AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 7  Octubre  2020

La política económica del Gobierno coloca a España al borde de la quiebra
ESdiario 7 Octubre 2020

Con los ingresos hundidos, elevar el gasto público equivale a subir los impuestos. Urge reformar la Administración, pero Sánchez ha optado por blindarla colocando a España en el precipicio.

El Gobierno aprobó este martes un nuevo techo de gasto de casi 200.000 millones de euros, un 53% más del vigente este año. Es el más expansivo de la historia, en el ejercicio en el que, por contra, más se va a contraer la recaudación por el paro y la caída empresarial y más se van a disparar la deuda y el déficit.

Pese a ese cuadro, hay una parte de esa política económica que puede entenderse: en momentos de crisis económica, el Estado debe recurrir a la deuda pública para sostener el andamiaje socioeconómico y hacer quebrar del todo al país: si caen las familias y las empresas, la recuperación será imposible cuando termine la crisis porque quienes tienen que hacerla habrán desaparecido.

El gran problema viene cuando se pasa de esa declaración de intenciones a la realidad contable del plan gubernamental y se detecta una tendencia casi suicida: los ingresos habituales del Estado rondan los 200.000 millones de euros en años sin turbulencias, de los cuales un 12% proceden del Impuesto de Sociedades (unos 23.000 millones) y un 40% de la Declaración de la Renta (algo más de 80.000 millones).

La recaudación de ambos este año se va a desplomar con total seguridad, por la combinación de un cierre masivo de empresas (90.000 en lo que va de año), las pérdidas de las que sobrevivan y el incremento del desempleo, que puede llegar a superar el 20%.

¿Cómo piensan cubrir el gasto previsto por la caída de los dos impuestos que suman más del 50% de la recaudación pública? Solo puede hacerlo con las transferencias de la Unión Europea y subiendo los impuestos con todo tipo de excusas.

España está en quiebra y, en lugar de acabar con el gasto superfluo, lo eleva con una excusa social ineficaz y suicida

De Bruselas llegarán, en el mejor de los casos, 20.000 millones este año, casi un tercio del total previsto en un rescate de 140.000 millones, de los cuales la mitad serán préstamos a devolver y, de la otra mitad, un 50% tendrá que ponerlo España a su vez en los Presupuestos europeos.

Todo lo demás llegará, no hay otra alternativa, de una fiscalidad agresiva con el IVA, los autónomos, el Impuesto a las Sociedades que sobrevivan, los impuestos indirectos y hasta el ahorro. Y no hay más. La alternativa sería adelgazar el gasto corriente de la Administración Pública, donde los expertos calculan un gasto superfluo de entre 20.000 y 45.000 millones de euros.

En quiebra
Pero eso no ocurrirá. El Gobierno ha optado por sacrificar al sector productivo, a las empresas y a los trabajadores para, con la excusa de un rescate social, mantenerse a sí mismo por encima de todo. Urge un plan de reforma estructural de la Administración; pero lo que vamos a sufrir es una deuda insoportable del Estado y un déficit sin parangón en Europa que amenaza el futuro del país.

Solo el déficit, que el Gobierno ya sitúa en un brutal 11.7% pero llegará probablemente al 16%, se comerá el total de las ayudas europeas o, si prefieren otra comparación, el 80% de ese techo de gasto inviable. Si España fuera una empresa, estaría ya en quiebra. Y no hay nada más antisocial que colocar al país en ese precipicio y, encima, presumir de ello.

Retrato de la España arruinada
Editorial ABC 7 Octubre 2020

Por más que se empeñe el aparato de propaganda del Gobierno, los nuevos Presupuestos Generales que diseña el Ejecutivo de Pedro Sánchez no serán, si se aprueban, la panacea de todos los males. Hasta entonces España continuará dependiendo de las cuentas públicas aprobadas durante el mandato de Mariano Rajoy, mal que le pese a Sánchez. El bosquejo de presupuestos que ahora inicia su tramitación eleva el techo de gasto un 53%, hasta casi los 200.000 millones, debido a los 31.000 en transferencias del Estado a la Seguridad Social y a las comunidades, y a los 27.000 que España recibirá de la UE en 2021. Además. La deuda pública superará el 118%, la recesión se acentuará más de lo previsto ya que el propio Gobierno ha empeorado su pronóstico, y España caerá el 11,3 por ciento del PIB respecto al 9,3 previsto. Poco consuelo es que a octubre de 2020 el Gobierno incurra en el triunfalismo de prever que el próximo PIB crecerá un 7,2 en lugar del 6,8. No se trata de ser catastrofistas, sino realistas. Pero la realidad sí es catastrófica porque la vigencia del virus podrá ser coyuntural, pero el daño económico será duradero y muy devastador.

Es un dato objetivo que España está amenazando con lastrar el crecimiento europeo, y en este sentido las previsiones hechas ayer por el Banco de España resultan alarmantes: la recuperación será «parcial y de efectos continuados»; «la incertidumbre es muy elevada»; habrá que dejar caer a miles de empresas no viables ya; y el techo de gasto previsto por Sánchez es una amenaza para la sostenibilidad de la deuda. Si a ello se unen la «barra libre» de gasto y déficit concedida a las autonomías, las previsiones de desempleo tras el oasis virtual de los ERTE, la condicionalidad que imponga Europa para disponer del rescate de 140.000 millones, y la inestabilidad política española, el cóctel resulta peligroso.

No es cierto que Sánchez tenga aún cerrada la aprobación de los Presupuestos con Ciudadanos o ERC, que en breve entrarán en una imprevisible dinámica preelectoral en Cataluña. Y tampoco es verdad que el Ejecutivo sea un ejemplo de unidad interna porque la guerra civil entre ministros socialistas y de Podemos ya trasciende de los despachos de La Moncloa. Europa no va a caer fácilmente en las trampas de Sánchez, ni va a sucumbir a su perfil buenista de falso progresismo. Y tampoco va a creer las mentiras con las que trata de pervertir ideológicamente el gasto público. Son los Presupuestos más expansivos de nuestra historia, pero ni el «escudo social» de Sánchez es tal, ni podrá acometer la ofensiva fiscal que pretende Pablo Iglesias. Hoy España está en la ruina, y los Presupuestos apuntan a ser un peligro para abordar las reformas estructurales que exigen la pandemia y Europa.

El Gobierno dispara el gasto y remata la economía
EDITORIAL Libertad Digital 7 Octubre 2020

La vía escogida por estos insensatos para afrontar la crisis es disparar el gasto, el déficit y el endeudamiento públicos.

