AGLI Recortes de Prensa   Sábado 3  Octubre  2020

La economía se desploma y Sánchez ni se inmuta
Carlos Izquierdo Libertad Digital 3 Octubre 2020

La pasada semana, el Instituto Nacional de Estadística (INE) constató que el Producto Interior Bruto (PIB) se desplomó un 17,8% en el 2º trimestre de 2020, lo que supuso la mayor caída de PIB en España de la serie histórica.

Esta caída real (no se trata de previsiones) significa que la economía española ha entrado oficialmente en recesión, al sumar dos trimestres consecutivos en negativo.

De nuevo, un gobierno socialista lleva a España a la recesión, aunque, esta vez, batiendo todos los récords anteriores. No se trata de una recesión más, sino de la más grave de la democracia, en donde la caída del PIB interanual alcanzó el 21,5%, lo que ha supuesto un desplome sin precedentes de la serie histórica, ya que la mayor contracción anual del PIB correspondía al 2º trimestre de 2009, también con un gobierno socialista, cuando la economía española cayó un 4,4% interanual. El desplome ahora es cinco veces superior al registrado en el peor trimestre de la crisis de 2008.

Y este desplome se debe:

En primer lugar, a la fuerte caída de la demanda nacional, 18,8 puntos, de la variación interanual del PIB en el 2º trimestre, por la caída del consumo de los hogares, 20,4%; de la inversión, 22,1%; y a pesar del aumento del gasto público un 1,6%.

Y en segundo lugar, a la caída de la demanda externa, 2,7 puntos, por el descenso de las exportaciones.

Es la tercera vez, en el siglo XXI, que la economía nacional sufre una recesión, y las tres con un gobierno socialista:

La primera vez, del 4º trimestre de 2008 al 2º trimestre de 2009.
La segunda vez, del 2º trimestre de 2011 al 4º trimestre de 2013.
Y la tercera vez, en esta ocasión, en el 1º y 2º trimestre de 2020.

Pero en esta ocasión, la salida de la recesión en el 3º trimestre puede ser un espejismo (dentro de pocos días conoceremos los datos), ya que aunque haya crecimiento positivo se va a deber a un efecto rebote tras el hundimiento de la economía en el primer semestre del año.

Pero la realidad determina que los problemas de la economía real siguen ahí y se notarán durante muchos años. Los sectores productivos, las empresas y pymes, los autónomos y el empleo de los trabajadores tardará en recuperarse una década.

Asimismo, las cuentas públicas sufrirán las consecuencias durante un largo período de tiempo, ya que según las últimas previsiones del Banco de España se espera que el déficit se sitúe a finales de 2020 entre el 10,8% y el 12,1% según los distintos escenarios que maneja el organismo, alcanzando cifras similares a las que nos llevó el expresidente socialista, Rodríguez Zapatero, en la crisis de 2008 y que desembocó en los recortes de los sueldos de los funcionarios y en la congelación de las pensiones.

El Gobierno de Pedro Sánchez, con la paralización del país, lo que ha provocado es un retroceso de la economía sin precedentes en nuestra historia. Y a pesar de que España ha sido uno de los países con el confinamiento más estricto, no ha conseguido controlar las tasas de contagios, pues, en esta segunda ola, tenemos unas tasas de contagios superiores a la de los países de nuestro entorno. De hecho, nueve de las diez regiones de Europa con mayor tasa de contagios son españolas.

Está claro que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de controlar la situación sanitaria, económica y social. Es un Gobierno sobrepasado, que las medidas que ha ido adoptando no han dado los resultados esperados. Este Gobierno está acabado, pues carece de ideas y proyectos para sacar a España del pozo sin fondo al que nos han llevado, de nuevo, unas políticas socialistas ineficaces.

Alguien podría pensar que con esta crisis a cualquiera le hubiera pasado. Pero eso no es cierto, la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno tras la moción de censura supuso un punto de inflexión en las políticas y la economía empezó a notar sus efectos. El crecimiento y el empleo se frenaron, y el déficit creció hasta el 2,8% incumpliendo el compromiso que se fijó inicialmente con el presidente Rajoy en la senda de estabilidad presupuestaria de llegar al 1,3% en 2019. Posteriormente, la falta de certidumbre y seguridad, el cúmulo de errores en la toma de decisiones y la ausencia de estrategias han hecho que España sea el país de la OCDE donde más se desploma su economía.

Pero salir de la crisis es posible. Para ello, España necesita cambiar sus políticas empezando por elaborar un nuevo escenario macroeconómico que se ajuste a la realidad, pues el último que elaboró el Gobierno en mayo cuando remitió el Plan de Estabilidad Presupuestario 2020-2023 a Bruselas fijaba una caída del PIB del 9,2% cuando alcanzará el 11% según el Banco de España y otros organismos internacionales; un déficit del 10,34% cuando este estará entorno al 11,5%; una deuda del 115,5% cuando esta llegará al 120%; y una tasa de paro del 19% pudiendo llegar hasta el 22% en 2021 según el Banco de España.

A partir de ese escenario cierto, tendrá que elaborar unos Presupuestos pensados para superar la crisis, deberá rehacer el Plan de Reformas y tendrá que presentar unos proyectos fiables y capaces de ejecutar dentro del Next Generation UE.

Pero para ello es necesario cambiar las políticas, romper con unos socios de gobierno que no creen en nuestro país y aceptar las propuestas y la mano tendida que Casado y el Partido Popular llevan haciendo al Gobierno desde el primer momento. Solo así España podrá mirar al futuro con optimismo.

Cerrar Madrid para arruinar a España: el plan de Sánchez para cambiar de Régimen
Almudena Negro (^) esdiario 3 Octubre 2020

Para aquellos que están con el cambio de régimen, con el silencio cómplice de no pocos socialistas que se muestran escandalizados en privado, resulta vital acabar con la Comunidad.

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está, pese a los titulares de algunos medios, en rebeldía contra el Estado. Es un gobierno de demócratas que cumple con la ley. Pero ejercerá, como no podía ser de otra forma, el legítimo derecho a recurrir ante los tribunales lo que considera una resolución injusta para los madrileños.

