AGLI Recortes de Prensa   Viernes 9  Octubre  2020

Sánchez nos condena a la ruina: España, aplastada por su deuda pública
OKDIARIO 9 Octubre 2020

Con la deuda pública que acumulará España a finales de año -el 112% del PIB-, Italia fue tutelada por la UE y Portugal y Grecia intervenidas. Según el informe de la consultora Freemarket ,»la pésima evolución del déficit se va a traducir en una acelerada escalada, casi 30 puntos, de la participación de la deuda en el PIB en 2020. Esa ratio continuará creciendo en términos acumulados durante los dos próximos años».

Hagamos memoria: el ex comisario europeo Mario Monti tomó las riendas de Italia en noviembre del año 2011, cuando la deuda pública italiana cerró en el 119,70%. Portugal pidió en abril de 2011 el rescate europeo a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera y el FMI. Su deuda pública estaba en el 114,4% y al año siguiente escaló hasta el 129%. Grecia inició los trámites para el rescate en abril de 2010 ante la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Ese año 2010, Grecia cerró con un 146% de deuda, pero cuando la situación se volvió irreversible, un año antes, su deuda estaba en 126,70%. No muy lejos de la deuda que acumulará España a finales de 2020.

El estudio de Freemarket no se queda ahí y anticipa que»en ausencia de un Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que plantee un recorte del gasto público -Sánchez ya ha anunciado que hará todo lo contrario-, el déficit de las Administraciones Públicas y el estructural van a sufrir un acusado empeoramiento, situándose en niveles muy superiores a los de la pasada fase recesiva. De acuerdo con nuestras estimaciones, el primero se situará a finales de 2020 en el 13,8% y el segundo en el 6,8% del PIB, respectivamente. Esta situación no mejorará en 2021 ante el mantenimiento de la suspensión del Pacto de Estabilidad hasta 2022″, subraya.

El informe aventura un futuro negro: «En el supuesto, bastante realista, de que la economía española se quede atrás en el proceso de recuperación registrado por el resto de los países europeos, se eleve al coste del financiamiento soberano y se materialicen los pasivos contingentes, la ratio deuda pública/PIB puede colocarse en una senda insostenible”.

Y, mientras tanto, Sánchez vende humo y promete multiplicar por 2,5 el dinero que nos prestará la UE rehabilitando fachadas, fomentando el coche eléctrico y protegiendo la diversidad. La que se nos viene encima.

España entrará el próximo año en los niveles de deuda en los que fueron intervenidas Italia y Portugal
Carlos Cuesta okdiario 9 Octubre 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de vender su plan económico como la panacea. Un plan que pretende utilizar los 140.000 millones de supuesto rescate europeo a España para crear 800.000 empleos en 3 años. Y sólo en el segundo trimestre de 2020, España ha perdido un 1.074.000 empleos por la desastrosa gestión del coronavirus. La Consultora Freemarket estima ahora que la deuda de España será del 112% del PIB al cierre del ejercicio: los mismos niveles de deuda en los que Italia fue tutelada por la UE, y Portugal y Grecia fueron intervenidas en plena crisis subprime.

El informe de Freemarket destaca que la “pésima evolución del déficit se va a traducir en una acelerada escalada, casi 30 puntos, de la participación de la deuda en el PIB en 2020. Esa ratio continuará creciendo en términos acumulados durante los dos próximos años”.

El resultado será el posicionamiento del nivel de deuda pública de España en porcentaje del PIB en el 122%. Un nivel que las recientes experiencias económicas sitúan como muy peligroso. Tanto, que en los años 2010-2012 marcó, en plena crisis subprime, el inicio de muchas de las intervenciones de países en la UE.

Portugal pidió en abril de 2011 el rescate europeo a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera y el FMI. Lo hizo en el mismo ejercicio que cerró con un 114,40% de deuda en porcentaje del PIB. En 2012 ese dato escalaba al 129%.

Grecia inició esos trámites en abril de 2010 ante la Comisión Europea, el BCE y el FMI para acceder al mecanismo de ayuda. Ese año 2010, Grecia cerraba con un 146,20% de deuda sobre PIB. Pero el ejercicio precedente, el que desencadenó en el rescate, cerró con un 126,70%. No tan lejano a los datos esperados por Freemarket para este 2020 en España.

Irlanda pidió su rescate por la crisis subprime en noviembre de 2010. Ese año la deuda pública irlandesa cerró en un 86%. Pero en escasos meses se elevó hasta el 111,10% de 2011. Los años 2012 y 2013 el indicador escaló hasta el 119,90%.

El ex comisario europeo Mario Monti tomó las riendas de Italia en noviembre del año 2011. Ese año la deuda pública italiana cerró en el 119,70% y al siguiente ejercicio escaló hasta un 126,50%.

El estudio de Freemarket destaca que “el impacto de la crisis sobre las finanzas públicas está siendo de una extraordinaria gravedad. La disminución de los ingresos derivada de la caída de la actividad económica, el incremento de los gastos propulsado por el juego de los estabilizadores automáticos y las medidas instrumentadas para combatir los efectos de la pandemia van a suponer un agudo deterioro de las cuentas públicas”. Para la firma de análisis “esta combinación de factores se suma a un escenario pre-crisis en el cual el endeudamiento del sector público era muy elevado después de una expansión de seis años con tasas de crecimiento del PIB superiores a las del promedio de la UE y de la Eurozona, en los que no se realizó esfuerzo alguno por reducirlo. La corrección experimentada por el desequilibrio financiero del sector público fue de naturaleza cíclica. No se hizo prácticamente nada por recortar el déficit estructural y las escasas iniciativas en este sentido, la aplicación de índices correctores en el cálculo de las pensiones, fueron revertidas por el actual Gobierno”.

