AGLI Recortes de Prensa   Lunes 5  Octubre  2020

El ataque impositivo de Sánchez e Iglesias a la economía productiva
José María Rotellar Libertad Digital 5 Octubre 2020

El Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas no ha abandonado nunca la idea de llevar a cabo una importante subida de impuestos. Ya Montero lanzó una advertencia hace meses, cuando dijo que consideraba que había margen para incrementar la recaudación vía subida de impuestos hasta que España alcance una presión fiscal similar a la de la media de la eurozona, de la que nos separan seis puntos sobre el PIB. A lo largo de estos meses, desde entonces, han repetido esa misma cantinela, que ahora mantienen.

Esos seis puntos equivalen a 64.582 millones de euros, teniendo en cuenta una estimación de PIB para 2020 de 1,076 billones de euros tras el descenso que se producirá este año en la actividad económica (por lo menos de 10,5 puntos del PIB nominal).

El Gobierno equivoca dos cosas: la primera es que nuestra presión fiscal puede ser inferior a la de la eurozona, pero no así nuestro esfuerzo fiscal, que es el indicador que mide la presión fiscal en términos de PIB per cápita, con lo que una nueva subida de impuestos sólo conseguirá estrangular más al conjunto de españoles. La segunda es que puede subir los impuestos todo lo que quiera, pero de ahí a que consiga el efecto de recaudación deseado, media un gran trecho. Con una economía descendiendo a tumba abierta, llevar a cabo una política fiscal contractiva con semejante subida de impuestos lo único que conseguirá es paralizar más la economía, incrementar todavía más el desempleo y aumentar, así, el efecto de los estabilizadores automáticos: más gasto en prestaciones por desempleo, menos recaudación por caída de actividad (y desincentivo a la misma) y, por tanto, más déficit y deuda. Ya la Unión Europea le advirtió de lo irreal de las estimaciones enviadas en la actualización del programa de estabilidad, remitido a finales de abril, pero el Gobierno insiste en su empeño.

¿Cuáles son sus planes para ese anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado que están conformando y que pretenden que se les apruebe como si de firmar un cheque en blanco se tratase ? Subir todos los impuestos e introducir otros nuevos. Su plan es el del fallido proyecto de Presupuestos Generales del Estado de febrero de 2019. Es decir, un auténtico ataque a la economía productiva, a los ciudadanos y a las empresas que mantienen, con su trabajo, la estructura económica nacional.

La última ocurrencia que el Gobierno ha puesto sobre la mesa es gravar a la educación y sanidad privadas con el tipo general de IVA (21%), que hasta ahora estaban exentas, y eliminar las desgravaciones fiscales de las aportaciones a planes de pensiones.

Esas medidas no van a servir para recaudar más, porque lo que van a conseguir es hundir más la economía, pues muchos centros de educación privada o perderán alumnos, si les repercuten ese gravamen, o entrarán en pérdidas, si lo asumen ellos, con lo que, al final, acabarán en desequilibrio económico y tendrán que cerrar, destruyéndose, así, tejido productivo y muchos puestos de trabajo.

Lo mismo sucede con la sanidad privada, con el agravante de que si cierran centros privados en materia sanitaria se dejará de contar con una capacidad instalada adicional a la sanidad pública, capacidad que ha sido y es esencial en la presente pandemia.

Por último, al eliminar la desgravación por las aportaciones a planes de pensiones, desincentivarán la ya escasa aportación que se produce en España a dichos planes, cuando todo parece indicar que lo prudente sería lo contrario, ya que la Seguridad Social terminará teniendo que realizar un ajuste en las pensiones futuras, de manera que tener un sistema privado complementario resultaría muy positivo para los ciudadanos. Las desgravaciones fiscales realmente distorsionan el impuesto, pues tienen una gran parte de intervencionismo público en las decisiones de los ciudadanos, al dirigirlas hacia lo que quieren incentivar desde la Administración, pero si se eliminan debe compensarse con una buena bajada de tipos, cosa que no va a suceder, sino todo lo contrario, porque también los van a subir.

Todo ello, es el último despropósito dentro de la locura de subida impositiva que quieren llevar adelante en los Presupuestos Generales, donde recuperarán, como digo, su proyecto de febrero de 2019. De esa manera, impondrán además otros dos nuevos impuestos, que son el impuesto sobre determinados servicios digitales y el impuesto sobre transacciones financieras.

Con el primero, el impuesto sobre determinados medios digitales -la llamada, erróneamente, tasa Google, porque no es una tasa, sino un impuesto- pretende recaudar por las operaciones de intermediación digital que realicen distintos operadores, a los que gravará con un 3% del importe de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea o venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad. Es decir, operaciones relacionadas con las funcionalidades que dan los buscadores, transacciones con intermediario o la publicidad que le aparece a cada usuario por el tratamiento de sus datos, que hace que aparezca una publicidad adaptada a las búsquedas realizadas por cada persona, son actividades que pueden quedar gravadas si se aprueba el proyecto de Ley.

Es cierto que contará con diversas exenciones, como la relación directa entre particulares, y que se gravará a las grandes empresas un 3% del importe facturado, al iniciar el gravamen para las empresas que tengan ingresos anuales superiores a 750 millones de euros, de los que en España se generen 3 millones, pero no es menos cierto que dicho impuesto terminará siendo repercutido a los usuarios por una doble vía: un mayor coste del servicio o un peor servicio.

La estimación de su recaudación, que cifró en su día el Gobierno en 1.200 millones, la rebajó después el Ejecutivo a 968 millones, quizás por prudencia o por un mero prorrateo de su aplicación en 2020. No obstante, siguen pareciendo cifras bastante optimistas, pese a la rebaja. La AIReF o PWC llegaron a estimar cifras sensiblemente más reducidas. Este impuesto tiene el inconveniente añadido de que molesta a Estados Unidos, que impondrá aranceles a muchos productos españoles, de manera que perjudicará a nuestras exportaciones y a nuestros crecimiento económico y nivel de empleo. Por otra parte, con el plan de reactivación de la Unión Europea parece que, de imponerse, este impuesto financiaría directamente las arcas de la UE para compensar, así, el esfuerzo de gasto en fondos no reembolsables, con lo que no mitigará nada el descuadre español.

En cuanto al impuesto sobre transacciones financieras, pretende gravar la compraventa de acciones españolas que se realice sobre empresas cotizadas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. El tipo de gravamen previsto será del 0,2% sobre el importe de la transacción -curiosamente, entre las operaciones que deja fuera, está la deuda pública, a la que no se le añade esta traba para conseguir su colocación adecuada-.

Con ello, se está castigando la capitalización, que es el elemento ponderador del IBEX-35. Si con esto disminuye el número de transacciones, la medida estará limitando el acceso a la financiación a las grandes empresas, que generan la mayor parte del empleo en la economía española. Ese volumen de negociación es el que les da liquidez y el que da tranquilidad al inversor, pues sabe que empresas con mucho volumen negociado son una garantía a la hora de deshacer una inversión si así lo necesita el ahorrador, de manera que se levanta una segunda barrera para el ahorrador, que es la menor liquidez que puede encontrar a la hora de querer ejecutar una orden de venta. Y digo una segunda barrera porque la primera, el gravamen, a buen seguro que le será repercutido, de una u otra manera, por el intermediario financiero, que será el sujeto pasivo del impuesto.

Por este segundo impuesto, el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros, cifra también optimista, en la banda ancha de lo estimado, en su día, por la AIReF. Esa recaudación, dijo hace tiempo el Gobierno, se destinará a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.

Esto último es contraproducente e injusto, por diversas razones. En primer lugar, no se puede ligar la financiación de las pensiones a una partida de ingresos de los PGE o al déficit contemplado en ellos, porque la Seguridad Social tiene su fuente de financiación diferenciada, que es la que proviene de las Cotizaciones a la Seguridad Social y así debe seguir siendo para el correcto funcionamiento de su caja. Lo que debe hacer el Gobierno es introducir las reformas oportunas para garantizar su viabilidad, pero no para sostenerla a base de déficit de la Administración General del Estado, porque eso tiene un corto y peligroso recorrido.

En segundo lugar, es injusto, porque imaginemos que unos pensionistas han acumulado unos ahorros a lo largo de toda su vida de trabajo e invierten en Bolsa, de manera prudente, para obtener unas plusvalías o unos dividendos con los que completar su pensión. Si ahora se gravan esas transacciones y el gravamen es repercutido a los ahorradores, y el Gobierno dice que esa recaudación es para sostener las pensiones, nos encontraríamos con la injusticia de que esos pensionistas ahorradores que compran y venden acciones estarían pagando un gravamen -si les es repercutido, que lo será, probablemente- para sostener su propia pensión, de manera que además del pago que toda su vida han realizado a la Seguridad Social para devengar un derecho en el sistema público de reparto, no sería suficiente, sino que estarían aportando, indirectamente, también por esta vía sin obtener, por ello, una pensión mayor.

Y como colofón, una subida generalizada del resto de impuestos. Plantea un conjunto de subidas de impuestos que afectarán negativamente a la economía: no sólo piensan aumentar el IRPF en varios puntos, que desincentivará a los trabajadores, especialmente a la parte de los mismos que más sostiene la recaudación, sino que, además, impondrá un tipo mínimo del 15% en el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades (18% en el caso de la banca), por no hablar de la homogeneización de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, por poner unos ejemplos. Como colofón nos encontraremos con un mayor gravamen a las SOCIMIS en la parte de beneficio no repartido, que dificultará la existencia de este tipo de sociedades, de manera que el mercado inmobiliario puede perder parte de su dinamismo, con las consecuencias en cascada que tendría sobre toda la economía.

Todo esto, unido a la derogación de la reforma laboral, en la que siguen insistiendo, constituye el verdadero programa económico del Gobierno, donde la nociva subida de impuestos ya ha comenzado su andadura. Subida de impuestos que, previsiblemente, dañará a la economía sin conseguir los objetivos de recaudación que prevé, con lo que también se incrementará, en este caso, el déficit y la deuda. El único objetivo que conseguirá es atacar al sector productivo, con el ensañamiento ideológico adicional de perjudicar todo lo que puedan a la educación y sanidad privadas, dos actividades eficientes y necesarias en toda economía.

Es el inicio de un camino tortuoso con un horizonte económico nada halagüeño, pues, de llevarse a cabo, retrasará, y mucho, la recuperación, que ya de por sí ha paralizado el Gobierno con su pésima gestión de la actual doble crisis.

Muerte, ruina y más impuestos
Carlos Mármol cronicaglobal 5 Octubre 2020

En el primer semestre de este glorioso 2020, un año lleno de muerte y ruina, el gasto público en España creció más de un 21% mientras los ingresos regulares se hundieron un 15%. No hace falta ser matemático para darse cuenta de que, en caso de no corregir de inmediato esta tendencia, caminamos (todos) hacia un rescate en toda regla. Sin eufemismos. La deuda del Estado ha crecido un 7,3% en cuatro meses: hasta 88.000 millones de euros, teóricamente destinados a paliar el impacto de la gran pandemia. Las obligaciones públicas superan con creces la capacidad de generar riqueza de la economía española. Todo nuestro patrimonio termina en un pozo negro.

