AGLI Recortes de Prensa   Martes 29  Septiembre  2020

Somos la resistencia
Jorge Vilches. vozpopuli  29 Septiembre 2020

Una de las características de los totalitarismos es que el Gobierno es también la oposición. A la vez que asumen el mando toman el lenguaje de los opositores. Es la 'Juventud Rebelde' de Fidel Castro, o el 'Partido Campesino' de la dictadura de Alemania del Este. En Occidente, y con especial incidencia en España, esos totalitarios gubernamentales se hacen pasar también por 'la resistencia'. Dicen que luchan contra el neoliberalismo y el patriarcado, se presentan como contraculturales y alternativos, asumen posturas activistas y aprenden palabras y coreografías. Pero es falso, no se resisten al poder porque ellos son el poder.

El ejército de intelectuales y periodistas orgánicos, de culturetas subvencionados, es tan numeroso que se pierde en el horizonte. Son progresistas, feministas, ecologistas, antiliberales, democratistas -que no demócratas-, igualitaristas y, sobre todo, les encanta la ingeniería social. Al tiempo que reman a favor del viento, que sirve para consolidar la mentalidad izquierdista y a su Gobierno, se dicen a sí mismos 'la resistencia' para ocupar el espacio lingüístico y político de la oposición.

Son los mismos que enarbolan el nuevo puritanismo. Los inquisidores de piel fina que se lanzan contra el que osa contradecir, poner en duda o tan siquiera no repetir los mandamientos progresistas. Son esos que repiten las consignas gubernamentales, ya sean sanchistas o podemitas, como si fueran suyas, y les añaden las dosis adecuadas de odio y de insultos. Son los mismos que se exaltan si la derecha asoma la cabeza en una institución, pero callan cuando participan en el asalto de la izquierda a la administración.

Por eso no son 'la resistencia'. Pertenecen al régimen incipiente, a ese mismo que atufa a totalitarismo, que no se detiene a la hora de colonizar el Estado, de cambiar las leyes para satisfacer a sus amigos golpistas e independentistas, que asume el discurso contra el orden constitucional y lo presenta como el verdaderamente democrático.

Ahora dicen que todo es antiguo, que hay que cambiarlo en el sentido del 'progreso'. Pero, ¿quién dicta el progreso? ¿Ellos? ¿Qué es ese progreso, asumir el dogma izquierdista? ¿Quién ha dado a la izquierda la patente para dictar a todos el futuro? No voy a entrar en la explicación del paradigma de Gramsci, ni en el leninismo cultural, ni en la derrota preventiva de la derecha. Lo que sí está claro es que han pervertido la idea de progreso, que no es nada más ni nada menos que la Libertad. ¿Cómo va a ser progresista luchar por una sociedad igualitaria dictada por un Gobierno donde se sacrifique la libertad individual? ¿Es que creen que un Estado omnipresente y todopoderoso que regule toda la vida pública y privada es libertad o progreso?

Demoler el 'régimen del 78'
Lo progresista, dicen, es la República. Mienten. Lo que hay detrás no es un cambio de la forma de Estado, sino de régimen. Por eso Podemos en voz alta y el sanchismo en silencio tratan de demoler el 'régimen del 78', que va más allá de que la Jefatura del Estado sea electiva. Pretenden constituir una casta política hegemónica que gobierne en exclusiva. Para ello cambian el paradigma político y las leyes, controlan la administración, la educación y los medios.

Si solo fuera una cuestión de votar cada cuatro o siete años la jefatura del Estado no estaríamos en este debate sobre el sentido de nuestro sistema político. Estos quieren meter al Rey en un armario para hacerse con el Poder, con ese mando que permite someter por la obediencia voluntaria o coactiva a los disidentes, a la auténtica resistencia. De ahí que deseen controlar el Poder Judicial, que es casi lo único que queda junto a alguna autonomía, y para eso insultan a la oposición y a todo aquel que alerte sobre la verdadera batalla cultural en la que estamos metidos.

¿Por qué Alberto Garzón, ministro de la nada, ha saltado contra el Rey? ¿Por qué reclama un jefe del Estado neutral? ¿En serio cree que un presidente de la República sería neutral? No entro en la insondable ignorancia de este comunista, sino en su intención y su reacción: desautorizar al Rey para cargarse la monarquía parlamentaria, y romper así de raíz el sistema.

No se confundan. Aquí no se trata de la forma de Estado, y menos de cambiar de lugar a unos muertos y de resignificar un columbario, sino de revolucionar las instituciones y transformar el régimen para crear una casta hegemónica nueva. Por eso cambiaron el eje del consenso desde los partidos de la Transición a los partidos de la ruptura. Sería un paso atrás en nuestra historia, la vuelta a fórmulas autoritarias, a desdecir la Transición, a ser un país fuera de Europa. Esta es nuestra guerra, la de resistir la invasión mediática, cultural y política de estos totalitarios. La resistencia somos nosotros.

Con el Rey, con España y con la libertad
José María Rotellar okdiario 29 Septiembre 2020

Ahora mismo, tenemos una doble crisis -sanitaria y económica- derivada de las infecciones provocadas por el coronavirus, que está constituyendo un drama que irá a más aun cuando llegue la vacuna que permita tranquilizarnos frente a la enfermedad, porque la situación económica empeorará y permanecerá durante un tiempo, debido a la catástrofe de gestión que el presidente Sánchez lleva a cabo en los dos ámbitos.

Ahora bien, hay una tercera crisis, que es peor que las dos citadas anteriormente, que no es otra que la crisis institucional que el Gobierno que preside Sánchez está generando con sus actos y decisiones. Desde que trazó su alianza con una amalgama de socios atroces para sacar adelante la moción de censura contra el presidente Rajoy e introducir después a Podemos en el Gobierno, España, como unidad nacional y como lugar de reconciliación entre los españoles, corre peligro.

Pactar con los antiguos representantes en política de ETA, con los independentistas con algunos miembros de su partido condenados por sedición por el intento de golpe de Estado perpetrado en Cataluña en octubre de 2017, y con los comunistas de Podemos, los más radicales del mundo, amigos y protegidos de la dictadura bolivariana de Venezuela, no podía traer nada bueno.

De esa manera, nos encontramos inmersos en un proceso en el que, poco a poco, van derribando todo el edificio constitucional que se construyó en la Transición, fruto del acuerdo entre todos los españoles; pacto en el que los antiguos contendientes de la Guerra Civil renunciaron al odio y al rencor para poder vivir todos en concordia, libertad y paz.

ETA, por ejemplo, nunca quiso ese acuerdo, pues su objetivo era otro y el asesinato su modo de vida. Y años después, algunos nietos o bisnietos de los perdedores de la Guerra -no la mayoría, afortunadamente- han llegado con ánimo de una revancha absurda, dañina y agresiva, para tratar de completar la obra que se quedó inconclusa -gracias a Dios- en los años treinta del siglo XX, que no es otra que la instauración de una dictadura comunista.