Por si fuera poco desolador el panorama sanitario –en las últimas 24 horas se han registrado 261 muertes por el coronavirus–, las perspectivas económicas que ha ofrecido este martes el Gobierno por boca de la vicepresidenta Nadia Calviño no resultan menos terribles. Y no porque el Ejecutivo haya elevado el desplome del PIB hasta el -11,2% (previsión catastrófica que incluso resulta optimista si se compara con las del FMI, Funcas o la agencia de calificación Fitch, que apuntan al -13%) sino, sobre todo, por la vía escogida para afrontar la crisis: disparar a niveles nunca vistos el gasto, el déficit y el endeudamiento públicos.

Así, el Gobierno social-comunista llevará el gasto total para 2021 hasta los 196.097 millones, la cifra más elevada jamás registrada y un espectacular incremento del 53% respecto al año pasado. Y lo hará después de que la economía haya sufrido el mayor colapso en tiempo de paz.

No menos alarmante es la tranquilidad con que la ministra de Asuntos Económicos ha recalculado al alza –y también puede que se haya quedado corta– sus previsiones de déficit, que llegará al 11,3% del PIB, por encima del 10,34% remitido a Bruselas e idéntico al máximo histórico logrado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2009. Aún menos parece preocuparle el récord de deuda pública del 118% del PIB, lo que supone un incremento de más de 20 puntos en apenas un año.

Así las cosas, resulta evidente que la ayuda financiera de la UE no despierta en el Ejecutivo el menor compromiso de austeridad y rigor en el control de gasto–austeridad necesaria no solo para afrontar el mayor desembolso en sanidad y en los ERTE, también para dar garantías a los acreedores de que se les podrá devolver algún día lo prestado–, sino que es vista por socialistas y comunistas como una especie de barra libre, por lo que se puede seguir gastando a calzón quitado, o como una invitación a vivir indefinidamente a base de créditos.

Para colmo, y ante tamaño desequilibrio presupuestario, al Gobierno social-comunista sólo se le ocurre tratar de acotarlo por la contraproducente vía de subir los impuestos, tal y como quiere hacer estableciendo un IVA del 21% a la educación y la sanidad privadas. Es evidente que una medida de este tipo satisface las pulsiones totalitarias de socialistas y comunistas, que quieren que el Estado lo monopolice todo, pero difícilmente aliviará el brutal desequilibrio entre ingresos y gastos. Por el contrario, lo que hará es llevar a muchos ciudadanos que ahora no son usuarios de esos servicios públicos a utilizarlos, con lo que el Estado tendrá que gastar más, no para mejorar, sino para incrementar las plazas en educación y sanidad a cargo del contribuyente.

El Gobierno hace caso omiso no sólo a los más elementales criterios de sensatez, también al pliego de condiciones de rigor presupuestario que le planteó Bruselas a cambio de su ayuda financiera. Lo malo es que la resaca de la borrachera la pagarán carísima los contribuyentes.

Barra libre
Pablo Molina Libertad Digital 7 Octubre 2020

La banda de Sánchez ha decretado barra libre y los políticos autonómicos de todos los partidos están de enhorabuena.

Los cuadros del partido de los Ceaucescu no caben en sí de gozo tras aprobar el Consejo de Ministros una subida del gasto público a niveles nunca vistos. La alegría de los chavistas, como siempre, corre pareja al pánico de los que pagamos impuestos, experiencia esta que, como la de trabajar en algo honrado, ninguno de ellos ha experimentado en su puñetera vida. Porque los políticos no pagan impuestos. Al contrario, viven de ellos. Sobra cualquier otra aclaración.

La banda de Sánchez ha decretado barra libre y los políticos autonómicos de todos los partidos están de enhorabuena. Como máquinas bien engrasadas de despilfarrar, las autonomías han recibido la buena noticia de que ya no tendrán siquiera que fingir economías para compensar la fuerte caída de los ingresos. Ahora podrán disparar también sus presupuestos al alza con el beneplácito del Gobierno de España, el escenario soñado por los mandarinatos regionales, que a partir del año próximo contarán con más dinero aún para sobornar a los votantes y comprar su apoyo electoral.

Y lo más escalofriante es que este camino directo a una nueva y más profunda recesión cuenta con el aplauso de la mayoría de los ciudadanos, a los que se les ha convencido de que la austeridad en las cuentas públicas no es un principio elemental que debieran observar todas las Administraciones para impedir el despilfarro, sino una sucia maniobra del neoliberalismo para empobrecer a las clases menos pudientes a base de recortes. Tan es así que los dirigentes populares huían de la palabra para no parecer enemigos del pueblo, haciendo así el trabajo sucio a la banda de insolventes de la izquierda, como es tradicional.

“Los recortes matan”, berreaban las charis en las manifestaciones izquierdistas durante la crisis económica. Ayer, los suyos decretaron que no habrá más recortes sino dinero público a espuertas para repartirlo en subvenciones y tapar el drama de los más de 50.000 españoles que, esos sí, han muerto de verdad.

De octubre de 1934 a octubre de 2020

Juan Ángel Soto, director de Civismo okdiario 7 Octubre 2020

Hace ahora 86 años, daba comienzo la mal denominada Revolución de Asturias. La literatura mayoritaria al respecto recoge este evento como una insurrección obrera de tintes cuasi románticos, pero nada más lejos de la realidad. Lo que en realidad se intentó fue un auténtico golpe de Estado orquestado por la anarquista CNT junto a la UGT y el PSOE; un ataque contra el orden constitucional que ha de considerarse un preámbulo de la (última) guerra civil española.

El 4 de octubre de 1934, se formó un nuevo Ejecutivo presidido por Alejandro Lerroux, en el que se integraron como ministros tres miembros de la conservadora CEDA. Eso constituyó el detonante último para que, al día siguiente, diese comienzo una huelga general en toda España, como primer acto de un golpe de Estado socialista. Este fracasó a los pocos días, excepto en Cataluña, que rápidamente declaró su independencia, y en Asturias, donde los golpistas resistieron durante dos semanas, asesinando a más de mil personas.

Pues bien, los paralelismos de entonces con la situación que vive España actualmente resultan evidentes, aunque la violencia de aquellos momentos contraste fuertemente con la paz, que no la armonía, que rige hoy en nuestro país. Entonces, igual que ahora, los socialistas estaban absolutamente radicalizados. Largo Caballero (el “Lenin español”) hozaba abrazado al bolchevismo más recalcitrante mientras que, por la vía de los hechos, el PSOE de hoy es bien cautivo, bien cómplice, de una izquierda radical bolivariana que poco tiene que envidiarles a aquellos que se levantaron contra el orden constitucional. Entonces, igual que ahora, el objetivo de la izquierda pasaba por subvertir el orden establecido a través de un golpe de Estado. Pues no nos engañemos, como algunos venimos advirtiendo desde hace más de un año, lo que estamos contemplando se trata de un cambio de régimen en toda regla que pretende liquidar el consenso de 1978. Un consenso que, con sus virtudes y sus defectos, indiscutiblemente trajo consigo el mayor periodo de paz, concordia, prosperidad y libertad de nuestra historia reciente.

