AGLI Recortes de Prensa   Viernes 2  Octubre  2020

El Gobierno, contra Madrid... y contra la legalidad
EDITORIAL Libertad Digital 2 Octubre 2020

Tras meses de desentenderse completamente de la evolución de la epidemia, el Gobierno mostró hace unos días un súbito interés por la situación en la Comunidad de Madrid. Un interés que, como todo lo que hace el Ejecutivo que comanda Pedro Sánchez siguiendo los dictados propagandísticos de Iván Redondo, tuvo que expresarse de forma grandilocuente en reuniones cargadas de palabras altisonantes, simbología y banderas.

Pero muy pronto se vio que lo que Sánchez busca en Madrid no es luchar contra la epidemia y ayudar a la Administración regional sino, más bien al contrario, atacar a Isabel Díaz Ayuso hasta arrebatarle el poder.

De no ser así, el presidente del Gobierno tendría dos posibles vías de acción muy claras: podría estar de acuerdo con la Comunidad de Madrid y considerar que, si bien los datos de la epidemia en la región son obviamente muy preocupantes, aún están dentro de parámetros controlables –como parecen indicar los datos– y, por tanto, lo pertinente son las medidas más localizadas y detalladas que está desplegando la propia CAM. A partir de ahí, el Ejecutivo tendría mucho que ofrecer a Madrid y a los madrileños, y sin duda sería muy capaz de hacer una contribución valiosísima en la lucha contra el coronavirus.

O bien podría considerar, incluso aunque un análisis detallado de los datos no lleve a esa conclusión, que la epidemia está completamente descontrolada en Madrid y que el Gobierno regional no hace lo suficiente por atajarla. En ese caso lo que debería hacer es declarar el estado de alarma, tomar el control y poner en marcha las medidas restrictivas que considere pertinentes.

Pero lo que hacen Sánchez y sus secuaces no es una cosa ni la otra, ni colaboran ni asumen la responsabilidad: se limitan a mantener una confrontación política para desgastar al que ven como un enemigo, porque este Gobierno sólo entiende el poder como un ejercicio cainita para acabar con aquellos que se le oponen.

Por si esto no fuese lo suficientemente grave, para seguir con su campaña contra Madrid el Ejecutivo no se frena ni ante las leyes: retuerce el funcionamiento de los órganos e instituciones e incluso publica textos en el BOE de más que dudosa legalidad y hedor a prevaricación.

Es una prueba más de la falta de respeto por la democracia de un Gobierno que cree que su posición le da derecho a todo, a pasar por encima de quien sea y, muy especialmente, de las leyes.

Sólo cabe esperar que la Comunidad de Madrid no dude un segundo en defenderse en los tribunales y, por supuesto, que los jueces no caigan en la tentación de un apaño legal que tape las miserias de Sánchez, Illa y los suyos a costa del Estado de Derecho, de los ciudadanos de Madrid y de una economía sin cuyo empuje es imposible pensar siquiera en una recuperación en España.

Inda: «Ayuso, resiste, que Sánchez nos arruina»
OKDIARIO 2 Octubre 2020

Los 6,5 millones de madrileños se han dado cuenta de que lo que quiere Pedro Sánchez es «estrangular a Madrid». Once días después de la reunión del presidente del Gobierno con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, queda meridianamente claro cuál era el objetivo del personaje al acudir a la Puerta del Sol.

El director de OKDIARIO destaca que, cuando se produjo aquella reunión, la mayoría de los medios, los «corifeos» de Sánchez, aseguraron que el presidente acudía «para ayudar a Madrid». Nada más lejos de la realidad: sólo pretendía hacerse la foto «para luego pegarle la puñalada a Isabel Díaz Ayuso».

Sánchez y los suyos no perdonan que el PP gobierne en Madrid y trata de arrebatárselo a cualquier precio. Para ello no ha dudado en culpar a Ayuso de la pandemia hasta el extremo, pero «las mentiras tienen las patas muy cortas» y los madrileños no han caído en la trampa.

Eduardo Inda lo ha comprobado personalmente mientras se dirigía a entrevistar a la presidenta madrileña. Los madrileños con los que se cruza en un breve periplo por las calles de la capital le piden a Ayuso que no se rinda y por eso le dicen que resista «porque, si no, Sánchez nos va a arruinar».

«Y ésa es la única realidad», insiste Inda, porque ya se han perdido 200.000 puestos de trabajo en la Comunidad y con el confinamiento que exige Sánchez esa cifra puede aumentar exponencialmente.