Recorte del gasto público
El estudio va a más y señala que “en ausencia de un Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que plantee un recorte del gasto público, lo que no sucederá salvo imposición exterior, el déficit de las Administraciones Públicas (AA.PP.) y el estructural van a sufrir un acusado empeoramiento, situándose en niveles muy superiores a los de la pasada fase recesiva. De acuerdo con nuestras estimaciones, el primero se situará a finales de 2020 en el 13,8% y el segundo en el 6,8% del PIB, respectivamente. Esta situación no mejorará en 2021 ante el mantenimiento de la suspensión del Pacto de Estabilidad hasta 2022. La UE ha respaldado, en este sentido, a España en su irresponsabilidad fiscal y presupuestaria”.

Freemarket añade que “esta pésima evolución del déficit se va a traducir en una acelerada escalada, casi 30 puntos, de la participación de la Deuda de España en el PIB en 2020. Esa ratio continuará creciendo en términos acumulados durante los dos próximos años. Esto supondrá un notable incremento de las necesidades de financiación del Tesoro”.

El informe explica que “si bien las condiciones de financiación de la deuda de España son todavía favorables en términos de tipos de interés y el mercado ha mostrado hasta la fecha su disposición a adquirir bonos soberanos españoles sin exigir una elevación significativa de la prima de riesgo, esta situación tiene altas posibilidades de alterarse. En el supuesto, bastante realista, de que la economía española se quede atrás en el proceso de recuperación registrado por el resto de los países europeos, se eleve al coste del financiamiento soberano y se materialicen los pasivos contingentes, la ratio deuda pública/PIB puede colocarse en una senda insostenible”. Y “ese riesgo se acentúa en un escenario de ausencia de un plan de consolidación a medio plazo que permita visualizar la voluntad gubernamental de abordar el recorte del déficit público”.

Golpista Sánchez
OKDIARIO 9 Octubre 2020

Una atenta lectura del pronunciamiento del TSJM permite concluir que el cierre de Madrid decretado por Pedro Sánchez -Salvador Illa no es más que el brazo ejecutor- era obscenamente ilegal, pues con independencia de las discrepancias de índole técnico-sanitarias entre el Gobierno socialcomunista y el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, lo que hizo el Ejecutivo es invadir competencias de la Comunidad con el agravante de que tenía instrumentos a su alcance -el estado de alarma, sin ir más lejos- para lograr su propósito. Y, sin embargo, el Ministerio de Sanidad, a través de una torticera y sesgada interpretación de la ley, se valió del resultado de una votación sin consenso en el Consejo Interterritorial de Salud para consumar una tropelía jurídica que ha causado enormes daños a Madrid y los madrileños. ¿Quién resarce ahora los daños causados?

El plan de acoso y derribo diseñado por Sánchez consistió en inventarse sobre la marcha un umbral de 500 contagios por cada 100.000 habitantes para justificar el confinamiento de Madrid, pese a que las medidas aplicadas por el Gobierno autonómico estaban dando resultados. El objetivo no era frenar el coronavirus, sino acabar con Isabel Díaz Ayuso, que ha resistido con entereza notable la ofensiva socialcomunista. Y para ello, Sánchez no dudó en articular un engendro jurídico que, a través de una orden ministerial, afectaba a derechos fundamentales. Los tribunales han frenado la tropelía y desenmascarado la estrategia de un Gobierno que exhibe un contumaz desprecio a las leyes.

Ahora, Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para consumar la amenaza de imponer el estado de alarma, que es un instrumento legal, pero que supone un salto cualitativo en la estrategia de asalto al poder. Ahora que el Gobierno de Ayuso ha logrado contener la expansión del virus, sería la demostración más palmaria de que la pandemia no es más que una excusa para cobrarse la cabeza política de Ayuso, aunque sea condenando a la ruina a Madrid y a los madrileños.

Abascal amenaza al «tirano» Sánchez con una caravana por la libertad el 12-O si decreta el estado de alarma
Juanan Jiménez okdiario 9 Octubre 2020

Santiago Abascal ha reaccionado con contundencia al anuncio de Pedro Sánchez de convocar un Consejo de Ministros para decretar el estado de alarma en Madrid, tras el varapalo judicial sufrido por el Gobierno al tumbar el TSJM las medidas impuestas por Illa. El líder de Vox ha anunciado que si «el tirano Sánchez» decreta un «ilegal estado de alarma» su partido convocará el 12-O, Día de la Hispanidad, una gran caravana por la libertad en toda España.

Pedro Sánchez, a su regreso del viaje oficial que ha realizado a Argelia, ha anunciado que convocaba este viernes un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma y así poder cerrar Madrid. La versión que ha dado Moncloa ha variado tras el anuncio, admitiendo que primero esperarían a ver si era la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que elevaba al Ejecutivo la petición del estado de alarma. Esta opción parece poco probable. Ayuso tiene una reunión técnica a primera hora de la mañana y ha emplazado a Sánchez a llegar a un acuerdo.

Pero el líder de Vox, Santiago Abascal, no ha dudado en responder a las amenazas del presidente Sánchez con una movilización masiva en toda España coincidiendo con el Día de la Hispanidad. «Si el tirano Sánchez vuelve a decretar un ilegal estado de alarma, convocaremos el lunes 12-O, en todas las ciudades y pueblos, una nueva caravana por la libertad contra la muerte y la ruina que trae Sánchez».

Vox organizó el 23 de mayo una multitudinaria caravana de coches en Madrid para protestar contra el confinamiento y el estado de alarma que impuso Pedro Sánchez para frenar la pandemia.

Abascal siempre se ha mostrado en contra de una medida tan drástica y se lo ha recordado a Sánchez con una contundente frase: «Son una mafia y los españoles no van a dejarse encarcelar de nuevo», ha escrito en sus redes sociales el dirigente de Vox al poco de conocerse las intenciones del Gobierno socialcomunista.

