AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 30  Septiembre  2020

Europa y Sánchez: amor y pedagogía
Fernando Primo de Rivera elconfidencial 30 Septiembre 2020

Las últimas semanas de actualidad política son de sobresalto. No pasan dos días sin que el Gobierno de la nación asalte de un modo u otro las costuras del Estado de derecho. En paralelo al colapso económico y la emergencia sanitaria, el despliegue de zarandeos al armazón institucional consagrado constitucionalmente y la cohesión social es inédito. La grosera transmutación de la Fiscalía del Estado en la Fiscalía del Gobierno para enjuagar cualquier responsabilidad en la pésima gestión de la pandemia. La manifestación impune a favor de un cambio en la forma de Estado en medios de un vicepresidente del Gobierno que prometió defender la Constitución. La compra de apoyos para la aprobación del Presupuesto mediante la preparación de indultos, o, en su caso, la reducción de penas del delito de sedición negociada con los propios perpetradores.... 'No limit'… La inhabilitación de Torra por el TS, un respiro. Y entre medias, tibiezas y otorgadas por calladas.

A decir de aquel genio de la estrategia que fue Napoleón: “Cuando veas a tu enemigo cometer un error, no interrumpas”. Si solo se tratara de ganar elecciones, cabría seguir su recomendación... Pero es que, además de la calamidad sanitaria, la ruina económica y la devastación social en curso, fermentan en Europa cambios de tal naturaleza cuyas vicisitudes y prospección ni se atisban. Abierto con el fondo europeo de recuperación un periodo de exploración para una integración de Europa más profunda, la energía política se consume en cristalizar un populismo de laboratorio, un paradigma de la defección a lo que esta representa, a base de independentismos xenófobos y comunismo pueril.

Efectivamente, este Gobierno 'punk' con Sánchez a la cabeza permuta la gobernación y la gestión por la campaña publicitaria y la propaganda al son de su alquimista de la comunicación Redondo. El guion ya lo sabemos de memoria por repetitivo: abducir al electorado con el delirio y la ficción de que ni hubo Transición, ni esta fue el periodo más feliz de la historia moderna en España, ni estuvo anclada en Europa. Según algunos, se trata de un proyecto para un cambio de régimen en la década, ni más ni menos... Crispar al adversario político empaquetado a su derecha como 'facha' es la consigna. Cualquier funambulismo político vale para mantener un poder cogido con alfileres perversos, aun a costa de atentar contra la integridad institucional y moral de una sociedad. Socavar la posibilidad de expresión política de una mayoría popular en torno al centro es en lo que se gasta la energía política.

Pero, oiga... Que cualquier conato de alteración de la forma de Estado o el modelo territorial requiere reformar la Constitución mediante aprobación por mayorías cualificadas en las cámaras. Que el ordenamiento jurídico español en su totalidad es parte constituyente del acervo comunitario, y que Europa es la última e insalvable garantía del imperio de la ley y el Estado de derecho, su esencia distintiva: por dónde no pasan. De nuevo…: ¡es el rigor de ley, estúpido!

Y en el plano económico, que el mínimo atisbo de opcionalidad para la recuperación económica —a corto, medio y largo plazo— pasa por ese fondo de recuperación europeo, cuya virtualidad como ensayo hacia una mayor integración política y fiscal se predica de una ejecución ejemplar y de una adscripción modélica al núcleo programático de la Constitución que fue nuestro pasaporte para Europa. Aquí sí que hay un proceso de exploración constituyente para la próxima década... No se enteran de la película, ni aun auspiciando esta nueva realidad que conforma el fondo, cambios potencialmente estructurales en los mecanismos de solidaridad del constructo euro. Una sospecha legítima de estulticia, desidia o perfidia, asociada a este Gobierno, vistos los procederes, palidece ante la constatación de una ingenuidad supina. Es la marca característica de la legislatura.

Decía también el corso que "los ejércitos marchan sobre sus estómagos". Las dimensiones de la catástrofe económica que se avecina los próximos trimestres son devastadoras. Alcanzar el nivel económico precovid nos llevará hasta 2023 o 24, y esto asumiendo que haya vacuna y cierta normalización de la actividad turística para la primavera —un suponer, como que “salíamos más fuerte” al calorcito del veraneo...—. Alemania lo hará a mediados o finales de 2021. Sí, el fondo de recuperación es un hito histórico en la integración europea y una posible simiente de la unión fiscal, pero en rigor su dimensión actual con transferencias netas en torno al 4% del PIB esparcidas en tres años frente a la magnitud de la caída, -12%/-15%, es en todo punto insuficiente. Este escenario impide huir de nosotros mismos, como parecen presuponer las veleidades de la acción política Frankenstein.

Un Gobierno ufano que se jacta de la efectividad estratégica de su política de comunicación, vertebrada por definición en la polarización —ese Redondo por todos lados—, poco parece barruntar de psicología social, y, por conexión, de economía. A falta de estímulo fiscal suficiente, la confianza de los agentes económicos privados —consumidores, empresas e inversor internacional— cuenta con el mejor repelente posible. Garantizado. Iglesias y la diáspora independentista no hacen precisamente un excelente cartel de 'marketing'. Más aún, la propia atención del votante confinada al guion frentista como a golpe de látigo será imposible de mantener en plena hecatombe económica. Sencillamente, quedan muy pocos juguetes que arrojar fuera de la cuna.

Este Gobierno populista en toda regla, que vive de imaginarios, que ignora los pilares clave del Estado de derecho, los éxitos de las últimas décadas, y desprecia las nociones mínimas de economía, no se da por aludido. La seguridad con que se vendió el nombramiento de Calviño como presidenta del Eurogrupo y luego “no sabemos qué ha pasado”… A Sánchez, sus modos y maneras, ya lo tienen calado desde las mismísimas filas socialdemócratas del norte. Sigue pensado Europa como coartada oportuna y ni por asomo es consciente de la trascendencia de las corrientes en curso. Esta semana pasada, vimos la solicitud del ECB para que se considere hacer del FR una institución permanente en el tiempo o las amonestaciones del comisario Gentiloni a las prácticas fiscales de Holanda e Irlanda, también en la diana. La deriva de política patria, frente a las exigencias económicas, políticas y formales de ese proyecto de integración, es un contrapunto estridente y eventualmente un ejemplo de defección.

Las dinámicas europeas que se vienen son muy distintas a las de la crisis euro de 2012. Entonces eran los mercados y la ampliación de 'spreads' para la financiación los que imponían la disciplina sobre soberanías nacionales. Ahora, Alemania es ya conversa, consciente de lo pequeña que resulta por sí sola, y comienza a pensar Europa estratégicamente. Ahora también, el ECB, con sus compras y recurso ilimitado a la política monetaria, tiene planchados el coste de financiación soberana —¿dónde estaríamos si no?...—. Toda la disciplina económica va a recaer pues inexorablemente sobre la política fiscal y una política industrial en ciernes, a base de compromisos y rigor de ley. 'Condicionalidad' en la ejecución del fondo de reconstrucción se queda corto para categorizar lo que se viene. Pensiones, mercado laboral, educación, mercado interno... son todos capítulos susceptibles de reforma con compás, escuadra y cartabón. Como bien apuntó Schulz, ministro de Finanzas del SPD, en una ruta hacia la unión fiscal no cabe el “arbitraje fiscal”. La premisa es la convergencia. Cuán poco tardarán algunos en salir corriendo.

Entramos en otra marcha. La interactividad entre gobiernos presupuesta en la ejecución del fondo: planes nacionales, ajuste a recomendaciones semestrales de la Comisión y, finalmente, control por el Consejo, va a exponer públicamente cualquier salida del plato. Esa labor de disciplina económica que acometían los mercados está asumida por la Comisión y el Consejo de Estado. En un proceso iterativo, cada palo aguanta su vela para hacer la estructura viable —incluidos mecanismos de solidaridad potencialmente estructurales (p.e. paro juvenil al 50%)—. Pero ni una minucia de ingenuidad. Una soberanía nacional hermética anestesiada bajo el ECB por la que Sánchez goza sus placeres se va a ver condicionada irremediablemente por criterios técnicos y posiciones políticas tendentes al centro y al reformismo, donde está el pragmatismo.

Pensar en embutir este tsunami histórico —esta exploración constituyente para la década, esta sí— en el calcetín de la configuración de la política patria, se me antoja un regalo de Navidad altamente improbable. Entre la disciplina y compromiso de un proyecto de integración europea en curso como criterio rector, avalada por todos los socios, décadas de éxito y un respeto nuclear al Estado de derecho, y otra de comunicación bajo el guion frentista, anacrónico, caprichoso y centrífugo, debe haber pocas dudas sobre cuál prevalece.