Una herramienta, la del recurso ante los tribunales, que en democracia se utiliza para dirimir conflictos. De hecho, la política entra en juego allí donde el Derecho no es capaz de pacificar las diferencias entre las personas. Las dudas legales que manifiesta la Comunidad de Madrid deben de ser resueltas por los jueces. No puede ser que el gobierno de Pedro Sánchez se haga con el gobierno de la Comunidad de Madrid por la puerta de atrás, jugando con la salud y economía de millones de ciudadanos, angustiados hoy porque no saben a qué atenerse ante la entente socialcomunista.

Contra la libertad
Cabe preguntarse por qué esa inquina de Pedro Sánchez, madrileño, contra Madrid. Una región por la cual el actual presidente del gobierno ha pasado sin pena ni gloria. Nadie recuerda nada del Sánchez concejal del ayuntamiento de Madrid. Tampoco como diputado nacional se le conoce una buena acción en favor de Madrid. Un Madrid en el que el PSOE no “toca bola” desde hace 25 años.

Madrid es la gran molestia para la tentación totalitaria que embarga toda la acción política del actual gobierno de España. Se trata de una región libre, con éxito innegable, que se muestra ante el resto del país como una alternativa al desastre irremediable que se produce allí donde gobiernan nuestros socialistas. Bajar impuestos y recaudar más. Libertad educativa y sanitaria. Respeto al ciudadano. Y todo esto, con los mejores servicios públicos del país. No lo soportan. Los coloca ante el espejo de su propia incompetencia.

Se trata de liquidar la democracia liberal que llegó con la Constitución para implantar un régimen autoritario

Pero en esta ocasión, tengo para mí que, además de ese odio propio del neurótico incapaz de entender el éxito de quienes no ven el mundo a través del caleidoscopio de la ideología, nos encontramos ante la necesidad de un gobierno que ha dado un giro autoritario de hacer desaparecer la oposición constitucional. Hay que destruir al PP, la única alternativa de gobierno posible.

Y hay que arruinar España. Porque donde desaparece la clase media prospera el autoritarismo. Porque en las sociedades empobrecidas el discurso del populismo socialista triunfa. La paguita y el silencio de los corderos.

"Sánchez quiere 'matar' al Rey": la frase que retumbó con estrépito en Moncloa

Para aquellos que están embarcados en un cambio de régimen (con el silencio cómplice de no pocos socialistas que se muestran escandalizados en privado) resulta vital acabar con la Comunidad Autónoma que representa el triunfo del espíritu de reconciliación de 1978, el constitucionalismo, la defensa de la libertad. No se engañen, la arremetida del gobierno socialcomunista no es una arremetida republicana (dudo que Irene Montero sepa qué es la res pública).

Se trata de liquidar la democracia liberal que llegó de la mano por vía de reforma de la Constitución de 1978 para implantar un régimen autoritario, en el que solo ellos, los herederos de la transición por vía de ruptura que en su día representó el terrorismo leninista de la banda terrorista ETA, puedan acceder al poder. Ya lo dijo Pablo Iglesias: el PP no volverá a sentarse en el Consejo de Ministros. Es la frase que mejor retrata las intenciones totalitarias de quienes hoy nos desgobiernan.

La imprudencia de suspender los objetivos de estabilidad presupuestaria
José María Rotellar okdiario 3 Octubre 2020

Nos encontramos en un momento económico muy complicado derivado de la vertiente económica de la crisis provocada por el coronavirus. El Gobierno no adoptó medidas tempranas, como habría sido el cierre de fronteras con China en enero, por ejemplo, además de otras medidas suaves, para evitar, así, un contagio exponencial, que habría permitido no tener que tomar después las duras medidas que han hundido la economía al decretar su cierre productivo en marzo.

Una vez paralizada la actividad económica, comenzaron a diseñarse planes de actuación que paliasen la caída y tratasen de sostener la actividad y el empleo. Todo ello supone gasto, al que se añadirá el derivado de los avales que haya que ejecutar cuando comiencen los fallidos en los créditos ICO movilizados por el Gobierno, más el gasto adicional del ingreso mínimo vital y el creciente gasto que habrá en las prestaciones por desempleo, ya que con la nefasta gestión de Sánchez se está produciendo un derrumbamiento económico cuyas consecuencias se traducirán en miles de empresas cerradas y millones de personas en el paro. Sólo el juego de los estabilizadores automáticos, que incrementa el gasto por aumentar el número de prestaciones por desempleo y disminuye los ingresos por la menor recaudación derivada de la pérdida de actividad, impacta de manera muy importante en el saldo presupuestario, agrandando el déficit.

Todo ello, nos lleva a una situación que en 2020 dibuja un déficit superior al 10%, como estiman el conjunto de organismos nacionales e internacionales, como son el Banco de España, la AIReF, la Comisión Europea, la OCDE, el FMI e incluso el propio Gobierno de la nación. Todos ellos -salvo el Gobierno, que todavía no ha proyectado su estimación de déficit para 2021, prevén el mantenimiento de un déficit muy elevado en 2021, que oscila entre un 5% y un 9,6%.

Eso hará que la deuda sobre el PIB en 2020 se coloque entre el 117,8% y el 129,5% del PIB -que hará que, en magnitudes comparables con el resto de países de la OCDE fuera de la zona euro, la deuda española, con este criterio, esté entre el 139,5% y el 151,2%-. En julio de este año, con las proyecciones de PIB nominal del propio Gobierno, ya se sitúa en el 115,34% del PIB.

Todos -déficit y deuda- son datos que no pueden sostenerse en el tiempo, por lo que hay que poner medios para no colapsar. No quiere ello decir que la economía española esté en peligro -entre otras cosas, por el respaldo del BCE-, pero sí que podría llegar a estarlo si no se ataja el gasto.