Sacad vuestras zarpas de Madrid
Miquel Giménez. vozpopuli 2 Octubre 2020

Y del resto de España, del Gobierno, de las instituciones. De la democracia, en suma

No conocen ni a su padre cuando se trata de mantenerse en un poder que, si bien les corresponde democráticamente, no merecen por su calidad humana y política. La alianza de dos ególatras sumada a la envidia podrida de los nacionalismos, han hecho de este país un lodazal. No hay rincón en el que las zarpas de ese golem pestífero pergeñado por Soros no teman hurgar. Para ello mienten, se muestran arrogantes en su cósmica ignorancia, intimidan a los débiles, adulan a los poderosos, rebajan la condición de representante público a de los caimanes del Bayou de Florida y se muestran, en fin, como los monstruos que hemos engendrado cuando decidimos que la razón debía soñarse porque lo moderno eran los políticos de tertulia y Twitter.

Ahora pondera Sánchez, máximo responsable de esta ordalía, cambiar la ley para mangonear al poder judicial. Llevan días escupiendo el repugnante lapo de que se requieren jueces progresistas, cuando lo que se exige por parte de la ciudadanía son jueces justos; esconden las demandas de la fiscalía de Bolivia acerca de Iglesias, que empieza a sonar demasiado como presunto agente de las narco dictaduras, omitiendo la noticia en todos los medios convertidos en cortesanas de baja estofa, las que por medio doblón estaban dispuestas a dejarse defecar encima; reclaman una memoria histórica hecha a su medida, tildan de fascista a todo aquel que no comparta su delirio, y, ahora, decretan lo que no han conseguido por acuerdo. Madrid se cierra. Madrid se anula. Madrid no tiene ni voz ni voto. Por cojones.

¿Esta es la cogobernanza? ¿No dijeron que para confinar era preciso el estado de alarma? ¿Se puede hacer con un decreto, así de simple? ¿No se les cae la cara de vergüenza a Illa y a Aguado? ¿Esta es la influencia de la gestoría naranja, que iba a centrar al PSOE? Embusteros, comensales de una mesa repleta de vituallas que no deseen abandonar, aunque quienes las pagan sean quienes no las catan.

Y quienes deberían pararle los pies a la horda de licántropos que van a devorarlos, ¿qué hacen? ¿Pintarse las uñas, tocar la lira, leer a Chesterton? Ojalá fuera lo último, porque, aunque de poco valor en la política diaria, al menos sería útil para sus almas pasadas de hervido, insulsas, tan atractivas como una acelga, tan firmes como una gelatina, tan imaginativas como una bombilla fundida.

Digo al gobierno que saque sus zarpas de Madrid, pero ¿quién soy yo, pobre de mí, sino un ciudadano que ve cómo se hunde la nave del estado sin que nadie mueva un músculo en el puente de mando? Son los que tienen la representación de la soberanía popular quienes deberían pararles los pies pero, ya lo ven, Casado espera que Ayuso caiga en primera línea y Arrimadas también espera lo propio para pactar un gobierno con Gabilondo que, dentro de lo que cabe, no es de lo peorcito del PSOE. Ah, y para ser ministra o vicepresidenta, cuando Su Persona decida que Iglesias está amortizado y que de Europa no llegará un euro mientras siga asociado con el bolivarismo. Sé que muchos dirán que queda Vox pero no estoy de acuerdo con muchos de sus postulados, aunque hoy por hoy, son los únicos que carecen del menor complejo a la hora de llamar a este gobierno por su nombre.

¿Quién, insisto, evitará que acabemos sepultados bajo la losa totalitaria? ¿Europa? No moverían ni un dedo si mañana nos invadiese Marruecos, como el gobierno de Sánchez no ha movido ni un radar cuando cazas marroquíes han violado nuestro espacio aéreo en las últimas semanas o Rabat aprovechó el confinamiento para ampliar sus aguas jurisdiccionales de manera unilateral. Imagínense en otros terrenos. Nada. A España solo la salvarán los españoles, a Madrid solo lo salvarán los madrileños y a Cataluña ni siquiera pueden salvarla los catalanes. Sucede cuando dejas que se pudra el edificio bajo el que te cobijas. Ojalá el resto de españoles aprendan la dura lección de mi tierra y sepan reaccionar pacífica y democráticamente. De no hacerlo, el mejor día verán como el techo se desploma sobre sus cabezas.