Las estimaciones oficiales del Banco de España señalan que pronto nuestra deuda global alcanzará sin esfuerzo el 120% del PIB. En apenas un año el déficit de la Seguridad Social, encargada de pagar las pensiones con las cotizaciones, ha escalado un 41%, poniendo en serio peligro la supervivencia financiera de nuestro principal sistema de asistencia social. Los partidos políticos negocian dentro del Pacto de Toledo una reforma del sistema que, asombrosamente, parece decidida a mantener los seculares privilegios de los funcionarios, que podrán seguir jubilándose a los 60 años sin pérdida salarial, a costa del resto de la población, que antes o después, de una manera u otra, sufrirán sin duda una merma en sus derechos. Bien directamente o a través de un incremento de la edad oficial de retiro.

Caminamos a toda velocidad hacia al abismo –llámenle default, si gustan– y, sin embargo, nuestros próceres, principales responsables de la calamitosa situación de las arcas públicas, celebran que Europa haya aceptado la suspensión del Pacto de Estabilidad. “Tendremos más dinero para gastar”, ha afirmado con una sonrisa inquietante el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEMP. Al mismo tiempo, los presidentes de Galicia y Andalucía, ambos del PP, defendían este fin de semana en La Toja el excepcional funcionamiento de las autonomías contra el coronavirus, como si ambos no tuvieran muertos a cientos en sus virreinatos.

Decididamente, nos hemos vuelto locos. Tan desestabilizador para el futuro de España es el independentismo (catalán y vasco) como la alegría con la que el resto de políticos de todo el arco parlamentario predican las virtudes de la falta de contención en un momento en el que los cimientos del país crujen. La suspensión de la regla de gasto, decidida por Hacienda hace unos días, dará carta libre a las administraciones públicas para gastar más con la coartada del coronavirus. Las primeras señales son pavorosas: las autonomías, en buena medida, usarán el levantamiento del tope de endeudamiento, y probablemente parte del dinero extraordinario que reciban por la pandemia, para gastos corrientes, que ni de lejos son gastos sociales.

En Andalucía, Moreno Bonilla, que lleva meses reclamando dinero a Moncloa y dice que las fianzas regionales están en una situación crítica, acaba de destinar once millones de euros del fondo Covid a evitar (de nuevo) la quiebra de Canal Sur. Entre contratar médicos –la atención primaria en el Sur, igual que en otras muchas partes España, está colapsada y no atiende a los enfermos– o invertir en propaganda política, el PP no tiene dudas: fichar a Bertín Osborne y a Mariló Montero es más importante que curar a los enfermos. La suspensión del pacto de estabilidad es temporal: no se extenderá más allá de 2021. La UE ha abierto la mano momentáneamente pero no tardará mucho en cerrarla. Entonces, dentro de sólo quince meses, empezarán los llantos amargos: se impondrá una nueva reforma laboral –que abaratará aún más el despido– y se tocarán (a la baja, por supuesto) las pensiones. Lo que no se abordarán nunca serán las necesarias reformas del sector público, que se come el león de las cuentas del Reino.

Este es el panorama que nos espera a medio plazo, por mucho que a corto vayan ustedes a ver a socialdemócratas (que no son tales), a neoliberales (que no creen en la libertad) y a los grandes populistas (cuya ideología no defiende la igualdad, precisamente) celebrar que, ante la crisis, nadie en su sano juicio debería escandalizarse de que suba el gasto público, aunque estos recursos no salven a una sanidad destruida ni blinden las políticas de la dependencia. La ministra de Hacienda, que si tuviera dignidad debería haber dimitido tras su derrota parlamentaria frente a los ayuntamientos, prepara un pack fiscal para subirnos los tributos: ascenso del IVA en los productos básicos de alimentación, servicios culturales, hostelería y sanidad y educación privada. No es descartable una reforma de los tramos del IRPF ni un incremento de la cotización de los autónomos. Todo es posible.

El Estado español, ineficaz e incapaz de salvar la vida de los ciudadanos, siempre necesita más recursos (de los españoles) para dejarlos en la estacada. Si aún así no alcanza su objetivo, pas de problème: será Europa la que dentro de un año ordene dónde, a quién y cómo hay que recortar para volver a equilibrar las cuentas. Nadie recordará entonces dos enseñanzas. Primera: no se debe gastar más de lo que se ingresa si no quieres pasar hambre. Y segunda: una deuda, sea buena o mala, se paga de una forma u otra. Generalmente con la sangre, el sudor y las lágrimas de los de siempre: los que menos tienen.

“Madrid a la espera de la justicia”
Francisco Marhuenda larazon 5 Octubre 2020

Una cuestión que sorprende en la imposición de las medidas contra Madrid es la desproporción. En lugar de dejar en manos de la autoridad sanitaria competente, que es la consejería de Sanidad, se ha preferido una solución autoritaria de brocha gorda que espero que el ministerio aplique a partir de ahora, suponiendo que se atreva, a las comunidades gobernadas por socialistas o nacionalista.

Esta primera aproximación a la desproporción contrasta con la opción de seguir actuado por áreas sanitarias, algo que parece razonable, mientras se intentaba preservar otros bienes fundamentales como son la imprescindible recuperación económica y el bienestar de una sociedad cansada con tantas restricciones. El gobierno ya intentó el confinamiento con el Estado de Alarma y no consiguió acabar con la covid-19 algo que es extensible al resto de países, por lo que resulta evidente que hay que convivir hasta que tengamos vacunas y medicinas que la controlen. Madrid cuenta con más de 1.000 rastreadores y realiza unos 160.000 test PCR a la semana, pero lo más importante es que los datos muestran una rápida mejora gracias a las decisiones adoptadas por los expertos de la comunidad. ¿Por qué esa prisa de Illa y Simón contra Ayuso y su gobierno?

Otro aspecto insólito a estas alturas es tanto la arbitrariedad como la opacidad que existe en la actuación del ministerio. El gobierno federal alemán nunca hubiera actuado de esta forma contra un land, porque existe respeto y colaboración institucional a la vez que se respetan las competencias. Es cierto que no pondrían de ministro de Sanidad al alcalde de una pequeña población sin experiencia sanitaria acompañado de un licenciado en Medicina con escasas publicaciones y sin un doctorado. Me gustan las sociedades exigentes con sus políticos y que valoran la ética, experiencia profesional y formación académica.

No sé qué resolverán las instancias judiciales, pero yo tumbaría las decisiones ministeriales y exigiría que se utilicen los instrumentos jurídicos adecuados. Hay que poner punto final a este uso alternativo del Derecho que tanto gusta a los políticos de izquierdas y no se puede utilizar la excusa de la salud pública, cuando los datos son capciosamente utilizados, para atropellar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si Illa y Simón quieren mantener su acoso a Madrid deberían solicitar al gobierno que decrete el estado de alarma, porque es inaceptable establecer estas restricciones con la orden comunicada, como si estuviéramos en el Antiguo Régimen, de un acuerdo sin consenso del Consejo Interterritorial.

Lavarse las manos
Rafael Rossy rebelionenlagranja.com 5 Octubre 2020

Conocido como el padre de la antisepsia, el médico vienés Ignaz Semmelweis descubrió que el simple lavado de las manos con una solución de hipoclorito cálcico reducía significativamente la incidencia de la sepsis puerperal –la llamada ‘fiebre del parto’– que, a mediados del siglo XIX, podía provocar la muerte de hasta casi un tercio de las parturientas dependiendo del lugar. Los médicos desconocían la conveniencia del lavado de sus manos y pasaban a la sala de operaciones tras realizar la autopsia de un fallecido por una enfermedad infecciosa, sin siquiera mojar las manos con agua y jabón. Las advertencias de Semmelweis no fueron bien recibidas en una comunidad médica aferrada a la convicción de que los contagios se producían solamente por el aire malsano. El rechazo de los colegas de profesión terminó por perturbar la mente de Ignaz Semmelweis, que falleció dos semanas después de su ingreso en una institución para enfermos mentales; se creé que como consecuencia de la paliza recibida por los guardias que evitaron la fuga del doctor. El reconocimiento de su descubrimiento tuvo que esperar tres lustros, hasta la llegada de la teoría de los gérmenes de Louis Pasteur. Un siglo y medio más tarde, durante la actual pandemia, el lavado regular de las manos con soluciones hidroalcohólicas se ha convertido en una de las prácticas de prevención básica para evitar contraer esta enfermedad que tantos estragos está causando.

Otro tipo de lavado de manos ha ocupado los titulares de la prensa en los últimos días de agosto. El Gobierno, desaparecido durante unas vacaciones que han sido capaces de resistir a cualquier rebrote, ha regresado para anunciar que delega en las comunidades autónomas la responsabilidad de la gestión sanitaria de la pandemia, pudiendo hacer ellas uso de la facultad de declarar estados de alarma regionales (o lo que es lo mismo, que el Gobierno no se opondrá a la solicitud de estado de alarma que pida cualquier presidente de una comunidad autónoma de acuerdo con el artículo quinto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio).

Como pretendido símbolo de purificación, el lavatorio de manos de Poncio Pilato ha quedado para la posteridad como sinónimo de desentendimiento ante una injusticia y de elusión de una responsabilidad. La relación entre el poder y la responsabilidad diferencia un régimen totalitario de uno democrático; los dictadores ejercen un dominio sobre los ciudadanos sin obligaciones ante ellos, sin rendir cuentas de sus actos. El ejercicio del poder en un Estado democrático presupone, en cambio, la asunción de un compromiso. Un compromiso fundamental que asume el Gobierno español ante los ciudadanos es la protección de la salud pública con la gestión de su competencias sobre las bases y coordinación general de la sanidad.

En la primera ola de la pandemia el Gobierno de Sánchez optó por la solución contraria a la de ahora: declaró el estado de alarma y asumió competencias sanitarias plenas. Nadie otorga hoy una nota favorable a la gestión que el Ejecutivo hizo de la crisis del coronavirus y hasta sus partidarios más recalcitrantes tienen dificultades para defender un aprobado raspado, aún excusándose en el desastre global de esta pandemia. Lo cierto es que los datos objetivos continúan señalando hoy que no hay país en el mundo que haya obtenido peores resultados a los de España, ni en muertes, ni en infecciones del personal sanitario, ni tampoco en las consecuencias económicas de la gestión de la pandemia.