Atajar el gasto significa, tal y como decían el Banco de España y la AIReF, así como la Comisión Europea, que en 2020 hay que tomar las medidas de gasto necesarias para sostener coyunturalmente el cierre productivo, incluso que se puede ser algo más laxo en 2021 que en un ejercicio normal, pero que paralelamente hay que implantar reformas estructurales que permitan hacer crecer la economía y equilibrar las cuentas. Y en este equilibrio de las cuentas públicas es fundamental no generar gasto estructural.

Ya en 2021 vamos a tener todavía un peso importante de los estabilizadores automáticos, pues hasta que no se recobren los niveles de actividad y empleo de 2019 no vamos a eliminar del todo ese impacto. Ahora bien, lo que no se puede hacer es estar realizando, como se está haciendo, actuaciones de gasto en 2020 que no sean coyunturales, de un único ejercicio, porque si con los fondos para combatir la caída de 2020 se genera una estructura de gastos duradera en el tiempo, no lograremos equilibrar nuestras cuentas, tardaremos mucho más en recuperarnos y la situación económica y laboral permanecerá estancada en bajos niveles durante mucho tiempo.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez está avanzando peligrosamente por el camino del gasto estructural: aprueba el mencionado ingreso mínimo vital de manera permanente, que, como poco, tendrá un impacto de 3.000 millones de euros cada ejercicio, si no más, dado el carácter desincentivador y el efecto llamada que puede generar. Junto a ello, es una insensatez repartir 16.000 millones de euros a las regiones para combatir la situación derivada del coronavirus sin controlar que se dedican a una situación derivada del coronavirus, no para incrementar el gasto ordinario.

Como colofón, la última vuelta de tuerca con la que se pone en riesgo la estabilidad presupuestaria es la suspensión de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para los años 2020 y 2021. Esa decisión, en primer lugar, pretende saltarse la aprobación del techo de gasto no financiero en las Cortes, lo cual es una pésima noticia, porque un Gobierno tan poco ortodoxo como éste quiere tener manos libres para gastar hasta lo que no tiene.

En segundo lugar, es contradictorio, porque dice que no fijará a las CCAA un objetivo de déficit, pero al mismo tiempo afirma que les fijará uno de referencia, autorizándoles el endeudamiento sólo por ese importe. Eso puede provocar retrasos en los pagos si no se frena el gasto al quitar el objetivo y al mismo tiempo no se le autoriza el endeudamiento de una parte.

Y no parece que vaya a existir ese freno cuando al eliminar el objetivo se hace una llamada clara al incremento exponencial del gasto. Los responsables de Hacienda de cada una de las administraciones españolas van a tener complicado frenar el deseo de gasto de sus compañeros de Gobierno, pues éstos esgrimirán que no hay límite de déficit. Sólo se podrá frenar ese incremento si los líderes de dichos gobiernos asumen en primera persona que no se puede gastar más, sino menos, cosa que deben hacer.

Por último, la eliminación de los objetivos encierra una trampa, porque mantiene el cumplimiento del período medio de pago, pero no dota a las regiones de un procedimiento más ágil de endeudamiento. Da la sensación de que el Gobierno de la nación puede tratar de inducir que las regiones incumplan el período medio de pago para meterlas en el FLA y obligar a dichas administraciones a subir los impuestos. Parece especialmente diseñado contra Madrid, como antes lo fue el Sistema de Financiación Autonómica de diciembre de 2009, los objetivos de déficit asimétrico de julio de 2013, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el impuesto de patrimonio de diciembre de 2013, el RDL de los mecanismos adicionales de financiación de diciembre de 2014 y las medidas de restricciones a la movilidad de la resolución del ministerio de Sanidad de este jueves. No sólo es una medida nociva contra la sostenibilidad de todas las cuentas públicas, sino que además constituye un nuevo ataque contra la Comunidad de Madrid, obsesión del Gobierno, porque la mejor gestión de Madrid sitúa al Gobierno de la nación ante el espejo de su propia incompetencia.

España debe iniciar, a todos los niveles, un exhaustivo programa de ajustes, dirigido por el diseño de una austeridad inteligente, que si la hacemos nosotros podrá permitir equilibrar las cuentas, crecer con fuerza, recuperar el empleo y salvar gastos esenciales, como las pensiones, pero que si, por no hacer las cosas bien y seguir aumentando el gasto, déficit y deuda, tiene que ser la Comisión Europea la que diga dónde ajustar, entonces sí que habrá recortes duros, por ser todavía peor la situación, en elementos muy sensibles.

No podemos gastarnos lo que no tenemos, porque, al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestra prosperidad, nuestro futuro, nuestra fortaleza como economía. La responsabilidad debería imperar, máxime ahora que los políticos pueden aprovechar que no hay un calendario electoral cercano, lo que debería ahuyentar la tentación política de querer ofrecer medidas electorales de gasto a los votantes. Por su parte, la sociedad debería entender definitivamente que nada es gratis, que cada vez que un político anuncia un gasto, está anunciado, simultáneamente, mayor deuda y mayores impuestos, y que no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, o pasaremos, si no se corrige, a vivir mucho peor.

Sólo el gasto necesario, nada estructural adicional, eliminar trabas, no subir los impuestos y llevar a cabo un control riguroso para que coyunturalmente en 2020 y en 2021 no se gaste ni un céntimo más de lo que se necesite. Eso es lo que hay que hacer si queremos mantener nuestra economía a flote en el medio y largo plazo, pero el Gobierno va por otro camino en el tiempo libre que le queda mientras asedia deslealmente a Madrid.

Sánchez toca la lira desde La Toja mientras contempla cómo se consume Madrid
OKDIARIO 3 Octubre 2020

Resulta un sarcasmo que Pedro Sánchez acuda al Hotel Balneario de La Toja a clausurar un foro económico mientras deja en Madrid confinadas a cinco millones de personas. Por supuesto, el hecho de que la agenda oficial del presidente coincida con el primer día de confinamiento es una anécdota. La categoría es que el amargo destino de los madrileños venga marcado por una decisión arbitraria y partidista de un presidente que ha decidido utilizar como excusa una crisis sanitaria para hundir políticamente a Isabel Díaz Ayuso, aunque para ello lleve a la ruina a miles de pequeñas y medianas empresas.