Como señaló ayer el expresidente Aznar, el Gobierno de coalición socialista-comunista (que no social-comunista, pues “sociales” son todos los partidos, como no podía ser de otra forma) está logrando su propósito a través de la vulneración de la separación de poderes y de la deslegitimación de instituciones como la monarquía constitucional. Entonces, igual que ahora, ante la debilidad de las instituciones, en las que cada vez menos gente confía, aquellos que quieren romper España aprovechan para avanzar su causa. El nacionalismo independentista catalán constituye quizá el mejor ejemplo, pero tampoco hay que olvidar el vasco, que estos días pide la “republicanización de la Monarquía” y que la refrende una consulta ciudadana.

Hoy, la izquierda puede prescindir del uso de la fuerza, pues gobierna en España, ocupa las instituciones, y se relame ante una ciudadanía en estado vegetativo y unas fuerzas de la oposición demasiado atareadas en destruirse mutuamente. La izquierda fracasó en octubre de 1934, y lo hizo de nuevo en abril de 1939, en ambos casos porque tuvo quien le plantó cara. Hoy, sin embargo, se halla cada día más cerca de su objetivo. Y todo ello sin disparar un solo tiro.

Debemos alzar la voz y actuar; actuar para proteger todo aquello que nuestro país representa y que merece la pena conservar, como recordaremos una vez más el próximo 12 de octubre. Como reza la frase (erróneamente) atribuida a Edmund Burke, “lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada”. Aunque incorrecta, la cita recoge un mensaje fundamental que haríamos bien en no olvidar. Al igual que esto otro que sí señaló el pensador irlandés: “Cuando los malos se unen, los buenos deben asociarse, de lo contrario, caerán uno a uno, un sacrificio impío en una lucha despreciable”. Si el régimen del 78 cae, todos seremos responsables.

El PP y la moción de censura
Liberal Enfurruñada okdiario 7 Octubre 2020

A veces no nos acordamos de lo que no queremos. Mañana se cumple un año de la moción de censura que Cs planteó en el Parlamento de Cataluña, con el apoyo del PP, contra el hoy inhabilitado expresidente de la Generalidad, Quim Torra. Sólo un año y ya no recordamos las palabras que el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, dirigió al socialista Miquel Iceta recriminándole la abstención de los del PSC: “No existe un punto intermedio entre democracia y desobediencia. Su aceptación pasiva no tiene justificación; ni política ni ética”, tachando de inadmisible la abstención de los socialistas. Tan solo ha pasado un año y ya se nos ha olvidado que el argumento utilizado por los socialistas para abstenerse, pese a considerar que “hay razones para censurar a Torra”, fue que se trataba de una “operación política fracasada antes de empezar” y una “operación propagandística de un grupo que está asediado por las encuestas”. ¿A qué nos suena? En realidad, los números no salían, los 36 escaños de Cs unidos a los 4 del PP no llegaban a la mayoría de 76 que iban a votar en contra ni aunque se hubieran sumado las 17 abstenciones del PSC.

Pero pese a estar condenada al fracaso, el PP votó a favor de aquella moción de censura presentada por Cs contra Torra porque «cambiar de gobierno es urgente», dijo Alejandro Fernández. La candidata en aquella ocasión, Lorena Roldán, pronunció en sus diversas intervenciones, frases que también conviene recordar hoy. Como cuando a Iceta le dijo que «esta no es una cuestión de números, es una cuestión de decencia moral» y que «hoy podría haber sido un día de unión y ustedes lo han convertido en un día triste para el constitucionalismo» y al del PP, agradeciéndole su apoyo, le dijo que la moción de censura «no va de siglas o partidos, sino de trabajar juntos para la convivencia y la libertad». Cuánta razón tenían ambos.

Por eso cuesta tanto entender las palabras de José María Aznar, que ayer dijo que él “votaría que no” a la moción de censura presentada por VOX, no porque “no haya razones” que la justifique, sino porque “está condenada al fracaso” y se trata una iniciativa “absolutamente inoportuna” que solo servirá para “consolidar a la coalición existente” en el Gobierno y para “consolidar el proceso de fragmentación en el centroderecha en España”. Tan difíciles de entender como la posición del propio Pablo Casado, que en vez de debatir sobre los argumentos de VOX en su moción de censura contra el Gobierno socialcomunista y haber negociado un candidato, parece convencido de que la moción se presenta contra él, para ponerle en la tesitura de votar a favor de una moción sobre la que se negó a negociar desde el primer minuto, igual que hace un año votó a favor de la moción de Cs contra Torra. Contra Torra, sí, pero contra Sánchez e Iglesias… ¿no?

Las mentiras del Gobierno contra Madrid tienen las patas muy cortas
OKDIARIO 7 Octubre 2020

Pedro Sánchez se maneja bien con la mentira y es un consumado maestro en el arte de distorsionar la realidad. Hay que reconocerlo. Pero en su estrategia de acoso y derribo contra Isabel Díaz Ayuso se ha pasado de frenada. La ofensiva es tan burda que amenaza con volverse en su contra. El socialcomunismo ha dibujado un paisaje apocalíptico en Madrid y recurrido al miedo para cimentar la idea de que la pandemia se extiende sin remedio ante la incapacidad del Gobierno regional para frenar el virus. Lo último ha sido acusar al Ejecutivo de Ayuso de mentir y falsear las cifras. Se ha permitido, incluso, defender la idea de que hay transmisión comunitaria, una falacia en toda regla. Hasta el propio Gobierno socialcomunista ha comunicado a la UE que dicha transmisión no existe. Es decir, que falta clamorosamente a la verdad con tal de derribar políticamente a Díaz Ayuso.

Lo que oculta el Gobierno es que la Comunidad de Madrid sigue mostrando los mejores datos sanitarios en cuanto a mortalidad se refiere en la segunda ola del coronavirus. Las estadísticas sacadas del INE prueban que es el territorio con menor número de muertos en proporción al volumen de contagios por COVID-19. Si cogemos el periodo de la segunda ola del coronavirus (desde julio hasta las fechas actuales), Madrid registra una tasa de letalidad -muertos en proporción al número de contagios- de un 0,5%, la más baja de España.

De eso, por supuesto, no dirán nada Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Simón. No interesa, porque políticamente rompería la estrategia socialcomunista. Aprovechándose de la crisis del coronavirus, el Gobierno quiere tomar al asalto Madrid. Lo datos de mortalidad -muertes en porcentaje de la población- de Madrid -además de los de letalidad: muertes en porcentaje de los contagiados- no le sirven a Sánchez para justificar el confinamiento de Madrid. Por eso los oculta.