Acoso y derribo a Madrid
La estrategia de Pedro Sánchez de acoso y derribo al Gobierno del PP y Cs en la Comunidad de Madrid entra en un nuevo capítulo, puede que final, después de que desde el Ministerio de Sanidad se hayan puesto todo tipo de imposiciones al Ejecutivo madrileño. La escalada de las desavenencias entre Moncloa y Sol se precipitó –casualidad– después de los virulentos ataques de Pablo Iglesias y Alberto Garzón al Rey, después de que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, filtrara que Felipe VI le confesó que le «hubiera gustado estar en Barcelona» para la entrega de despachos a los nueves jueces. Una presencia que fue vetada por los socialcomunistas.

A partir de ahí, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantuvo un agrio enfrentamiento con el Gobierno regional de Ayuso. Un martes validaba las medidas que iba a implantar Madrid para frenar la expansión del Covid, y 48 horas después amenazaba con el cierre de la comunidad.

Illa terminó ordenando, después de la reunión del consejo interterritorial, la aplicación de restricciones sanitarias a la capital y nueve municipios de la Comunidad de Madrid a través de una orden ministerial. Los indicadores acordados por Sanidad con todas las comunidades, menos cinco –entre ellas Madrid– para decretar el cerrojazo a poblaciones o barrios completos sólo se podían aplicar en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso.

Este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado esas medidas, al considerar que restringen derechos fundamentales y que no pueden ser cercenados con una orden ministerial. Este varapalo judicial a Sánchez, Illa y Simón, ha provocado que el presidente del Gobierno, como adelantó OKDIARIO, convoque un Consejo de Ministros para forzar al cierre de Madrid bajo el estado de alarma.

Autonomías y separación de poderes
Emilio Campmany Libertad Digital 9 Octubre 2020

El sartenazo que le ha metido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al Gobierno pone en evidencia lo que ha terminado siendo España. Nadie puede comprender que el mismo tribunal ratificara unas medidas tomadas por la comunidad autónoma respecto a determinados barrios y municipios y declarara ilegales unos pocos días más tarde otras muy similares impuestas por el Ministerio de Sanidad. Lo fantástico del acontecimiento jurídico es que la resolución está impecablemente fundada en nuestras inextricables leyes.

No tiene sentido detenerse a explicar la maraña jurídica que envuelve todo este lío. El caso es que todo proviene del aparatoso Estado de las Autonomías que hemos levantado. El tribunal se disculpa por anular unas medidas que da por hecho que son necesarias para combatir la pandemia y proteger la salud de los españoles, pero que no puede ratificar por haber sido adoptadas con flagrante violación de la ley. Ahora, con independencia de lo que crea el tribunal, lo que pretendía la decisión del Ministerio de Sanidad no era proteger la salud de nadie. Era poner al Gobierno de la Comunidad de Madrid contra las cuerdas para otorgar a Aguado un pretexto con el que justificar su traición y que pudiera prosperar la moción de censura del PSOE en Madrid. Lo que pasa es que lo ha hecho con un instrumento ilegal. Y no deja de tener su gracia que sea el PSOE el que se haya enredado en el gigantesco e incomprensible lío jurídico que es el Estado de las Autonomías que tanto ayudó a embarullar.

A nadie se le escapa que, si la alarma sanitaria afectara a Cataluña, el Gobierno de Sánchez jamás se habría atrevido a confinar Barcelona y otros municipios catalanes por medio de una escuálida orden ministerial. Pero Madrid es otra cosa. Contra Madrid todo está permitido. Esta cueva de votantes de derechas impermeables a la propaganda de izquierdas es la que urge meter en cintura. Y, para hacerlo, nadie en el Gobierno se ha parado a ver qué se podía y qué no se podía hacer legalmente, acostumbrados como están a saltarse, de la Constitución abajo, todas las leyes. Menos mal que en el Poder Judicial todavía queda la suficiente independencia como para impedir que el Gobierno atropelle los derechos de los madrileños cuando lo hace sin respetar la ley.

También tiene gracia la reacción enfurruñada de Sánchez, herido en su soberbia y rojo de ira, amenazando con declarar el estado de alarma para Madrid. De sobra sabe que no es necesaria tal cosa para encerrarnos a todos en nuestros municipios. Tan sólo necesita ponerse de acuerdo con Ayuso y obrar de consuno con ella, que es lo que por otra parte exige la salud de los madrileños, si es que en algo le preocupa. Pero eso no lo puede hacer porque entonces tendría que renunciar a su objetivo, que no es otro que acabar con la presidenta. Hay que ver qué cosas tiene el Estado autonómico y la separación de poderes.

Alarma encubierta ilegal
Editorial ABC 9 Octubre 2020

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid hundió ayer, por abusiva con el derecho fundamental de circulación de las personas, la maniobra de Illa para mantener «cerrada» Madrid durante dos semanas. Días atrás, Illa impuso su criterio de forma arbitraria en el Consejo Interterritorial de Salud, pero ahora los jueces dan la razón jurídica, y también un balón de oxígeno político, a la presidenta madrileña, Díaz Ayuso. La decisión fue una desagradable sorpresa para el Gobierno de Sánchez y para su aparato de propaganda ideológica porque nadie en La Moncloa preveía esta bofetada judicial. Por un lado, los jueces sostienen que es factible decretar el cierre de una autonomía, e incluso restringir derechos fundamentales de los ciudadanos para proteger la salud pública, siempre que la legislación «habilite» las previsiones jurídicas necesarias. Pues ni la orden ministerial de Illa, ni el decreto de «nueva normalización» aprobado por Sánchez en junio, establecen una sola previsión jurídica que avale un cerrojazo como el ordenado para los madrileños. Los jueces son taxativos. Para sobreponer el derecho de protección de la salud sobre otras libertades esenciales hace falta que el Gobierno lleve al Congreso, y logre aprobar, la normativa que lo justifique. Pero Sánchez jamás lo ha hecho. Simplemente se jactó de dar por superada la pandemia, animó a los españoles a «disfrutar de la nueva normalidad» en vacaciones, declinó en las autonomías cualquier responsabilidad de lo que ocurriese, y no previó normas contra futuros rebrotes. Ahora los jueces censuran las consecuencias de tanta soberbia política.