Nuestro país sufrió durante el primer semestre del año una cadena interminable de despropósitos del Gobierno socialcomunista de Sánchez que ha causando un daño inmenso a la población y a la economía. La decisión de implicar a las Comunidades Autónomas en esta segunda oleada de la pandemia –que los actuales ‘rebrotes’ están anunciando preocupantemente– parece tener como objetivo principal la dilución de las responsabilidades por esa negligente gestión realizada en los primeros compases del covid-19. De este modo, en unos meses, al largo y trágico historial de errores del Gobierno, podrán sumarse otros de los gobiernos autonómicos en los que quedará disuelta la incuria socialcomunista.

Por aquello de que la más pobre de las tintas vale más que la mejor memoria, hemos recogido en el libro “Toda la verdad sobre el coronavirus” un examen muy pormenorizado de los sucedido durante esa primera oleada hasta la finalización del estado de alarma. El objetivo de este exigente trabajo de documentación y narrativo tenía como finalidad dejar registrado para la historia, en un formato con más vocación de perdurar que un comentario radiofónico, el reportaje televisivo o un artículo en una web, el detalle de lo ocurrido en el capítulo más triste de nuestra vida colectiva. Las consecuencias de esa gestión del Ejecutivo de Sánchez estaban siendo siendo tan graves para los españoles que nos pareció conveniente realizar un esfuerzo muy honesto y efectivo de objetivación analítica, contrastando todas las informaciones con completa independencia mental y documentando fehacientemente cada una de las aseveraciones. A pesar de esta imparcialidad, las conclusiones no dejan de resultar extremadamente contundentes y es nuestra responsabilidad de que no sean olvidadas:

1. Existen suficientes pruebas que demuestran que el Gobierno socialcomunista conocía los riesgos derivados de la alta contagiosidad y letalidad del Covid-19 y, sin embargo, decidió ocultarlos a los españoles hasta una vez pasado el 8 de marzo, retrasando en varias semanas las medidas de contención razonables. Esta dilación causó varias decenas de miles de muertes que se habrían evitado.

2. Existen suficientes pruebas que demuestran que el Gobierno socialcomunista ha mentido y continúa mintiendo en la cifra de fallecidos en España por coronavirus, escondiendo a más de 17.000 fallecidos. De este modo, Pedro Sánchez ha ocultado a buena parte de la población que España ha sido el país con mayor número de muertos por millón de habitantes en el mundo.

3. Existen suficientes pruebas que demuestran que el Gobierno socialcomunista no tomó las medidas razonables de protección de las residencias, donde fallecieron cerca de 20.000 ancianos. Pablo Iglesias era –y continúa siendo– el máximo responsable de esos centros (con anterioridad incluso al 19 de marzo cuando quiso presentarse ante la opinión pública como responsable y salvador de las residencias de ancianos con promesas que después incumpliría). Para eludir esa responsabilidad, Pablo Iglesias debería dimitir como ministro y vicepresidente y razones para hacerlo no le faltan.

4. Existen suficientes pruebas que demuestran que la regulación normativa del estado de alarma llevada a cabo por el Gobierno socialcomunista fue operativamente ineficiente y jurídicamente muy deficiente, lo que podría provocar una cantidad enorme de reclamaciones. Ha quedado demostrado que el Gobierno socialcomunista aplicó unas medidas que llegaron tarde pero fueron desmesuradas y las hizo durar mucho más de lo razonable causando un gravísimo perjuicio económico.

5. Existen suficientes pruebas que demuestran que las operaciones de aprovisionamiento de material sanitario del Gobierno socialcomunista evidencian que, además de una preocupante incompetencia, hay motivos de sospecha de la existencia de fraude. El personal sanitario español fue víctima de la ineptitud del Gobierno en la compra de material. La intervención del Gobierno socialcomunista en los mercados de productos y servicios sanitarios sirvió únicamente para dificultar el acceso de los ciudadanos a estos medios.

6. De acuerdo con los informes de las entidades internacionales más acreditadas, la gestión económica del Gobierno socialcomunista en el primer semestre del año traerá a España los peores resultados del mundo en términos de PIB. Existen suficientes pruebas que demuestran que en la política económica desarrollada por el Ejecutivo socialcomunista primó el interés partidista sobre el de los españoles pudiendo tener incluso como objetivo premeditado la ruina de la población. Lo cierto, en cualquier caso, es que España se enfrenta a la mayor crisis económica de nuestras vidas.

No puede negarse que estas conclusiones ya han tenido un reflejo resumido en otros medios. Lo que realmente nos motivó a la publicación de este libro, además del deseo de aportar todas las pruebas que las documentan, fue que la verdad de lo sucedido en este primer semestre de ese año negro no quede borrado por el olvido o distorsionado por la manipulación política y de los medios oficiales.

Ojalá quienes analicen este triste capítulo de la historia de nuestro país en el futuro tengan serias dificultades para comprender cómo fue posible el abandono de tantos ancianos a una muerte cruel, en la más completa soledad, sin que ni siquiera algún ser querido les pudiera dar una muestra de cariño y negándoles la asistencia religiosa a la que tenían derecho, porque significaría que habríamos conseguido recuperar algo de la humanidad perdida. Sin llegar caer en la frialdad de los que se referían a los muertos como ‘curvas’ y ‘picos’, corremos todos el riesgo de hablar de decenas de miles de muertes sin reparar en el drama personal que significa en realidad cada una de ellas; el riesgo de olvidarnos del dolor de tantas parejas separadas del modo más cruel y para siempre, de la tristeza que ha producido en las familias rotas, de la desgarradora duda que muchos hijos tendrán sobre a quién pertenecen las cenizas enterradas durante esos dramáticos días de caos o la injusticia de que tantos nietos deban crecer sin la compañía de sus abuelos.

Un equipo de investigación de la Universidad de Glasgow presentó hace unos meses un estudio en el que estimaba cuánto tiempo habrían vivido de media las personas muertas en esta pandemia, a partir de los datos demográficos y del estudio de un muestra representativa de muertos por coronavirus. El estudio afirmaba que la media de años de vida perdidos por los fallecidos por el Covid-19 era de 13 años en el caso de los hombres y 11 en el de las mujeres. Aunque el estudio no se haya realizado con los datos del caso concreto español es altamente improbable que el resultado en nuestro caso diera una esperanza de vida de los fallecidos inferior a una década. Hablamos, consecuentemente, más de 500.000 años sustraídos, de más de 182 millones de días en los que esos niños habrían podido ver a unos abuelos que no existirán, de una infinidad de momentos inolvidables que han desaparecido para siempre con estas muertes.

El Gobierno de Sánchez puso un especial empeño en impedir que pudieran ser tomadas fotografías de las morgues abarrotadas de ataúdes. Y durante mucho tiempo trató de evitar el luto a pesar de haber vivido la peor tragedia humana desde la Guerra Civil. Todas esas muertes que se podrían haber evitado y sus familiares están reclamando nuestra memoria y no podemos desentendernos de tanta injusticia.

Lavarnos las manos ahora solo agravaría el mal.

Por Rafael Rossy, autor de “Toda la verdad sobre el coronavirus”.

Una derecha dividida y perdedora
Editorial ABC 5 Octubre 2020

Aunque los partidos de centro-derecha mantienen una clara ventaja sobre PSOE y Unidas Podemos, la encuesta de GAD3 que hoy publica ABC representa un toque de atención para el Partido Popular. La encuesta refleja la evolución del voto estimado desde mediados de julio hasta el momento, y revela que el PP ha descendido casi cuatro puntos de apoyo electoral -hasta el 23,8 por ciento- y ha perdido dieciocho escaños. Los demás partidos nacionales -PSOE, Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos- mejorarían su representación en el Congreso de los Diputados, siempre tomando como referencia el sondeo de GAD3 publicado en julio pasado.

Los socialistas apenas sufren desgaste desde las pasadas elecciones, en noviembre de 2019, a pesar de la gestión de la crisis sanitaria. el histórico declive económico del país y el rechazo mayoritario a su política de pactos y cesiones y sus desleales ataques a la Corona. La política de subvenciones y ayudas sociales, unida a la tendencia del ciudadano a refugiarse en el Gobierno en tiempos difíciles, ayudan a entender los resultados de la encuesta, pero no son los únicos factores. En julio pasado, el PP superó en previsión de escaños al PSOE, alcanzando los 121 diputados. Hoy no pasaría de 103. El período de la encuesta no recoge los beneficios del supuesto giro del PP al centro, exteriorizado en el cese de su portavoz parlamentaria y de su equipo en el Congreso. Al mismo tiempo, Vox recupera terreno, con trece escaños más, y también Cs, en menor medida, que pasa de seis a nueve diputados. El PP se enfrenta así a una necesaria revisión de su estrategia política y su comunicación pública, porque ha generado polémicas sobre sí mismo y transmite inseguridad en su forma de encarar el debate con el Gobierno, incluso en la defensa de líderes territoriales que, como Isabel Díaz Ayuso, constituyen el objetivo prioritario de la izquierda. El PP tiene exitosos modelos autonómicos de gobierno, pero su extrapolación a escala nacional provoca espejismos, porque el ciudadano sabe discriminar qué significado político y qué condicionamientos tienen cada nivel de gobierno, sea estatal, autonómico o local. Nunca le ha resultado rentable a la derecha permitir que la izquierda le marque el guión y le imponga a quién debe vetar o promover.

La división de la derecha vuelve a ser determinante de la limitación de su proyección en el Congreso de los Diputados, pese a sumar el 45 por ciento del apoyo de la población. La moción de censura de Vox aumentará los perfiles de esa división, sin más beneficio que el que obtendrá la izquierda, al hacerla nuevamente notoria. Es necesaria la articulación de un proyecto definido de centro-derecha, liderado por el PP, porque mientras se mantenga la competición interna en ese espectro ideológico, la izquierda seguirá teniendo mayoría, con separatistas y comunistas, para gobernar.

¿ Una derecha o una España ?
Nota del Editor 5 Octubre 2020

El PP tiene que desaparecer. ha sido y es el causante por omisión de todos los males que nos aquejan. Su desprecio de España y de los españoles es permanente, su objetivo es seguir viviendo del cuento de siempre, la alternancia entre mafiosos. Cuando por fín desaparezca, nos encontraremos con una España completamente destruída, efectos colaterales de la desaparición del PSOE que no quiere que quede piedra sobre piedra.

Hay que apoyar a Vox, únicos a quienes importan España y los españoles.

Matar a Madrid
Junto a la capital, Sánchez mata al resto de España, estigmatizada como leprosa a los ojos del mundo
Isabel San Sebastián ABC 5 Octubre 2020

Si el Gobierno estuviese realmente más preocupado por la salud de los ciudadanos que por cualquier otra derivada del Covid-19, habría decretado hace tiempo el confinamiento de toda España. Porque es toda España, y no sólo una autonomía, la que supera ampliamente la tasa de contagios y defunciones establecida por la mayoría de los países europeos como frontera a partir de la cual se impone tomar esa medida extrema. Estamos a la cola del mundo en el combate contra esta plaga y a la cabeza en número de muertos, infectados y mentiras. Sufrimos el peor liderazgo posible cuando más necesario sería un Ejecutivo integrado por gente preparada, ajena a sectarismos estériles.