En todo este camino, les sobra la Constitución y, por encima de todo, les sobra el Rey, porque es quien mejor representa el ánimo de concordia entre los españoles. La Monarquía, con sus aciertos y sus errores, cuenta con un saldo abrumadoramente positivo, tanto en los casi cuarenta años de reinado de don Juan Carlos -a quien este Gobierno ha forzado, aunque sea indirectamente, a salir de España- como en los seis de don Felipe, eso sin entrar en todos los logros históricos conseguidos por todos nuestros monarcas a lo largo de la Historia.

La Corona une a los españoles por encima de ideologías partidistas y garantiza la unidad de la nación, motivo por el que los independentistas también quieren que se prescinda del Rey, al que no perdonan su cerrada defensa del orden constitucional y de la integridad del territorio nacional, expresado de manera formidable y contundente el tres de octubre de 2017.

Comunistas e independentistas, dentro de sus delirios, sueñan con una dictadura a la que revestir de república aparentemente democrática, como la de Venezuela o, sin necesidad de irnos de España, como la atroz II República surgida de un golpe de Estado el catorce de abril de 1931, pues nadie votó un cambio de régimen y fue impuesto sin ningún argumento legal que lo respaldase.

Entonces, en lugar de conformar una república democrática, alternativa a la monarquía parlamentaria, los radicales de izquierda persiguieron a católicos y partidos de centro-derecha, no respetaron la propiedad privada, quemaron iglesias y conventos y, en la Guerra, asesinaron inocentes, entre ellos niños, sacerdotes y monjas -a las que previamente violaron-. Pese a que no había ya monarquía, como no les gustaba que los ciudadanos votasen a la derecha, perpetraron varios golpes de Estado y alguna que otra trampa electoral: la revolución de 1934, sofocada por el orden constitucional de entonces; el fraude electoral de las elecciones de 1936; y la destitución de Alcalá-Zamora como presidente de la II República. Por fortuna, ahora no estamos en esa misma situación, pero el arrinconamiento de católicos y del centro-derecha se ha iniciado desde el odio absurdo de muchos de estos dirigentes gubernamentales.

Ahora, van a por el Rey y a por todo el sistema constitucional que tenemos, porque eso les estorba para sus planes. De hecho, no se esconden, porque cada vez se recrudecen más los ataques al Rey desde miembros del Ejecutivo: Iglesias ha defendido una nueva república y Garzón ha criticado al Rey por su llamada de agradecimiento al presidente del Consejo General del Poder Judicial, tras haber vetado el Gobierno la presencia de don Felipe en el acto de Barcelona para la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces.

Todo esto no sabemos si lo impulsa Sánchez, pero, en el mejor de los casos, no lo critica ni impide. Sánchez permite, de manera bochornosa y desleal, que sus socios de Gobierno y sus socios parlamentarios insulten a don Felipe, al que él relega todo lo que puede en múltiples actos, en una actitud intolerable, especialmente por quienes han jurado lealtad al Rey.

Tenemos un ordenamiento constitucional, un Rey constitucional y una nación democrática, que nos han dado los mejores años de progreso y la mayor etapa de libertad de toda la historia de España. Son elementos que no podemos perder y que hay que defender legalmente hasta el final, para que no vuelvan a introducirnos en el espanto que supuso la tenebrosa II República. Desde la más firme defensa de nuestra libertad: ¡viva el Rey! ¡Viva España!

La pandemia sanchista
Guadalupe Sánchez. vozpopuli  29 Septiembre 2020

Las cepas más virulentas de la covid-19 son capaces de provocar en algunos pacientes fallos multiorgánicos que, en el mejor de los escenarios, les dejan graves secuelas en órganos vitales y, en el peor, ocasionan su fallecimiento. Los paralelismos con la manera de proceder del sanchismo en el sistema democrático español son inevitables.

Desde el 78, todos los gobiernos de nuestro país han infectado en mayor o menor medida las instituciones democráticas. En el año 1985, el PSOE reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para convertir la designación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, en moneda de cambio política. En el año 1996 se selló el pacto del Majestic, en virtud de cual Aznar consiguió el apoyo de los independentistas catalanes para su investidura como presidente a cambio de ceder competencias a Cataluña. En 2007, el socialista Zapatero aprobó la ley de Memoria Histórica sembrando de nuevo la semilla del odio guerracivilista entre los españoles. En esa misma legislatura, cerró con ETA un mal llamado 'proceso de paz', en el que se realizaron cesiones inconfesables a la banda terrorista. De estos y otros envites la democracia española salió muy debilitada, pero no se rindió a pesar de que nadie le suministró el necesario tratamiento, más allá de esa suerte de pulmón artificial que suponen la Unión Europea y sus fondos. Cuarenta años después, las instituciones que nuestros padres y abuelos nos han dado con la Constitución siguen aún siendo reconocibles para la sociedad.

Qué gran paradoja que el mayor virus político que ha sufrido la democracia española haya venido de la mano de una pandemia sanitaria. Porque, de igual manera que la enfermedad epidémica del coronavirus ha afectado a todos lo países del mundo, la pandemia sanchista está infectando todas nuestras instituciones. Se trata de un virus que instala en nuestras administraciones una concepción utilitarista de la democracia, en la que todo está permitido siempre que redunde en beneficio de Pedro Sánchez.

El virus ha ido mutando en función de las necesidades de Su Persona y ahora nos muestra su cepa más dañina: la que se mimetiza con los cachorros del chavismo, con los herederos políticos de ETA y con los condenados por intentar subvertir nuestro régimen constitucional en Cataluña. Esta simbiosis del PSOE con los especímenes patrios más totalitarios del panorama político persigue infectar todos los organismos vitales de nuestra democracia que podrían generar respuesta inmune: el poder judicial y la Jefatura del Estado. Porque la oposición ni está ni se le espera.

En la actualidad, la enfermedad se encuentra en una fase de transición, aunque hay evidencias de que la polémica en torno a la ausencia del Rey en la entrega de despachos a los jueces les ha resultado mejor de lo esperado: ha servido al Gobierno no sólo para contentar al independentismo, sino también como canalizador en su campaña contra el régimen constitucional. Las declaraciones de Lesmes, presidente del CGPJ, desvelando el pesar del monarca por no poder asistir al acto en Barcelona sirvieron para que los españoles recordásemos que estamos pagando a un ministro comunista que pasará a la historia no por su gestión, prácticamente inédita, sino por acusar al Rey de golpista. Sí, señores: los mismos que rechazan la trascendencia penal del referéndum secesionista del 1-O y lo minimizan refiriéndose a él como un suceso democrático, hablan de golpe de Estado contra el Gobierno por una llamada telefónica a título personal del monarca en la que lamenta no poder asistir a un evento. Dan ganas de reírse si no fuera para llorar.