Sánchez es culpable del marasmo legislativo que está confundiendo a autonomías como la madrileña. Es responsable del caos interpretativo al que su autoritarismo está sometiendo a los Tribunales, y es el causante de la incertidumbre que indigna a los ciudadanos. Más allá de los evidentes errores de unos y otros en la gestión de la pandemia, a La Moncloa le han podido las ansias en su pulso con la Comunidad de Madrid y sus enredos para maquinar una moción de censura contra Ayuso. Es cierto que el Gobierno madrileño ha contribuido a aumentar la confusión en las últimas semanas de forma preocupante, pero el resultado jurídico de sus quejas contra el intervencionismo de Illa le ha proporcionado un triunfo moral: ni el ministro de Sanidad puede imponer a capricho una parálisis de Madrid, ni Sánchez ha cumplido con su compromiso de aprobar leyes eficaces. Su truco para imponer una alarma virtual, e ilegal, ha quedado al descubierto. Las restricciones en Madrid son necesarias y la protección del ciudadano debe ser innegociable. Por eso, cuanto antes se sienten a negociar sin aspavientos ni sobreactuaciones, sin acusaciones mutuas ni deslealtad política, antes sabrá el ciudadano a qué atenerse. De momento, sigue a ciegas.

El Gobierno contra los derechos
Ignacio Sánchez Cámara ABC  9 Octubre 2020

Sin división de poderes no hay libertad política. Por eso los enemigos de la libertad son enemigos de la división de poderes. Por eso es dogma liberal la necesidad de que, como afirmó Montesquieu y, tras él, los padres fundadores de los Estados Unidos de América, el poder frene y limite al poder. Un poder único y absoluto destruye la libertad.

El auto del Tribunal de Justicia de Madrid dictado ayer ha establecido que la decisión del Gobierno de imponer a la Comunidad de Madrid una serie de medidas restrictivas de la libertad de movimientos de sus ciudadanos por motivos de salud pública, y acatada por la comunidad, es contraria a Derecho. El Tribunal deniega la ratificación de las medidas acordadas por la Consejería de Sanidad de Madrid en ejecución de la orden dictada por el Ministerio de Sanidad. El Gobierno ha cometido, según el Tribunal, una ilegalidad. Nadie responderá de ella. Tampoco el ministro de Sanidad. El Estado de Derecho y el imperio de la ley son sólo molestias para quienes aspiran al poder absoluto.

Son varios los motivos que aducen los magistrados, unánimemente por cierto, para adoptar esta resolución. La principal es que una orden ministerial no puede limitar el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la Constitución. La administración que impuso las medidas no era competente para hacerlo, carecía de cobertura legal y no respetó los criterios de justificación, idoneidad y proporcionalidad. Debe quedar claro que el Tribunal no se pronuncia sobre la oportunidad o conveniencia de las medidas adoptadas, sino que sólo declara que la limitación del ejercicio de derechos fundamentales, como en este caso la libertad de desplazamiento y circulación de las personas, sólo puede realizarse mediante una disposición con rango de ley. La sentencia del Tribunal Constitucional 169/2001, de 16 de julio, y otras, declaran que la previsión legal de una medida limitativa del ejercicio de derechos fundamentales es condición de su legitimidad constitucional. En definitiva, que sólo una medida con rango de ley puede limitar el ejercicio de derechos fundamentales. Nunca una orden ministerial que, por cierto, ni siquiera firmó el ministro. La ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 tampoco contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales. Además, el auto afirma que resulta llamativo que no se abordara una reforma de nuestro marco normativo ante la gravedad de la pandemia. De pasada, una crítica demoledora.

El Gobierno ha recibido un varapalo judicial incontestable y merecido. Se diría que se cree omnipotente. Puede que algún día lo sea. Esperemos que no, porque la libertad y la democracia habrían muerto. Es un auto jurídicamente irreprochable.

Alexis de Tocqueville analiza como medios para evitar el despotismo en las democracias (lo que presupone que las democracias puede degenerar hacia el despotismo) la proliferación de asociaciones, las instituciones municipales, la ilustración de los ciudadanos, la libertad de prensa, el poder judicial y los derechos individuales. Hoy hay que reivindicar especialmente la idea de los derechos y el poder judicial. No hay libertad sin respeto a los derechos individuales. Y la existencia de estos no depende del arbitrio de los gobiernos. Es un error fatal creer que en las democracias los derechos se encuentran sin más garantizados. La soberanía popular favorece la concentración del poder y el riesgo de la disminución de la libertad. Por eso en las democracias hay que extremar la defensa de la idea de los derechos y de su grandeza y de la «majestad de las leyes». Un poder judicial independiente es uno de los mejores frenos al despotismo del poder. Ayer, una vez más, lo hemos comprobado. Un Tribunal anula una decisión de un Gobierno que se cree todopoderoso.

En tiempos tan duros para la democracia y las libertades, el auto publicado ayer es un argumento para la esperanza. Pero tampoco debemos hacernos vanas ilusiones. El Gobierno tiene medios para imponer su criterio y puede considerar que se trata sólo de una cuestión de formas. Pero acaso ignore que la democracia y la libertad dependen de una sutil cuestión de formas. En cualquier caso, la derrota judicial del Gobierno nos consuela y nos recuerda que la mayoría no lo puede todo. La supervivencia de nuestras libertades depende de nosotros mismos. La libertad no es algo que nos conceden sino algo que uno se toma. Pero aparte de la resolución de quienes amamos la libertad, nuestras libertades dependen hoy especialmente del Rey, de los jueces (no todos) y de los medios de comunicación (pocos). Lo demás es servidumbre. Por eso son los objetivos de quienes aspiran a destruir la libertad. El Frente popular separatista ataca al Rey, a los jueces no adictos y a la prensa independiente.