Si su interés fuese legítimo, Sánchez se habría sentado con los dirigentes de todos los partidos y los de las 17 autonomías para acordar una actuación consensuada. Sucede, no obstante, que tanto a él como a Iglesias les preocupa infinitamente más matar a la Comunidad de Madrid que preservar el bienestar de sus gobernados, por razones que van desde la utilización de la capital como burladero tras el cual ocultar su clamoroso fracaso en la gestión de la pandemia, hasta la determinación de hundir la economía de la región con el fin de impedir a la derecha presentarla como modelo del éxito que se deriva de aplicar políticas liberales, sin olvidar la pretensión de tomarla al asalto, vía moción de censura, como hicieron con el país auxiliados por una recua de enemigos de la Nación y la Constitución.

La jugada es tan sucia y tan burda a la vez que únicamente una intención traidora o una ceguera incompatible con el cargo que ocupa puede explicar el apoyo expreso que el vicepresidente de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha prestado a la imposición gubernamental. Digo bien imposición, «manu militari», muy alejada del discurso buenista y «dialogante» invocado en público por el filósofo socialista en cuyas manos descansa no solo nuestra sanidad, sino nuestro sustento, amenazado de muerte por su decreto de cierre. Una imposición basada en criterios absolutamente arbitrarios, sin refrendo científico alguno, seleccionados meticulosamente con el propósito de confeccionar un traje represivo a la medida de Madrid, dejando fuera del corsé cualquier otro territorio. Un cerrojazo decretado de hoy para mañana con la firma de una secretaria de Estado, cuando el propio presidente aseguraba el pasado mes de abril que solamente el Estado de Alarma permitía inmovilizar a los habitantes de Madrid, convertidos en leprosos semejantes a los que en la Edad Media eran obligados a llevar una campanilla al cuello destinada a alertar a todos de su peligrosa presencia.

La misma izquierda enardecida que acusaba a Isabel Díaz Ayuso de castigar a los barrios más pobres, ignorando sus tasas desbocadas de contagios, aplaude hoy el castigo de Illa a toda la comunidad, basado en el mismo argumento pero motivos mucho más endebles. Ni siquiera se molestan en disimular. Les puede el odio de clase, el afán de liquidar la prosperidad de una región, la más solidaria de España, que crea riqueza y empleo bajando los impuestos mientras otras se hunden en una crisis perenne aplicando la receta contraria. Buscan arruinar a la clase media emprendedora, culpable de no votarles, en su afán de crear un sustrato de parados dependientes de esa limosna a la que llaman «renta mínima vital», caladero inagotable de voto cautivo. No se dan cuenta, o acaso sí, de que junto a la capital matan al resto de España, estigmatizada a los ojos del mundo con el mismo cascabel vergonzante que han colgado a los madrileños.

Un monstruo de cuatro cabezas
Luis Herrero Libertad Digital 5 Octubre 2020

La crisis sanitaria, económica, nacional e institucional acogota al país entero y carga de incertidumbre y desesperanza el futuro de millones de personas.

El otro día le dije a un dirigente del PP, con muchos entorchados en la bocamanga, que debían apoyar la moción de censura que ha planteado Vox en el Congreso de los Diputados y me miró como si mis palabras arrastraran miasmas preñadas de coronavirus. “Cielo santo —exclamó cuando se hubo repuesto del sobresalto—, si lo hiciéramos, los militantes del partido nos correrían a gorrazos”. Tal vez no fuera esa su expresión literal, porque mi interlocutor cuida las formas con la exquisitez de un encargado de planta de El Corte Inglés, pero desde luego ese fue el sentido exacto de su respuesta.

Y el caso es que en el diagnóstico de fondo estábamos de acuerdo, según me pareció entender. España se enfrenta a una crisis sin precedentes, a una especie de monstruo de cuatro cabezas —sanitaria, económica, nacional e institucional— que acogota al país entero y carga de dolor, de incertidumbre, de desesperanza y de angustia el futuro inmediato de millones de personas. Es un incendio que avanza fuera de control mientras el Gobierno toca la lira en las almenas de Babia. No hay gente viva que tenga memoria de algo parecido. Mi interlocutor no edulcoró la descripción del panorama.

¿Y un Gobierno así no merece ser censurado por la parte del Parlamento que representa a los ciudadanos que se oponen a él? Cuando llegamos a esa parte de la conversación, si no recuerdo mal, afloraron las principales discrepancias. El PP no quiere hacer seguidismo de Vox. El PP descarta embarcarse en una escaramuza condenada al fracaso. El PP prefiere quedarse en el centro mientras los dos extremos luchan entre sí. Las tres objeciones, con todo respeto, me parecieron excusas de mal pagador o, si se prefiere, prejuicios de burócratas que convierten la política en un oficio de chupatintas.

Entre las herramientas que le otorga la Constitución a la oposición parlamentaria para que pueda hacer su trabajo no figura ninguna que permita, sin más, la reprobación del presidente del Gobierno. Para hacer algo así no hay más remedio que acogerse a la fórmula de la moción de censura, que contempla, además del reproche al maula, la inevitable necesidad de respaldar al candidato alternativo. Y eso es, justamente, lo que no quieren hacer las huestes parlamentarias de Casado. Contra Sánchez, sí. A favor de Abascal, ni en sueños. Vale, lo pillo. ¿Pero pueden, por favor, explicarme por qué?

Lo entendería si la moción de censura tuviera alguna posibilidad de prosperar, pero lo cierto es que antes de que el líder de Vox pueda llegar al poder por el mismo tragaluz que utilizó Pedro Sánchez para colarse en Moncloa, el globo terráqueo dejará de girar sobre su propio eje. ¿Se va a abstener el PP de censurar a Sánchez solo para que no le digan que al hacerlo apoya algo que está fuera del alcance de las leyes de la naturaleza? Eso es lo que parece. A Casado le aterroriza que la trompetería mediática de la izquierda le señale coma avalista de la extrema derecha.

No se da cuenta —o sí, y el pirado soy yo— de que la condena al fracaso de la escaramuza de Vox es lo que le permite censurar a Sánchez sin que puedan acusarle, con fundamento, de estar postulando un recambio indeseable. Lo imposible no forma parte de la política. La política es el arte de lo posible, y lo único posible, dadas las actuales circunstancias, es que el presidente reciba el reproche mancomunado de los diputados que representan a la mitad de los electores. Pero al PP le preocupa más la equidistancia que la coherencia. No quiere que Ciudadanos sea el único en tierra de nadie.

Arrimadas también se equivoca al no apoyar la moción de censura, por las mismas razones que Casado, pero al menos puede decir que está tratando de ser un partido útil dándole a Sánchez la oportunidad de apoyarse en sus escaños para que los Presupuestos no salgan del horno al gusto de podemitas e independentistas catalanes. Menos da una piedra. Con Ciudadanos en la realpolitik y Vox en la grupa del caballo blandiendo la espada, ¿qué espacio le queda al PP? ¿El de la pirotecnia retórica? Más le vale hacérselo mirar.

Eran tres naranjitos, y ya sólo quedaban…
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 5 Octubre 2020

Ciudadanos está desde junio entregado a la causa de presentar una moción de censura para derribar su propio Gobierno de coalición.

Ayer pude ver a Martínez Almeida en una cuidada producción de Génova 13 y haciendo lo que se supone que debería haber hecho hace días: defender esa asediada Comunidad de Madrid de la que él regenta la mitad. La película era breve y sencilla: recordaba lo que dijo Pedro 53.000 cuando visitó la Puerta del Sol hace una semana: que no venía a tutelar ni sustituir las funciones de la Comunidad, exactamente lo que ha hecho esta semana con la toma a coces por Illa 53.000 de la dirección de la lucha anti-virus, justo cuando las cifras de la Comunidad llevaban varios días mejorando. No me pregunto por qué hizo ayer el mini-film Almeida, sino por qué no lo hizo antes. Y si tiene que ver con la deserción de las comunidades del PP, que, cada una en su estilo, cobardón o puñalero, dejaron sola a Díaz Ayuso.

La pájara del PP
Creo que he visto a todos los líderes de la Derecha española, en muy distintos momentos, sufrir una de esas pájaras que dejan a los ciclistas sin oxígeno, descolgados de la carrera y a merced del coche-escoba, que los rescata o elimina. De Suárez en UCD y el CDS, a Fraga en AP, de Mancha, desolado en el Congreso y en Génova 13 a Aznar en el Caso Palop y tantos momentos de la lucha contra Felipe y Mario Conde, coche-bomba incluido. A Rajoy no le visto sufrir una pájara porque él mismo era una pájara, pero lo he conocido más persona en sus comienzos que estafermo en sus finales. Sin embargo, por mala que fuera entonces la situación de UCD, AP, CDS o PP, nunca fue tan mala como ahora. Ni siquiera aquel 11M de 2004, que es cuando Zapatero inaugura la tragedia nacional que quiere rematar Sánchez.

Es ahora, en pleno golpe de Estado institucional, cuando le ha dado la pájara a Casado; y no sólo a él como líder, que era el caso en casi todos los casos citados, sino a todo el partido, que parece cadáver insepulto o, como en el verso clásico, “presentes sucesiones de difunto”. No es el único: Ciudadanos como partido parece al borde la fosa y de su reencarnación vampirizada en agrupación del PSC. Sólo Vox parece vivo en este triste cementerio de ilusiones y proyectos en que se ha convertido el centro-derecha español. Vivo, pero podría decirse que está más solo… que Vox.

En realidad, la pájara del PP es tortícolis, por mirar demasiado a su derecha, a ver qué hace Vox. Como Vox hace vida solitaria, rancho aparte, el PP vive acalambrado, mirando lo que no pasa. Y en cambio no ve lo que sí pasa, pero a su izquierda, en ese campo de avena loca que es Ciudadanos.

“Yo también sembré avena loca, orilla el Henares”, decía Azaña, en su vida primera de joven sin horizonte, entre la provincia triste y el Madrid agotador. Hace un año que nadie sabe qué siembra Casado, rodeado de un coro de almas pías y de los cadáveres del marianismo. Y hace un mes que nadie sabe qué dice el partido, por muchos portavoces mudos que nombre. Cuando se está en la oposición, musitar es enmudecer. Hay que gritar para hacerse oír. Y cuando se vive el asalto a las instituciones que en estos días aciagos padece España, a un partido que se dice nacional no le basta con gritar, debe pegar alaridos para despertar a los demás y también a sí mismo, sobre todo si está acostumbrado a sestear en vez de a luchar, como le suele pasar al PP, con la única y casi milagrosa excepción de Isabel Díaz Ayuso.