No digan entonces, como dicen en mi tierra con el separatismo, que no se podía saber. Por eso, como siempre, Madrid debe resistir.

Ahora, el Consejo
Emilio Campmany Libertad Digital 2 Octubre 2020

La idea de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que ya no sea necesario el voto de tres quintos de las cámaras para elegir a los doce jueces vocales del Consejo General del Poder Judicial se parece mucho a un golpe de Estado. La Constitución sólo exige esa mayoría cualificada para elegir a los ocho juristas de reconocido prestigio porque parte de la idea de que los doce restantes serían elegidos por los jueces entre ellos mismos. Y así lo recogió la ley de 1980. Es verdad que en la última redacción del artículo 122 de la Constitución se olvidó emplear la preposición por y eso permitió al Tribunal Constitucional dar por buena la reforma de 1985 del PSOE, que atribuyó la elección de esos doce vocales también a las mismas cámaras con las mismas mayorías. Esto ya fue un golpe del Legislativo contra el Judicial que, sin embargo, no ha impedido una reacción relativamente gallarda contra el intento de golpe de Estado en Cataluña. Este atrevimiento irritó al PSOE y a Podemos.

El actual sistema ha demostrado no ser suficientemente sumiso si se consideran los propósitos del actual Gobierno. Así lo ha terminado de revelar la negativa a colaborar con la estrategia de bloqueo de Sánchez de siete de los nueve vocales progresistas actuales. En efecto, Sánchez pretendía paralizar la institución para forzar al PP a aceptar la renovación. En cambio, esos siete se han negado y han participado, en contra de las órdenes recibidas, en los últimos nombramientos para el Tribunal Supremo.

El Gobierno necesita dominar el Poder Judicial y para eso ya no basta colocar vocales progresistas que sean aceptables para el PP. Aun si los populares dieran su visto bueno, podrían, a pesar de su progresismo, no ser suficientemente obedientes. PSOE y Podemos necesitan, aparte de los vocales comunistas y separatistas que designen y que el PP se niega a avalar, otros que sean de sectarismo garantizado para poder cometer en el futuro las tropelías que se proponen. Da una idea de la clase de candidatos en los que están pensando la persona en su día elegida para ocupar la Fiscalía General del Estado, que no es Delgado, sino Garzón. Por eso, la supresión de la mayoría de tres quintos y su sustitución por una mayoría simple la quiere el Gobierno no sólo para renovar el Consejo, sino para poder nombrar a impresentables que el PP jamás consideraría aceptables. Se está intentando, pues, una especie de mini golpe de Estado para poder perpetrar impunemente otros. Y prácticamente lo reconocen a las claras.

A Illa le falta ciencia y le sobra sectarismo
Estamos ante un caso claro de arbitrariedad que tendrán que corregir los tribunales
Editorial larazon 2 Octubre 2020

Nadie en su sano juicio, mucho menos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, minusvalora la incidencia de la infección de coronavirus en la región ni se opone a tomar las medidas de contingencia que sean necesarias por más que, como demostró la izquierda, éstas se presten a la explotación política por parte de los populismos. Pero, sin duda, cualquier decisión de esta índole tiene consecuencias graves para la vida cotidiana de los ciudadanos y para el normal desarrollo de la economía, en este caso, no sólo la local. De ahí que se espere de nuestras autoridades, al menos, a la hora de resolver en una materia tan delicada, ponderación, conocimiento y evaluación científica de los procedimientos a adoptar.

Nuestra legislación, aunque perfectible, tiene en cuenta estas premisas y por ello exige el consenso general, es decir, no simplemente mayoritario, de los actores implicados, las consejerías autonómicas de Sanidad, que tienen transferidas las competencias, desde la presunción del consejo previo, para el asunto que nos ocupa, de los expertos en alertas sanitarias y Salud Pública. Pues bien, como hoy publica LA RAZÓN, estos profesionales se han negado a evaluar siquiera las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad, por entender que no se han seguido los procedimientos adecuados ni se ha elaborado la correspondiente ponencia previa. No es una cuestión menor porque abunda en la denuncia de que el ministro del ramo, Salvador Illa, cuya idoneidad para enfrentar la mayor emergencia sanitaria en cien años parece manifiestamente mejorable, viene actuando con la Comunidad de Madrid con un objetivo más político que sanitario. Que desde el PSOE y sus aliados de la extrema izquierda se haya tratado de vincular la situación epidemiológica madrileña con una hipotética moción de censura contra Díaz Ayuso sólo refrenda lo que decimos.