Delgado y Garzón, el tándem de Pedro Sánchez para someter al Poder Judicial
Fernando de Rosa esdiario 7 Octubre 2020

No se puede apoyar la renovación del CGPJ porque se estaría facilitando la hoja de ruta de un cambio constitucional que necesita un Poder Judicial doblegado.

La independencia del Poder Judicial es uno de los principios fundamentales que debe perseguir toda democracia, y estoy convencido de que esta afirmación es compartida por la inmensa mayoría de los españoles, con excepción hecha de aquellos grupos antisistema cuyo modelo es la Justicia bolivariana de corte totalitario.

Pero esta independencia se está cuestionando hoy en día por la presión que el Gobierno socialcomunista está efectuando sobre jueces, magistrados y fiscales. Es tan grande la presión, que la presidenta de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, ha llegado a afirmar que “existe la sospecha de que el Gobierno intenta controlar la Justicia desde abajo y desde la cúpula”.

Una denuncia que en cualquier país europeo provocaría que el Ministerio de Justicia efectuara un compromiso con los ciudadanos de respeto al Poder Judicial. Pero en España el Gobierno no es que se haya negado a disculparse, sino que ha dado una nueva vuelta de tuerca anunciando una reforma de la Ley para poder controlar el órgano de gobierno de los jueces con una simple mayoría, obviando el consenso que el constituyente quiso que existiera para cualquier modificación del gobierno del Poder Judicial.

Cuatro jueces "amigos": el sueño de Podemos para el CGPJ que impide el acuerdo

Esta reforma anunciada es el primer paso en el cumplimiento de la amenaza del Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, efectuada contra la oposición en el Congreso de los Diputados: “No volverán a gobernar este país”, fórmula que ya empleó hace unos años el dictador venezolano, Hugo Chávez, actuando al dictado de sus asesores, hoy dirigentes de Podemos.

La hoja de ruta autoritaria tiene dos etapas, una que ya se ha puesto en marcha con la designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Y la segunda etapa, es la ocupación del Poder Judicial expulsando de la negociación al Partido Popular que no ha aceptado sentarse a negociar la renovación del CGPJ mientras esté presente Podemos, por sus insultos a los jueces y ataques a la monarquía.

Ya hemos podido comprobar cómo la sectaria Fiscal General del Estado está iniciando la purga de todos aquellos fiscales moderados y defensores de la Constitución, para facilitar que se controle desde el Gobierno la Fiscalía Anticorrupción y las distintas Salas del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

En esta operación, el Gobierno no solo cuenta con Dolores Delgado, sino que tiene como verdadero cerebro en la sombra al exjuex, condenado por prevaricación y expulsado de la carrera judicial, Baltasar Garzón, que es la mano que mece la cuna del asalto a la Justicia.

Y que está diseñando la futura purga en la carrera judicial, para controlar la nueva “normalidad judicial” anunciada por el propio Ministro de Justicia Juan Carlos Campo, con sus ya famosas palabras: “estamos ante una crisis constituyente”, crisis provocada desde la Moncloa y que persigue un cambio en la forma del Estado.

La muerte de la independencia
El tándem Garzón-Delgado es el ariete escogido por Sánchez e Iglesias para doblegar al Poder Judicial, y para eso necesitan un órgano de los jueces que colabore y dé apariencia de legalidad a su ocupación, purgando cualquier atisbo de oposición. No hay que olvidar que controlando el CGPJ, se controlan los nombramientos en los puestos clave de la Justicia, el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional, y la comisión disciplinaria donde se investiga a los jueces y magistrados.

Por ese motivo, no se puede apoyar la renovación del CGPJ en las actuales circunstancias, porque se estaría facilitando la hoja de ruta de un cambio constitucional que necesita un Poder Judicial doblegado y sumiso.

Nunca la zorra pudo entrar en el gallinero, porque es la muerte segura de las gallinas, por eso nunca Podemos y los antisistema pueden entrar en el órgano de gobierno del Poder Judicial, porque sería la muerte de la independencia de jueces y magistrados.

De polvos y lodos
Emilio Campmany Libertad Digital 7 Octubre 2020

El PSOE de Sánchez sigue erre que erre en su idea de cambiar la ley para poder sustituir a los doce vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial sin tener que contar con el PP. Para lo cual pretende sustituir la mayoría de tres quintos actualmente necesaria por la de una mera mayoría absoluta que podría fácilmente reunir con los partidos que le invistieron presidente. Hay quien dice que tal reforma sería inconstitucional. Y tienen razón, pero hay que aclararlo porque no es del todo cierto. Lo que ya era inconstitucional es la reforma de 1985 perpetrada por el ínclito Felipe González, que hoy se erige como valladar del constitucionalismo, lo que da una idea de lo mal que estamos. Es como si Madame Claude se quejara del deterioro de las buenas costumbres.

La ley de 1980 estableció conforme a la Constitución un sistema para que los jueces eligieran a sus doce representantes del Consejo General del Poder Judicial. Tal método impedía a los socialistas controlar los nombramientos de la cúpula judicial que tendría que juzgar los muchos desafueros que ya habían empezado a consumar. Así que aprovechó que la Constitución decía que el Consejo estará integrado por veinte miembros y que, “de éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica”, para en 1985 cambiar la ley y que fueran elegidos como los otros ocho, por el Legislativo con la misma mayoría de tres quintos.

La primitiva redacción del artículo preveía que los vocales elegidos de entre los jueces y magistrados lo fueran a propuesta de sus compañeros. Incluso, durante los trabajos, se llegó a decir expresamente que fueran elegidos democráticamente por los miembros de las distintas carreras judiciales. Al final el artículo quedó como quedó, pero siempre se dio por hecho que los doce serían elegidos por los propios jueces. El Tribunal Constitucional se atuvo en 1986 a la literalidad del artículo y dio por bueno el golpe del PSOE. Al hacerlo, prescindió de la voluntad del constitucionalista, evidente en los trabajos parlamentarios. Tampoco tuvo en cuenta lo absurdo que era concluir que la Constitución fuera tan estricta con el modo de elección de los ocho juristas y tan laxa con la de los doce magistrados. Además, si el constitucionalista hubiera querido efectivamente dejar a la ley la determinación del modo de elección de esos doce vocales, lo habría dicho mucho más claramente, y no es imaginable que quisiera que fuera constitucional cualquier sistema, como el sorteo o la decisión arbitraria del Gobierno, con tal de que el legislador ordinario lo aprobara mediante ley orgánica.

Pasa con mucha frecuencia que el Tribunal Constitucional, por complacer al Gobierno de turno, normalmente socialista, declara constitucional algo que no lo es porque en ese momento parece inofensivo o conveniente. Luego resulta que, como ocurre hoy, lo que hace es constitucionalizar futuros atropellos. Con la Ley de Violencia de Género pasará lo mismo. Si el tribunal dice hoy que una discriminación por razón del sexo es constitucional, podrán serlo mañana cualquier otra que el legislador quiera, por razón de la raza, la religión o la opinión. Con lo de la opinión ya han empezado. Los polvos suelen con el tiempo traer lodos.