Yo no discuto la eficacia, aunque desprecie la moral, de la táctica que le funcionó a Rajoy: esperar a que la crisis económica vaya minando el poder del Gobierno y apague el griterío mediático de sus esbirros, mientras la gente vuelve sus ojos afiebrados al remedio antiguo pero probado del PP. Lo que no sólo discuto, sino que entiendo ciego, estúpido y suicida es creer que el régimen democrático español ha vivido una situación parecida en sus cuatro décadas largas de existencia. Las he vivido prácticamente todas en la platea de los medios de comunicación, que es un buen observatorio, y ni yo ni nadie que conozca cree haber vivido nada remotamente parecido. Bueno, sí conozco a uno: Pablo Casado. Y a su partido, que sigue pensando como si este Otoño pudiera esperar tranquilo al Invierno e incluso a la Primavera.

¡Santiago y cierra España!
Si cambia el campo de batalla, porque llueve y se embarra, o llegan refuerzos al enemigo, o hay un terremoto, o muere el mejor coronel de la caballería, o se rinde un ala de la infantería, o pasa, en fin, algo gordo, todo general debe cambiar de inmediato su táctica y modificar su estrategia. En otro tiempo y otras guerras podía apelarse a Santiago, Patrón de España, o a la Virgen del Pilar. Pero aquel grito de carga “¡Santiago y cierra España!” no significa, como creen algunos, que hay que cerrar algo y atrincherarse. Es justo al revés: “cerrar” era, en tiempos de la Reconquista, sinónimo de atacar cerradamente, es decir, sin reservas y decididamente al enemigo. ¿Es eso lo que hace el Partido Popular? ¿Es eso lo que cabe esperar del “giro a la moderación”, al “centro del centrismo”, o sea, a tumbarse a la bartola?

Incluso si no fuera así. ¿Cree el PP que sus mensajes de crítica al Gobierno llegan a la masa televidente, radioyente y lectora? No. El propio Casado se queja, y con razón, del cerco desinformativo del sanchismo. Se impone, pues, cambiar de táctica. Y si las circunstancias se agrían como se están agriando, es de sentido común cambiar de estrategia. En un caso, porque algo no funciona; en el otro, porque todo está patas arriba. Confieso que he perdido la esperanza de que Casado tenga la humildad de trabajar no en función de lo que es y cree que sabe hacer, sino de lo que debería ser y debe aprender. Sin la humildad de cambiar, es imposible ganar cuando ya pierdes. ¿Y alguien duda de que España va perdiendo? ¿A qué espera, por tanto, un líder y un partido españoles? ¿A comentarlo en el exilio francés?

Los diez naranjitos de Madrid
La tiranía de lo “políticamente correcto”, ha llevado a la editorial francesa que publicaba la famosa obra de Agatha Christie “Diez negritos” a cambiarle el nombre por “Eran Diez”. Espero que se hunda esa editorial. Pero no han cambiado la trama: diez personas aisladas van muriendo asesinadas sin saber cuál de ellos va matando a los demás. No desvelaré el truco, que es bastante tramposo, pero me vale el final de cada capítulo, en el que queda uno menos que en el anterior. Ciudadanos está desde junio entregado a la causa de presentar una moción de censura para derribar su propio Gobierno de coalición, porque Aguado, ay. no puede ser Isabel. Ya escribimos entonces que urgía convocar elecciones.

El PP, como si nada.
El asalto a Madrid no tiene más función que desgastar a Ayuso y proporcionar una excusa para que tres o cuatro naranjitos se pasen al PSOE. Aguado ya lo ha hecho, quedan tres. Su amigo Reyero acaba de hacerlo, quedan dos. Abascal ya ha dicho que se debe ir a votar antes de que Aguado traicione a los madrileños. Pero eso ya lo ha hecho. Y su peón de brega, también. Sólo quedan dos naranjitos, y adiós, Madrid. Pues bien, aunque parezca increíble, en una situación de vida o muerte para Madrid y de lo que puede presentar la Derecha como modelo de sociedad frente a la Izquierda, lo único que estudia el PP es la evolución de las encuestas.

Seguridad Nacional alertó 11 veces a Sánchez sobre el coronavirus antes del estado de alarma
Libertad Digital 5 Octubre 2020

El Gobierno recibió once alertas del Departamento de Seguridad Nacional, que depende del Gabinete de la Presidencia y está dirigido por el general Miguel Ángel Ballesteros, sobre el coronavirus antes del estado de alarma, según informa El Mundo.

Así, el DSN alertó del riesgo de la pandemia los días 27 y 31 de enero, el 7, 13, 17, 20, 23 y 29 de febrero, y el 5, 6 y 7 de marzo. Los informes del citado departamento, que son confidenciales, ordenan por prioridades los asuntos que amenazan la seguridad nacional de mayor a menor importancia, y la covid-19 ya ocupaba el primer puesto el 27 de enero. Dos días después, el Ministerio de Sanidad informó de que no se podía descartar algún caso en España, pero que si esto ocurriera, la probabilidad de que se produjeran contagios sería baja, y el viernes siguiente, el director del CCAES, Fernando Simón, afirmó: "Creemos que en España, como mucho, no habrá más que algún caso diagnosticado".

A partir del 7 de febrero, los analistas del Centro de Situación del DSN constataron que ya había riesgos para España. El 20 de febrero, se indica personalmente a los ministros que el FMI considera a la covid-19 "el riesgo más apremiante para la economía global"; el 23 de febrero, el DSN comunica que Italia confina el Veneto; el 29, se eleva a "muy alto" el riesgo de propagación del coronavirus a nivel mundial; el 5 y el 6 de marzo, Seguridad Nacional pone el foco en las medidas de Israel y de Francia; el 7, un día antes de la manifestación feminista, se alerta de la cancelación de la conferencia regional sobre economía azul de la Unión por el Mediterráneo, en Barcelona, "habida cuenta de las instrucciones sobre medidas de precaución y restricciones de viajes de nuestros participantes, y tras consultas efectuadas" a la UE.

El 20 de marzo, la pandemia desaparece del informe confidencial diario de Moncloa hasta el 6 de junio. Según el diario de Unidad Editorial, porque durante ese tiempo se les envió la documentación a los ministros por otros cauces que no han dejado huella en Moncloa.

El descaro más grande jamás contado
Pedro de Tena Libertad Digital 5 Octubre 2020

Lo de Pedro Sánchez, ese nuevo largo caballero, como le reconocimos ya en 2015, no es que sea una sorpresa. Es un peligroso descubrimiento.

Hacía mucho que en España no mandaba un descarado de estatura tan llamativa. Cuando el pasado viernes le oía en una rueda de prensa en Bruselas decir: “Tenemos que arrimar el hombro, basarnos en la ciencia y en los criterios técnicos, los excelentes profesionales sanitarios que tenemos en España, y a partir de ahí vencer juntos al covid”, no tuve más remedio que soltar un sonoro taco, un alivio del alma que, cuando es oportuno, es incluso hermoso.

El largo caballero que hablaba era el mismo que nos había dicho que existía un comité de expertos que nunca existió; el mismo que ordenó un confinamiento y ruinas evitables si se hubieran previsto medios eficaces contra la pandemia; el mismo que nos aseguró que las mascarillas no eran necesarias en la fase más aguda de los contagios (porque no había anticipado su compra y no disponía de ellas) y el mismo que ha impuesto a la plaga fronteras políticas con su madrinazo, según el cual la covid es más o menos grave según los intereses políticos del PSOE y de la izquierda, sin que ni la ley ni las recetas sean iguales para todos.

El madrinazo no es sólo tratar a Madrid como si fuera el epicentro de la epidemia, desacreditando su prestigio como destino turístico, económico y profesional, sino descalabrando el podio en el que se sitúa como la más rica y solidaria región de España. Empieza a abrirse paso la hipótesis de que, además de cargarse al PP y a Isabel Ayuso, la repentina personalización del conflicto estallado en torno a la figura de Salvador Illa tiene que ver con su próxima presentación como candidato iceto-socialista a la presidencia de la Generalidad de Cataluña: el hombre que arrasó Madrid. Pedazo de cartel. Ya sólo queda la formalidad de la moción aguada de censura para que todo se consume, la izquierda recupere Madrid tras décadas de fracaso y un tal Aguado, cuyo resultado en unas próximas elecciones será cercano a cero, aproveche su última oportunidad en Ciudadanos medrando, felonamente, con la usurpación de la presidencia.

De todo ello, lo que inquieta de manera mayúscula son el descaro y la desinhibición moral. Casi siempre, los mentirosos, los marrulleros, los viles, los farsantes, tratan de ocultar sus fechorías para engañar a los ciudadanos y ocultar su carácter perverso. Pero no actúa así Pedro Sánchez, este largo caballero que ya es doctor, esta vez sí, en escalada de su “himalaya de mentiras”, que denunció don Julián Besteiro, desde su tesis doctoral a la pandemia. Yo creo que ha comprendido que los ciudadanos, atosigados por la masiva cantidad de información que nos ataca diariamente, somos incapaces tanto de recordar lo próximo como de ordenarlo jerárquicamente. De ahí que se permita el atrevimiento desahogado de mentirnos en nuestras propias narices, seguro de que, mucho antes que el virus, los españoles ya habíamos perdido el olfato político que nos alertaba sobre la podredumbre. Es lo que tiene la profilaxis educativa diseñada desde 1982.

Por lo que toca al deseo del poder tribunicio… ¿Estamos aquí todos seguros? ¿No hay nadie que recele que si tardamos en devolver al pueblo la despierta garantía de esa magistratura, el pueblo no se adelante a tomar sus precauciones y vaya por ella por el mismo camino de la violencia que sus mayores?... ¿Qué ciudadano existe ya en la ciudad, sea del orden que fuere, que pueda sufrirlos, fuera de aquellos que sin miramiento ninguno de la religión y del juramento, con el impudor más procaz y el más descarado cinismo, con las más torpes corruptelas, no enriquezcan sus propias casas? ¿Son sordos hasta tal punto que no oigan los gritos y las quejas de los ciudadanos y de los aliados?

Qué gran declamación (Quinta, contra los desmanes de Sila) de nuestro Luis Vives. Habida cuenta de que no tiene ni tendrá cabida en la educación de nuestros jóvenes, bueno será que le hagamos un sitio en la columna para que los españoles lo tengamos en cuenta cuando llegue la hora de decidir en las urnas –Dios quiera que sea a tiempo–, y votemos por gobernar y ser gobernados con menos descaro y más respeto.

Justicia para Madrid
EDITORIAL Libertad Digital 5 Octubre 2020

Solo la Justicia puede defender ya a los madrileños de la operación orquestada por Sánchez e Iglesias.

A pesar de la intensidad de los rebrotes del coronavirus experimentados en la Comunidad de Madrid, lo cierto es que la situación va mejorando a un ritmo notable, lo que demuestra el acierto de las medidas adoptadas hasta el momento.