Nos encontramos, pues, ante un claro caso de arbitrariedad gubernamental, que tendrá que ser corregida por los tribunales, en el que los criterios se ajustan según convenga. Así, no importa que la Comunidad de Madrid registre un índice infectivo menor que Cataluña o que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que, por cierto, son las únicas zonas sanitarias donde Illa tiene la competencia, o que los mayores expertos en virología y epidemiología hayan puesto en duda, a través de una revista científica de prestigio mundial, la eficacia de las políticas del Ministerio ni que se empleen parametros disímiles para evaluar las capacidades de atención hospitalaria. Cuenta más el objetivo político, ciertamente sectario, que actuar contra la pandemia desde la racionalidad y el consejo de la ciencia.

Estropicio capital
El conflicto de Madrid, con su caos de seguridad jurídica, es una obra maestra de incompetencia autodestructiva
Ignacio Camacho ABC 2 Octubre 2020

Una sociedad o un país pueden hacerse daño a sí mismos de muchas maneras, voluntarias o no, pero el debate sobre el confinamiento de Madrid es una obra maestra de incompetencia autodestructiva en la resolución (?) de problemas. No sólo no hay entre los protagonistas de ese estúpido pulso de poder nadie que parezca haberse dado cuenta del coste sanitario, económico y reputacional que su siniestro juego tiene para la nación entera, sino que los dirigentes de ambos bandos están encantados de su estrategia. Sánchez porque ha decidido usar el Covid como ariete con el que derribar -él diría «derrocar»- a la presidenta del bastión simbólico de la derecha; Ayuso porque piensa, no se sabe si con el respaldo de Casado, que la oposición a esa ofensiva sectaria puede convertirla en la heroína de la resistencia. Y mientras todos ellos y sus respectivos hooligans se enredan en una confrontación tan irresponsable como majadera, los madrileños se sienten rehenes en medio de una emergencia, el corazón logístico y productivo de España se bloquea y una crisis perfectamente evitable proyecta en el exterior la imagen de un Estado incapaz de hacer frente a la pandemia, atrapado en una incomprensible disputa de competencias y desprovisto de la seguridad jurídica mínima para garantizar los derechos de personas y empresas. Todo eso en medio de una hecatombe social de desempleo y pobreza, de un recurrente conflicto de independencia y de un ataque a la Corona desde el propio Ejecutivo de izquierdas: el estereotipo del fracaso institucional con que nos etiqueta la opinión pública europea.

En el plano doméstico, el desafío entre la comunidad y el Gobierno provoca en el modelo autonómico un desbarajuste funcional que en la práctica lo revienta por dentro. Los intereses tácticos del sanchismo colman de privilegios a los nacionalistas y aprietan las tuercas al resto. Las cuadernas del sistema crujen porque el modelo de descentralización plantea dificultades y contradicciones que sólo es posible abordar desde la lealtad mutua y el consenso, virtudes políticas desdeñadas en una suicida deriva de enfrentamiento. El presidente naufragó al utilizar el estado de alarma como resorte de poder autoritario y ahora convierte su promesa de «cogobernanza» en mero papel mojado. Primero trató de exaltar su hiperliderazgo y luego de mutualizar las culpas del contagio. El resultado es que se ha cargado en siete meses un paradigma de actuación y su contrario; ahora ni siquiera da la cara y manda a subalternos a afrontar el caos que devora la capital del Estado. El estropicio es monumental: hay casi cinco de millones de ciudadanos en vilo, con su salud, su actividad cotidiana y su trabajo amenazados; el poder tropieza con los muebles constitucionales y la oposición cambia de criterio a bandazos. El virus desaparecerá algún día pero a ver quién levanta entonces este marasmo.

El peligro de disparar la deuda sin garantías
Editorial El mundo 2 Octubre 2020

El mismo día que tenía que presentar el borrador presupuestario y el techo de gasto, el Gobierno ha suspendido por sorpresa las reglas fiscales durante este año y el próximo para todas las administraciones, acogiéndose así a la cláusula de salvaguarda de la Comisión Europea. El movimiento, anunciado ayer por la ministra Montero, es una pirueta de última hora muy propia del funambulista que trata de hacer de la necesidad virtud, sin que en ningún momento ofrezca la sensación de estabilidad que el país necesita.