Alguien tendrá que explicar cómo es posible que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmara el 17 de septiembre que apoyaba la restricción de movimientos decretada por el Gobierno regional en varias áreas de Madrid y 10 días después, cuando las medidas estaban dando resultados, saliera diciendo aquello de «Madrid llega tarde». No, aquí el único que ha llegado tarde y mal -fatal- es Pedro Sánchez, que en lo único que ha mostrado una sectaria rapidez es para ordenar el cierre de Madrid: 48 horas de plazo.

Lo que ha hecho el Gobierno socialcomunista es sacarse de la manga tres criterios específicos para que Madrid, sólo Madrid, fuera confinada. El umbral de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes decretado por el Ministerio de Sanidad obligaba a cerrar otras capitales de otras comunidades, pero Sánchez se inventó sobre la marcha nuevas condiciones para que Madrid y sólo Madrid tuviera que pasar por el aro socialcomunista.

Lo cierto es que Sánchez, como Nerón, se dedicará tocar la lira desde la isla de la Toja mientras contempla cómo se consume Madrid: en dos semanas de confinamiento se perderán 36.000 puestos de trabajo y 1.500 millones de euros. Nunca un objetivo político -arrojar del poder a Isabel Díaz Ayuso- habrá salido tan caro. Nunca un presidente del Gobierno había llegado tan lejos. Nadie, nunca, habrá causado más daño en menos tiempo.

Ahora, todo Madrid es un gueto
OKDIARIO 3 Octubre 2020

No se le ocurre ni al que asó la manteca: el Gobierno socialcomunista cierra Madrid, pero, al tiempo, abre las áreas sanitarias de la capital en las que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había impuesto restricción de movimientos por superar los mil casos por 100.000 habitantes. O sea, que a partir de ahora, cualquiera que viva en esas zonas podrá desplazarse sin problemas por el resto de la capital, algo que hasta ahora tenían prohibido salvo por motivos laborales, de salud o para trasladarse a centros educativos.

En esas zonas, el número de contagios estaba disminuyendo después de las medidas impuestas por la Comunidad de Madrid, por lo que el cierre decretado por Sánchez dejará sin efecto la mejora en esas zonas. Ahora, los movimientos dentro de la capital estarán permitidos, por mucho que se recomiende quedarse en casa, de forma que el plan de aplicar restricciones selectivas a las áreas con mayor propagación del virus quedará sin efecto.

Esto supone que las zonas con más de mil contagios por 100.000 habitantes se verán afectadas por las mismas medidas que las zonas con menos de 500, un caos sanitario de descomunales dimensiones. Y, naturalmente, como Madrid entero será confinado, la izquierda dejará de alentar las protestas en las zonas que, según el socialcomunismo, el Gobierno de Ayuso había convertido en «guetos. Ahora todo Madrid será un «gueto», pero como lo ha decidido Pedro Sánchez, ya no habrá «apartheid»ni «zonas de exclusión».

El cierre ordenado por el Gobierno responde a una clara estrategia de acoso y derribo contra Ayuso, a la que la izquierda acusaba de segregar a las zonas más humildes y desfavorecidas. Pues bien, para contentar a esas zonas, Sánchez ha decidido segregar a la capital de España en su conjunto. Una respuesta sanitaria al más puro estilo socialcomunista: dejar que el virus corra a sus anchas con independencia de que una zona tenga más de 1.000 contagios por 100.000 habitantes o tenga 200. Sencillamente delirante

Asedio y montería contra la “muñequita” Ayuso
Carlos Dávila okdiario 3 Octubre 2020

Escribo conscientemente “montería” porque el asedio, la batalla que ha emprendido Pedro Sánchez contra Madrid y su Comunidad no es una simple cacería de liebres; es una montería de jabalíes que ha desatado contra ojeadores desarmados. Sin embargo, que lo sepa el autócrata de La Moncloa: Díaz Ayuso no es caza menor. Sánchez cree que la puede doblegar a base de asediar su Presidencia, que al fin la removerá de su asiento y aún, quizá, que pueda llevarla a los tribunales si en algún momento se rebela contra el Gobierno de la Nación. Pero Ayuso no es la “muñequita”, según el apelativo que va repartiendo Iván Redondo entre sus asalariados mediáticos, no es la niña obcecada que Sánchez supone; es una resistente en toda regla que ha recurrido en dos instancias, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el ataque brutal, inconstitucional, que el aún presidente y su ridículo ministro de Sanidad, Salvador Illa, han perpetrado contra ella, contra parte de su Gobierno (la facción de Ciudadanos se representa a sí misma escandalosamente al lado de los sublevados del Frente Popular) y contra, esto es lo más grave, la propia Constitución que a estas alturas Sánchez y sus compinches del leninismo, ni respetan, ni obedecen. Illa ni siquiera, en el colmo de la ocultación, se ha atrevido a firmar en el BOE el nuevo secuestro de Madrid; ¿es eso válido administrativamente?

Porque fíjense, según ha advertido este periódico (se ha quedado, por cierto, sólo en el aviso) la orden que Illa ha dejado en manos de su secretaria y que por eso ha mancillado incluso el propio Boletín Oficial del Estado, malversa y transgrede al menos dos artículos de nuestra Norma Suprema: el 19 que garantiza el derecho de los españoles a “elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional” y el 21 que reconoce “el derecho de reunión pacífica y sin armas” y que además asegura que “el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”. ¿Opinará lo mismo el Tribunal Superior de Madrid? Con la Justicia nunca se sabe. No obstante, parece claro, pero la decisión de la Comunidad de acudir a los tribunales para constatar si el susodicho engendro del dúo maléfico Sánchez-Illa afecta, como resulta obvio según lo infrascrito, a derechos fundamentales, ha abierto un debate durísimo entre los dos “presuntos” socios del Gobierno de Madrid, porque el vicepresidente Aguado no está para avalar las decisiones más comprometidas del Ejecutivo del que por ahora sigue siendo vicepresidente. Él tiene su propia hoja de ruta y en esta no hay lugar para Díaz Ayuso