Pero la revelación de Lesmes también les ha venido muy bien para poner a la Justicia en el centro de la diana, acusando de injerencia en las labores del Ejecutivo a todos los jueces que, a raíz del suceso, han recordado que imparten justicia en nombre del Rey y que esto no va de monarquía o república sino de Estado de Derecho. Hay que admitir que de injerencias saben lo suyo. Basta si no recordar cómo pretenden dejar en papel mojado la sentencia del Supremo que condenó a prisión a los líderes independentistas. Ya están trabajando en una reforma del Código Penal para crear un delito de sedición que permita poner en libertad a Junqueras y demás presos independentistas.

De todas formas, la propagación del virus sanchista en la Justicia empezó con el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General y, desde entonces, sigue expandiéndose con el objetivo de conseguir modificar el sistema de acceso de jueces y fiscales, basado en el mérito, por uno en el que prime la ideología. Éste es el objetivo principal ahora: acabar con la independencia judicial para subvertir el principio de legalidad, que es el que somete a todos los ciudadanos al imperio de la ley, y así conseguir la ansiada impunidad. O dicho de forma más coloquial: no tener que responder ante nadie por sus desmanes. Ya nos hemos tomado un aperitivo con la postura de la fiscalía ante las querellas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus.

Pero la Jefatura del Estado y el Poder Judicial no son los únicos órganos infectados: la economía, que es el estómago de la democracia, está moribunda. Cientos de miles de ciudadanos esperan a que el Gobierno les abone unas prestaciones anunciadas a bombo y platillo que nunca llegan, con un mercado laboral sostenido en miles de ERTEs zombis. Millones de personas cuya economía familiar y personal ha pasado a depender del Estado. Y es que cuando el socialismo afirma que no hay libertad sin un plato de comida en la mesa, lo que quiere decir es que si quieres comer, tendrás que tragar, porque convierten al Estado en el único sustento del ciudadano: libertad a cambio de pan.

Reescribir la Historia
Por ultimo, la infección se está extendiendo también al que yo considero el órgano institucional más importante de todos y que, no por ser intangible, es menos trascendente: la memoria democrática de nuestra sociedad. Están reescribiendo la Historia para que olvidemos las bases sobre la que se construye nuestra convivencia. La idealización de la contienda entre españoles y la visión romántica de los principios y actuaciones del Frente Popular durante la guerra civil, tan alejados de la democracia liberal como los franquistas, son buena muestra de ello. Pero claro, si olvidamos de dónde venimos, seremos menos conscientes de hacia dónde nos llevan. No existen paraísos en la tierra, mucho menos socialistas.

En cualquier caso, hay que reconocer que es un virus bastante polifacético, porque la cara que mostraba en periodo electoral no era la de una enfermedad, sino la de un tratamiento contra todas esas patologías que he relatado, algunas nuevas y otras previas. Llegaba la cura de los 'evidence based', qué suerte la nuestra.

Entre tanto, hay todavía muchos periodistas, politólogos y ciudadanos de a pie que niegan la pandemia sanchista. Algunos, porque son meros agentes transmisores del virus que se hacen pasar por asintomáticos mientras embaucan al público con llamadas a la unidad y al consenso. Sólo espero que decidamos actuar contra esta pandemia política antes de que entremos en la UCI y se produzca el fallo multiorgánico democrático. Entonces será demasiado tarde.

Sánchez ordena, Delgado obedece e Iglesias se frota las manos
Jaime Manuel González Martínez okdiario 29 Septiembre 2020

El Gobierno ha respondido a una baterías de preguntas parlamentarias planteadas en torno a las razones por las que se mantiene bloqueada la petición de la Fiscalía boliviana para tomar declaración al vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, así como a Juan Carlos Monedero, Iñigo Errejón, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón, en relación con los pagos a Podemos realizados por el Gobierno del expresidente boliviano Evo Morales. Han pasado nueve meses desde que la Fiscalía boliviana dio traslado de la petición a la Fiscalía General del Estado, pero Dolores Delgado mantiene durmiendo en un cajón la solicitud, seguramente porque toda su energía se ha centrado en permitir la declaración del exministro Martín Villa ante la justicia argentina por muertes en la etapa franquista.

El Gobierno asegura que conoce de la petición de la Fiscalía boliviana, pero se lava las manos con el argumento de que los trámites para dar respuesta a la misma son complejos y dependen de la justicia, lo que es una manera hipócrita de quitarse del medio. Si la Fiscalía depende del Gobierno, como presume Pedro Sánchez, habrá que convenir que Sánchez le ha dicho a su exministra de Justicia y hoy fiscal general, Dolores Delgado, que deje pudrir la petición de la Fiscalía boliviana, pues no es cosa que su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se vea ante la tesitura de tener que declarar por los pagos recibidos por el narcogobierno de Evo Morales.

La polémica desatada entre los fiscales por la por evidente falta de imparcialidad exhibida por la fiscal general crece a medida que pasan los días y la máxima responsable del Ministerio Público sigue bloqueando la petición de la Fiscalía boliviana. El prestigio e independencia de la Fiscalía General ha sido miserablemente dilapidado por Delgado, que es la voz de su amo. La consigna es salvar a Pablo Iglesias, que es tanto como salvar el Gobierno de Pedro Sánchez. Un escándalo mayúsculo ante el que el Gobierno, en un ejercicio de supino cinismo, contesta echando balones fuera cuando es el jefe del Ejecutivo el que maneja los hilos de Dolores Delgado como si fuera una marioneta.

Condenado Torra
EDITORIAL Libertad Digital 29 Septiembre 2020

La grave desobediencia del aborrecible Torra no debe resolverse con una mera sustitución de circunstancias.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del supremacista Quim Torra contra la sentencia que le condenó por incumplir, “de forma reiterada y contumaz”, las órdenes de la Junta Electoral Central para que retirara de las fachadas de las sedes institucionales catalanas las pancartas de apoyo a los separatistas presos por sedición.

En su auto, notificado en la tarde de este lunes, el Supremo confirmó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenó a Torra a una multa de 30.000 euros y a un año y medio de inhabilitación, por lo que el lacayo del prófugo Carles Puigdemont dejó en ese mismo instante de ser presidente del Gobierno regional de Cataluña.

En primer lugar, cabe felicitarse de que las distintas instancias judiciales hayan sido unánimes al sancionar las mamarrachadas liberticidas del personaje. Dadas las maniobras de una Fiscalía entregada servilmente al Gobierno y sus socios separatistas, esa unanimidad permite a la ciudadanía confiar en que la Justicia cumpla con su deber sin dejarse manipular y por tanto degradar por el Ejecutivo social-comunista.

Pero la grave desobediencia del aborrecible Torra, que ha puesto a su Gobierno en abierta en rebeldía contra el orden constitucional, no debe resolverse con una mera sustitución de circunstancias en la cúpula del Ejecutivo regional. La destitución ha de ser plenamente efectiva y cualquier manifestación de complicidad de las autoridades catalanas con el condenado, convenientemente perseguida de oficio por el Ministerio Público.

Esta condena ha de tener también consecuencias tanto en la política interna de Cataluña, abocada a unas elecciones anticipadas, como en las relaciones del Gobierno con los golpistas, de cuyo apoyo parlamentario depende la propia supervivencia política de la banda de Sánchez.