En Libre Mercado hemos realizado un seguimiento de la incidencia de la pandemia en Madrid a lo largo de las últimas semanas y los resultados son elocuentes. El ritmo de contagios sigue descendiendo desde el pasado 21 de septiembre, al igual que los ingresos hospitalarios. Gracias a esta mejora general, el sistema sanitario madrileño dispone de un colchón para repuntes sensibles de la pandemia.

Pero nada de esto fue tenido en cuenta por el Gobierno del comunista Pablo Iglesias y el socialista Pedro Sánchez al imponer el cierre de Madrid, medida abusiva que dañará terriblemente la economía de la región que más aporta al PIB nacional. La ausencia de criterios científicos, denunciada una y otra vez por el consejero madrileño de Sanidad, y el agravio comparativo con regiones como Navarra, en manos del PSOE, que ha superado a Madrid en el ritmo de contagios, dejan bien a las claras que el objetivo del Gobierno social-comunista no es luchar contra el virus sino acabar con el Gobierno madrileño sin pasar por las urnas.

Acierta Vox al plantear ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la adopción de medidas cautelarísimas que eviten el destrozo del tejido empresarial planeado por la banda de Sánchez. Es fundamental preservar la actividad económica de la locomotora económica de España, sin cuyo impulso la economía de todo el país puede sufrir una debacle.

Sánchez e Iglesias lo saben bien porque ese es su modelo de sociedad: una economía devastada y una población desesperada que necesite el subsidio estatal para sobrevivir. El PP madrileño y Vox han entendido lo que está en juego en esta operación de confinamiento masivo e injustificado y están obrando en consecuencia. De Ciudadanos, lamentablemente, no puede decirse lo mismo, en manos como está de un Ignacio Aguado que parece como empeñado en ganarse la enemiga de la gran mayoría de su propio electorado.

A estas alturas, solo la Justicia puede defender ya a los madrileños de la operación orquestada por Sánchez e Iglesias para acabar con una región que lleva un cuarto de siglo rechazando lo que ambos representan.

Cuatro pruebas de que el Gobierno se pasa la normas por el moño de Iglesias
Álvaro Nieto vozpopuli.es 5 Octubre 2020

La velocidad del Ejecutivo asusta. Pero no es para frenar la covid o afrontar la crisis económica, sino para imponer su propia agenda sin demasiados miramientos con la legalidad vigente

El Gobierno ha llegado con ganas tras las vacaciones de verano. En apenas un mes, y en plenas crisis sanitaria y económica, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha empleado a fondo en su campaña por cambiarlo todo. Hemos visto el regreso a nuestras vidas de la 'memoria histórica' y la puesta en marcha de campañas de desprestigio contra la Corona, la Justicia, los medios de comunicación, los partidos de la oposición y todo aquello que huela o suene poco sanchista.

La actividad de los cien asesores que rodean al poderoso Iván Redondo es frenética, pero no para buscar soluciones a la crisis, sino para maquinar estrategias tendentes a que Sánchez pueda quedarse en La Moncloa al menos hasta 2030. Particularmente negra ha sido la última semana, donde ha habido hasta cuatro pruebas flagrantes del poco respeto que tiene este Gobierno por la legalidad vigente:

1.- El CGPJ
El acontecimiento probablemente más grave haya sido el anuncio, por parte del propio presidente, de que pretende cambiar la ley que regula el Poder Judicial. ¿Por qué motivo? Porque el órgano clave de la Justicia española, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lleva casi dos años con el mandato caducado, y Sánchez quiere sustituir cuanto antes su actual mayoría conservadora por una mucho más partidaria del Gobierno PSOE-Podemos.

El problema es que la Constitución y la ley vigente establecen que se necesita una mayoría de tres quintos del Parlamento para proceder a su renovación, lo cual obliga a un pacto PSOE-PP. Y, dado que Sánchez y Casado son incapaces de ponerse de acuerdo, el socialista no tiene mejor plan que cambiar la ley para rebajar ese requisito hasta la mayoría absoluta, mucho más fácil de lograr, ya sea con la siempre bien dispuesta Inés Arrimadas (Cs) o con los independentistas.

Curiosa la manera de Sánchez de resolver los problemas. Tiene al órgano de gobierno de los jueces con el mandato caducado y, en vez de esmerarse en buscar un pacto para renovarlo, pretende cambiar las reglas del juego para imponer al menos a 12 magistrados afines y, si eso finalmente no es posible debido a su dudosa constitucionalidad, aguar las competencias del CGPJ todo lo posible para que no pueda seguir tomando decisiones en los próximos meses.

Y lo más sospechoso es que Sánchez hizo este anuncio el pasado viernes en Bruselas justo después de que el CGPJ, en un inaudito pacto entre sus vocales conservadores y progresistas, renovara varias plazas de magistrado vacantes. ¿Pretende el Gobierno vengarse ahora del CGPJ por tomar decisiones para que la Justicia no se paralice? ¿Acaso le molesta a Sánchez ese pacto entre diferentes en aras del bien común? ¿Qué pretendía el presidente, poner a cuatro amiguetes suyos en las plazas sensibles recién adjudicadas?

Por supuesto, nadie pone en cuestión la legitimidad de Sánchez para cambiar las leyes que quiera si alcanza la mayoría parlamentaria para ello. El problema estriba en que pretenda pasar de los tres quintos a la mayoría absoluta porque ahora mismo a él no le salen las cuentas. Afrontar una reforma de ese calado sin consenso con la oposición, sin llevarla previamente en el programa electoral y sólo y exclusivamente por el interés de mangonear la Justicia demuestra muy pocos principios democráticos.

Pero esta burda operación no es nueva en la política española. Es muy parecida a la que en 2012 perpetró Mariano Rajoy para cambiar la forma de nombrar al presidente de RTVE, pasando de los dos tercios a la mayoría absoluta. El cambio acabó siendo tumbado por el Tribunal Constitucional cinco años después, pero el PP pudo controlar durante todo ese tiempo la televisión pública. Por cierto: llama poderosamente la atención que Sánchez no tenga la misma diligencia que con el CGPJ para sacar a Rosa María Mateo del ente público, donde está como administradora provisional desde hace dos años en espera de que se nombre un nuevo presidente.

2.- Las reglas fiscales
Lo de cambiar las normas cuando las reglas vigentes no te permiten hacer lo que te plazca no es nuevo tampoco para Sánchez. En febrero pasado se cepilló la parte de la ley presupuestaria que exigía el visto bueno del Senado para sacar adelante el techo de gasto, que es la antesala de los Presupuestos. Como un Senado controlado por el PP le tumbó en 2018 su primer intento de cuentas públicas, Sánchez aprovechó su nueva mayoría en el Congreso para suprimir ese requisito, ya que esta legislatura tampoco hay una mayoría clara en el Senado y podrían haberle tocado las narices llegado el caso. En vez de fajarse en buscar los votos en la Cámara Alta, el presidente prefirió cambiar la ley. Es más sencillo, dónde va a parar.

Y la segunda parte de ese capítulo la vivimos el pasado miércoles, cuando el Gobierno se cargó de un plumazo las reglas fiscales para los años 2020 y 2021. Con el pretexto de darle liquidez a los ayuntamientos, el Ejecutivo ha suprimido también la obligación de que el Parlamento apruebe la denominada senda de déficit, que es el paso previo a la presentación de los Presupuestos.

Aparte de lo inquietante que resulta que el Gobierno haya decidido suprimir cualquier atadura de control fiscal, si bien es cierto que varios países europeos han hecho lo mismo, la conclusión práctica de este cambio es que Sánchez se ha ahorrado de un plumazo tener que votar la senda de déficit en el Congreso y, en consecuencia, tener que buscar los apoyos necesarios para sacarla adelante. Así, sólo tendrá que esmerarse en salvar una sola votación, la del proyecto de Presupuestos.

3.- Los Presupuestos
Precisamente, pocos han sido los que han reparado estos días en que la semana pasada el Gobierno incumplió descaradamente la Constitución. Y es que, según establece el artículo 134.3 de la Carta Magna, los Presupuestos Generales del Estado deben presentarse ante el Parlamento al menos tres meses antes de que termine el ejercicio anterior. Es decir, que el 1 de octubre era el último día para presentarlos.

Sin embargo, al Gobierno no parece preocuparle incumplir las normas, y tampoco demuestra tener mucha prisa para aprobar los Presupuestos, pues ni siquiera hemos conocido una sola línea de su proyecto todavía. ¿No se han podido elaborar en todos estos meses? ¿No son prioritarios en plena crisis económica? ¿Cómo es posible que el Ejecutivo nos haya puesto encima de la mesa leyes como la de 'memoria histórica' o la de libertad sexual antes que la de Presupuestos, cuando llevamos tres años prorrogando los de Cristóbal Montoro?

4.- Lo de Madrid
Y la última prueba de lo que es capaz de hacer este Gobierno para retorcer las normas la vimos la semana pasada en el rifirrafe con Madrid. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tuvo el cuajo de salir en rueda de prensa, y posteriormente dictar una orden ministerial, asegurando que había habido un acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud para 'cerrar' ciudades que cumpliesen determinados criterios sanitarios. El problema es que la ley establece que los acuerdos de ese órgano se adoptan por consenso, y hubo varias comunidades que votaron en contra, ergo fue imposible que se aprobara nada.

Si de verdad la prioridad del Ejecutivo central fuese la salud de los madrileños, a Sánchez no le hubiera temblado el pulso en aplicar un nuevo estado de alarma para la región. En su lugar, ha buscado un absurdo choque de trenes tras el cual la situación en Madrid es caótica y donde incluso algunas de las nuevas restricciones son más laxas que las que había antes. Hasta el presidente del colegio de médicos ha tildado de "absurdas" las restricciones.

Y la enésima prueba de que aquí importan más los votos que los muertos la hemos tenido este fin de semana gracias a 'Vozpópuli', que ha descubierto que, en paralelo al cierre de Madrid, el Gobierno ha vuelto a retrasar la megacompra de material sanitario que anunció en el mes de agosto. Si tan mal está la cosa, ¿qué narices hace el Gobierno que no se pone a acelerar ese contrato?

El Manifiesto y la incompetencia
Francisco Muro de Iscar diariosigloxxi 5 Octubre 2020

MADRID (OTR/PRESS)Mientras seguimos pendientes de que unos jueces, que no saben de salud, y no los expertos, dictaminen cómo hay que gestionar esta segunda ola de la pandemia, 55 sociedades científicas, que representan a más de 170.000 profesionales sanitarios -los expertos de verdad- han hecho público en un diario de información nacional, un anuncio de pago, dirigido al presidente del Gobierno y a los de las 17 comunidades autónomas en el que denuncian que aunque ellos manden en la salud, tampoco saben y que deberían aceptar, de una vez, que las decisiones se tomen por criterios científicos desligados por completo del continuo enfrentamiento político. Es decir, que, abandonen la lucha política partidista en lo que se refiere a nuestra salud. (Si lo hicieran con todo lo demás, mucho mejor).