El asedio de Sánchez a Ayuso guarda por eso una parte conocida: por ejemplo, la totalitaria orden de Illa, y otra más incógnita. Esta se mueve en los entresijos de la política menos coherente donde trabaja el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, que, tras el anuncio del recurso de su jefa, se fue raudo a los micrófonos amigos de la radio pública, a mostrar su disparidad. “Yo -vino a decir- soy el diálogo; Ayuso, el palo sin contemplaciones”. Desde luego, si tan mal le parecía el recurso ante la Audiencia Nacional, ¿por qué no dimitió ante un desacuerdo tan clamoroso en un asunto tan crucial? Este es un episodio más que demuestra que él está, por la vía de la moción de censura, en desplazar a su presidenta. El dúo Sánchez-Franco le utilizan con suma vileza y le ha prometido la primogenitura de Madrid que él tanto desea. Aguado, claro está, el miércoles no realizó intento alguno para que su correligionaria de Ciudadanos, consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, votara con sus colegas de otras comunidades en las que gobierna el PP, en contra de la intromisión de Illa en las competencias de una región. Verónica Casado procede del PSOE (ocupó un alto cargo con los gobiernos socialistas) y trae de cabeza al propio vicepresidente de la Junta, Igea. ¿Conoce la consejera citada cuántas personas salen diariamente de su comunidad para trabajar en la capital de España o en los alrededores de la Comunidad? ¿Es que todas esas personas no han tenido en ningún momento contacto con el maldito Covid?

El Gobierno quiere la sumisión judicial
Editorial ABC 3 Octubre 2020

Las declaraciones de Pedro Sánchez contra el PP por no facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial revelan un cinismo insuperable. Según Sánchez, cada vez que el PP pierde las elecciones bloquea la renovación de este órgano. Un repaso a la historia reciente demuestra que el PSOE usa sus victorias para cercar a la Justicia y debilitar su función constitucional. En 1985, los socialistas cambiaron el sistema de los vocales judiciales del CGPJ a fin de que fueran elegidos por el Parlamento, y no por los propios jueces, para evitar una mayoría conservadora como la de 1980. En 2004, una de las primeras leyes de Zapatero, aprobada por lectura única, amplió a tres quintos la mayoría necesaria para que el CGPJ nombrara magistrados del Supremo. Así se neutralizaba la mayoría conservadora procedente del último mandato de Aznar. Ahora el Gobierno está ideando una reforma para hacerle la enésima trampa a la Constitución: rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los doce vocales judiciales del CGPJ.

La reforma que planea el PSOE es un burdo fraude de ley constitucional, un atropello que el Tribunal Constitucional no debería consentir y que las asociaciones de jueces no deberían legitimar participando en el proceso de renovación. Esta reforma revela la falta de escrúpulos democráticos del PSOE, no solo para retorcer la Constitución, sino para pactarla con los más acérrimos enemigos de la independencia judicial, como separatistas y comunistas. El PSOE tiene un plan para hacer de la Justicia una miniatura decorativa, inerme frente a los poderes políticos, a base de indultar golpistas, sojuzgar al Ministerio Fiscal, expulsar a los jueces de la instrucción de los delitos y, ahora, poner al órgano de gobierno de los jueces al dictado de una mayoría parlamentaria esencialmente autoritaria.

Un paso más hacia el control de la Justicia
Editorial larazon 3 Octubre 2020

El actual sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial fue una de las obras legislativas impulsadas por el PSOE más controvertidas, entre otras cuestiones, porque suponía una reinterpretación del texto constitucional que desvirtuaba el propósito original de los redactores de la Carta Magna. En efecto, los padres de la Constitución, en aras de reforzar la independencia de los jueces, establecieron que sólo los ocho juristas de «reconocido prestigio» que debían integrarse en el CGPJ fueran elegidos por el Parlamento, y con una mayoría de tres quintos.

El Gobierno socialista de la época amplió a los doce vocales pertenecientes a la magistratura la potestad electiva del Legislativo, eso sí, en las mismas condiciones de mayoría cualificada. Si bien, el órgano rector de los jueces no pasaba a ser un mero trasunto de la aritmética parlamentaria, sí venía condicionado por el juego político de los partidos en liza, con las consecuencias de todos conocidas. Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amenazó con una nueva reforma de la ley que eliminaría las últimas cautelas al partidismo, dejaría sin opción de decisión a la oposición parlamentaria – a la actual y a las que se conformen en el futuro– y transferiría al Ejecutivo una influencia determinante en la designación de jueces y magistrados para los puestos clave de los tribunales de Justicia.

En estas condiciones, que el arrebato del presidente del Gobierno, muy presionado por sus socios de Unidas Podemos, responda a la supuesta desobediencia a sus deseos del actual CGPJ, en funciones, que ha cubierto las vacantes y efectuado los relevos que prescribían las leyes, no hace más que reforzar la imagen de una izquierda siempre obsesionada con el control de la Justicia y de la aplicación alternativa del Derecho. Una izquierda que considera un obstáculo a la acción política la intervención de los tribunales y que cree, equivocadamente, que la ideología personal de los jueces y magistrados condiciona las decisiones jurisdiccionales. No vamos a negar la evidencia de que en algunos casos pueda ser así, pero se trataría de las excepciones que confirman la regla de una magistratura que ha demostrado sobradamente su independencia de criterio, su profesionalidad y su única servidumbre en la recta aplicación de las leyes.

La pretensión de Pedro Sánchez significa, además, un paso en la mala dirección, pues, sin reivindicar un CGPJ expuesto a los avatares del corporativismo, cuanto menos condicionado por la coyuntura política esté el gobierno de los jueces más garantías habrá de independencia y neutralidad. Asusta que la incapacidad de este Gabinete para llegar a acuerdos institucionales siempre se resuelva por la retorsión de las normas vigentes.