Las denuncias sucesivas de Vox, PP y Ciudadanos han permitido a la Justicia inhabilitar a Torra, pero esto, con ser positivo, no resuelve el grave problema que representa el separatismo golpista. Ahora toca ser especialmente vigilantes e inflexibles en la denuncia de las cesiones que Sánchez tratará de hacer al secesionismo para seguir empotrado en la Moncloa.


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El síndrome de Barrabás
Ignacio Camacho ABC 29 Septiembre 2020

De los tres últimos presidentes de la Generalitat, uno está en fuga de la Justicia y los otros dos han sido inhabilitados. Además ha sido depuesto un Gobierno entero, hay una portavoz parlamentaria imputada y un exvicepresidente y una docena de consejeros encarcelados, lo que significa que durante al menos ocho años Cataluña ha estado gobernada por un grupo de delincuentes habituales, una cuadrilla de malhechores sistemáticos culpables de conspirar contra la convivencia de los españoles y de tratar de privar de su nacionalidad a la mitad de sus conciudadanos. Todo ello sin contar al clan Pujol, tronco primigenio de una estirpe política dedicada a la rapiña institucional bajo el rentable reclamo de la mitología diferencialista y del victimismo identitario.

En la nomenclatura nacionalista catalana resulta cada vez mas complicado encontrar un dirigente capaz de ocupar un alto cargo sin la amenaza, inmediata o potencial, del horizonte penitenciario.

Por alguna razón de orden más psicológico que político -se llama hibristofilia en el argot psiquiátrico- el actual Gobierno de España muestra una inquietante tendencia a elegir sus socios preferentes entre esa colección de perdularios cuyo principal y confeso objetivo consiste en la destrucción del Estado. Tanto Sánchez como Iglesias parecen víctimas de una suerte de «síndrome de Barrabás» que les empuja a mostrarse solícitos con sediciosos convictos, jueces prevaricadores, propagandistas xenófobos o terroristas en comisión de servicio -como llamaba a Otegui el bueno de José Mari Calleja, que en paz descanse- que ni siquiera fingen estar arrepentidos. El líder de Podemos incluso ha defendido a un antisistema al que un jurado popular -¡¡la justicia de «la gente»!!- ha declarado oficialmente asesino. Se diría que para ganarse la deferencia o la empatía de este Ejecutivo es menester haber cometido previamente algún delito.

Quizá esto explique que la «coalición de progreso» tenga entre ceja y ceja al poder judicial, que todavía se niega a interpretar las leyes como el sanchismo quisiera y se empeña en hacerle literalmente la(s) puñeta(s). Esta semana promete al respecto emociones intensas: para asentar el principio de una legitimidad nueva se necesitan magistrados «comprometidos» -la palabra es de Iglesias- en la impostergable tarea de instaurar un Derecho de izquierdas. Lo de Torra no deja de ser una anécdota; estaba amortizado hasta por los suyos, que lo tienen por un títere y un majareta. Sin embargo la condena desatará en el separatismo la pulsión de la protesta, aboca a unas elecciones que complican al presidente sus previsiones estratégicas y reactiva las movilizaciones callejeras en un curioso duelo de fuerzas entre el miedo a la pandemia y el anhelo de independencia. Pero a ver qué propagandista, por hábil que sea, convence ahora a la opinión pública de que Madrid es el problema.

Hay que reaccionar ya
Cayetano González Libertad Digital 29 Septiembre 2020

La degradación institucional a la que el Gobierno social-comunista de PSOE-Podemos, con el apoyo de todos los partidos que quieren que España deje de ser España, está sometiendo al régimen constitucional del 78 es de tal magnitud y va a tanta velocidad que urge una reacción firme, contundente, serena, no sólo de los partidos de la oposición, también de eso que ha venido en llamarse la sociedad civil. De esta última forman parte todos los ciudadanos que deberían plantearse qué pueden hacer, cada uno en su ámbito social, para hacer frente a la deriva suicida en la que el Ejecutivo ha introducido al país.

En los últimos siete días, por acotar temporalmente los destrozos causados por este Gobierno, se han producido tres hechos a cuál más grave: el anuncio de que el Ejecutivo va a tramitar los indultos a los presos golpistas catalanes, la declaración de la líder de los socialistas vascos –una mandada de Sánchez– diciendo que es un hito el compromiso de los herederos de ETA, Bildu, con la gobernabilidad de España y el veto al Rey para que fuera a Barcelona, así como el posterior ataque de dos miembros del Gobierno del Reino de España –el vicepresidente Iglesias y el ministro Garzón– al Jefe del Estado. El primero de los hechos el Gobierno lo justifica diciendo que es lo que marca la ley, como si los ciudadanos fuéramos tontos y no pensáramos que este gesto, como otros, se debe a la necesidad que tiene Sanchez de atraerse los votos de ERC y Juntos por Cataluña para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

A los que venimos manteniendo desde hace tiempo que Sánchez tiene un plan que va ejecutando paso a paso y que tiene como objetivo la destrucción del régimen constitucional del 78, Monarquía incluida, no nos sorprende nada de lo que está pasando, aunque sí puede llamar la atención la velocidad imprimida. Sánchez es por tanto el principal responsable, el que buscó el pacto con Podemos, el que permite a los de Iglesias atacar al Rey, el que busca el acuerdo con los herederos de ETA, en Navarra o en el Congreso, y el que quiere una mesa de negociación con los independentistas catalanes.

De los hechos acaecidos en los últimos siete días, quizás el de mayor gravedad haya sido el veto y los ataques a Felipe VI por parte del propio Gobierno. Pero seguramente ni Sánchez ni Iglesias contaban con el malestar que hubo, por ejemplo, en el seno del Consejo General del Poder Judicial, plasmado en las palabras pronunciadas por su presidente, Carlos Lesmes, en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, o en el “¡Viva el Rey!” que de forma tan espontánea como acertada pronunció un vocal del Consejo presente en dicho acto. Sanchez e Iglesias saben perfectamente que el Rey es a día de hoy el principal muro de contención con el que cuenta el sistema democrático para hacer frente a los intentos de aniquilación de la Constitución, y de ahí que se lo quieran quitar de en medio. Para ellos no es el Jefe del Estado; es, lisa y llanamente, un obstáculo a eliminar.

Pero no se puede dejar solo al Rey en esa tarea de defensa del régimen constitucional. La situación es de tal gravedad que hace falta, por ejemplo, que los partidos de la oposición cambien el guion de su actuación. No se puede entender que en las actuales circunstancias los puentes entre los dos principales partidos del espectro del centro-derecha, PP y Vox, prácticamente no existan, más allá de la buena relación personal que tengan sus respectivos líderes. Es la hora de la generosidad por parte de ambas formaciones políticas –Ciudadanos ni está ni se le espera, después del incomprensible enredo en el que se ha metido el partido de Arrimadas–, y de pensar en España más que en sus cortos intereses partidistas.