La decisión, aunque hecha pública por sorpresa, no responde al azar. Al eliminar los objetivos de estabilidad, el Ejecutivo intenta allanarse el camino hacia la consecución de un acuerdo para los Presupuestos, pues ya no tendrá que someter a votación en el Parlamento la senda de déficit. Con esta maniobra se salta un paso que podría resultar muy difícil de salvar para el Gobierno. Al mismo tiempo, Montero presenta esta medida como una salvación para ayuntamientos y comunidades en tiempos de crisis al suspender las obligaciones contraídas con el superávit y abrirles el grifo de gasto. En realidad, lo que hace la ministra es enmendarse a sí misma: aún está reciente el fracaso histórico de la votación sobre el remanente. Y lo hace de una manera muy peligrosa: sin poner control alguno sobre las administraciones más allá de una llamada a la responsabilidad.

El virus político
La pelea del Gobierno con Madrid, execrable con lo que tenemos encima
Luis Ventoso ABC  2 Octubre 2020

Aunque autocitarse resulta petulante, pido venia. El lunes 21 de septiembre, Sánchez se reunió con Ayuso, llamando solemnemente a aparcar partidismos y brindando todo su apoyo a Madrid. Al día siguiente, titulé un artículo: «¿Compraría un coche usado a Sánchez?». Mi vaticinio era que «tras dos años de sanchismo fiarse de su palabra supone un canto a la ilusión más naif». Y así ha sido. Hoy sabemos que Sánchez vendió mercancía averiada a Ayuso. Solo cuatro días después de ofrecerle su leal colaboración, lanzaba a Illa a una agresiva rueda de prensa exprés para contraprogramar otra de la Comunidad. Al tiempo, el PSOE instigaba una manifestación contra Ayuso. Y por supuesto, los medios afines al Gobierno intensificaban su tesonera campaña contra Madrid, que jamás existió cuando el virus zarandeaba con crudeza Aragón, el País Vasco o el cinturón de Barcelona. Madrid es la cortina de humo para tapar la calamitosa gestión del Gobierno ante la primera ola y su aberrante inhibición en la segunda. Como ha señalado el científico Mariano Barbacid, no haber visto venir el problema en febrero puede resultar disculpable, «pero la segunda ola no tiene justificación posible». Sánchez pasó de enjaularnos a animarnos a «disfrutar de la nueva normalidad», porque «hemos derrotado al virus». Después traspasó el reto a las comunidades y se largó de veraneo.

La situación de Madrid es complicada. No puede escamotearse que el 43,6% de los nuevos casos en España ocurren en la comunidad. Pero en lugar de abordar la crisis con criterios técnicos y una inversión económica de choque en test y rastreos, todo ha degenerado en una refriega política para salir bien en la foto. A poco que se aplique el sentido común, el debate se torna absurdo. El Gobierno prohíbe que los vecinos de Madrid capital y otros ocho municipios madrileños salgan de sus poblaciones. Pero solo dentro de la metrópoli viven 3,3 millones de personas. Aun habiendo caído el uso del transporte público, casi 30 millones de madrileños utilizan el metro cada mes y otros 20 millones, el autobús. La mascarilla ayuda, sí, pero no garantiza protección absoluta. Y en las horas punta se torna utópica la distancia social. Es decir: mientras Illa ordena sus confinamientos, en la capital la población seguirá mezclándose en masa -y contagiándose- en metro, trenes y autobuses, porque la vida no puede parar.

Absurdo también que el Gobierno, que se pasó cuatro meses recalcando que sin estado de alarma no podía limitar la movilidad ni imponer su mando a las comunidades, cambie ahora de criterio y tome las riendas de Madrid sin cauce jurídico para ello (Casado se aburrió de proponerle a Sánchez vías legales intermedias que lo permitían, pero las despreció).

Retorno a Barbacid: «Abordar esto no es tan difícil. Solo hay que contratar más médicos, con contratos mínimamente decentes, y hacer más pruebas PCR. Ojalá pudiésemos curar el cáncer con algo tan simple». Pero no es la hora de la ciencia. Es la del vocerío partidista, aún a costa de dar el rejón a la economía.

(PD: chirriante paradoja que quienes vienen a ofrecer soluciones sean Illa y Simón, récord mundial de letalidad y contagios de sanitarios con su inolvidable gestión de la primera ola).

******************* Sección "bilingüe" **********************

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez para "derrotar" a Madrid?
ESdiario 2 Octubre 2020

El Gobierno ha decidido intervenir políticamente una región que considera "enemiga", utilizando una pandemia cuya gravedad acentuó y ahora manipula.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid acatará y pondrá en marcha las instrucciones del Ministerio de Sanidad, como no podía ser de otra manera en una Administración que conoce, respeta y defiende el Estado de Derecho, a diferencia de otras que, como la Generalitat, recibe en cambio muchos más parabienes del Gobierno de España.