Cuatro fórmulas para echar a Sánchez de la Moncloa
José Alejandro Vara. vozpopuli  7 Octubre 2020

Tras nueve meses de pandemia, Pedro Sánchez se mantiene a la cabeza en las encuestas. Nada le afecta, nada le desgasta, nada le incomoda. Ni las pavorosas cifras de muertos o los terribles datos de la crisis. El Gobierno español es el más desacreditado de Europa, el más cuestionado de la UE y el menos apreciado en Bruselas. Los medios internacionales subrayan su incompetencia, su ineptitud y su torpeza. Algunos hacen burlas. Otros lo escudriñan perplejos. Y, sin embargo, Sánchez se pasea dichoso y triunfal en el territorio de la demoscopia. No hay sondeo que se le resista ni partido que le haga sombra. No solo es imbatible. Ya empieza a parecer indestructible, inmortal. Casi se antoja casi eterno. Pablo Casado descree de ese diagnóstico. "Este Gobierno que todos veis de larga vida, va a durar menos de lo que imagináis, y si no, al tiempo", ha desafiado desde esRadio. ¿Y cómo se hace eso? ¿El cataclismo económico? ¿El hartazgo ciudadano? ¿La presión europea? Misterio.

El propósito confeso de Sánchez es seguir en la Moncloa al menos hasta el 14 de abril de 2031, para festejar el centenario del advenimiento de la República, tal y como nos ha contado aquí Álvaro Nieto. Es su forma de pasar a la posteridad. Festejar con júbilo la efeméride más terrible de nuestra Historia. Para entonces se habrá celebrado ya el fatídico referéndum y la Familia Real estará instalada en un acogedor palacete próximo a Lisboa. Cataluña y el País Vasco serán entidades independientes en un Estado plurinacional y amorfo. Sánchez se paseará con su Falcon, aún más rumboso, exhibiendo sus atributos como jefe del Estado y presidente de la República. Todo se habrá consumado sin ruidos ni griterío, tan mansamente como el ocioso cantar de un día vacío. ¿Quién puede desmontar esta escena de pesadilla? Ahora mismo, nadie. Todo rueda a favor de las ambiciones del napoleoncito de la Moncloa. Salvo que se produzcan algunos de estos acontecimientos tan inesperados como un especial sobre Schopenhauer en 'Sálvame'. Por ejemplo:

-REVUELTA EN EL PSOE. Hastiados del cesarismo autocrático de su jefe y aterrorizados por la dimensión de la catástrofe que viene, veteranos del partido, Felipe González a la cabeza, promueven una revuelta interna para frenar la deriva delirante de su jefe. Una reedición desesperada del otoño de 2016. Nada más sensato y, sin duda, imposible. Entre otras cosas, porque ya no hay PSOE. Dejó de existir en Ferraz, asfixiado tras la cortina con la que Sánchez ocultó las tramposas urnas. Ahora sólo hay Lastras, Simancas y ese delegado Franco de rostro tan inmoral como sus actos.

-MOCIÓN DE CENSURA. González ganó la moción que había perdido. Hernández Mancha, para desgracia de la derecha, no supo aprovechar la suya. Rajoy, como un palomino atontao, se fio del PNV y perdió el sillón que le guardaba el bolso de Soraya. La que ahora presenta Vox, condenada al fracaso, fortalecerá a Abascal, debilitará al PP (Casado no se maneja bien en las encerronas) y hará las delicias de Iván Redondo. No es esta la fórmula para arrojar a Sánchez. Más bien, es una línea directa para reforzarlo. Al tiempo.

La derecha puede conseguir más votos que el PSOE, como ya ocurrió en noviembre, pero nunca más escaños o más respaldos parlamentarios

-MAYORÍA ABSOLUTA. Los nacionalismos periféricos, en cuyas manos está decidir el color del Gobierno, nunca respaldarán al PP. Ni el PNV ni el separatismo catalán se avendrían, ahora, a pactos como los que suscribieron con Aznar. Ese camino está clausurado. Iván Redondo bordó la demonización de la derecha. Casado es el franquismo y Abascal es Franco. Ambos defienden la unidad de España sin sutilezas. Ambos son ese espantajo que el separatismo enarbola con fruición para justificar su existencia. Aunque el PSOE retroceda, siempre contará con el respaldo independentista. Firme e inamovible. El Congreso se ha convertido en una marmota inamovible, en una fotografía congelada en la que siempre mandarán los mismos.

-UNIDOS POR LA DERECHA. Hay otra vía, también improbable. Concurrir unidos PP, Vox y lo que queda de Cs abriría las puertas a un triunfo del centro derecha. Más de 180 escaños auguran los sondeos. Bastaría con que acudieran juntos en las provincias de menos de cuatro escaños. Algo tan sencillo, elemental y palmario. La derecha puede conseguir más votos que el PSOE, como ya ocurrió en noviembre, pero difícilmente más escaños. Y nunca más respaldos parlamentarios. Una simpática jugarreta de nuestra ley electoral que Rajoy, embebido de bipartidismo, no se decidió a cambiar. O unidos por la derecha o condenados al yugo eterno de Sánchez. ¿Acaso no lo ven? Pues no.

Habló Sánchez, al cumplir sus cien días en Moncloa, de que "nuestro horizonte es hasta 2030". ¿Por qué no? O mejor, ¿quién si no?. Al PP sólo le queda confiar en el efecto de la harapienta ruina sobre la Moncloa. O sea, que le den el trabajo hecho. Sánchez aún no ha cumplido los cincuenta. Sus hijas son adolescentes. ¿A qué se va a dedicar este iletrado chanta si deja su mullido colchón presidencial? No tiene cátedra, carece de oficio, jamás trabajó en la 'vida civil'. Desde pequeñito escaló puestos en el partido, como un trepa espabilado y sin escrúpulos. De culiparlante a secretario general en un fogonazo.

Volver al escaño como diputado de a pie resultaría enorme humillación. La Universidad le parece un fatigoso fastidio. Pasó por ella sin dejar huella. Quizás ni la pisó. Escribe con dificultad (todos sus opúsculos son truchos, apócrifos y falsarios) y apenas se le conoce una sola idea: la de eternizarse en el poder. No desdeñen la posibilidad de que tengan que convivir con él otros diez años. Total, a nadie parece importarle. La mayoría social de este país se ha empadronado en Hamelin. Sánchez es el flautista indestructible. Todos lo saben y nadie hace nada por remediarlo.

El Gobierno dispara el gasto y remata la economía
EDITORIAL Libertad Digital 7 Octubre 2020

La vía escogida por estos insensatos para afrontar la crisis es disparar el gasto, el déficit y el endeudamiento públicos.