Cuando escribo este artículo, me llama la atención no solo lo que dicen los expertos -los de verdad- sino que hayan tenido que pagar para hacer llegar su mensaje a los ciudadanos y que las televisiones, a esta hora, no se hayan hecho ni siquiera eco de lo que dicen. Y que el presidente del Gobierno o los de las 17 comunidades autónomas no solo no se hayan puesto en contacto con estas sociedades científicas, sólidas, rigurosas y sin otros intereses que los científicos no ya ahora, sino desde el comienzo de la pandemia. No es que nuestros políticos no tengan preocupación por la ciencia, todos, sino que la ignoran incluso cuando su voz es indispensable. Ese "comité de expertos" gubernamental que nunca existió, es una prueba, pero no la única. Y lo mismo sucede con la estadística. Los datos que suministran el Ministerio y las autonomías no sólo tienen escasa credibilidad o criterios no homogéneos, sino que se suministran cuando al generador de los datos le interesa. Y eso, en plena sociedad del big data es un verdadero disparate porque si no se puede actuar contra el covid sin criterios e indicadores científicos objetivos, tampoco es posible con datos faltos de rigor o manipulados.

Entre otras cosas, las 55 sociedades científicas piden -deberían exigir- "una respuesta coordinada, equitativa y basada exclusivamente en criterios científicos claros, comunes y transparentes", "un protocolo nacional sin interferencias políticas" que marque normas comunes de actuación, estrategias de rastreo y de gestión de los centros socio-sanitarios, "crear una reserva estratégica nacional de material destinado a la prevención y tratamiento de todos los afectados", y, en definitiva, frenar la discusión partidista y la burocracia que enlentece los procesos y actuar ya para cambiar "tanta inconsistencia política, profesional y humana". En resumen, lo que los gobernantes tenían que haber hecho hacer seis meses, contando con los que saben, y siguen sin hacer mientras se disparan unos a otros.

La falta de respeto de los políticos entre sí y de todos ellos hacia los ciudadanos es lo peor que puede pasar en una sociedad democrática moderna. "Un político que no respeta a los otros -lo dice el magistrado José Ramón Chaves en su blog "Vivo y coleando"- no respetará a los ciudadanos, por mucho que lo oculte con sonrisas y actitudes políticamente correctas. Hemos pasado de la televisión basura a la política basura". La desconfianza hacia los que en lugar de gobernarnos nos utilizan es el terreno mejor abonado para los populismos. Y cuando ese populismo incompetente y de falsas simples soluciones, gobierna, el riesgo no es una amenaza sino un grave peligro.

La última cacicada de Pedro Sánchez para acabar con la separación de poderes

ESdiario 5 Octubre 2020

El intento de modificar las normas de renovación del CGPJ denota uno de los planes más perversos del Gobierno, que socavaría definitivamente la independencia judicial.

Pedro Sánchez ha reconocido públicamente lo que era notorio. Que va a buscar la fórmula para renovar el Consejo General del Poder Judicial unilateralmente, con consenso o sin él con la oposición. Y como carece de las mayorías suficientes en el Congreso, que son de tres quintos del Congreso, lo intentará con una triquiñuela cambiando la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El objetivo, ya descarado, es controlar como sea el Poder Judicial, y con él el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Y los medios escogidos, inquietantes: modificar las reglas sobre la marcha para adaptar los requisitos de renovación del CGPJ a las fuerzas parlamentarias que tiene el Gobierno.

La Constitución fijaba mayorías muy amplias y cualificadas para evitar que los pilares del Estado se cambiaran y adaptaran a los caprichos y necesidades de cada Gobierno, algo comprensible en ámbitos estructurales como la organización territorial, el sistema político o la independencia de los distintos poderes.

Se trata de limitar la acción del Gobierno, por un lado, pero también de garantizar la viabilidad jurídica del país, por otro, librándolo de la inestabilidad endémica que supondría la revisión de su estructura institucional.

La pregunta que cabe hacerse es obvia: ¿Por qué ese empeño de Sánchez en someter al Poder Judicial? Y la respuesta parece evidente viendo las decisiones que ha adoptado en este ámbito desde que llegara a la Moncloa.

Que es bien elocuente: purgó la Abogacía General del Estado; designó Fiscal General a su ministra de Justicia; anunció los indultos de los presos catalanes por sedición; prohibió al Rey acudir a actos judiciales a los que nunca faltó; movilizó a la Fiscalía para acallar las denuncias interpuestas contra su gestión de la emergencia sanitaria y ahora, aspira a que el CGPJ deje de ser un poder independiente para someterse a sus designios.

¿Quién le frena?
Lo normal es que veamos ahora, si se concreta ese plan, un largo listado de recursos ante el Tribunal Constitucional, que debe atenderlos y hacerlos suyos si, de verdad, la separación de poderes sigue siendo un valor definitorio de la democracia española.

Pero que Sánchez esté dispuesto lo dice todo. Y hasta ahora, cuando ha tenido un objetivo de este tipo, nada le ha frenado. Buscará la manera de que su trampa se haga ley, sin duda. Y viendo los precedentes, hay que temer que lo consiga.

Una sentencia del TC desactiva el proyecto de Sánchez para reformar el CGPJ
La resolución considera la necesidad de que tres quintas del Congreso elijan a la mayoría de vocales como un mecanismo de "cautela" para garantizar la independencia del CGPJ
Beatriz Parera. Fernando Garea. elconfidencial 5 Octubre 2020

El proyecto de Pedro Sánchez para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, y forzar una renovación del actual CGPJ sin necesidad de pactar con el PP, no solo se topa con la crítica mayoritaria de la judicatura y de parte del propio Ejecutivo que lidera. El Tribunal Constitucional —ante quien recurrirán partidos y asociaciones en el caso de que la iniciativa se active— ya se ha pronunciado en el pasado sobre la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial por parte de las Cortes y ha dejado clara la necesidad de una mayoría cualificada que respalde los nombramientos. Una sentencia, en concreto, respalda el mecanismo de 'cautela' que representa el actual sistema de elección, que requiere una mayoría de tres quintos de las cámaras de vocales que integran este órgano encargado del gobierno de los jueces, y confirma la sospecha mayoritaria de que la idea no es constitucional.

La idea de promover un cambio legislativo que favorezca que sean solo el Gobierno y sus socios quienes escojan, mediante mayoría simple, a los 12 vocales jueces del órgano ha levantado ampollas. La crítica más oída es que agrava el problema de la politización de este órgano en lugar de tratar de resolverlo con otras propuestas, como la de sacar las Cámaras de la ecuación y optar por una elección directa de los miembros por parte de sus compañeros jueces. Para entender cuál es el proyecto y por qué se baraja ahora, hay que rebobinar al inicio de la presente legislatura y después detenerse en dos episodios sucedidos en las pasadas semanas.

Pedro Sánchez fue investido presidente en enero de 2020 e inauguró el primer Gobierno de coalición de la historia de España junto a Podemos. Desde un inicio, uno de sus objetivos prioritarios fue lograr renovar el Consejo que ahora preside Carlos Lesmes. El actual CGPJ inició sus funciones en diciembre de 2013, en el primer Gobierno de Mariano Rajoy y con mayoría absoluta del PP. El CGPJ está formado por 20 vocales —12 de ellos jueces y otros ocho, juristas de reconocido prestigio— y su elección depende de que sean respaldados por tres quintas partes del Congreso y el Senado. Su actual composición es mayoritariamente conservadora: siete de los vocales jueces fueron designados por los populares y cinco por los socialistas. De los ocho juristas que lo integran, tres fueron sugeridos por el PP, dos por el PSOE, uno por CiU, otro por IU y el último por el PNV.

La decimocuarta legislatura arrancó así con la vista puesta en los cambios. La prioridad era la renovación, y la esperanza de alcanzarla determinó incluso la elección del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para el puesto. Primaron su talante moderado, conciliador, y sus lazos con la judicatura, que podían servir de puente entre los dos mundos. Las perspectivas de acuerdo eran buenas en un inicio, pero tras rozar el éxito hasta en dos ocasiones, el pacto que comenzaban a esbozar el PSOE y el PP saltó por los aires y los populares optaron por el bloqueo. Con la actual ley en la mano, el PSOE no puede renovar sin el partido de Pablo Casado, ya que sin ellos no hay forma de sumar los 210 diputados necesarios.

La renovación quedó así en un 'impasse', aplazada a la espera de momentos más propicios para el diálogo entre los dos partidos mayoritarios. Hasta que llegó una de las mayores crisis institucionales entre poderes que se recuerdan. Como la mayoría de las crisis, empezó con un gesto. El Gobierno anuló la presencia de Felipe VI en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces que se celebraba en Barcelona. Calibró mal el malestar que iba a provocar en la judicatura. Los reproches mutuos fueron subiendo de tono. La culminación de la crisis se produjo con el nombramiento, la pasada semana, de varios puestos clave para el Supremo por parte del CGPJ. La tregua tensa que se mantenía en precario equilibrio se rompió del todo después de que el Consejo en funciones reactivara su actividad.

Fue esa elección no deseada por el Ejecutivo la que empujó los engranajes de la propuesta. La premisa es sencilla: no queremos este CGPJ, no podemos renovarlo con el PP o sea que ideemos la fórmula de hacerlo rápido y sin el PP. El Gobierno no puede tocar la elección de los ocho miembros juristas, ya que la Constitución establece que deben salir por mayoría cualificada, pero sí puede reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, determinar que los 12 miembros jueces se elijan por la mitad más uno del Congreso y añadir otros límites para eliminar las cosas que ahora le resultan molestas: que el CGPJ no pueda llevar a cabo nombramientos en funciones y que sus miembros y presidente tengan que cesar acabado su mandato.

La sentencia clave
Muchos consideran que la proposición es inconstitucional y que no pasará el filtro del Tribunal Constitucional. En su sentencia 108/1986, el TC, que presidía entonces Tomás y Valiente, señaló que el CGPJ no puede ocupar una posición subordinada al resto de poderes del Estado. La resolución ponencia de Ángel Latorre abordaba el viejo pero siempre nuevo debate sobre la politización del órgano. Reconocía la plena constitucionalidad de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, por la que se introdujo el sistema de designación de esos 12 vocales provenientes del cuerpo judicial, y lo hacía en concreto apoyándose en esa mayoría cualificada, de tres quintos, que suponía para el tribunal de garantías un seguro para el equilibrio.

En numerosos pasajes, la sentencia defiende la necesaria separación de poderes y dice que con el sistema de mayoría cualificada se quiso crear "un órgano autónomo" que "desempeñe determinadas funciones", ya que su asunción por el Gobierno "podría enturbiar la imagen de la independencia judicial". Recuerda que el CGPJ es una de las instituciones que forman el "núcleo esencial" de la arquitectura constitucional y que, por ello, debe garantizarse que se impidan "las invasiones funcionales de unos poderes sobre otros, sin que, de modo específico, pueda el legislador ordinario modificar la división constitucional de facultades entre los poderes del Estado".