La necesidad de elecciones en Madrid
Francisco Marhuenda larazon 3 Octubre 2020

La izquierda lo ha conseguido, pero es pronto para que cante victoria. Necesitan acabar como sea con Ayuso y arrebatar la comunidad de Madrid al PP. Es todo un despropósito, pero se han impuesto las restricciones atropellando el Estado de Derecho. Es impresionante que se puedan establecer limitaciones de derechos fundamentales sin utilizar el instrumento jurídico adecuado y todos los palmeros gubernamentales, que son muchos, aplaudan con un fervor inusitado. Todos sabemos qué hubiera sucedido si gobernara el PP. Es interesante escuchar o leer los argumentos que utilizan los juristas defensores del uso alternativo del Derecho para atacar a Ayuso. La única noticia lógica fue la dimisión de Alberto Reyero como consejero de Políticas Sociales, ya que odia profundamente al PP y, especialmente, a la presidenta madrileña. Le hubiera gustado más estar en un gobierno con socialistas, comunistas y antisistema. No es una casualidad que el PSOE considere que es uno de los votos seguros en una moción de censura. La estrategia ahora será, precisamente, seguir en la línea de crear las condiciones para justificarla.

Tengo muy claro de que si fuera Ayuso convocaría elecciones y pondría punto final al objetivo de repetir lo que hizo Sánchez para acabar con el PP. No hay nada mejor que apelar a los madrileños y saber qué es lo que realmente quieren. Pablo Casado se equivoca no autorizando la convocatoria, porque al final perderá Madrid. No debería perder de vista de que el objetivo final es él. Es verdad que la decisión corresponde a la presidenta. Lo más importante es ser leal a los madrileños y es necesario acabar con la estrategia de acoso y derribo. Esto debería primar por encima de cualquier otra consideración. Madrid necesita que el centro derecha se recomponga y gane claramente a la izquierda para abrir una nueva etapa donde no estén mareando con mociones de censura o imponiendo restricciones por la pandemia que no tienen una fundamentación científica que conozcamos salvo el criterio de los licenciados Illa y Simón. No me cansaré de defender la necesidad de contar con un comité creíble que esté formado por científicos de acreditado prestigio. La marcha de Reyero ahonda la crisis entre el PP y Ciudadanos dando argumentos a la izquierda, pero el partido de Arrimadas debería ir con cuidado porque apoyar la moción de censura pondría de manifiesto que están dispuestos a ir de la mano con los comunistas o apoyar unos Presupuestos Generales con los independentistas.

Macron llama a combatir el separatismo islamista que busca un orden paralelo
Redacción rebelionenlagranja.com  3 Octubre 2020

Macron acaba de dar un giro de 180 grados en su mensaje político sobre el islamismo en el interior de Francia. Ha pasado del mensaje del relativismo multicultural y de la equivalencia de las civilizaciones, a defender los valores propio de la República Francesa. Parece que el buenismo migratorio está virando hacia la necesidad de llevar a cabo un control responsable de los flujos migratorios y de exigir a todos los ciudadanos de Francia, sin distinción de origen, el acatamiento de los valores de la República.

La situación en ciudades como Paris, Marsella o Burdeos y la creación de una suerte de apartheid cultural y racial en las periferias de las grandes ciudades lleva tiempo causando problemas de convivencia en la Francia urbana. No solo eso: en los últimos tiempos, barrios tradicionalmente habitados por franceses en ciudades como París están siendo ocupados ahora por poblaciones magrebíes y africanas. Es evidente que el terrorismo yihadista ha prendido en algunas de esas zonas y en determinados sectores de población. Jóvenes de las segundas generaciones de inmigrantes, sin horizonte profesional y sin arraigo cultural, son presa del adoctrinamiento. Lo que comenzó siendo un problema de orden público se está convirtiendo en un auténtico problema existencial para los franceses.

Macron lo ha dicho, aunque con cierta tardanza, con toda claridad: Francia debe “combatir el separatismo islamista que busca crear un orden paralelo”. Con estas palabras ha defendido los términos de la próxima ley para luchar contra el radicalismo yihadista en defensa de los valores propios de la República Francesa.

La ley, ya en tramitación, que será aprobada en Febrero, limitará la influencia de ese separatismo cultural en ámbitos como la enseñanza, el culto en las mezquitas, las asociaciones culturales o sociales y el transporte público. Toda asociación que aspire en adelante a una subvención pública deberá hacer una declaración de laicidad y de acatamiento de los valores republicanos; las escuelas religiosas serán supervisadas por el Estado y se limitará la enseñanza en el hogar.

Ha señalado Macron que el islam “vive actualmente una crisis en todo el mundo” debido a “un endurecimiento extremo” de tipo ideológico. “Es evidente que existe un islamismo radical que lleva a la negación de la República”. El presidente del Elíseo ha denunciado “el adoctrinamiento, la negación de nuestros principios como la igualdad entre hombres y mujeres” , la práctica de determinadas costumbres y la “desescolarización de los niños”.

Francia se enfrenta a la definición de su propio ser en los próximos años. Según los últimos datos estadísticos, el 15% de la población francesa ya no es de origen francés; ese 15% no es uniforme; hay una población que se integra y otra que reconstruye en las ciudades francesas las realidades culturales de origen. Hay organizaciones y asociaciones que acatan el orden republicano y sus instituciones, y hay cientos de pequeñas organizaciones conectadas con células islamistas que corren el riesgo de abrazar el yihadismo radical y desestabilizar le país. La realidad es tan evidente, que Macron ha decidido reaccionar y sumarse al discurso del Frente Nacional.

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Resistir, apostar y mentir
Fernando Díaz Villanueva. vozpopuli  3 Octubre 2020

Desde 1977 no habíamos tenido en España un Gobierno tan débil y, a un tiempo, tan sediento de poder. Quizá esa voluntad de agarrarse a la poltrona a cualquier precio se deba a su debilidad. Intuyen que, si se ven obligados a convocar elecciones, esta vez la moneda podría caer del otro lado y serían desalojados de Moncloa. Cuando Sánchez decidió repetir elecciones en noviembre del año pasado comprobó con amargura cómo sus apoyos habían mermado en sólo seis meses. Su partido obtuvo el 10 de noviembre 761.000 votos menos que el 28 de abril. Su socio no salió mucho mejor parado. Los de Iglesias se dejaron siete escaños y 650.000 votos entre ambas convocatorias. El baño de realidad les empujó a pactar. No podían seguir tentando a la suerte, aunque para superar la investidura necesitasen el apoyo de un batiburrillo de partidos que, de un modo u otro, condicionarían la legislatura.