VOX registra la moción de censura contra Sánchez y su ‘mafia’
Redacción rebelionenlagranja.com 30 Septiembre 2020

Los 52 diputados de VOX han registrado este martes la quinta moción de censura en democracia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Española.

“Ningún otro Gobierno en democracia ha acumulado tantos motivos para que su responsabilidad política sea exigida a través de una moción de censura. Nos encontramos ante el peor Gobierno en el peor momento posible. Pero en ningún sitio está escrito que España esté condenada. Hay alternativa”, señala el texto registrado por VOX, que apela a la responsabilidad del resto de los diputados de la Cámara para “devolver la voz al pueblo español y recuperar el presente y el futuro arrebatado por el actual Gobierno socialcomunista”.

Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha instado al PP a que en lugar de plantear sólo la reprobación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus ataques a la Corona apoyen la iniciativa. “Ningún otro Gobierno en democracia ha acumulado tantos motivos” para presentar esta moción, ha dicho.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha lamentado que ya en julio, cuando el presidente de Vox, Santiago Abascal, avanzó su intención de hacer uso de este instrumento parlamentario el PP tardara “menos de cinco minutos” en salir a criticar este anuncio y que ahora continúe haciéndolo con el argumento de que va a resultar fallida.

El dirigente de VOX ha cuestionado que el PP no escuche a “la mayoría de sus votantes” que, a su juicio, no entienden que no vayan a apoyar una moción que “es un clamor” y que hasta la fecha sólo hayan anunciado su intención de impulsar sendas reprobaciones contra Iglesias y Garzón por sus recientes ataques al Rey cuando éstas tampoco tienen visos de salir adelante.

El registro de la moción ha sido celebrado por los diputados de loa formación. “Misión cumplida. Moción de censura presentada para acabar con el gobierno de la mafia que parasita España”, ha escrito en Twitter el diputado Luis Gestoso.

MOCIÓN DE CENSURA
Vox registra hoy su moción contra Sánchez apelando que «el andamiaje del 78 está en peligro»
Redacción gaceta.es 30 Septiembre 2020

Vox registrará este martes el escrito para la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez y tendrá que esperar que se cumplan los plazos del trámite y a la fijación de la fecha del debate que promueva la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

El portavoz de Vox en la Cámara, Iván Espinosa de los Monteros, y el diputado por Barcelona Ignacio Garriga, designado por su partido para defender la moción ante el pleno cuando se convoque, presentarán la moción este martes mediante un escrito en el que confirmará que el líder del partido, Santiago Abascal, será el candidato.

La Mesa no verá el escrito hasta una próxima reunión, que puede convocarse «ex profeso» para analizarlo, recuerdan fuentes parlamentarias consultadas.

El reglamento de la Cámara, conforme a la Constitución, estructura el procedimiento.

Vox tiene 52 diputados y cumple el requisito establecido: la moción de censura la tiene que firmar al menos la décima parte de los diputados «en escrito motivado» dirigido a la Mesa.

Cuando se reúna este órgano y compruebe que el texto cumple los requisitos, lo calificará para que inicie el trámite parlamentario e informará de ello al presidente del Gobierno y a los portavoces de los grupos.

La moción no podrá votarse durante los cinco días siguientes; dentro de los dos primeros podrán presentarse mociones alternativas siempre y cuando cumplan los mismos requisitos.

Una moción de censura sólo saldrá adelante si la respalda la mayoría absoluta del Congreso, es decir, 176 o más diputados.

Solo una, en la historia de la democracia, ha cuajado: la que presentó Pedro Sánchez para apear a Mariano Rajoy de la Presidencia.

Fue una tramitación «exprés»: el PSOE la registró el 25 de mayo de 2018, la Mesa la calificó el 28, el debate comenzó el 31 y el candidato socialista se convirtió en presidente el 1 de junio.

La anterior, la que registró Unidas Podemos con Pablo Iglesias como candidato, tuvo un trámite más largo: la Mesa la calificó el 23 de mayo de 2017 y el debate empezó el 13 de junio.

Vox ha registrado este martes la moción de censura para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez y porque «el andamiaje del 78», en alusión a los pactos de la Transición, «está en peligro», ha advertido el portavoz parlamentario de la formación, Iván Espinosa de los Monteros.

«Lo vemos a diario en los pueblos, en el campo… Es un clamor el desasosiego; el andamiaje del 78 está en peligro porque no se había visto nunca semejante ataque: un Gobierno que ataca al rey, que está en contra del cumplimiento de la ley…», ha enumerado Espinosa durante la comparecencia ante la prensa posterior al registro de la moción.

La rueda de prensa la ha dado junto al diputado por Barcelona y portavoz adjunto de Vox, Ignacio Garriga, quien será el encargado de defender la pertinencia de la moción.

Espinosa ha explicado que tras Garriga, en el pleno que se convoque para el debate de la moción, tomará la palabra el candidato a presidir el Gobierno, el líder de Vox, Santiago Abascal.

Para este partido, según palabras de su portavoz, el registro de la moción es por «responsabilidad». «La moción es una herramienta que tienen los partidos que piensan que ha llegado el momento, pues nos encontramos en un momento muy grave para nuestra democracia», ha argumentado.

El escrito de la moción cumple los requisitos estipulados por la Constitución y el reglamento del Congreso, a la espera de lo que dictamine la Mesa de la Cámara, encargada de evaluarlo.

Lo han presentado una décima parte de los diputados que hay en el Congreso (Vox tiene 52) y hay un candidato a presidir el Gobierno si la moción triunfa.

Pero ningún partido con presencia en la Cámara ha avanzado que la vaya a apoyar.

Espinosa ha subrayado que, pese a ello, lo intentarán. «Vox representara el desasosiego de los españoles contra un Gobierno comunista, que va en contra de la corona, que no nos ha hecho caso en absolutamente nada», ha enfatizado.

Además, «este 2020 ha sido tragico en el ámbito sanitario» y se avecina una crisis económica «peor» aún, ha añadido.

Garriga, previsible candidato de Vox en las próximas elecciones catalanas, ha afirmado que la moción pretende terminar con «un Gobierno sustentado por los enemigos de la libertad y de España», es decir, «por lo amigos de ETA y los independentistas».

El Ejecutivo, ha continuado, «tiene voluntad de asaltar todos y cada unos de los poderes» del Estado.

A Espinosa de los Monteros le han preguntado los medios por el rechazo del PP a la moción. «El PP ha dicho que no la apoya, pero su gente está pidiendo que sí; tendrán que pensarlo y explicar por qué no la apoyan», ha sido su respuesta.

Ayuso resiste la embestida de Sánchez y desmonta su sectaria
Editorial okdiario 30 Septiembre 2020

La pregunta es sencilla: si el Gobierno acepta ahora fijar criterios unificados a la hora de imponer medidas restrictivas por el coronavirus -como reclamaba la Comunidad de Madrid-, ¿por qué el ministro de Sanidad lleva días generando miedo e incertidumbre a millones de madrileños? ¿Por qué el Ejecutivo socialcomunista ha trasladado la idea de que la situación en Madrid era crítica y obligaba a intervenir, provocando una inseguridad gratuita a los ciudadanos de la comunidad? ¿Cómo es posible que el pasado 17 de septiembre avalara las medidas de restricción de movimientos en determinadas zonas acordadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y una semana después saliera a exigir el confinamiento?

Parece evidente que el Gobierno socialcomunista se ha lanzado a una miserable campaña de deslegitimación del Gobierno regional con el objetivo concreto de doblegar políticamente a su presidenta. Y lo ha hecho de forma tan obscena y descarada que ha tenido que recular ante la evidencia de que estaba imponiendo a una comunidad criterios sanitarios que ni antes ni ahora había impuesto a otros territorios. Lo que ha pretendido el ministro de Sanidad es discriminar a una comunidad por estrictos criterios de sectarismo político. Ha pretendido que Isabel Díaz Ayuso claudicara y, al final, ha terminado por rendirse a la evidencia y asumir que su intención de confinar Madrid no venía avalada por criterios sanitarios o científicos homogéneos. Al final, todas las ciudades de más de 100.000 habitantes serán evaluadas con los mismos criterios epidemiológicos.