Es muy difícil que el centro-derecha gane unas elecciones generales si vuelve a concurrir dividido a las urnas. Eso lo sabe hasta un niño de preescolar. Y hace falta también que los agentes sociales se activen para defender la democracia, la Constitución y los logros de la Transición, que este Gobierno suicida e irresponsable quiere liquidar.

Sánchez no apuntilla al separatismo
Editorial ABC 29 Septiembre 2020

En vez de acatar las decisiones judiciales, parte del Gobierno tilda de «provocación» la inhabilitación de Torra. Ahora ya se sabe en qué bando está Sánchez; en el constitucionalista, no

La condena definitiva de Joaquim Torra a un año y medio de inhabilitación no es más que un acto de justicia. Él se mofó de los tribunales, se vanaglorió de desobedecer a la Junta Electoral, se negó a retirar una pancarta de apoyo a los condenados por sedición y se autoinculpó para dárselas de mártir del independentismo. Hoy eso le ha costado el cargo, que abandonará sin tener siquiera la decencia de cumplir su compromiso de convocar elecciones. Una vez más, el separatismo toma a más de seis millones de catalanes como rehenes de una causa fracasada y los abandona a su suerte: sin presidente, con un sustituto maniatado en funciones, con un embrollo jurídico sobre cómo y cuándo podrá disolverse el Parlament, con el secesionismo roto en bloques, y en pleno rebrote de la pandemia. Cuando creíamos que Torra no podía poner las cosas más difíciles, se supera. Hasta ahora, su indolencia y nula capacidad de gestión ya se había llevado por delante mucho tiempo, dinero y salud de los catalanes. Pero hoy demuestra que es incapaz de rectificar ni cuando los jueces le afean su abusivo uso del poder y su ridículo sentido del desafío al Estado. Todo queda en una interinidad irresponsable dentro del peor desgobierno, y la pregunta que cabe hacerse es qué necesidad tienen Torra y los exégetas del golpismo de seguir maltratando a los catalanes, hurtándoles la oportunidad urgente de ir a las urnas.

Ahora ya sabemos también que a Sánchez esta sentencia le molesta porque es un fervoroso de que el separatismo condicione los presupuestos, de las «mesas de diálogo» Estado-Cataluña, o de marginar al Rey. Es de suponer que Sánchez incluirá a Torra entre los ilustres beneficiados de este indulto virtual que ya ha concedido al independentismo con tal de garantizarse el poder. Lamentablemente, será otra oportunidad perdida para dar la puntilla al secesionismo ahora que está profundamente fracturado, que Torra está inhabilitado, Junqueras en prisión y Puigdemont huido. Sus líderes han sido castigados por el sistema, y sin embargo Sánchez se dedica a dudar de él. Por eso se ha propuesto dinamitarlo y demoler la herencia de 1978. Convertirlos, como hacen Sánchez e Iglesias desde el Consejo de Ministros, en víctimas de unos jueces «represores», ilegítimos y parciales, y presentar a los condenados como mártires del Código Penal, es el mayor error de La Moncloa. Peor que un error, es una perversión de la democracia. En vez de felicitarse porque nuestro sistema sea fuerte y responda con autoridad a los desafíos destructivos, el ministro de Justicia lamenta que el Rey pueda alterar la «convivencia» en Cataluña. Y en vez de acatar las decisiones judiciales, parte del Gobierno tilda de «provocación» la inhabilitación de Torra. Antes cabía duda de en qué bando estaba Sánchez. Ahora ya se sabe que en el constitucionalista, no.

Torra, mentiroso y miedoso
Pablo Planas Libertad Digital 29 Septiembre 2020

Este cobarde prefería una inhabilitación por desobedecer un poco antes que una condena de prisión por proclamar la república.

Torra miente. La mentira es el común denominador del nacionalismo y de sus tontos útiles, todos aquellos que sostienen como loros que el Tribunal Supremo inhabilita a Torra por colgar una pancarta. Pues no, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sentenció a Torra a un año y medio de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central. Se le ordenó retirar una pancarta en la que pedía la libertad de los golpistas presos del balcón de la Generalidad en la campaña de las pasadas municipales y Torra se resistió durante tres días, hasta que al final cedió. Así pues, el todavía presidente catalán se pasó la neutralidad de las instituciones por el arco del triunfo. Conviene aclararlo para que no cuelen especies como que Junqueras está en la cárcel por poner urnas o Forcadell por permitir un debate.

E hizo tal cosa Torra por cobardía, por pánico, porque prefería una inhabilitación por desobedecer un poco antes que una condena de prisión por proclamar la república, lo cual había prometido desde el momento mismo en que juró por Snoopy y el pastelero de Amer el cargo de presidente autonómico en representación del prófugo. La pancarta era el atajo para salir de la Generalidad por la puerta grande como un supuesto mártir a un precio tan barato como 18 meses de inhabilitación y una multa de treinta mil euros. Aquello era una alfombra roja con todas las ventajas y sin el inconveniente de la cárcel o la escapada. De ahí que Torra se declarara culpable, muy culpable, absolutamente culpable. Se lo ponían a huevo y no se lo pensó dos veces. Entre cumplir su palabra de declarar la independencia y acabar en la trena o salir en globo del palacio de la Generalidad como el primer presidente regional inhabilitado en activo, no hay color.

Ahora trata de hacerse la víctima de una especie de Estado malayo opresor y vengativo que sólo existe en la imaginación de los separatistas. De la hiperventilación independentista cualquiera diría que Torra ha sido detenido, envenenado, torturado y pasado por las armas. La realidad es que a partir de ahora gozará de las mieles reservadas a los expresidentes de la Generalidad: chófer, secretarias, funcionarios y escoltas a su cargo más un despacho oficial, un sueldo de más de noventa mil euros y una pensión de lujo.

A pesar de que a Torra la jugada le ha salido niquelada, los Comités de Defensa de la República (CDR) pretenden liarla igual que en octubre del año pasado, como si al expresidente racista y supremacista lo fueran a enchironar las bestias taradas y no estuvieran prohibidas por la propia Generalidad las reuniones de más de seis personas. Entre tanto, el Gobierno de Sánchez e Iglesias se pliega a las exigencias de los separatistas y ata en corto al Rey que plantó cara al golpe de Estado de hace tres años. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que no brilla precisamente por sus luces, lo ha admitido este lunes. Si impidieron que Felipe VI presidiera la entrega de despachos a los nuevos jueces fue por “elementos de la convivencia", entre los que ha citado la inminencia de la resolución sobre Torra y la cercanía del 1-O. O sea, que han dejado tirados a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña para satisfacer a quienes atacaron a la democracia y proclamaron una república. ¿Convivencia?

En un Estado normal, con un Gobierno digno de tal nombre, la sentencia del Tribunal Supremo se habría dado a conocer precisamente el 1-O. O mejor aún, el 3, para celebrar así el memorable discurso del Rey contra el golpe de Estado.