El Estado de las Autonomías puede que sea uno de los mayores errores de la Transición si no acaso el peor. No arregló lo que debía arreglar y creó nuevos problemas. Sin embargo, también ha tenido alguna ventaja. Dificulta el buen orden del gobierno, destruye la igualdad legal, fomenta el particularismo y el secesionismo, pero favorece la libertad al limitar el poder central. Madrid es un buen ejemplo. Por eso es la capital botín deseado de la izquierda radical.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, publicado ayer, es una prueba de que aún el poder judicial frena y limita al poder ejecutivo. Al menos, en los casos de abuso más patente. Limitar el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución mediante una orden ministerial es algo que sólo se le puede ocurrir a quien carece del más mínimo sentido jurídico y piensa que el Derecho consiste en la pura decisión arbitraria del Gobierno. Pero hace siglos que sabemos que el Derecho no consiste en la voluntad del poderoso, y que la civilización y la libertad dependen de que el poder no sea omnipotente.
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Ignacio Sánchez Cámara es catedrático de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos

La Justicia tumba la prohibición de Sánchez de las manifestaciones de Vox en favor de la Hispanidad
Carlos Cuesta okdiario 9 Octubre 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido frenar las celebraciones del Día de la Hispanidad: su delegado del Gobierno en Guadalajara prohibió la concentración de unas «100 personas» organizada por Vox por «la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado del derecho [de manifestación] pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales» en referencia a la preservación de la vida por el riesgo sanitario del coronavirus. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha tumbado la decisión del delegado del Gobierno porque no la considera motivada y cree que no se puede cercenar hasta ese punto el derecho de reunión y manifestación.

La sentencia señala que “el ejercicio del derecho de reunión se postula con arreglo a las exigencias, prevenciones y medidas establecidas por las autoridades sanitarias, particularmente respetando la distancia mínima de dos metros y el uso de mascarilla. Se desconocen qué otras medidas pueden exigirse, y si existen otras, la propia Subdelegación del Gobierno debió haberlas manifestado, condicionando o modificando el ejercicio del derecho”.

El texto del Tribunal Superior añade que “se alude también, como circunstancias negativas que aconsejan la prohibición, a la duración de la concentración, (3 horas), el elevado número de participantes, que éstos van a estar de pie y en movimiento durante todo el evento, y ante la ausencia de medidas preventivas y que tampoco existe un control de aforo que evite aglomeraciones y contactos”. Pero, como destaca la sentencia, lo cierto es que “en cuanto al número de participantes previsto (unos 100) y que van a ir pie y en movimiento, no vemos que sean unas circunstancias que tengan una influencia decisiva, pues lo importante es que, vayan los que vayan, todos respeten las normas sobre distanciamiento y uso de mascarilla”.

Destaca el fallo judicial favorable a Vox que “respecto de la ausencia de medidas preventivas en la comunicación, coincidimos con los recurrentes en que las medidas preventivas, en materia de salud pública, son las que son y han quedado expuestas; pero en todo caso, si a la Administración sanitaria autora del informe se le hubiera ocurrido otro tipo de medidas preventivas, bien podría haberlas puesto de manifiesto para corregir o modificar los términos de la comunicación”. “Y respecto de la falta de control del aforo, no es una circunstancia que justifique la prohibición”, concluye en un fallo demoledor. Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, estima el recurso de Vox y tumba la prohibición de la manifestación.

Convocatoria el 12 de octubre
Hay que recordar que la convocatoria de Vox especificaba que sería el 12 de octubre, fecha en que España celebra el Día de la Hispanidad; que «la manifestación se realizará a pie, guardando las debidas distancias y medidas de seguridad»; que «se prevé la afluencia de 100 personas» y que el recorrido sería lo suficientemente amplio como para evitar una densidad excesiva: «El recorrido irá desde la Plaza de España, subiendo por la calle Mayor, continuando por el Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, para concluir al llegar a la Calle Constitución ante la bandera de España».

Pese a ello, la contestación de la Delegación del Gobierno de Guadalajara fue rotunda: «Prohibir la manifestación». Porque, «en conclusión, habida cuenta de la situación de crisis sanitaria en la que se ve inmersa no sólo España, sino la mayoría de países de nuestro entorno incluso más alejados de él; el riesgo cierto de propagación del virus que, a juicio de la autoridad sanitaria, en este caso, la Delegación Provincial en Guadalajara de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se daría en el caso de concentraciones multitudinarias, y el mandato a los poderes públicos de protección de la totalidad de los derechos de los ciudadanos, en este caso con el acento puesto en los derechos a la salud y a la integridad física, operarían como límites del ejercicio del derecho de reunión, máxima en un momento en que la incidencia del coronavirus SARS-Cov-2 se encuentra en fase de aumento».

EL CGPJ tiene que parar a los matones de Iglesias
OKDIARIO 9 Octubre 2020

Pablo Iglesias no contempla «ni como mera hipótesis» que el Supremo vaya a imputarle por alguno de los delitos -denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos- que el juez García-Castellón recoge en el auto que ha elevado al alto tribunal para que investigue la actuación del vicepresidente segundo y líder de Podemos en el caso Dina-Iglesias, pero al tiempo advierte que si fuera imputado «sería inconcebible que en una democracia de la UE ocurriera algo así». Iglesias sugiere que si el Tribunal Supremo decide investigarle, estaríamos ante «una vulneración del derecho sin parangón». Iglesias mete así presión al Supremo, tratando de condicionar su decisión.

Mientras Iglesias advierte al Supremo, dirigentes de Podemos se han lanzado a una ignominiosa campaña de desprestigio del juez García-Castellón, sugiriendo incluso que debe ser inhabilitado. En redes sociales, la «guerrilla» de Podemos ha lanzado amenazas de muerte al magistrado, al tiempo que la formación morada cargaba contra OKDIARIO y su director, Eduardo Inda, sin importarle que el auto del juez prueba que Pablo Iglesias decidió denunciar falsariamente a este diario para construirse un miserable argumento de campaña electoral basado en unas supuestas cloacas del Estado que le permitieron presentarse fraudulentamente como víctima, cuando en realidad, como asegura el juez, fue él quien diseño un siniestro plan de aniquilación personal y empresarial de Eduardo Inda y OKDIARIO.