Por si fuera poco desolador el panorama sanitario –en las últimas 24 horas se han registrado 261 muertes por el coronavirus–, las perspectivas económicas que ha ofrecido este martes el Gobierno por boca de la vicepresidenta Nadia Calviño no resultan menos terribles. Y no porque el Ejecutivo haya elevado el desplome del PIB hasta el -11,2% (previsión catastrófica que incluso resulta optimista si se compara con las del FMI, Funcas o la agencia de calificación Fitch, que apuntan al -13%) sino, sobre todo, por la vía escogida para afrontar la crisis: disparar a niveles nunca vistos el gasto, el déficit y el endeudamiento públicos.

Así, el Gobierno social-comunista llevará el gasto total para 2021 hasta los 196.097 millones, la cifra más elevada jamás registrada y un espectacular incremento del 53% respecto al año pasado. Y lo hará después de que la economía haya sufrido el mayor colapso en tiempo de paz.

No menos alarmante es la tranquilidad con que la ministra de Asuntos Económicos ha recalculado al alza –y también puede que se haya quedado corta– sus previsiones de déficit, que llegará al 11,3% del PIB, por encima del 10,34% remitido a Bruselas e idéntico al máximo histórico logrado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2009. Aún menos parece preocuparle el récord de deuda pública del 118% del PIB, lo que supone un incremento de más de 20 puntos en apenas un año.

Así las cosas, resulta evidente que la ayuda financiera de la UE no despierta en el Ejecutivo el menor compromiso de austeridad y rigor en el control de gasto–austeridad necesaria no solo para afrontar el mayor desembolso en sanidad y en los ERTE, también para dar garantías a los acreedores de que se les podrá devolver algún día lo prestado–, sino que es vista por socialistas y comunistas como una especie de barra libre, por lo que se puede seguir gastando a calzón quitado, o como una invitación a vivir indefinidamente a base de créditos.

Para colmo, y ante tamaño desequilibrio presupuestario, al Gobierno social-comunista sólo se le ocurre tratar de acotarlo por la contraproducente vía de subir los impuestos, tal y como quiere hacer estableciendo un IVA del 21% a la educación y la sanidad privadas. Es evidente que una medida de este tipo satisface las pulsiones totalitarias de socialistas y comunistas, que quieren que el Estado lo monopolice todo, pero difícilmente aliviará el brutal desequilibrio entre ingresos y gastos. Por el contrario, lo que hará es llevar a muchos ciudadanos que ahora no son usuarios de esos servicios públicos a utilizarlos, con lo que el Estado tendrá que gastar más, no para mejorar, sino para incrementar las plazas en educación y sanidad a cargo del contribuyente.

El Gobierno hace caso omiso no sólo a los más elementales criterios de sensatez, también al pliego de condiciones de rigor presupuestario que le planteó Bruselas a cambio de su ayuda financiera. Lo malo es que la resaca de la borrachera la pagarán carísima los contribuyentes.

Barra libre
Pablo Molina Libertad Digital 7 Octubre 2020

La banda de Sánchez ha decretado barra libre y los políticos autonómicos de todos los partidos están de enhorabuena.

Los cuadros del partido de los Ceaucescu no caben en sí de gozo tras aprobar el Consejo de Ministros una subida del gasto público a niveles nunca vistos. La alegría de los chavistas, como siempre, corre pareja al pánico de los que pagamos impuestos, experiencia esta que, como la de trabajar en algo honrado, ninguno de ellos ha experimentado en su puñetera vida. Porque los políticos no pagan impuestos. Al contrario, viven de ellos. Sobra cualquier otra aclaración.

La banda de Sánchez ha decretado barra libre y los políticos autonómicos de todos los partidos están de enhorabuena. Como máquinas bien engrasadas de despilfarrar, las autonomías han recibido la buena noticia de que ya no tendrán siquiera que fingir economías para compensar la fuerte caída de los ingresos. Ahora podrán disparar también sus presupuestos al alza con el beneplácito del Gobierno de España, el escenario soñado por los mandarinatos regionales, que a partir del año próximo contarán con más dinero aún para sobornar a los votantes y comprar su apoyo electoral.

Y lo más escalofriante es que este camino directo a una nueva y más profunda recesión cuenta con el aplauso de la mayoría de los ciudadanos, a los que se les ha convencido de que la austeridad en las cuentas públicas no es un principio elemental que debieran observar todas las Administraciones para impedir el despilfarro, sino una sucia maniobra del neoliberalismo para empobrecer a las clases menos pudientes a base de recortes. Tan es así que los dirigentes populares huían de la palabra para no parecer enemigos del pueblo, haciendo así el trabajo sucio a la banda de insolventes de la izquierda, como es tradicional.

“Los recortes matan”, berreaban las charis en las manifestaciones izquierdistas durante la crisis económica. Ayer, los suyos decretaron que no habrá más recortes sino dinero público a espuertas para repartirlo en subvenciones y tapar el drama de los más de 50.000 españoles que, esos sí, han muerto de verdad.

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Si esto es un «triunfo de la democracia»…
OKDIARIO 7 Octubre 2020

Con los datos en la mano, no puede afirmarse en ningún caso que el «cese definitivo» de la actividad armada de la banda terrorista ETA, anunciado el 20 de octubre de 2011, fuera un triunfo de la democracia. En una democracia firmemente asentada, sería imposible que de los 699 etarras que en ese momento cumplían penas de prisión, sólo queden 180 en la cárcel. Casi nueve años después, uno de cada cuatro terroristas está en libertad. ¿Triunfo de la democracia? En ningún caso. Con EH Bildu más fortalecido gracias a la aritmética que necesita el PSOE en las Cortes, los herederos políticos de ETA tienen más influencia que nunca mientras la mayoría de los pistoleros campan libremente a sus anchas.

La estadística es reveladora: de aquellos casi 700 etarras presos en 2011, contando las cárceles de España y Francia (559 y 140 respectivamente), el goteo de puestas en libertad y cumplimientos de condena ha sido incesante. El ritmo de excarcelaciones se ha acelerado durante este año. Especialmente desde esta primavera, coincidiendo con el estado de alarma y la crisis del coronavirus. Desde el pasado mes de junio han quedado en libertad 13 presos etarras más. Es más: desde que Pedro Sánchez llegó al poder en junio de 2018, el Ejecutivo ha acercado en torno a 80 presos de ETA a cárceles del País Vasco o próximas a este territorio.

Casualmente, el ritmo de acercamientos comenzó a aumentar la pasada primavera, coincidiendo con el momento en que EH Bildu negociaba con el PSOE prórrogas al estado de alarma. La pasada semana se producía un pico de acercamientos, con el traslado de un total de 6 presos de ETA. La razón: la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Votos por presos: es el canje ignominioso que ha decidido el Gobierno socialcomunista.