“Torra o el final de la escapada”
Francisco Marhuenda larazon 29 Septiembre 2020

Como era evidente, el Tribunal Supremo mantiene el año y medio de inhabilitación para Torra por desobedecer a la Junta Electoral y no retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la campaña electoral. Los independentistas siempre tropiezan en la misma piedra que es la Justicia. El expresidente del gobierno catalán, que curiosamente estudió Derecho aunque parece que con escaso provecho, creía que su cargo le permitía atropellar las normas legales y hacer lo que le viniera en gana.

Ahora se ha encontrado de frente con la realidad y es el fin de su escapada irresponsable que no conducía a nada salvo mantener la espiral delirante de partidismo y frentismo que tanto daño está haciendo a la sociedad catalana. A los independentistas no les importa la gestión ordinaria de las instituciones, sino utilizarlas en su lucha política. Es todo vergonzoso. Torra era una figura irrelevante en la política catalana y su elección por Puigdemont respondió, simplemente, a que fuera la marioneta que le serviría en su estrategia rupturista. Era seguir siendo el «presidente» en la sombra. A cambio de ese servicio tendrá ahora un retiro dorado con un magnífico salario y un lujoso despacho tras ser apartado del cargo por decisión judicial.

La resolución del Supremo será utilizada en clave electoral con el fin de insistir en la estrategia independentista de cara a las futuras elecciones autonómicas, que el propio Torra dijo ayer que tienen que ser un plebiscito para avanzar hacia la independencia. Lo razonable hubiera sido convocarlas hace tiempo, pero se quiere alargar la agonía con un permanente coste reputacional para Cataluña. Es ahora el momento de que el constitucionalismo impida que la Generalitat sea un muñeco al servicio de los disparates del fugado Puigdemont con una ERC que quiere ganar las elecciones para que el PSOE y Podemos le otorguen la presidencia del gobierno catalán.

Este es, precisamente, uno de los graves problemas para afrontar la resolución de la amenaza rupturista, porque no se puede contar con los socialistas que están entregados a sus «socios» de la investidura. El Sánchez que era un fervoroso defensor de la aplicación del 155 ha dado paso a uno nuevo con una posición insólita y contemporizadora que está condicionada por su fragilidad en el Congreso de los Diputados. Es un grave error creer que contemporizando se conseguirá resolver el conflicto independentista. ERC seguirá con su estrategia para romper España y las cesiones solo harán que fortalecer al independentismo.

Un enemigo para la democracia
Editorial larazon 29 Septiembre 2020

El Tribunal Supremo ha inhabilitado al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, lo que supone dejar la máxima representación política en Cataluña. El fallo, adoptado por unanimidad es, por lo tanto, firme, ya que ha ratificado la condena que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó en diciembre de 2019. El motivo fue desobedecer a la Junta Electoral Central al no retirar un pancarta del balcón de la Generalitat en apoyo de los presos condenados por los hechos del 1-O. No es, como el martirologio oficial del nacionalismo quiere vender, una forma de coartar la libertad de expresión, sino el uso electoralista de un centro oficial.

La libertad de expresión es ejercida por la Generalitat, por los partidos independentistas, por las asociaciones que los apoyan, por los medios de comunicación públicos, pero siempre con la prepotencia, el sectarismo y la intolerancia a los catalanes que no piensan como ellos. Y, claro está, se usa siempre contra las instituciones democráticas españolas.

Con su abuso habitual del poder, no contaban con que era obligación mantener la neutralidad política, algo que nunca han hecho y que creen que pueden exhibir sin consecuencias. Ahora, bien, saltarse la ley y lo que falla un tribunal tiene un precio en cualquier Estado de Derecho. No nos cabe duda de que Torra buscará el choque frontal, que se hará un llamamiento a la desobediencia, que la maquinaria más violenta del independentismo empezará a calentar la calle, pero los hechos son los que son: en Cataluña también se debe cumplir la ley, lo que es obligado doblemente por quien ostenta la presidencia de la Generaliat.

El nacionalismo y una parte importante de la sociedad catalana complacida de rondar la ilegalidad -siempre que no tenga consecuencias- no debería olvidar que los tres últimos presidentes de la Generalitat han sido inhabilitados: Artur Mas -hasta febrero de este año-, Puigdemont -prófugo de la justicia- y ahora Torra. Él, que aceptaba, su humillante papel de vicario, no tiene muchas salidas, incluso aplicando la legislación catalana. El artículo 7 de la Ley de la Presidencia es claro: el presidente cesará “por condena penal firme que comporte inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos”.

Pere Aragonès, de ERC será su sustituto en el cargo, lo que anuncia una nueva batalla entre los independentistas que nada bueno aportará a Cataluña. Torra ha cumplido la misión por la que Puigdemont le elegió: llevar a los catalanes al enfrentamiento abierto con la sociedad española. Su paso por la Plaza de Sant Jaume será un pie de página triste y lamentable.

Torra, la esquela
José García Domínguez Libertad Digital 29 Septiembre 2020

Seguro que soñó más de una vez con proclamar la República Catalana. Pero el Destino, cruel, guardaba otro empeño para él: airear un trapo.

Tenía que pasar a la Historia, con mayúscula, por haber llevado a la realidad la República Catalana, pero pasará de largo por la muy épica hazaña de colgar un trapo en un balcón. Heroicidad en la que, por cierto, lo sustantivo fue el balcón, no el trapo. Y es que el anodino agente de seguros Torra acaba de ser inhabilitado judicialmente no por ejercer el muy legítimo y democrático derecho a la libertad de expresión, piadosa cantinela que andan repitiendo por ahí Colau y los ministros de Podemos, sino por haber violado de forma contumaz el también muy democrático principio de neutralidad de las instituciones públicas durante los procesos electorales. Así, Torra seguiría siendo presidente de la Generalitat ahora mismo si hubiera colgado el trapito en el balcón de su domicilio particular, pero insistió en hacerlo dentro de un edificio que es propiedad de todos los ciudadanos de Cataluña, incluidos los que no comulgamos con su religión laica, que sumamos la mitad del censo. Por lo demás, el anodino agente de seguros Torra llegó en su día a presidente de la Generalitat no pese a ser un don nadie, sino precisamente por ser un don nadie.

Puigdemont, él mismo un aventurero indocumentado que acabó desposeyendo del liderazgo posconvergente a Mas merced a dosis infinitas de audacia, no podía arriesgarse a que su propio ejemplo personal volviera a repetirse. Y de ahí la súbita ascensión a los cielos domésticos de un ignoto gregario, uno de tantos que pueblan el pelotón catalanista de base, cierto Torra cuya máxima experiencia en la política institucional hasta entonces había sido ocupar el puesto número 11, ¡el 11!, en la lista electoral de Junts per Catalunya en la provincia de Barcelona. Con la intención manifiesta de humillarlo, Sala i Martín, el payaso de las chaquetas tan premiado por Esperanza Aguirre en su día, le preguntó a un recién nombrado president Montilla en La Vanguardia si había leído alguna vez Cavall Fort. Pero Montilla no sabía qué era Cavall Fort. Todos se rieron de él. Cavall Fort es la revista infantil con la que se socializan los nacionalistas justo tras salir del parvulario, algo así como el Flechas y Pelayos del separatismo catalán. El niño Torra, suscriptor confeso de Cavall Fort, seguro que soñó más de una vez con proclamar la República Catalana mientras ojeaba las viñetas de su revista favorita. Pero el Destino, cruel, guardaba otro empeño para él: airear un trapo.