El CGPJ tiene que intervenir con carácter de urgencia para poner coto al comportamiento de los matones a sueldo -los miembros de la «guerrilla» cobran de Podemos, según denunció el ex abogado de la formación José Manuel Calvente- que desde las redes sociales se han lanzado a una abyecta ofensiva de destrucción del magistrado García-Castellón. El plan podemita es diáfano: Iglesias advierte al Supremo, mientras dirigentes del partido colocan en la diana a los jueces para que la «guerrilla» los linche. El acoso a la Justicia es de manual. Así se las gastan quienes venían a regenerar la democracia. O la democracia se impone o Podemos tritura el Estado de derecho. No hay más.

Las mociones las carga el diablo
Antonio Robles Libertad Digital 9 Octubre 2020

Decía Javier Cercas en Soldados de Salamina que mientras guardemos memoria de nuestros muertos, de alguna manera seguirán vivos. Lo que fue escrito para guardar la memoria de personas ejemplares, hoy se agita para desenterrar odios y provocar miedo.

No hay día en que no se agite el espectro de Franco. A falta de franquistas, etiquetamos todo cuanto la memoria selectiva identifica con él de franquista. Como los símbolos nacionales y España como nación.

De la mala fe de unos y el complejo de otros nace la perplejidad ante la irrupción de Vox. Y, ante ella, sólo les queda el recurso al estigma de la ultraderecha.

La cosa es más compleja. Su éxito tiene mucho más que ver con la dejación de funciones de la clase política que con sus posiciones radicales. Aunque la batalla racional está perdida de antemano. El mero hecho de buscar una explicación al fenómeno más allá del mantra ya es suficiente para la sospecha y el rechazo. Grave asunto.

Parece evidente que, ante la dejación de funciones de la clase política instalada, Vox se ha limitado a poner sobre la mesa problemas reales de la vida cotidiana que los ciudadanos sufrían a diario mientras la casta política los ignoraba. O les daba un tratamiento inadecuado. Si dejamos por un momento los ritos partidistas, cualquiera puede localizar varios de estos problemas, más allá de sus soluciones: la inmigración, la ocupación de viviendas, la inseguridad jurídica, la ideología de género, la crisis territorial, el deterioro de la seguridad ciudadana, la memoria histórica, la soberanía nacional o la defensa del régimen del 78.

En el mejor de los casos, el centro-derecha los maquillaba pero no los abordaba con la determinación debida. Mientras la izquierda los convertía en su bandera. La última vez, negándose a agilizar los trámites de la desocupación de viviendas y aumentar las penas para los infractores.

Calificarlos de fachas no solucionará esos problemas, con el riesgo añadido de que ese voto populista se radicalice y se acabe por convertir de verdad en ultraderechista.

Descalificar a Vox como partido facha no explicará por qué en las últimas elecciones generales 3.656.979 ciudadanos le votaron, el 15,21% y 52 escaños. Sería clarificador comparar esos datos con los partidos que expresamente se han presentado como formaciones políticas franquistas o ultraderechistas a lo largo de estos últimos cuarenta años de democracia. En todo ese periodo, nada más que un escaño lograron los herederos del franquismo, en las elecciones democráticas de 1979. Lo consiguió Blas Piñar, un franquista de libro y fundador del partido de ultraderecha Fuerza Nueva, bajo una coalición de partidos herederos del franquismo denominada Unión Nacional. En total fueron 378.964 votos los logrados. En las siguientes elecciones (1982) no revalidó el escaño, y posteriormente todos los intentos por lograr volver a meter a la ultraderecha franquista en el Congreso fracasaron. Incluso lo intentaron en Europa de la mano del Frente Nacional francés en 1987 (122.927 votos) y en 1989 (60.672). Hasta hoy. Comparen el apoyo de los ciudadanos españoles a la ultraderecha de pura sangre franquista con los 3.656 979 de votos recibidos por Vox en las últimas generales.

Que en Vox se ha refugiado toda la sociología franquista, no hay duda; que es ultraconservador en múltiples temas, por supuesto; pero que ha aceptado el marco constitucional más democráticamente que varios de los socios del Gobierno de Sánchez es indiscutible.

Sería un error considerar su moción de censura como la coz de un partido de fachas. Es un insulto a la inteligencia y a millones de españoles que le votan. El PP debería pensárselo dos veces, la abstención penaliza a millones de españoles hartos de tanto trilero y apuntala a un Gobierno que desprecia a su socio preferente.

Quizás debería estar más pendiente de señalar a la ultraderecha catalana y vasca, siempre racista y en buena parte terrorista, que sigue enmascarada con el cuento de los derechos históricos y envuelta en la bandera nacionalista.

¡Ay lo que he dicho!

Un eslabón más: la educación
José T. Raga Libertad Digital 9 Octubre 2020

El 30 de septiembre último se me presentaba como un día cualquiera, a excepción de ese runrún que, de vez en cuando, te quita el sueño; todo por haber leído el real decreto ley de la víspera, por el que todo vale para los ciclos educativos de la ESO, el Bachillerato y la Formación Profesional.

Era evidente que el Gobierno Sánchez-Iglesias, fiel a su constitución –aquel papelito que firmaron–, iba a llevar a España y a los españoles por el camino del desastre. Así, ha merecido calificativos como el peor Gobierno gestionando la pandemia, que ha hecho que España sea la nación más lenta en mejorar su economía. Lo visible: cierre de empresas, paro, hambre, déficit público, gastos excesivos, y mucha, mucha deuda, que alguien tendrá que pagar.