Pero, por las mismas razones de sometimiento a la legalidad, agotará los caminos jurídicos para recurrir una medida que considera estrictamente política. Si cumplir las instrucciones es una obligación; intentar que una instancia judicial las enmiende, cuando no se está de acuerdo con ella, es un derecho.

Sobre todo cuando cuando existe la sospecha, muy firme, de que a Moncloa le mueve más el deseo de conquistar la Comunidad de Madrid que la preocupación sanitaria por los madrileños, tratados como aparentes rehenes de una disputa por el poder ajena por completo a sus intereses y necesidades.

La secuencia seguida por Sánchez para llegar a la intervención, por una situación sanitaria que en otras comunidades también es preocupante, ha sido evidente. Primero forzó un acto con Isabel Díaz Ayuso, hace una semana, para comprometerme a trabajar en equipo. Después movilizó al ministro de Sanidad y a Fernando Simón a decir que Madrid lo estaba haciendo muy bien.

Sánchez ha generado un sobresalto para millones de ciudadanos, un problema económico para toda España y un espectáculo político deplorable

Para al final, proceder a la intervención sin ningún tacto pero poder alegar que, hasta ese momento, lo había intentado. En realidad, viendo los últimos acontecimientos con perspectiva, es legítimo pensar que Sánchez siempre tuvo claro el objetivo y que todo lo demás fue mero adorno de una función con un guión predefinido.

El Gobierno regional presentará este viernes un recurso ante la Audiencia Nacional y, a la vez, publicará este sábado en el BOCAM la resolución de Salvador Illa. Aunque quizá no la aplique de inmediato hasta que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie, también, sobre aspectos concretos de las medidas o del régimen sancionador.

En resumen, el “confinamiento blando” puede lo mismo empezar este sábado, cuando se cumplen las 48 horas de plazo para transponer la orden ministerial, que dentro de una semana. En fin, un sobresalto para millones de ciudadanos; un problema económico mayúsculo para Madrid, y por tanto para España; y un espectáculo político deplorable en el que es muy difícil salvar a nadie del todo pero que tiene, una vez más, un claro responsable máximo: Pedro Sánchez.

OLa OMS admite no saber qué falla en España para ser el país europeo con más incidencia de coronavirus

La victoria de Illa y Simón
La reacción del PNV o del mundo abertzale pararía cualquier intento de aplicar una norma parecida que no contara con el beneplácito nacionalista.
Francisco Marhuenda larazon 2 Octubre 2020

Al final, tanto ruido para nada. El gobierno de Madrid cumplirá la decisión de Illa y Simón, los autonombrados expertos sanitarios porque no existe ningún comité que conozcamos, que ha sido refrendada sin consenso por el Consejo Interterritorial de Sanidad gracias al apoyo de las comunidades donde gobierna el PSOE así como de Castilla y León. Es cierto que Ayuso ha anunciado que lo recurrirá a los tribunales y algún día resolveremos las fundadas dudas que puedan existir sobre su legalidad. La presidenta madrileña anunció ayer que las restricciones entran en vigor este viernes. No hay duda de que el gobierno de Sánchez ha conseguido una clara y contundente victoria al imponer una norma que afecta únicamente a la comunidad de Madrid. La estrategia pasaba por plantearla como de obligado cumplimiento al ser refrendada por las autonomías, aunque se han saltado el requisito del consenso, y se podrá estigmatizar a Ayuso y su gobierno desde los partidos, sindicatos y asociaciones controladas por la izquierda. A estas alturas no sé sí hubiera sido mejor no presentar batalla y someterse directamente, porque ha sido una escaramuza carente de épica.

Hay una reflexión que conviene hacer a partir de esta situación y que afecta al Estado de las Autonomías. La Constitución de 1978 y sus normas de desarrollo establecieron un reparto competencial por el que las comunidades asumieron las competencias de sanidad y recibieron los recursos humanos, materiales y económicos. A estas alturas hay comunidades de primera y de segunda, algo que ya sabíamos en función de si gobiernan o no las formaciones nacionalistas, y que lo importante con respecto a las otras es que el gobierno de España, sin necesidad de comités de expertos y con una fragilidad jurídica amparada en la pandemia, es quien toma las decisiones. En este sentido, tengo también muy claro que nunca se tomaría una decisión parecida si afectara al País Vasco y Navarra, por ejemplo, donde el PSOE está en el gobierno, o en Cataluña. Estaría encantado de equivocarme. La reacción del PNV o del mundo abertzale pararía cualquier intento de aplicar una norma parecida que no contara con el beneplácito nacionalista. Por tanto, qué utilidad tiene que existan consejerías de Sanidad. Es evidente que el gobierno considera que su criterio es el que tiene que prevalecer. Han pasado varias décadas desde que el Estado de las Autonomías comenzó su andadura y todavía sigue siendo un proceso inconcluso como hemos podido comprobar con esta crisis institucional.