Llegó entonces la pandemia con su cortejo de tragedias. Hoy el estado del país es calamitoso se mire desde donde se mire. La economía se ha derrumbado, el desempleo se ha disparado y el que no ha aflorado aún es porque se mantiene escondido bajo la alfombra de los ERTE. Si el Gobierno de Sánchez puede presumir de algo es de haber gestionado la crisis peor que nadie, al menos dentro de Europa. España es el séptimo país del mundo con mayor número de contagiados y el tercero en fallecimientos por millón de habitantes. Y todo a pesar de un prolongado confinamiento que, incluyendo la desescalada, duró más de tres meses.

El golpe a la economía ha sido brutal. El PIB se encuentra en caída libre. En el segundo trimestre del año la economía española sufrió el mayor desplome del mundo: un 18,5% en sólo 90 días. Con un panorama así y gobernando con una mayoría muy minoritaria de sólo 120 escaños propios, lo lógico sería buscar un acuerdo con el principal partido de la oposición, que cuenta con casi 90 escaños en el Congreso y trazar juntos un plan de ajuste realista para presentar en Bruselas. Eso hubiese implicado el fin de la coalición con Podemos, por lo que desde el principio se eliminó. En ese punto todo lo que quedaba era poner el motor a medio gas, dar por amortizada la legislatura y prepararse para elecciones a finales de este año o principios del próximo.

Pero Sánchez no quiere volver a jugársela. Si entre abril y noviembre con la economía marchando más o menos bien y sin pandemia perdió un 10% de los votos, ¿cuánto se dejaría ahora que, para complicar el asunto, Ciudadanos está en plena disolución y la derecha se presentaría con sólo dos partidos y no con tres como sucedió en 2019? No puede exponerse a eso. Si saliese del poder sería el fin de su carrera política. Podría despedirse de esto para los restos, con una generosa pensión, secretaria y coche oficial cierto es, pero sin esperanzas de regresar al palacio de la Moncloa. Este hombre aún no ha cumplido los 50 y quiere seguir dedicándose a esto durante muchos años más.

El golpe de gracia
Resumiendo, sólo le quedaba una salida: buscar la aprobación de unos nuevos presupuestos porque gobierna con los de Rajoy y, en el mismo movimiento, neutralizar a la oposición, castigar al Poder Judicial por su poca disposición a cooperar y cortejar a los independentistas catalanes para que le presten los votos que necesita si quiere atornillarse al poder durante dos o tres años más. Una vez conseguido eso puede esperar bien guarnecido a que amaine la tormenta.

A Sánchez le definen tres verbos: resistir, apostar y mentir. Las tres acciones las lleva a cabo con gran desenvoltura y empeño. Cuando estaba en la oposición resistió, apostó y engañó todo lo que pudo hasta que, en octubre de 2016, dejó de sonreírle la fortuna. Su partido le apartó porque había encadenado dos humillantes derrotas seguidas, pero no se dio por vencido. Regresó meses más tarde apelando a la militancia y se dispuso a esperar pacientemente el momento de dar el golpe de gracia al Ejecutivo de Rajoy, que se encontraba ya muy debilitado. Aprovechó la oportunidad, se aupó sobre el caballo y desde entonces, combinando mentiras y apuestas cada vez más altas, resiste contra viento, marea, crisis y epidemias.

La aritmética parlamentaria hoy le favorece, por eso no quiere que cambie. La derecha no puede sacarle del poder mediante una moción de censura porque, aparte de no contar con suficientes escaños, los nacionalistas regionales le prefieren a él que a alguien del PP. Pero los nacionalistas no están ahí para sostener a Sánchez a cambio de nada. Tienen agenda propia bien conocida por todos. A ERC o Bildu no les interesa demasiado la gobernabilidad de España, les interesa desmontarla. Eso no lo digo yo, lo dicen ellos siempre que tienen ocasión de hacerlo. Uno y otro partido defiende ardorosamente la independencia de sus respectivas regiones, una posición ideológica perfectamente legal pero difícilmente armonizable con el Gobierno de todo el país.

Los líderes de ERC se metieron hace tres años en una ratonera por ir por las malas y demasiado deprisa. Parece que algo han aprendido y ahora exhiben otra estrategia. Se decantan por el gradualismo, justo lo que Sánchez e Iglesias necesitan en este momento para permanecer en el poder. Su cortoplacismo es alarmante, lo sé, pero tal y como está la cosa piensan más en el día siguiente que en dentro de cuatro años. Un día más en el Gobierno es un día ganado y para conseguirlo tienen que ir elevando la apuesta entrando en terrenos minados que ponen en riesgo la viabilidad del sistema.

Podríamos preguntarnos si eso no les preocupa. A fin de cuentas, comen de este sistema y de cómo está organizado. Todo se lo deben a él. Eso es cierto, pero tienen también una agenda a largo plazo. El sistema político nacido tras la muerte de Franco no les termina de convencer. Muchos de ellos lo consideran un resto del franquismo que hay que eliminar cuanto antes. Así se entiende, por ejemplo, la ofensiva contra el Rey, contra el Poder Judicial, la campaña de acoso sistemático e implacable contra la oposición, o el anteproyecto de ley de memoria democrática que presentaron el mes pasado.

Su plan es muy ambicioso y sus socios ocasionales lo suscriben. El problema es llevarlo a la práctica. Pretenden hacerlo poco a poco mediante apuestas temerarias como el veto al Rey hace una semana en Barcelona que tanto estupor creo entre propios y extraños. Todo en un ambiente de politización y agitación permanente a través de los medios de comunicación afines para que la tensión no disminuya. La crispación les conviene porque les permite presentarse como un Gobierno sometido a asedio constante. Necesitan esa crispación para que los ciudadanos no miren a la Luna, es decir, a la crisis y el desastre que se avecina, sino al dedo que la señala.