Con esto se cumplía la primera condición para cambiar el régimen, instaurando uno de corte comunista, pues, de los dos firmantes de aquel papel, uno tenía la idea muy clara de lo que quería hacer –su ideología no ofrecía lugar a dudas–; el otro, por el contrario, a bordo del Falcon, a verlas venir.

Pero el marxismo, en contra de lo que pensó Karl Marx, que se instauraría en los países industriales, acumuladores en pocas manos de las plusvalías de los proletarios, nunca se ha producido en un país industrial; una profecía fallida, como tantas. Empezó en la Rusia de Lenin, de base agraria; siguió por la China de Mao, también agrícola; llegó a la Cuba de Fidel Castro, a Nicaragua… Además de su base agraria, todos tenían en común una población aplastantemente inculta.

En España, conseguido el primer eslabón del proyecto –la destrucción de la economía–, corresponde acometer el segundo: construir una sociedad inculta, incapaz de pensar y dispuesta a asumir las verdades oficiales como verdades.

Prepárense, pues, con la excusa de la pandemia, a aceptar graduados en ESO, bachilleres y titulados de los ciclos formativos profesionales a los que suspendieron materias del correspondiente ciclo formativo/educativo. Para ello, basta que los equipos docentes, colegiadamente, determinen que los alumnos han alcanzado los objetivos generales establecidos para cada etapa educativa. Los docentes saben que no –porque les suspendieron–, pero pueden acordar que sí. Además, esos docentes tampoco necesitarán haber obtenido el master en aptitud pedagógica, como hasta ahora.

Que esto es empobrecer la educación y falsear la formación del alumnado, nadie lo duda; pero es un eslabón más para el éxito del proyecto de sociedad que, ya empobrecida en lo económico, todavía tiene capacidad intelectiva para no admitir las verdades oficiales.

Pueden responderme, como algunos han hecho, que también llamamos doctor universitario a quien plagió su tesis doctoral, pero esto es un estigma moral que permanecerá sine die en él, aunque dicte un decreto obligando a su reconocimiento.

¿Por qué si retiramos títulos como los hijo adoptivo, hijo predilecto, doctor honoris causa, no quitamos, con más razón, los fraudulentos?

******************* Sección "bilingüe" ***********************

¡Viva la Resistencia al separatismo!

Sergio Fidalgo cronicaglobal 9 Octubre 2020

El 8 de octubre de 2017 fue la fecha mágica en la que cristalizó la Resistencia al separatismo catalán. Hasta ese momento parecía que la independencia de Cataluña sería cosa de poco tiempo, dado el abrumador dominio que los partidos y entidades secesionistas tenían de la sociedad, las instituciones y los medios de comunicación. Pero no, ese día salimos a la calle más de un millón de personas, con la rojigualda y la senyera en ristre, y emocionamos a toda España y visualizamos en el extranjero que no había una única Cataluña, la independentista, sino dos, y una de ellas dispuesta a luchar para evitar que les convirtieran en extranjeros en su país, y por mantener sus derechos como ciudadanos.

Tras cristalizarse en las dos marchas multitudinarias del 8 y el 29 de octubre que la Cataluña constitucionalista existía, y que era más numerosa que la separatista, llegó la DUI y la prisión preventiva para los políticos secesionistas que habían intentado destruir la democracia A continuación, vino la oleada de lazos amarillos, pancartas de “libertad presos políticos” y la conversión de los golpistas en una especie de santones a los que había que adorar con escapularios, chapas y todo tipo de imaginería con sus rostros.

Fue la segunda parte de su golpe de Estado. Tras fracasar en intentar tomar el poder por las buenas, con la excusa de la solidaridad con los “presos” ocuparon de manera brutal el espacio público. No había rotonda, plaza pública o edificio de una administración controlada por el separatismo que no estuviera bañado en amarillo y con fotografías de los encarcelados por, entonces presuntos, graves delitos. Les importaba un pito que más de la mitad de los catalanes no pensaran como ellos, el plan era visualizar que ellos controlaban el territorio. Los independentistas se apropiaron de todo, y no admitían réplica. Hasta en los ambulatorios y los hospitales, que deberían ser lugar de reposo y curación, se dedicaron a la agitación y la propaganda. No tuvieron límites, ni vergüenza.

Esta fase de apropiación de lo público llevó a que la Resistencia al separatismo se reconvirtiera. Y miles de ciudadanos libres de nacionalismo se dedicaron, noche tras noche, a eliminar de las calles y de los ayuntamientos los símbolos separatistas que excluían a más de media Cataluña. Hay que aplaudir a todos los valientes que llevan cerca de tres años jugándose el tipo para retirar lazos amarillos y restaurar la neutralidad del espacio público. Han sido perseguidos por alcaldes fanáticos, acosados por Mossos d’Esquadra con vocación de policía política y estigmatizados por unos medios de comunicación ‘comprensivos’ con los radicales independentistas que queman contenedores y agresivos con los que eliminaban la propaganda excluyente de la vía pública.

Si Quim Torra no es presidente por su vacilada de no quitar una pancarta excluyente de un edificio público es porque muchos valientes han creado el clima de opinión en el que se visualiza que “la calle no será siempre nuestra”, como dicen los independentistas, sino de todos. Los tribunales han hecho lo justo, reconocer que los edificios públicos son de todos y que la propaganda partidista no puede enseñorearse de ellos. Torra siguió erre que erre, desobedeció una orden de la Junta Electoral y ahora está en la papelera de la historia. No hay que olvidar que buena parte de los problemas que el separatismo ha tenido con la justicia no han venido de la acción de los sucesivos gobiernos, o de los grandes partidos nacionales, sino del trabajo de entidades como Impulso Ciudadano, Societat Civil Catalana o Abogados Catalanes por la Constitución, por citar solo tres ejemplos, o de partidos entonces extraparlamentarios como VOX.