Torra, los tabúes y la normalidad democrática
Alejandro Tercero cronicaglobal 29 Septiembre 2020

Quim Torra ya no es presidente de la Generalitat. El Tribunal Supremo ha confirmado la inhabilitación dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y se ha visto obligado a dejar su cargo.

Y no pasa nada.

Los radicales podrán quemar Barcelona durante unas horas, unos días o unas semanas, como hicieron el pasado otoño al conocerse la sentencia del juicio por el intento de secesión unilateral, pero la justicia ha sido implacable y su veredicto se ha cumplido.

Se trata de una gran noticia para los demócratas, en general, pero sobre todo para los catalanes constitucionalistas, que durante décadas han sido abandonados a su suerte por parte de los sucesivos gobiernos de la nación a cambio de un plato de lentejas (llámese investidura, presupuestos o gobernabilidad).

Me da la sensación de que todavía no se han valorado adecuadamente las tremendas consecuencias que ha tenido el procés para el independentismo.

La bisoñez y el cálculo erróneo del nacionalismo catalán a la hora de lanzar su desafío ha permitido al Estado romper tabúes que permanecían inmaculados desde la recuperación de la democracia en España.

Solo en los últimos tres años, el Estado ha aplicado el artículo 155 de la Constitución --es verdad que con mucha menos intensidad y duración de lo que sería razonable--, ha respondido con contundencia a las hordas de fanáticos que el 1-O defendieron con violencia las urnas del referéndum ilegal, ha condenado y encarcelado sin contemplaciones a sus cabecillas --es cierto que con penas mucho más suaves que las que hubieran recibido en cualquier otra democracia occidental--, y ahora ha inhabilitado a un presidente autonómico que arrogante y repetidamente se negó a obedecer órdenes directas de la autoridad judicial competente.

Y, lo más importante, todo ello se ha ejecutado con normalidad. Una normalidad característica de una democracia consolidada y que inquieta, atormenta y perturba a los más ultras.

Es momento de acordarse de todos aquellos terceristas --los defensores de la tercera vía, convencidos de que existe un nacionalismo con el que se puede dialogar-- que temblaban con la simple apelación al 155, que se estremecían al ver llegar los antidisturbios a Cataluña en otoño de 2017, que languidecían al constatar que Junqueras estaba entre rejas, y que se echaban las manos a la cabeza cuando se procesó a Torra. En cada una de esas situaciones advertían --temerosos-- del impacto negativo de esas medidas. Pero se equivocaron.

Es la hora de recordarles que, en una democracia, aplicar sin complejos la ley y las sentencias de los tribunales es siempre la mejor fórmula para solucionar los conflictos. Siempre.

Y también es una buena oportunidad para proponerles que, tal vez, deberíamos aprovechar la ocasión para resolver con valentía algunas de las injusticias e ilegalidades que todavía se producen en Cataluña. Entre ellas, la inmersión, el adoctrinamiento escolar, la falta de neutralidad en las administraciones, el partidismo nacionalista de los medios de comunicación de la Generalitat, el incumplimiento de la ley de banderas, etc.

Qué mejor coyuntura que la actual para acabar con los tabúes que todavía atenazan y acobardan a una parte del constitucionalismo, aquí y en Madrid.

Sánchez y el triángulo de las Bermudas
«La Corona, los líderes empresariales, la sociedad civil mejor informada y más despierta e, incluso, la propia jerarquía eclesiástica deberían estar alerta para poner en marcha aquellas medidas que impidan que España vuelva a las andadas como en otras épocas del pasado. Tirar por la borda todo lo que se ha conseguido en estos últimos 40 años gracias al esfuerzo de varias generaciones de españoles no resulta tolerable»
Ignacio Camuñas Solís ABC 29 Septiembre 2020

Se conoce como Triángulo de las Bermudas en el océano Atlántico a un área geográfica en forma de triángulo equilátero que se encuentra situada entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad norteamericana de Miami. Esta zona, según se asegura, reviste una peligrosidad potencial muy acusada pues existe la creencia de la desaparición en otros tiempos de una cuadrilla de aviones de la Marina USA y un gran número de barcos en la costa de Bahamas.

Todo ello me ha recordado la posición que ha decidido escoger nuestro presidente, Pedro Sánchez y, lo que es más grave y preocupante aún, la situación a la que está llevando a nuestro país en estos momentos. Así podríamos decir que Sánchez ha

metido a España en el Triángulo de las Bermudas, dada la situación endiablada en que nos encontramos.

Pedro Sánchez, a su vez, se ha hecho acompañar en su Gobierno de un triángulo de poder compuesto por tres de sus vicepresidentes a los que les tiene encomendada una función muy específica que, según todos los indicios, parece que están cumpliendo con escrupulosidad. Esos tres vicepresidentes constituyen pues los verdaderos puntos de referencia del actual Gobierno de nuestro país. Veamos quiénes son y con qué objetivo fueron nombrados.

Pablo Iglesias ha sido y sigue siendo el peón básico que ha urdido la exitosa moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa y el hacedor por ello del llamado Gobierno Frankenstein que por desgracia padecemos y del que, sin embargo, él disfruta sobremanera, acompañado siempre por su actual pareja. Iglesias es la persona de enlace de Pedro Sánchez con el bloque de fuerzas separatistas, que encabezan significativamente Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Son los partidarios de acabar con el Régimen del 78 propugnando lo que ellos llaman «una nueva transición» que derribe la Monarquía y nos conduzca a una República confederal y plurinacional para regocijo del nacionalismo vasco y catalán. Enorme desafío pues el que Iglesias plantea que obviamente no cuenta con tradición alguna en la historia de nuestro país y que, por tanto, es de esperar que no prospere a pesar de la terquedad e insistencia con que lo defiende.

Carmen Calvo, por su parte, desempeña un papel quizás más modesto pero no menos trascendental y maligno, porque es la persona que tiene como cometido la confrontación del Gobierno con la Iglesia Católica y el permanente acoso a la tradición religiosa secular de nuestro país. Además es la encargada de mantener la cruzada antifranquista tratando de poner habitualmente en un brete a la derecha española, que viene manejándose sobre la cuestión con manifiesta debilidad y torpeza, no de ahora sino desde la mismísima época de la Transición.