Sánchez quiso confinar Madrid para acabar políticamente con Isabel Díaz Ayuso, que ha aguantado el feroz ataque socialcomunista. Sus medidas para hacer frente a la segunda oleada del coronavirus empiezan a dar resultados y desmontan la mezquina estrategia de un Gobierno que no ha dudado en servirse de la mentira y la mala fe para intentar rentabilizar políticamente una tragedia sanitaria.

Ayuso ha aguantado el tipo contra viento y marea, pero que no se confíe: Pedro Sánchez no parará hasta verla fuera de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

De corruptos, bolcheviques y fascistas
José Manuel Sánchez Fornet okdiario 30 Septiembre 2020

España es cada día menos democracia y más partidocracia donde la corrupción ha sido legalizada. La pensión vitalicia de Torra de 92.000 euros, escolta, coche, conductor y secretaria, como la de otros muchos mandatarios, es el último capítulo de la ausencia de ética en la casta política privilegiada, en contraste con pensiones de 20.000 euros tras cuarenta años de trabajo.

En política existe una masa fanática que se puede asimilar con los hinchas radicales de fútbol, que nunca ven los buenos jugadores del rival y están dispuestos a morir por su equipo. Mientras los directivos y los ases del balón hacen sus apaños millonarios, los fanáticos se apalean y odian como si les fuera la vida en ello. El fanatismo político es también intolerante y rabioso, dirigido por líderes que se garantizan su futuro económico desde el primer día de mandato, protegidos en estampida por talibanes alimentados de odio.

Jaleando los bajos instintos del odio y la intolerancia tenemos al gobierno de España. Con una pandemia, hundimiento económico y decenas de miles de muertos, el gobierno hace política partidista dividiendo a la sociedad, enfrentándola, con el objetivo prioritario de mantener el poder. Ahora pretende reescribir la historia de una guerra concluida hace 80 años. Alimenta a sus votantes más fanáticos, los que odian una concreta religión (el catolicismo), una concreta ideología (cualquiera que no sea de izquierda populista como ellos), a los monárquicos, o a quienes no quieren un Estado mastodóntico a mayor gloria de los políticos en perjuicio de la ciudadanía. Los talibanes fanáticos del odio consideran fascista a quienes no piensen como ellos, etiqueta que usan hasta contra socialistas moderados o socialdemócratas. No hay que callar ante esa jauría de bolcheviques disfrazados de antifascistas.

La Guerra Civil no fueron unos generales fascistas que se sublevaron para acabar con la democracia. El intento de golpe de Estado de 1934 promovido por el PSOE fue combatido por las tropas de Franco y era contra la República. La Segunda República dejó de ser una democracia infiltrada por los bolcheviques de Stalin. Largo Caballero y otros líderes socialistas se pronunciaron contra la democracia alentando a instaurar una dictadura del proletariado, una Cuba en la península ibérica. Los políticos sensatos y con sentido de Estado del PSOE fueron barridos por los líderes más radicales, llevando al país a una situación de conflicto y desgobierno de la mano de los comunistas y anarquistas con crímenes de políticos y religiosos, hasta que detonó el levantamiento militar fascista que provocó la Guerra Civil.

En la guerra no combatieron fascistas del bando nacional frente a demócratas republicanos. Combatieron españoles contra españoles cegados por el odio, apoyado Franco por el fascismo de Hitler y Mussolini y la República por Stalin, que no lo hacía por la democracia sino para imponer una dictadura bolchevique. La dictadura fascista en España acabó en 1977 y la dictadura comunista del Muro de Berlín existió hasta 1989. No fue una guerra de fascistas contra demócratas. Eran fascistas nazis contra fascistas bolcheviques, los mismos que pactaron invadir Polonia en 1939 para repartirse Europa.

El Gobierno de bolcheviques y sanchistas que dirige España pretende dividir a la sociedad para huir de la realidad. Con división y propaganda está jugando con fuego. Atacando al Rey, más. Es la clave de bóveda de la Constitución del 78 y no van a desmontar el sistema sin que millones de españoles nos opongamos. Defender la Monarquía hoy es defender la democracia, la Constitución y la libertad. La infección bolchevique sería más letal para la libertad que el COVID-19 para la salud.

El Gobierno ha jugado con Madrid para borrar la huella de sus negligencias
ESdiario 30 Septiembre 2020

No se puede jugar con la ciudadanía poniendo y quitando medidas por una disputa política que no toca y obedece a una estrategia de Moncloa que Sol no ha sabido sortear.

El Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid han llegado a una especie de preacuerdo que, a falta de ratificación en el Consejo Interterritorial que se celebra este miércoles con todos los Gobiernos autonómicos; fija un criterio único en toda España para la intervención del Gobierno Central en las regiones.

Sin necesidad de aprobar un Estado de Alarma, lo cual demuestra en sí mismo hasta qué punto esta figura se ha utilizado o escondido desde Moncloa por razones estrictamente políticas: sin él, cuando lo estima oportuno y con la legislación vigente, tiene herramientas eficaces para participar y tomar las riendas.

Pero quitándolo y poniéndolo a su antojo, también para mirar para otro lado durante meses y reescribir el relato de la pandemia al objeto de cargarle la responsabilidad a los presidentes autonómicos, haciéndoles culpables de la segunda oleada y, de paso, borrando la negligencia absoluta del Ejecutivo desde marzo.

Con ese tibio acuerdo, que suena más a tregua temporal que a paz definitiva; Sánchez aleja la sospecha de que se sirve de pandemia para asaltar la Comunidad de Madrid por razones estrictamente políticas relacionadas con su evidente deseo de echar al PP.

Pero también le salva a Ayuso de parecer que adopta decisiones o deja de adoptarlas en función de defenderse de esa campaña, y no de la situación sanitaria, como si fuera más importante no darle la razón al PSOE que proteger de la mejor manera a los madrileños.

En resumen, el Gobierno Central intervendrá en las ciudades de más de 100.000 habitantes que cumplan tres requisitos: tener más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes; las UCIS con una ocupación superior al 35% y una tasa de PCR positivos de más del 10%.

Cabe preguntarse si, para llegar a este desenlace, ha sido necesario soportar un pulso político absurdo que ha ofrecido un mensaje de inestabilidad y falta de criterio

Allí donde se den esas condiciones, Salvador Illa aplicará restricciones de movilidad similares a las que, de hecho, ya aplica la Comunidad de Madrid en las 45 zonas sanitarias donde ha intervenido hasta ahora: confinamiento de los vecinos en sus barrios y distritos para que salgan lo justo de ellos; limitación de horarios comerciales; reducción de aforos en cualquier establecimiento y reuniones de todo tipo con un máximo de seis personas.

Es decir, una Fase 1 flexibilizada, sin las franjas horarias para salir que tuvimos en aquel momento pero con reuniones más limitadas, de las 10 de entonces a las seis de ahora. La aplicación práctica esa medida, viendo las cifras del conjunto de España, es cómo intervenir en Madrid sin que Madrid se sienta intervenida por capricho.

Porque en la práctica, solo la Comunidad de Madrid, y la ciudad de Pamplona, cumplen ahora esos parámetros. Ciudades y zonas con más de 500 contagios hay muchas en España. Pero que además tengan las UCIS al 35% y los PCR positivos al 10%, solo la capital y los ocho grandes municipios madrileños, básicamente del Sur de la región.

Una pérdida de tiempo
Cabe preguntarse si, para llegar a este desenlace, ha sido necesario soportar un pulso político absurdo que ha ofrecido un mensaje de inestabilidad y falta de criterio a una ciudadanía asustada y agotada por la larga pandemia y sus pavorosos estragos. La respuesta es negativa. Se ha perdido un tiempo precioso en un contexto de adversidades ya extremas.

Y que Sánchez haya antepuesto diluir su responsabilidad a atender mejor la emergencia, lo dice todo de las prioridades y los principios de un Gobierno que siempre se equivoca en sus prioridades pero nunca en sus intereses. Aunque sean irrelevantes para el resto.

PSOE-Vox: ¿el nuevo bipartidismo?
Diego Vigil de Quiñones okdiario 30 Septiembre 2020

Fiel a mi costumbre, continúo siguiendo la evolución de los partidos en las encuestas. Las de la semana pasada (Metroscopia y Electomanía) sitúan a Vox y el PP en menos de 3,5 puntos de diferencia. En un artículo reciente, me preguntaba si Vox estaba adelantando al PP. Tal y como señalé, el adelantamiento me parece más cualitativo que cuantitativo: a día de hoy parece imposible el sorpasso, teniendo en cuenta la estructura territorial del PP (casi 20.000 concejales frente a poco más de 500 de Vox).

