de los mortales y les da de comer.

¡Ay, estadísticas, os creísteis precisas y neutrales!
A la portavoz de la voz de cascajo que pusieron con la intención, me temo, de que pronto nos cansaríamos de escucharla por irritación reiterada y de paso animar a los niños a gritar durante el confinamiento, le preguntan por las negociaciones del Rufián, últimamente tan aseadito como el Pijoaparte de Marsé. “Lo que nos une, dice ella refiriéndose al portavoz independentista, es el amor a España”. ¡Toma ya!

Es como una kermesse nada heroica. Una derecha que hace esfuerzos para que la despreciemos un poco más cada día; hasta hay descerebrados que añoran a Rajoy, lo que es tan grave como la conversión tardía al Concilio de Trento del gran pecador, Jorge Fernández Díaz, el aventado que pasó de la querencia hacia las damas no beatificadas a meter a las vírgenes con peana dentro de las comisarías. Si yo fuera creyente hubiera deseado que siguiera en el paganismo.

En frente, una izquierda de relumbrón que instrumentaliza a quien se ponga a tiro sin necesidad de enseñar el carnet de periodista. Nos embaucan cada día como un tanatorio hablando del finado. ¡Ay, estadísticas, os creísteis precisas y neutrales! El objetivo es cansarnos, agotarnos, aburrirnos de nuestras propias miserias. Ahora la culpa es de los jóvenes, antes era de los ancianos, pero como se nos mueren tantos, hay que cambiar el dispositivo. Ser joven es la última novedad en las poblaciones de riesgo. Pero ellos, como ni leen periódicos, ni conocen la jerga tertuliana y Sánchez, Iglesias, Casado y Arrimadas se la suda, dicho sea en su lenguaje, el clan de los ideólogos puede estar tranquilo. Pero confesémoslo: nos tratan como si fuéramos negacionistas.

Del 3 por ciento a la «policía patriótica»
Editorial ABC 27 Septiembre 2020

Las revelaciones a ABC de un mosso d’Esquadra que pertenecía a la escolta de Carles Puigdemont son una prueba directa de la malversación cometida por el expresidente catalán para asegurarse una guardia de fieles a su alrededor. El testimonio del policía autonómico a ABC es un relato pormenorizado con nombres y apellidos, fechas, lugares y motivos de todo un entramado de seguridad montado con dinero público en torno a un prófugo de la Justicia. Si el «3 por ciento» que Pasqual Maragall espetó a Artur Mas en la cara era conocido por las clases dirigentes, políticas y sociales, de Cataluña, no menos evidente ha tenido que ser la creación de esta «policía patriótica» formada por independentistas serviles y de otras iniciativas similares de complicidad con el separatismo. Los datos revelados por quien perteneció al selecto grupo de elegidos por hombres de confianza de Puigdemont serían suficientes para ampliar los cargos contra el prófugo expresidente por malversación de caudales públicos. Puigdemont está pendiente de que la Eurocámara resuelva el suplicatorio solicitado contra él por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuyo magistrado Pablo Llarena lo procesó por rebelión y malversación. Esta información desvela el nivel de degradación al que llegó la administración autonómica catalana para ser una pura y simple herramienta del proceso unilateral separatista. Medios humanos y materiales de los Mossos fueron puestos al servicio de Puigdemont para facilitarle, primero, su liderazgo en el proceso independentista sin tener que dar cuenta a la Consejería de Interior; y para ejecutar sin problema, después, la fuga de España con destino a Waterloo; fuga en la que permanece hasta que sea sentado en el banquillo de la Sala Segunda del Alto Tribunal o sea beneficiado por el Gobierno de Sánchez. Esa estructura de protección y encubrimiento sigue en la actualidad bajo el manto protector del -quizá por pocos días- presidente Torra, tan corresponsable como aquel de financiar una huida de la Justicia española.

Esta situación debería recibir del Gobierno central una respuesta que ni está, ni se la espera, porque el Gobierno central es un socio de oportunidad de la misma organización política creada por partidos políticos y grupos sociales para la ruptura de España con la independencia de Cataluña. Es insostenible para la continuidad del Estado que el Gobierno que lo dirige esté aliado con sus enemigos, pero esta es la realidad. La respuesta de los socialistas es una diligente tramitación de los indultos, anunciada incluso en un pleno de control parlamentario, y el anuncio de una reforma urgente del delito de sedición para que Junqueras salga de prisión y Puigdemont no entre en ella.

María San Gil: «Sánchez se plegará a lo que Bildu quiera, pero además está cómodo»
Se publica «ETA, 50 años de terrorismo nacionalista», un antídoto contra la indiferencia cobarde instalada en España frente a la indignidad
Laura L. Caro ABC 27 Septiembre 2020

Una mañana cualquiera, leyendo el periódico. «Excarcelación de presos, que les habían hecho homenajes, Bildu perfectamente legalizado...», recuerda María San Gil. Su jefe, Íñigo Gómez-Pineda, presidente de la Fundación Villacisneros, también reconstruye el momento en el prólogo: chantaje de los independentistas al Gobierno, ofensas a España, adoctrinamiento en un pasado inexistente... Sobreviene la indignación, el desánimo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, se preguntaron. Y para dar respuesta se concibió este libro «ETA. 50 años de terrorismo nacionalista», un escalofrío a lo largo de 400 páginas llamado a sacudir conciencias.