Sánchez sí comprende a Bildu
El PSOE ha convertido su silencio frente a Bildu y Sortu en una irritante costumbre de mutua complicidad
Manuel Marín ABC 7 Octubre 2020

Hace tiempo que dejó de ser noticia la progresiva inclinación del socialismo a blanquear a Bildu para presentarlo como un partido insertado en la praxis democrática y comprometido con la gobernabilidad de España. Desde que Rodríguez Zapatero bautizó a Arnaldo Otegui como «hombre de paz», el PSOE ha convertido su silencio frente a Bildu y Sortu en una irritante costumbre de mutua complicidad. En esta «España progresista» en construcción, la izquierda está legitimada para atacar a la Monarquía porque es el sano reflejo de la libertad de expresión. Pero la derecha no puede defender al Rey porque eso es una utilización de su figura y una apropiación indebida de su legado que le daña. Es la dualidad impuesta por Pedro

Sánchez entre esa izquierda libertadora de un pueblo oprimido por una democracia putrefacta, y la derecha reencarnada en un neofascismo. Lo mismo ocurre a diario con la independencia judicial y la separación de poderes. El mensaje de fondo es que necesitamos un nuevo proceso constituyente y Bildu está completamente rehabilitado para participar de él, como si a su espalda ya no quedase la sangre de 800 personas asesinadas por las que ni siquiera han pedido un sincero perdón.

El socialismo, como Podemos, va mucho más allá del oportunismo táctico para sumar los escaños de Bildu, aprobar los presupuestos y no tener que convocar elecciones. Consideraciones morales aparte, y desde una estricta perspectiva de conservación del poder, esta estrategia podría llegar a ser incluso entendible si la supervivencia de Sánchez dependiera de ello. Pero no es así. El silencio de Sánchez y el apoyo expreso de Podemos a Bildu contra las nuevas detenciones de etarras forman parte de una convicción ajena a los escrúpulos y a la calidad ética de nuestra democracia. Ya ni siquiera Interior felicita a las Fuerzas de Seguridad por operaciones de este posterrorismo que la izquierda encubre en color sepia. No es que Sánchez necesite a Bildu. Es que comprende a Bildu. Y por eso Podemos intentó durante la campaña electoral vasca prefabricar un tripartito junto al PSOE y Otegui.

La desasosegante novedad de este proceso ya no es el blanqueo de Bildu, sino su progresiva victimización. Cuando gobernaba el PP, eran las «cloacas del Estado» quienes atacaban la libertad. Ahora, con Podemos en La Moncloa, ya no hay cloacas, sino un «Estado profundo» de jueces, fiscales y policías. Ultras de vieja estampa… como si las detenciones no hubiesen sido avaladas por Marlaska. Siempre ven conspiraciones. Siempre hay complots y conjuras, y los asesinados solo fueron un accidente del pasado sin derecho a gozar de su propia memoria histórica.

Presos de ETA
El 74% de los presos que ETA tenía el día que anunció el adiós a las armas ya está en la calle
Pelayo Barro okdiario 7 Octubre 2020

El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el «cese definitivo» de su «actividad armada». Los terroristas no volvieron a matar a partir de esa fecha. En aquel momento había un total de 699 presos de ETA cumpliendo condena de prisión. Hoy, casi nueve años más tarde, el 74% de ellos están en libertad. Hoy, con EH Bildu más fortalecido que nunca gracias a la aritmética que necesita el PSOE en las Cortes, tan sólo quedan alrededor de 180 presos etarras en las cárceles.

De cada 10 etarras que había en la cárcel el día en que ETA aún no había dejado de matar, casi 8 de ellos están libres hoy en día. La población reclusa de ETA ha entrado en peligro de extinción.

Partiendo de aquellos casi 700 etarras presos en 2011, contando las cárceles de España y Francia (559 y 140 respectivamente), el goteo de puestas en libertad y cumplimientos de condena ha sido incesante. Los registros de Etxerat, la plataforma que aglutina al colectivo de presos etarras y a sus familias, comenzó a contabilizar anualmente las salidas de prisión en 2014. Aquel año finalizó con 465 etarras presos.

En 2015, la cifra se redujo a 403. En 2016, a 348. En 2017, a 298. En 2018, a 264. En 2019, a 246. En este 2020, el número actual de presos etarras, tal y como confirman fuentes de Instituciones Penitenciarias a OKDIARIO, ronda los 180. En total son más de 500 los condenados por terrorismo los que han dejado la cárcel.

El ritmo de excarcelaciones se ha acelerado durante este año. Especialmente desde esta primavera, coincidiendo con el estado de alarma y la crisis del coronavirus. Desde el pasado mes de junio han quedado en libertad un total de 13 presos de ETA.

Acercamientos de récord
Las excarcelaciones de etarras corresponden a la Justicia, pero no así los acercamientos, que son asunto de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias. Y por tanto, del Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, desde que llegó al poder en junio de 2018, ha acercado a cerca de 80 presos de ETA a cárceles del País Vasco o más próximas a este.

El ritmo de acercamientos comenzó a aumentar la pasada primavera, coincidiendo con el momento en que EH Bildu negociaba con el PSOE prórrogas al estado de alarma. La pasada semana se producía un pico de acercamientos, con el traslado de un total de 6 presos de ETA. Coincide, en este caso, con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Un proyecto para el que Sánchez necesita, al menos, la abstención de los proetarras.

El ‘negociador’ de Zapatero
Entre estos presos se encuentra Unai Fano Aldasoro, trasladado de la cárcel de Soria a la de Basauri (Vizcaya). Fano fue uno de los comisarios de Batasuna que sirvieron de enlace con ETA durante la negociación de la banda terrorista con el Gobierno socialista de Zapatero que llevó a la tregua-trampa de 2006. Una tregua que los etarras rompieron volando por los aires el parking de la T-4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) en diciembre de ese mismo año.

Fano es natural de Bilbao pero su familia reside en Hernani (Guipúzcoa), a apenas una hora de distancia de prisión. En apenas año y medio, Fano ha sido trasladado desde la cárcel de Algeciras (a 1.100 kilómetros de distancia de Hernani) a Soria (a sólo 260 kilómetros). Y de ahí, un año más tarde, a Basauri. Del punto más alejado de la península a estar en ‘casa’ en cuestión de meses.

Justicia
Desafío independentista
El Constitucional tumba parte del plan de acción exterior de Cataluña por vulnerar la Carta Magna y el Estatut
ÁNGELA MARTIALAY. Madrid. El Mundo 7 Octubre 2020

El Alto Tribunal considera que vulnera las competencias estatales y no se ajusta a las asumidas por el Estatuto catalán

El Tribunal Constitucional tumba parte del Plan de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña. En una sentencia, notificada este martes, el pleno ha estimado parcialmente el conflicto positivo de competencia interpuesto por el Gobierno contra el acuerdo de 25 de junio de la Generalitat, por el que se aprueba el plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022.