Sin embargo, la tendencia que muestran las encuestas es la que es: Vox no ha terminado de crecer. Y si en Abril de 2019 Cs ganó al PP en toda España menos Galicia, y tampoco tenía la estructura municipal del PP, ¿podría Vox hacer lo mismo? Si tenemos en cuenta lo que nos queda por delante estos meses, no es descartable: la moción de censura y la renovación del CGPJ pondrán en un aprieto al PP, y las elecciones catalanas llegan con ambos partidos tan igualados que nada es descartable, con todo el poder simbólico que ofrece Cataluña.

Más allá de estos episodios coyunturales, la situación estructural del mundo es favorable a Vox. En efecto, como bien explica José Sierra Pama en su ensayo Orden cultural vs orden digital (Circulo rojo, 2019), el orden digital se está imponiendo todo el mundo de modo que las identidades personales y comunitarias tienden a la extinción. Ello genera un movimiento reactivo en las personas, que procuran agarrarse a lo que les queda del orden cultural en descomposición. En la protección de esas identidades, las izquierdas han demostrado su absoluto fracaso e incapacidad de oponerse a la plutocracia globalizadora. El PP mira el proceso como las vacas al tren, apoyándolo en ciertos aspectos so capa de liberalismo. Vox es hoy por hoy la única alternativa para esos ciudadanos que “no pueden permitirse el lujo de no tener patria” (Abascal- Ledesma dixit), y eso le garantiza el voto de la reacción.

Allá por 2019, con Vox recién aparecido y Cs en su cenit, un sesudo iuspublicista dijo que los dos partidos con más posibilidades de sobrevivir eran Vox y Cs. Uno por partido identitario, el otro por partido globalista. Es evidente que Cs va camino de la desaparición, pero la posición que representaba, la de los que se van acomodando al orden digital sin resistencia, sigue siendo mayoritaria. Una posición que Rivera definió como “liberales en lo económico y socialdemócratas en lo social”, y que PP, PSOE y Cs aspiran a representar. Y siendo el PSOE el más solvente de los tres, lo normal es que ocupe con naturalidad ese espacio.

Por otra parte, más allá del momento histórico, no podemos olvidar que Ferraz- Moncloa dominan casi todos los medios. Fueron ellos quienes convirtieron Vox en un fenómeno mediático en el otoño de 2018 y le dieron alas en 2019. Y son ellos quienes le han puesto al borde de la segunda posición con el juego político actual. Que la consiga o no, dependerá también del nivel de polarización y de la cobertura mediática que se le quiera dar a Vox. Pero las encuestas de la semana pasada comienzan a dibujar ese nuevo bipartidismo. Un bipartidismo algo “afrancesado” (salvando las diferencias) en el que el PSOE quiere hacer de Vox el FN, y ocupar cómodamente el lugar de Macrón (de ahí también la demonización injusta de Vox como partido de ultraderecha).

A Navarra, ni tocarla
Cifras peores que las de Madrid son las de Pamplona y Navarra toda
Antonio Burgos ABC 30 Septiembre 2020

Claro, con tanto hablar de la Memoria Histórica, están reproduciendo la toma de Madrid en el 36. Sólo falta que por Unión Radio Madrid salga Isabel Díaz Ayuso: «¡No pasarán los confinamientos totales que quiere imponer Illa!». Illa, por su parte, avanza por las tapias de la Casa de Campo y la Universitaria y lanza su ataque: «Deben tomarse medidas mucho más duras, tienen que dejarse ayudar, porque vamos tarde.» Tengo clara una cosa en la batalla de Madrid: no perdonan a la derecha liberal que les arrebatara la capital de España y la Comunidad de Madrid. Se agarran a todos los clavos ardiendo para echar al final toda la culpa a Isabel Díaz Ayuso de la falta de autoridad en materia sanitaria del Gobierno, verán cómo está al caer la acusación formal, con cifras.

Cifras que peores que las de Madrid son las de Pamplona y Navarra toda. Pero a Navarra, ni tocarla. Mira como Illa no ha dicho una sola palabra de que deban tomarse medidas más duras en la comunidad foral. Hay muchos votos favorables al presupuesto implicados en esa medida. Como también en un momento dado tuvo Cataluña peores cifras que las actuales de Madrid y Sánchez ni pensó en meter la cuchara en la «cogobernanza» e imponer confinamientos y duras medidas contra la política sanitaria seguida por los que le darán los votos en la aprobación de los presupuestos.

Y de Andalucía, ni te cuento. No son capaces de asfixiar económicamente a Navarra y a Cataluña como a Andalucía, que es lo que le están haciendo, porque tampoco perdonan, como a Madrid, que les arrebatara el poder. Con no mandar dinero... En la batalla de Madrid hay mucho de venganza más que preocupación por la salud y por las iniciativas para remontar una economía que está por los mismísimos suelos y que augura un otoño de absoluta ruina. Quieren a toda costa vengarse de Madrid, con el pretexto de las cifras de contagiados y de hospitalizados, por no ser territorio autonómico propio, a la órdenes de Sánchez y de sus socios podemitas. De ahí el incalificable cambio que vimos en la Puerta del Sol: de la Fiesta de la Banderita de un Sánchez que ofrecía toda ayuda a Isabel Díaz Ayuso a un Salvador Illa que reproduce con amenazas y presiones la carga de los mamelucos contra un poder que no tienen.

Es tan deprimente todo, que una aconsejable medida de salud mental es apagar el telediario, sea de la cadena que fuere. O verlo con un bote de antidepresivos al lado. Los dobles juegos y las dobles varas de medir te causan tal desolación, que te da vergüenza comprobar cómo ni Sánchez ni el Gobierno como tal desautorizan a los ministros que atacan a Don Felipe VI y a la Corona. Que vaya maldita coincidencia, que el bicho que nos ha cambiado la vida se llame corona...virus. ¿No podía ser «tricolorvirus», que les gustaría más a los que vetan y cercan al Rey, y lo quieren sólo como jarrón chino en La Zarzuela? A mí como español me da vergüenza que el Gobierno tenga que autorizar al Rey que se pueda entrevistar en La Toja con el presidente de Portugal o inaugurar allí mismo el II Foro La Toja-Vínculo Atlántico. Una cosa es el cumplimiento de la Constitución y otra enseñar las entretelas de la toma de La Zarzuela como pretenden, al modo de la toma de Madrid.

¿Y los Ejércitos? Venga a vejar y marginar a las Fuerzas Armadas, pero cuando están al borde de la desesperación, recurren al Ejército. No quieren tropas auxiliares, sino tropas ancilares: criadas, mano de obra barata cuando hay que fumigar las residencias de mayores, o enterrar a los muertos en el Palacio de Hielo, o rastrear la trazabilidad de los brotes, o montar carpas. Han convertido a los Ejércitos en mano de obra barata. Ya digo, apaguen el telediario, si no quieren coger una depresión de caballo...

España prochavista
Emilio Campmany Libertad Digital 30 Septiembre 2020

Este domingo, el Post se hacía eco del disgusto que en la Administración norteamericana había producido la misión diplomática enviada por el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, el español Josep Borrell, a Venezuela. Los dos diplomáticos europeos enviados, de nacionalidad española, llegaron a Caracas con el objetivo de conseguir que Maduro posponga las elecciones legislativas programadas para el 6 de diciembre a cambio de que la UE, como le había pedido el venezolano, supervise la limpieza de las mismas. La idea de Bruselas es la de aprovechar ese tiempo para que el régimen mejore las condiciones en las que las elecciones se celebrarán hasta permitir que Europa pueda certificar que se respetaron las mínimas condiciones democráticas.

Es a todas luces evidente, como dice el Post que piensa el Departamento de Estado, que Borrell pretende que las elecciones sirvan para que el régimen rompa su aislamiento diplomático. Y lo atribuye a razones de política interior española. Borrell lleva mucho tiempo tratando de proporcionar un salvavidas al régimen chavista, primero como ministro de Exteriores español y ahora como alto representante diplomático de la Unión. Fue él quien sugirió a Maduro negociar con Capriles –rival de Guaidó– las condiciones bajo las cuales el opositor estaría dispuesto a participar en las elecciones. Y fue él quien procuró la mediación de diplomáticos turcos para que dictador y opositor acordaran la liberación de un centenar de presos políticos para empezar a hablar. Capriles, por consejo de Borrell, también es partidario de posponer las elecciones.