Esta obra son dos, incluye un diccionario de terrorismo cuya primera palabra es «acercamiento», plena actualidad a mayor gloria de Bildu...

No hubiéramos podido imaginarnos cuando ETA todavía estaba matando que el PSOE iba a tener como socio prioritario de gobierno a Bildu, que son los herederos de ETA. Son ETA, porque el propio presidente del Gobierno les dio el pésame el otro día por el etarra que se había suicidado en prisión. ¿Qué mas necesitamos para darnos cuenta de que tenemos a ETA sentada en las instituciones?. Los 852 asesinatos les han salido muy baratos y hoy Bildu es un factor político y un elemento esencial del Frente Popular integrado por nacionalistas y comunistas, en cuyo origen estuvieron José Luis Rodríguez Zapatero y ETA. España no puede encogerse de hombros y olvidar, tenemos obligación moral de recordar y por nosotros, que no quede.

Usted afirma junto a Jaime Mayor Oreja que lo que gobierna España es en realidad «un proceso» nacido de ese pacto, en que Zapatero habría prometido un cambio de orden si ETA dejaba de matar... eso fue en 2011, ¿está Sánchez en ese guión?
Sin ninguna duda. Estamos viendo ese cambio de orden: Arnaldo Otegui protagonista de la vida política, un tipo que ha estado en prisión por defender el terrorismo. Y podíamos hablar de la metamorfosis del PSOE, porque yo he conocido un PSOE en los años duros del terrorismo y había gente extraordinaria, soberbia, que defendía España, la Constitución y entendía cuál era la linea divisoria entre el nacionalismo, el terrorismo y los demócratas. Hoy Sánchez le debe a Bildu estar en La Moncloa y se plegará a lo que Bildu quiera. Pero además es que se siente cómodo en el Frente Popular, con Pablo Iglesias y Otegui. Me sorprende que alguien que se dice socialista esté cómodo de la mano de etarras, comunistas y rupturistas. Por eso me encantaría apelar a los afiliados del PSOE... muchos, al mirarse en el espejo por la mañana tendrían que pensar que están contribuyendo a que el proyecto de ruptura de España se esté llevando adelante. Desde la Fundación queremos remover las conciencias.

Santiago González cita la reflexión de Montesquieu de que la paz no se puede comprar, porque quien la vende está luego en mejores condiciones de venderla otra vez... ¿Hasta dónde va a llegar Bildu, una amnistía?
Pueden plantear lo que quieran porque no tienen límite. Se lo tenemos que poner nosotros con un proyecto alternativo ideológicamente, sustentado en los principios y valores que la derecha ha defendido siempre. Si hay que pagar un precio por la paz, esa paz no merece la pena. Dijimos siempre que matar no tiene premio y dejar de matar tampoco, no queremos una paz a costa de nada.

Tertsch es muy crítico con la escasa reacción de la sociedad ante «el terrible naufragio moral». ¿Cuándo pasó, en qué momento se fue de las manos?
Todo se ha hecho para que la sociedad esté menos concienciada y tenga menos memoria. Son varios los autores que se preguntan cómo puede ser que no señalemos con el dedo a los responsables de lo ocurrido, que el nacionalismo salga indemne. No podemos hacer como que no pasa nada. En los ocho años de gobierno de Zapatero, amortizaron a las víctimas, anestesiaron la memoria, neutralizaron a los colectivos cívicos y con ellos el clamor popular contra el terrorismo y la negociación con ETA. La Justicia no acompaña... ¿en qué momento no funciona la Audiencia Nacional, en qué momento los sumarios no se encuentran?... ¿Qué sociedad democrática se puede permitir que los atentados no estén juzgados y sentenciados?

Pues la misma que asiste a la gestación de otra Ley de Memoria, Democrática en este caso
Con esa ley estamos hablando de los muertos de la Guerra Civil y no nos acordamos del último atentado de ETA que fue en 2010 y está sin resolver... y nos olvidamos además de que las víctimas de casos in resolver tienen subvenciones menores que aquellas cuyos casos están resueltos. ¿No tendría que ser una prioridad?

El libro propone crear un «órgano aséptico sin competencias judiciales» que responda al derecho a la verdad de las víctimas. ¿Es una rendición?
Porque en este momento los jueces no están en esto. Y Sánchez negocia la memoria de las víctimas a cambio de unos presupuestos...

«No hay propósito de enmienda ni de esperanza», dice Fernández de Casadevante... hay una corriente de pesimismo en todo el libro
Lo que hay es lo que hay, la situación es muy lamentable. A nada que hagamos análisis de los acontecimientos cotidianos, el de ayer es menos grave que lo que va a pasar hoy. Pero nos vamos olvidando a golpe de distracción diaria y tenemos unas tragaderas... tragamos con todo y me niego a creer que la española sea una sociedad aborregada.
 


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