La sentencia considera que diversos puntos de este plan infringen la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña por "vulnerar las competencias estatales y no ajustarse a las estatutariamente asumidas por la Generalidad".

En una sentencia, ponencia del magistrado Alfredo Montoya, el Alto Tribunal argumenta que en la competencia reservada al Estado por la Constitución se integran "no solo las facultades clásicas que el Derecho internacional reconoce a los estados como sujetos de ese derecho", sino también "una potestad más amplia de dirección y puesta en ejecución de la política exterior entendida como estrategia, posicionamiento y actuación del Estado en el ámbito internacional en defensa de los intereses y valores de España, que permite al Gobierno, en tanto que director de la política exterior del Estado, coordinar las actuaciones autonómicas con proyección exterior, a fin de garantizar los objetivos de política exterior estatal e impedir eventuales menoscabos de esa política exterior".

El tribunal de garantías argumenta que la acción exterior de las comunidades autónomas no invade la competencia estatal en materia de relaciones internacionales siempre que se cumplan dos requisitos.
Los requisitos

Por un lado, que las actividades con proyección exterior se ciñan al ámbito de sus competencias atribuidas estatutariamente. Y por otro, que el ejercicio con proyección exterior de tales atribuciones respete la competencia estatal de relaciones internacionales, de modo que no presente a la comunidad autónoma como un sujeto de derecho internacional ni comprometa la unidad y coherencia de la política exterior articulada por el Gobierno del Estado.

Se anula, por ejemplo, la "puesta en marcha del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña" o su "participación proactiva en los foros multilaterales de máximo interés".

Asimismo, la sentencia cuenta con varios puntos también impugnados del plan de acción exterior de Cataluña, que se declaran constitucionales si se interpretan según lo acordado por el propio TC.

Por ejemplo, "las referencias a "Cataluña como actor reconocido en el mundo", así como las alusiones a países y acuerdos que se contienen en diversos puntos del plan", no son inconstitucionales si se interpretan como que no implican atribución de subjetividad internacional a esta comunidad autónoma.

El reto para "avanzar hacia la soberanía económica en un contexto global" no es inconstitucional si se interpreta el término "soberanía económica" no en términos de capacidad autonómica para decidir y acoger la incorporación y aceptación de modelos o sistemas económicos, sino, por el contrario, en el de avanzar en la capacidad de influir en las decisiones económicas que afecten a las competencias de Cataluña.

La sentencia cuenta con dos votos particulares concurrentes de los magistrados del sector progresista Juan Antonio Xiol y María Luis Balaguer.

Acoso nacionalista en la universidad: manifiestos y señalamiento de los disidentes
Jóvenes de SCC o S'ha acabat han soportado el acoso nacionalista en carne propia
Àlex Gubern ABC 7 Octubre 2020

«Es una gran alegría. Poco a poco vamos rompiendo esta especie de régimen peronista que se ha instalado en Cataluña, con sus distintos brazos: en la universidad, en los colegios profesionales...». Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC) celebraba ayer el fallo contra la Universidad de Barcelona (UB) —y por extensión el resto de centros públicos catalanes— como una nueva grieta en la muralla ideológica que constriñe los centros educativos catalanes. «Es una sentencia historica», añadía.

Sánchez Costa lidera precisamente una asociación cuya sectorial de jóvenes ha sufrido el acoso, sistemático y organizado, por parte del independentismo radical en los campus. La batalla de los jóvenes constitucionalistas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) por no dejarse avasallar por el secesionismo ha sido uno de los episodios más notables en estos años de «procés». Cada carpa informativa que SCC plantaba en la UAB era de manera recurrente arrasada por el radicalismo, con amenazas y hasta agresiones físicas, como pasó por ejemplo el 19 de abril de 2016. Es solo un ejemplo. «Sí, los jóvenes constitucionalistas allí han sufrido», reconoce Sánchez Costa a ABC, que añade por contra que se está siguiendo el esquema clásico para romper la espiral del silencio. «Primero uno planta cara a un coste muy elevado, pero luego le siguen otros, y luego se crea una red más amplia, y luego esta crece, y cada vez hay menos miedo. Hace unos años hubiese sido impensable que un grupo de profesores se atreviese a cuestionar a su universidad», añade el presidente de SCC, una entidad que en los últimos años ha hecho precisamente bandera de la defensa de la neutralidad política en el espacio público.

Como una escisión de la sectorial de jóvenes de SCC nació S’ha acabat, grupo que también se ha convertido en diana del independentismo en los campus. El 4 de abril de 2019 se registraron incidentes en la UAB, en lo que fue la repetición de un esquema clásico en estos casos. Ese día, el grupo constitucionalista montó una carpa informativa. A los pocos minutos de plantar el stand, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, próximo a la CUP, organizaba una «cervezada» a modo de réplica. Varias decenas de jóvenes acabaron rodeando la carpa, insultando y lanzando latas a quienes estaban en el interior. Hubo agresiones físicas, incluido un manotazo a uno de los líderes de S’ha acabat. Como ha venido siendo habitual, denunció este grupo, el papel del rectorado fue el de mirar para otro lado. El acoso duró una hora.

Julia Moreno, presidenta de esta entidad, celebra el fallo contra la UB por algo tan elemental como el respeto del «principio de neutralidad», algo que, denuncia, sigue cuestionándose por parte de profesores que, utilizando la libertad de cátedra, han llegado a insultar a quienes considera adversarios políticos.

Toma y daca
El toma y daca entre los grupos constitucionalistas y rectorados como el de la UAB, presidido por Margarita Arboix, ha sido constante en estos años. Y como ayer con la sentencia relativa a la falta de neutralidad de la UB, otros fallos judiciales han puesto las cosas en su sitio. El 17 de julio de 2018, por ejemplo, un juzgado fallaba contra la UAB por vulnerar los derechos fundamentales de los alumnos integrados en jóvenes de SCC por algo tan básico como no haber permitido su inscripción en el directorio de asociaciones universitarias.

Grupos como Impulso Ciudadano, liderado por José Domingo, también lleva años exigiendo que el rodillo nacionalista no arrase con todo, y por ello celebraba el fallo contra la UB. «Es una gran sentencia, muy didáctica además. Confirma el criterio de los tribunales: las instituciones públicas no pueden emitir opiniones políticas», subraya Domingo, que recuerda también otros fallos parecidos que han cuestionado que los colegios profesionales, en tanto que corporaciones de derecho público, también se hayan posicionado.

En diciembre de 2016, antes del año negro del independentismo, el TSJC ordenaba la retirada del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, al que se había adherido en octubre de 2013, por vulnerar «la libertad ideológica, de expresión y de asociación» de los colegiados. Grietas en la muralla «indepe».
 


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