Borrell alega desde su oficina que la estrategia de Trump y Guaidó ha fracasado y hay que buscar otra solución. Tiene razón. Lo que no dice es que el fracaso se debe al blindaje con el que España y, bajo su liderazgo, la Unión Europea amparan a Maduro. Sin embargo, la misión de rescate pergeñada por Borrell ha revelado el propósito de España, Von der Leyen está como una pantera por no haber sido informada y Manfred Weber, portavoz del Grupo Popular europeo, ha pedido explicaciones.

También es notable que en este asunto de Venezuela una organización de reciente creación (noviembre de 2019), el llamado Grupo de Puebla, esté dirigiendo la estrategia de salvamento. Fundada por el socialista chileno Marco Enríquez-Ominami, reúne a un amplio plantel de izquierdistas latinoamericanos, muchos de ellos acrisolados corruptos, como Ernesto Samper, Lula da Silva, Dilma Roussef, Rafael Correa o Evo Morales. Los representantes españoles son José Luis Rodríguez Zapatero e Irene Montero. El Grupo de Puebla ha creado además lo que llaman el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), donde los representantes españoles son nada menos que Baltasar Garzón, el comunista Enrique Santiago y el hispano-argentino Gerardo Pisarello. Ninguno de ellos necesita presentación.

Por si todo esto fuera poco, el Gobierno acaba de destituir al embajador en Venezuela, nombrado en 2017 por Rajoy, para darle su puesto al embajador que Sánchez envió a Cuba en 2018. Moncloa se ha apresurado a aseverar que el cambio no supondrá que Leopoldo López, opositor refugiado en nuestra embajada, pierda nuestra protección. Que se hayan visto en la necesidad de ofrecer garantías da idea de la confianza que la oposición venezolana tiene en nuestro Gobierno.

El Reino de España está dedicado en cuerpo y alma a apuntalar y sostener una dictadura comunista en Venezuela malgastando el prestigio exterior que podamos tener, especialmente en América. ¿A cambio de qué?

Largo Caballero e Indalecio Prieto, ni concordia ni democracia
Jorge Vilches larazon 30 Septiembre 2020

La moda puritana de amoldar la historia al presente, ya sea a la corrección política o al ajuste de cuentas, le ha tocado sufrirla ahora a los personajes de la izquierda española. Es algo inédito. El dominio de la Universidad y de los medios convirtió la interpretación izquierdista de la historia contemporánea en el paradigma único. Esto se rompió hace relativamente poco tiempo. El revisionismo como repaso documentado de las “verdades”, no como contrarrelato, está siendo una práctica habitual, y tuvo un empujón con la Ley de Memoria Histórica. El PSOE de Zapatero tomó la Guerra Civil como una cuestión política para establecer fronteras con la derecha. La pretensión socialista de construir una memoria de Estado que les beneficiara ha sido un completo error. El proyecto pasó a las comunidades gobernadas por la izquierda, que se dedicaron a cambiar nombres de calles pagando generosamente los informes de los comités de expertos.

¿Quién fue y qué hizo Largo Caballero?
Hemos asistido a un esperpento político que ahora culmina con el efecto indeseado por la izquierda de que la Ley de Memoria Histórica se aplique también a los guerracivilistas y criminales de los partidos del Frente Popular. En este caso, el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha decidido legal y democráticamente eliminar de las calles las placas de Largo Caballero e Indalecio Prieto. Ambos personajes no son ejemplo de concordia ni de democracia, aunque en España tenga bula el comunismo y aledaños. Ser antifascista no convierte a nadie en demócrata, aunque ser demócrata si supone despreciar todo totalitarismo, incluido el comunismo y el fascismo. Ninguno de los dos socialistas vio en la República un régimen para asegurar la libertad ni los derechos humanos, sino un puente para su dictadura del proletariado. De hecho, los dos rompieron con Azaña en 1933 y luego, cuando ganó la derecha las elecciones de ese año, empezaron a fraguar el golpe de Estado de octubre de 1934. Prieto y sobre todo Largo Caballero bolchevizaron el PSOE para movilizar a la izquierda radical, politizaron el dolor, generaron odio, y purgaron a los más moderados, como Julián Besteiro. No vieron en la Guerra Civil una desgracia, sino una oportunidad para instaurar una dictadura socialista. Largo Caballero, un desastre como ministro de Trabajo en 1931, fue nombrado presidente del Gobierno en septiembre de 1936. Entre Indalecio Prieto, en cuya escolta estaba el asesino de Calvo Sotelo, permitieron las checas, los robos, las violaciones, las torturas y los asesinatos. ¿Está bien quitar las placas a estos dos socialistas? Si se siguen la letra y el espíritu de una ley que debería estar derogada, sí. Si se atiende a la Historia, es absurdo porque no borra nada de lo que ocurrió.

La verdad sobre Largo Caballero, Indalecio Prieto y las matanzas de la Guerra Civil
El Ayuntamiento de Madrid, con los votos de PP, Vox y Ciudadanos ha decidido quitarles las calles a él y a sucompañero del PSOE Indalecio Prieto pero, ¿cuál fue su responsabilidad?
Julio Martín Alarcón elconfidencial 30 Septiembre 2020

“El Gobierno y el presidente de la República no lo ignoraban y tenían responsabilidad en todo cuanto estaba sucediendo en Madrid”. Así se referió Santiago Carrillo en sus memorias -‘Mi testamento’- nada menos que a la matanza de Paracuellos acaecida en Madrid entre noviembre y diciembre de 1936 y en la que fueron asesinadas alrededor de 2.500 personas durante el denominado 'Terror Rojo'. El presidente del Gobierno era en ese momento Francisco Largo Caballero y el de la República, Manuel Azaña.

Las explicaciones de Carrillo, que era el máximo responsable del Orden Público en Madrid, estaban destinadas a auto exculparse pero ofrecen un renovado interés ahora que el pleno del Ayuntamiento de Madrid, con los votos de PP, Vox y Ciudadanos ha decidido quitarle la calle junto a su compañero del PSOE Indalecio Prieto y en virtud, según han alegado, de la Ley de Memoria Histórica.

El 'Lénin' español era el presidente del Gobierno cuando se produjo la matanza de Paracuellos que facilitó su ministro de Justicia

Vox ha esgrimido que Largo Caballero fue responsable de las checas, los tribunales populares y "el asesinato de niños en Paracuellos". De todos ellos en lo que más se le podría achacar responsabilidad sería en las matanzas de noviembre y diciembre de la capital -si bien no se tiene constancia del asesinato de niños en ese operativo-, pues los tribunales populares ya existían desde el anterior gobierno de José Giral.

El operativo
Las acusaciones de Carrillo contaban con bastante base como se explicará a continuación: el gobierno de Largo Caballero tuvo responsabilidad y conocimiento de las sacas de Paracuellos. Estas se detuvieron a mediados de noviembre con el nombramiento de Melchor Rodríguez como Inspector General de Prisiones y se reanudaron menos de una semana después por la expresa participación del ministro de Justicia del gabinete de Largo Caballero, Juan Garcia Oliver, que destituyó a Melchor Rodríguez, para poder continuar con el operativo.

Indalecio Prieto por su parte, si bien apoyó la revolución de octubre de 1934 -cuyo máximo responsable en el PSOE fue precisamente Largo Caballero-, ya en el 36 resultó ser el principal opositor del partido en lo que rspecta a la dirección estratégica del mismo. Largo Caballero insitía en la dialéctica revolucionaria en los meses previos al estallido de la Guerra Civil, mientras que Prieto abogaba por no encrespar los ánimos contra la burguesía de derechas y el ejército, -Paul Preston, 'El Holocausto español' (Debate)- . El PSOE se batirá de hecho entre las dos posiciones de Prieto y Largo Caballero. El primero considerado más moderado y el segundo, el que querría "bolchevizar" al partido.

Sangre en las calles
Aún así, el 13 de julio de 1936, uno de los principales líderes de la oposición, José Calvo Sotelo, monárquico de Renovación Española, fue asesinado por un grupo de simpatizantes del Frente Popular que le fue a buscar a su casa y entre los que se encontraba un miembro de la guardia personal del propio Indalecio Prieto. Nunca se pudo probar ninguna connivencia del político socialista, que además censuró el asesinato públicamente, pero siempre recayó sobre él la sospecha. En cualquier caso, en virtud de la propia ley de Memoria Histórica que ha esgrimido VOX, sólo se podrían tener en cuenta los actos acaecidos con posterioridad al 18 de julio.