Tabarnia Libre
Antonio Robles Libertad Digital 2 Octubre 2020

Nace un proyecto político serio para crear una nueva comunidad autónoma segregando Barcelona y Tarragona de Cataluña.

1-O, tercer aniversario del golpe secesionista a la democracia. El republicanismo cívico del Jefe del Estado en defensa de la legalidad democrática dos días después y las sentencias del Tribunal Supremo nos devolvieron la esperanza. Lo evidenciaron las manifestaciones constitucionalistas del 8 y 29 de octubre, donde los símbolos nacionales y el propio Estado salieron del armario en Cataluña.

Todo fue un espejismo. Tres años después, un Gobierno de España sostenido por inspiradores, cómplices y protagonistas de aquel golpe a la democracia campa por sus respetos. Desde los propios condenados a sus representantes en las instituciones y medios de comunicación públicos y afines que cubren su relato. Con Pedro Sánchez a la cabeza. No como un juego retórico para mantener sus apoyos, sino violentando las reglas institucionales del propio Estado de Derecho. Desencanto, impotencia, aunque no es éste el peor escenario.

Con lo que está cayendo, siempre nos queda la gente, el pueblo llano. O eso creíamos. La melancolía gubernamental se convierte en desolación cuando comprobamos cómo la gente corriente calla, consiente o colabora. Y la advertida se tapa los ojos como niños pequeños esperando que un caudillo le devuelva la propiedad. No han entendido un carajo de qué va la democracia.

El martes pasado, TV3 emitió el programa Manipulats. Sobre la manipulación de los medios. Ni una palabra de las mil y una fake news de su campaña para internacionalizar el conflicto, ni sobre los cientos de falsos heridos, ni del agitprop de cada día. Como hoy. Es difícil expresar con exactitud la obscenidad. Es como si Al Capone nos aleccionara sobre el respeto debido a la propiedad ajena.

Desmontar el descaro produce hastío. El mero hecho de pensar por dónde empezar agota. Y acabas por aceptar que viven en una realidad paralela. De tanto mirarse al espejo, han acabado por ignorar la realidad.

Comprobar cómo son capaces de señalar a la prensa “española” por generalizar los disturbios de Barcelona a toda Cataluña y a la vez justificar esa misma generalización a España intercalando banderas del aguilucho en actos constitucionales donde no había genera una mezcla de asco e impotencia. Ya no es manipulación, es ceguera. Deseo de ceguera. Uno empieza a dudar si la mala fe es consciente o una incapacidad congénita para distinguir entre los propios deseos y la realidad. (Frente a ese vuelo gallináceo de TV3, vean El dilema de las redes, de Netflix. Da vértigo, respeta al espectador, merece la pena).

No hay institución que se salve. El inhabilitado Quim Torra ni siquiera tiene una pizca de pudor en su despedida: “Es preciso escoger entre democracia y libertad, o represión e imposición; es decir, la república catalana del compromiso cívico, o la monarquía española de las banderas y el ejército”. Y como un eco, Rufián desde el Congreso completa el tuit: el Rey “es el diputado 53 de Vox”. Este es el nivel. La pandemia emocional ha infectado el cuerpo social. (Comparen estos tuits ridículos con los pensamientos sublimes de Quino y su Mafalda. Descanse, maestro. Se lo merece).