Hay incluso fragmentos que parecen referirse de forma directa a la actual circunstancia. "Las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado", dice.

Precisa que para asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del poder judicial, la ley adopta "ciertas cautelas", como "exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara [art. 112.3 LOPJ]". "Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atienden solo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el poder judicial", concluye.

La batalla de las ideas
Serafín Fanjul ABC 5 Octubre 2020

Confieso que cada vez que oigo en boca de un político el sintagma «Batalla de las ideas» (o de la cultura) me pongo a temblar, por los bostezos que sin remedio me provocará: sólo significa encubrimiento de pugnas intrapartidarias o mera retórica cuya trascendencia es nula. Forma parte de la escenografía de uso en tales tribus, como desarrollo sostenible, igualdad de género (bien confundido con sexo), lucha contra el racismo, derechos humanos y unas cuantas cantaletas más, insoslayables en todo discurso político, pero en las que no creen en absoluto. Las facciones más analfabetas y descaradas utilizan artillería de grueso calibre -por lo ridículo- como micromachismo, heteropatriarcal o, ya lanzadas, «¡jo, tía, mogollón de peña!». Cansaría al lector, y se comería el espacio, enhebrar una minúscula selección de perlas protagonizadas por políticos, a partir de la exuberante floresta que colecciono en ratos de masoquismo, pero ¿se imagina alguien a Mariano Rajoy leyendo un libro? ¿Y al doctor Sánchez escribiéndolo? ¿Y al penene Iglesias distinguiendo con cierta coherencia entre Kant y Newton?

En los últimos decenios, quizás el único que vio, en las filas de la derecha, la fuerza de la cultura como sostén del pensamiento y como factor clave de arrastre político fue José María Aznar, que llevó a cabo varios proyectos culturales interesantes, pero su partido no le siguió en el empeño y éste no podía ser obra del voluntarismo de una sola persona, sino de convencer a la sociedad toda (desde corporaciones bancarias a modestos concejales de pueblo) de la necesidad de mejorar como seres humanos profundizando en el conocimiento de nosotros mismos a través de cuanto hicieron otros y nos dejaron como su mejor legado: en música, literatura, historia, lengua, cultura religiosa, folclore, artes plásticas y etc. Pero la derecha política nunca lo ha entendido: lo suyo son las empresas, la juridicidad, el reparto de cargos y las trapacerías precisas para conservarlos. En cuanto a la izquierda, que de antiguo se viene proclamando propietaria en exclusiva del «mundo de la cultura» (entre otras razones, porque la derecha no se lo ha disputado), ya ha comprendido que poseer tertulianos o exhibirse en programas de cocina, o tocando (mal) la guitarra es mucho más remunerador en popularidad y en votos que patrocinar óperas, conservatorios, ediciones de libros, cine, teatro o ciclos de conferencias.

Sin embargo, la izquierda siempre ha visto mejor la utilidad de dominar el pensamiento, y por ende la voluntad, señoreando la opinión de «la gente» en los más variados campos, no sólo en la morralla de los telediarios, que también dominan, incluso con el PP en el Gobierno. Pues, en definitiva, la televisión es el telón de fondo de todo esto, en un país donde las tiradas de libros son cortísimas porque no se leen, la cultura tradicional ha sido barrida por el comercialismo enmascarado de modernidad y donde el cierre de librerías ya no es noticia, aunque no quiero dejar de recordar aquí a la benemérita «Cabo de Gata» que ha cerrado en estos días: había que ser romántico incurable (y admirable) para abrir hace año y medio ¡una librería! en la pedanía de Pujaire, cerquita del Cabo. Liberales y dirigistas por igual de impasibles: el mercado decide qué vale y qué no, dicen unos; si la cultura no lucha por «el pueblo», no merece sobrevivir. Por desgracia, en España, unos y otros responden a las mismas pulsiones de desconfianza, desprecio y odio por las gentes ilustradas y sus desvelos, el cultivo de cualquier sensibilidad artística, o de conocimiento medio-alto: «Pues lo pide el vulgo es justo / hablar en necio para darle gusto», sentenció el clásico. Y así seguimos, entre lances y chascarrillos dignos de Larra o Cadalso, aunque sus protagonistas no tengan la menor idea de quién fueron esas antiguallas.

Los políticos no han caído en paracaídas procedentes de Marte, la mayoría ha salido de entre la masa de españoles, tan inconsistentes y petulantes como el término medio de nuestra gente, gozosa en la ignorancia, refractaria y agresiva con el estudio y la reflexión. Las de Unidas Podemos, ahítas de demagogia, proponen suprimir la repetición de curso en Primaria, pero es que M. Rajoy aprobó que se pudiera pasar de curso con dos asignaturas pendientes. Jerónimo Feijóo entendió bien lo que nos pasa: «Aquella mal entendida máxima de que Dios se explica en la voz del pueblo, autorizó a la plebe para tiranizar el buen juicio, y erigió en ella una potestad tribunicia, capaz de oprimir la nobleza literaria (…) asentada la conclusión de que la multitud sea regla de la verdad, todos los desaciertos del vulgo se veneran como inspiraciones del Cielo» (Teatro Crítico Universal, I).

Me viene a las mientes una balumba de recuerdos, de ideas y noticias, próximas o lejanas: sólo tenemos dos Premios Nobel de Ciencias (y no porque carezcamos de científicos que se dejan la vida pugnando con la burocracia); se van miles de médicos y enfermeras ante la indiferencia general; en Francia, la industria editorial se ha recuperado en las últimas semanas en un 38%; estamos a la cola de los países desarrollados en índices de lectura; pienso en la absolutamente innecesaria invasión del inglés promovida desde dentro, o en la pavorosa y perenne exhibición de ignorancia (lingüística y de todo tipo) que a diario y de forma masiva realizan los medios de comunicación; unos grandes almacenes empiezan a suprimir su sección de librería (¡El mercado, el mercado!); releo al intelectual francés Richard Millet y no me consuela nada comprobar lo del cocimiento de habas por doquier («la juventud contemporánea no tiene nada que ver con Wagner, con Céline, con Aragon, con Ravel, con Boulez o Solchenitzin: nada sabe y sólo quiere estar conectada consigo misma, es decir con la nada (…) a la desintoxicación del móvil, añadamos la del cannabis, el izquierdismo cultural, el consumismo, la televisión, la mundialización», wixsite.com, Chronique , nº 152).

No sería justo pasar de largo sin recordar que en nuestro país hay instituciones que trabajan, corporaciones que ayudan, numerosos individuos anónimos o poco conocidos que se esfuerzan por ofrecer lo mejor que saben y pueden, pero su lucha es la de David contra Goliat, con triunfo asegurado y ventajista del último: cuenta con la adormidera dolosa de las televisiones, el acuerdo tácito de todos los partidos con mando (Pablo Casado no estima «la batalla de las ideas» un asunto de interés: ¡qué ojo clínico!) y, sobre todo, con la inercia del pueblo español, siempre remiso a someterse a disciplinas.
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Serafín Fanjul es miembro De la Real Academia de la Historia

El éxito de Taiwán que evidencia el desastre español: "Nunca nos confinamos. La vida ya es normal y la economía crece"
Elena Berberana Libertad Digital 5 Octubre 2020

El embajador de Taiwán en España, José María Liu, ha destacado que no han tenido nuevos contagios en la isla desde abril y están viviendo un etapa de gran crecimiento comercial. Ahora, Taiwán se ofrecer a enseñar a España cómo salir de la crisis.

La periodista Elena Berberana entrevista a José María Liu, embajador de Taiwán en España, quien ha abierto las puertas de su sede de Madrid para hablar sobre las claves del éxito indiscutible que su país ha tenido en la gestión del coronavirus. Con únicamente 7 fallecidos desde que la OMS diera el aviso, los taiwaneses ya viven con plena normalidad y han recuperado sus rutinas diarias. Todo un logro que los taiwaneses anhelan compartir con el mundo.

Su optimismo y entusiasmo no es para menos. La isla está viviendo una época de esplendor y crecimiento económico y se ha repuesto rápidamente del golpe del virus, según ha revelado el diplomático. Desde el 12 de abril, tampoco ha aumentado la tasa de contagios, dejando sólo un total de 513 infectados hasta la fecha en un país de 23,7 millones de habitantes. Un hecho que evidencia el desastre español, debido a la errática gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, que está abocando al hundimiento económico y la pérdida de millones de empleos.

Por esta razón, el mismo embajador ofrece ayuda a España desde su sede. Taiwán ha iniciado una campaña a nivel mundial para enseñar a los países cuáles son las claves para fortalecerse y superar la crisis del coronavirus. Al contrario que España, Taiwán ha instaurado un férreo control en los aeropuertos. Además, "hoteles, bares, restaurantes, comercios y colegios funcionan igual que antes de la pandemia", ha indicado Liu.

Sin embargo, José María Liu, todavía no ha recibido una llamada de Pedro Sánchez, pero "espera que lo haga", e insiste en que quiere "mejorar las relaciones con España". De hecho, el superávit del que goza Taiwán permitirá ampliar las relaciones comerciales con nuestro país. Por ello, el diplomático ha señalado que la embajada de Taiwán en Madrid se va a convertir en una oficina de empleo para los comerciantes y empresarios españoles que deseen exportar su producto. "Necesitamos comprar más vino, carne de cerdo y aceite de oliva. Queremos ayudar a los empresarios españoles", ha comunicado Liu, consciente de la situación de rescate que atraviesa España.

Taiwán es un ejemplo a seguir no solo por su pronta recuperación sin necesidad de confinamiento de sus habitantes, sino por las convicciones y valores de sus habitantes. Pese al veto en la ONU, a instancias del gobierno comunista chino, y las amenazas de los aviones militares que envía Xi Jinping para aterrorizar a los taiwaneses y hacerse con el control de la isla, la población resiste y se enorgullece de ser un ejemplo de libertad y capitalismo frente al totalitarismo de su enemigo histórico, el comunismo chino.

"Nuestra presidenta Tsai Ing-Weng arrasó en las elecciones de mayo de este año. Ella defiende la transparencia y la libertad. Es una de las cien personas más influyentes del año, según la revista Time", ha expresado Liu con orgullo.

Ahora, su país se prepara para celebrar el Día Nacional de Taiwán, el próximo 10 de octubre. Budismo y taoísmo son las religiones que confluyen en la isla, aunque el embajador tiene su despacho lleno de estatuillas de vírgenes y crucifijos, símbolos católicos que enseña con devoción. "En Taiwán hay un 1% de católicos. Mi familia lo es", comenta el diplomático.

José María Liu se despide, no sin antes reiterar que las puertas de la embajada de Taiwán están abiertas no solo al Gobierno, sino a todos los españoles. "Os queremos ayudar", ha concluido.

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