Lo más grave ocurrió sin embargo en noviembre de 1936, cuando Largo Caballero ante el avance de las tropas de Franco sobre Madrid ordenó la evacuación del gobierno a Valencia porque consideraba que caería antes o después. Finalmente no ocurrió, pero en ese mes y el siguiente tuvieron lugar las más sistemáticas matanzas de toda la Guerra Civil contra ciudadanos encarcelados previamente por la sospecha de ser "simpatizantes" del alzamiento militar y, por tanto, "quintacolumnistas".

El 9 de noviembre, por orden de Largo Caballero, se creó la Junta de Defensa de Madrid y el comité de Orden Público que dirigiría Santiago Carrillo

Largo Caballero, que era presidente del Gobierno desde septiembre de 1936, fue además quién ordenó el 6 de noviembre la creación de la Junta de Defensa de Madrid que debía tomar el control de la capital en ausencia del Gobierno y el que aceptó casi inmediatamente que se le concediera el comité de Orden Público precisamente a la JSU en la que militaba Santiago Carrillo. Cuatro días antes había dado entrada también en el gobierno a dos anarquistas: Juan García Oliver y Federica Montseny, que serían claves en el drama.

La presión de los diplomáticos
Aunque Carrillo negase después participación de ninguna clase -ni siquiera haber tenido conocimiento, para pasmo de todos los historiadores del periodo, incluyendo a Paul Preston que calificó de "ridiculas" sus explicaciones-, lo cierto es que se sabe que él mismo actuó en determinados momentos de la matanza en connivencia con el gobierno. Lo más significativo se resume en la actuación de Melchor Rodríguez, anarquista, también apodado el 'Ángel Rojo', que consiguió detener las sacas de Paracuellos durante una semana. ¿Cómo se sabe que el gobierno tuvo responsabilidad en la matanza? Porque fue el propio ministro de Justicia en el gabinete que presidía Largo Caballero, García Oliver, el que ordenó deponer a Rodríguez del cargo de Inspector General de Prisiones, de forma que las sacas y los fusilamientos pudieran continuar.

Curiosamente al cenetista Melchor Rodriguez otro pleno del ayuntamiento le concedió una calle en Madrid en 2016 -que no tenía a pesar de haber sido Alcalde de Madrid efímeramente-, mientras que Santiago Carrillo disponía de una con anterioridad. La guerra se ha traslado al callejero de Madrid como bien sabe todo el mundo. Una serie de hechos arrojan más que la sombra de la duda sobre la participación del gobierno en la matanza y por qué Largo Caballero era el único que podía haberla detenido. Poco después de comenzar las sacas de las cárceles Modelo, San Antón y Porlier para los fusilamientos masivos en el tramo de la carretera de Belvis a Madrid que pasaba por Paraculleos, las noticias llegaron a los diplomáticos extranjeros que se encontraban en Madrid.

El cónsul honorario de Noruega en Madrid, el alemán Felix Schlayer, tuvo noticias, aunque imprecisas, de que las célebres "evacuaciones" de presos a Valencia -el eufemismo con el que se orquestó la matanza- consistía en una mera excusa para llevar a los presos a zanjas donde eran fusilados. Las órdenes de evacuación de presos se tomaron el 1 de noviembre en un consejo de ministros presidido por Largo Caballero, según el hispanista Ian Gibson -'Paracuellos, como fue'-, aunque entonces aún no se había montado el operativo

Los diplomáticos, tras una reunión con el propio Carrillo, que negó que estuvieran ocurriendo asesinatos, siguieron moviendo hilos para detener la matanza. En este contexto, el día 9 de noviembre, Melchor Rodríguez consiguió ser nombrado "Inspector General de Prisiones" con la firma del subsecretario del ministerio de Justicia, Manuel Sánchez Roca, no del ministro Garcia Oliver como se puede comprobar en el número del día 14 de noviembre de la Gazeta de la República que adjunta El Confidencial. --. Una vez en el cargo y antes de que se publicase en la Gazeta ya que Sánchez Roca le comunicó ese mismo día 9 por teléfono la noticia, Melchor no esperó ni un sólo día para ordenar que se abandonasen las "evacuaciones" -Julius Ruiz, 'Paracuellos una verdad incómoda' (Espasa)-.

Más que Carrillo
Carrillo, que estaba al mando del Orden Público, no se opuso. Aquí es donde cobra importancia la acusación contra el Gobierno de sus memorias: dado que la orden provenía de un ministerio y según decía la propia JSU, "la Junta de Defensa de Madrid actuaba en nombre del gobierno", actuaron siguiendo esas órdenes y no por su cuenta y riesgo. Sin embargo, el 12 de noviembre, el ministro de Justicia, García Oliver, decidió visitar Madrid y deshacer el enredo de su segundo en el cargo: "La presencia de García Oliver en Madrid, un ministro del gabinete de Largo Caballero, significó la reanudación de las sacas de de las prisiones" -Julius Ruiz-.

Como consecuencia y tras una violenta discusión entre Melchor Rodríguez y García Oliver, el primero fue destituido y el terror continuó. Aunque una corriente de historiadores ha esgrimido siempre que la matanza de Paracuellos se produjo cuando el gobierno estaba en Valencia, la realidad es que la destitución de Rodríguez por parte del ministro y con ella la reanudación de las matanzas es significativa: sólo con la intervención directa del gobierno, es decir, por medio del ministro de Justicia, García Oliver, se pudo continuar con los fusilamientos ¿Hasta que punto tenían conocimiento el presidente del Gobierno y el de la República, Manuel Azaña, de la terrible matanza?

Azaña y los ministros
El historiador Paul Preston da por hecho que se conocía. Se ciñe a la versión del ministro nacionalista vasco sin cartera, Manuel de Irujo, quién a través de uno de sus informadores en la capital, Jesús Galíndez supo lo que estaba ocurriendo y mantuvo correspondencia con el mismo Manuel Azaña para intereresarse por los acontecimientos de Madrid: "El día 11 de noviembre, Irujo y José Giral, que era también ministro sin cartera, exigieron explicaciones al ministro de la Gobernación, Ángel Galarza. La vaguedad de su respuesta demostraba a las claras que estaba al corriente de la evacuación de los presos, si bien atribuía las muertes a la furia de las familias de las víctimas de los bombardeos aéreos..." -Paul Preston, 'El Holocausto español' (Debate)-.

Ángel Galarza era seguidor de Largo Caballero dentro del PSOE y un cargo de confianza en su gobierno como ministro de la Gobernación, lo que hace improbable que, a su vez, el presidente no tuviera conocimiento de las "evacuaciones" ya que al menos cuatro ministros: José Giral, Manuel Irujo, Ángel Galarza y por supuesto, Juan García Oliver lo habrían sabido, además del presidente de la República...

El propio gobierno de Largo Caballero fue el que detuvo definitivamente los fusilamientos cuando ya habían muerto alrededor de 2.500

No obstante, Preston evita citar su nombre y su biógrafo Julio Aróstegui lo zanja explicando que "nunca se refirió a tales asuntos en sus escritos ni discursos [las órdenes de la matanza siempre se dieron "cubriendo responsabilidad" es decir, sin dejar nada escrito] a los que fue totalmente ajeno", aunque en el mismo párrafo aluda a que se deconoce su grado de conocimiento -Julio Aróstegui, 'Largo Caballero, el tesón y la quimera'-. A partir de diciembre, la presión de los diplomáticos se incrementó, al tiempo que la amenaza sobre la capital por parte de las tropas de Franco se había disipado haciendo más inútil aún la tesis que impulsó la matanza, que consistía en evitar que la Quinta columna se uniera a las tropas de Franco.

Finalmente, el propio Galarza, con la aprobación de Largo Caballero, restituyó a Melchor Rodríguez en su puesto de Inspector General de Prisiones cuya orden esta vez sí firmó el ministro García Oliver y las sacas se pararon definitivamente. Julius Ruiz interpreta claramente la responsabilidad de Largo Caballero debido a estos hechos: "El principal interrogante no es si el Gobierno republicano supo de lo que estaba aconteciendo en Paracuellos desde un principio, sino por qué tardó tanto Largo Caballero en poner fin a aquella operación".

LANZADO POR LA ADVC
El llamamiento mundial en defensa de la Cruz del Valle de los Caídos
Redacción rebelionenlagranja.com 30 Septiembre 2020

Hace pocas semanas el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez presentó la nueva Ley de Memoria Histórica, que expulsará a la orden benedictina y ‘resignificará’ el Valle de los Caídos como cementerio civil, y conllevará la “reflexión” sobre la Cruz que preside el complejo, la más grande de la Cristiandad.