Ante esta desolación, no todos aceptan resignados el redil. La libertad no se compra en los supermercados, se defiende cada día con convicciones éticas y reglas democráticas. O eso creen quienes lanzarán este sábado Tabarnia Libre, un proyecto político en serio para crear una nueva comunidad autónoma segregando Barcelona y Tarragona de Cataluña. Así justifican su propósito en los “Principios constituyentes” de su página web, que saldrá el próximo día 3:

Tabarnia Libre se registró como partido político el 31 de agosto de 2018. La iniciativa se ideó en previsión de que un día los ciudadanos de Cataluña que estamos reducidos a ciudadanos de segunda dispusiéramos de un proyecto político real para ponerlo al servicio de todos cuantos se sienten huérfanos políticamente en Cataluña y abandonados por el Gobierno de la nación. Ambos hechos nos han confirmado que ha llegado la hora de ponerlo en marcha, sobre todo después de que los condenados por sedición han reiterado su intención de hacerlo de nuevo, y Pedro Sánchez haya asumido el lenguaje, el relato y los propósitos supremacistas de nacionalistas, populistas y herederos de ETA.

Aire de fiesta en Cataluña
Sergio Fidalgo okdiario 2 Octubre 2020

Cuando el Tribunal Supremo definitivamente inhabilitó a Quim Torra rápidamente sonó en mi cabeza el maravilloso «aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aire de fiesta, a tiempo de marcha, para pa, pa». Si Karina vino a mi mente fue porque nos hemos librado del personaje más siniestro que la política catalana ha sufrido en las últimas décadas. Y eso que hemos tenido a unos cuantos que podrían competir con él en el trofeo al más desagradable. Torra seguirá dando la murga, y seguirá llevando churros amarillos hasta en las cejas, pero ya no podrá decir que representa a los catalanes. Poco a poco se irá desvaneciendo y pasará, como Artur Mas, a la papelera de la historia.

¿Que Cataluña sigue en el lodazal político? Por supuesto. ¿Que Cataluña seguirá gobernada por fanáticos? Lo damos por descontado. ¿Que habrá otros líderes separatistas que competirán en supremacismo con el recién inhabilitado ‘president’? Estoy convencido. Pero su mera presencia en el Palacio de la Generalidad era un insulto para los millones de catalanes de los que dijo que hablábamos la lengua «de las bestias» y que teníamos «taras en el ADN». Aunque una situación siempre puede empeorar, en el caso de Torra es muy difícil. El que venga puede igualarle, superarle es muy complicado. Por eso su inhabilitación es una gran noticia para la convivencia y para la causa de la democracia y la libertad. Y hemos de celebrarla aunque sigamos inmersos en medio de una grave crisis sanitaria, política y económica.

Además, su inhabilitación no ha sido nada heroica, más bien ha sido patética, más propia de una ópera bufa que de un relato épico. El ‘president’ no se ha plantado como San Jorge con su lanza a luchar contra el dragón de la España «dictatorial y franquista» que oprime a su anhelada República Catalana. Le han cesado del cargo por poner una pancarta patética que, además, acabó retirando. Pero se puso chulo, reconoció que había desobedecido, y si el reo reconoce el delito, poco más se ha de decir. Triste balance el de Torra: quiso jugar a ser el Braveheart del separatismo catalán, y ni tuvo narices de mandar liberar a los que llama «presos políticos» ni arrió la bandera de España del Palacio de la Generalidad, ni ha proclamado la independencia de Cataluña en la plaza de San Jaime y ha dejado el cargo ante la indiferencia generalizada de la población catalana. Ha gritado mucho y ha ofendido más. Pero, a la hora de la verdad, Torra ha pasado a la nómina de grandes cobardes del secesionismo catalán.

El día que el Tribunal Supremo hizo pública la inhabilitación se manifestaron cuatro radicales mal contados, a pesar de que la Generalitat, que no permite que se junten más de seis personas por el COVID, da barra libre a las concentraciones separatistas y los Mossos d’Esquadra miran hacia otro lado. La indignación del ‘pueblo catalán’ por la «destitución ilegítima» de su presidente se limitó a la quema de unos cuántos contenedores y a lanzar unas cuantas cabezas de cerdo. En eso ha quedado la «épica» de Torra. Y es que este hombre ha conseguido algo milagroso: que buena parte del constitucionalismo y el separatismo se hayan puesto de acuerdo en algo. Casi nadie le soporta, y casi todo el mundo se alegra de su desaparición de la vida política catalana.

Está claro que Torra, como Bruce Willis en ‘El sexto sentido’, va a tardar a darse cuenta de que está muerto, y que cuando hable sólo le escucharán un par de personas. El resto le olvidaremos pronto, como hacemos con las pesadillas que sufrimos tras una noche agitada. Ni le veremos, ni le oiremos, será un espectro que vagará por las manifestaciones de la ANC y Òmnium Cultural sin que nadie le haga el más mínimo caso. El «tanta paz lleves, como descanso dejas» nunca se aplicó mejor.
 


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