Contra el golpe
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 3 Octubre 2020

Han confinado al Rey y han emprendido una cruzada de odio visceral contra el sistema constitucional que fue avalado por una mayoría de ciudadanos.

El contubernio sanchista-comunista ya ha dado el golpe de Estado. Lo puso en marcha apenas entró en la Moncloa amancebado con unos partidos políticos que se autodefinen extranjeros al atribuirse la representación de unos míticos Països Catalans y desentenderse explícitamente de la gobernabilidad de España, y con otros que suman a una extranjería de naturaleza racista su parentesco con la banda criminal ETA . Y lo consumó el pasado 25 de septiembre cuando cometió la barrabasada de vetar el desplazamiento de Felipe VI por el territorio de su reino. Un acto sedicioso que podría haber sido abortado mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del artículo 8.2 de la Constitución, el cual les confiere la misión de “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento institucional”.

Todo tiene un límite
Un caso paradigmático. Los partidos extranjeros han puesto en jaque la integridad territorial al apropiarse de cuatro provincias para convertirlas en su reserva feudal y se han sublevado contra el ordenamiento institucional encarnado tanto en la Monarquía parlamentaria como en el Poder Judicial. Si hubiera sido necesario proteger la persona del Rey, amenazada por las hordas de vándalos cuya existencia como factor disuasorio del viaje reconoció el ministro complaciente Grande-Marlaska, habría bastado que lo acompañara, por ejemplo, una dotación de la Guardia Real, para imponer respeto, con su sola presencia, a la chusma revoltosa. Siempre cumpliendo con el mandato constitucional.

Los golpistas siguieron adelante con sus planes porque sabían que la Jefatura del Estado atesora la cordura suficiente para buscar respuestas civilizadas a las provocaciones de los bárbaros. Pero todo tiene un límite.
La dinastía comunista

Los lenguaraces del golpismo nos aturden con invocaciones a la democracia republicana, que presentan como la panacea contra la vía dinástica de la Monarquía. Ocultan que las repúblicas que les sirven de modelo se rigen por la dinastía del Partido Comunista o de otros de la misma matriz totalitaria, como el peronismo. Una dinastía, la comunista, cuyo paterfamilias es un sátrapa que le pasa el poder a su sucesor con la autoridad del dedazo, aunque a veces se solapa con la familiar, como en Corea del Norte y en el kirchnerismo. El Conducator Pablo Iglesias promete implantar una dictadura hegemónica con esta genealogía leninista cuando afirma que el Partido Popular nunca volverá a entrar en el Consejo de Ministros. ¿Con qué retoño de la KGB republicana socialista soviética trasplantado al chavismo ibérico cuenta para impedirlo?

El título de demócratas de estos alevines de dictadores es tan falso como los de máster o doctor que injertan en algunos de sus currículos. Recordemos que Pedro Sánchez fue defenestrado de la Ejecutiva del PSOE por sus compañeros, que conocían a fondo su felonía congénita. ¿Y cuál fue la magnitud de la reacción popular que lo devolvió al puesto de mando? Obtuvo unos anémicos 74.223 votos de simpatizantes aborregados en una elección primaria. Hasta el súbdito de los Països Catalans y hoy inhabilitado por la Justicia, Quim Torra (alias “Aprieten/Empujen”), confesó, riendo, haberle brindado su apoyo (El Español, 16/5/2018). Bastaron 74.223 termitas para pulverizar el histórico PSOE.

Belicosidad sectaria
Los incineradores del texto constitucional hurgan en sus cenizas buscando un artículo que obligue al Rey a guardar silencio cuando ellos se ciscan en el Estado de Derecho. Claman por la neutralidad del Monarca mientras ellos emplean todos los medios espurios para desembarazarse de los valores de la Transición. Valores que se tradujeron en cuarenta años de convivencia en paz y prosperidad, y que bloquean sus proyectos balcanizadores. Es la hez guerracivilista la que despliega una belicosidad sectaria ante la que es imposible permanecer neutral.

Sería insensato pedirle al Rey que tome partido en controversias sociales ajenas a su potestad, ya se trate de la tauromaquia o de los derechos de los transexuales. Pero no puede ser neutral en aquellas cuestiones que según el artículo 56 de la Constitución son de su exclusiva competencia: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”. Estas fueron las funciones que ejerció al pronunciar su magistral discurso del 3 de octubre del 2017 en defensa de la permanencia y unidad del Estado.

Es verdad que los actos del Rey deben ser previamente refrendados por el Gobierno. Pero esto no cancela los poderes que le confiere el citado artículo 56 de la Constitución, en ejercicio de los cuales lo más elemental que puede hacer es trasladarse de un punto a otro de su país. Y, con más razón, si lo hace para presidir una ceremonia asociada al “funcionamiento regular de las instituciones”. En este caso el Poder Judicial, tan aborrecido por todos los delincuentes, desde los carteristas urbanos hasta los sediciosos, malversadores y corruptos del espectro político.

Dos bastiones institucionales
Ya han dado el golpe de Estado. Han confinado al Rey y han emprendido una cruzada de odio visceral contra el sistema constitucional que fue avalado por una mayoría abrumadora de ciudadanos cuando los consultaron. Ahora los perjuros sanchistas, los comunistas recalcitrantes, los renegados del país donde nacieron y lucraron, y los albaceas de los asesinos etarras, se han confabulado en un bloque de legisladores (LV, 27/9) que pugnan por infiltrar a los portadores de su veneno ideológico en el Poder Judicial, uno de los dos bastiones institucionales que todavía se levantan para frenar la ofensiva antiespañola.

Si sumamos fuerzas sin exclusiones, los patriotas aún podemos derrotarlos civilizadamente para romper el cerco al Rey y recuperar la vigencia de la Constitución, sin necesidad de recurrir al segundo bastión que nos reserva el hibernado artículo 8.2 de la Carta Magna, arriba citado. La unidad de nuestra España constitucional es, además, la condición sine qua non para recibir los fondos de recuperación de la Comunidad Europea. Ahora es a la sociedad organizada a la que le toca apretar.
 


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