La Asociación en Defensa del Valle de los Caídos ha hecho un llamamiento a los cristianos del mundo para dar a conocer esta afrenta.

El llamamiento íntegro:

Llamamiento en defensa de la Cruz monumental del Valle de los Caídos como símbolo de los fundamentos de nuestra civilización

A todos los cristianos del mundo y a todas las personas de buena voluntad:

La historia de la Cristiandad es una historia de persecuciones, desde la de Diocleciano hasta la que están padeciendo hoy nuestros hermanos en la Fe en muchos de los países de mayoría musulmana, pasando por la Revolución Francesa, los ‘cristeros’ de Méjico o -durante el pasado s. XX- la persecución a los cristianos en los países comunistas.

España, “Tierra de María” como dijo S. Juan Pablo II, ha sido cristiana desde que el apóstol Santiago llegó a la península en el s. 1º d.C., ha sido siempre punta de lanza en la defensa de la Cristiandad, frente al imperio musulmán durante ocho siglos, frente al turco a continuación y frente a las numerosas herejías en la Europa medieval y moderna después y, además, fue la gran evangelizadora del Orbe, desde Filipinas hasta la Tierra de Fuego. España, semillero de Mártires y de Santos, no se puede entender sin la Fe en Cristo, al igual que Europa. Y en España, no hace ni un siglo de ello, entre 1934 y 1939, los cristianos padecimos una de las mayores y más cruentas persecuciones de la historia a manos de una tenebrosa coalición de socialistas, comunistas y anarquistas que se llamó el “Frente Popular”, con más de 8.000 religiosos y varios miles de seglares brutalmente asesinados, muertos solo y exclusivamente por su Fe, aparte de sufrir el saqueo y la destrucción de una buena parte de los lugares de culto y establecimientos religiosos de todo tipo, lo que abrió una herida que el pueblo español tardó mucho tiempo en curar pero que, en un admirable ejercicio de generosidad y reconciliación, se consiguió cerrar hace ya décadas.

Como emblema de esa reconciliación, y como homenaje a todas las víctimas, de cualquier bando, que sufrieron las consecuencias -en muchos casos entregando la vida- de esos dramáticos sucesos, en 1958 se terminó de construir en las cercanías de Madrid un impresionante conjunto monumental, el Valle de los Caídos, “símbolo de la unidad y hermandad entre todos los españoles”, donde se dio cristiana sepultura a más de 30.000 fallecidos en la Guerra Civil, vencedores y vencidos, y que incluye una basílica pontificia, una ejemplar abadía benedictina, un importante centro de estudios de la doctrina social de la Iglesia y la CRUZ MÁS GRANDE DE LA CRISTIANDAD.

El Valle de los Caídos, desde su inauguración, no es más que un inmenso cementerio, un impresionante templo católico y, sobre todo, un lugar de memoria, de reconciliación y de recordatorio de lo que nunca debe volver a ocurrir.

Desde aquí damos a conocer al mundo del orbe cristiano que:

El Gobierno socialista/comunista/ secesionista de España ha presentado ante el Parlamento un proyecto de ley que pretende resignificar el conjunto del Valle de los Caídos, desnaturalizar la razón de su existencia, la expulsión de la comunidad benedictina, y en su caso, en última instancia, la demolición de la Cruz, tal y como los socios comunistas del Sr. Sánchez le llevan exigiendo desde hace tiempo; de hecho la Vicepresidenta del Gobierno, Sra Calvo, en recientes declaraciones a los medios no ha negado que será objeto de “reflexión” esta medida.

Ante la impotencia que los cristianos españoles sentimos en estos momentos hacemos un LLAMAMIENTO, a todos nuestros hermanos en Cristo, cualquiera sea su nacionalidad, a lo largo de todo el mundo, para que nos ayuden con sus oraciones y todas las acciones mediáticas que sean necesarias para evitar que tamaño sacrilegio se produzca.

Un LLAMAMIENTO que hacemos desde el compromiso con la verdad que nos hará libres, desde el compromiso con la justicia, como forma superior del conocimiento humano, desde el compromiso con la historia y desde el compromiso con la cultura ya que solo desde la ignorancia o el odio se puede despreciar esta como legado de todas y cada una de las generaciones que nos precedieron. Su falta de respeto, borrado o alteración, propio de los bárbaros, denota la suprema osadía del pensamiento adoctrinador marxista.

Somos cristianos y hombres/mujeres de fe, humildad y caridad, no admitamos que destruyan nuestra civilización milenaria, cuna de la dignidad y el progreso humano. ¡MOVILICÉMONOS! Y que cada uno llame al indiferente y todos imploremos de Dios su auxilio. Amanecerá y Dios espera que hayamos cumplido con su mandato y nuestro deber.

La demolición de la monumental Cruz del Valle de los Caídos no es solo un bárbaro atentado contra un bien cultural de primer orden, es un atentado contra los fundamentos sobre los que se ha construido Europa y un paso atrás de varias décadas en la defensa de la libertad.

LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS HACE UN LLAMAMIENTO Y PETICIÓN DE APOYO A NUESTROS HERMANOS EN LA FE PARA EVITAR LA DEMOLICIÓN DE LA CRUZ.

Aquellas personas y/o instituciones que se quieran adherir a este llamamiento, pueden hacerlo manifestando su intención a info@elvalledeloscaidos.es.
Los que quieran hacerlo de modo particular deberán escribirnos haciendo constar su nombre, profesión, provincia, país y numero de DNI, este último dato no será publicado.

La carta de Abascal, Casado, Pastrana y Uribe que saca los colores a Borrell por Venezuela
Redacción rebelionenlagranja.com 30 Septiembre 2020

Dirigentes del PP, VOX y Ciudadanos se han sumado a dirigentes iberoamericanos para pedirle por carta al Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, que paralice el envío de una misión diplomática a Venezuela para explorar la posibilidad de facilitar un diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, insinuando que actúa también por interés del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los firmantes de la misiva -más de 200- temen las “incongruencias y nefastas consecuencias” de la citada misión, que tendría como objetivo acercar a las partes para poder convocar elecciones democráticas en una fecha posterior al 6 de diciembre. Sostienen que Bruselas ha dado este paso “en conjunción” con el Gobierno de Sánchez, que sí ha defendido el paso dado por Borrell.

“El Alto Representante intenta minar el consenso internacional sobre la necesidad de establecer un gobierno de transición en Venezuela para re-institucionalizar el país, gestionar la crisis humanitaria y poder entonces convocar a elecciones presidenciales verdaderamente libres y soberanas”, han advertido personalidades como el presidente del PP, Pablo Casado, el presidente de VOX, Santiago Abascal, o la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

En este sentido, han calificado de “aberrante” que se pueda hablar de unas “condiciones mínimas” para celebrar elecciones “en un país devastado, invadido, sin soberanía nacional y sin Estado de Derecho”. Asimismo, consideran que de alguna forma los crímenes de lesa Humanidad denunciados por un informe de la ONU “quedarían solventados si se consiguen seis meses de prórroga de una farsa electoral”.

“Es inaceptable mendigar ‘condiciones mínimas’ a un régimen probadamente criminal”, han añadido, subrayando que la única negociación posible pasa por lograr “la salida del régimen”. Entienden que a esto se llegaría “solo y exclusivamente” a través de “una gran presión nacional e internacional”.

Por ello, han instado a la UE, en general, y a Borrell, en particular, “a desmarcarse de las posiciones y los intereses del actual Gobierno español, cuyos miembros han sido y son aliados ideológicos del régimen criminal”.

Entre los firmantes de la carta figuran también representantes de la oposición venezolana como Antonio Ledezma y María Corina Machado, así como expresidentes latinoamericanos como el salvadoreño Alfredo Cristiani, el mexicano Vicente Fox, el ecuatoriano Osvaldo Hurtado, los colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, el boliviano Jorge Tuto Quiroga, el costarricense Miguel Ángel Rodríguez y el paraguayo Juan Carlos Wasmos.

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Pedro Sánchez e Iván Redondo: dar cera, pulir cera
Nacho Cardero elconfidencial 30 Septiembre 2020

Los analistas políticos gustan de tirar de series de televisión para explicar lo que ocurre en España. Recurren a ‘El ala oeste de la Casa Blanca’ para describir el atrezo de la reunión de Sol entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, y se refieren a Iván Redondo como el Maquiavelo o Rasputín de Moncloa.