La vicepresidenta Calvo ya se puso la medalla de honor al haber dirigido personalmente la esperpéntica exhumación de Franco del Valle de los Caídos en una operación sin pizca de respeto y grandeza alguna, sembrando discordia y rencor en amplios sectores del país. Ahora, según las últimas informaciones, no contenta con ello trata de expulsar del Valle a la Comunidad Benedictina para transformar la abadía en un cementerio conmemorativo de carácter civil, por supuesto. El impresentable y totalitario Proyecto de Ley de la Memoria Democrática que cocina el Gobierno de la mano de la señora Calvo, si prospera, va a suponer un solemne varapalo a lo que fue el espíritu de la Transición y en definitiva al núcleo esencial del Pacto Constitucional. No resulta raro, sin embargo, comprobar que cada vez que el Gobierno se encuentra en una situación delicada, difícil de manejar, aparezca la señora Calvo para movilizar a sus huestes y distraer la atención del personal removiendo los cimientos del pasado y acusando a media España de comportamiento fascista y antidemocrático cada vez que la oposición no secunda dócilmente las variopintas propuestas del Gobierno en cada momento. En fin, una bendición de señora.

Y, por último, la tercera vicepresidenta, Nadia Calviño, resulta ser el rostro amable de la película al representar el papel de Caperucita Roja en el Gobierno, teniendo encomendada una función esencial, cual es la de conseguir trastear a los responsables de Bruselas para que llegue la mayor cantidad de dinero posible a las arcas gubernamentales. España tendrá por ello una oportunidad histórica para reestructurar y modernizar nuestro tejido productivo. De la inteligencia y responsabilidad de este Gobierno de irresponsables dependerá que hagamos una utilización sensata de los citados fondos o por el contrario se destinen simplemente a tapar agujeros y proporcionar subvenciones a sectores sin futuro alguno.

Por todo lo anteriormente expuesto, lo que queda bastante claro es que Sánchez no es meramente un superviviente que aspira a disfrutar de La Moncloa el mayor tiempo posible -como habitualmente se le describe y se difunde en los mentideros políticos-, sino que tiene un macabro plan de desguace de España que pone en serio peligro la paz y convivencia entre los españoles. Este proyecto de deconstrucción de España debe ser tomado muy en serio por el resto de las fuerzas políticas de oposición que siguen dando prioridad a sus mezquinos intereses políticos del momento sin atender, como debieran, las verdaderas demandas y necesidades de la Nación.

La Corona, los líderes empresariales, la sociedad civil mejor informada y más despierta e, incluso, la propia jerarquía eclesiástica deberían estar alerta para poner en marcha aquellas medidas que impidan que España vuelva a las andadas como en otras épocas del pasado. Tirar por la borda todo lo que se ha conseguido en estos últimos 40 años gracias al esfuerzo de varias generaciones de españoles no resulta tolerable ni debe ser aceptado por la mayoría del pueblo español.

España no puede quedar en manos de unos personajes de dudosa competencia, carentes de escrúpulos y con aviesas intenciones que están jugando con el futuro de 40 millones de españoles que contemplan con estupor la triste situación a la que nos tienen abocados.
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Ignacio Camuñas Solís fue Ministro adjunto para las relaciones con las Cortes

«Es sumamente aberrante que se controlen las lenguas oficiales en el aula»
Más de 700 docentes exigen a Celaá que las políticas lingüísticas en las comunidades bilingües garanticen los derechos de los castellanohablantes
Anna Cabeza ABC 29 Septiembre 2020

«Es sumamente aberrante que se controlen las lenguas oficiales en el aula. Esto está pasando y por eso pedimos que se respete el derecho de los ciudadanos. Pedimos respetoy amparo», expone a ABC Isabel Fernández, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y primera firmante de una carta que más de 700 profesores y profesionales de diferentes ramas han mandado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, para garantizar los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes en los territorios bilingües.

Para ellos, «romper con el uso de una lengua común [como ocurre en las comunidades autónomas que fomentan el bilingüismo en detrimento del castellano] es romper con un elemento de cohesión y unión», explica Fernández. Ella, que desde hace casi diez años defiende los derechos de la educación en lengua española, lamenta que algunas de las prácticas impulsadas por Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana o Galicia, acaban convirtiéndose en «herramientas de confrontación entre ciudadanos«.

Por todo ello, los firmantes, miembros del Foro de Profesores, consideran «imprescindible» que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar estos derechos «y con ello la pacífica convivencia lingüística en las comunidades autónomas bilingües». «Los derechos no son de las lenguas. Son de las personas. De todas las personas. Es inaceptable que servidores públicos utilicen la política lingüística como herramienta de confrontación política y más aún cuando las víctimas son menores», asegura la misiva, que recoge varios episodios de discriminación lingüística para las familias que quieren que sus hijos estudien en español.

El detonante, un caso reciente en las Baleares
La «punta del iceberg» que animó a los docentes a impulsar la carta fueron las presiones a un profesor del IES Sant Agustí (Ibiza) por usar el castellano. El caso destapó un reglamento interno de la dirección del centro en el que se indicaba que sus profesores no podían hablar en castellano, un «esperpento ético y jurídico», según el Foro. Además de este caso, se recuerda la anulación de plazas de castellano en dos escuelas públicas, un toque de alerta a un profesor del Conservatorio Profesional de Música de Vigo para que no use español en sus comunicaciones escritas.

Hay más precedentes que los docentes exponen a Celaá, como la ley del plurilingüismo de la Comunidad Valenciana, que fija la enseñanza en valenciano en zonas de Alicante donde únicamente se habla castellano. O el caso catalán, en el que ni un solo centro público cumple con el 25 por ciento de las clases en castellano, a pesar de que existen varias sentencias que lo avalan, como recordaba un informe de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña de 2019.

«No es normal que no hayan sentado jurisprudencia y que todo siga igual en Cataluña, que es la avanzadilla de toda esta política», expone a Fernández, que denuncia la incoherencia de los dirigentes catalanes con esta cuestión: «Protestan porque en el Congreso no se habla en catalán pero en el Parlament nunca hablan en castellano. En Cataluña, la administración del Estado tiene toda la información bilingüe pero la Generalitat lo tiene todo en catalán».

La carta acaba con una petición de reunión con la ministra para abordar esta cuestión. «Queremos que se abra un debate, que se nos escuche y que puedan conseguirse cambios y reformas ante un problema muy grave», sentencia Fernández. La misiva llega justo cuando se ultima la nueva reforma educativa, que fija que las administraciones autonómicas deben fijar la proporción del castellano y la lengua cooficial en las aulas.

La derogación de todas las leyes de lenguas regionales, una necesidad imperiosa para España
Nota del Editor 29 Septiembre 2020

El disparate de las lenguas regionales no termina, y la solución es la derogación de todas las leyes de lenguas regionales regresando a la senda del sentido común, la lengua española como lengua de comunicación entre los españoles y cientos de millones de hispano hablantes.

Cualquier cesión a cualquier lengua regional es un robo a los derechos humanos y constitucionales de los español hablantes. La c.e establece el deber de conocer el español, el t.c., mayor destrozador de la letra y el sentido de la c.e. no puede soslayar este deber. No hay deber de conocer lengua regional alguna. La derogación de todas las leyes de lenguas regionales conlleva un ahorro enorme y el disfrute de los deberes humanos y constitucionales de los españoles.
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