La Resistencia al separatismo merece, en todas sus formas, un rotundo aplauso. Son sus miembros los que han impedido que los partidos, como acostumbra a pasar en política, escurran el bulto. Por eso, en estos momentos que parece que centenares de miles de votantes constitucionalistas se están desmovilizando hay que recordarles que el primer paso para vencer al separatismo es seguir siendo más que ellos. Y cada persona no separatista que el día de las elecciones se quede en casa es una victoria para Junqueras, Puigdemont, Torra y demás personajes de la misma calaña. Por mucho que uno esté desilusionado por la acción de los partidos, hay que ir a votar. Porque ha habido miles de personas de la Resistencia al independentismo que se han partido la cara durante años, y merecen que al menos acudamos a las urnas para evitar que el separatismo siga avanzando.

Independentismo
Declaraciones politizadas
El Defensor del Pueblo advierte a las universidades de Cataluña de que "deben respetar el principio de neutralidad ideológica"
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid El Mundo 9 Octubre 2020

Reprende a los rectores por los manifiestos de apoyo a los condenados del 1-O y les pide no presentar como propia de la universidad "una determinada posición ideológica"

El Defensor del Pueblo ha reprendido a las siete universidades públicas de Cataluña por posicionarse a favor del independentismo. Les advierte que "deben respetar el principio de neutralidad ideológica" y no asumir como propias de la institución determinadas posturas políticas.

El varapalo del organismo que dirige Francisco Fernández Marugán llega poco después de que una juez haya condenado a la Universidad de Barcelona por vulnerar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad ideológica y educación al suscribir el año pasado un manifiesto de rechazo a la sentencia del referéndum del 1-O.

Ahora el Defensor del Pueblo también se pronuncia sobre esta declaración, que se firmó prácticamente con las mismas palabras en los claustros de las siete universidades públicas catalanas. Su censura es rotunda: "Las universidades, como instituciones vinculadas al cumplimiento de los fines que les asigna el ordenamiento jurídico, están integradas por personas con amplia diversidad ideológica, por lo que sus órganos de gobierno deben respetar esa diversidad cuando ejercen sus funciones, sin asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideológica", sentencia.

En otras palabras: los campus públicos, en cuanto que representan a profesores y estudiantes de todas las creencias, deben abstenerse de emitir declaraciones políticas. Es el mensaje que envía este organismo a las universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña, Pompeu Fabra, Girona, Lleida y Rovira i Virgili.

Marugán había abierto una investigación (lo que se conoce como una "actuación informativa") tras recibir varias quejas en octubre de 2019 por los "incidentes" que se produjeron en los campus catalanes en reacción a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Además de los manifiestos de rechazo al fallo, se suspendieron las clases, se cambió la forma de evaluar para dar más facilidades a los que faltaban al aula y se colgaron en los edificios pancartas de apoyo a los políticos condenados.

"Libertad de expresión"
Marugán pidió explicaciones a los siete rectores, que le respondieron que los manifiestos fueron aprobados por los claustros, "que no son un órgano de representación de la universidad, sino un órgano de representación de la comunidad universitaria", tal y como expresó la rectora de la Rovira i Virgili, María José Figueras, y que se enmarcaban dentro de "la libertad de expresión" de estos miembros.

"El claustro universitario no es un órgano de gobierno, sino solo de representación, motivo por el cual el manifiesto no puede considerarse suscrito por la universidad en su condición de entidad del sector público", defendía el rector de la Politécnica de Cataluña, Francesc Torres.

Y el propio rector de la Universidad de Barcelona, Joan Elías, que ahora ha sido condenada precisamente por este manifiesto, apelaba al "derecho fundamental a la autonomía universitaria", una argumentación que no ha sido admitida por la juez.

También aseguraban que durante la huelga trataron de respetar los servicios mínimos y optaron por "combinar los derechos de los estudiantes que deseaban participar en ella con los que deseaban trabajar o estudiar normalmente", según el rector de la Universidad de Lleida, Jaume Puy.

El Defensor ha escuchado todas alegaciones y ha concluido que "las universidades públicas, como las demás instituciones que ostentan este carácter, deben respetar el principio de neutralidad ideológica que es exigible a todas ellas en una sociedad plural y democrática". Es decir, da a entender que no se ha respetado esa neutralidad en estos casos.

Al Congreso
Por ello va a dar traslado de su investigación a las Cortes Generales "para su conocimiento y efectos oportunos", lo que significa que estos campus saldrán en su memoria anual, en la lista de instituciones que han cometido algún tipo de irregularidad.

El Defensor desvela que ha recibido "numerosas" quejas en relación a la falta de neutralidad de las instituciones catalanas y advierte que en su día ya dijo que no procedía colgar lazos amarillos en las fachadas e interiores de los edificios públicos, "pues la apariencia de imparcialidad es complemento necesario del deber de las administraciones públicas al que se refieren el artículo 103.1 de la Constitución Española y el artículo 30.2 del Estatuto de Cataluña".

Ahora ha atendido una reclamación del colectivo Universitaris per la Convivència, los mismos que denunciaron a la Universidad de Barcelona por su manifiesto partidista. Según Ricardo García Manrique, catedrático de Filosofía del Derecho, que fue quien impulsó el recurso, la sentencia recuerda que "la libertad de expresión es un derecho individual que no puede justificar pronunciamientos unitarios de la universidad". "Y la autonomía universitaria es un derecho que nada tiene que ver con la asunción de políticas partidistas, y menos aún cuando son contrarias al orden constitucional vigente".

Los rectores, mientras tanto, han emitido otro manifiesto de apoyo al ex presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras su inhabilitación definitiva. En un comunicado de la Asociación Catalana de Universidades Públicas firmado por todos ellos -ya ni siquiera se ha recurrido a la vía de los claustros- dicen que la decisión del Tribunal Supremo "no ayuda a vehicular el conflicto por la vía política y por el diálogo entre instituciones y gobiernos".


 


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