Nada más lejos de la realidad. Con quien Redondo guarda más parecido es con el señor Miyagi, y la serie que mejor se amolda al contexto actual es 'Cobra Kai', secuela de 'Karate Kid', con un presidente del Gobierno que se ha puesto a dar patadas a instituciones y rivales políticos como jamás antes se había visto. La última, en el trasero de Felipe VI.

A Sánchez no le gusta gobernar. Lo que le apasiona es el poder, y lo ejerce con puño de hierro y guante de seda. Tan es así que no se le puede negar la eficacia de la estrategia en una sociedad que, más que líquida, se muestra vaporosa y que no solo permite actuaciones al presidente que, en condiciones normales, no se le permitirían, sino que además recibe premio por ello. Aguantará hasta el final de legislatura y, probablemente, tendrá cuatro años más de mandato.

Monarquía en el punto de mira: tal y como informa José Antonio Zarzalejos, la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos a la promoción de jueces de 2020, en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona, no ha sido por decisión del Rey sino que se debe a un veto del presidente del Gobierno. El gesto pone negro sobre blanco algo que, no por conocido, deja de ser menos grave: la falta de respeto a las instituciones —a la Corona en particular— y el hecho de que la acción de gobierno obedezca a intereses espurios más que a los generales.

La lluvia fina de Podemos en pos de la Tercera República ha ido permeando el magín del presidente del Gobierno hasta detalles como el de la entrega de despachos en Barcelona, que dista mucho de resultar insignificante. Destacadas figuras del PSOE advierten ‘sotto voce’ de la deriva de la formación. Lo hacen en vano. Hace tiempo que el PSOE pasó por el taxidermista para que lo vaciaran por completo.

Indulto a cambio de Presupuestos: el 31 de octubre de 2019, el presidente del Gobierno aseguraba en una entrevista con Carlos Alsina que los indultos no estaban encima de la mesa. Este miércoles, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciaba que ya estaban en marcha, “que empezarán a tramitarse la semana que viene”, coincidiendo con el inicio de las negociaciones para los Presupuestos. Se trata de un guiño a las fuerzas independentistas ERC y JxCAT para lograr su apoyo y un muy mal gesto para con Ciudadanos.

Lo de Sánchez con Arrimadas es una patada en la cara al estilo grulla. Desde que el uno y la otra firmaran una tregua para negociar los PGE, la líder de Ciudadanos no ha parado de recibir golpes y desplantes del Gobierno, ora con Bildu, ora con ERC y JxCAT, dejándola en una muy complicada tesitura de cara a sus votantes.

Una llave similar a la que ha hecho a Pablo Casado, alimentando la bicha de la Kitchen e inventándose la Ley de Memoria Democrática para dopar a Vox. El aplanamiento, e incluso caída, de la curva del PP y la subida de los de Abascal supone un éxito de Redondo.

La debilidad de las empresas del Ibex: las grandes empresas españolas cotizan en mínimos. Algunas están por debajo del valor en libros. Pero no en los libros de contabilidad, sino en los de la Cuesta Moyano. Telefónica se encuentra por debajo de los tres euros; Santander frisa los 1,5 euros; IAG apenas aguanta el euro. Un mercado a precio de saldo. Moncloa no es ajena a esta debilidad y se vale de ella para ampliar su capacidad de influencia.

Se erige en salvaguarda de accionistas, empresarios y ejecutivos a cambio de protección. Amén de los créditos ICO, que han servido de salvavidas para muchas de ellas, llegarán en breve 140.000 millones de la Unión Europea que se regirán más por el criterio de discrecionalidad que por el de condicionalidad, por muchos controles que quieran levantar en Bruselas.

La implosión del Ministerio Fiscal: Luis Navajas Ramos solicitó el archivo de las primeras 20 querellas interpuestas contra los miembros del Gobierno por la gestión de la crisis del covid-19. El teniente fiscal del TS fue criticado en el fondo, por no apoyar la investigación judicial en, al menos, dos asuntos tan sensibles como la falta de material de protección para los médicos y las residencias, y en la forma, pues no solo eximía de responsabilidades al Gobierno sino que lo terminaba alabando. Dijo, literal, que su gestión era “idónea”.

Pues bien, lejos de censurar esta actitud, lo que hará la Fiscalía General del Estado, que dirige Dolores Delgado, en una estrategia finamente urdida para implosionar y controlar la institución, será investigar las denuncias del propio Navajas, quien aseguró que compañeros como la ex fiscal general Consuelo Madrigal trataron de influirle para que no se opusiera a las querellas contra el Ejecutivo.

A la Moncloa le están saliendo bien los experimentos de laboratorio, pero de tanto dar patadas, se le van a terminar rompiendo los tubos de ensayo.

Torra y sus 'vacaciones' a cargo del contribuyente
EDITORIAL Libertad Digital 30 Septiembre 2020

¿Qué burla es esta según la cual un condenado a inhabilitación para cargo público puede seguir teniendo oficina, empleados y sueldo públicos?

Las declaraciones hechas por Quim Torra tras ratificar el Tribunal Supremo su condena a dos años de inhabilitación especial por un delito de desobediencia, y en las que el expresidente de la Generalidad decía ser víctima de la “represión del Estado español”, calificaba de “presos políticos” a los golpistas encarcelados e incitaba a los catalanes a convertir las próximas elecciones regionales en “un nuevo plebiscito y un nuevo mandato que confirme” lo que habría salido del ilegal referéndum secesionista del 1-O, podrían ser constitutivas de un delito de apología o de odio. Sea como fuere, lo que parece evidente es que, evacuadas tras ordenar que se desplegara a las puertas del Palacio de la Generalidad una pancarta con el lema “Llibertat presos politics y exiliats”, son, al margen de su consideración jurídica, tanto o más graves, desde un punto político, que las pancartas y lazos amarillos que originaron el delito de desobediencia por el que Torra ha sido condenado.

No menos bochornoso es el silencio del Gobierno de la nación ante el largo relato institucional en que el sucesor de Artur Mas y Carles Puigdemont al frente del golpe de Estado iniciado en Cataluña en 2012 ha acusado a los tribunales de perpetrar un delito de prevaricación y negado el carácter democrático de la Monarquía parlamentaria. Aun así, el colmo del esperpento se lo lleva la propia condena de inhabilitación especial dictada contra Torra... a pesar de la cual el golpista tendrá un sueldo de unos 120.000 euros durante los próximos cuatro ejercicios y una pensión vitalicia de 92.000 cuando cumpla los 65. Además, tendrá derecho a una oficina de expresidente de la Generalidad, también sufragada por el Erario, con tres personas a su servicio; una dotación presupuestaria para gastos de representación, un coche oficial con chófer y escolta de los Mossos d'Esquadra.

Es cierto, aunque resulte lamentable, que el Estatuto de los ex presidentes de la Generalidad, aprobado en 2003, para “garantizar que puedan atender sus necesidades personales e institucionales con la dignidad y el decoro que corresponden a las funciones ejercidas”, otorga tales prebendas; pero eso en modo alguno significa o debería significar que se pueda incluir en esa categoría a los presidentes que dejan de serlo forzados por una condena judicial. ¿Qué burla al Estado de Derecho es esta según la cual un condenado a inhabilitación para cargo público puede seguir teniendo un sueldo, una oficina y unos empleados con cargo al contribuyente? Ciertamente, y si no fuera porque Torra, tras su inhabilitación, sigue trabajando ardorosamente en aras del proceso secesionista –este mismo lunes visitó a los golpistas en prisión–, se podría decir que, más que a una pena de inhabilitación para cargo publico, al sucesor de Puigdemont se le han otorgado unas vacaciones pagadas con un sueldo que sigue superando al que cobra el presidente del Gobierno.

Teniendo presente que este mismo miércoles el Parlamento regional catalán celebrará nada menos que un homenaje institucional a este condenado por delito de desobediencia, parece evidente que el desafío secesionista en Cataluña no sólo debe ser afrontado desde un punto de vista penal e individualizado y desde un punto de vista político, como el que señala el artículo 155 de la Constitución. Y es que si los secesionistas se empecinan en utilizar las instituciones y el dinero público en pro de su ilegal proceso de ruptura, debería resultar evidente la necesidad de intervenir dicha Administración autonómica.

Claro que nada de esto cabe esperar de un presidente como Pedro Sánchez, quien, más que combatir política y judicialmente a los separatistas, pretende su complicidad para no tener que abandonar la poltrona.
 


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